04 septiembre, 2025

Mar del Plata | El nuevo aliado de Javier Milei que le ha votado todo al kirchnerismo

Se trata del concejal de Crear, Alejandro Carrancio, quien opera con el armador nacional de La Libertad Avanza, Carlos Kikuchi, para quedarse con la Quinta Sección Electoral.
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El diputado nacional Javier Milei ya cuenta con varios representantes en función a lo largo y ancho del país, tal es el caso de Mar del Plata. Allí tiene al concejal de Crear, Alejandro Carrancio, quien además fue designado “a dedo” por el armador Carlos Kikuchi como coordinador de la Quinta Sección Electoral

La figura del edil es demasiado controversial, y no por sus cuestiones personales. Mucho menos por los diferentes colores que ha representado (muchos de ellos contradictorios), o bien el hecho de los años interminables en los que sobrevivió del Estado. Sino más bien que sea representante del “anticasta” Milei y, sin embargo, no se canse de votarle proyectos a favor al Frente de Todos (FdT).

Alejandro Carrancio on Twitter: “En Basa planificando el armado provincial de @JMilei junto a @CarlosKikuchi @SantilanJuli1 y @erecalt. Con un equipo comprometido y los objetivos claros las expectativas se van a cumplir. pic.twitter.com/9kBqid65V2 / Twitter”

En Basa planificando el armado provincial de @JMilei junto a @CarlosKikuchi @SantilanJuli1 y @erecalt. Con un equipo comprometido y los objetivos claros las expectativas se van a cumplir. pic.twitter.com/9kBqid65V2

El representante de Javier Milei en Mar del Plata cuenta con un historial sumamente polémico, con “metidas de mano en el bolsillo del contribuyente” con ideas ridículas. Un claro ejemplo es que, en el mes de julio del pasado año 2018, pidió por una “Comisión de Fiscalización de Implementación y ejecución del Convenio Marco de Colaboración para la Gestión Integral de residuos Urbanos y Convenios Específicos”.

Dentro del último año, pasadas las elecciones legislativas del 2021, no solo toda su labor como edil se redujo a declarar de interés cultural cualquier cosa que se le cruce, o bien otorgó reconocimientos a personalidades marplatenses. También, se dedicó a promover ordenanzas contra las libertades de los individuos, como la idea de que se siga utilizando el tapabocas en cualquier dependencia municipal, cuando en el 70 por ciento del país ya ni siquiera es obligatorio.

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Por otro lado, entre las medidas para que el bolsillo del contribuyente siga siendo de lo más castigado, pidió por una modificación del artículo 9 de la Ordenanza 23.457, la cual se refiere al estacionamiento por tiempo medido, tarifado en la vía pública. Si bien buscaba que se quede exento también a quienes vivían en las zonas donde se aplicaba, la desventaja es que no contemplaba el incremento para aquellos que debían movilizarse hacia esos lugares. Solamente se realiza dicho cobro en los sitios del centro, lo cual perjudica más la periferia. 

Asimismo, en la misma línea de golpe hacia los sectores que más pagan tarifas municipales, Alejandro Carrancio tuvo como idea presentar un proyecto para crear la figura del Defensor del Pueblo, “en el ámbito del Partido de General Pueyrredón”. El artículo 20, del expediente presentado por el referente de Javier Milei, se indica la financiación del puesto municipal sugerido: “Propondrá al Departamento Deliberativo la partida presupuestaria que considere pertinente y designará su personal técnico y administrativo. Dictará el Reglamento Interno de su dependencia y su personal se regirá por lo dispuesto en el Estatuto del Personal Municipal”.

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La cercanía que tiene el referente de Javier Milei con el Frente de Todos (FdT) de Mar del Plata es de lo más explícita. Por ejemplo, no solo cada expediente que pasa por el Concejo Deliberante es visto por Carrancio con los mismos ojos que el kirchnerismo (ya sea votando igual o siendo citado por los oradores K), también llega a puntos de acomodarse con la oposición, sin importar el valor que ello les cuesta a los vecinos. 

Sucedió con la sesión de febrero, en donde se trató el Programa de Seguridad Vial que llevó adelante el intendente Guillermo Montenegro. En el mismo, referentes kirhneristas como Virginia Sívori (La Cámpora), Vito Amalfitano (Abrazo Ciudadano) y María Sol de la Torre (Frente Patria Grande) lo tomaban como eje de la oposición contra el plan municipal, llegando a arengarlo. Igualmente, no pudo lograrse el freno con 13 votos afirmativos y tan solo 10 negativos, más una ausencia.

Ante todo lo referido, es sumamente esencial citar aquellos quienes, en el radiopasillo del Palacio Municipal, afirman que “Carrancio no es Javier Milei, es Sergio Massa. Dando a entender que aún se siente identificado con el FdT, y piensa que la actividad legislativa que realiza no trasciende, por lo que actúa como es realmente.

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El municipio de un intendente de LLA acumuló una deuda de casi $3000 millones

Un informe realizado por el Tribunal de Cuentas reveló la situación financiera del municipio de Allen (Río Negro). En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante, los ediles presentaron un documento de aproximadamente 80 páginas solicitado al organismo de control, que describió el estado de las cuentas de la gestión del intendente libertario, Marcelo Román

Según el informe, al 30 de junio de 2025 la deuda con proveedores casi llega a los $3.000 millones, mientras que el total de ingresos (coparticipación nacional y provincial e ingresos propios) rondó los $1.387 millones.

En esa sesión, el concejal Guillermo Pennesi (Juntos Somos Río Negro) calculó que, comparando ingresos y egresos, el municipio contó con aproximadamente $18 millones disponibles para lo que restó de 2025: “Estos recursos deberían destinarse a combustibles, repuestos, infraestructura y obras. Como todos sabrán, 18 millones para un municipio es ínfimo; con este número solo, la situación se vuelve extremadamente preocupante”, afirmó. 

Los gastos en eventos deportivos y culturales se destacaron entre los rubros observados. Para la Fiesta Nacional de la Pera, el municipio destinó $14.405.675 en 2024 y elevó ese gasto a $567.113.095 en 2025.

Además, en 2024 el triatlón de la Pera implicó $907.900. Un patrón similar se registró en los festejos del 25 de Mayo, que también coinciden con el aniversario de la ciudad: el gasto fue de $907.900 en 2024 y ascendió a $251.261.879 en 2025. 

El cuerpo legislativo también puso atención en el gasto en publicidad y asesorías. Según el relevamiento, el Ejecutivo destinó $34.548.568 al rubro publicidad y $58 millones a distintas asesorías.

– Junto a la diputada nacional de LLA, Lorena Villaverde

La revisión de las horas extras constituyó otro foco de críticas. El Tribunal de Cuentas registró un promedio mensual de 5.307 horas extras. Hasta junio de 2025, el municipio informó 209 funcionarios y contratados, y una planta permanente de 214 empleados. La planta permanente acumuló más de 3.331 horas extras y los contratados sumaron 2.357: “Uno se pone a dividir las horas extras y hay gente que hizo casi 80 horas, es imposible, no duermen, hay un desmanejo administrativo”. fustigaron. 

Durante la sesión se barajó la posibilidad de declarar la emergencia económica ante el cuadro financiero descrito. El concejal Gustavo Addamo (JSRN) sostuvo que “estamos frente a una desidia importante y si los números no cierran, es complejo panorama”, y aseguró que hasta el viernes previo el cuerpo no recibió “ningún proyecto, propuesta o declaración por parte del Ejecutivo” sobre la situación. Por su parte, Agustina Sánchez (JSRN) manifestó que en varias ocasiones se advirtió de este escenario y afirmó que “es deber del Ejecutivo velar por los recursos públicos y garantizar la continuidad de los servicios esenciales, algo que hace rato no está sucediendo”. 

LA RESPUESTA DE ROMÁN

El intendente libertario Marcelo Román cuestionó públicamente el informe del Tribunal. “¡Basta de operaciones políticas disfrazadas de control institucional!”, publicó en redes. 

“No vamos a permitir que le sigan mintiendo a nuestros vecinos”, agregó. Luego emitió un comunicado en el que expresó: “Desde el Gobierno Municipal expresamos nuestro enérgico rechazo al informe recientemente enviado por la actual presidente del Tribunal de Cuentas, Belén Villar, al Concejo Deliberante de nuestra ciudad. Consideramos dicho documento un acto irresponsable, con claros fines políticos, que busca generar confusión y malestar en la ciudadanía a través de datos falsos y omisiones deliberadas”. 

– Segmento del comunicado del intendente, publicado en su muro de Facebook

Respecto de las cifras, Román aseguró que la deuda actual real “es mucho menor a la denunciada por el Tribunal de cuentas, la misma resulta ser $830.000.000, aproximadamente, cifra afrontable en el contexto de las finanzas municipales”. 

También señaló que se omitió la deuda que contribuyentes mantienen con el municipio, que, según sus palabras, ascendió a más de $3.100.000.000, y mencionó $29.000.000 en regalías mensuales que el municipio destinó a obras públicas. 

Sobre la Fiesta de la Pera, sostuvo que “dicha celebración no solo fue histórica en cuanto a convocatoria popular, sino que generó un impacto económico altamente positivo para el comercio local”. “La cultura, lejos de ser un gasto, es una inversión social que promueve identidad, turismo y movimiento económico”, remarcó.

VÍNCULOS DEL INTENDENTE CON UN EMPRESARIO LOCAL

A finales de julio, la Justicia retiró documentación del municipio de Allen en el marco de una investigación preliminar por peculado contra Román y por usurpación de cargo público contra Sebastián Ocampo, tras otra una denuncia del Tribunal de Cuentas. Días antes, la policía había allanado propiedades de Ocampo. Según informó la defensa del intendente, a cargo del abogado Matías Rubio, la Fiscalía presentó una solicitud de entrega voluntaria de documentos y no resultó necesario allanar, porque el municipio entregó la documentación requerida.

El organismo señaló que Sebastián Ocampo “ejerce funciones propias del cargo de intendente del municipio de Allen sin tener la facultad legal para ello. Esto incluye la toma de decisiones en la gestión municipal, participación activa en reuniones de gabinete, decisiones sobre compras, contrataciones y asignaciones presupuestarias”. El Tribunal indicó que contó con testimonios que certificaron la existencia de ese ejercicio irregular, constató la línea telefónica que Ocampo utiliza y que abona la comuna, y describió pagos de honorarios mediante publicidad a su radio y una supuesta triangulación de facturas a través de un empleado de sus medios.

La denuncia que inició la fiscalía el 26 de junio llevó las firmas de Florencia Torres Castaños y María Belén Villar, integrantes del Tribunal de Cuentas, y del asesor letrado Ezequiel Martínez, y consignó también a Matías Piergentili (presidente del cuerpo) y a Facundo Jara Godoy.

– Allanamientos en la propiedades de Sebastián Ocampo, el pasado jueves

El día del procedimiento se observaron policías provinciales en la municipalidad y un medio local registró que la oficina del intendente permaneció cerrada. La actividad se concentró en la Secretaría de Hacienda. En paralelo, Román enfrentó renuncias de funcionarios que se alejaron del gabinete y manifestaron irregularidades, aunque no radicaron denuncias penales.

Intendente de LLA dilapidó $877 millones en festivales y contradijo a Milei: “La cultura, lejos de ser un gasto, es una inversión”

Un informe del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Allen expuso los números en rojo de la gestión de Marcelo Román, intendente local y vicepresidente de La Libertad Avanza de Río Negro, quien es investigado en la Justicia por malversación de fondos públicos.

El documento de 106 páginas al que tuvo acceso DATA24 detalla ingresos y gastos del  municipio entre 2024 y 2025. Fue emitido el 13 de agosto y leído al día siguiente en el Concejo Deliberante local. Durante la sesión quedaron registradas expresiones de sorpresa de los concejales ante las cifras informadas.

El monto que capturó toda la atención es la deuda que el Municipio tiene con proveedores: casi $3000 millones.

Captura de la última página de las 16 que utilizó el Tribunal de Cuentas para detallar el total de la deuda de Allen con proveedores

Sin embargo, otros gastos realizados por el intendente libertario Marcelo Román chocaron de lleno con el discurso del presidente Javier Milei. Se trata de los más de $576 millones que, según el Tribunal de Cuentas, se gastaron para la Fiesta Nacional de la Pera 2025.

De esa edición se destacan las participaciones de reconocidos artistas. Según consta en el documento, la banda de rock Kapanga cobró poco más de $28 millones; la convocatoria del reconocido músico Miguel Mateos costó $52 millones y la agrupación de cuarteto oriunda de Córdoba, Q’Locura, se llevó unos $123 millones.

La polémica se intensifica si se compara con lo gastado un año antes para el mismo festival: más de $14 millones, por lo que la cifra tuvo un aumento interanual superior al 4000%.

A lo dilapidado en las dos ediciones de la Fiesta de la Pera se le suman los gastos realizados por los festejos del 25 de Mayo, día que la fecha patria comparte con el aniversario de Allen (ciudad fundada en el año 1910).

Los festejos locales del 2024 comprendieron un gasto total de $35 millones. Entre las personalidades artísticas, se destaca un show infantil de Fabián Alberto Gómez, más conocido como Piñón Fijo, quien cobró al Municipio unos $4,6 millones. El monto queda chico al lado de los $90 millones que se necesitaron para contratar a Los Auténticos Decadentes para el aniversario pasado, cuando el total erogado fue de $251 millones: un aumento mayor al 615% de un año a otro.

Este medio intentó, sin éxito, contactar a los concejales Guillermo Pennesi (Juntos Somos Río Negro) y Marta Crespo (Nos Une Río Negro) para acceder al informe completo y ampliar la información. Pennesi nunca respondió; con Crespo hubo un primer intercambio, pero luego interrumpió las comunicaciones. Finalmente, el documento citado, insumo central de esta nota, fue proporcionado por un funcionario provincial ajeno a la localidad de Allen.

MARCELO ROMERO CONTRADIJO EL DISCURSO DE MILEI SOBRE LOS FESTIVALES: “LA CULTURA, LEJOS DE SER UN GASTO, ES UNA INVERSIÓN SOCIAL”

Uno de los ejes discursivos del Presidente y máximo referente de la militancia libertaria fueron las duras críticas que, con lógico fundamento, Javier Milei realizó a los gastos que destina el Estado para financiar las miles de fiestas que se celebran a lo largo y ancho del país. 

Según el informe “Fiestas Populares y Festivales Argentinos” realizado por el Sistema de Información Cultural de la Argentina, todavía bajo el yugo estatista de Alberto Fernández, para 2022, el Ministerio de Cultura informó que en nuestro país se desarrollaron cerca de 3.255 festivales de los cuales el 74% son gestionados por organismos públicos nacionales, provinciales o municipales.

– Dato 2022: en nuestro país se desarrollaron cerca de 3.255 festivales de los cuales el 74% son gestionados por organismos públicos

Con este tipo de datos sobre la mesa, el Presidente y sus militantes señalan y cuestionan, sistemáticamente, a diversas personalidades de la cultura. De hecho, de esta cuestión nace la conocida rivalidad entre Javier Milei y Lali Espósito, la cantante que facturó millones al Estado.

Alejado de este principio libertario, el intendente Romero justificó los montos que realizó su Municipalidad: “Respecto a los cuestionamientos sobre la Fiesta de la Pera, dicha celebración no solo fue histórica en cuanto a convocatoria popular, sino que generó un impacto económico altamente positivo para el comercio local, emprendedores y la economía social, con una inversión pública significativamente menor que la de eventos similares en ciudades vecinas. La cultura, lejos de ser un gasto, es una inversión social que promueve identidad, turismo y movimiento económico”.

Dos segmentos del extenso comunicado publicado por Romero en su Facebook. Fuente: https://qrcd.org/96uJ 

La frase se desprende de una suerte de comunicado que Romero publicó en su muro de Facebook. El texto se titula “Basta de operaciones políticas disfrazadas de control institucional” y, además de contradecir al Presidente justificando “la inversión en cultura”, repudió el informe del Tribunal de Cuentas, aludiendo que tiene una “clara dirección política” para perjudicarlo y que busca “generar confusión y malestar en la ciudadanía a través de datos falsos”.

– Cortesía de AN Allen (FM 99.5)

Finalmente, el intendente Romero no solo cuestionó la falta de “validez técnica” del informe, sino que también puso en duda el trabajo de la presidente del Tribunal de Cuentas, María Belén Villar al sostener que es una mujer “sin formación académica ni experiencia comprobada en la función pública” que “excedió” sus atribuciones y “utilizó un órgano institucional para hacer política de desprestigio”. Además, aseguró que la deuda “real” del municipio es de $830 millones: $2170 millones menos que lo informado por el Tribunal.

La investigación por peculado contra el intendente de Allen sumó otra mancha al oficialismo nacional. Como se dijo, Marcelo Román ocupa el rol de vicepresidente de La Libertad Avanza de Río Negro y es alfil de otra figura libertaria que enfrenta múltiples denuncias: la diputada nacional Lorena Villaverde.

Román está afiliado al partido del Presidente. Llenó la ficha en mayo del año pasado, convirtiéndose en el primer intendente de LLA en Río Negro, luego de abandonar las filas de la UCR tras su triunfo en las elecciones de 2023 en las que se impuso con el 35% de los votos desde la boleta del partido centenario.

Sin embargo, pese a su cargo como vice del partido a nivel provincial, la dirigencia de La Libertad Avanza de Río Negro se apresuró para despegarse de la compleja situación que enfrenta Román.

Julián Goinhex, mano derecha de la diputada Villaverde, definió al asunto como “una cuestión de gestión” (municipal) y dijo que Romero estaba alejado de las cuestiones partidarias desde marzo: “No asiste a las reuniones”.

Las cifras se hicieron públicas a fines de junio, cuando el Tribunal de Cuentas denunció a Sebastián Ocampo, principal asesor del intendente Marcelo Román y empresario local de medios partidarios, por presuntamente ejercer funciones propias del jefe comunal sin designación formal.

El lunes 28 del mes pasado, autoridades judiciales y policiales allanaron la Municipalidad.

Desde entonces, Román enfrentó una cadena de renuncias. A 24 horas del escándalo, el jefe de Gabinete Benjamín Marín fue el primero en dejar el cargo. Luego se alejaron la secretaria de Desarrollo Social Marta Escobar, el director de Gestión Comunitaria Rolando Barrueto y su representante en el Tribunal de Cuentas Matías Piergentili.

En Hacienda hubo dos salidas. Griselda Morell renunció en mayo: “Las decisiones más relevantes no se tomaban en el despacho del intendente, sino que eran impuestas por un asesor sin nombramiento oficial”, declaró entonces, anticipando el escándalo.

– La fiscal María Celeste Benatti durante el procedimiento

El cargo fue ocupado luego por Gloria López, quien también renunció. Actualmente, la cartera está a cargo de la contadora pública Cristina Bravo, exintegrante del Tribunal de Cuentas.

La causa continúa en etapa de investigación bajo la órbita de la Fiscalía N.º 4 de General Roca, a cargo de la fiscal María Celeste Benatti.

La oposición empuja una nueva comisión investigadora sobre $LIBRA

La investigación parlamentaria sobre la criptomoneda $Libra, que involucra al presidente Javier Milei en una presunta estafa millonaria, enfrenta una grave crisis política que la mantiene paralizada desde abril de 2025. La comisión creada para investigar no logró conformarse formalmente debido a un empate entre oficialismo y oposición, con 14 diputados de cada lado, lo que bloqueó la elección de autoridades y frenó el inicio de las pesquisas.

El oficialismo sostiene que el plazo de 90 días para funcionar venció el 30 de julio y exige la disolución de la comisión. Desde ese espacio político, se argumenta que no tiene sentido mantener una instancia sin resultados concretos ni avances, y que el desgaste político solo perjudica a la institucionalidad.

En cambio, la oposición denuncia una maniobra para enterrar la investigación y exige que el conteo del plazo de funcionamiento se reinicie solo cuando la comisión cuente con presidente y autoridades electas. Para ellos, esta situación evidencia una estrategia para proteger a los involucrados y evitar que se llegue a esclarecer la verdad.

Con este escenario, la oposición propuso modificaciones reglamentarias para romper el empate y poner en marcha la comisión. La iniciativa plantea que el bloque con mayor representación en Diputados pueda designar al presidente en caso de empate, además de redefinir las condiciones para la constitución del quórum y facultar al presidente para dirimir empates en votaciones futuras.

Estas modificaciones serán debatidas en un plenario el 12 de agosto, en una sesión que promete ser decisiva. Si se rechazan los cambios, la oposición ya anunció que evaluará recurrir a mecanismos más fuertes, en los que se incluye la posibilidad de iniciar un juicio político para forzar la continuidad del caso.

– “Vamos a destrabar el bloqueo con el que el oficialismo y sus aliados frenaron toda la investigación durante tres meses”

La primera versión del proyecto fijaba una composición diseñada para garantizarle mayoría a la oposición. El texto establecía que cada bloque con al menos cinco diputados obtendría un representante. Los bloques con más de cinco podrían reclamar dos. Y además, se sumaría un miembro adicional por cada veinte bancas. Con esta lógica, Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica se aseguraban controlar la comisión investigadora.

Pero esa arquitectura política se desmoronó en tiempo récord. El PRO, junto con el MID de Oscar Zago y el monobloque Somos Fueguinos, se reconfiguró como interbloque con 41 integrantes y reclamó cuatro lugares, uno más de los previstos. La Libertad Avanza hizo lo mismo al sumar al monobloque CREO, de la tucumana Paula Omodeo. Poco después, los llamados “radicales con peluca” rompieron con el armado tradicional y conformaron la Liga del Interior.

El resultado fue un escenario de empate perfecto. Catorce diputados con voluntad de avanzar en la investigación a fondo, y otros catorce sin intenciones de tocar al oficialismo. Entre los primeros estaban seis de UxP, dos de Encuentro Federal, dos de Democracia para Siempre, dos de la Coalición Cívica y dos del Frente de Izquierda. Del otro lado, se alinearon cuatro de La Libertad Avanza, cuatro del bloque PRO/MID, dos radicales orgánicos, dos de la UCR libertaria y dos de Innovación Federal. Así, todo quedó congelado.

La Libertad Avanza y el PRO sellaron una alianza electoral en CABA 

La Libertad Avanza y el PRO acordaron hoy competir juntos en la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. El frente se inscribió dos días antes del cierre oficial y confirmó un reparto que consolidó la supremacía libertaria: las dos candidaturas titulares al Senado y los tres primeros lugares de la lista a Diputados quedaron en manos del oficialismo; el PRO obtuvo los lugares 5 y 6.

Karina Milei y Mauricio Macri lideraron una negociación exprés que destrabó el pacto luego de varias jornadas de tensión. En la etapa preliminar, las tratativas estuvieron a cargo de Pilar Ramírez por LLA y Ezequiel Sabor por el PRO.

– Las conversaciones se frenaron cuando el PRO rechazó inicialmente los puestos que consideró de baja competitividad

La boleta porteña exhibirá exclusivamente la marca libertaria y su color violeta: no contendrá ni el nombre ni el tradicional amarillo PRO, condición central impuesta por LLA y aceptada por el macrismo. Entre los nombres propuestos por el PRO para sus posiciones figuran la consejera de la Magistratura Jimena de la Torre, el exsecretario general de la Presidencia Fernando de Andreis y el escritor Hernán Iglesias Illa.

La lista al Senado estaría encabezada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, acompañada por otro referente libertario. El PRO no ocupará lugares titulares en la Cámara Alta, pero podría ubicar un suplente de confianza de Macri.

Las conversaciones se frenaron cuando el PRO rechazó inicialmente los puestos que consideró de baja competitividad. Desde la sede de Uspallata, Jorge Macri y María Eugenia Vidal reclamaron lugares más altos; sin embargo, el macrismo adoptó finalmente una estrategia pragmática y se integró a la alianza. Vidal confirmó que no será candidata en esta tanda y adelantó que no acompañará los vetos del presidente Javier Milei en la Cámara de Diputados.

Además del reparto de candidaturas, Karina Milei y Mauricio Macri acordaron crear una mesa de coordinación entre la Casa Rosada y la Jefatura de Gobierno porteña para gestionar préstamos internacionales destinados a obras de infraestructura, entre ellas la ampliación de la red de subterráneos.

Mientras IOMA le debe $4.100 millones al Garrahan, Kicillof gasta $28.000 millones en pauta

La evidencia de una deuda cercana a los 4.100 millones de pesos entre el IOMA y el Hospital Garrahan se vuelve central en el cruce entre jurisdicciones. La información oficial del consejo administrativo del Garrahan detalla ese pasivo, señalando que constituye un 40% de los más de 10 mil millones adeudados por obras sociales provinciales. Parte de ese monto—unos 2.500 millones—estaría judicializado. 

En ese escenario, voces del gobierno nacional apuntan a que se trata de una deuda histórica. El Garrahan aseguró que solo una parte mínima fue abonada, mientras que Nación insiste en la acumulación que afecta la gestión hospitalaria.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, ofreció una mirada restrictiva: indicó que en 2025 el hospital facturó 1.268 millones y que ya cobró 1.006 millones.

La Legislatura bonaerense, por su parte, registró acciones formales. La senadora Yamila Alonso presentó un pedido de informes que requiera desglose detallado, montos judicializados, diferencias entre deuda histórica y reciente, y un plan claro para su resolución. 

Del otro lado, senadores del PRO, desde la Legislatura, levantaron la alerta institucional y sanitaria. Advertían que esa situación podría comprometer la atención pediátrica en el principal centro especializado del país. En ese contexto, el Hospital Garrahan, en conjunto con gremios y pacientes, realizó una bicicleteada solidaria y medidas de fuerza, en demanda de respuestas urgentes. 

– Nicolás Kreplak, Axel Kicillof y Homero Giles (titular IOMA)

En paralelo, una investigación de El Disenso expuso desembolsos en pauta oficial que llegaron a los 28 mil millones de pesos por parte de Axel Kicillof durante los primeros seis meses de 2025.

Lo llamativo es el aumento exponencial de la pauta en los meses previos a una elección. El año pasado, la provincia de Buenos Aires había superado los 26 mil millones de pesos en pauta. En menos de seis meses, el monto ya se igualó.

De acuerdo a información a la que accedió en exclusiva citado medio, el gobierno de Kicillof proyecta gastar más de $56.000 millones para fin del ejercicio.

*Con información de El Disenso

Caminos rurales intransitables frenaron la producción de un tambo y el intendente pidió que “sigan pagando y recen que no llueva”

El establecimiento lechero de Matías Santa María, en el partido de Carlos Casares en el noroeste bonaerense, con más de 900 vacas en ordeñe y 22 empleados, se vio obligado a desmontar su producción esta semana porque los caminos rurales que lo conectan con la localidad de Ordoqui quedaron intransitables tras meses de inundaciones. La respuesta del intendente de Unión por la Patria, Daniel Stadnik, disparó la indignación.

“Sigan pagando y recen para que no llueva”, afirmó Standik, tras sufrir un “colapso” de 200 mm solo en julio y entre un 75% y 80% del promedio anual en el primer cuatrimestre de 2025. El municipio cobraría a los productores para mantener dichos caminos, pero los fondos terminaron siempre “en cualquier otra cosa”.

En apenas cuatro meses cayeron cerca de 1.000 mm, el doble del promedio anual. La saturación del suelo y la ausencia de escurrimiento natural en esta “región arreica” convirtieron los caminos de tierra en verdaderos canales de barro. Sin obras ni mantenimiento, el tambo redujo bruscamente su infraestructura, trasladando 400 vacas a un campo en Bolívar, donde se secó “de urgencia” y se vendió el resto de los animales.

Tras una protesta de productores en el mes de mayo, el propio Stadnik, quien es ingeniero civil, admitió la crisis pero argumentó que se debía a la falta de recursos municipales y pidió “rezar” para que dejara de llover. El 29 de ese mes, la provincia declaró la Emergencia/Desastre Agropecuario para Carlos Casares y otros 11 partidos, con más de 32 km sin dragar, sumado a la falta de alcantarillas y alteos, provoca cada año enormes pérdidas productivas que, según la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), superan los US$5.000 millones.

“El barro en el que hemos estado metidos desde marzo, cuando comenzó la inundación, es peor que el otro barro de la política, yo no sé qué me da más miedo”, ironizó Andrea Passerini, productora agropecuaria y coordinadora en CARBAP.

Stadnik sostuvo que “la tasa vial no alcanza” y que las “grandes obras” dependen de Nación, subrayando que solo el 70% de lo recaudado se destina a caminos rurales, el resto va a gastos corrientes. Los productores exigen que el 100% de la tasa vial se use en caminos y que Nación reactive el tramo IV del Plan Salado. Además, acusan de una “falta de federalismo” que los deja solos ante la crisis.

“El municipio no reconoce el problema”

Las alcantarillas rurales llevan dos décadas sin renovarse, según los productores. El relieve plano forma una “palangana” que retiene el agua; sin drenajes ni limpieza de canales, la escorrentía es mínima. El resultado es un corte recurrente de los accesos, impidiendo el paso a tractores o camionetas 4×4 para movilizarse, leche venciendo y alumnos sin escuela durante semanas.

“No hubo respuesta del Estado en ninguno de sus tres niveles, ni municipal, ni hablar, no existe. Quieren salir a hacer remiendos ahora cuando debieron haber hecho las obras en su momento, y ahora no se puede hacer nada”, enfatizó el presidente de la Sociedad Rural de Bolívar, José Erreca, en una nota periodística.

Los productores exigieron obras hidráulicas claves, como el canal aliviador entre 25 de Mayo y Casares, que están inconclusas. Esto genera una menor oferta de leche cruda en una provincia que aporta el 36% del consumo nacional, así como escuelas rurales aisladas, servicios de salud interrumpidos y pérdida de empleo.

*Con información de Bichos de Campo

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