Los terrenos loteados pertenecen a la colonia nacional de salud mental Manuel A. Montes de Oca y serían capitalizados, con permiso de Nación y el aval del intendente camporista Leonardo Boto, a organizaciones sociales, aunque aún no definieron cuáles, según detalló Ricardo Pérez, un vecino de Torres.

Si bien el loteo o el otorgamiento de estos terrenos no es una maniobra ilícita por parte del estado, sí podría considerarse poco ético e inmoral. De acuerdo a lo expresado por los habitantes del pequeño pueblo, el loteo de terrenos se habilitó de un día para el otro, tal cual como ocurrió en varios predios en la provincia de Mendoza. La única diferencia es que, en este territorio, tienen el completo aval de la intendencia, dado que pertenecen a la misma bandera política que el gobierno nacional.

“Nos informaron los concejales de la oposición, porque sino no estaríamos enterados. Estamos alarmados, porque no estamos preparamos para sostener a más familias. Son más de 440 lotes”, precisó Pérez.

Sobre la situación del pueblo, los residentes admiten que infraestructuralmente no están preparados para recibir a más ciudadanos. “Actualmente tenemos que esperar más de un día en las afueras del colegio en fechas de inscripción. La única asistencia médica cercana que tenemos funciona hasta medianoche, tampoco tenemos cloacas y cuando llueve gran parte del pueblo se inunda”, explicó Pérez. “No sé qué clase de vida le prometieron a la gente a la que le van a vender los terrenos, pero por ahora la situación no es favorecedora”, agregó.

“Acá no tenemos a un Montenegro que pueda parar la situación, o como pasa en Mendoza (con el gobernador Rodolfo Suárez). Acá tenemos a un intendente que apoya lo que diga el oficialismo”, se lamentó el vecino.

Tanto en Mendoza como en Mar del Plata, el Frente de Todos está loteando terrenos estatales para intentar aplacar la urgencia habitacional que agolpa a todo el país. En ambos casos, los movimientos no son ilícitos, pero sí podría considerarse poco ético, dado que se entregan por connivencia política. El reclamo en ambos territorios comandado por los mandatarios opositores es que los loteos se realizan sin aval de la provincia o la intendencia, desconociendo el terreno, su capacidad y/o posibles proyectos que ya tenían previstos para dichos lotes.

En el caso de Mendoza, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) comandado por el íntimo amigo de Amado Boudou, Alejandro Marmoni, le cedió tierras a las comunidades mapuches, pero ante la negativa del gobernador, Nación dio marcha atrás.

Lo mismo ocurrió en Mar del Plata. El intendente Guillermo Montenegro ha realizado insistentes denuncias contra dirigentes oficialistas por comandar a las organizaciones sociales hasta Las Heras, un predio privado que fue tomado por casi un mes, pero debido al repudio que generó y al movimiento de la Justicia, también dieron marcha atrás.

En el caso de Las Torres, tal como afirman sus habitantes, la situación es completamente distinta. No hay fuerza opositora que pueda hacerle frente a las decisiones del oficialismo, el intendente Boto asiente a todo. “Estamos indefensos ante los caprichos de los políticos”, expresó desganado Pérez.

Si bien admitió que fueron los concejales opositores quienes alertaron a los vecinos sobre los loteos, Pérez confesó que actualmente los funcionarios “se borraron” y aunque se comprometieron a realizar “comisiones para parar” las obras, “nada ocurrió”.

QUÉ DIJO EL GOBIERNO

En paralelo, el gobierno nacional aseguró que en los terrenos se construirá un “barrio inclusivo” exclusivo para personas que, por su condición y/o problemas de salud mental, no puedan conseguir vivienda.

Según el decreto 49/2023 publicado a inicios de este año “se ha diagramado la construcción y apertura de cincuenta dispositivos residenciales comunitarios destinados a usuarios y usuarias, que actualmente se encuentran alojados y alojadas en pabellones, los que conformarán un barrio inclusivo”.

Además, desmintieron que los terrenos vayan a ser loteados según “la bandera política”, sino que las viviendas serán destinadas únicamente a “a usuarios de la institución” con el objetivo de “consolidar una comunidad libre de discriminación, segregación y marginalización de personas por motivos de discapacidad intelectual y otras problemáticas de salud mental”.

En cuanto a los fondos que serán necesarios para ejecutar este plan de viviendas, el decreto publicado en el Boletín Oficial detalla: “La realización de las obras requerirá aproximadamente 500 millones de pesos”, que serán debitados del ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y el ministerio de Salud de la Nación.

*Fuente: REALPOLITIK