Balenciaga es acusada de lanzar una campaña con APOLOGÍA A LA PEDOFILIA
En las fotos se ve a niños posando con juguetes para adultos. Tras su viralización, la lujosa marca se “disculpó” y eliminó todas las fotos de su cuenta de Instagram.
10 Years Experiences
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La casa de moda de lujo, Balenciaga, lanzó su polémica campaña Primavera 2023, a cargo del diseñador Demna, donde sexualizaba niños: los infantes aparecían posando con osos que vestían objetos utilizados para mantener relaciones sexuales sadomasoquistas (BDSM).
Campaña protagonizada por niños junto a objetos fetichistas.
Tras la viralización de las imágenes, la marca decidió eliminar la campaña de todas sus redes y su página web, así como también borrar todas sus publicaciones de Instagram.
Además, se disculpó por “cualquier ofensa que su campaña navideña haya causado” mediante sus historias de la mencionada red social y aseguró que “tomarán acciones legales contra los responsables”.
La marca se disculpó por medio de redes sociales, aunque no fue bien recibido por los usuarios de redes.
Las disculpas no fueron tan bien recibidas por los usuarios de redes, ya que consideraron que, si nadie hubiera hecho algún comentario al respecto, la campaña nunca hubiera sido eliminada por la marca.
Antecedentes
Tras la polémica, usuarios de Twitter trajeron a colación una serie de campañas anteriores donde también se podría observar referencias a la pedofilia.
Foto de la campaña Balenciaga x Adidas donde se puede ver de fondo la página 11 de la sentencia “Ashcroft v. Free Speech Coalition” del 2002.
Por un lado, está la de Balenciaga x Adidas donde en una foto se puede ver de fondo la página 11 de la sentencia “Ashcroft v. Free Speech Coalition” del 2002, una sentencia en cuyo caso se dijo que la pornografía infantil simulada (virtual) está protegida por la libertad de expresión, hecho al que también se pronunciaron en el comunicado de disculpas.
“Citizen Vigilante” es un thriller de acción de 2026 dirigido por el cineasta alemán Uwe Boll y protagonizado por Armie Hammer, que fue efectivamente bloqueado en Alemania —no por decreto gubernamental, sino porque la junta de clasificación cinematográfica FSK se negó a otorgarle cualquier calificación de edad— lo que, en la práctica, equivale a una prohibición comercial total.
“El sistema de clasificación se negó a darnos una calificación [en Alemania], así que ahora solo se puede ver si se trae un Blu-ray de Austria o Suiza”, afirmó Boll al medio Daily Telegraph.
El film sigue a Michael Sanders, un exmilitar estadounidense que vive en una ciudad europea innominada. Tras presenciar la impunidad con que quedan en libertad autores de delitos graves —en particular una violación grupal a una menor de 14 años cuyos agresores son liberados por su condición de refugiados— decide tomarse la justicia por su cuenta. Su campaña de violenta venganza no solo apunta a los criminales, sino también a jueces y funcionarios corruptos que, según la narrativa del film, los protegen.
La película se describe a sí misma como una versión del siglo XXI de Death Wish (El Justiciero de la Ciudad, 1974), el clásico film de vigilantismo protagonizado por la mítica estrella Charles Bronson. Sus críticos la llaman directamente “una fantasía de poder políticamente cargada”.
— Michael Sanders, interpretado por el actor Armie Hammer
La trama en sí no es pura ficción. El film se inspiró en casos reales documentados en Hamburgo. En 2016, cuatro jóvenes de entre 14 y 21 años violaron en grupo a una chica de 14 años y la dejaron semidesnuda e inconsciente en el frío. Tres de los cuatro menores recibieron condenas en suspenso (sin prisión efectiva). El escándalo fue enorme, con decenas de miles de alemanes firmaron una petición exigiendo cárcel para los agresores, y los fiscales apelaron las sentencias.
“Es como si viviéramos en un entorno político completamente absurdo y descabellado, sobre todo en Europa, donde la gente ha perdido totalmente el rumbo. Hay una enorme diferencia entre el llamado ‘discurso de odio’ y apuñalar a alguien en el cuello. Pero los hechos ya no importan”, sostuvo Boll.
— Fotografía del tribunal regional de Hamburgo durante el juicio por la violación grupal, mostrando a los abogados y acusados con los rostros pixelados para proteger su identidad en 2016
Un caso análogo ocurrió en 2023, cuando nueve hombres con diversas nacionalidades de origen extranjero (Libia, Kuwait, Irán, Egipto, Polonia) fueron condenados por la violación grupal de una joven de 15 años en un parque de Hamburgo, y solo uno recibió prisión efectiva (dos años y nueve meses), el resto obtuvo condenas en suspenso.
La decisión de bloquear la película no fue de un ministerio ni del gobierno como tal, sino que recayó en la FSK (Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft), el organismo de clasificación de películas alemán, fundado en 1949. Cuando la FSK se niega a dar cualquier calificación de edad a una película, el efecto práctico es que no puede ser exhibida en cines, vendida en formato físico ni distribuida por plataformas de streaming dentro de Alemania.
La FSK fundamentó su decisión en tres argumentos centrales. Por un lado, advirtió que la película glorifica la violencia vigilante al presentar los asesinatos del protagonista como actos heroicos y justificados, una representación que entra en tensión con la jurisprudencia alemana, contraria a la exaltación de este tipo de conductas. Además, consideró que el largometraje podía rozar el límite del delito de incitación al odio, previsto en el artículo 130 del Código Penal alemán, ya que expone a los inmigrantes casi exclusivamente como criminales dentro de un contexto político real. A esto se suma la legislación de protección a la juventud, que habilita a la autoridad a negar una calificación cuando una obra glorifica la violencia extrema o pone en riesgo la paz pública.
“Fue una decisión de censura deliberada. Contraté a un abogado para presentar una queja, pero perdimos por seis votos contra dos, ya que me dijeron que la película incitaba a la violencia contra los inmigrantes”, destacó Boll reconociendo que apeló judicialmente la decisión de que la película incitaba a la violencia contra migrantes.
Al bloquearse en Alemania, la película estrenó en EE.UU. y Canadá el 19 de junio de 2026 vía distribución limitada y Amazon Prime. Pero lo que la catapultó fue la censura misma. El 25 de junio de 2026, el director subió la película completa a su cuenta en X (Twitter) y el magnate tecnológico Elon Musk la reposteó, con lo que en pocas horas acumuló 9.5 millones de vistas. El film estuvo disponible gratis durante 48 horas.
Muchos usuarios de X calificaron esto como “el mayor efecto Streisand de la historia”. El efecto Streisand es el fenómeno por el cual intentar suprimir información genera exactamente el efecto contrario, multiplicando su difusión. La prohibición convirtió a una película de bajo presupuesto con distribución marginal en uno de los eventos culturales más debatidos de junio de 2026.
El “peor director vivo”
Uwe Boll (Wermelskirchen, 1965) es un director alemán radicado en Canadá, famoso por adaptar videojuegos al cine con resultados casi siempre desastrosos. Ganó el Razzie al peor director y a la peor carrera cinematográfica en 2008. Con 40 películas en su haber, varios de sus títulos figuran entre los peores calificados en IMDb. Sin embargo, una segunda etapa más ambiciosa incluye películas como Rampage (2009) —en la que un joven comete una masacre— o Assault on Wall Street (2013), ambas con protagonistas violentos que se rebelan contra sistemas percibidos como corruptos. Citizen Vigilante sigue ese patrón.
El actor estadounidense Armie Hammer, conocido por Call Me By Your Name (2017), vio su carrera destruida en 2021 cuando se filtraron supuestos mensajes privados con fantasías de canibalismo y mutilación, seguidos de acusaciones de violación por parte de varias mujeres. Tras investigación policial, no se presentaron cargos. Hammer pasó cinco años fuera del foco, admitió públicamente que su comportamiento “no era saludable” aunque negó los delitos más graves, y recibió la oferta de Boll como su vía de regreso. La ironía no pasó desapercibida para nadie, ya que es un hombre acusado de agresión sexual protagonizando una película sobre la justicia por mano propia frente a agresores sexuales.
“No lo acusaron de nada, no hubo ninguna demanda. Era solo un tipo famoso que andaba por ahí haciendo tonterías. Es guapo, carismático y podría ser James Bond. De hecho, sería perfecto para el papel”, subrayó Boll sobre Hammer.
Los datos de Rotten Tomatoes muestran una fuerte polarización en torno al film. Entre la crítica especializada, las dos reseñas registradas son demoledoras. Para algunos la película es “tan asombrosamente mala que casi parece que Boll está saboteando deliberadamente a Hammer”, mientras que otros la califican de “peligrosa” y la presentan como una suerte de manual para quienes creen que los inmigrantes son responsables de todos los males. En contraste, la respuesta del público es mucho más favorable, con más de 100 valoraciones de usuarios y un 92% de aprobación en el Popcornmeter de Rotten Tomatoes.
La Save Europe Act (“Ley para Salvar a Europa”) es una idea de ley política lanzada a fines de mayo de 2026 que busca recolectar firmas de ciudadanos europeos para obligar a la Comisión Europea a debatir y legislar sobre inmigración. Según los organizadores, se superó las 200.000 firmas en su primera semana, y en los días siguientes siguió creciendo hasta las 320.000 reportadas.
“Juntos vamos a salvar Europa, vamos a asegurar estas fronteras y los vamos a enviar de vuelta. Ese es el plan, nuestras demandas son simples y no podíamos hacerlo sin ustedes. Buen trabajo, y vamos a mantener ese número creciendo”, afirma la comentarista conservadora Eva Vlaardingerbroek, celebrando el numero de 250 mil firmas obtenidas.
Aquí está la clave para entender qué peso real tiene esta campaña. La Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) es un instrumento de democracia participativa de la Unión Europea (UE) que permite a los ciudadanos proponer legislación. El objetivo declarado es llegar al total de respaldo para activar un mecanismo legal de la UE llamado ICE.
Para que adquiera validez jurídica, la iniciativa debe reunir al menos un millón de firmas verificadas de ciudadanos de la UE, distribuidas en no menos de siete Estados miembros y recolectadas dentro de un plazo de doce meses a partir de su registro oficial.
Si se alcanzan estas condiciones, la Comisión Europea está obligada a reunirse con los promotores de la medida y emitir una respuesta formal, aunque no está obligada a adoptar la legislación propuesta. Es decir, el millón de firmas no crea ninguna ley automáticamente, solo fuerza un debate institucional y una respuesta pública de Bruselas.
La iniciativa fue presentada originalmente a fines de mayo de 2026 durante el Remigration Summit realizado en la ciudad de Porto, Portugal, y es impulsada por una coalición de referentes de la derecha radical europea. Su principal rostro público es Eva Vlaardingerbroek, abogada graduada en la Universidad de Utrecht, que cuenta con una amplia influencia en las redes sociales.
Entre los principales ideólogos también se encuentra Martin Michael Sellner, activista austríaco y cofundador del Movimiento Identitario de Austria en 2012. Considerado una de las figuras más influyentes del pensamiento identitario europeo, en 2024 generó una fuerte controversia al presentar a dirigentes de la Alternative für Deutschland (AfD) alemana un proyecto de “remigración” masiva hacia un supuesto “Estado modelo” en el norte de África.
— Martin Sellner, también conocido como el “hipster” de la extrema derecha en Europa
La propuesta recibió además el respaldo de Viktor Orbán, quien apoyó públicamente la campaña después de que esta superara las 150.000 firmas. Otro de los primeros respaldos políticos llegó desde el Reino Unido, donde el diputado Rupert Lowe, líder del partido Restore Britain, fue el primer legislador en adherir públicamente a la iniciativa.
El proyecto también cosechó apoyos de otros dirigentes de la AfD, entre ellos Alice Weidel, Tino Chrupalla y Björn Höcke, así como de referentes de la derecha nacionalista en Francia, Italia y España, entre ellos Jordan Bardella, Matteo Salvini y dirigentes de Vox.
— Viktor Orbán es un jurista y político húngaro. Ejerció como primer ministro de Hungría desde 1998 a 2002 y de 2010 a 2026
Esta iniciativa no surge de la nada. La UE lleva años endureciendo su política migratoria desde el centro político. En diciembre de 2025, los países miembros aprobaron la creación de “centros de retorno” fuera del bloque para solicitantes de asilo rechazados, y en marzo de 2026 el Parlamento Europeo ratificó el nuevo reglamento de retornos con apoyo de los bloques conservador y ultraderechista.
¿Qué pide concretamente?
El texto de la Save Europe Act se estructura en torno a cuatro ejes principales. El documento propone una moratoria migratoria que suspendería nuevas vías de inmigración extraeuropea, incluidas las vinculadas a la reunificación familiar, los estudios y determinadas solicitudes de asilo. A su vez plantea incorporar al derecho de la UE una protección explícita de la denominada “identidad etnocultural” de los pueblos europeos.
Otro de sus puntos centrales es la “remigración”, concepto bajo el cual se busca crear un marco europeo para facilitar el retorno, tanto incentivado como involuntario, de inmigrantes en situación irregular, solicitantes de asilo rechazados y personas que sus impulsores consideran una carga cultural o económica. A ello se suma una propuesta de soberanía fronteriza orientada a devolver a los Estados nacionales el control pleno de sus fronteras, en reemplazo del actual sistema de gestión compartida dentro de la UE.
— Una manifestación de 500 personas a favor de la remigración organizada por Martin Sellner en Viena en julio de 2023
El concepto central que moviliza a los firmantes es la llamada “Teoría del Gran Reemplazo”, acuñada por el escritor francés Renaud Camus en 2011. Esta teoría sostiene que la población blanca nativa de Europa estaría siendo reemplazada de manera deliberada por inmigrantes procedentes principalmente de África y de países de mayoría musulmana. De acuerdo sus defensores, detrás de este proceso existiría una supuesta “élite globalista judeomasónica” que impulsaría los flujos migratorios con el objetivo de transformar la composición demográfica del continente y conformar una población más fácil de controlar.
Los demógrafos y politólogos refutan este postulado como pseudociencia. El demógrafo francés Hervé Le Bras demostró que incluso en los escenarios con mayor migración, la población inmigrante y sus hijos nunca superaría el 50% de ningún país europeo. El politólogo neerlandés Cas Mudde la califica de “racista”, basada en la premisa falsa de que la “población no blanca es inferior”. La hipótesis, además, ha servido de inspiración directa para ataques terroristas, como el de Christchurch (2019, 51 muertos) y el de Buffalo (2022, 10 muertos), cuyos perpetradores publicaron manifiestos explícitamente fundamentados en ella.
Lo que los analistas independientes señalan es que la teoría toma datos demográficos reales (bajas tasas de natalidad en Europa, presión migratoria) y los descontextualiza, añadiéndoles una narrativa conspirativa sobre intencionalidad y coordinación que no tiene respaldo empírico.
Diversos académicos han señalado una serie de contradicciones y obstáculos jurídicos que podrían dificultar el avance de la Save Europe Act. Uno de los principales cuestionamientos radica en que invoca como fundamento legal la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, aunque varias de sus propuestas, especialmente las vinculadas a la denominada “remigración” basada en criterios étnicos o culturales, entrarían en conflicto con el principio de no discriminación consagrado tanto en esa Carta como en la Convención Europea de Derechos Humanos.
A ello se suma que, al momento de su lanzamiento, la campaña todavía no había completado el registro oficial como ICE ante la Comisión Europea. En consecuencia, las adhesiones recolectadas a través de la página web de los organizadores carecen de validez legal hasta que se habilite formalmente el procedimiento correspondiente.
Además, la Comisión Europea conserva la facultad de rechazar la propuesta antes de que avance en su tramitación si considera que el contenido de la iniciativa no se encuentra dentro de las competencias sobre las que el organismo tiene capacidad para legislar o actuar.
Venezuela sufrió el peor desastre sísmico de su historia reciente. Dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 golpearon el norte del país con apenas 39 segundos de diferencia. El epicentro se ubicó en el estado Yaracuy, pero la región más devastada fue La Guaira, el estado costero al norte de Caracas. El elemento central de esta tragedia fue el colapso masivo de los edificios residenciales de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), puesta en marcha en la gestión del exdictador Hugo Chávez.
“Todos los edificios quedaron iguales, se cayeron de lado. La gente está en las calles a la espera de que lleguen los rescatistas, pero el gobierno no hace nada”, destacaron los rescatistas venezolanos que se encuentran en la zona voluntariamente.
Al momento de la última actualización oficial del Estado venezolano, el saldo asciende a 1.430 muertos y 3.238 heridos, mientras que la ONU estima que más de 50.000 personas están desaparecidas bajo los escombros. Mientras estos edificios relativamente nuevos se derrumbaron, construcciones mucho más antiguas resistieron. Los bloques de Caricuao, El Valle, el complejo del 23 de Enero (construido por Pérez Jiménez antes de 1958) y hasta los históricos bloques de El Silencio, levantados en 1943, permanecieron en pie.
Ingenieros y especialistas advierten al menos cuatro factores estructurales detrás del problema. Entre ellos mencionan el uso de materiales de baja calidad, como tablas de madera, vigas y espuma de poliuretano amarilla que quedaron expuestos tras la afectación, elementos que no son aptos para una construcción con resistencia sísmica. También señalan el incumplimiento de las normas antisísmicas vigentes en Venezuela desde el terremoto de 1967, disposiciones que, según distintos informes, no habrían sido respetadas en varias obras de la GMVV.
A eso se suma la edificación sobre suelos inadecuados, algo que Transparencia Venezuela ya había documentado al advertir que numerosos urbanismos fueron levantados en zonas de riesgo y con materiales deficientes. Finalmente, remarcan la falta de supervisión técnica, un punto sobre el que el Colegio de Ingenieros de Venezuela ya había alertado en estudios previos, al subrayar sobre la vulnerabilidad de estos edificios y la ausencia de estudios de suelo apropiados.
El “Urbanismo Hugo Chávez” en Catia La Mar, La Guaira —un complejo de 192 edificios y 3.400 apartamentos donde vivían unas 7.000 personas— quedó prácticamente destruido. Según testimonios recogidos de uno de los ocupantes de esas viviendas, “de 193 edificaciones, solo quedaron 3 en pie”. La GMVV fue creada en 2011 por Chávez, originalmente para dar respuesta a los 30.000 damnificados por las lluvias de 2010-2011. Rápidamente se convirtió en el programa social insignia del chavismo, con una inversión declarada de entre 67.000 y 95.000 millones de dólares según distintas estimaciones.
Sin embargo, desde sus inicios el programa estuvo atravesado por irregularidades documentadas por organizaciones como Transparencia Venezuela e IPYS Venezuela. Entre los principales señalamientos figuran los sobreprecios y la presunta corrupción sistemática en su ejecución, que en la primera década superó los 15.500 millones de dólares, en un esquema sobre el que, de acuerdo a las denuncias, “no hay manera de hacer contraloría”.
Cuando el Estado construye viviendas con materiales de segunda categoría —facturados como premium—, sin cumplir normas técnicas, sin supervisión independiente y en zonas de riesgo sísmico conocido, las víctimas no fallecieron solo por el terremoto. Murieron también por la corrupción que les vendieron como “vivienda digna”, lo que en realidad era una trampa mortal.
La comparación más brutal la ofrece el hecho de que edificios de 1943 y 1958 sobrevivieron donde edificios de 2012-2016 se derrumbaron como castillos de arena. No porque en ese entonces los terremotos fueran más débiles, sino porque quienes los construyeron —bajo regímenes anteriores, con todos sus defectos— al menos respetaron las reglas mínimas de ingeniería.
Asimismo aparece el caso de Alex Saab, el empresario colombiano hoy detenido en Estados Unidos, quien participó como contratista de la GMVV desde 2011 e importó materiales prefabricados de baja calidad adquiridos a precios mínimos pero facturados con valores inflados, en medio de presuntos sobornos a funcionarios de CADIVI, el SENIAT y la Guardia Nacional. A eso se suman contratos internacionales fallidos, con convenios firmados con Bielorrusia, Uruguay y Brasil por los que se transfirieron fondos millonarios para obras que nunca llegaron a completarse. En ese contexto, la GMVV fue señalada además por su uso político, al ser concebida más como una herramienta de campaña que como una política habitacional técnica, con adjudicaciones discrecionales y criterios vinculados al control social.
“Quiero felicitar a todos los trabajadores que están levantando esta ciudad aquí en Catia La Mar”, afirmó Chávez en el lugar donde hoy luce derruido, tras exaltar un convenio con Turquía.
— Tabla que enumera a los 10 primeros Ministros de Obras Públicas y Vivienda de Venezuela, abarcando desde 1999 hasta 2010. Diosdado Cabello aparece dos veces en la lista
En 2013, apenas dos años después de iniciada la misión, ya tuvieron que demoler un edificio del urbanismo El Morro (Petare) por peligro de colapso, porque había sido construido sobre una falla geológica. Era una advertencia que nadie tomó en serio.
El doble terremoto que destruyó Venezuela
Lo que sacudió Venezuela no fue un terremoto seguido de réplicas menores. Los especialistas lo clasifican como un “doblete sísmico”. ya que se dieron dos eventos principales de magnitudes casi idénticas ocurridos de forma casi simultánea. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), fue el terremoto más potente registrado en Venezuela desde el año 1900. El segundo sismo, de 7.5, se produjo a solo 10 km de profundidad —un factor que lo hace especialmente destructivo, ya que la energía viaja más concentrada hacia la superficie.
Después de los dos sismos principales se registraron más de 214 réplicas, incluyendo una de magnitud 4.9 el domingo siguiente que obligó a interrumpir momentáneamente las tareas de rescate. Venezuela ya tenía un antecedente traumático, cuando el terremoto de Caracas de 1967 (magnitud 6.5) había dejado 283 muertos y derrumbado edificios de más de 10 pisos, especialmente en el litoral central —la misma zona que hoy vuelve a ser la más afectada.
La tragedia ocurrió en un contexto político excepcional. El 3 de enero de 2026, en una operación militar sin precedentes, Estados Unidos detuvo al exdictador Nicolás Maduro en Caracas y lo trasladó a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo. Desde entonces, Delcy Rodríguez —la exvicepresidenta y hermana del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez— ejerce como presidenta encargada.
Es este gobierno de transición bajo tutela estadounidense el que enfrenta los estragos del terremoto. Rodríguez anunció un fondo inicial de 200 millones de dólares proveniente de reservas venezolanas en el FMI para la reconstrucción. Por su parte, Estados Unidos comprometió 150 millones de dólares en ayuda humanitaria a través de organizaciones como World Vision, Catholic Relief Services y la OIM. Las pérdidas materiales totales son estimadas por la ONU en 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB venezolano.
Más de 1.600 rescatistas internacionales de México, El Salvador, España, Argentina, Ecuador, Colombia, Chile, Suiza, Países Bajos y EE.UU. trabajan en el terreno. La OIM estima que 6.76 millones de personas pueden verse afectadas, incluyendo 2 millones en Caracas. Cientos de venezolanos se refugian en parques con carpas, mientras equipos de búsqueda trabajan sin descanso entre escombros que podrían contener decenas de miles de víctimas.
La plataforma digital “Desaparecidos en Venezuela” registró más de 43.000 reportes individuales de personas cuyo paradero se desconoce, mientras el gobierno oficial reconocía apenas 188 muertos en las primeras horas —una diferencia que refleja, según críticos, la histórica subestimación oficial de las tragedias en Venezuela.
La medida de fuerza fue convocada por los cuatro gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense. Marca la primera huelga dirigida exclusivamente contra la gestión provincial desde haber asumido en 2019.
En su debut legislativo, la concejal Marcela López intentó desdibujar el carácter nacional y federal de la Fiesta Nacional de los Estudiantes con un polémico proyecto de “Patria Grande”. Para justificar la movida, mintió al asegurar que tenía el aval de los organizadores del evento. La Comisión Estudiantil le bajó el pulgar de inmediato, expuso su falsedad y le archivó la iniciativa por unanimidad.
El titular del Centro Hebraico provincial, Carlos Maravankin, calificó a los responsables como “grupos antisociales” y reclamó que las cámaras de seguridad permitan identificarlos.
Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia.
Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente… https://t.co/i3mmohafvc
