Juan Domingo Orabona | EL CAJERO DE LA CORRUPCIÓN

¿Quién es el contador entrerriano que se encarga de los negociados de la provincia? Íntimo del gobernador Bordet, presidente del IAPSER, ahora acorralado por la Justicia.
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En esta primera entrega, el equipo de Data24.com.ar viene investigando de cerca la causa de los contratos de la legislatura de Entre Ríos. Una causa atravesada por criterios de persecución de neto corte político, donde no interesa la conducta desplegada sino quien la realizó.

Justamente por eso, ninguno de los operadores judiciales ha podido explicar, -entre otras cosas-, porque no se está investigando el periodo de la Cámara de Diputados 2008/2011 presidida por el ex Gobernador Jorge Pedro Busti; como así también otras irregularidades manifiestas que serán objetos de próximas investigaciones.

Recordemos que el objeto procesa versa acerca de una asociación ilícita, encargada de extraer fondos de ambas Cámaras de Diputados y Senadores de Entre Ríos desde el 2008 hasta el 2018 (excepto 2008/2011 Diputados), en el que dicho banda, estaba financiada con contratos de obra de dos Senadores Nacionales a decir: Pedro Guastavino y Sigrid Kunath.

La actividad desplegada tenía como eje un estudio contable, (en el que uno de los socios es Sebastián Orlando Bertozzi esposo de la Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, a cargo de la investigación), que se encargaba de las altas y bajas de los monotributos, al mismo tiempo que se blanqueaba el dinero mal habido en inversiones inmobiliarias y ganaderas.

Ese dinero mal habido, entre otras inversiones, terminó en el Fideicomiso Baucis y 9 de Julio.

En esta ocasión, la prensa especializada ha hurgado muchas aristas de la instrucción, pero en este caso, nos enfocaremos en un funcionario que quiere pasar desapercibido, el mismísimo Juan Domingo Orabona.

¿QUIÉN ES JUAN DOMINGO ORABONA?

Alias “Palito”, de profesión contador, se recibió en la Universidad de Nacional de Ciencias Económicas de la ciudad de Concordia, donde forjó una gran amistad con el Gustavo Bordet. Casado, y con un hijo extramatrimonial en la provincia vecina de Corrientes.

SU LLEGADA

“Palito” Orabona, llegó a la Cámara de Senadores de la Legislatura de Entre Ríos en la gestión 1995/1999 -Gobernador Jorge Pedro Busti y Vice Gobernador Hector Alanís-, de la mano del Senador electo por el departamento de Concordia, menemista de la primera hora, abogado, Mario Alberto Yedro, abogado, alias “Tito”.

En esa ocasión, Mario Yedro tenía dos asesores estrellas encargados de hacerle caja, por un lado, Juan Domingo Orabona y por el otro, el contador Julio Ivanovich.

Ya en esta ocasión, antes de que Héctor Alanís dejara la vicegobernación en manos de la fórmula de la Alianza Sergio Montiel y Edelmiro Tomás Pauletti, en noviembre de 1999, por decreto pasó a planta permanente a todos los contratos de obra, pero con numeración de noviembre de 1998. Inmediatamente la Alianza dejó sin efecto todos esos nombramientos irregulares, iniciaron los juicios correspondientes y fueron todos rechazados por improcedente.

Con la llegada de la formula, Jorge Busti y Pedro Guastavino, fueron incorporados a planta permanente de la legislatura todos aquellos que fueron incorporados de manera irregular.

En el entorno del ex senador Yedro (f), todavía cuentan la frase que le decía Palito: “…comprá tito, comprá que están baratos los campos…” Y así fue, el ex senador se compró un campo por recomendación de Orabona, éste se compra su casa actual con dicha comisión.

Tiempo más tarde, es decomisado el campo en el marco de una condena por enriquecimiento sin causa, en el que el mismísimo Fiscal Larrarte puso en consideración, por momento y bajo sospecha la acción desplegada por los contadores Julio Ivanovich y Juan Domingo Orabona, en cuanto a préstamos de dinero y cesión de acciones.

Asimismo, el contador Julio Ivanovich fue condenado en otra causa, caratulada “PACAYUT, Carlos F. s-PECULADO-PACAYUT, Abelardo F. y GABIO, A.V. s-Partíc.Nec; DURRELS, Norberto y MORANA, Rafael s/ participación necesaria; IVANOVICH, Julio C. y LOVERA, Carlos s/ Participación secundaria”.

LA VUELTA DE “PALITO”

En la gestión 2003/2007, Orabona llega de la mano del senador Hector Strassera, alias “Tito”. Esta vez, “Palito” está en mejores condiciones, planta permanente, experiencia y solo se encargaba de la caja de Tito Strassera. No obstante, el senador con más poder en aquel entonces era Hugo Berthet (porque era el presidente del bloque del PJ que junto con el vicegobernador, manejaban la caja más importante). Durante este periodo, el Director Administrativo Contable fue Cristian Treppo, quien hoy pasea por los pasillos de la justicia por causas de corrupción en ocasión de sobreprecios en la Obra Pública.

En el 2006 se genera un quiebre dentro del bloque del PJ, donde compiten dos fórmulas peronistas en el 2007, por un lado, Urribarri-Laurito y por el otro, Solanas-Cresto.

Justamente, como Hugo Berthet toma partido por la lista 100 de Solanas, es desplazado de la presidencia del bloque del PJ, tomando su lugar, el senador Hector Strassera. Ello fue un ascenso para “Palito” Orabona porque la caja era mucho más grande y tenía línea directa con el vicegobernador (Pedro Guastavino y el cerebro de las finanzas, Jorge Debreuil), y su Jefe, devenido en Presidente del Bloque.

Ya en el 2007, con la fórmula ganadora Urribarri-Laurito, y Juan Domingo Orabona por fin llega a la tan preciada Dirección General de Administración de la Cámara de Senadores de Entre Ríos.

El problema que tenía, era que Orabona no era hombre de confianza de Jose Eduardo Laurito. Pero no pasó mucho tiempo en ganarse el beneplácito del ex Juez de Concepción del Uruguay. La causa determinante fue cuando “Palito” Orabona le solucionó con un Contrato de Obra, al amigo y pupilo del ex Juez, Ex Comisario, Félix Orlando Cabrera, alias Nachito.

En esa época, la investigación de los delitos de Lesa Humanidad se había convertido en política de estado, por el cual, funcionarios eran esquivos a verse cercanos a imputados o investigados.

Este era el caso del ex Juez, y como dicen en ciertos círculos de la ciudad de Concepción del Uruguay, “Militar Frustrado”, que no sabía cómo darle una mano a su amigo Nachito. Pero Orabona lo solucionó…

Asimismo, (cuentan algunas fuentes reservadas) Nachito compartía con Orabona y el vicegobernador Jose Eduardo Laurito, muchas horas en las dependencias de un apart hotel de la capital provincial. También solía sumarse un dirigente peronista recientemente desaparecido que se disgustaba con las anécdotas de la represión que contaba Cabrera entre risas y aplausos de Orabona.

Tiempo después, Nachito fue vinculado por crímenes de Lesa Humanidad, a tal punto, que dirigentes del Peronismo Disidente, Augusto Alasino y Aníbal Vergara, requirieron a la coordinadora del Registro Único de la Verdad, María Luz Piérola, que promueva una investigación por participación y complicidad en la última dictadura cívico-militar en Argentina a Eduardo Laurito. Pero bueno, la historia pondrá las cosas en su lugar. (*Fuente La Opinión Popular).

Pero también cumplió de manera extraordinaria las necesidades de caja chica y grande del militar frustrado, o como le gustaba decir a los operadores, “…este se parece al manosanta (en relación al personaje de Olmedo), ya que no le gusta tocar la plata, pero solo tocar, pero si disponer”.

Volvemos a repetir la historia del Senado Provincial. En el 2010 se vuelve a partir el bloque, y Vitulo reemplaza al senador Strassera, pero a esas alturas ya era un protegido del “militar frustrado”, lo que le permitió seguir en la Dirección de Administración Contable hasta el 2011.

Al dejar su cargo, se va con José Laurito al Ministerio de Educación a cumplir la función de coordinación contable que le permitía seguir haciendo lo que mejor hace, pero en la órbita del ejecutivo.

En junio del 2012 Gustavo Bordet designa a su amigo a cargo de la Secretaría más importante de la Municipalidad de Concordia, dejando el Ministerio de Educación.

Ya para el 2016, le pagan con una de las cajas más importante, el Instituto del Seguro de Entre Ríos, que le permite una gran cobertura mediática y presentarse como un analista político sobre la economía de Argentina, con tantos antecedentes, bastará esperar a que deje la gestión para revisar la conducta desplegada.

EN PARALELO, DURANTE EL PERIODO 2007/2011…

No debemos dejar de destacar la impronta privada que siempre tuvo, y en este periodo tampoco. Ya Gustavo Bordet a cargo del Municipio de Concordia, el contador se ocupó de administrarle el estudio contable y los negocios.

Cuenta nuestra fuente política de los pasillos del palacio municipal de Concordia, que en aquel entonces dentro de lo que se llama explosión inmobiliaria, los loteos se convertían en un negocio con éxito.

Los loteos con fines de urbanización hasta 50 lotes están exentos de ganancias siempre y cuando, no haya habitualidad ni permanencia de la fuente generadora. Si a eso, le sumamos, el lobby para orientar el proceso de urbanización y extensión de infraestructura, solo faltan dos cosas para que la operación sea un éxito: AFIP y un testaferro.

Su amigo de la Universidad, le presenta al Jefe titular de la AFIP Concordia, Pedro Verbauwede para que sea flexible con los cruces de datos a cambio de unos lotes. Tiempo más tarde, este señor queda involucrado en la causa por falsificación de marcas y defraudación impositiva de Tabacalera del Litoral, investigación a cargo del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.

Faltaba resolver quienes iban a ser los testaferros, gente de Concordia no podía ser, pero sí de Paraná, ¿quiénes? Es así, que dos de los reclutadores Flavia Beckman y Hugo Mena terminan de prestar su nombre al administrador del loteo, el mismísimo Palito, Juan Domingo Orabona.
¿Ya se imaginarán quienes eran los inversores del loteo para urbanización?

TROPELÍAS EN CALLE SANTA FE

En audiencia pública contaba el Procurador Garcia: “Somos pequeñas aldeas, y en las pequeñas aldeas aún se recuerda cómo (Oscar) Mori contaba los sábados en el Flamingo todas las tropelías que hacía en el ámbito de la administración pública, que finalmente lo llevaron a la condena; donde era sabido lo que hacía (Domingo Daniel) Rossi con los fondos -en Uruguay-, y cuando se quiso dedicar a ser el Don Juan, y su ex mujer le manoteó los papeles y ahí se inició la causa por enriquecimiento ilícito”. (*Fuente: Entreriosahora).

Nos bastó consultar a unos cuantos funcionarios y aficionados a la política y nos dijeron que Juan Domingo Orabona, es el cajero de Gustavo Bordet. Inclusive, en ese sentido, las campañas a intendente de Concordia, Gobernador y su reelección, en gran medida fueron financiadas por la caja de la Cámara de Senadores. Vale aclarar, son solo comentarios propios de una “pequeña aldea” como le gusta decir al Procurador, pero no tenemos aún prueba fehaciente sobre estas aseveraciones.

Fuentes judiciales, indican aquella tarde de sol, cuando el Ministerio Publico Fiscal imputa a Juan Domingo Orabona, inmediatamente suena el teléfono rojo de la casa gris, el aire alrededor de Plaza Mansilla se volvió denso pero la intervención de tres altos mandos, dos del ejecutivo y uno del judicial, pusieron paño frío a la situación y llevaron tranquilidad.

En ese momento, le pusieron el mejor abogado –al que le dicen el “Pavo Real”- de Entre Ríos con excelente relación con la familia judicial pero carente de éxitos.

Inmediatamente el Ministerio Público Fiscal (MPF) inició acciones concretas para justificar el accionar incuestionable. Idas y vueltas, el MPF atropellaba y fulminaba todo en su camino, pero las inconsistencias eran evidentes.

Las mentiras tienen patas cortas dice el dicho, pero pueden sobrevivir por bastante tiempo si es que hay un poder fuerte que sostiene. Pero igual, siempre se caen.

El MPF empieza a cometer errores gravísimos porque trata de proteger lo imposible, juega a la política y se embarra. Hoy ya nadie le cree.

Fuentes cercanas al entorno de “Palito”, como le dicen sus amigos, nos cuentan que él entiende de cuestiones políticos judiciales y le preocupa como el sistema tiende a solucionar los conflictos en el que solo vela por las cabezas más importante.

Pero en estos momentos se encuentra dubitativo, desconfiado del poder político y principalmente de su amigo. Las razones, promesas y promesas sin cumplir. ¿Ni siquiera el MPF pudo elevar una parte de la causa? Siendo que sus abogados se lo habían asegurado. Parafraseando a la fuente señalan que Palito repite: “…una vez que me sienten en el banquillo, todos me van a desconocer. Pero bueno, por lo menos me avisaron de los embargos”.

Pero lo que preocupó realmente a Palito, fue la estrategia desplegada por sus defensores, apelan los embargos y luego no se presentan a la audiencia. Le señalan: “…que se quede tranquilo, porque el Fiscal de Estado, Julio Rodriguez Signes nos dará una mano”. Pero, al ver la audiencia, nada de eso pasó.

La lectura de los observadores de Plaza Mansilla, ven en el accionar de Fiscalía de Estado un apoyo político a un desacreditado MPF. Y en lo concreto, Julio Rodriguez Signes siguió la lógica del sistema, salvar a las cabezas, por lo que trasladó toda la responsabilidad a los Directores Administrativos Contables, entre ellos, Juan Domingo Orabona.

Nos cuentan en el entorno cercano de “Palito”, que estuvo haciendo unas consultas con letrados de experiencia en la Ciudad de Buenos Aires, a quienes le llamó sorpresivamente la atención, el conflicto de intereses que prima en esta causa de los contratos de la Legislatura. Dice que le dijeron: “…no puede ser que un defensor defienda a los legisladores al mismo tiempo que a funcionarios de segunda línea. Pareciera que en Paraná hay un código procesal penal y de ética, poco lógico, le dijeron”.

La lista de entregados en Entre Ríos es larguísima, Yedro, Alanis, Pacayut entre otros, pero todos ellos bustistas. ¿Seguirá Orabona?

ACLARACIONES

Este equipo se ha contactado con Juan Domingo Orabona, quien lamentablemente por indicaciones de sus defensores, no nos dio una entrevista que permitiera aclarar o explicar su rol. De igual manera, sus defensores tampoco quisieron defenderlo. Lo que hemos expuesto son las primeras aproximaciones de una investigación que aún tiene muchas más aristas por indagar…


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Kicillof suspendió un programa alimentario escolar y subió el boleto de colectivo bonaerense en medio de gastos millonarios en pauta oficial

En los primeros días de mayo, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, suspendió por 90 días el programa alimentario MESA, aplicó una suba del 11,6% en las tarifas de colectivos y quedó bajo cuestionamientos por el gasto millonario en pauta oficial.

Mediante la Resolución 842/2026, firmada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, la provincia suspendió el MESA a partir del 1° de mayo de 2026. La decisión, presentada oficialmente como un “reordenamiento del gasto”, afecta directamente a más de 2 millones de familias bonaerenses.

– El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque

El gobierno provincial argumentó que la medida responde a la “caída de transferencias nacionales” y al aumento sostenido en el precio de los alimentos. También aclaró que el Servicio Alimentario Escolar (SAE) continuará funcionando, es decir, los chicos seguirán comiendo en el colegio, pero las familias ya no recibirán la caja mensual para llevar a casa.

La medida generó una fuerte lluvia de críticas incluso dentro del peronismo. Según varios medios, La Cámpora apuntó contra Kicillof y los intendentes peronistas, especialmente de los distritos más golpeados socialmente, mostraron preocupación abierta. Mario Ishii, intendente de José C. Paz, expresó su preocupación por el “colapso” en su distrito. Un grupo de intendentes marchó incluso al Ministerio de Capital Humano de la Nación en busca de la asistencia de Sandra Pettovello.

“En diciembre de 2024 el gobernador quería comprar Aerolíneas Argentinas; en mayo de 2026 suspende la asistencia alimentaria a más de 2 millones de bonaerenses”, comparó la situación con ironía desde la oposición, el diputado bonaerense por la Unión Cívica Radical (UCR) Diego Garciarena.

El cartel que le dejó Pettovello a los intendentes que le reclamaron

En paralelo, el Ministerio de Transporte provincial confirmó que desde el 4 de mayo de 2026 los colectivos urbanos provinciales (líneas numeradas desde el 200) y municipales aplicaron un aumento en el boleto general.

Este porcentaje resultó notoriamente superior al 5.4% que aumentaron los colectivos en la Ciudad de Buenos Aires el mismo mes. La diferencia se debe a que la provincia sumó un cargo adicional para compensar la suba de más del 23% en el precio de los combustibles.

Hasta una distancia de 3 kilómetros, la tarifa con SUBE nominada sería de $918. Para recorridos de entre 3 y 6 kilómetros, el valor asciende a $1.023. En trayectos de 6 a 12 kilómetros, el pasaje costará $1.101, mientras que para distancias de 12 a 27 kilómetros la tarifa será de $1.180. En tanto, los viajes de más de 27 kilómetros tendrán un costo de $1.259.

Para quienes viajan con SUBE sin registrar, los valores se duplican aproximadamente, llegando a más de $2.100 por el tramo mínimo.

La pauta oficial

El elemento polémico de esta discusión es el gasto en publicidad oficial. De acuerdo con un relevamiento periodístico, el Ministerio de Comunicación Pública de la provincia distribuyó $57.565 millones en publicidad oficial durante 2025. Otras fuentes elevan esa cifra a $58.300 millones, con un incremento del 63% real respecto al año anterior.

Los principales medios beneficiados fueron C5N (con $6.970 millones), el Grupo Olmos, Clarín, América y El Destape, entre muchos otros. Esta cifra representa el corazón de la crisis actual, ya que si la provincia dice no tener recursos para sostener el MESA (que costaba entre 28.000 y 30.000 millones mensuales), ¿cómo destinó casi el equivalente a dos meses del programa solo en publicidad a lo largo de 2025?

El MESA nació durante la pandemia de COVID-19, cuando las escuelas cerraron y los comedores escolares dejaron de funcionar. La idea era que si los chicos no podían ir a comer al comedor, que la caja de alimentos llegase a sus casas.

Cuando volvió la presencialidad, el programa no se eliminó sino que se mantuvo como complemento del SAE. En la práctica, consistía en entregar mensualmente una caja o bolsón con alimentos secos a las familias de alumnos en situación de vulnerabilidad que asisten a escuelas públicas bonaerenses. Era, en palabras del propio Kicillof cuando lo lanzó en 2022, “la columna vertebral de la asistencia alimentaria en la provincia”.

Históricamente, el programa costaba el 40% lo financiaba el gobierno nacional, pero desde que asumió el presidente Javier Milei ese aporte se cortó y la provincia debió cubrirlo sola.

Frigerio se reunió con Caputo para impulsar una baja de impuestos y avanzar con obras viales

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en la ciudad de Buenos Aires. La agenda del encuentro incluyó el estado de la infraestructura vial, las finanzas provinciales y la reducción de impuestos distorsivos.

Uno de los ejes centrales de la reunión fue el análisis del estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia del litoral, con especial atención en las obras ya iniciadas y en aquellas pendientes de finalización. Entre ellas, se destacó la situación de la ruta nacional 18, considerada estratégica para la conectividad y el desarrollo productivo de Entre Ríos.

En materia de finanzas provinciales, ambos funcionarios dialogaron sobre la posibilidad de incrementar los recursos destinados a saldar la deuda de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Entre Ríos. Además, se evaluó la chance de recibir un anticipo de coparticipación tanto para la provincia como para los municipios que lo requieran.

– Frigerio junto al flamante director ejecutivo de Cippec, Luciano Laspina

En el plano fiscal, Frigerio y Caputo coincidieron en la necesidad de avanzar en un acuerdo coordinado entre Nación, Provincia y municipios para eliminar impuestos considerados distorsivos, con el objetivo de aliviar la carga sobre el sector productivo.

La reunión con Caputo se produjo días después de que el gobernador se reuniera con Karina Milei y Diego Santilli, y en el marco de la alianza electoral que, según adelantó Frigerio la semana pasada, se ratificará el año próximo con el gobierno nacional.

Esa misma jornada, el mandatario provincial participó de la cena anual del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), que bajo el lema “Crecer o crecer” reunió a más de 1.000 dirigentes de la política, el empresariado, la diplomacia, el sindicalismo y los organismos internacionales.

Chubut: El gobernador Torres exigió aplicar la Ley Antimafia tras el asesinato de un testigo clave en Comodoro Rivadavia

Ayer, el mandatario provincial Ignacio Torres reclamó la inmediata aplicación de la Ley Nacional N° 27.786 de Organizaciones Criminales (popularmente conocida como “Ley Antimafia”) tras el asesinato de una persona que iba a declarar como testigo en una causa judicial que involucra a las familias Vera y Nieves, dos de los grupos con mayor historial delictivo en Comodoro Rivadavia. 

“La solución es que definitivamente tengan una condena ejemplar y que estén donde tienen que estar: en la cárcel”, señaló.

Torres rechazó cualquier postergación procesal y subrayó que la provincia ya cuenta con las herramientas legales necesarias para actuar: “La solución no es suspender ningún juicio. La solución es que haya condenas ejemplares. Hoy tenemos la Ley Antimafia, que nos da una herramienta fundamental para avanzar contra estas organizaciones que vienen atemorizando a los comodorenses desde hace años”.

El hecho que motivó el reclamo del gobernador ocurrió durante la madrugada del miércoles, cuando dos personas fueron asesinadas en Comodoro Rivadavia. Según se desprende de la investigación judicial, una de las víctimas tenía previsto declarar como testigo en la causa que investiga el homicidio de un integrante de la familia Nieves, crimen que habría sido cometido por Agustín Vera. La otra víctima registraba antecedentes propios: había sido condenada en 2019 por el homicidio de un mecánico y, tras una reducción de su pena inicial de 14 años, recuperó la libertad en menos de seis.

Acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; el procurador general, Jorge Miquelarena; el jefe de la Policía del Chubut, Andrés García; el subjefe de la Policía, Mauricio Zabala; e integrantes de la fuerza provincial, Torres anunció la conformación de una mesa de trabajo integrada por fuerzas de seguridad, fiscales y el Poder Judicial. El objetivo será coordinar acciones de manera conjunta para avanzar en la investigación y sanción de los hechos. “Vamos a ir a fondo para garantizar la seguridad de los comodorenses y terminar con la impunidad”, sostuvo el mandatario.

La Ley Nacional N° 27.786 de Organizaciones Criminales entró en vigencia en Argentina en marzo de 2025 y permite juzgar a la totalidad de la estructura de una organización criminal y no solo a sus ejecutores directos. La normativa prevé penas de hasta 20 años de prisión por pertenencia a este tipo de organizaciones. Chubut adhirió a la ley tras su sanción, a principios de 2025.

El padre de Martín Menem cobra una jubilación de $41 millones tras ganarle un juicio al Estado

Eduardo Menem, ex Senador padre del actual presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, logró una victoria judicial definitiva que le garantiza un haber mensual de 41 millones de pesos. La cifra es escandalosa no sólo por su magnitud, sino por el mecanismo que la permitió: una sospechosa inacción de la ANSES que, bajo la actual gestión, dejó vencer los plazos de apelación.

Este beneficio representa casi cuatro veces el sueldo de un Senador en actividad, los mismos $11 millones que el oficialismo utiliza para fustigar a la oposición. Gracias a la falta de impugnación de ANSES, el ex legislador también se aseguró un retroactivo de 1.500 millones de pesos. Esta suma equivale a 136 dietas legislativas actuales, pagaderas por el Estado en un solo desembolso.

La maniobra se originó en una “notificación nocturna” en el portal oficial. La ANSES de Milei dejó pasar el plazo legal para apelar, permitiendo que el fallo de la Corte quedara firme en el primer trimestre de 2024. Mientras el Ejecutivo concentra sus ataques mediáticos en el Senado, bajo su propia órbita se habilitaba el drenaje de fondos más importante hacia una de las familias que hoy detenta el poder.

Javier Milei, “Lule” Menem (mano derecha de Karina Milei) y Eduardo Menem.

La promesa que nunca llegó

La inacción de la ANSES no es la única contradicción en este tablero: durante la campaña de 2021, Javier Milei sostenía que el “principio de revelación” expondría a quienes se aferraran a sus dietas. En enero de 2022, el propio Javier Milei aseguró en una entrevista en YouTube con quien suscribe —Augusto Grinner—, que ya tenía preparado el proyecto de ley para permitir la renuncia voluntaria a los haberes legislativos, prometiendo su presentación para marzo de ese mismo año.

Cuatro años después de aquel anuncio, y transitando ya el primer semestre de 2026, el proyecto nunca fue ingresado al Congreso. Ni el Presidente cuando fue Diputado, ni ninguno de los legisladores que integran hoy su bloque, han formalizado la iniciativa. Esta omisión legislativa adquiere una gravedad institucional distinta cuando se analiza el trato diferencial que recibe la cúpula del poder oficialista frente a los haberes de la seguridad social.

Mientras la “motosierra” se detiene frente al beneficio de $41 millones mensuales más el retroactivo de casi $1.500 millones del clan Menem, el Ejecutivo utiliza la retórica de la austeridad para fustigar a la presidencia del Senado. El contraste es total: un silencio administrativo que favorece al entorno familiar del presidente de la Cámara de Diputados, frente a un ataque mediático constante contra Villarruel, quien irónicamente fue la única que habilitó un mecanismo administrativo real para que cada Senador pudiera renunciar voluntariamente a cobrar su aumento; esto sucedió en abril de 2024 mediante una resolución de presidencia del Senado, luego de la votación de aumento de dietas fijado por los Senadores.

Jubilados en protestas por cobrar cien veces menos que Eduardo Menem.

El blindaje de la Constitución frente al ataque coordinado

La ofensiva mediática contra Victoria Villarruel ignora deliberadamente la arquitectura legal del país. Según los artículos 56 y 57 de la Constitución Nacional —cuyo espíritu liberal fue moldeado por el propio Juan Bautista Alberdi—, la Vicepresidente no tiene la potestad de anular por decreto una votación soberana del cuerpo de Senadores. Haberlo intentado habría configurado un abuso de autoridad, dándole al kirchnerismo la excusa perfecta para iniciarle un juicio político inmediato.

Incluso la sugerencia oficialista de que debería haberse ausentado de la sesión carece de sustento práctico: la Constitución prevé el reemplazo automático por el Presidente Provisional del Senado (art. 58 de la CNA), por lo que el resultado habría sido idéntico. Villarruel optó por la vía institucional y, como se mencionó, dictó una resolución que habilitó un formulario de renuncia voluntaria al aumento. Fue la única funcionaria que ofreció una salida ética y legal a los legisladores sin romper el orden constitucional.

Este respeto a las formas republicanas es lo que hoy se le recrimina, mientras se guarda un silencio absoluto sobre la falta de apelación en el caso Menem.

Victoria Villarruel y Javier Milei ya en una época de tensión entre ambos.

El triunfo de la genealogía sobre el mérito

El escenario actual deja al descubierto una grieta profunda en la narrativa de La Libertad Avanza. Por un lado, se utiliza la figura de la Vicepresidente como blanco de ataques para canalizar el descontento social por las dietas legislativas; por el otro, el círculo más cercano al poder central se beneficia de una estructura estatal que, lejos de ser “ajustada”, funciona con una precisión quirúrgica cuando se trata de favorecer al linaje propio.

La diferencia de trato es obscena: mientras un Senador que trabaja debe enfrentar el escarnio público por $11 millones, la inacción de la ANSES permite que, quien no ejerce cargos públicos desde hace años, perciba casi cuatro veces más que un Senador activo.

En definitiva, el anunciado “principio de revelación” terminó operando sobre el propio Ejecutivo. Se reveló un gobierno que castiga el respeto a las formas constitucionales de Villarruel, pero premia con $1.500 millones el reclamo de un Menem contra el Estado.

Para dimensionar el impacto: los $41 millones mensuales de Eduardo Menem equivalen a 107 jubilaciones mínimas. Por su parte, el retroactivo de $1.500 millones representa el pago de un mes entero para 3.944 jubilados de la mínima. En un contexto de ajuste severo, la vigencia de esta jubilación de privilegio demuestra que el Estado sigue priorizando los beneficios de la casta por sobre el resto de los argentinos.

La casta no parece haber desaparecido; simplemente ha cambiado de nombre. O más bien, ha recuperado sus nombres históricos.

* Por Augusto Grinner

Una auditoría detectó irregularidades y déficit tecnológico en el Instituto que forma a los policías porteños

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) evaluó el desempeño del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) durante 2024 y detectó una serie de debilidades en la designación de capacitadores, la infraestructura tecnológica y la gestión administrativa del organismo encargado de formar a los aspirantes y al personal de la Policía de la Ciudad, el Cuerpo de Bomberos y los funcionarios responsables de diseñar e implementar políticas de seguridad ciudadana.

El informe, aprobado por unanimidad el 10 de septiembre de 2025 y dirigido a la presidenta de la Legislatura porteña, Clara Muzzio, tuvo como supervisor al Dr. Guillermo A. García y como director de proyecto al Lic. Favio Pirone.

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 16 de marzo y el 25 de mayo de 2025.

El Instituto, situado en un predio de 10 hectáreas en el barrio de Bajo Flores, invirtió más de $1.587 millones en la contratación de capacitadores durante el período auditado. De ese total, el 79,8% se destinó a la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública para aspirantes a Oficial de Policía; el 15,6%, a los Cursos de Ascenso; y el 4,5% restante, a otras instancias formativas. A partir de esa distribución, la AGCBA concluyó que el organismo reflejó una “clara priorización institucional de la formación inicial de los aspirantes a la Policía de la Ciudad”.

En 2024, el Instituto recibió 23.176 solicitudes para cursar la Tecnicatura, pero solo 955 personas firmaron vacante para ingresar al Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad bajo la modalidad de internado con beca. De ese total, 919 aprobaron el primer cuatrimestre y 899, el segundo.

A lo largo del período se graduaron 1.515 Técnicos Superiores en Seguridad Pública – Oficial de Policía.

Respecto de las bajas, el Instituto informó 110 en total: 98 voluntarias y 12 obligatorias. Sin embargo, el relevamiento de las resoluciones institucionales identificó 104 bajas voluntarias y 15 reincorporaciones; descontadas estas últimas, la auditoría constató una diferencia de 9 bajas voluntarias respecto de lo informado por el organismo.

Pese a la inversión y a la magnitud de la actividad, la auditoría detectó irregularidades sistemáticas en la designación de los formadores.

La planta de la Tecnicatura contaba con 800 capacitadores y la de los Cursos de Ascenso, con 161. Del análisis de una muestra de 86 expedientes de los primeros, surgió que en 84 casos “la fecha de requerimiento del capacitador para cubrir una materia o curso es posterior a la fecha de inicio de estos” y que en 85 expedientes no constaban las actas de la Comisión Evaluadora de Antecedentes Académicos y Profesionales.

En los Cursos de Ascenso, de 60 expedientes examinados, 54 presentaron la misma anomalía en la fecha de requerimiento y ninguno contó con las actas de esa comisión. 

La AGCBA identificó, además, documentación personal faltante en los legajos de recursos humanos, constancias vencidas de Deudores Alimentarios y Ciudadanía Porteña, y ausencia de publicación oficial y comunicación interna de las resoluciones de designación.

En el plano académico la medición oficial señaló que algunas materias “tienen alta carga horaria con pocos docentes, lo que podría afectar la calidad educativa” y que existían “desfasajes” en la distribución de la carga horaria semanal. En cuanto a los cursos de ascenso, la auditoría detectó falta de planificación y comunicación entre las autoridades y el Instituto, sobrecarga operativa por alta demanda y escasos recursos humanos, y la necesidad de establecer criterios objetivos para regular la participación.

Las deficiencias más agudas se registraron en las denominadas “áreas estratégicas”. 

De las 2.400 notebooks adquiridas en 2018, durante 2024 solo 600 permanecían operativas, y se estimó que para finales de 2025 el 80% del “parque tecnológico” quedaría obsoleto. 

La escasez de netbooks afectó también el acceso de los cadetes al campus virtual Moodle (plataforma que en 2024 dio soporte a más de 113.000 alumnos y 396 docentes), lo que generó costos adicionales por la impresión masiva de materiales y exámenes. El kit de elementos entregado a cada cadete al inicio del cursado no incluyó netbooks, lo que limitó el acceso a contenidos y evaluaciones interactivas.

Los simuladores de realidad virtual de conducción vehicular y de polígonos 2D, utilizados para la instrucción en “diversos escenarios, situaciones de emergencia y la programación de fallas mecánicas” con el objeto de evitar riesgos en la etapa de aprendizaje, resultaron insuficientes ante la demanda y sobrecargaron a los instructores. 

En 2024, alrededor de 2.558 cursantes y visitantes usufructuaron los simuladores vehiculares. Los polígonos virtuales registraron 1.102 usuarios distribuidos entre 650 cadetes, 180 policías, 25 representantes de embajadas, 25 integrantes de fuerzas nacionales y federales, 20 de fuerzas extranjeras, 57 visitas judiciales, 85 pertenecientes a organismos y organizaciones no gubernamentales y 60 visitas institucionales. El área de e-learning del Instituto, encargada de sostener la educación virtual, el campus digital y el soporte pedagógico, también mostró signos de saturación, con equipos existentes y soporte técnico desbordados, lo que derivó en un “mayor gasto en soluciones alternativas” con riesgos operativos que comprometieron el cumplimiento de los objetivos institucionales y presupuestarios.

La flota vehicular del Instituto (dos ómnibus, tres minibuses y cuatro vehículos utilitarios tipo camioneta) tampoco resultó suficiente para cubrir la demanda. Esos medios trasladaron a 18.912 agentes durante 2024 en el marco de actividades académicas, servicios de seguridad y visitas culturales, entre ellas al Teatro Colón, al Congreso de la Nación y a la Morgue Judicial.

El informe concluyó que la flota disponible no resultaría suficiente para cubrir adecuadamente la demanda anual de traslados requerida por las distintas actividades académicas y operativas.

La AGCBA también advirtió que no se pudo verificar una formación académica continuada sobre Derechos Humanos en la formación inicial de los policías, aunque sí constató la existencia de contenido curricular en la temática. De manera análoga, el informe señaló que no se contó con información que acreditara actividades académicas de capacitación continua en la atención al público.

Como contrapunto, el examen sobre una muestra de 90 expedientes de cadetes egresados determinó que todos contaban con la totalidad de la documentación exigida, sin incumplimientos a la normativa vigente.

La Justicia multó a LLA de Corrientes por no rendir cuentas sobre gastos de campaña

El Juzgado Federal N°1 de la provincia de Corrientes sancionó a La Libertad Avanza (LLA) por no haber presentado el informe final de los gastos de campaña de las elecciones del 26 de octubre de 2025. La resolución impone una pena económica y congela los fondos que el Estado le transfiere al partido, un sacudón político en plena arena electoral.

La decisión fue comunicada formalmente tanto a la Cámara Nacional Electoral como a la Dirección Nacional Electoral (DINE), lo que la elevó de una cuestión distrital a un expediente con seguimiento federal.

La resolución judicial contempla tres medidas especialmente severas. Por un lado, impone una multa económica equivalente al 20% de los aportes públicos destinados al funcionamiento del partido en el distrito, una sanción que recae sobre los recursos del Fondo Partidario Permanente que el gobierno distribuye mensualmente para el sostenimiento de las actividades ordinarias.

Además, establece la suspensión cautelar de todo tipo de financiamiento estatal mientras persista la transgresión, una disposición de carácter provisional pero de efecto inmediato que puede ser levantada si la situación se regulariza.

A esto se suma una intimación de 15 días para que los apoderados presenten el informe adeudado, bajo apercibimiento de perder de manera definitiva el acceso a los fondos públicos en caso de no cumplir dentro del plazo fijado.

– Lisandro Almirón

Si el partido no regulariza la situación dentro del plazo fijado desde el 8 de abril, la ley habilita al juez a declarar “no acreditados” el origen y destino de los fondos de campaña. Se trata de una sanción con consecuencias graves, ya que significa que la Justicia Electoral considera que LLA no puede justificar cómo obtuvo o en qué gastó el dinero de su campaña. En casos más graves, la ley también prevé la pérdida del derecho a recibir financiamiento público por hasta cuatro años, según el artículo 62 de la norma.

La Ley 26.215 estipula un régimen escalonado de sanciones en función del tiempo que el partido lleve sin presentar el reporte. Si la mora es de hasta 30 días, corresponde una multa equivalente al 10% de los aportes públicos electorales.

Cuando el incumplimiento se extiende entre 31 y 90 días, la sanción se duplica y pasa al 20%. En los casos en que la demora supera los 90 días, la norma dispone la suspensión cautelar de todos los aportes públicos y una intimación de dos semanas para que la situación sea regularizada.

¿Qué candidatos estaban en juego?

En las elecciones del 26 de octubre de 2025 en Corrientes se renovaron tres bancas de diputados nacionales. La lista de LLA fue encabezada por Virginia Gallardo, acompañada por Isidro Gapel Redcozub. LLA obtuvo el 32,68% de los votos, muy cerca del oficialismo provincial “Vamos Corrientes” con 33,91%, y se llevó una de las tres bancas en disputa. Fue considerado un resultado sorprendente, dado el fuerte crecimiento del partido en la provincia respecto a las PASO del 31 de agosto.

Las elecciones fueron el 26 de octubre de 2025. La resolución se firmó el 8 de abril de 2026, es decir, unos cinco meses y medio después. Eso ubica el incumplimiento claramente en la franja de “más de 90 días”, lo que explica la multa del 20% y la suspensión simultánea de los fondos. En síntesis, LLA de Corrientes no solo llegó tarde, sino que directamente no presentó el balance económico.

– Lisandro Almirón e Isidoro Gapel Redcozub

La decisión judicial no cae en el vacío. Corrientes tuvo dos elecciones en 2025, con las provinciales del 31 de agosto (donde el armado del exgobernador Gustavo Valdés ganó cómodamente la gobernación con más del 51%, y LLA con Lisandro Almirón apenas obtuvo alrededor del 9.5%) y las nacionales del 26 de octubre, donde LLA se recuperó notoriamente. La sanción se conoce en un momento en que el espacio libertario sigue construyendo su estructura orgánica en la región norte.

Este tipo de sanciones no es exclusivo de LLA, debido a que desde 2013 hasta 2021, la Justicia Electoral aplicó más de 1.500 sanciones a distintas agrupaciones por irregularidades en los informes de campaña, con un récord de 479 sanciones solo en 2021. Lo que llama la atención en este caso es que afecta al oficialismo, cuya imagen pública se construyó en parte sobre la bandera de la transparencia y el recorte.

La medida se enmarca en una estructura donde todo partido político que compita por cargos nacionales está obligado por la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos a rendir ante la Justicia Electoral dos presentaciones contables. Uno previo (antes de la elección) y uno final (después), detallando todos los ingresos recibidos y los gastos realizados durante el proceso electoral.

Esta rendición debe presentarse utilizando una plataforma oficial de INFIPP, provista por la Cámara Nacional Electoral, debe incluir también los gastos en redes sociales y plataformas digitales. La legislación obliga a identificar el origen de cada peso, ya fuera en concepto de donaciones, aportes públicos u otros ingresos específicos.

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