12 julio, 2024

ESCÁNDALO POR LOS ALIMENTOS | La polémica compra millonaria de yerba que complica al diputado misionero Pablo Puerta

En medio del escándalo por los alimentos retenidos por el Ministerio de Capital humano de la Nación, en el pasado mes de marzo se denunció en forma paralela que durante la gestión del presidente Alberto Fernández, el por entonces Ministerio de Desarrollo Social destinó una suma significativa de su presupuesto a la compra irregular de yerba mate.
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Una denuncia por “irregularidades, sobreprecios y mala calidad del producto” realizada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, puso en evidencia el manejo fraudulento de un “aliado” del propio gobierno nacional.

Ocurrió que, tras el escándalo de los alimentos retenidos, las autoridades preguntaron por un multimillonario gasto en yerba mate realizada por el Ministerio de Desarrollo Social de Alberto Fernández: $18.000 millones en yerba mate por un total de 17.000 toneladas. El monto despachado significó casi un 70% del total de $30.500 millones destinados en ese momento a esos productos básicos para conformar un stock alimentario para “emergencias”.

La licitación pública N° 95-0058-LPU23 firmada por la exministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, fue denunciada por el gabinete de Pettovello a finales de mayo. Entre otros cuestionamientos, también se señaló sobreprecios y mala calidad del producto.

Un detalle sorprendió a las filas libertarias. La compra fue realizada a la empresa Yerbatera Misiones, perteneciente al yerbatero Pedro Puerta, además de diputado provincial, es hijo del exgobernador misionero y presidente provisorio tras la renuncia de Fernando de la Rúa, Ramón Puerta.

Desde sus redes sociales, el joven diputado se muestra como un acérrimo liberal libertario de primer ola: Militó la decisión libertaria de recortar las funciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate e incluso logró sumar al bloque de La Libertad Avanza a la diputada nacional por Misiones, Florencia Klipauka, quien integraba el bloque Hacemos Coalición Federal, presidido por Miguel Ángel Pichetto.

Florencia Klipauka, de 27 años, electa diputada nacional las pasadas elecciones

La denuncia de Pettovello acusa a la empresa Yerbatera Misiones de vender al gobierno yerba mate adulterada con Poleo, una hierba usualmente utilizada para el tratamiento casero de problemas estomacales y respiratorios y que en dosis no reguladas puede acarrear consecuencias para la salud. Debido a su bajo precio y aspecto similar a la yerba mate, se utiliza para mezclar con otras hierbas y reducir el costo. Las hierbas son muy caras, por lo que se emplea un pequeño porcentaje de otras hierbas y una mayor cantidad de poleo.

Tras la acusación, el empresario y legislador provincial respondió a través de un comunicado en el que afirma que todo se trata de “otra operación berreta” en su contra y se declara “soldado” del presidente Javier Milei.

Según detallaron medios de Misiones, después que salió la denuncia, se filtró un video donde hay cientos de bolsas de palito y poleo, que se están quemando en un extenso campo del interior de Misiones. El peón que grabó y difundió el video aseguró que se trata de una de los cientos de chacras que tienen los Puerta.

Puerta también desmiente que su empresa haya realizado negocios con el gobierno del Frente de Todos, cuando Tolosa Paz, hoy denunciada por la gestión de Pettovello, ocupaba la cartera social del gabinete del presidente Fernández. “Y mucho menos existe (vínculo) con el Estado”, asegura el yerbatero de la localidad de Apóstoles.

“Evidentemente, que le contemos al país que Misiones es una provincia estatista a partir de haber construido un Estado elefantiásico, molesta y mucho”, señala Puerta y desafía: “Pero pueden seguir inventando lo que quieran, nosotros no nos vamos a callar y vamos a seguir proponiendo una provincia mejor”.

Redacción

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ABERRANTE | Senador de LLA justificó LA VENTA DE NIÑOS en el Congreso

En una sesión polémica y tensa, la Cámara Alta vivió un controversial momento cuando el senador de La Libertad Avanza (LLA), Juan Carlos Pagotto, introdujo modificaciones escandalosas en el proyecto de ley destinado a aumentar las penas por la compra y venta de niños.

Desde su banca, el legislador riojano —miembro informante de la Comisión de Justicia y Asuntos Penalespropuso que las familias que vendan a sus hijos por necesidad queden exentas de pena. Pagotto, conocido aliado de Lule Menem, leyó estas modificaciones como si fueran parte del dictamen aprobado por la mayoría, generando una inmediata y feroz reacción y confusión de la oposición.

Durante la sesión, Pagotto enunció: “Se impondrá prisión de 4 a 10 años a quien reciba o entregue un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”. Sin embargo, agregó: “Queda exento de esta pena el progenitor que entregare a su hijo cuando mediare estado de necesidad”.

La senadora Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria, lo interrumpió inmediatamente: “No está leyendo el dictamen, ¿no, senador Pagotto? Usted no está leyendo el dictamen, está leyendo una propuesta que trajo y está en nuestras bancas pero no es el dictamen”. La aclaración de Di Tullio desató una ola de críticas hacia Pagotto, quien intentó excusarse diciendo que el dictamen de comisión era solo una “guía” y que la discusión debía darse en el pleno.

El debate giraba en torno a la modificación del artículo 139 bis del Código Penal, inicialmente impulsada por la senadora radical, Carolina Losada, y el peronista, Antonio Rodas. El proyecto buscaba endurecer las penas por la compra y venta de menores, aumentando las condenas de “4 a 10 años al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”.

La “trampa” de Pagotto y la inclusión de la excepción para familias en estado de necesidad provocaron un escándalo mayúsculo: “Hay familias enteras que tienen ocho o nueve hijos, que alguna vez han dando, como quien dice, algún chico y si nosotros lo sancionamos, dejamos todo el resto de la familia sin protección”, expresó, intentando justificar su polémica modificación.

Pagotto junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem

La organización Militamos la Adopción denunció la maniobra del senador libertario a través de Twitter, señalando que los cambios propuestos hubieran implicado la aprobación de un código penal que legalizaba la venta de menores de edad. La reacción de los senadores y la presión de la sociedad civil lograron evitar la aprobación de esta modificación, devolviendo el proyecto a la comisión para un análisis más exhaustivo. “Los niños no son mercancía, ni puede equipararse la apropiación con adoptar. No existe la adopción ilegal, si no es legal es apropiación”, puede leerse en el texto.

El proyecto original de Losada y Galaretto contemplaba la eximición de la pena a los progenitores en “situación de vulnerabilidad, ignorancia o facultades mentales alteradas”, exceptuando aquellos casos donde se denoten antecedentes relacionados a los artículos comprendidos en el Capítulo. Esta redacción más cuidadosa buscaba evitar la criminalización de las familias más vulnerables sin abrir la puerta a la legalización de la venta de niños.

Finalmente, el Senado aprobó la ley en general por unanimidad, pero la intervención —señalada como “maliciosa”— de Pagotto, y la necesidad de un debate más profundo sobre el articulado, obligaron a los legisladores a regresar el expediente a comisión. La votación final, sin embargo, reafirmó el compromiso del Senado con la protección de los menores y el endurecimiento de las penas por su comercialización.


Redacción

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Juez federal ordena el cierre de tabacalera en Rosario, deja a 261 familias sin sustento y es denunciado por prevaricato

La comunidad de Rosario se encuentra en estado de conmoción tras la resolución del juez federal, Gastón Salmain, que ordenó el cierre de la fábrica de tabacos Bronway Technology SA, dejando a 261 trabajadores sin empleo directo y afectando a más de 1.200 familias de manera indirecta. La PYME —que produce los cigarrillos Dolchester y Pier— había sido objeto de una denuncia en 2021 por la multinacional Massalin Particulares, conocida por marcas como Marlboro y Philip Morris.

Salmain, quien asumió su cargo en Rosario en junio, revivió la denuncia de Massalin y emitió un fallo que no solo favorece a la multinacional, sino que además instruye a la AFIP a no otorgar a Bronway las estampillas necesarias para la comercialización de sus cigarrillos, una medida que forzó el cierre de la planta sin esperar el pronunciamiento de la Cámara Federal de Rosario.

Darío Ippolito, presidente del directorio de Bronway Technology SA, denunció penalmente a Salmain por el delito de prevaricato ante el juzgado penal federal N° 4. “Este juez llegó a Rosario con la instrucción de cerrar nuestra fábrica. Creemos en la Justicia, quiero a este país y por eso voy a seguir. Voy a ir a declarar a cuanto juzgado me convoquen para que se llegue a la verdad, ya que tengo todas las reuniones documentadas”, declaró Ippolito.

La situación de Bronway se agrava al considerar que la planta, ubicada en el barrio Nuevo Alberdi de Rosario, había suspendido a 172 trabajadores en meses anteriores debido a la imposibilidad de comercializar sus productos por la falta de estampillas. La Cámara de Empresas Tabacaleras apuntó a la AFIP y a la Justicia Federal, sugiriendo que la decisión fue influenciada por intereses de la competencia, particularmente la empresa Sarandí.

Rodrigo Piaggio, del departamento de Ventas de Bronway, expresó la desesperación de los empleados: “Nos juntaron a todos y nos explicaron que la situación no da para más. Estamos muy preocupados. Son muchas familias, es terrible quedarse sin trabajo en esta época. No entendemos por qué en todas las provincias las tabacaleras funcionan con medidas cautelares para poder trabajar. Sólo en Rosario no nos dejan. Por favor pedimos una respuesta de la Justicia y de la AFIP para poder seguir trabajando”.

El nombre de Salmain no es nuevo en el ámbito judicial. Anteriormente, su candidatura a un puesto similar en Concordia fue objetada por irregularidades en sus exámenes y actividades vinculadas a reajustes jubilatorios. Además, Salmain trabajó en el estudio jurídico Servini y Asociados, vinculado a la jueza de Comodoro Py, Maria Laura Servini de Cubría, lo que genera suspicacias sobre posibles influencias en sus decisiones.

Mientras tanto, diversas organizaciones gremiales han comenzado a realizar acciones para visibilizar la crisis laboral y en apoyo a los empleados de Bronway. Desde la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras (CANET), se denunció que los abogados de la AFIP acusaron falsamente a Bronway de abuso de medidas cautelares, argumento utilizado para revocar la inscripción de la empresa en el registro de tabacaleras.

Las próximas semanas serán cruciales para determinar el futuro de Bronway y sus empleados. Mientras tanto, Ippolito y otros afectados por la decisión de Salmain continúan buscando vías legales y de protesta para revertir el fallo. “Este jueves ingresamos a la Cámara Federal de Apelaciones un escrito donde le recordamos a los magistrados que lo sucedido ya había sido avisado. Rogamos que los jueces de un tribunal superior, que sabemos honrados, salven las fuentes de trabajo y coloquen las cosas en su lugar“, concluyó Ippolito.

Redacción

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Lousteau presentó un dictamen alternativo a la ley Bases que beneficia a su esposa Carla Peterson

El debate sobre la subsistencia del INCAA pareciera haber sumado un nuevo capítulo. Recientemente, el director del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Carlos Pirovano, oficializó el cierre de varias áreas y suspendió al personal a través de una licencia con goce de sueldo hasta nuevo aviso. Ahora, pareciera que el conflicto se metió de lleno en el debate por la ley Bases.

Las sospechas apuntan al legislador Martín Lousteau, quien actualmente se encuentra al frente de la Unión Cívica Radical. El mediático dirigente anticipó que presentó un “dictamen alternativo” a la ley Bases, y no fueron pocos los que relacionaron una de sus premisas con favores familiares.

En efecto, los puntos más importantes del proyecto de Lousteau incluyen reformas en educación, emergencia pública, delegación de facultades, obra pública, jubilaciones, RIGI, privatizaciones y blanqueo, entre otros aspectos. Uno de ellos, sin embargo, llamó la atención.

En el punto vinculado a ciencia y tecnología, Lousteau presentó una propuesta que indica que “el poder ejecutivo nacional no dificultará el normal funcionamiento de organismos como el CONICET, el INCAA, el INTI o el Servicio Metereológico Nacional, entre otros”.

Este gesto esconde una ayuda a su pareja, la reconocida actriz Carla Peterson, quien se vio envuelta en una nueva polémica en las últimas semanas. En efecto, numerosos sectores criticaron duramente la producción de la película “No me rompan”, protagonizada por la pareja de Lousteau, junto a Julieta Díaz, Celina Font y Salvador del Solar, entre otros.

La razón de la controversia se debió a que el propio INCAA admitió haber gastado 19 millones de pesos en concepto de “masa salarial” de aquellos que intervinieron en la proyección. Específicamente, figuran unos 19.845.000 destinados a la empresa Pan Contenidos SA, involucrada en el film.

De aprobarse el proyecto del líder radical, habrá creado una suerte de paraguas protector sobre el financiamiento de proyectos como el de su esposa, por el que los actores cobran sumas exorbitantes de dinero que suelen salir del estado. La polémica pareciera recién haber comenzado.

*Con información de REALPOLITIK

Redacción

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Fiscalía pide cuatro años de prisión para Guillermo Moreno por manipular el INDEC: “Bajaba los índices a martillazos”

Los fiscales federales Diego Luciani y José Ipohorski solicitaron cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para el exsecretario de Comercio Interior del kirchnerismo, Guillermo Moreno, acusado de manipular los índices del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para ocultar los verdaderos niveles de inflación.

Moreno enfrenta cargos por abuso de autoridad, violación de secretos, destrucción de registros y documentos, y falsedad ideológica de documentos públicos. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la Capital Federal —compuesto por los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini— es el encargado de juzgar el caso.

La misma condena fue solicitada para Beatriz Paglieri, exdirectora del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, mientras que para las empleadas Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda se pidieron dos años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La “intervención de facto” de Moreno: Bajar los índices “a martillazos”

La investigación se inició en 2007 a raíz de una denuncia presentada por la asociación civil “Asamblea por los Derechos Sociales”, basada en publicaciones periodísticas que denunciaban irregularidades en el desplazamiento de la entonces directora del IPC, Graciela Bevacqua. Según las acusaciones, Moreno habría ordenado a Bevacqua revelar datos confidenciales sobre los comercios utilizados para medir la inflación, y al negarse esta, fue reemplazada por Paglieri.

Fiscales que pidieron la condena para Moreno: Diego Luciani (medio) y José Ipohorski (izquierda)

El fiscal Luciani afirmó que Moreno llevó a cabo una “intervención de facto” del INDEC para bajar artificialmente la inflación, sosteniendo que “a martillazos bajaban los índices”. Según Luciani, desde la llegada de Paglieri, se extraían a diario copias de los formularios del índice que luego eran sacadas del organismo por Paglieri, con la colaboración de Filia y Cámpora Avellaneda.

Las anteriores condenas a Moreno

Los fiscales también solicitaron abrir una investigación contra la exministra de Economía, Felisa Miceli, argumentando que el INDEC dependía de su Ministerio, por lo que se debe evaluar su posible implicación en los delitos. Además, se describió un sistema de control y coerción dentro del INDEC, donde incluso se habría llegado a encerrar a empleados en oficinas y retirarles contraseñas o tareas.

Guillermo Moreno ya enfrentó otros juicios: En octubre de 2017 fue condenado a dos años y seis meses de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de peculado, y en julio de 2022 fue condenado a dos años de prisión en suspenso por amenazas coactivas.

Felisa Miceli, exministra de Economía

El juicio actual continuará con los alegatos de las defensas el próximo miércoles 10 de julio. Luego, los jueces determinarán la fecha para la audiencia en la que se dará a conocer el veredicto final. Moreno, por su parte, negó las acusaciones, argumentando que su gestión no dependía del INDEC y que simplemente utilizaba la “conversación de los precios” para su trabajo.

Redacción

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El intendente de Gualeguaychú eliminó una “tasa inconstitucional” que recauda $500 millones al año

En un significativo anuncio para los vecinos de Gualeguaychú, el intendente de la ciudad entrerriana, Mauricio Davico, comunicó que eliminará de la polémica sobretasa, que fue catalogándola de inconstitucional: “No corresponde”, afirmó Davico, destacando que una tasa debe estar vinculada a una contraprestación.

A seis meses de haber asumido su cargo, Davico esbozó un balance positivo de su gestión, subrayando los esfuerzos y logros alcanzados por su equipo y el personal municipal. “Han sido días y días de mucho trabajo de todo el equipo y del personal municipal. Estamos contentos, sabemos que falta más y lo tenemos muy claro”, señaló.

La eliminación de la sobretasa, que según Davico afectaba a ciudadanos sin una justificación válida, será sancionada mediante una ordenanza en los próximos días. “Una señora que había heredado dos terrenos, pasó a pagar sobretasa. O sea, una señora que vivía en su casa. Pero de parte del Municipio no había explicación y le cobraba un 160% más”, ejemplificó el intendente.

Davico aseguró que la decisión no responde a medidas populistas, sino a un compromiso con la justicia fiscal. “Las sobretasas son 500 millones de pesos en el año, pero consideramos que está mal, no hay una prestación de servicio por esas sobretasas”, explicó, añadiendo que el Municipio podrá cumplir con la ley sin generar déficit.

En su balance, Davico también destacó la eliminación del 56% de las tasas, sellados y actuaciones administrativas, lo cual ha facilitado los trámites y aumentado la recaudación municipal. “El crecimiento de la recaudación —de lo que pagan los contribuyentes— creció un 333%. Y considerando la inflación, hay un 57% por sobre la inflación”, detalló.

Agua potable y maquinaria: “Prioridades” de la gestión

El intendente también se refirió a la problemática del agua potable en la ciudad. El jefe comunal destacó una inversión de 800 millones de pesos para instalar un caño de 500 milímetros que beneficiará a aproximadamente 28,000 personas. “El agua es una nuestras prioridades. Nosotros tenemos que ser serios a la hora de gobernar y gestionar. No importa si son obras ‘que no se ven‘, debemos lograr que el ciudadano abra la canilla y le salga agua”, subrayó Davico.

Davico anunció, además, la incorporación de nueva maquinaria municipal, que será adquirida mediante licitación y alquilada al Ejército Argentino mientras tanto, lo que generará un ahorro significativo para el Municipio. “La contratación al Ejército genera un ahorro para el municipio del 40% de lo que vale la obra a una empresa privada”, afirmó.

Desde el inicio de su gestión, Davico implementó un riguroso ordenamiento institucional y administrativo. “Hemos implementado el control de ingreso y egreso a través de huella dactilar o reconocimiento facial, ya está instalado en los CAPS y también se continuará en todas las áreas del Municipio”, explicó, añadiendo que más de 50 vehículos municipales cuentan ahora con rastreo satelital para optimizar el uso de recursos.

Este control ha permitido un ahorro significativo en horas extras, fondos que serán destinados a la compra de maquinarias para mejorar la infraestructura municipal, como el traslado de la planta de asfalto a un lugar adecuado. “Por eso tratamos que haya celeridad dentro de las normativas vigentes provinciales y municipales. Consideramos y creemos que antes del fin de año estará produciendo asfalto”, proyectó el intendente.

Expansión del turismo

Mauricio Davico también presentó su estrategia para el desarrollo turístico de Gualeguaychú, resaltando la colaboración con el sector privado. Un ejemplo de esta colaboración es la próxima prueba de Ironman, que atraerá a atletas de más de 40 países. “Nosotros siempre dijimos alfombra roja para que vengan a invertir y generar cosas positivas”, afirmó.

Con estos anuncios y medidas, el intendente Mauricio Davico reafirma su compromiso con los contribuyentes y con la mejora de los servicios municipales, buscando siempre la eficiencia y la justicia en su gestión.

Redacción

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ÑOQUI | El hijo drag queen de Alberto Fernández continúa cobrando un contrato en Provincia Seguros

En una reciente entrevista concedida a la revista Gente, Estanislao Fernández denunció que el rol de su padre en la arena política, en lugar de acercarle posibilidades, se las ha alejado. Sin embargo, “Dyhzy” -tal como se da a conocer en redes sociales en calidad de drag queen-, omite mencionar que, gracias a los contactos de Alberto Fernández, todavía conserva un contrato en Provincia Seguros, una de las empresas del Banco Provincia.

Segú constató el sitio REALPOLITIK, a pesar de residir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Estanislao logró ingresar a este organismo en diciembre de 2015, el mismo mes en que Daniel Scioli abandonó la gobernación de la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. Desde entonces, ha cobrado ininterrumpidamente su sueldo hasta el día de hoy.

“A diferencia de lo que considera la gente, más que darme trabajo, me ha quitado”, aseguró el hijo de Alberto Fernández. “Más que ayudarme, me perjudicó. Lo que sí creo es que soy una persona muy inteligente y trabajadora, y todo lo que he ganado fue gracias a mi esfuerzo”, añadió.

Pese a criticar a su padre, Dyhzy continúa cobrando un contrato en Provincia Seguros

En formato drag queen, completamente de amarillo y con el micrófono de la revista Gente en mano, el hijo de Alberto Fernández acusó al ex presidente de haberle complicado su vida laboral. Los detalles en www.realpolitik.com.ar

Como era de esperar, las declaraciones de Estanislao generaron controversia en la escena pública y, particularmente, en las redes sociales. Actualmente, el hijo del ex presidente cobra un sueldo de organismo estatal bonaerense mayor a $800.000 mensuales, sin cumplir ninguna función. Según fuentes del lugar, jamás lo vieron trabajando en ningún área de Provincia Seguros.

*FUENTE: RealPolitik

Redacción

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