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El presidente Alberto Fernández fue denunciado el último jueves por «hacer lo que le manda su vicepresidente». La presentación fue realizada por el abogado Daniel Igolnikov, a quien nadie podría tildar de macrista pues fue el hombre que, entre otras causas, impulsó la investigación contra Mauricio Macri por viajar a Francia y romper así la cuarentena que entonces regía en todo el territorio nacional.
Este lunes, Igolnikov habló con Periodismo y Punto Radio (FM Cultura 97.9) y justificó su presentación contra Fernández al señalar que «una serie de conductas de él, todas de obsecuencia, demuestran que la Presidencia real -el ejercicio del Poder Ejecutivo- parecería estar en manos de quien sus seguidores ya la están calificando como ‘la Presidenta’». Y apuntó: «La cuestión partidaria es una cosa, la cuestión institucional es otra».
En este sentido, el abogado recordó que «el presidente de la Nación es uno solo y viene resignando posiciones y mirando para otro lado» y consideró «una vergüenza que el máximo magistrado haga lo que le manda otra persona, porque el máximo magistrado es el mandatario del pueblo». Por ende, le exigió a Fernández que se sincere y diga que «realmente comparte el poder, lo cual no está previsto en nuestra Constitución, o (que) no lo tiene».
«Por ahí el mensaje ‘el funcionario que no sirve, que se busque otro laburo’ fue un anticipo de lo que dicen que ha hecho grande a los Estados Unidos. Tres palabras, que dicen ‘queda usted despedido’. Creo que, como argentino, como ciudadano, lo que está sucediendo no corresponde. Y no solamente por una opinión personal», amplió Igolnikov durante la entrevista que concedió a PyP Radio en FM Cultura.
Por otro lado, el abogado reveló que realizó una ampliación de su presentación, haciendo hincapié en lo que fue el VacunaGate, y comentó que solicitó ser aceptado como querellante en la causa que investiga el vacunatorio VIP.
La denuncia contra Alberto Fernández recayó el último viernes en el juzgado federal Nº 6, que actualmente subroga la jueza María Eugenia Capuchetti, quien lleva además la investigación sobre las irregularidades en el plan de vacunación.
A continuación, la entrevista completa:
*Fuente: Periodismo y Punto
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El concejal Cristian Beneito, de Vamos Juntos, presentó un proyecto en el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon que apunta a incorporar publicidad en los polideportivos municipales para generar nuevos recursos destinados a su mantenimiento. La iniciativa plantea la modificación de la Ordenanza Municipal Nº 22.920, que regula el Código de Publicidad, mediante la adición del artículo 60.5, habilitando la colocación de anuncios en los polideportivos Las Heras, Colinas de Peralta Ramos, Libertad, Centenario y los que se sumen en el futuro.
“Seguimos apostando con el sector privado para generar más trabajo y así mejorar nuestros polideportivos municipales”, expresó Beneito al presentar el proyecto. Con esta medida, se podrán formalizar convenios público-privados que permitirán ingresos a través de la publicidad en estos espacios, con el compromiso de destinar los fondos exclusivamente al mantenimiento y puesta en valor de las instalaciones.
La propuesta amplía la regulación ya existente en otras instalaciones deportivas, como el Parque Municipal de los Deportes y la Laguna de los Padres. Entre sus beneficios, el proyecto pretende atraer a grandes marcas y abrir un espacio para que comerciantes locales se publiciten, generando empleo y potenciando el perfil turístico de Mar del Plata.
Beneito aseguró que la publicidad estará regulada bajo la supervisión del EMDER y no alterará la estética de los polideportivos, buscando un equilibrio entre el aspecto comercial y visual de los espacios. “Esto significa más recursos para mejorar nuestras instalaciones y hacer crecer nuestra ciudad con alianzas estratégicas”, concluyó el concejal, destacando que la iniciativa permitirá redirigir parte del presupuesto municipal a otros programas y proyectos importantes.
La Cámara de Diputados de la provincia brindó información sobre empleados de planta permanente, contratos de obra, de servicios y subsidios otorgados entre los años 2022 y 2024. Esta medida, liderada por el presidente de la Cámara, GustavoHein, representa una importante medida en el proceso de transparencia y reordenamiento institucional que la gestión del gobernador RogelioFrigerio impulsó desde su inicio.
Hein destacó el compromiso de su administración con la transparencia y el acceso a la información pública, afirmando que “los entrerrianos nos eligieron para que realicemos una transformación real; no se hace en un día, pero estamos dando pasos firmes en ese sentido”.
– El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio
Uno de los aspectos más destacados de la información publicada es la notable reducción en la cantidad de contratos y subsidios otorgados por la Cámara de Diputados. En comparación con los años anteriores, los números revelan una disminución significativa en diversas áreas.
Por ejemplo, en el caso de los contratos de obra, la cifra se redujo de 909 agentes en 2023 a solo 325 en 2024. Esta drástica disminución, recordaron las fuentes oficiales, es parte del proceso de reordenamiento interno que busca optimizar el uso de los recursos disponibles y evitar contrataciones innecesarias. En una conferencia de prensa, el presidente de la Cámara enfatizó la necesidad de “transitar liviano” y aclarar que las decisiones de contratación y asignación de recursos deben ser justificadas y transparentes.
Los contratos de servicios, por su parte, se han mantenido relativamente estables, con 15 contratos en 2024, la misma cantidad que en 2022, pero con un ligero aumento en 2023 cuando se registraron 18 contratos.
En cuanto a los subsidios otorgados, la reducción fue aún más drástica. Mientras que en 2023 se otorgaron 823 subsidios, en lo que va de 2024 apenas se registraron 9.
Al justificar su veto al financiamiento a las universidades, el presidente alegó que “el aumento a las universidades sería ceder a la vieja forma de hacer política, de ignorar la restricción del presupuesto, volver a las andadas y a los niveles de Riesgo País que teníamos con el kirchnerismo”, en ese sentido remarcó: “lo único que pedimos es auditarlos, parece que eso es poner en riesgo la educación pública, pero, al contrario, es defender la educación pública”.
Frente al reclamo y a las protestas de parte de la oposición, el presidente fue determinante “es un mero eufemismo para defender los curros de tres o cuatro delincuentes que utilizan una causa noble y la prostituyen para ganar dinero a costa de robárselo a los alumnos y a los profesores”. Es decir, si no hubiera problema en la administración de los fondos, la UBA no tendría problema en permitir que se la audite, sin embargo, esto no se hace desde 2015. Milei dio a entender que el hecho de que no dejen auditar la universidad quiere decir que hay “curros” que no quieren que salgan a la luz.
– El Presidente Javier Milei junto al Director Regional de LAFISE, Carlos Melo, y al Presidente del CEAL, Roberto Zamora
Frente a los empresarios, el mandatario realizó un balance de estos 10 meses de gestión, manifestando un cambio de paradigma en el rumbo económico, donde se pudo estabilizar la inflación y la política monetaria, se redujo la carga estructural de la economía achicando el gasto público, y esto se ve reflejado en el aumento de confianza. Con un riesgo país que perforó los 1200 puntos y que con el kirchnerismo estaba alrededor de 3000 puntos.
En relación a la política económica, Milei se manifestó en contra de una devaluación, ya que esta medida rompería con la señal de precios y no lograría resolver el problema de fondo. En cambio, se expresó a favor de los empresarios, calificándolos de benefactores sociales: “Si Argentina va a empezar a generar un proceso de fuerte crecimiento económico, en la medida que ustedes empiecen a generar ese proceso, se van a generar ganancias extraordinarias. No les demos lugar a los zurdos de mierda que vengan a decir que eso está mal” manifestó frente al aplauso del público presente.
El ConcejoDeliberante de Gualeguaychú aprobó este jueves la derogación de la Ordenanza N° 11.724/2012, que imponía el tributo por “Retribución por el uso y/o aprovechamiento del dominio público municipal con fines publicitarios”. Este impuesto afectaba a comercios locales que instalaban cartelería en la ciudad, trasladando los costos a los comerciantes y dificultando la llegada de nuevas inversiones.
En los considerandos de la norma se remarca que “resulta necesario acompañar a distintos sectores de nuestra comunidad, promoviendo medidas que tiendan a generar empleo y promover el desarrollo”, a la vez que se asegura que “con el convencimiento de incentivar el comercio y fomentar la llegada de nuevos emprendimientos, es imprescindible que el Municipio promueva acciones tendientes a facilitar la radicación de los mismos”. En ese sentido, refleja que “el cobro por el uso y/o aprovechamiento del dominio público municipal con fines publicitarios se ha tornado una dificultad para el comercio local, dado que las marcas trasladan el pago del mismo a los comerciantes de la ciudad, desalentando la actividad y atentando contra el arribo de nuevas inversiones en el comercio local” y que “es prioridad de esta gestión municipal aliviar la carga tributaria de los contribuyentes, avanzar con la desburocratización del Estado y alentar las inversiones en el comercio local”.
La eliminación del derecho de publicidad es solo una de las 31 cargas municipales suprimidas en los primeros diez meses de gestión del intendente Mauricio Davico, que representan el 60% de los tributos existentes. Entre estas, se incluyen tasas por trámites administrativos, derechos de edificación y sellados municipales, entre otros. Esta política tiene como objetivo aliviar la presión fiscal sobre los contribuyentes y simplificar la burocracia local.
“La eliminación tributaria llevada a cabo en estos diez meses no podría practicarse en una administración desordenada e imprevisora”, afirmó el intendente Davico. Según explicó, la municipalidad dejará de percibir aproximadamente dos mil millones de pesos en 2025, pero el equilibrio fiscal se mantiene gracias a una estricta gestión de los recursos. “Cada peso que entra, se cuida”, enfatizó.
Davico también resaltó que el cobro del derecho por publicidad había sido un obstáculo para que franquicias y marcas de renombre nacional se instalaran en Gualeguaychú. “Tenían que pagar este derecho de publicidad, más la tasa de comercio”, explicó. El problema se agravaba porque el impuesto no se basaba en las ventas, sino en el tamaño de la cartelería, independientemente de la actividad comercial.
El intendente subrayó que la eliminación de este tributo aliviará a los comerciantes locales e incentivará la inversión, permitiendo que ese dinero “se invierta en los propios comercios”. Además, destacó que su gestión acompaña al sector privado en todas las áreas, buscando fomentar una Gualeguaychú productiva y atractiva para nuevas inversiones, tal como sucede en otras localidades turísticas.
LAS TASAS ELIMINADAS POR LA GESTIÓN DE DAVICO
Todo escrito que no esté gravado con sellados especiales.
Inscripción de boletos de compra – venta de inmuebles.
Solicitud de deuda líquida y exigible.
Aprobación para instalación medidor de luz.
Venta de planos del municipio.
Por cada copia heliográfica de planos que integran el legajo de construcciones.
Verificación expedida por organismos o funcionarios de la justicia de Faltas.
Por cada duplicado de análisis expedido por la Dirección de Servicios Sanitarios Municipal.
Por pedido de copia de actuaciones labradas por accidentes de tránsito.
Inscripción de comercio, industria, etc.
Los recursos contra resoluciones administrativas.
Los permisos precarios para 30 días para la circulación de automóviles en el Ejido Municipal.
Por solicitud para exponer animales, plantas, etc.
Por presentación de denuncias contra vecinos.
Por solicitud de inscripción de empresas constructoras viales y/o civiles.
Por solicitud de subdivisión de propiedades, aprobación de loteos hasta un máximo de diez lotes y mensuras.
Por inscripción de títulos técnicos o profesionales.
Inscripción de Propiedades en el Registro Municipal, se cobrará un derecho por la inscripción de propiedades en el Registro Municipal.
Sellados municipales de planos.
Derechos del Cementerio: por las actuaciones por escrito que se presenten ante el Cementerio.
Contrato de suministro de obras y servicios públicos, contratos de suministros, obras y servicios públicos previstos en la Ordenanza de Contrataciones, sobre el importe del contrato.
Por cada solicitud de franquicias especiales de tránsito.
Por cada solicitud de compra de talonario de estacionamiento medido.
Carnet sanitario.
Desinfección y desratización.
Derechos de edificación.
Actuaciones administrativas.
Tasa por servicios especiales.
Tasa por servicios eventuales.
Sobretasa General Inmobiliaria.
Retribución por el uso y/o aprovechamiento del dominio público municipal con fines publicitarios.
Desde la administración de Javier Milei se informó que el Estado no destinará fondos para cubrir el costo del proceso, calculado en al menos 500 millones de pesos. Como único aporte, el Ejecutivo se comprometió a proveer 3.200 urnas, cifra que el PJ considera insuficiente para un padrón que supera los 3 millones de afiliados.
Fuentes de la Jefatura de Gabinete, bajo la órbita de la Secretaría de Interior dirigida por Lisandro Catalán, confirmaron que no habrá financiamiento estatal para esta contienda interna. “Estamos dispuestos a poner unas 3.200 urnas, pero no dinero de todos los argentinos”, señalaron.
– Lisandro Catalán junto al jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos
El Partido Justicialista, dividido entre dos listas principales —una encabezada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la otra por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela—, deberá ahora buscar alternativas para cubrir los gastos del evento, que incluirán la logística, el pago de autoridades de mesa y la impresión de boletas.
La cifra ofrecida por el Gobierno resulta especialmente problemática si se compara con las 108.000 urnas utilizadas en el balotaje de las elecciones presidenciales de 2023, lo que generó dudas sobre la viabilidad de los comicios internos.
Según estimaciones, el despliegue necesario para llevar adelante esta elección interna requerirá un mínimo de 30.000 urnas. “Con esa cantidad de urnas será imposible. Como mínimo deberían ser más de 30 mil”, advirtieron desde uno de los sectores cercanos a Cristina Fernández de Kirchner.
– Cristina Kirchner y Ricardo Quintela
La interna justicialista, que se celebrará en coincidencia con el Día de la Militancia, plantea un desafío financiero considerable. A pesar de que todos los partidos reciben financiamiento público para su desenvolvimiento institucional, el dinero destinado al PJ a nivel nacional, que para 2024 es de 34 millones de pesos, no es suficiente para cubrir los altos costos de la elección.
El Fondo Partidario Permanente, distribuido en julio de 2024, otorgó a las provincias montos que van desde los 63 millones de pesos para Buenos Aires hasta menos de un millón para las provincias más pequeñas, como Tierra del Fuego y Santa Cruz. Sin embargo, estas asignaciones son para todo el año y “no alcanzan” para solventar la organización de una elección de esta magnitud. Una de las opciones que baraja el PJ es solicitar un adelanto de fondos partidarios, aunque aún no está claro si esto será factible antes de la fecha prevista para los comicios.
LAS TENSIONES INTERNAS PODRÍAN DERIVAR EN UNA POSTERGACIÓN DE LOS COMICIOS
La negativa del Gobierno causó un profundo malestar dentro del PJ. Sectores cercanos Cristina expresaron que “Milei quiere recortar también la democracia”. Además, el panorama logístico es incierto. Todavía no se determinó en qué lugares se realizarán las votaciones, lo que complica la organización, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso, donde el PJ cuenta con numerosos afiliados.
En este contexto, los apoderados de ambas listas no descartan una postergación de la elección hasta marzo de 2025, aunque prefieren mantener la fecha actual para evitar que los comicios coincidan con el año electoral de medio término.
El caso del radicalismo, que recientemente llevó a cabo elecciones internas en la provincia de Buenos Aires con una participación de 80.000 afiliados y un costo cercano a los 300 millones de pesos, sirve como punto de referencia para el PJ. Sin embargo, las diferencias en la escala de votantes y la falta de recursos en el justicialismo sugieren que la interna será considerablemente más costosa y compleja.
– El costo estimado de la elección del PJ se sitúa alrededor de 500 millones de pesos, y el Gobierno no está dispuesto a colaborar con el financiamiento
Gerardo Scherlis, especialista en procesos electorales y profesor de la Universidad de Buenos Aires, advirtió sobre la magnitud de la logística que se necesitará para movilizar a los votantes peronistas: “Va a ser una interna muy costosa y no se habla mucho de dónde va a salir la plata para cubrir todos los gastos”. Aunque todos los partidos cuentan con financiamiento público para procesos de selección interna, la cantidad disponible no es suficiente para garantizar una elección sin contratiempos.
Mientras tanto, los equipos de campaña de ambas listas ultiman detalles contrarreloj. Por el lado de Fernández de Kirchner, la senadora Anabel Fernández Sagasti, el ex titular de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, y la dirigente Teresa García lideran la organización. En tanto, los representantes de Quintela, DanielLlermanos y Jorge Yoma, convocaron a la Junta Electoral para exigir transparencia y participación garantizada en el proceso.
El Gobierno de Javier Milei, continuando con su plan motosierra de cortar gastos innecesarios en el Estado, decidió cancelar un contrato que tenía vigente con Abuelas de Plaza de Mayo. El ministro de Justicia comunicó esta medida a través de redes sociales, con el fin de “evitar malgastar la plata de los argentinos” y “terminar con ese curro”.
“El gobierno anterior le regaló a las Abuelas de Plaza de Mayo el equivalente a hoy de $2.300 millones. Esta administración no va a permitir que se malgaste la plata de los argentinos. Por ese motivo, decidimos rescindir el contrato y terminar con ese curro.” twitteó el ministro.
El jurista publicó información que justifica la decisión del gobierno: “El Ministerio de Justicia tenía a su cargo la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Solo un 0,62% de los alumnos se recibieron entre 2020 y 2023. Cada uno nos salió $100.000.000. La Universidad de Plaza de Mayo gastó $1500 millones y tuvo 16 egresados”.
La ONG Abuelas de Plaza de Mayo no emitió comunicado oficial al respecto, sin embargo, la presidente Estela de Carlotto realizó declaraciones en una entrevista. Allí expresó que esta decisión tendrá “consecuencias judiciales” y que denunciará penalmente al ministro. Además, sostuvo que “ha dejado su vida” en la búsqueda de verdad, memoria y justicia. “Si vieran la casita en la que vivo ni un centavo. Poníamos la plata de la jubilación cada una para poder viajar al exterior, hemos puesto no solo el dinero, la vida en encontrar los nietos robados y hemos trabajado con un respeto y una historia pura” se defendió.
“Yo tengo ahora esta casita que vivo lugares donde ya no puedo entrar de tantos premios, tantas placas, tantos honores fuera y antes dentro del país y ahora estamos siendo humillados por este personaje” manifestó Estela de Carlotto en referencia al ministro Cúneo Libarona.
El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, respondió las acusaciones del presidente sobre mal uso de fondos. A las críticas por el millonario contrato de un chofer institucional, se suma la controversia por la construcción de un “baño inclusivo” en la Facultad de Psicología.
Sr Presidente @JMilei venga por Insfrán, intervenga Formosa antes de que logren reformar la Constitución para garantizar más poder, impunidad y perpetuidad a Insfrán!
No nos deje a nuestra suerte, Formosa es Venezuela, Insfrán es Maduro.
