21 marzo, 2025

Fiscalía pide cuatro años de prisión para Guillermo Moreno por manipular el INDEC: “Bajaba los índices a martillazos”

Además, se pidió una pena de diez años de inhabilitación para el exsecretario de Comercio, acusado de manipular los índices del INDEC para ocultar la inflación. Asimismo, se solicitó la condena de la exdirectora del IPC, Beatriz Paglieri, y de dos empleadas del organismo.
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Los fiscales federales Diego Luciani y José Ipohorski solicitaron cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para el exsecretario de Comercio Interior del kirchnerismo, Guillermo Moreno, acusado de manipular los índices del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para ocultar los verdaderos niveles de inflación.

Moreno enfrenta cargos por abuso de autoridad, violación de secretos, destrucción de registros y documentos, y falsedad ideológica de documentos públicos. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la Capital Federal —compuesto por los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini— es el encargado de juzgar el caso.

La misma condena fue solicitada para Beatriz Paglieri, exdirectora del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, mientras que para las empleadas Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda se pidieron dos años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La “intervención de facto” de Moreno: Bajar los índices “a martillazos”

La investigación se inició en 2007 a raíz de una denuncia presentada por la asociación civil “Asamblea por los Derechos Sociales”, basada en publicaciones periodísticas que denunciaban irregularidades en el desplazamiento de la entonces directora del IPC, Graciela Bevacqua. Según las acusaciones, Moreno habría ordenado a Bevacqua revelar datos confidenciales sobre los comercios utilizados para medir la inflación, y al negarse esta, fue reemplazada por Paglieri.

Fiscales que pidieron la condena para Moreno: Diego Luciani (medio) y José Ipohorski (izquierda)

El fiscal Luciani afirmó que Moreno llevó a cabo una “intervención de facto” del INDEC para bajar artificialmente la inflación, sosteniendo que “a martillazos bajaban los índices”. Según Luciani, desde la llegada de Paglieri, se extraían a diario copias de los formularios del índice que luego eran sacadas del organismo por Paglieri, con la colaboración de Filia y Cámpora Avellaneda.

Las anteriores condenas a Moreno

Los fiscales también solicitaron abrir una investigación contra la exministra de Economía, Felisa Miceli, argumentando que el INDEC dependía de su Ministerio, por lo que se debe evaluar su posible implicación en los delitos. Además, se describió un sistema de control y coerción dentro del INDEC, donde incluso se habría llegado a encerrar a empleados en oficinas y retirarles contraseñas o tareas.

Guillermo Moreno ya enfrentó otros juicios: En octubre de 2017 fue condenado a dos años y seis meses de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de peculado, y en julio de 2022 fue condenado a dos años de prisión en suspenso por amenazas coactivas.

Felisa Miceli, exministra de Economía

El juicio actual continuará con los alegatos de las defensas el próximo miércoles 10 de julio. Luego, los jueces determinarán la fecha para la audiencia en la que se dará a conocer el veredicto final. Moreno, por su parte, negó las acusaciones, argumentando que su gestión no dependía del INDEC y que simplemente utilizaba la “conversación de los precios” para su trabajo.

Redacción

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La fiscalía rechazó la apelación de Cristina Kirchner y respaldó el pedido de agravar la condena

El fiscal general ante la Cámara de Casación, Mario Villar, emitió su dictamen sobre el recurso presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad, donde se la condenó por fraude al Estado en un fraude estimado en 85.000 millones de pesos. En su análisis, Villar rechazó la apelación argumentando que los planteos presentados “no son más que reiteraciones” de argumentos ya revisados y desestimados previamente por la Sala IV de la Cámara de Casación.

Villar sostuvo en su dictamen que la vía federal intentada “no es apta para crear una tercera instancia”, reforzando la imposibilidad de revertir la condena en esta etapa del proceso. Con esta decisión, respaldó los criterios jurídicos adoptados tanto por el Tribunal Oral Federal como por la Cámara de Casación Penal. En concordancia con el rechazo a los planteos de CFK, también desestimó los recursos presentados por Lázaro Báez y los demás imputados en la causa, quienes insistían en que los procesos licitatorios fueron legales y negaban el perjuicio ocasionado al Estado.

– Mario Villar

El pasado 14 de febrero, la defensa de la exvicepresidente, encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema solicitando la anulación de la condena. En un documento de aproximadamente 40 páginas, los letrados señalaron supuestas irregularidades en el proceso judicial y cuestionaron la imparcialidad de los jueces, alegando vínculos con el expresidente Mauricio Macri.

Entre los principales argumentos de la defensa, se destaca que la exmandataria no tenía un control directo sobre las obras viales en Santa Cruz, dado que estas fueron aprobadas mediante leyes presupuestarias, licitaciones y supervisadas por organismos descentralizados como Vialidad Nacional. Además, señalaron la incorporación de pruebas que, según ellos, no fueron debidamente exhibidas durante el juicio, y sostuvieron que las adjudicaciones a Lázaro Báez y otros imputados se realizaron dentro del marco legal, sin evidencia de malversación.

Tras el dictamen de Villar, corresponde ahora a la Sala IV de la Cámara de Casación decidir si concede las apelaciones para que los reclamos sean verificados por la Corte Suprema de Justicia. En caso de rechazo, la defensa de CFK aún podría recurrir con un recurso de queja ante el máximo tribunal. Sin embargo, la Corte ya intervino indirectamente en la causa en junio de 2022, cuando desestimó los recursos presentados alegando que no se dirigían contra una “sentencia definitiva”.

El Ministerio Público Fiscal, en paralelo, también decidió pronunciarse ante la Cámara de Casación con el objetivo de aumentar la pena impuesta a CFK y que se la condene también como “jefa de una asociación ilícita”. Durante el juicio, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola sostuvieron que el esquema de corrupción en los sobreprecios viales no solo constituía administración fraudulenta, sino que también configuraba una organización destinada a desviar fondos públicos en favor de empresarios vinculados a la “Ruta del dinero K”.

Villar respaldó el pedido y afirmó que la maniobra de desvío de fondos fue ejecutada con “un diseño premeditado desde las más altas esferas del poder político”.

Cabe recordar que el caso se originó a partir de las denuncias del exdirector Nacional de Vialidad, Javier Iguacel, y culminó con el juicio oral ante el Tribunal Oral Federal N°2. En diciembre de 2022, el tribunal condenó a CFK a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta, aunque la sentencia no está firme mientras continúen los recursos legales. La fiscalía, representada por Diego Luciani y Sergio Mola, había solicitado una pena de 12 años al considerar que existía un esquema de corrupción sistematizado y estructurado en torno a la concesión de obras viales con sobreprecios.

Redacción

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BAHÍA BLANCA | Di Palma denunció irregularidades en la gestión de donaciones

El expiloto de automovilismo y exdiputado bonaerense, Marcos Di Palma, expresó su frustración respecto a la distribución de las donaciones recolectadas con su “camión solidario”. En diálogo con TN, confesó que no sabe “a quién carajo darles las cosas” debido a la falta de confianza en las vías institucionales.

“Siendo alguien que viene de la política, no sé a quién carajo darles las cosas porque no sé si van a llegar”, remarcó Di Palma, evidenciando su incertidumbre sobre el destino final de la ayuda.

El exdiputado reconoció las dificultades para decidir cómo canalizar la asistencia. “No sé si ir a un club, no sé si pararme en la esquina o ir a un barrio… Ahora, en este momento, no lo sé, pero mañana sí lo sabré”, afirmó.

Explicó que recurrirá a conocidos en Bahía Blanca que no tienen vínculo con la política, ya que, según su experiencia, las posturas partidarias pueden influir en la percepción sobre la gestión de la ayuda.

“Si tenés un amigo kirchnerista, te dice ‘lleváselo al intendente que es el mejor del mundo’, y si tenés otro macrista, te dice ‘no se lo lleves que es el más hijo de puta del mundo’, sostuvo el exdeportista.

En los días posteriores al devastador temporal que azotó Bahía Blanca, han surgido múltiples denuncias relacionadas con el manejo y destino de las donaciones para los damnificados. La tragedia, que dejó el saldo de 16 personas fallecidas, cientos de calles anegadas y miles de familias destrozadas, ha generado una ola de solidaridad en toda la Argentina, pero también ha puesto de manifiesto diversos problemas en la gestión y distribución de la ayuda recibida.

Un conjunto de denuncias, que apuntan directamente a la gestión municipal kirchnerista de Bahía Blanca, recopilan testimonios recogidos por medios de comunicación donde se sugieren un manejo presuntamente discrecional o politizado de las recaudaciones recibidas.

Uno de los testimonios más impactantes proviene de una mujer mayor que fue entrevistada en una nota de TN, donde habló públicamente que las autoridades municipales habrían negado la entrega de colchones a su nieto por no estar “afiliado a la municipalidad”. Según su relato, cuando los funcionarios preguntaron a su nieto si estaba afiliado a la estructura municipal y este respondió negativamente, le habrían negado la ayuda con un explícito “no le podemos dejar los colchones”.

Otro testimonio significativo proviene de un rescatista voluntario, quien dijo que sufrieron retrasos de hasta dos horas en la entrega de donaciones porque debían esperar a que una delegada municipal se tomara fotografías con los cargamentos antes de autorizar su distribución. El voluntario mostró con indignación que durante ese tiempo perdido “podríamos haber rescatado a gente que terminó muriendo.

Redacción

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Los Oscar 2025 se alejan de lo woke y celebran el cine sin discursos políticos

La edición de los Premios Oscar de 2025 sorprendió a muchos por su tono levemente apolítico, contrario a las ediciones anteriores, donde la temática “progre” dominaba la noche. A pesar de que Hollywood sigue siendo un espacio conocido por su activismo político, se buscó poner paños fríos a la atmósfera en cuanto a los discursos políticos que, en ocasiones previas, fueron utilizados como plataforma para manifestaciones contra figuras como Donald Trump, la administración estadounidense y diversos conflictos internacionales.

Pudo notarse con claridad el control y moderación de los discursos durante la ceremonia. En un intento por evitar la polarización, los discursos fueron elaborados meticulosamente, se minimizaron las referencias a la política y sociedad. Cabe destacar que en ediciones anteriores, figuras como Meryl Streep y Leonardo DiCaprio habían aprovechado su protagonismo para criticar tanto a la política estadounidense como a la global. 

Este año, aunque continúan las tensiones internacionales, especialmente la invasión rusa de Ucrania y los derechos humanos, la mayoría de los premios fueron entregados en un ambiente de celebración artística más que de confrontación ideológica.

De acuerdo con los analistas, esta gala menos politizada también se da en un contexto donde las críticas al llamado “woke” (una conciencia social exacerbada, según sus detractores) son cada vez más frecuentes en Hollywood. En los últimos años, la industria del cine funcionó como una caja de resonancia para los movimientos sociales, lo que generaba tensiones tanto dentro de la comunidad artística como con el público conservador. Los Oscar de 2025 se distancian de esta tendencia, buscando un enfoque menos confrontativo.

En vez de ser el centro de un debate político, la ceremonia se dedicó en su mayoría a la celebración del cine, la innovación en la industria y el talento emergente, sin que los discursos sobre temas como el racismo o la igualdad de género sean en el eje de la conversación. Si bien no faltaron algunos momentos de reivindicación social, se presentaron de manera más sutil, sin el tono de denuncia frontal que había caracterizado ediciones previas.

Uno de los puntos clave que marcaron los organizadores de los Oscar de 2025 fue el control sobre los discursos políticos, qué era aceptable y qué no en la ceremonia. En este sentido, se habló de los “discursos no autorizados”, aquellos que no estaban alineados con el guion oficial de la noche. Esto generó una polémica entre algunos activistas, que consideraron que la decisión limitaba la libertad de expresión dentro de un evento de escala global. Sin embargo, para quienes llevaron adelante la gala, el objetivo era lograr una noche en la que el cine y los logros artísticos brillaran por sobre los temas políticos.

Redacción

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Inició el juicio a seis mapuches por usurpación de tierras en Villa Mascardi

Los acusados, Betiana Colhuan Nahuel, Luciana Jaramillo, Romina Rosas, Jésica Bonnefoi, Celeste Ardaiz Guenumil y Matías Santana, están imputados por diversos hechos relacionados con la ocupación ilegal de tierras en la zona, en particular, de terrenos que forman parte del Parque Nacional Nahuel Huapi y otras propiedades privadas.

Las audiencias comienzan hoy, continuarán mañana y el 27 de febrero. Se retomarán en abril, cuyas fechas establecidas son el 10, 12 y 13, 20 y 31 de ese mes, según las previsiones iniciales y si no se desiste de testigos.

La causa que se sigue contra los miembros de la lof Lafken Winkul Mapu tiene como eje hechos ocurridos entre 2018 y 2022, es decir, posteriores a los incidentes de la irrupción inicial en 2017. En esa época, la comunidad había comenzado a ocupar terrenos de Parques Nacionales y propiedades privadas, lo que derivó en la intervención del Estado y el desalojo de tierras en 2022. 

Entre los múltiples cargos por usurpación se encuentran la ocupación del exhotel de Mascardi, en el predio de Parques Nacionales y la toma de la estancia Los Radales, perteneciente a una empresa privada. 

Además, algunos de los imputados son señalados por un ataque armado contra un tráiler de la Gendarmería Nacional en la misma zona, hecho que ocurrió durante un operativo de seguridad en la región.

El juicio se desarrolla bajo la supervisión del juez federal, Alejandro Silva, quien ya había presidido el juicio por la muerte del joven mapuche, Rafael Nahuel, en 2017. La causa cuenta con la presencia de los fiscales, quienes llevarán adelante las imputaciones, mientras que los acusados son defendidos por un grupo de abogados encabezados por Gustavo Franquet. Este último, que también estuvo al frente de la defensa de la comunidad mapuche en el juicio por la muerte de Nahuel, tendrá un papel central en este proceso judicial.

– El predio Los Radales había sido atacado por la comunidad mapuche en 2022

La comunidad Lafken Winkul Mapu ha rechazado la acusación y sostiene que las tierras en disputa les pertenecen históricamente. En un comunicado público, los mapuches reafirmaron su reclamo territorial y argumentaron que las tierras de Villa Mascardi son parte de su ancestral “Wallmapu”, el territorio originario que ocuparon sus ancestros antes de la llegada de los colonos y la posterior creación de los parques nacionales. Además, afirman que el Estado argentino “no ha cumplido con los acuerdos” y que las tomas de tierras “responden a un derecho histórico y legítimo del pueblo mapuche”.

Los incidentes de violencia, las tomas de tierras y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad se han convertido en una constante en esta zona, y la judicialización de estos casos ha sido uno de los ejes principales de la gestión de la actual administración.

Redacción

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Denunciaron a Gildo Insfrán por comprar vehículos de alta gama con dinero del Estado

La provincia de Formosa enfrenta un nuevo escándalo de corrupción tras la denuncia presentada por la diputada provincial Gabriela Neme contra el gobernador, Gildo Insfrán, por la compra de camionetas de alta gama.

“No es como dice, que los denunciadores tenemos ideas de que ellos roban nomás. Él, su familia, sus amigos y sus privilegiados, les roban al pueblo de Formosa”, expresó en su video, a modo de reclamó.

Tras el fallo de la Corte Suprema en diciembre, que restringió las aspiraciones de reelección de Insfrán, y en medio de investigaciones previas por irregularidades en el manejo de fondos públicos en Formosa, nuevos documentos expuestos revelan un mayor fraude. Las pruebas indicarían un patrón de desviación de recursos estatales destinados a áreas esenciales como salud y seguridad, que habrían sido utilizados para la adquisición de bienes de uso personal por parte del mandatario.

La investigación impulsada por la funcionaria Gabriela Neme apunta a dos operaciones: la compra de una Toyota Land Cruiser 300, modelo 2022, y otra unidad idéntica adquirida en 2023. Según la documentación presentada, ambas transacciones, con un valor estimado de 300 millones de pesos cada una, habrían sido financiadas mediante transferencias provenientes del Fondo Fiduciario Provincial para Salud, Seguridad y Tecnología, algo que contravendría la Ley Provincial 1180 que regula el uso de fondos fiduciarios, según la legisladora.

El fondo investigado disponía de 3.800 millones de pesos al momento de las compras. Registros bancarios revelan transferencias sucesivas que redujeron el saldo en 600 millones de pesos durante el período en que se adquirieron los vehículos. La legisladora denuncia que estas operaciones se realizaron sin licitación pública y mediante contratación directa con concesionarias automotrices vinculadas a funcionarios provinciales.

“Tendrán que rendir cuentas, Gildo Insfrán y cada uno de sus cómplices por el mayor robo de la historia de Formosa, el mayor robo de la historia de Argentina”, agregó en su posteo en Instagram.

Este hecho forma parte de la investigación “Ruta del Dinero G”, impulsada por Neme y presentada en Comodoro Py, que reúne pruebas sobre presuntas malversaciones a través de empresas fantasma creadas para adjudicarse obras públicas que nunca se concretaron. Según la acusación, el esquema incluiría sobreprecios, facturación de servicios inexistentes y triangulación de pagos mediante cuentas offshore.

Organizaciones de derechos humanos han documentado reiteradamente las precarias condiciones del “recrudecimiento” del sistema sanitario formoseño. Neme también hizo otras denuncias como el “envío de fondos al Partido Justicialista por más de 1.660 millones, en 5 órdenes de pago en concepto de haberes” el pasado 7 de febrero, quedando radicada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 10, a cargo del juez Julián Ercolini.

Cabe recordar que en 2010, durante las negociaciones para refinanciar una deuda de 312 millones de pesos que Formosa mantenía con la Nación, la provincia contrató servicios de consultoría de The Old Fund por 7.6 millones de pesos, conectando a Insfrán con el entramado del entonces vicepresidente Amado Boudou, quien habría utilizado testaferros para controlar la empresa a través de la sociedad The Old Fund en la “Causa Ciccone”, donde se rastrearon transferencias desde el Fondo Fiduciario Provincial (Fonfipro) hacia la firma panameña North Automotive Inc., cuyos directivos incluían familiares de altos cargos provinciales.

Siendo este uno de los escándalos más emblemáticos de la Argentina contemporánea y cuyo epicentro se situó en las operaciones de la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Este mecanismo permitió emitir bonos por 312.9 millones de pesos para saldar obligaciones con el Estado nacional, proceso donde The Old Fund actuó como supuesta consultora, hasta que en noviembre de 2021 se dictó el fallo absolutorio, afirmando que “no existía vinculación entre los decretos de Insfrán y la contratación de The Old Fund”.

Redacción

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Milei suspendió un viaje a Mendoza por el temporal en Bahía Blanca

El presidente Javier Milei suspendió el viaje que tenía previsto realizar a Mendoza, donde iba a asistir a la tradicional Fiesta de la Vendimia, debido al trágico temporal que azotó la ciudad de Bahía Blanca. Así lo confirmaron hoy fuentes oficiales a los periodistas acreditados en Casa Rosada, que precisaron: “(El Presidente) se va a quedar monitoreando todo lo de Bahía Blanca desde Olivos”. El vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó: “El Presidente de la Nación ha suspendido las actividades previstas en la provincia de Mendoza para el día de mañana”.

La decisión tuvo como motivo las fuertes lluvias e inundaciones que se registraron en Bahía Blanca. Desde la madrugada hasta pasado el mediodía, la ciudad recibió más de 290 milímetros de precipitación, con un saldo de al menos seis fallecidos y cientos de familias afectadas. Según informó el último parte de la municipalidad, “en cuanto a la cantidad de personas fallecidas, el número asciende a seis: una mujer en la vía pública en las calles Paroissien y Rawson, cuatro personas en vía pública en la zona de Sarmiento al 1000 y una persona en Cerri. Hasta el momento no se puede descartar, en virtud de la magnitud del desastre climático, la existencia de mayor cantidad de víctimas mortales”.

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, publicó un video en X donde describió la compleja situación: “Bahía Blanca ha sido nuevamente azotada por una catástrofe natural. La situación se ha tornado muy crítica en diversos sectores. En este marco ya se contabilizan más 300 mm de agua acumulada y continuamos trabajando con todos los recursos disponibles para llegar con la asistencia y rescate de las personas afectadas”. Acto seguido, añadió: “Además, hay grandes contingentes de todas las Fuerzas y del Gobierno de la Provincia llegando a Bahía Blanca. Hasta el momento se evacuaron 275 personas en la localidad de Bahía Blanca, y más de 800 en Cerri. En cuanto a la cantidad de personas fallecidas, el número asciende a seis y de momento no se puede descartar, en virtud de la magnitud de lo ocurrido, la existencia de mayor cantidad de víctimas fatales”.

El funcionario municipal solicitó a los habitantes no circular por las calles: “A esta hora, gran parte de la ciudad continúa bajo agua, por lo que solicito a los vecinos extremar las medidas de cuidado y no circular por la vía pública. Estamos desde el inicio de esta tragedia trabajando con maquinaria del Municipio y recursos del Ejército, Bomberos, Policía Bonaerense, Defensa Civil y Prefectura Naval para poder llegar a cada uno de los bahienses afectados”.

La magnitud de la tormenta aisló la ciudad. Los accesos por ruta se cerraron, entre ellos el que conecta con la ruta 3, debido a que el agua cedió el pavimento. Otras vías, como el Camino Viejo y la ruta 51, también sufrieron restricciones. El transporte público se suspendió, el aeropuerto quedó cerrado y el suministro eléctrico se cortó en forma preventiva. El hospital municipal y otros centros de salud reportaron filtraciones y complicaciones para atender a los pacientes. Asimismo, se informó que continuaban las clases suspendidas y no había atención en oficinas públicas.

Como parte de la respuesta oficial, se movilizaron equipos de rescate de Policía Federal Argentina y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezados por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. Voceros provinciales explicaron que se enviaron más de 40 efectivos especializados, 8 agentes de Defensa Civil, 6 lanchas de rescate urbano, drones con cámaras de alta definición y dos helicópteros, entre otros recursos. Se dispuso además la restricción y corte del servicio eléctrico en áreas comprometidas. En el ámbito nacional, el ministro de Seguridad envió a las fuerzas federales, mientras las autoridades pidieron a la población mantenerse en sus hogares y detener cualquier tipo de actividad hasta nuevo aviso.

Ante este escenario, Milei decidió permanecer en la Residencia Presidencial de Olivos para supervisar la evolución de la emergencia en contacto con las autoridades locales. El Presidente había sido invitado por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, para asistir al Almuerzo de Bodegas de Argentina y al Acto Central de la Fiesta de la Vendimia. Sin embargo, las fuentes oficiales insistieron en que la prioridad quedó enfocada en Bahía Blanca, donde las condiciones climáticas seguían generando serios riesgos para la población.

Redacción

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