01 julio, 2025

Tras la condena a Alperovich, tiembla Fernando Espinoza

Los dos casos relacionan al abuso sexual y al poder. Ante la mínima sospecha, el intendente de La Matanza debería haber pedido licencia. Alperovich se había quedado sin fueros.
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“No escribo para convencer a nadie de nada. Estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida, de sanar llamando a las cosas como son, sin suavizarlas ni teñirlas, poniéndole al monstruo nombre y apellido. Cuando no le ponés nombre, no existe”, había escrito en una carta abierta la sobrina del condenado exgobernador de Tucumán y exsenador del peronismo.

En paralelo a conocerse la sentencia a 16 años de prisión e inhabilitación permanente a ocupar cargos públicos de parte del condenado José Alperovich, está la situación del procesado intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Un caso similar donde una mujer lo denunció al Barón matancero de haber abusado sexualmente, al compartir una cena en el departamento de la víctima. Según consta en la denuncia, ella se habría negado ante la insistencia del político que se le tiró encima. Luego, se señaló que el jefe de gabinete del intendente la habría presionado para retirar la demanda.

La pregunta que cabe, aguardando la decisión en este caso de la justicia es, ¿Cómo estando procesado, Espinosa, no se hizo a un lado de la gestión municipal?

Con Alperovich, el partido peronista tomó la debida distancia ante el increscendo del escándalo. En cambio, a Espinoza lo siguen bancando sobre todo en el kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires. Fotos con el gobernador Kicillof y varios actos oficiales de fingir demencia o hacer de cuenta que “aquí no pasó nada”.

También es cierto que colectivos feministas no hicieron igual hincapié en estas dos causas que en otras de también impacto como las del actor Juan Darthes, también condenado pero por la justicia brasileña.

Cuenta la historia que la moral de Cristina le hizo bajar el pulgar de un dirigente cercano cuando descubrió que le era infiel a su mujer, encima ella muy cercana colaboradora, entonces, de la ex presidenta.

¿Ser infiel resultaría más gravoso que ser abusador de mujeres?

Quizás Alperovich corrió con la mala suerte de no ser un dirigente con vigencia de poder. Su esposa, Beatris Rojkés, cultivó mucha cercanía con Cristina cuando la líder del kirchnerismo era presidenta. La reemplazó en la primera magistratura ante uno de sus viajes. El actual mandatario tucumano aliado de Milei, Osvaldo Jaldo, intentó ubicar a una de las hijas de Alperovich en la Secretaría de la Mujer. Agrupaciones feministas tucumanas alertaron de la barrabasada que hubiera sido la medida.

El magistrado que condenó a Alperovich es Ramos Padilla, un viejo conocido de la justicia. Cercano a organismo de derechos humanos y ex miembro de Justicia Legítima, actuó leyendo un cambio de época. No está nada mal para comenzar a soñar que muchos otros lo imiten.

*Con información de Expediente Político (Horacio Caride)

Redacción

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Cristina Kirchner deberá devolver $84 mil millones al Estado

La Corte Suprema de Justicia confirmó este martes la condena contra la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, y con ello dejó firme una de las sanciones económicas más relevantes de la historia judicial argentina: la devolución de aproximadamente 84.000 millones de pesos al Estado Nacional, dinero que, según la sentencia, fue desviado en una maniobra de corrupción mediante contratos de obra pública adjudicados de manera irregular.

El máximo tribunal rechazó por unanimidad las apelaciones de la defensa de la ex mandataria y de otros ocho condenados, dejando sin efecto cualquier posibilidad de revisión de la sentencia dictada en 2022 por el Tribunal Oral Federal N°2 y ratificada en noviembre pasado por la Cámara de Casación Penal. La condena incluye seis años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y, como eje central, el decomiso millonario.

Este decomiso, que había sido homologado previamente por la Cámara de Casación, representa el monto que la Justicia determinó como perjuicio directo contra la administración pública tras años de maniobras fraudulentas en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz. La cifra multimillonaria deberá ser reintegrada a las arcas estatales, ya sea mediante bienes, activos o sumas de dinero embargadas y posteriormente liquidadas.

El fallo de la Corte Suprema, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó los planteos de Cristina Kirchner y dejó firme la condena que la responsabiliza como coautora de administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado. Según la Justicia, durante su mandato se instrumentaron decisiones administrativas y decretos presidenciales que facilitaron el desvío de fondos públicos a empresas vinculadas a Lázaro Báez, principal beneficiario del esquema de corrupción.

Entre los puntos clave del fallo se destaca la intervención de Cristina Kirchner a través del Decreto PEN N° 54/2009, que modificó el manejo de fondos del fideicomiso vial y permitió la adjudicación directa y sin control de contratos millonarios. La Justicia determinó que estas modificaciones permitieron la maniobra defraudatoria y que la entonces presidente estaba al tanto del perjuicio que estas acciones causarían a las finanzas estatales.

El monto del decomiso se calculó en base a las obras públicas adjudicadas de manera irregular, las licitaciones direccionadas y los pagos anticipados a Austral Construcciones y otras empresas controladas por Báez, aún cuando estas presentaban notorias irregularidades y, en muchos casos, abandonaron las obras sin finalizarlas.

Cristina Kirchner no podrá participar de futuras elecciones por la inhabilitación perpetua y enfrenta además la posibilidad de cumplir su condena bajo arresto domiciliario por su edad. Pero más allá de lo político y lo penal, lo económico marca un precedente: la ex presidenta deberá afrontar la obligación de resarcir al Estado con una cifra histórica que busca recuperar parte del dinero perdido en la maniobra de corrupción.

La Corte, en su fallo, remarcó que la sentencia se apoyó en pruebas sólidas, que el debido proceso fue respetado y que los argumentos de la defensa no lograron desacreditar la evidencia. También quedó firme la responsabilidad de los demás condenados, incluido Lázaro Báez, y el decomiso millonario que los alcanza a todos como parte del perjuicio calculado.

Este fallo no sólo consolida la primera condena firme de cumplimiento efectivo contra Cristina Kirchner, sino que pone en marcha el proceso para la recuperación de los fondos públicos, en una decisión que impacta tanto en lo judicial como en las finanzas del Estado.


*Fuente: AGENCIAS

Redacción

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Detuvieron en El Bolsón al terrorista Facundo Jones Huala

El extremista, Facundo Jones Huala, fue detenido el domingo 8 de junio de 2025 en El Bolsón, provincia de Río Negro, por orden de la Justicia. Los cargos que se le imputan son intimidación pública, incitación a la violencia, apología del crimen y asociación criminal terrorista.

La detención del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), fue ejecutada por personal de la Policía Federal Argentina (PFA) en un domicilio de El Bolsón durante horas de la madrugada. El operativo fue comunicado públicamente por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien utilizó sus redes sociales para anunciar el arresto del líder mapuche.

La RAM es una organización violenta y terrorista. Con nosotros no hay impunidad. Los argentinos del sur merecen vivir en paz y que esta vez no lo suelten, afirmó el anuncio público por parte de la ministra Bullrich, en su cuenta oficial de X.

La Sede Fiscal Descentralizada de San Carlos de Bariloche, a cargo de la investigación, deberá demostrar que las declaraciones del activista configuran efectivamente los ilícitos. El delito de apología del crimen, específicamente tipificado en el artículo 213 del Código Penal argentino, establece que “será reprimido con prisión de un mes a un año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito”.

Según fuentes oficiales, las autoridades lograron ubicarlo mediante el seguimiento de las actividades de su madre, Isabel Huala, quien figuraba como oradora en una feria artesanal programada para ese domingo en Bariloche, así como a través del monitoreo de su expareja, Andrea Yanina Millañanco, residente en El Bolsón.

El gobierno nacional y las autoridades chilenas han clasificado a la RAM como una organización terrorista. Los cargos atribuidos se originaron en declaraciones públicas realizadas por su exmandatario a comienzos de 2025, durante la presentación de un libro de su autoría, donde reivindicó la lucha armada y hechos atribuidos a la RAM. Las denuncias fueron impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional y el gobierno de Chubut, quienes sostienen que sus declaraciones podrían acarrear “delitos federales al alentar públicamente la violencia como método de acción política”.

– Isabel Huala, madre de Facundo Jones Huala

La organización en cuestión, se define como un movimiento político y organización paramilitar que busca la “reivindicación y ocupación de territorios que consideran pertenecientes al pueblo mapuche dentro de Argentina”, que opera principalmente en las provincias de Neuquén, Río Negro y Mendoza, utilizando métodos de ocupaciones territoriales, sabotajes y ataques incendiarios como formas de protesta.

La trayectoria judicial de Jones Huala incluye condenas tanto en Argentina como en Chile. En 2018, fue condenado por la justicia chilena a nueve años de prisión por su participación en un ataque incendiario ocurrido en 2013 en la localidad de Río Bueno, región de Los Ríos, además de cargos por portación de armas de fuego.

En 2022, Jones Huala obtuvo la libertad condicional en Chile, beneficio que posteriormente fue revocado por la Corte Suprema chilena, generando una orden de búsqueda internacional. Tras esta revocación, permaneció prófugo hasta enero de 2023, cuando fue detenido en El Bolsón por fuerzas argentinas. Durante su detención en Argentina, el activista realizó diversas manifestaciones, incluyendo una huelga de hambre, para evitar su extradición a Chile y poder cumplir la condena en territorio argentino. Sin embargo, en enero de 2024, fue efectivamente extraditado a Chile, donde completó el cumplimiento de su condena, siendo liberado en agosto de 2023 al computarse los años ya cumplidos.

Redacción

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El Gobierno de Córdoba gastó casi un millón de pesos en viagra para los presos

El vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba, Beltrán Corvalán, generó una fuerte polémica al denunciar públicamente lo que calificó como una situación “escandalosa” en el manejo de fondos públicos.

“El Gobierno de Córdoba respondió que la compra de Sildenafil (conocido por la marca Viagra) y otros insumos médicos responden a diferentes tratamientos indicados por médicos de hospitales externos”, declararon fuentes oficiales de la administración cordobés.

La controversia surgió cuando Corvalán detectó, durante su labor de control de gastos, una factura oficial del Servicio Penitenciario de Córdoba correspondiente a abril de 2024 que incluía la compra de medicamento “Magnus” de 100 mg, más conocido por su nombre comercial viagra.

La factura, que ascendía a un total de $948.961, incluía específicamente tres cajas de Magnus 100 mg por un valor de $52.213,17, además de otros productos como pastillas anticonceptivas, cremas humectantes, antigás y shampoo anticaspa.

– Beltrán Corvalán, presidente del Tribunal de Cuentas

“Es una cuestión escandalosa, que el Servicio Penitenciario, el gobierno de la provincia de Córdoba, haya comprado Viagra para los reclusos”, afirmó Corvalán. “Mientras en los hospitales no hay ni lo más básico, vemos que se compran estos insumos para las cárceles. Es un bochorno”, agrego.

Según la denuncia de Corvalán, la factura gubernamental incluía diversos productos que consideró inapropiados para el contexto carcelario; tres cajas cerradas Sildenafilo y factor AG, este último se usa para evaluar el estado nutricional, la función hepática o detectar enfermedades como cirrosis, síndrome nefrótico o mieloma múltiple.

El Gobierno de Córdoba respondió la situación a través del jefe del Departamento de Sanidad del Servicio Penitenciario, Ariel Salari, quien explicó que la compra del medicamento fue realizada por indicación médica y no con fines recreativos: “Dentro del servicio penitenciario de Córdoba, en toda la provincia, tenemos pacientes con hipertensión pulmonar, esta es una enfermedad crónica cuyo tratamiento sintomático es el Sildenafil”, subrayó Salari, detallando que en 2024, momento de la compra, cuatro internos tenían indicación médica para recibir esta medicación: dos por hipertensión pulmonar y dos por hiperplasia prostática.

Corvalán, contador público y desempeñado como miembro del Tribunal de Cuentas representando a la mayoría en este organismo de control. Fue elegido mediante voto popular en las elecciones de mayo de 2023, cuando la lista de Juntos por el Cambio obtuvo la mayor cantidad de sufragios, consagrándolo junto con la Dra. Fernanda Leiva como vocales por la mayoría.

Es importante destacar que por primera vez desde que se implementó el voto directo para la elección de los tribunos, este organismo está conducido por un signo político diferente al del ejecutivo provincial. Corvalán pertenece al Frente Cívico y fue concejal durante la gestión de Luis Juez en la ciudad de Córdoba.

Redacción

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Alperovich cumplirá domiciliaria en el lujoso departamento de Puerto Madero donde comenzaron los abusos a su sobrina

La Justicia otorgó este miércoles el arresto domiciliario a José Jorge Alperovich, exsenador nacional y tres veces gobernador de Tucumán, sentenciado el 18 de junio de 2024 a 16 años de prisión por nueve hechos de abuso sexual cometidos contra su sobrina segunda —seis con acceso carnal y tres simples en grado de tentativa— ocurridos entre diciembre de 2017 y marzo de 2018.  La resolución de Juan María Ramos Padilla llegó después de poco más de un año de detención efectiva en el Complejo Penitenciario de Ezeiza.

El magistrado dispuso que el condenado de 70 años permanezca en uno de sus inmuebles del complejo Zencity de Puerto Madero, escenario de uno de los ataques acreditados en el debate oral. Para garantizar la medida impuso monitoreo electrónico permanente y fijó una caución real de 400 millones de pesos. Además, prohibió cualquier tipo de contacto, directo o indirecto, con la denunciante y su entorno, así como referencias públicas que pudieran afectarla.

El lugar fijado es uno de los departamentos del imputado en Puerto Madero, precisamente uno de los lugares donde se cometieron los primeros abusos por los que fue condenado.

– TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 29 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 86.765/2019/TO1

“Debe quedar claro que no voy a conceder el arresto domiciliario solicitado como un privilegio ni por compasión, sino como ejercicio legítimo de una atribución legal fundada en condiciones de estricto control, neutralizando los riesgos de entorpecimiento y fuga, y asegurando la protección” de la víctima, sostuvo Ramos Padilla. 

El juez advirtió que “cualquier omisión o intento de evasión —por mínimo que sea— habilitará la revocación inmediata del beneficio y el reingreso al establecimiento penitenciario”.

Entre los fundamentos aparecieron la edad de Alperovich y un agudo dolor de columna que, según informes médicos del Servicio Penitenciario Federal, limitaba su movilidad, junto con hipertensión y un cuadro depresivo diagnosticado en marzo de 2025. Durante su estadía en Ezeiza recibió atención en el Hospital Penitenciario Central y fue trasladado en varias ocasiones al Hospital Italiano.

La familia ya había intentado morigerar la detención tres meses después de la condena. Gabriel, Mariana, Sara y Daniel Alperovich se ofrecieron entonces como “fiadores”, prometieron acompañar a su padre las 24 horas y entregaron sus pasaportes “para demostrar que no existiría riesgo de fuga”. La Justicia rechazó aquella petición en dos oportunidades, pero ahora el juez consideró que mantener al exmandatario en prisión preventiva sería “arbitrario” frente a las condiciones carcelarias y a su estado de salud, aunque la condena y la inhabilitación perpetua para cargos públicos siguen vigentes.

Durante el juicio oral iniciado en febrero de 2024 ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 declararon más de 80 testigos, incluido el exgobernador Juan Manzur. En su sentencia, Ramos Padilla subrayó: “Los indicios son graves, precisos, concordantes y basados en hechos comprobados que, relacionados entre sí, nos llevan a un único resultado”. El tribunal entendió que Alperovich aprovechó “un contexto de confianza, afecto familiar, dependencia laboral y asimetría de poder” para perpetrar los abusos.

Alperovich negó siempre las acusaciones y las atribuyó a motivaciones “políticas y económicas”. Su entonces pareja, la exganadora de Gran Hermano Marianela Mirra, difundió en mayo último una fotografía del exsenador internado que reavivó críticas a las condiciones de detención. El expediente continúa en trámite de apelación y revisión. Mientras se define la instancia superior, el exgobernador permanecerá bajo arresto domiciliario, controlado electrónicamente y sujeto a supervisión judicial periódica.

Redacción

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Fracasó en el Senado bonaerense la iniciativa K para habilitar la reelección indefinida

La sesión del Senado bonaerense convocada para debatir la eliminación del límite a las reelecciones de legisladores cayó por segunda vez en dos semanas al no alcanzar el quórum. Aunque Unión por la Patria contó con 20 propios y el respaldo de tres “libertarios” dialoguistas, la banca 24 —clave para iniciar el tratamiento— quedó vacía cuando la senadora del Frente Renovador, Sofía Vanelli, decidió no presentarse.

El recinto estaba citado a las 15.00. Media hora después, sin los números necesarios, se pasó a un cuarto intermedio “sin fijación de hora” y, finalmente, a las 18.20 la presidenta del bloque oficialista, Teresa García, admitió la derrota: “Nosotros tenemos una responsabilidad en el recinto. Uno puede perder votaciones, pero no puede perder la discusión político. Lamento que los presidentes de las bancadas de la oposición se hayan comunicado conmigo para decirme que no van a dar quórum en esta sesión”. 

García cuestionó a los ausentes: “¿Cuál es el problema de dar una discusión política? cuando uno asume una responsabilidad política, se sienta y discute. Se puede ganar o perder. Esconderse para no dar quórum es una actitud poco menos que cobarde”, y agregó: “Es triste que hoy no esté sentada la oposición, como un acto de extorsión”.

El ex libertario Carlos Kikuchi acompañó la queja oficialista: “Lamentamos enormemente lo que está ocurriendo. Somos servidores públicos y nuestra obligación es venir a debatir por la positiva o la negativa cualquier tema”.

Desde la oposición, la estrategia fue unificada. El bloque libertario celebró “un rotundo fracaso de la casta” y afirmó: “Es una derrota del kirchnerismo y una victoria de los bonaerenses que exigen una política distinta”. El PRO apuntó en la misma línea: “Gracias a la firmeza y el trabajo coordinado de los bloques del PRO, La Libertad Avanza y la UCR, frenamos un nuevo intento del oficialismo de debilitar las reglas de la democracia”.

Senadores LLA – PBA on X (formerly Twitter): “NO PASARÁN ⭕️Rotundo fracaso de LA CASTA por las #ReeleccionesIndefinidas#SenadoBA #LLA #PBA@JMilei pic.twitter.com/9T6O7VBr7i / X”

NO PASARÁN ⭕️Rotundo fracaso de LA CASTA por las #ReeleccionesIndefinidas#SenadoBA #LLA #PBA@JMilei pic.twitter.com/9T6O7VBr7i

Los radicales también justificaron la ausencia. “Muchos municipios siguen golpeados por las consecuencias del temporal, y la situación es crítica en materia de seguridad, salud y educación. No vamos a convalidar debates que no pongan en el centro a los bonaerenses”, señalaron. El jefe del bloque, Agustín Maspoli, reforzó: “Hoy no dimos quorum porque no avalamos la idea de habilitar reelecciones indefinidas. Es momento de discutir los temas que realmente importan. La provincia enfrenta urgencias que no pueden esperar”.

Vanelli, cuyo voto era decisivo, anticipó su postura en redes: “La sesión de hoy… ¡atrasa! Tomé la decisión de NO asistir. En lugar de discutir los problemas reales de las y los bonaerenses, estamos debatiendo las rerere… de legisladores???? No entendieron nada. Votar a favor solo nos pone más lejos de la gente. Quienes votan a favor -o dan quorum para- de eliminar los límites a las reelecciones no representan a la gente, se representan a sí mismos”.

El proyecto impulsado por el senador kirchnerista Luis Vivona proponía modificar el artículo 13 bis de la Ley 5109 y permitir la reelección indefinida de senadores y diputados, sin incluir a los intendentes. Paralelamente, la senadora Ayelén Durán presentó otra iniciativa para extender el beneficio también a los jefes comunales, siguiendo un acuerdo del gobernador Axel Kicillof con los intendentes afectados por la norma sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal.

La ley vigente limita a dos mandatos consecutivos —completos o no— la permanencia en el cargo y exige un período de intervalo para postularse nuevamente. De prosperar los cambios, figuras de peso como Teresa García o el camporista Facundo Tignanelli podrían buscar un tercer mandato consecutivo este año.

Redacción

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Un sindicalista K dirigía una banda narco que lavó $1.200 millones

El juez federal de Villa Mercedes, Juan Carlos Nacul, procesó a Juan Carlos Insúa, de 55 años, por encabezar una organización que lavó unos $1.200 millones al traficar cocaína desde Buenos Aires hacia San Luis.

Insúa, secretario adjunto del Sindicato Obrero de Frigoríficos y Empleados de la Carne y Afines (SOFECA) y dirigente de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras Agrarios (FETARA), cayó preso el 19 de junio de 2024 en La Punilla con poco más de un kilo de droga. Desde esa detención, la Fiscalía Federal local, la PROCUNAR y Gendarmería desmantelaron su red tras 27 allanamientos en Escobar, Merlo y Villa Mercedes que derivaron en 13 nuevos arrestos.

Los investigadores judiciales acreditaron que Insúa compró cinco kilos semanales a un proveedor peruano, los trasladó por la Ruta 7 y los ocultó en el “Camping FETARA”, un predio alquilado como delegado gremial. Allí entregó la cocaína a su mayor comprador, Diego “El Gaucho” Funes, quien la redistribuyó en toda la provincia. 

El flujo le reportó $35 millones por semana —$140 millones al mes— y un acumulado de $840 millones en seis meses; el resto hasta los $1.200 millones provino del lavado mediante vehículos, inmuebles y una concesionaria familiar.

– Juan Carlos Insúa en un viaje a Miami. Los videos surgieron de la investigación que lo tiene preso (El Chorrillero)

La clave para disfrazar el movimiento fue su rol sindical. El 31 de enero de 2023, SOFECA creó la Delegación San Luis y nombró a Insúa “delegado reorganizador”; FETARA lo replicó como “delegado normalizador”. En ese papel, el cabecilla alquiló campos y usó la palabra “novillos” para referirse a la droga. El efectivo viajaba en sobres rotulados “sueldo” y se blanqueaba en la compra–venta de autos.

El engranaje financiero contó con su pareja, Sandra Cnochaert, señalada como testaferro y filmada en Miami a bordo de un yate, y con su hijo, Juan Cruz Insúa, alias “Juancho”, quien manejó una concesionaria en Escobar: recolectó dinero, adquirió bienes y proveyó vehículos para la operatoria.

Las escuchas revelaron la ambición del grupo. En tres o cuatro meses estamos en otra galaxia, amigo, prometió Insúa a su socio Héctor Raúl Ramayo. Esto es como una empresa, estamos construyendo nuestro imperio, añadió antes de plantear la expansión a Córdoba, Mendoza y España. En otro audio fijó el precio mayorista: “7 lucas el g”.

La caída llegó cuando la policía interceptó a la revendedora Natalia Amar, quien coordinaba un nuevo envío: “Raúl viajó a Buenos Aires, preparó todo”. Dos días después, el 19 de junio de 2024, la División Lucha contra el Narcotráfico detuvo a Insúa y Amar con un ladrillo de cocaína. Esa prueba impulsó la causa hasta el reciente operativo que desbarató la estructura. 

Redacción

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