La BOMBA FISCAL de Kicillof: Aumentos del 300% en Impuestos Inmobiliarios y un pedido de deuda por USD 1800 millones
El gobernador K envió a la Legislatura bonaerense un proyecto para aumentar el impuesto sobre inmuebles y patentes. Al paquete de leyes se le suma un pedido de endeudamiento por 1800 millones de dólares.
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El pasado viernes 22 de diciembre, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, envió a la Legislatura la Ley Fiscal Impositiva 2024. El paquete —que ser tratará esta semana— también contempla un endeudamiento aproximado de USD 1800 millones, un fuerte aumento del impuesto inmobiliario, de patentes y prórrogas “por dos años” en seguridad pública, política y salud penitenciaria; infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos; administrativa y tecnológica; y social, económica, productiva y energética. Servicios que el gobierno bonaerense considera “en estado de emergencia”.
De aprobarse el proyecto, el aumento del impuesto inmobiliario será de 140% a 300%. “En cuatro años le dimos mayor progresividad a los Impuestos Inmobiliarios. La fiscal impositiva que enviamos a la Legislatura sigue ese camino. Que quede claro: en términos reales lo que paga y pagará un bonaerense sigue debajo de 2019″, sostuvo el ministro de Hacienda y Finanzas de PBA, Pablo López, frente a los cientos de miles de reclamos y críticas de los bonaerenses.
También se prevé un aumento “con carácter extraordinario” de Ingresos Brutos para diferentes actividades.
Sobre el pedido de endeudamiento, según explicaron desde el Ejecutivo provincial, la ayuda será para pagar los compromisos de deudas del año entrante. Refiriéndose a la sesión legislativa exprés que tratará el tema, la vicegorbernadora de Unión por la Patria, Verónica Magario, explicó que “hasta ahora han dicho que van a acompañar las dos leyes (fiscal y de endeudamiento). Por lo menos hasta hoy, hasta este momento, tenemos PRO, UCR y libertarios”.
Además, se informó que demorarán en presentar el Presupuesto 2024 para la Provincia ya que “resulta imposible proyectar en este momento”.
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El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció este lunes la anulación de 770 contratos irregulares realizados durante las gestiones peronistas en la Legislatura provincial entre 2008 y 2018. La decisión, de carácter administrativo, fue comunicada en una conferencia de prensa brindada en Casa de Gobierno junto a la vicegobernadora y presidenta del Senado, Alicia Aluani, y el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein.
“Hemos decidido ponerle fin a una historia donde la política le dio la espalda a los ciudadanos frente a hechos dramáticos”, sostuvo Frigerio, quien calificó la causa como “una de las más importantes de corrupción en la historia del país”. La medida va en paralelo a la causa penal que investiga un desfalco millonario en la Legislatura provincial, actualmente estimado en 53 millones de dólares.
La investigación judicial, conocida como causa “Beckman y otros”, comenzó en 2018 tras detectarse maniobras sospechosas vinculadas al retiro de dinero con múltiples tarjetas de débito desde cajeros automáticos. Las pesquisas revelaron que los fondos estaban asociados a contrataciones ficticias de personal en ambas cámaras legislativas. Hasta el momento, 32 personas fueron imputadas y se encuentran en condiciones de ir a juicio, mientras que otras diez solicitaron la suspensión del proceso mediante probation.
Frigerio enfatizó que “la política no puede quedarse de brazos cruzados frente a esta realidad, mirando al costado”. En esa línea, pidió a las autoridades legislativas que dispongan formalmente la nulidad de los contratos. “Después, exigiremos la devolución de esos recursos que se han robado a los entrerrianos”, señaló.
– La medida de Frigerio va en paralelo a la causa penal que investiga un desfalco millonario en la Legislatura provincial, actualmente estimado en 53 millones de dólares
Según la acusación fiscal, los delitos que se investigan son asociación ilícita, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Si bien en la causa no aparecen legisladores imputados, sí fueron involucrados responsables administrativos de ambas cámaras, un estudio contable encargado de coordinar las operaciones y empleados encargados del cobro de los fondos.
El mandatario provincial explicó que, tras la anulación, se activará un proceso administrativo para recuperar el dinero sustraído. “Le pediremos al fiscal de Estado que intente la recuperación de esos recursos. Es probable que muchos de los imputados y de los que tuvieron los contratos, aun sin estar procesados, al menos analicen la devolución”, expresó.
El reclamo formal del Estado provincial alcanza los 373 millones de pesos, sin contar la actualización por intereses. “No tenemos un número preciso como para plantear. La Justicia tendrá que determinar cuál es el monto actualizado del dinero que se le robó a los entrerrianos”, aclaró Frigerio.
En paralelo al proceso judicial, mientras se desarrollaba la conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en el Palacio de Justicia provincial se llevaban adelante audiencias vinculadas a las suspensiones de juicio a prueba de los imputados.
Frigerio destacó también que su gestión redujo a la mitad la cantidad de contrataciones en las cámaras legislativas. “Lo dijimos en campaña y lo estamos cumpliendo. Lo primero que hicimos frente a este tema fue bajar a la mitad los contratos de Diputados y Senadores”, afirmó. Y concluyó: “Estamos dando un paso más. Queremos que los que le robaron la plata a los entrerrianos la devuelvan”.
El gobierno dio inicio el pasado martes 15 de abril un despliegue militar sin precedentes en las fronteras norte y noreste del país. La “Operación Presidente Julio Argentino Roca”, también conocida simplemente como “Operación Roca”, muestra un cambio en la estrategia de seguridad fronteriza, otorgando a las Fuerzas Armadas un rol más activo que busca combatir el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas en zonas consideradas críticas.
Una característica distintiva del operativo es la creación de un Comando Conjunto específico para dirigir las acciones militares. Según lo trascendido, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Isaac, será responsable de ejecutar el accionar conforme al planeamiento militar vigente. Este Comando Conjunto contará con un comandante designado para la conducción directa de las tareas en terreno, quien coordinará los esfuerzos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en las zonas delimitadas.
La maniobra se sustenta en un marco jurídico que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad fronteriza bajo circunstancias específicas. Esta iniciativa fue formalizada mediante la Resolución 347/2025 del Ministerio de Defensa, publicada en el Boletín Oficial el 11 de abril y firmada por el Ministro de Defensa, Luis Petri.
Este se integra adyacente con el Plan Güemes, otra actividad de seguridad fronteriza que ya venía ejecutándose desde el año pasado. En un acto realizado en Tartagal, Luis Petri y Patricia Bullrich, junto al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, lanzaron la segunda fase del Plan Güemes simultáneamente.
“Esta es una zona crítica de nuestra frontera, y era urgente reforzar la presencia del Estado con decisión y sin medias tintas”, afirmó el gobernador Sáenz.
El despliegue abarca una extensa área limítrofe con Bolivia, Paraguay y Brasil, considerada especialmente vulnerable por su geografía y por la histórica presencia de actividades ilícitas transnacionales. Entre las regiones específicamente mencionadas en los planes, se encuentran las provincias de Salta (Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza), Corrientes (departamentos de Ituzaingó, Santo Tomé, Paso de los Libres y Monte Caseros), Formosa y Chaco, junto con algunas zonas de Misiones.
El despliegue inicial incluye tropas del Regimiento de Monte 28 de Tartagal, unidad especializada en operaciones en terrenos de difícil acceso y con amplia experiencia en la región. Progresivamente, se sumarán efectivos y equipamiento de las tres fuerzas armadas, con especial énfasis en las zonas rurales y de frontera seca.
Históricamente, las Fuerzas Armadas habían participado en operativos con un papel secundario, proporcionando principalmente apoyo logístico, transporte y comunicaciones a las fuerzas de seguridad. Luis Petri, ha impulsado desde su asunción “la necesidad de emplear el instrumento militar con mayor participación en funciones de cooperación con las fuerzas de seguridad en escenarios críticos de la frontera del país”.
Se ampara principalmente en dos instrumentos legales, como la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 y la Ley de Seguridad Interior N° 24.059. La primera define a la defensa nacional como “la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas”, enfatizando su papel en la protección de la soberanía territorial y los intereses vitales de Argentina. Por su parte, la Ley de Seguridad Interior establece el marco para la cooperación entre fuerzas militares y de seguridad en zonas de frontera, especialmente ante riesgos que afecten la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos argentinos.
Adicionalmente, el operativo se fundamenta en el Decreto-Ley N° 15.385/44 y el reciente Decreto Reglamentario N° 1112/2024, firmado por el presidente Javier Milei, que habilita al Ministerio de Defensa a “tomar las medidas administrativas, operativas y logísticas necesarias para intensificar las tareas de vigilancia y control en las Zonas de Seguridad de Fronteras por parte de las Fuerzas Armadas”.
El kirchnerismo formalizó ayer miércoles un proyecto que buscó suspender las PASO y establecer elecciones “concurrentes” en la provincia de Buenos Aires.Teresa García, senadora y presidenta del bloque de Unión por la Patria (UP) en la legislatura bonaerense, fue la encargada de exponer una propuesta con cuatro artículos: en el primero, la suspensión de las primarias; en el segundo, la realización de los comicios provinciales el mismo día que las elecciones nacionales; en el tercero, la facultad del Poder Ejecutivo para adherir a esa modalidad; y en el cuarto, la notificación formal de la nueva normativa al gobierno bonaerense.
“Una sola Nación, una sola provincia, una sola elección. Presentamos el proyecto de suspensión de las PASO en la provincia, y la convocatoria a elecciones para senadores y diputados provinciales, concejales y consejeros escolares; en la misma fecha y en concurrencia con la elección nacional”, comunicó García en sus redes sociales, donde divulgó el documento respaldado por todo el bloque peronista, incluida la legisladora del Frente Renovador,Sofía Vannelli.
El texto advirtió sobre los riesgos de un eventual desdoblamiento: “La organización de una elección desdoblada por primera vez en más de 40 años de democracia requeriría una extraordinaria preparación logística, presupuestaria y de los recursos humanos provinciales, que no es posible realizar en estos escasos meses que anteceden a la elección”.
La iniciativa contó con el aval de Cristina Kirchner y de Sergio Massa. Según lo expuesto en la Legislatura, la exmandataria buscó unificar los comicios para fortalecer a los candidatos nacionales del peronismo, mientras Massa coincidió en la suspensión de las PASO, pero planteó la posibilidad de votar los cargos locales en noviembre, con el fin de capitalizar un escenario distinto ante el crecimiento de Javier Milei.
De este modo, la postura de ambos chocó de pleno con la estrategia de Axel Kicillof, quien había presentado, la semana anterior al 26 de marzo, un proyecto para derogar las primarias y adelantar la elección bonaerense, a fin de centrar la campaña en los logros de su gestión. El tratamiento de esa iniciativa se pospuso hasta el 3 de abril, después de que no prosperara la intención de votarla el jueves 27 de marzo.
La reacción del entorno del gobernador fue inmediata y contundente. “Rompieron todo”, criticaron en los pasillos de la Gobernación, al considerar que la fecha electoral era “una competencia del gobernador” y que el nuevo proyecto implicaba “intromisión de poderes”.
– Los intendentes de la UCR bonaerense se alinean con Kicillof por las PASO
“Habría que analizar la constitucionalidad”, advirtió una fuente oficial tras la maniobra kirchnerista. Aun así, el propio Kicillof reconoció días atrás que suspender las PASO exigía el visto bueno de la Legislatura, debido a que esas primarias están atadas por ley a las nacionales. “Lo tendrán que explicar”, añadieron voceros kicillofistas, en referencia a la movida de los senadores que respondían a Cristina Kirchner.
La interna en el oficialismo de Provincia de Buenos Aires contrastó con el apoyo que algunos radicales dieron a la postura de Kicillof sobre el desdoblamiento.El Foro de Intendentes de la UCR publicó un comunicado el martes 25 de marzo en el que acompañó la idea de separar la elección, al sostener que “los bonaerenses necesitan debatir sus propios temas provinciales y municipales”. Otros sectores, sin embargo, se mostraron críticos y demandaron una definición urgente del calendario. Desde el PRO, Cristian Ritondo expresó el 26 de marzo: “Hoy volvemos a pedirle que priorice las preocupaciones y necesidades de los bonaerenses por sobre los conflictos internos con sus socios políticos”.
La crisis que afecta a Vicentin alcanzó este sábado un nuevo hito: el directorio decidió frenar la actividad industrial y cerrar sus dos plantas, ubicadas en Ricardone y Avellaneda, Santa Fe, bajo el argumento de que no pueden pagar los salarios de sus más de mil trabajadores ni contratos que permiten sostener la operación.
En un comunicado, la empresa informó que se vieron obligados a proceder con el cierre de todas las plantas en operación. Y que la decisión fue tomada con el argumento de proteger los activos existentes ante un escenario financiero calificado como asfixiante en el que no hay respuestas de los inversores estratégicos.
El mensaje da cuenta de una crisis de grandes magnitudes que azota a la empresa de alimentos. Los salarios de marzo aún no fueron abonados y no hay garantías de que puedan ser cubiertos en los plazos legales. En paralelo, los contratos mediante los cuales Vicentin industrializaba granos ajenos, que eran la base de sus operaciones al dejar de trabajar con mercadería propia, se encuentran paralizados.
Esta semana tuvo lugar un último intento, por vía judicial para convocar a los grandes inversores (ACA y Bunge–Viterra) para reactivar los contratos, pero nadie se presentó a la audiencia.
JUGADA PARA EJERCER PRESIÓN: ALTO COSTO PARA LOS TRABAJADORES
En el sector agroindustrial, se cree que la decisión tomada por Vicentin implica un ejercicio de presión sobre los inversores de la compañía y la Justicia de Santa Fe, que no homologó el acuerdo concursal con más del 70% de los acreedores. En ese sentido, el cierre de las plantas representaría una apuesta para empujar a que la Justicia y los inversores tomen decisiones clave que den liquidez a la empresa. La Corte Suprema de la Nación podría convertirse en el próximo escenario del expediente.
El costo del movimiento efectuado por Vicentin es alto, ya que, con el cierre de sus dos plantas, más de mil trabajadores directos así como 3 mil empleos indirectos quedaron afectados. Al respecto, el gremio de los aceiteros, uno de los más poderosos del país ya que producen mercancías indispensables en múltiples rubros, se encuentra en estado de alerta ante esta situación y podría tomar medidas de fuerza para defender a los obreros afectados por los cierres.
DEUDAS Y EXDIRECTIVOS EN PRISIÓN:
A la falta de liquidez para operar de la empresa se suma una deuda millonaria con la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, que podría derivar en la interrupción del suministro eléctrico en una de sus plantas. La deuda en cuestión asciende a más de 400 millones de pesos.
El frente judicial aparece tormentoso, por su parte, con la prisión preventiva para cuatro exdirectivos de Vicentin: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, acusados de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta por un monto estimado mayor a 600 millones de dólares. Todo a partir de una maniobra que habría incluido falsificación de balances, simulación de operaciones y desvío sistemático de fondos, incluso en un momento posterior a que la empresa estuviera en concurso.
El legislador Ramiro Marra anunció que competiría en las elecciones legislativas del 18 de mayo para renovar su banca en la Ciudad de Buenos Aires, luego de ser expulsado de La Libertad Avanza (LLA). El lanzamiento se dio a conocer ayer cerca del cierre del plazo para presentar listas.
Marra explicó que se presentaría con el sello de la UCeDe, conducida en la Ciudad por Andrés Passamonti, y que adoptaría la denominación Libertad y Orden. Según señaló en un comunicado, eligió la UCeDe por considerarla un “ícono del liberalismo argentino que impulsó las reformas económicas más importantes de las últimas décadas”. El economista afirmó que “fue clave para transformar la Argentina. Hoy, cuando el país necesita volver a ese camino, me siento orgulloso de formar parte de este proyecto en la Ciudad”.
“EL KIRCHNERISMO NO ES OPCIÓN”
Pese a su polémica expulsión del partido que ayudó a fundar desde sus inicios, el dirigente ratificó que seguiría respaldando la gestión económica de Javier Milei, “especialmente el superávit financiero, el fin de la emisión y el coraje para cortar con los intermediarios de la política”. También recalcó su adhesión a la “batalla cultural” impulsada por el oficialismo nacional.
El anuncio de su candidatura incluyó fuertes críticas a la situación actual de la Ciudad. Marra prometió “recuperar la calle” y expuso problemas como la “cantidad de gente que anda dando vuelta en mal estado” y la proliferación de “villas que esconden narcotraficantes”. A su vez, planteó reformar el código contravencional para prohibir que se duerma en la vía pública y expulsar a “quienes vengan de la provincia” si no cumplen con las normativas porteñas. “Se terminó la joda”, declaró en relación con las personas que, según su visión, no respetan el espacio urbano.
También cuestionó la falta de acciones de los gobiernos porteños para controlar la ocupación del espacio público. “Larreta dice que hay olor a pis, pero en la gestión de él también había olor a pis, y tampoco dice cómo lo va a solucionar”, sostuvo, retomando la frase utilizada por Horacio Rodríguez Larreta tiempo atrás para lanzar su propia candidatura por fuera del PRO. Además, criticó al jefe de Gobierno, Jorge Macri, por no frenar los piquetes y las tomas de espacios públicos.
El candidato insistió en que su principal objetivo es ganarle al “kirchnerismo” y aseguró que no buscaba confrontar directamente con La Libertad Avanza: “No encontré algo en contra mío de Karina Milei, yo me enteré (de la expulsión) por un tuit y no quiero entrar en un conflicto”.
En sintonía con su línea de campaña, Marra aseguró que se posicionaría “a la derecha” de Nayib Bukele, presidente de El Salvador con un enfoque de “mano dura” que ha sido cuestionado por organismos de derechos humanos. El candidato porteño sostuvo que “la libertad sin orden no existe” y consideró prioritario combatir la delincuencia y la ocupación indebida de la vía pública. Mantuvo, además, su determinación de “defender la propiedad privada y terminar con el progresismo que avala la ilegalidad”.
De esta manera, Marra se postuló para renovar su banca a partir de las elecciones de medio término de 2025 bajo la lista Libertad y Orden de la UCeDe. “Durante meses muchos me preguntaron qué iba a hacer. Hoy lo dejo claro: voy a seguir peleando por las ideas de la libertad. Estoy con más fuerza y más decisión que nunca para dar esta pelea”, concluyó.
El funcionario de mayor confianza del gobernador Axel Kicillof, Carlos Bianco, ministro de gobierno de Kicillof, protagonizó un incómodo episodio en plena madrugada del domingo. Fue detenido en un control de alcoholemia sobre la Autopista Buenos Aires–La Plata y, lejos de colaborar, se negó a realizar el test. La negativa le costó cara: le retuvieron la licencia de conducir y el hecho quedó catalogado como “presunto positivo”.
El funcionario manejaba un Volkswagen Vento gris —patente AA 698 RV— que, casualidad o no, es propiedad del Gobierno de la Provincia. El operativo tuvo lugar en la zona del peaje Dock Sud, partido de Avellaneda.
Según el acta que se labró en el lugar, Bianco no sólo se negó a soplar la pipeta, sino que también habría pedido que no se grabara la escena. Todo un gesto de transparencia.
Alcohol Cero… ¿para todos?
En la provincia de Buenos Aires tiene vigencia la Ley de Alcohol Cero al volante. La norma no distingue entre funcionarios y simples peatones por lo que, negarse al test, equivale a haber dado positivo. Los agentes cumplieron el protocolo: acta, retención del registro, y a seguir viaje. El auto, sin embargo, no fue secuestrado.
Casualmente, Bianco suspendió su habitual conferencia de prensa de los lunes sin dar explicaciones. Oficialmente se adjudicó la ausencia a una cumbre política nocturna entre Kicillof, Massa y Máximo Kirchner, en medio de la interna que atraviesa al Frente de Todos.
El incidente ocurrió apenas unas horas después del anuncio de Kicillof sobre el desdoblamiento de las elecciones provinciales, una decisión que cayó como una bomba dentro del kirchnerismo. Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador bonaerense, que hasta hace poco eran aliados, ahora se preparan para medir fuerzas en las urnas.
¿Quién es Carlos Bianco?
Licenciado en Comercio Internacional, profesor universitario y funcionario de carrera, Bianco es el ladero político e ideológico de Kicillof desde hace más de dos décadas. Fue jefe de Gabinete bonaerense y hoy ocupa el cargo de ministro de Gobierno.
Irónicamente, en 2019, puso su Renault Clío a disposición del entonces candidato a gobernador, en un gesto de campaña que quedó grabado como símbolo de la “humildad militante”. A cinco años de aquel recorrido, el panorama -y el automóvil- es otro.
