31 agosto, 2024

ZÁRATE | Vecinos denuncian que un concejal del FdT y dirigente del Movimiento Evita les ofreció usurpar tierras a cambio de votos

Aseguraron que Javier Yagode les habría dicho: “Les doy una mano, pero ténganlo en cuenta a la hora de votar”. El dirigente social les prometió a cien familias “lotes con servicios” y la construcción de viviendas
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Un grupo de vecinos de Zárate, Provincia de Buenos Aires, denunciaron ante el Concejo Deliberante local que el edil del Frente de Todos y dirigente del Movimiento Evita, Javier Yagode, los “instigó” a tomar tierras de la zona y que les prometió la urbanización del lugar a cambio de votos.

Además, solicitaron acceder a la banca abierta de la legislatura para poder contar a sus representantes “los problemas habitacionales” que enfrentan y la “utilización política que hacen los políticos de sus necesidades”. “Nos mintieron tanto que no sabemos en quien confiar”, mencionan en el texto.

Denuncia de 5 carillas escritas a mano presentada por vecinos de Zárate.

Según el relato, la toma comenzó el 13 de febrero cuando “el señor Javier Yagode se presentó como concejal en el predio de la calle 58 y French donde nos promete lotes con servicios, arma un grupo de WhatsApp, pide diez personas como referentes para organizar la gente con nombre y apellido de cada familia, dejando en claro que se vienen tiempos de elecciones, que nos daba una mano pero que lo tengamos en cuenta a la hora de votar”.

Los más de 30 firmantes de la denuncia que ingresó al Concejo Deliberante de Zárate el pasado 3 de abril, afirman que el dirigente del Movimiento Evita les habría asegurado que al día siguiente “se tenía que presentar en Nación dónde iba a llevar los datos de cada familia con el fin de poner cada lote a nuestros nombres”.

Predio usurpado ubicado en la calle 58 y French.

De acuerdo a la presentación, Yagode les habría dicho que solo podían ingresar 100 familias porque “el resto del predio lo iba a utilizar con fines de comercio en su beneficio y que les prometió “planos que nunca llegaron”.

Días después, el concejal habría ordenado instalar “un container que usó de garita dónde el personal de seguridad que estaba a cargo eran de la Cooperativa Movimiento Evita el cual, el mismo personal nos contaban que tenían miedo, pero los obligaban amenazádolos con sacarles el plan (social)” y que “también les habían prometido lotes a ellos”.

Yagode no puede negar su participación en la usurpación, ya que existe una foto donde él se encuentra en el lugar junto a los usurpadores.

Yagode no puede negar estar relacionado con la toma, ya que él mismo se fotografió con los usurpadores en el predio del cruce de 58 y French. En la foto se lo puede ver al concejal junto a un grupo de hombres y mujeres, algunos de los cuales levantan machetes y mazas. 

La denuncia de los zarateños consta de cinco carillas escritas a mano y en uno de sus párrafos afirmaron que: “Pasando los días empezamos a armar nuestras casitas con la ilusión de progresar. Cuando esto se hizo público el Sr. Yagode decide ABANDONARNOS (sic) sale del grupo donde estábamos todas las familias”.

Yagode los abandonó y los amenazó con sacarlos a los tiros.

Asimismo, agregaron que “el 24 de febrero -Yagode- se presenta con dos colectivos llenos de gente con intenciones de agredirnos con palos amenazándonos con tirarnos tiros sino abandonábamos el predio” y abundaron: “cuando se buscó desalojar el predio Yagode estaba presente y les pide -a la policía- que se retiren dejando vía libre para enfrentarnos”.

Después de ese incidente, y un intento de “negociación” con un abogado y el supuesto dueño del predio, para desalojar el lugar de manera pacífica “a cambio de tres o cuatro terrenos”; el 29 de marzo, la policía, por orden judicial, los desalojó. “Nos sacaron como animales. Dormíamos, nos rompieron lo poco que teníamos, usaron la violencia, golpeando a menores sin razones, tirando gases lacrimógenos, tiros sin medir consecuencias”, señalaron.

Yagode es el referente ante el alcalde local de las problemáticas de la economía popular y su nexo directo con las cooperativas.

De igual manera, según el parte policial de ese día, el desalojo se realizó “en forma pacífica y sin ningún tipo de resistencia o enfrentamiento”. Horas después, personal de la municipalidad y utilizando camiones de la intendencia de Zárate, y bajo custodia policial “se retiró el material acumulado”.

Yagode es el referente ante el alcalde local de las problemáticas de la economía popular y su nexo directo con las cooperativas que forman parte de los movimientos sociales oficialistas como el Evita.

Esta fue la primera usurpación del territorio bonaerense donde se denuncia como promotor ante un Concejo Deliberante a un dirigente del Movimiento Evita.

Esta es la primera usurpación en territorio bonaerense dónde se denuncia como promotor de una toma de tierras ante un Concejo Deliberante, con nombre y apellido, a un dirigente del Movimiento Evita y además edil del lugar.

Karin Leiva

Política Nacional, Interior y Economía kleiva@data24.com.ar

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Diputados debaten la “Ley Finocchiaro” para declarar a la educación como servicio esencial

Este miércoles, la Cámara de Diputados de la Nación debate sobre un proyecto conocido como la Ley Finocchiaro, una propuesta que busca declarar la educación como un “servicio estratégico esencial”. La iniciativa, impulsada por el diputado del PRO, Alejandro Finocchiaro, tiene como objetivo garantizar la continuidad de las clases durante los días de paro docente, exigiendo que las escuelas permanezcan abiertas en esos momentos.

La sesión, que comenzó sobre el mediodía tras alcanzar el quórum necesario, tuvo como protagonistas a los bloques de La Libertad Avanza y el PRO, quienes, junto con la UCR y Encuentro Federal, lograron destrabar el debate. La inclusión del financiamiento para las universidades nacionales en el temario fue crucial para asegurar la participación de los legisladores de estos bloques, quienes habían condicionado su apoyo a la incorporación de este punto.

Educacion-Esencial-Dictamen

El proyecto de ley, conocido como Ley Finocchiaro, establece que, en caso de paro, el 30% del personal de las escuelas deberá permanecer en sus puestos durante los dos primeros días de huelga. Si la medida de fuerza se prolonga, este porcentaje se incrementaría al 50%. Además, la normativa estipula que, a principios de cada año, los equipos de conducción de las escuelas deben informar a las autoridades la nómina anual del personal docente y no docente afectado por esta disposición, con el fin de asegurar una planificación adecuada.

La idea detrás de esta legislación es minimizar el impacto de las huelgas en la educación, un derecho esencial que, según argumentan sus defensores, no debe verse comprometido por las medidas de fuerza. Sin embargo, el proyecto ha generado una profunda división tanto en el ámbito legislativo como en la sociedad en general.

El tratamiento de la Ley Finocchiaro llega al recinto con un amplio consenso entre diputados del PRO, UCR, CC, La Libertad Avanza, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. Se estima que la iniciativa contaría con alrededor de 135 votos a favor, lo que permitiría su aprobación en la Cámara Baja y su posterior tratamiento en el Senado.

No obstante, la propuesta fue duramente criticada por los sindicalistas docentes, quienes ven en esta iniciativa un ataque directo a su derecho a huelga. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) respondió convocando una “Jornada Nacional de Lucha”, que incluyó una movilización frente al Congreso en el mismo día en que se inició el debate. Además, la CTERA anticipó una “Gran Marcha Federal Educativa” para el mes de septiembre en señal de protesta contra la ley.

Por su parte, los sindicatos docentes agrupados en la CGT declararon a Finocchiaro “persona no grata”. Sergio Romero, dirigente del sector, expresó en diálogo con Clarín: “No es oportuno. Hay otras prioridades en educación, y no las locuras de Finocchiaro”. Romero no descartó la posibilidad de llevar a cabo una medida de fuerza si el proyecto avanza.

El dirigente de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero

“El diputado Finocchiaro tiene una mirada muy pequeña, ve el sistema educativo a través del ojo de una aguja. El Frente Gremial Docente de la CGT-RA realizará las medidas de acción necesarias para oponerse a este proyecto, ya que, contraviene la Constitución Nacional y limita el derecho de huelga”, señalaron los sindicalistas.

Finocchiaro preside la comisión de Educación de la Cámara Baja y su proyecto es uno de los temas centrales de la sesión para el oficialismo y el PRO. “Que vayan a trabajar para educar a los chicos”, le respondió el legislador a la CGT. Antes de ser diputado, Finocchiaro fue ministro de Educación entre 2017 y 2019 y, antes, fue director general de Cultura y Educación bonaerense y subsecretario de Políticas Educativas y Carrera Docente en la Ciudad de Buenos Aires.

“Pueden decir lo que quieran de mí cuando tengan la mitad de la tiza que yo tengo en mis manos”, respondió tajante el diputado Finocchiaro.

Redacción

info@data24.com.ar

CABA prohíbe el uso de celulares en escuelas primarias y jardines de infantes

El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio un paso firme en la regulación del uso de celulares en las escuelas, anunciando una serie de restricciones que entrarán en vigor en el ciclo lectivo actual. La medida fue presentada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, en conjunto con la ministra de Educación, Mercedes Miguel, y está diseñada para abordar las distracciones que los dispositivos móviles generan en el entorno educativo.

La nueva resolución prohíbe el uso de teléfonos móviles en los niveles inicial y primario, tanto durante las clases como en los recreos. En las escuelas secundarias, aunque la regulación es menos estricta, los estudiantes deberán mantener sus celulares guardados durante las horas de clase, salvo que los docentes los soliciten para actividades pedagógicas específicas. Esta normativa afectará a 2.291 escuelas, incluyendo tanto instituciones públicas como privadas, y está dirigida a 566.000 estudiantes.

El objetivo principal, según explicaron desde el Ministerio de Educación porteño en su comunicado oficial, es “estimular la concentración” en el aula y “fomentar la socialización” en los recreos. Además, la medida establece que cada escuela tiene la libertad de implementar restricciones adicionales si así lo considera necesario, permitiendo a las instituciones desarrollar sus propios protocolos internos.

Durante la presentación de la resolución, Jorge Macri subrayó los desafíos que enfrentan los docentes en el aula debido al uso inadecuado de celulares por parte de los alumnos. “No hay forma de que los profesores puedan competir con las distracciones que generan los celulares”, afirmó Macri, destacando que los dispositivos móviles han causado una “disrupción brutal” en la dinámica educativa.

Macri también abordó el impacto de los celulares durante los recreos y almuerzos escolares, señalando que “hay chicos que no comen o lo hacen muy rápido para seguir jugando con el celular”. Según el funcionario, este comportamiento está afectando negativamente el desarrollo de habilidades sociales y de expresión oral desde edades tempranas.

La ministra Mercedes Miguel, por su parte, aclaró que la medida no implica una prohibición total de la tecnología en el ámbito educativo. Queremos que la tecnología siga siendo una herramienta útil en la educación, pero necesitamos regular su uso para evitar distracciones innecesarias”, explicó. Además, Miguel enfatizó que la alfabetización digital sigue siendo una prioridad, con la continuidad del Plan Sarmiento y el uso de tablets, computadoras y kits de robótica en las aulas.

La decisión del gobierno porteño se apoya en estudios internacionales que indican que la regulación del uso de celulares en las escuelas puede mejorar significativamente los resultados académicos. Ejemplos de este tipo de medidas se han implementado con éxito en países como Francia, Italia y China, entre otros. Según datos recientes, el 80% de los docentes en CABA considera que los celulares dificultan la atención y participación de los estudiantes en clase, mientras que el 70% de las familias coincide en que los dispositivos tienen un impacto negativo en el bienestar de sus hijos.

El Ministerio de Educación porteño también ha elaborado una guía de “Recomendaciones para el uso responsable de las tecnologías en casa”, dirigida a las familias, y tiene previsto organizar talleres para padres y madres con el fin de abordar este tema. La iniciativa forma parte del programa Buenos Aires Aprende, que busca fortalecer los aprendizajes en Lengua y Matemática, áreas fundamentales en el desarrollo académico de los estudiantes.

En un contexto donde la tecnología está omnipresente, la resolución del gobierno de CABA representa un esfuerzo por equilibrar su uso con las necesidades pedagógicas y el bienestar de los estudiantes. “El amor a veces es decir que no, no es decir siempre sí”, concluyó Macri, llamando a las familias a involucrarse en esta nueva etapa educativa.

Redacción

info@data24.com.ar

El Ministerio de Salud avanza con proyecto para cobrar la atención médica a extranjeros y fomentar la inversión privada

En un movimiento que promete sacudir los cimientos del sistema de salud, el Gobierno Nacional confirmó que está trabajando en un proyecto de ley que permitiría el cobro de la atención médica a ciudadanos extranjeros y promovería una mayor intervención del sector privado en la prestación de servicios de salud. La iniciativa, encabezada por el ministro de Salud, Mario Russo, refleja un enfoque que busca redefinir las bases del sistema sanitario nacional, al tiempo que se alinea con las experiencias de provincias fronterizas como Salta, Jujuy y Mendoza, que ya cobran la atención a no residentes.

Ministro de Salud, Mario Russo. Fue secretario de Salud en los municipios de San Miguel y Morón. Graduado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, es especialista en cuidados perioperatorios de cirugía cardiovascular y tiene una reconocida trayectoria de casi una década en FLENI.

La propuesta, que podría ser presentada en el corto plazo al presidente Milei, generó un intenso debate en las redes. Según declaraciones del ministro Russo, la iniciativa no solo busca autorizar el cobro a extranjeros por servicios médicos, sino que también pretende reestructurar el sistema de salud hacia un modelo más similar al de Estados Unidos, donde el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) regula guías específicas para los procedimientos de atención médica y cobertura.

El diagnóstico sobre el área de salud es coincidente en los distintos sectores políticos: así como está, el sistema no puede seguir adelante. Según sostienen desde la gestión libertaria, el actual sistema de salud está “quebrado” y necesitan optimizar los recursos disponibles. La reforma planeada incluiría, además, una serie de medidas destinadas a sistematizar la información sobre el consumo de medicamentos y los perfiles de los pacientes, mejorando así la eficiencia y el control del gasto sanitario.

El plan de reordenamiento del sistema de salud nacional contempla un mayor protagonismo del sector privado. Esto implicaría una transición hacia un sistema mixto, donde empresas de medicina privada jueguen un rol crucial en la prestación de servicios a un costo menor para los pacientes. En este sentido, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, también está trabajando en la derogación de leyes como la de Salud Mental y Salud Sexual, argumentando que dichas normativas representan una carga presupuestaria insostenible para el Estado.

Redacción

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Lemoine cruzó a Villarruel por su silencio tras la visita de diputados libertarios a represores condenados

La tensión dentro de La Libertad Avanza sigue escalando y, nuevamente, tiene a Lilia Lemoine como protagonista. La diputada no escatimó palabras al criticar el silencio de Victoria Villarruel frente a las duras críticas que recibieron seis diputados del bloque, quienes se reunieron con ex represores de la última dictadura militar en la cárcel de Ezeiza, entre ellos, el tristemente célebre Alfredo Astiz.

“Lo voy a decir. Me rompe soberanamente las bolas. ¿Por qué carajo Victoria Villarruel no saltó?”, lanzó Lemoine en su programa de radio, dejando claro su enojo por la falta de reacción de la vicepresidenta ante un hecho que generó un gran revuelo en el ámbito político. Lemoine, cercana al presidente Javier Milei, recordó que durante la campaña, el apoyo a las víctimas de la última dictadura fue un pilar de la retórica de Villarruel, lo que hace aún más incomprensible su silencio en esta ocasión.

Lemoine dejó en claro que no participó en la visita al penal y subrayó que, bajo ninguna circunstancia, se habría reunido con Astiz. “Fue su leitmotiv de campaña, a mí me están rompiendo las bolas en los medios por algo que yo no hice. Yo ni en pedo iría a visitar a Astiz, ni en pedo hubiera hecho eso”, sentenció, marcando distancia respecto de sus colegas de bancada.

La diputada también se mostró molesta por la cobertura mediática que la ha señalado en esta controversia, a pesar de su no participación en el encuentro. “Nosotros estamos preocupados por la pobreza, por la inflación, por la inseguridad, porque aparezca Loan, a que no haya violadores sueltos en la calle. Y un grupo de diputados que responde a Victoria Villarruel fue a visitar a Astiz. ¿Y qué dice Victoria al respecto? ¿Dijo algo? Porque yo no la vi pronunciarse“, cuestionó, en lo que parece ser un llamado de atención a la vicepresidenta.

Pero las críticas de Lemoine no se detuvieron ahí. También se refirió a un incidente ocurrido durante la campaña, cuando anarquistas la atacaron rociándola con nafta en un homenaje a las víctimas de la dictadura, organizado por Villarruel en la Legislatura porteña. “A mí durante la campaña me rociaron con nafta unos anarquistas chiflados… Y yo esperaba que Victoria me dijera: ‘¿Estás bien? ¿Te pasó algo?’. Y nada, ni una palabra”, relató, dejando en evidencia el malestar que aún arrastra por la falta de apoyo recibido.

El malestar de Lemoine también se dirigió a su compañera de bancada, Marcela Pagano, con quien tuvo un cruce tras la fallida sesión en Diputados el miércoles pasado. La expeluquera de Milei acusó a Pagano y a otras dos diputadas libertarias (Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta) de no haber dado quórum en la sesión, lo que desató una fuerte respuesta de Pagano, quien la calificó de “mitómana” a través de su cuenta en X: “No solo estuve presente y di quórum en la última sesión, sino que también lo hizo mi compañera Lourdes Arrieta”, replicó Pagano, desmintiendo las acusaciones de Lemoine.

Redacción

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Mauricio Macri: “La postulación de Lijo es un grave error y el PRO no va a acompañar, se lo dije a Milei”

Horas después de presentar el nuevo PRO, Mauricio Macri se manifestó públicamente contra la designación del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema. Además, detalló que le comunicó la postura al presidente Javier Milei, quien impulsó la candidatura del polémico magistrado.

“Pienso lo mismo que le dije a Javier, que no estaba de acuerdo, me parece que es un error. También lo dije hoy, lo más importante para restablecer a la Argentina es la confianza. La economía estable, sin inflación, sin déficit fiscal, es una pala, pero lo más importante es la Justicia“, indicó el exmandatario.

“Entonces, nominar a alguien que ya genera un debate enorme a la Corte, no sé Javier, no la entiendo. Pero es una decisión de él”, agregó.

Respecto de la postura de Milei, explicó: “Mi planteo con Milei fue ese. Hablar con la verdad y que nadie se enoje. Yo le dije todo lo que pienso. Le comenté que no me gusta Lijo y me contestó que es una decisión. Él cree que va a hacer un cambio, pero yo le respondí que necesitamos recuperar la confianza”.

Sobre los integrantes postulados por el hace ya varios años, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, manifestó que “gustaban más o menos, pero que no hubo debate”.

Además, adelanto que el PRO no acompañara el pliego en el senado. “Me parece que la mayoría de mis senadores no va a votar el pliego, puede que haya alguno que sí”, indicó.

Redacción

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Arrieta denunció a Mayoraz por violencia de género

El conflicto estalló a raíz de la polémica visita al penal de Ezeiza, donde un grupo de diputados libertarios se entrevistó con represores condenados. Arrieta, junto a su compañera de banca, Rocío Bonacci, alegó que ambas fueron engañadas para participar en la visita, desconociendo de antemano la identidad de los reclusos a los que iban a encontrarse. Esta revelación causó una ola de críticas dentro del bloque, especialmente hacia el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien Arrieta responsabilizó por la organización y autorización del traslado grupal al penal.

Durante una sesión de la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, Arrieta insistió en que Menem debía ser investigado por su rol en la polémica visita, lo que exacerbó las tensiones. Esta situación llevó a que, en una reunión posterior del bloque de LLA, Arrieta fuera duramente cuestionada por sus compañeros, con Nicolás Mayoraz y Gabriel Bornoroni liderando las acusaciones.

Lo que comenzó como una reunión para discutir la crisis interna del bloque rápidamente degeneró en un altercado violento. Según testimonios, Mayoraz y Bornoroni increparon a Arrieta por sus declaraciones públicas y por haber dado quórum en la sesión que rechazó el DNU del gobierno, que otorgaba $100 millones a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Durante la discusión, Mayoraz llegó a acusar a Arrieta de ser una “operadora kirchnerista” que estaba “trabajando en contra del gobierno de Javier Milei”.

La situación escaló cuando Arrieta —considerando que no se le permitía defenderse— comenzó a discutir a los gritos con Mayoraz. La tensión llegó a tal punto que Rocío Bonacci tuvo que salir a pedir ayuda a los asesores presentes. Varios de ellos irrumpieron en la sala justo cuando Mayoraz dirigía agresiones verbales contra Arrieta, lo que llevó a la intervención del personal de seguridad del Congreso, que recomendó a Arrieta abandonar el lugar para evitar que la situación se agravara aún más.

Tras el altercado, Arrieta se dirigió a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, donde radicó una denuncia por violencia de género contra Mayoraz y otros legisladores libertarios. En su denuncia, Arrieta detalla un ambiente hostil y de agresiones constantes que, según su relato, no se limitan a la discusión del día en cuestión, sino que reflejan una dinámica de violencia y abuso de poder que se mantuvo en el tiempo.

Redacción

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