26 diciembre, 2024

Kirchneristas formoseños aprobaron leyes que amplían el poder totalitario de Gildo Insfrán

La mayoría oficialista de la Legislatura de Formosa aprobó la modificación de cuatro Leyes para otorgarle más atribuciones de control al Poder Ejecutivo, comandado por el dictador Gildo Insfrán.
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La primera fue la prórroga de la emergencia económica, una norma que va en contrasentido antes el discurso del superávit y habilita al ejecutivo a usar la discrecionalidad para el pago de juicios o deudas con sus acreedores, blindándolo desde hace 20 años.

El diputado del PJ, Jorge Román explicó que el gobierno de Formosa viene con un “balance positivo y una caja holgada”. Aseguró que les preocupa el ajuste del gobierno nacional, la volatilidad, inestabilidad de la economía por lo que resultaba adecuado, “resguardar los logros del modelo” y pidió el apoyo de los diputados.

El diputado por el PRO, Enrique Ramírez, dijo que el oficialismo se olvida de “dónde venimos” y que por este gobierno es que hoy se tienen que tomar medidas extremas. “Alberto Fernández fue el peor presidente de la historia de la Argentina que nos deja parados donde estamos” sin embargo a pesar de sus argumentos, sentenció que no se justifican 24 años de una prórroga de la Ley de Emergencias en distintos gobiernos y en realidad es porque, “a Insfrán le encanta la discrecionalidad”.

La diputada de la UCR, Carla Zaizer, dijo luego que Formosa es una provincia “enferma de emergencias” y que la excepción se transformó en una regla. Puntualizó que el gobierno de Insfrán estaba ya en emergencia en la “década ganada” de Néstor y Cristina Kirchner. Se preguntó luego por qué los legisladores de UxP de Formosa, votaron la quita del impuesto a las ganancias si significaba una pérdida millonaria para la provincia. “Tenemos que cuidar nuestra cámara de diputados y seguir delegando atribuciones al ejecutivo”.

La diputada por Nuevo País, Gabriela Neme dijo que el diputado Román tendría que explicar porque “hace dos años prorrogábamos la misma ley si teníamos superávit”. Aseguró que las legislaturas provinciales no pueden aprobar atribuciones especiales a los gobernadores y podrían ser considerados, “infames traidores a la Patria”.

El diputado del PJ, Agustín Samaniego, sugirió que el interés de los diputados estaba en el pago de algunos proveedores del estado en particular. “Se pasan por donde sea la carta magna” aseguró y sugirió que la diputada Neme “tiene una deudita en el estado que quieren cobrársela”.

El diputado del PJ, Rodrigo Vera, dijo que le llamó mucho la atención que no se habló por parte de la oposición, “el DNU más inconstitucional de la Argentina” del presidente Milei en unos de los “actos más tiránicos que se puede tener memoria en la República Argentina”.

La diputada por Nuevo País, Mara Amarilla, al tomar la palabra, explicó que: “Trae a colación el DNU del presidente que fue votado por el 55% y no tiene nada que ver. Entonces digo que parece que le molesta el centralismo y las decisiones que consideran unilaterales. ¿Acá en la provincia no les molesta el mismo centralismo que impide que esta Cámara pueda trabajar y votar en forma separada? De repente la república le molesta y ¿Acá qué? De repente le agarró una amnesia selectiva y ¿No se acuerdan cuando modificaron la Constitución para permitir las reelecciones indefinidas?”.

Luego se modificaron varios artículos de la Ley de Colonización y Tierras Fiscales cuyo miembro informante fue el diputado del PJ, Aldo Ingolotti quien manifestó que el “modelo formoseño” va a desarrollar la explotación de energías renovables como un parque solar en el municipio de Ibarreta y otro en el Polo Científico que necesitan “tierras fiscales”.

La diputada por la Libertad, Progreso y Trabajo, Emilia Maciel, dijo que las distintas opiniones “No ser respetan en esta cámara y lamento que no tengamos la altura de mostrarles a los jóvenes o niños que aspiran a ocupar una banca en este lugar”.

El expediente N° 145: con este proyecto de ley se extendió la emergencia económica y otorgaron al Poder Ejecutivo, es decir a Gildo Insfrán, las facultades para disponer partidas presupuestarias sin pasar por la Legislatura

“Sé lo que es no tener acceso a los títulos de propiedad y se lo podrían dar a todos los productores, donde no tienen recursos algunos” y dijo que, “En vez de despojarlos para darles sus tierras a empresas, les den los títulos para que puedan venderlas y que no sea el estado el que se las expropie”. Dijo además que esta medida solo afianza la situación de que muchos “compueblanos” no van a tener sus títulos de propiedad”.

En el expediente N° 147 modificarán los artículos 11 y 123 de la Ley 1180 de Administración Financiera para permitir que las empresas que están comprendidas en regulaciones de compras y contrataciones, empresas del estado, de economía mixta o fondos fiduciarios puedan sencillamente realizar compras directas, obviando los controles estipulados en los artículos modificados y fue presentada por el diputado del PJ, Rodrigo Vera.

La diputada Neme detalló además que “ellos van a seguir haciendo negocios con la plata del pueblo”. “No les interesa que estamos en una epidemia de dengue. No les interesa la emergencia de la gente”. Explicó que los convocaron por una emergencia y eso es una emergencia aseguro. “Solo les importa sesionar para salvarse y para que estas empresas públicas tengan la libertad de contratar como quieran”. Cerró diciendo que suprimen todos los principios de los actos públicos. “Pido una justicia con lupa para los funcionarios”.

El diputad por la UCR, Miguel Montoya aseguró que los principios de los actos públicos “No son poca cosa y estamos eliminando la responsabilidad del estado en estos procesos”. Dijo que se hace referencia a los controles nacionales y los provinciales. “En la provincia la Contaduría, Tesorería, etc., personas que son designados por el Poder Ejecutiva sin ninguna intervención del legislativo. No existe en la provincia la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por lo tanto no existen organismo de control en la provincia comparables a los de Nación.

Finalmente modificaron la Dirección General de Rentas de la provincia para convertirla en una Administración Tributaria de la Provincia de Formosa y la modificación del Código Fiscal. La diputada informante fue Inés Beatríz Lotto, quien dijo que la razón es modernizar el estado para adecuarlo a las necesidades del “modelo formoseño”. Explicó que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía y mejorar volviendo más eficiente a la recaudación.

La diputada por la UCR, Agostina Villaggi, en el uso de la palabra, expresó que cuando los convocaron a la sesión extraordinaria pensó que era algo urgente pero se encontró con que, “Nada que ver”. Dijo que nadie se hizo cargo de la emergencia hídrica con las inundaciones y los daños por las tormentas, “Me pregunté si íbamos a tratar el aumento de los salarios de los empleados de la provincia que están por debajo de la línea de la pobreza con una inflación que venimos soportando hace cuatro años porque la fiesta populista hay que pagarla pero esos temas no lo vamos a tratar en este recinto, vamos a tratar solo lo que le importa al Ejecutivo. La incoherencia en esta legislatura está a flor de piel”.

Aseguró que todos los años, “Venimos entregando atribuciones al gobernador. Esta es una sesión incoherente”. Las leyes fueron aprobadas por la mayoría oficialista y el rechazo de la oposición en una sesión extraordinaria de más de tres horas.

*Fuente: Periodismo Profesional (Leo Fernández Acosta)

Redacción

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Abogado boliviano denunció que “a unos compatriotas no los atendieron” en un hospital de Mendoza

Un ciudadano hijo de bolivianos denunció públicamente en un video de TikTok que a un grupo de sus compatriotas les negaron la atención médica en un hospital de Mendoza, aunque nunca aclaró en que nosocomio específico ocurrió.

“Unos compatriotas fueron a Mendoza a pasar un fin de semana, a dejar dinero. Fueron como turistas y tuvieron un accidente. Sufrieron lesiones muy graves”, aseguró en su cuenta René Herrera, el hombre que se filmó manejando a la vez que se quejó de “la persecución que sufrió” este grupo de bolivianos en la provincia argentina.

Herrera agrega en su extenso descargo que Mendoza no es la única provincia que supuestamente ha negado atención médica a ciudadanos no residentes en la provincia. “Sé que en Salta y en Jujuy hay una campaña contra los inmigrantes y lo tenemos que cambiar”, agrega efusivamente.

Más adelante en su descargo, Herrera admite que esta política en materia de salud para no residentes —que ya se está implementando en varias provincias del país— “está bien”, ya que reconoce que, incluso los mismos bolivianos, han negado atención médica en su país a ciudadanos norteamericanos.

Sin embargo, considera “injusto” que la negativa a ser atendidos en hospitales públicos les toque solamente a bolivianos por sobre otros extranjeros. Al respecto, asegura que los afectados “viven acá hace 30 años, tienen domicilio fijo acá, pagan sus impuestos, tienen DNI y tienen sus hijos argentinos”.

Al final de su largo discurso -prácticamente 10 minutos- Herrera reflexiona sobre el rol que tienen los inmigrantes bolivianos en Argentina. “Somos tus aliados”, exhorta a la vez que pide acabar con “el racismo”.

*Fuente: Diario Mendoza Today

Redacción

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Paoltroni le entregó a Milei un proyecto para intervenir Formosa: “No existe otra vía institucional”

El senador nacional Francisco Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso) le presentó al presidente de la Nación, Javier Milei, un proyecto de intervención federal de la provincia Formosa porque “no existe otra vía institucional para frenar el régimen de Gildo Insfran, caracterizado por instituciones deterioradas, un sistema republicano inexistente, derechos humanos ultrajados, clientelismo y hostigamiento a opositores”.

“Estas prácticas violan la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados en el artículo 75, inciso 22. Creemos firmemente en las promesas de campaña que tanto apoyamos y por las cuales trabajamos. Formosa no es un caso aislado, es la madre de las batallas contra el autoritarismo, la libertad de expresión y la defensa de la República. ¡Necesitamos la intervención de Formosa cuanto antes!”, expresó Paoltroni.

A través de un video que difundió en sus redes, el exsenador libertario ratificó que en su provincia “se violan todos los principios republicanos en donde no están ningún tipo de derecho y desde la propiedad privada, ni la libre expresión de los ciudadanos y mucho más la persecución política y todo lo que el pueblo formoseño está padeciendo.

Creemos que esta es la única solución para ponerle fin a este sistema corrupto en donde por más que falle la Corte Suprema no va a estar garantizada la irrupción del poder porque podrían implementar un caso de nepotismo como el de Santiago del Estero. Por eso creemos que la única alternativa”, explicó.

ADORNI Y “LAVADO DE MANOS”

Cabe recordar que el pasado 25 de octubre el vocero presidencial afirmó que el Gobierno “no se meterá” en la reforma constitucional de Formosa. “Nosotros no nos metemos en cuestiones que son decisiones provinciales y menos cuando aún no ocurrieron. Cuando pase podremos emitir opinión. Son temas que tiene que resolver la provincia dentro de la Ley respetando la Constitución. Somos observadores nada más de lo que ocurre”, había dicho en ese momento el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Redacción

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Frigerio reclama cambiar el precio de la energía de Salto Grande: “Es hora de que se haga justicia con Entre Ríos”

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó un nuevo reclamo por la situación energética de la provincia tras reunirse en Buenos Aires con la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti. El eje del encuentro fue la tarifa de la energía generada por la represa hidroeléctrica Salto Grande y la modificación del sistema que establece su precio.

“Estas demandas son en defensa de los derechos de nuestra provincia como productora de energía y exigen que se termine con la discriminación que sufrimos los entrerrianos desde hace décadas”, expresó Frigerio luego de la reunión, la cual complementa las acciones legales que Entre Ríos mantiene en curso ante la Corte Suprema de Justicia.

En abril de este año, Entre Ríos interpuso una primera demanda en la Corte Suprema, denunciando una deuda nacional de aproximadamente 4.000 millones de pesos en concepto de excedentes correspondientes al segundo semestre de 2023 y todo 2024, además de pagos adeudados por regalías hidroeléctricas. La provincia consideró “injusta” la remuneración que percibe por la energía de Salto Grande, afirmando que es casi tres veces inferior a lo recibido por la represa Yacyretá, también de carácter binacional.

Posteriormente, a principios de noviembre, el gobierno provincial amplió sus reclamos. La nueva presentación judicial exige la recomposición de la ecuación económico-financiera de los acuerdos establecidos en 1999 que regulan los excedentes de Salto Grande. Además, se solicita el pago de una deuda actualizada, calculada en 175 millones de dólares, y que se reformule, con participación directa de la provincia, el mecanismo por el cual la Secretaría de Energía de la Nación fija los precios de la energía generada en represas binacionales.

La relación entre la provincia y la Nación en materia energética es motivo de tensiones prolongadas. Salto Grande, ubicada en la frontera con Uruguay, genera electricidad que beneficia tanto a Entre Ríos como a otras regiones del país, pero la provincia denuncia una distribución desigual de los recursos derivados de su operación.

Frigerio reiteró que la situación actual perpetúa una histórica desventaja para los entrerrianos, quienes, según su posición, no reciben un trato acorde a su condición de productores de energía. “Es hora de que se haga justicia con Entre Ríos”, subrayó el mandatario tras el encuentro.

El reclamo también pone de manifiesto la urgencia de una solución política para destrabar un conflicto que afecta tanto las finanzas provinciales como la percepción de los entrerrianos sobre su relación con el Estado nacional. La intervención de la Corte Suprema será determinante en este escenario, ya que sus fallos podrían sentar precedentes para futuras negociaciones entre las provincias productoras de energía y la Nación.

Mientras tanto, la gestión de Frigerio reafirma su postura de no ceder ante lo que considera una discriminación estructural. “Defender los derechos de los entrerrianos es nuestra prioridad, y no descansaremos hasta lograr que reciban lo que merecen”, concluyó.

Redacción

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Proponen prohibir el ingreso a estadios a deudores alimentarios en CABA

La Comisión de Justicia de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó recientemente un proyecto de ley que establece la prohibición del acceso a los estadios de fútbol a aquellos padres que no cumplan con la cuota alimentaria de sus hijos.

La reforma, que fue presentada por el legislador Facundo Del Gaiso (Coalición Cívica), establece que cualquier progenitor que adeude dos cuotas consecutivas o alternadas en un mismo año calendario será automáticamente restringido de ingresar a los partidos. Esta medida se implementará sin necesidad de la intervención de un juez, simplemente con la verificación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

En una reunión encabezada por la presidenta de la Comisión de Justicia, Inés Parry, se destacó la dimensión de género de la problemática, dado que el 98% de los afectados por la falta de pago son mujeres, y dentro de este grupo, el 68% se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Parry subrayó que el proyecto también introduce medidas que buscan optimizar el cobro de las deudas alimentarias y proteger los derechos de niños y niñas, quienes son los principales perjudicados por la morosidad.

La iniciativa contempla que quienes figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos no solo verán restringido su acceso a los estadios de fútbol, sino que también se les podrán aplicar otras sanciones, como la responsabilidad solidaria de los empleadores que intenten ocultar dichas deudas.

En cuanto a la implementación de la medida, Del Gaiso explicó que utilizará las mismas herramientas tecnológicas que ya se emplean para controlar el ingreso de barrabravas a los estadios. “Es un mecanismo fácil de aplicar porque ya está la tecnología y las herramientas en funcionamiento en la actualidad”, sostuvo el legislador. Además, destacó que esta medida representa un “hecho de justicia”, ya que considera que es injusto que un progenitor que no cumple con sus responsabilidades alimentarias tenga la posibilidad de gastar grandes sumas de dinero en entretenimiento. “Si tenés 100 mil pesos para ir a un partido de fútbol, pero no le pasás ni un centavo a tus hijos, sería justo que esta ley fuera posible”, afirmó.

El proyecto de ley también establece que, al momento de ingresar a los estadios, los asistentes deberán presentar su DNI, y si se encuentra en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, se activará una alerta que impedirá su acceso. Esta medida no solo afecta a los padres morosos, sino que también tiene como objetivo enviar un mensaje claro sobre las responsabilidades familiares.

El proyecto, que ya cuenta con dictamen favorable, se someterá a votación en la próxima sesión de la Legislatura porteña, prevista para el 12 de diciembre. La propuesta ha generado una amplia discusión, pero Del Gaiso se mostró optimista respecto al apoyo que recibirá de diversas fuerzas políticas. Aunque mencionó que podría haber algunas sorpresas, como ya ocurrió en votaciones anteriores, el legislador espera que la medida sea respaldada por la mayoría de los diputados, incluidos los de La Libertad Avanza (LLA).

Con esta reforma, el legislador porteño también destacó la importancia de priorizar las necesidades básicas de los hijos sobre los gastos personales de los deudores alimentarios, alineándose con una postura que busca la justicia social y una distribución más equitativa de los recursos en la sociedad.

Redacción

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Legisladores fueguinos retiran un polémico proyecto que habilitaba cambios de género en niños sin restricciones

La Legislatura de Tierra del Fuego decidió retirar del debate un controvertido proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. La iniciativa, impulsada por el Bloque FORJA y apoyada por legisladores como Federico Greve, generó un amplio rechazo en redes sociales y críticas de diversos sectores de la sociedad. En una decisión tomada durante la sesión del miércoles 11 de diciembre, el proyecto fue enviado nuevamente a la Comisión 2 para un análisis más profundo.

El proyecto buscaba alinear la legislación provincial con la Ley Nacional 26.743 de Identidad de Género, sancionada en 2012. Entre sus disposiciones más controvertidas, permitía a menores de 13 años iniciar trámites de cambio de identidad de género con la autorización de uno de sus padres o de la justicia. Además, establecía que adolescentes entre 13 y 16 años pudieran realizar este cambio sin consentimiento parental, siempre que contaran con asistencia legal. La reforma también proponía que mayores de 16 años pudieran tomar estas decisiones de manera autónoma, sin intervención judicial.

– Legislador Federico Greve, del FORJA

Esta propuesta estaba “diseñada para simplificar los procedimientos administrativos” relacionados con el cambio de identidad de género, eliminando requisitos judiciales. Sin embargo, estos cambios también generaron preocupaciones sobre el impacto que podría tener en las garantías familiares y el equilibrio entre derechos individuales y responsabilidad parental. Aunque la iniciativa se planteó como una herramienta para garantizar derechos fundamentales, fue interpretada por algunos sectores como una medida apresurada e ideologizada.

La propuesta provocó una reacción adversa en redes sociales, donde se multiplicaron las críticas por considerar inapropiado otorgar este tipo de facultades a menores de edad. Desde el colectivo LGBTI+, solo un segmento reducido expresó apoyo explícito al proyecto. Muchos usuarios en redes sociales calificaron la medida como una “ampliación desmedida de derechos sin sopesar sus implicancias”, mientras otros apuntaron a una posible intromisión en el rol de las familias.

El secretario de Justicia y Bienestar Ciudadano, Gonzalo Carrillo, intentó defender la iniciativa argumentando que respetaba los derechos de las personas trans. “A partir de los 13 años la capacidad progresiva permite a los adolescentes tomar decisiones sobre su cuerpo”, afirmó Carrillo. Sin embargo, estas declaraciones intensificaron las críticas, especialmente entre quienes consideraron que la propuesta debilitaba las garantías familiares y potenciaba conflictos parentales.

Se cuestionó, adicionalmente, la falta de consenso previo a la presentación del proyecto. Varias agrupaciones civiles y organizaciones sociales expresaron su malestar por no haber sido consultadas durante la elaboración de la iniciativa. Desde la oposición, también se criticó la rapidez con la que el proyecto obtuvo dictamen, señalando que el tratamiento legislativo debería haberse extendido para incluir un debate más amplio.

El legislador Federico Greve, uno de los autores del proyecto, solicitó que este fuera enviado nuevamente a la Comisión 2 para continuar el debate: “Se buscará un análisis más profundo antes de someterlo al recinto”, indicó. Esta decisión llegó tras un evidente desgaste en la imagen pública del proyecto y sus promotores.

La retirada también se interpretó como una medida preventiva para evitar un posible rechazo contundente en el recinto. Pese a esto, las tensiones persisten, con críticas de la oposición y de sectores que consideran que el proyecto responde a una agenda ideológica. Mientras tanto, desde FORJA aseguran que la intención de la iniciativa es “promover derechos humanos universales”.

– Agustín Coto, legislador de LLA

El bloque de La Libertad Avanza se manifestó en contra del proyecto, calificándolo de un intento por imponer la ideología de género. “Desde el bloque de La Libertad Avanza frenaremos esta locura junto a los demás bloques opositores”, declaró el legislador Agustín Coto. También subrayó que estas decisiones afectan profundamente los derechos y garantías familiares, pidiendo un debate más amplio y respetuoso de los derechos de los menores y sus familias.

Coto también apeló a un discurso que mezcló argumentos legales y referencias religiosas, afirmando que “la razón y la justicia prevalecerán con el apoyo del pueblo y la guía de nuestra fe”. Sus declaraciones reflejan la polarización que genera este tipo de temas en la arena política y social.

Redacción

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MAR DEL PLATA | Sectores peronistas se rebelan ante una posible candidatura de Raverta en 2025

Cansados del destrato y la interna de La Cámpora contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, por los presuntos manejos discrecionales de los fondos públicos y “el permanente disciplinamiento contra la militancia que opina distinto”. De esta manera, decidieron salir a expresar su descontento en las calles mediante pintadas.

“Hacemos público nuestro descontento. Perdemos elecciones. Una tras la otra. No hay democracia interna, pero sí total discrecionalidad en la elecciones de funcionarios y candidatos”, resaltaron algunas fuentes oficiales del radiopasillo.

“Una interna feroz para disciplinar a Axel se nota. Hacen actos públicos inaugurando obras de la provincia y ni lo nombran al gobernador. Ni hablar del manejo oscuro de los fondos públicos. Esto se debe acabar de una vez y para siempre”, sentenció un dirigente de peso dentro del peronismo.

Las pintadas en la ciudad de Mar del Plata expresaban que Fernanda Raverta “no va más”, además de que la apodaron como “Derrota”. ¿Se terminó la unidad?

Redacción

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