Elecciones España | La derecha arrasó a Pedro Sánchez: “No dejaremos que las minorías avancen contra las libertades”
Isabel Díaz Ayuso celebró los resultados de su espacio (Partido Popular) y aseguró que "hoy empieza la derogación del Sanchismo" y que se viene una "nueva España".
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El espacio socialista (Partido Socialista Obrero Español PSOE)del actual presidente de España, Pedro Sánchez, recibió un duro golpe en las elecciones de este domingo donde se votaron las municipales y autonómicas. Cabe destacar que, a fin de año España votará a su nuevo presidente por lo que estos resultados parecen ser una probada de lo que se vendrá.
Al menos, así lo ve el Partido Popular (PP) comandado por el presidente Alberto Núñez Feijoó y la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quienes celebraron fervientemente los resultados que los posicionó sobre el PSOE con más3 puntos de diferencia.
En su discurso de agradecimiento y con más de 97% de las mesas escrutadas, la dirigente del PP ponderó: “El impresionante resultado de mayo del 2021 no solo que se ha repetido sino que ha ido a más, y eso significa que no hemos defraudado, que este gran camino se ha ensanchado para que podamos gobernar para todos los madrileños, para la inmensa mayoría de los españoles, y lo más importante, para hacerlo en libertad”.
“Ahora comienza un nuevo momento para Madrid y para toda España, empieza un nuevo momento para defender unos grandes servicios públicos, pero sobre todo para defender este modo de ver la vida de manera generosa y liberal“, sumó frente a los cientos de presentes.
Isabel Díaz Ayuso tras los resultados de las #Elecciones28M: “Aquí tienes a la España de siempre con más ganas que nunca. ¡Viva Madrid y viva España!” pic.twitter.com/OXWMd5jCgW
Seguidamente, Ayuso cuestionó al oficialismo por avanzar contra las libertades de los españoles con el único fin de satisfacer a algunas minorías, aunque sin mencionar cuáles. “Vienen unos meses decisivos para España. El resultado de hoy es incuestionable y demuestra que los ciudadanos queremos seguir unidos en torno a esta gran nación”, cerró.
Cada voto marcó una gran diferencia: Horas más tarde, tras haberse sumado el 99% de las mesas escrutadas, los resultados revelaron que el PP obtuvo 6,9 millones de votos (31,53%) frente a los 6,2 millones (28,14%) de los socialistas.
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Lydia Mugambe Ssali, magistrada del Tribunal Superior de Uganda y jueza del Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales de la ONU (IRMCT), fue condenada en el Reino Unido a seis años y cuatro meses de prisión por delitos relacionados con mantener en condiciones de “esclavitud” a una empleada doméstica.
Según el veredicto, mientras cursaba un doctorado en la Universidad de Oxford, Mugambe introdujo en el Reino Unido a una joven compatriota con promesas falsas y la mantuvo trabajando en condiciones de servidumbre sin ningún tipo de remuneración. Además, el tribunal determinó que la acusada participó en una conspiración para silenciar a la víctima usando sus influencias luego de conocerse el hecho.
Antes de su arresto, Mugambe tenía un currículum impresionante que parecía hacerla emblema de justicia e integridad. Era licenciada en Derecho por la Universidad Makerere en Uganda, tenía un máster de la Universidad de Pretoria en Sudáfrica, y fue magistrada de alto rango en Uganda entre 2000 y 2005. Trabajó durante años en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, un organismo de las Naciones Unidas que enjuiciaba crímenes de lesa humanidad, incluyendo genocidio. Fue jueza del Tribunal Superior de Uganda desde 2013 hasta 2020, e incluso sirvió como Inspectora General del Gobierno entre 2020 y 2022.
Su fallo más célebre fue en 2017, cuando condenó al Hospital Nacional Mulago por la negligencia en la desaparición de un bebé recién nacido. Este fallo fue aclamado internacionalmente como un hito en la protección de sectores vulnerables, y la sentencia de 85 millones de chelines ugandeses (aproximadamente 24.000 dólares) fue considerada revolucionaria. También fue académica del Instituto de Derechos Humanos de Columbia University y miembro del Centro de Derechos Humanos de Oxford. En mayo de 2023, el Secretario General de las Naciones Unidas la nombró jueza del Mecanismo Residual Internacional para los Tribunales Penales, el organismo que mantiene las funciones de los tribunales para crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia y Ruanda.
Sin embargo, mientras mantenía esta impecable fachada profesional, Mugambe ejecutaba un plan deliberado y sofisticado para traficar y esclavizar a una joven ugandesa. El esquema funcionó con la colaboración de John Leonard Mugerwa, exvicecomisionado ugandés en el Reino Unido, que tenía estatus de inmunidad diplomática. Mugerwa emitió un certificado de patrocinio falsificado que presentaba a la víctima como empleada doméstica privada en su residencia oficial londinense, con un falso salario prometido de 1.200 libras mensuales. Este fue un esquema sistematizado, ya que tanto Mugambe y Mugerwa sabían que la mujer trabajaría en condiciones de servidumbre, aprovechando un sistema de visas para trabajadores domésticos que es notoriamente vulnerable al abuso.
Una vez que la víctima llegó al Aeropuerto de Heathrow, Mugambe la recogió personalmente. Lo que vino después fue una pesadilla; le confiscó el pasaporte y el teléfono, la aisló completamente y la obligó a trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche cada día, haciendo labores domésticas y cuidando a los hijos de Mugambe. La joven no recibió ningún salario. Mugambe también le impedía que consiguiera un empleo remunerado estable, manteniendo su dependencia total.
La víctima vivió en lo que describió como “miedo casi constante”. La joven sabía que Mugambe era una figura de gran poder en Uganda, lo que creaba una asimetría de poder casi absoluta. Durante la investigación inicial de la policía, Mugambe llegó incluso a amenazar a la víctima con quemar sus documentos y reportarla como inmigrante ilegal, intensificando su control psicológico.
Lo más inquietante es que hoy, tras la condena de Mugambe, la víctima no se atreve a regresar a Uganda por temor a represalias. En su declaración escrita al tribunal, expresó su terror de que nunca más verá a su madre debido a la influencia que Mugambe aún mantiene en su país.
El tribunal concluyó que esos actos no fueron incidentes aislados sino la materialización de delitos tipificados bajo la ley de esclavitud moderna. Entre ellos, facilitar el viaje con intención de explotación, provocar una vulneración de las normas migratorias, obligar a un individuo a realizar trabajo forzado y conspirar para intimidar a testigos. La sentencia impuesta sentenció cómo la acusada “se aprovechó de la vulnerabilidad de la víctima y de su propia condición social.”
Lo que probablemente más impactó fue que Mugambe nunca mostró ningún remordimiento durante el proceso. El juez David Foxton, al sentenciar, destacó su profunda tristeza al reconocer los logros profesionales de Mugambe, pero subrayando que ella “se aprovechó de su estatus de la manera más agraviante”. Además, Mugambe intentó culpabilizar a la víctima por lo sucedido e incluso cuando fue arrestada por oficiales del Valle del Támesis en febrero de 2023, Mugambe fue grabada diciendo: “Soy jueza en mi país, tengo incluso inmunidad. No soy una criminal”. Las Naciones Unidas posteriormente revocaron su inmunidad diplomática para permitir que los procedimientos legales avanzaran.
El 2 de mayo de 2025 se pronunció la sentencia final y el pago de más de £12.000 en compensación a la víctima. El Mecanismo Residual de los Tribunales Penales de la ONU suspendió su participación y, posteriormente, retiró formalmente su designación. Por su parte, Mugerwa, fue objeto de investigación, pero el gobierno de Uganda se negó a renunciar a su inmunidad diplomática, lo que impidió que fuese procesado en el Reino Unido.
El Tribunal Constitucional de Polonia tomó una decisión histórica, declarando inconstitucional al Partido Comunista Polaco (KPP) y ordenando su ilegalización inmediata. Esta sentencia culmina tras años de intentos legales por prohibir esta organización política, siendo el más reciente promovido por el presidente de la República de Polonia Karol Nawrocki hace apenas semanas.
“No hay cabida en el ordenamiento jurídico polaco para un partido que glorifique a criminales y regímenes comunistas responsables de la muerte de millones de seres humanos, incluidos nuestros compatriotas”, subrayó en el fallo la jueza del Tribunal Constitucional, Krystyna Pawlowicz.
La Constitución polaca contiene una disposición muy particular que muchas democracias occidentales no tienen, ya que explícitamente prohíbe la existencia de agrupaciones políticas basadas en “ideologías totalitarias afines al nazismo, el fascismo y el comunismo”. Esta cláusula constitucional establece que cualquier formación partidaria que se fundamente en métodos totalitarios o que busque un sistema de gobierno totalitario puede ser declarada ilegal.
Específicamente, la Corte citó el artículo 11, que exige que los partidos se fundan “en el principio de igualdad de los ciudadanos” y busquen influir en la política “por medios democráticos”, y el artículo 13, que prohíbe los partidos basados en ideologías totalitarias o que recurran a la violencia para obtener poder.
– Karol Tadeusz Nawrocki es un historiador y político conservador polaco, actual presidente de la República de Polonia
El Tribunal no solo examinó el programa actual del KPP (que intentó reformarse en 2015 eliminando referencias a la revolución comunista), sino que también se analizó su estatuto fundacional de 2002, sus publicaciones, declaraciones públicas y actividades a lo largo de los años. Esto fue decisivo, siendo que sin un programa explícitamente agresivo, se consideró que la propia naturaleza ideológica—su promoción del marxismo-leninismo—constituía una incompatibilidad fundamental con los valores polacos.
La decisión será remitida al tribunal de distrito de Varsovia, encargado del registro de partidos, para ejecutar la ilegalización formal, lo que implicará la cancelación del registro legal del KPP, la prohibición de su participación electoral y la terminación de su financiamiento público.
El KPP cuenta con unos mil afiliados, ningún representante electo, escasa presencia en medios de comunicación y resultados electorales insignificantes. De hecho, ni los propios dirigentes del KPP consideraban necesaria su prohibición. Su presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, Beata Karoń, argumentó que su programa “es tan poco atractivo” que simplemente no conseguirían apoyo en las elecciones, por lo que legalizarlo o prohibirlo resultaba igualmente irrelevante.
La razón por la cual el Estado invierte recursos en una medida dirigida a un partido ya débil y marginal remite al complejo panorama judicial que atraviesa Polonia en la actualidad. El Tribunal Constitucional está envuelto en una seria disputa sobre su propia legitimidad. El gobierno actual, liderado por el primer ministro Donald Tusk, no reconoce varios fallos del tribunal porque cuestiona que los jueces que los emiten fueron nombrados de manera irregular durante la anterior administración del partido Ley y Justicia (PiS).
Irónicamente, entre los jueces que emitieron este fallo está Stanisław Piotrowicz, un exdiputado del PiS que fue fiscal durante la época comunista, incluso durante la ley marcial de los años 80 bajo el general Wojciech Jaruzelski.
El mandatario Nawrocki, quien ganó las elecciones presidenciales de junio de 2025, es del PiS y reactivó personalmente el caso contra el KPP el 6 de noviembre de 2025, enfatizando que sus objetivos son “contrarios al orden legal de Polonia” y que “la ideología comunista atenta contra los valores fundamentales y las tradiciones de la civilización europea y cristiana”. Esta iniciativa formaría parte de la confrontación política más amplia entre el presidente (del PiS) y la gestión de Tusk.
Del Pacto Molotov-Ribbentrop a la Carta Magna
Para entender por qué Polonia tiene una legislación marcadamente anti-comunista, es fundamental comprender su traumática historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética invadió Polonia en 1939 bajo el Pacto Molotov-Ribbentrop y sometió a millones de polacos a represión masiva, colectivizaciones forzosas y deportaciones a campos de trabajo en Siberia. Se estima que aproximadamente 1.200.000 polacos fueron deportados entre 1939 y 1941, acusados de ser “enemigos del pueblo”.
Después de 1945, Polonia se convirtió en un estado satélite soviético, sufriendo 44 años de ocupación política y represión bajo regímenes comunistas impuestos por Moscú. A lo largo de este período, los polacos experimentaron décadas de falta de libertades democráticas, políticas y supresión de su identidad nacional. Esta memoria colectiva es profunda y sigue marcando la política contemporánea polaca.
Cuando el bloque comunismo se derrumbó en 1989 con la caída del Muro de Berlín, Polonia adoptó un régimen democrático en su Carta Magna, pero incluyó salvaguardas explícitas contra el regreso de estas ideologíasque consideraban existencialmente amenazantes.
No obstante, Polonia no sería la única en prohibir partidos comunistas. Alemania, por ejemplo, prohibió el Partido Comunista en 1956 (aunque posteriormente fundó otro partido comunista legal en 1968, el DKP). Ucrania prohibió su Partido Comunista en 2015 como parte de sus leyes de “descomunización” tras el conflicto con Rusia. República Checa y Hungría también han tenido legislación restrictiva respecto a símbolos comunistas.
Sin embargo, estas prohibiciones son profundamente controvertidas. Amnistía Internacional cuestionó severamente la prohibición ucraniana de 2015, considerándola “una violación flagrante de la libertad de expresión y asociación” que “sienta un precedente muy peligroso”. Incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha cuestionado la validez constitucional de tales restricciones en democracias modernas estables, argumentando que carecen de “necesidad social clara, apremiante y específica”.
En una maniobra de madrugada que dinamitó su relación con los aliados, el oficialismo pactó con Unión por la Patria y los gobernadores el reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación fuera del temario de sesiones extraordinarias. Mientras Javier Milei mantiene su discurso contra la casta, sus alfiles negociaron con el peronismo el control del organismo que debe auditar al Estado, violando la Constitución Nacional para garantizarse mutua protección.
En pleno debate por el Presupuesto 2026, el correntino Lisandro Almirón celebró un listado de rutas y obras para su provincia como un logro del oficialismo. La oposición le marcó en el recinto que leyó el dictamen de minoría de Unión por la Patria.
Otro hecho consumado entierra aún más la imagen de la libertaria y diputada nacional, Lorena Villaverde. Se trata de una nueva demanda en Las Grutas que continúa socavando la imagen de la congresista con presuntos vínculos con el narcotráfico.
