¡DE TERROR! | La gestión Alberto CREÓ/MODIFICÓ 16 impuestos

El proyecto de ley que propone subir hasta un 35% la tasa que pagan las compañías con ganancias por $2.6 millones se suma a los cambios impositivos desde diciembre de 2019.
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Desde que asumió la presidencia Alberto Fernández al día de hoy, la lista de impuestos que se crearon o aumentaron bajo su mandato asciende a los 16, incluyendo el proyecto de ley que envió el Ejecutivo que propone subir hasta el 35% la tasa que pagan las compañías con ganancias netas acumuladas por $2,6 millones.

Se trata de la segunda reversión del proceso que inició en 2017 con la Reforma Tributaria, que estableció una reducción gradual de la alícuota que pagaban las sociedades hasta el 25%. La última baja, que comenzaba a regir en 2020, se suspendió a través de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva (N° 27.541), y durante todo ese año las firmas pagaron una alícuota del 30%.

Ahora el Gobierno propone una estructura de alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada. Un primer escalón del 25% para ganancias netas acumuladas de hasta $1.300.000; el segundo escalón del 30 % para ganancias netas acumuladas de más de $1.300.000 y hasta $2.600.000; y un último segmento del 35% para ganancias netas acumuladas superiores a $2.600.000.

Los impuestos que se crearon o aumentaron en la gestión actual:

1) Impuesto PAÍS (diciembre 2019)

La Ley 27.541, que entró en vigencia el 23 de diciembre de 2019, creó el Impuesto PAIS. Implica un 30% adicional sobre la compra de moneda extranjera para atesoramiento, consumos con tarjetas de crédito en moneda extranjera, adquisición de servicios en el exterior mediante agencias de turismo y adquisición de transporte con destino al exterior. En el caso de los servicios digitales como Netflix, Spotify, Apple Music, Google Play y Amazon la alícuota es del 8%.

2) Bienes Personales (diciembre 2019)

La Ley 27.541, también representó un aumento en las alícuotas del Impuesto a los Bienes Personales. Pasó de un mínimo de 0,25% y un máximo de 0,75% a un mínimo de 0,5% y un máximo de $156.250 más 1,25%.

3) Costos laborales:

Se derogó la obligación que tenía el Estado de actualizar por inflación el mínimo no imponible para contribuciones patronales que estaba en $7003,68. La Ley de Solidaridad interrumpió esa convergencia deteniendo la suba para pymes en el 18%, desde el 17% previo, mientras que congeló en el 20,4% la alícuota para empresas grandes.

4) Impuesto a las Ganancias para sociedades (marzo 2021, primera suba)

El texto postergó la aplicación de la tasa del 25% para sociedades prevista para el año pasado por un año más, lo que es lo mismo que decir que extendió un año más la tasa del 30%.

5) Impuesto a las Ganancias-ajuste por inflación:

La Ley 27.541 también modificó la norma 27.430 estableciendo que las empresas pueden computar los quebrantos que les causa la inflación sobre sus resultados hasta cierto tope. Se da la opción que a dichos excedentes se los pueden computar en años venideros, los siguientes “períodos fiscales”. Hasta 2019, se podía imputar en tercios dentro de tres períodos fiscales y, luego de la Ley de Solidaridad, pasó a poder imputarse en sextos: a lo largo de seis años.

6) Impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias (diciembre 2019)

No obstante, la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva incrementó el impuesto al débito al doble para las operaciones alcanzadas. Es decir, en esos caso el impuesto pasa del 0,6% al 1,2%.

7) Impuesto al Valor Agregado sobre productos de la canasta básica de alimentos (diciembre 2019(

El 31/12/2019 venció la alícuota del 0% sobre determinados productos de la canasta básica que había sido incluida por decreto del gobierno anterior. De esta manera, los productos fueron.

8) Derechos de exportación: (diciembre 2019)

El Decreto 39/2019, la Ley 27.541 y diversas resoluciones modificaron los derechos de exportación o retenciones. Aumentaron los derechos a las exportaciones de soja y otros productos llevándolos hasta un máximo del 33%. En octubre se decidió una baja de tres puntos, de dos puntos para noviembre y de un punto para diciembre.

Los derechos de exportación sobre las exportaciones de servicios se disminuyeron del 12% al 5% pero al sacarle el tope en pesos que había dispuesto el Gobierno anterior, hoy terminan siendo más altos que en el pasado.

9) Percepción del 35% sobre compra de dólares (diciembre 2019)

A través de la Resolución General (AFIP) 4815, se creó un régimen de percepción del 35% que se aplica sobre los mismos hechos imponibles del impuesto PAIS. Los monotributistas tienen la opción de computar ese 35% como pago a cuenta de Bienes Personales, mientras que los restantes sujetos como un ingreso a cuenta del Impuesto a las Ganancias.

10) Impuestos internos a productos tecnológicos y electrónicos (octubre 2020)

La Ley de Presupuesto de este año dispuso un aumento de los impuestos internos a ciertos productos electrónicos a partir del 1 de enero. Los que tenían una grabación del 10,5%, pasaron al 17%, sin embargo, los que son fabricados en Tierra del Fuego por empresas beneficiarias del régimen de la Ley 19.640, pasaron del 0 al 6,55%.

11) Fondo de Incentivo Docente:

La Ley de Presupuesto 2021 restableció la vigencia por 12 meses el Fondo de Incentivo Docente que fue rechazado durante el Gobierno de Fernando De la Rúa y terminó derogándose. Se debía pagar sobre los automotores cuyo costo de mercado superaba los $4000, motocicletas y motos de más de 200 centímetros cúbicos de cilindrada, embarcaciones y aeronaves, registrados o radicados en el territorio nacional. 

12) Impuesto a las apuestas online (octubre 2020)

La Ley de Presupuesto también aumentó el impuesto al juego online del 1 al 5% sobre el valor neto de los depósitos que realice el apostador en su cuenta. El tributo se aplicará a cualquier transacción por apuesta realizada de forma digital, mientras que el gravamen será del 10% para el caso de sujetos del exterior y si está domiciliado en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación, la alícuota se incrementa al 15%.

13) Contribución sobre las primas de seguros para automóviles (octubre 2020)

La Ley de Presupuesto creó una contribución obligatoria de 0,5% sobre las primas de seguro automotor correspondientes a las pólizas contratadas con entidades de seguros sobre todos los vehículos afectados a servicios de transporte de pasajeros de jurisdicción nacional y que tendrá como destino la Comisión Reguladora del Transporte.

14) Contribución sobre las primas de seguros para el manejo del fuego:

Además, creó el denominado Fondo Nacional del Manejo del Fuego, que estará compuesto, entre otros conceptos, por una contribución obligatoria del 3 por mil de las primas de seguros (excepto las del ramo vida), a cargo de las aseguradoras. Tal contribución, se dispone, no podrá ser trasladable a las primas a abonar por los tomadores y deberá ser liquidada por las compañías de seguros a la Superintendencia de Seguros de la Nación.

15) Impuesto a la Riqueza (noviembre 2020)

El impuesto extraordinario al patrimonio aplica alícuotas progresivas del 2% al 3,5% y, en el caso de bienes en el exterior, de alícuotas proporcionales del 3 al 5,25%.

16) Impuesto a las Ganancias para sociedades (segunda suba, marzo 2021)

La semana pasada se conoció el proyecto para modificar la Ley del Impuesto a las Ganancias e incrementar la presión tributaria


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Casielles tildó de idiota a Espert y reveló que le pidió su expulsión a Milei en el año 2021

“En el año 2021, le exigimos a Javier Milei y a Karina Milei que lo echara a Espert del espacio por sus vínculos con el narcotráfico” admitió el legislador, además agregó que no compartió más espacio con Espert y que no eran los “valores” que pregonaba el espacio liberal. También sostuvo su desprecio hacia Espert y lo tildó de “idiota”.

Esta declaración apunta a la relación de Espert con el narco empresario Fred Machado, una conexión que, según Casielles, fue informada a la cúpula de LLA mucho antes de que se hiciera pública. En una pregunta sobre el diputado libertario Jose Luis Espert, Casielles

A su vez, frente a la renuncia de Espert a su candidatura a diputado nacional, el legislador sostuvo que no es suficiente, “Es difícil que el presidente ahora nos diga que Espert es honesto, porque ya sabían de esto. Hasta la misma Patricia Bullrich lo advirtió”.

En medio de la campaña y de los escándalos adjudicados a este gobierno, Eugenio insistió con la necesidad de que los funcionarios den explicaciones. “No puede ser que todo sea una opereta. Esto, lo de libra, lo de las coimas de Karina, están tomando del pelo a los argentinos”.

Hugo Moyano echó a cuatro sindicalistas de Camioneros en medio de versiones de fraude

El golpe fue sorpresivo pero calculado: esta semana, Hugo Moyano removió sin aviso al secretario administrativo Claudio Balazic y al secretario tesorero Paulo Villegas. Más tarde sumó al prosecretario administrativo Alejandro Vanati y a otro dirigente aún no identificado públicamente.

Las versiones que circulan en Mar del Plata hablan de una denuncia penal por presunto fraude vinculado al Hotel 15 de Diciembre, propiedad del sindicato. Se investigan cheques firmados por los desplazados, y los denunciantes acusan que habrían fondos malversados.

El expediente judicial habría sido iniciado el 12 de septiembre en la Fiscalía N.º 10 de Mar del Plata, a cargo de Carlos David Bruna. En ese marco, se denunció al administrador del hotel, quien fue expulsado del gremio, aunque su defensa sostiene que no tenía poder de decisión.

– Claudio Balazic

Mientras tanto, el gremio anunció el cierre temporal del hotel para realizar “reformas”. La coincidencia entre el cierre y las purgas internas alimenta especulaciones de que todo forma parte de una limpieza interna dirigida por Moyano o su entorno más cercano.

Desde medios sindicales apuntan a la ascendente figura de Octavio Argüello como beneficiario del vaciado: la idea sería abrir espacio para nuevos allegados y debilitar redes de poder ligadas a Pablo Moyano.

También se menciona la influencia de Liliana Zulet, esposa de Moyano, como cerebro silencioso de la operación. 

El escándalo no se limita a lo gremial. Si los cheques y balances sometidos a investigación revelan irregularidades mayores, podrían salpicar al propio Hugo Moyano como máximo responsable del sindicato. Algunos ya hablan de que puede ser el inicio de una crisis institucional dentro de Camioneros.

A sus 81 años, Moyano no cede terreno. En paralelo a estas movidas internas, presiona para mantener su influencia en la CGT. Su hijo Pablo celebra triunfos ajenos —como el ascenso de su club Deportivo Camioneros— mientras el padre ajusta el poder detrás del telón.

En los últimos tiempos ya habían emergido fisuras: Moyano enfrenta conflictos con Jorge Taboada, su segundo al mando, y rumores de deslealtades internas se filtraron en vísperas de la renovación de autoridades del gremio.

Kicillof quiere gastar $675 millones en crear un “INCAA bonaerense” 

El Senado bonaerense dio un nuevo paso hacia la creación del denominado “INCAA bonaerense”, una iniciativa presentada por el gobernador Axel Kicillof que apunta a impulsar la producción audiovisual en la provincia. El proyecto, formalmente conocido como Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual Bonaerense, obtuvo dictamen favorable en la comisión de Presupuesto y Hacienda con el apoyo exclusivo de los legisladores peronistas, mientras que el PRO, la UCR y La Libertad Avanza votaron en contra o se abstuvieron.

La propuesta contempla la creación de un fondo de fomento a la producción audiovisual de $675 millones, que se actualizará anualmente mediante la Ley de Presupuesto bonaerense, tomando como referencia el valor promedio de las entradas de cine determinado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Este fondo será administrado por un Consejo Provincial Regional, integrado por representantes de universidades, sindicatos, asociaciones audiovisuales y referentes del sector, con el objetivo de garantizar una distribución “transparente, inclusiva y equitativa” de los recursos.

El proyecto también propone declarar al sector audiovisual como actividad productiva y de interés público, con valor estratégico para la economía y la cultura provincial. Entre los puntos más relevantes se destacan la creación de un Registro Único de la Actividad Audiovisual Bonaerense, la conformación de una red de salas de cine en distintos municipios, la puesta en marcha de un Archivo Audiovisual Provincial y la implementación de una plataforma digital denominada BaFilma, destinada a difundir las producciones locales.

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La discusión en la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador oficialista Marcelo Feliú, contó con la participación de los legisladores Pablo Obeid, Sofía Vannelli, Laura Clark, Ayelén Durán, Amira Curi, Federico Fagioli y Adrián Santarelli por el oficialismo, y de Gabriela Gribaudo y Alejandro Rabinovich (PRO), Silvana Ventura (Unión, Renovación y Fe), y Alejandro Celillo y Agustín Maspoli (UCR + Cambio Federal) por la oposición. La senadora macrista Aldana Ahumada no estuvo presente.

Aunque el dictamen fue aprobado, el proyecto deberá pasar ahora por las comisiones de Educación y Legislación General antes de llegar al recinto para su tratamiento definitivo. Para lograr la sanción, el oficialismo necesitará sumar al menos tres votos adicionales entre los senadores no alineados.

El texto legislativo incluye varias de las modificaciones propuestas durante su paso por la Cámara de Diputados, donde obtuvo media sanción en noviembre de 2024. En aquella instancia, la diputada radical Viviana Dirolli planteó la incorporación de restricciones y controles sobre el uso de los fondos, como la prohibición de crear nuevos cargos administrativos, la exigencia de que las empresas beneficiarias tengan residencia en la provincia durante al menos dos años, que el 51% del personal sea bonaerense o residente, y la implementación de un régimen de sanciones para eventuales incumplimientos. Estas propuestas fueron incorporadas al texto final para destrabar su aprobación.

Entre las claves de la Ley Audiovisual figuran un fondo de fomento de $675 millones, actualizable anualmente por Presupuesto; la creación del Consejo Provincial Regional, denominado “INCAA bonaerense”, con representación universitaria, sindical y del sector audiovisual; la puesta en marcha del Registro Único de la Actividad Audiovisual Bonaerense; el apoyo a festivales regionales de cine y la promoción de nuevas audiencias; además de la creación de una red de salas de cine, el Archivo Audiovisual Bonaerense y la plataforma digital BaFilma, destinada a promover las producciones provinciales.

Con estas disposiciones, la Provincia de Buenos Aires busca consolidar una política de fomento audiovisual de alcance provincial, articulada con los objetivos del Ejecutivo bonaerense de impulsar la cultura como generadora de empleo y desarrollo.

Un informe del BCRA dice que la UBA no evidencia grandes complicaciones presupuestarias

La Universidad de Buenos Aires aparece en la última actualización de la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con compromisos crediticios por más de 230 millones de pesos. Según los registros, la casa de estudios mantiene líneas activas con el Banco Galicia y el Banco Patagonia, todas en “situación 1”, es decir, normal y sin atrasos.

El dato más llamativo de la casa de estudios que conducen que conducen Ricardo Gelpi y Emiliano Yacobitti, rector y vicerrector respectivamente, surge en agosto de 2025, cuando la deuda declarada con el Galicia pasó de apenas 50 mil a más de 225 millones en un solo mes, lo que evidencia la toma de una nueva y significativa línea de financiamiento. Con el Patagonia, en tanto, la UBA sostiene un endeudamiento mucho más acotado de 4,6 millones, aunque también con un repunte marcado respecto de períodos anteriores.

UBA

A pesar de esta aceleración en su nivel de endeudamiento, según el informe del BCRA, la UBA muestra una estabilidad financiera general, sin cheques rechazados ni atrasos en pagos, lo que refleja una administración ordenada de sus compromisos en un contexto económico adverso.

El contraste, sin embargo, llega desde el frente político. La semana pasada, la propia universidad advirtió que el proyecto de presupuesto 2026 del presidente Javier Milei profundiza la crisis del sistema universitario argentino. En un duro comunicado, sostuvo que las partidas previstas consolidan el deterioro salarial docente, no contemplan recomposiciones para gastos esenciales ni prevén la reactivación de obras de infraestructura paralizadas desde hace años.

“Los profesores seguirán con salarios bajo la línea de pobreza, las becas estudiantiles se mantienen congeladas y no existe previsión alguna para la recuperación del poder adquisitivo”, alertó la institución, que también remarcó que la inversión proyectada para 2026 se ubica por debajo del 0,5 por ciento del PBI, el piso histórico de las últimas dos décadas.

– Ricardo Gelpi y Emiliano Yacobitti, rector y vicerrector

La paradoja es evidente: mientras en los papeles financieros la UBA aparece como un actor confiable y solvente, capaz de acceder a crédito bancario en condiciones normales, en la arena pública se presenta ahogada y amenazada en su funcionamiento.

Con esta doble fotografía, la universidad pública más importante del país queda atrapada entre la estabilidad y las denuncias de ajuste estructural contra el gobierno nacional, una tensión que anticipa nuevos capítulos en la disputa por el financiamiento educativo en 2026.

*Fuente: REALPOLITIK

El riesgo país superó los 1.200 puntos y los bonos cayeron hasta 7%

Las acciones y bonos argentinos registraron fuertes retrocesos en la jornada financiera de hoy martes, en un contexto de incertidumbre política y cambiaria, a solo 17 ruedas operativas (días hábiles de actividad bursátil) de las elecciones legislativas que marcarán el rumbo del gobierno de Javier Milei durante los próximos dos años.

Sobre las 14:40 horas, los ADR de compañías argentinas que cotizan en Wall Street operaron con pérdidas generalizadas. Mercado Libre se desplomó 6,6%, mientras que Banco Supervielle y Banco Francés retrocedieron 6,6% y 6,5%, respectivamente. Banco Macro perdió 6,3%, YPF 4% y Grupo Galicia 5,6%, estos últimos entre los papeles con mayor volumen de negocios.

Las caídas acumularon ya cuatro ruedas consecutivas, lo que borró gran parte del rebote que los papeles habían registrado la semana anterior tras el anuncio de apoyo financiero de Estados Unidos a la Argentina.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares (Bonares y Globales) promediaron un retroceso del 1,7% en otra jornada negativa. El índice de riesgo país elaborado por JP Morgan aumentó 88 unidades y se ubicó en 1.203 puntos básicos, al medir la diferencia entre la tasa de retorno de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y las emisiones emergentes.

En la plaza local, el S&P Merval de la Bolsa porteña cayó 1,7% en pesos. Medido en dólares, el panel líder acumuló una baja del 13% desde el 25 de septiembre, aunque aún mantuvo una mejora del 7% respecto del 19 de ese mes, antes de los anuncios del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

El dólar oficial cerró el mes con nuevas alzas. En las pantallas del Banco Nación, por ejemplo, se vendió a $1.400, mientras que en el segmento mayorista se ubicó en $1.360. En el mercado paralelo, el dólar blue cotizó a $1.435. El MEP se negoció a $1.473,93 (+1,3%) y el contado con liquidación a $1.516,11 (+1,2%).

Las últimas disposiciones del Banco Central establecieron que quienes compren dólar oficial no podrán venderlo en el mercado MEP o contado con liquidación durante 90 días, con el objetivo de frenar el “rulo” que aprovechaba la diferencia entre cotizaciones para obtener ganancias.

El economista jefe del Grupo SBS, Juan Manuel Franco, sostuvo que “el ojo del mercado en estos días pasa, en el frente macro financiero, casi exclusivamente por dos cuestiones: qué tantos dólares compra el Tesoro en el marco de la liquidación extraordinaria por retenciones cero y la dinámica de la brecha cambiaria tras las restricciones dispuestas el viernes sobre operaciones de arbitraje de tipo de cambio”.

Franco precisó que “el Tesoro habría comprado el 43,8% de lo liquidado por el agro bajo retenciones cero”, y advirtió que “la brecha se ubica en torno al 10% y creemos que las restricciones dispuestas deberían tener la menor duración posible dado que a la larga estas medidas terminan impactando negativamente sobre reservas”.

Un informe de MegaQM alertó que “en las últimas semanas se vio un proceso de corrida cambiaria o de eventual overshooting. En esos ciclos la oferta se corre por completo y la demanda aparece con fuerza buscando tomar coberturas”.

Según la consultora, “el problema de esos ciclos es que no sirven como referencia para entender cuál es el equilibrio real del mercado cambiario. Son ciclos en los cuales el nivel de demanda alcanza valores que no se pueden sostener en el tiempo, como los últimos datos de atesoramiento, donde en agosto se demandaron USD 3.200 millones. Eso implica que en los últimos 4 meses el ritmo anualizado de ahorro en dólares ha sido de 48.000 millones. Probablemente en septiembre ese ritmo puede haber aumentado nuevamente”.

“La caída en la demanda de atesoramiento puede ser una señal de vinculación entre el ritmo de liquidación de dólares y las compras de individuos en el mercado cambiario. En paralelo la oferta empieza a correrse, esperando a que el tipo de cambio alcance un nuevo equilibrio y maximizar así sus ingresos”, concluyó MegaQM.

El nuevo Código Penal de Milei castiga los insultos con hasta 12 años de cárcel

*Por Augusto Grinner

El Poder Ejecutivo Nacional presentó su ambicioso proyecto de reforma del Código Penal Argentino (un documento masivo de 912 artículos y 377 páginas) en un acto escenográfico en el penal de Ezeiza. Sin embargo, ni el presidente Javier Milei ni la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hicieron mención a los artículos más controversiales, contenidos en el Título XXIX sobre “Discriminación, delito de odio”.

Tras la filtración de estos artículos, desde el oficialismo se intentó desligar su responsabilidad, alegando una supuesta “operación política”. No obstante, la magnitud de la filtración desmiente el argumento, evidenciando que se trata de una parte integral de la propuesta.

Del INADI a la cárcel: la hipocresía punitivista

La administración actual ha sido una de las voces más críticas contra los organismos que, a su juicio, actuaban como “policía del pensamiento” (como el INADI y el NODIO), promoviendo y efectivizando su cierre. Pero el proyecto de ley no sólo replica su espíritu, sino que lo agrava de manera exponencial: mientras aquellos sólo podían imponer multas o talleres de concientización, el nuevo Título XXIX establece penas de prisión efectiva de 3 a 12 años por las mismas conductas.

El Artículo 879 castiga a quien: “insulte, agreda, promueva, aliente o incite, por cualquier medio, a la persecución u odio de una persona humana o jurídica o un grupo o asociación con motivación racista, xenófoba, religiosa, discriminatoria o por los motivos enunciados en el artículo precedente”. Esta disposición consagra el “crimen de pensamiento”, una figura propia de la ficción distópica 1984, la clásica obra de George Orwell, donde un Estado totalitario vigilaba el lenguaje y la ideología de sus ciudadanos.

Adiós al insulto callejero, a las críticas y al humor

La vaguedad de los artículos convierte la ley en un peligro para la libertad de expresión y el lenguaje cotidiano. Dado que la lista de motivos de “discriminación” es amplísima —condición social, ideología, edad, y caracteres físicos o psíquicos—, un simple insulto de tránsito podría ser interpretado por un juez como un “delito de odio agravado”, con su consecuente prisión efectiva.

Para poner un ejemplo, el influencer Emmanuel Danann, que ya enfrentó un proceso judicial con una probation en la Justicia Porteña por llamar “gordo con peluca” a una persona con sombra de barba y una peluca azul de cotillón, bajo este nuevo Código Penal hubiera enfrentado una pena de 3 a 9 años de prisión.

La situación es peor con el artículo 880, que agrava la pena hasta 12 años de prisión si la conducta se realiza con “habitualidad”. Esto implica que una persona que suela usar términos peyorativos, como el político “kuka” (referencia despectiva para los kirchneristas) o “zurdo” (para referirse a socialistas) en una red social (como podría ser X, ex Twitter), podría ser considerado un comportamiento delictivo habitual, derivando esos 12 años de prisión. Esta pena es completamente desproporcionada y es comparable o superior a las penas de delitos graves como el robo agravado o el homicidio simple, donde se afecta la vida o la propiedad.

Censura a gente común, a periodistas y a empleadores

El proyecto sienta las bases para la autocensura masiva en la prensa y entre los ciudadanos. Cualquier crítica u opinión sobre un grupo ideológico o social puede ser entendida como una “incitación al odio” o una forma de “agresión contra la dignidad humana” (art. 878). Periodistas y ciudadanos podrían ir presos por criticar a un partido político, a un grupo de inmigrantes, o a cualquier colectivo, incluso cuando este ni siquiera se trate de una minoría.

A su vez, el art. 879, inc. 4, penaliza a quien “obstruya, impida, limite o restrinja arbitrariamente (…) el acceso a bienes y servicios públicos o privados de uso general, incluido el acceso a (…) el empleo”. En una aplicación extrema, este artículo podría usarse para criminalizar a un empleador que decida no contratar a una persona de 60 años (próxima a la jubilación), o de 18 años (escasa experiencia), ya que los estarían discriminando por su edad; o por cualquier otra característica contemplada, convirtiendo una decisión de gestión privada en un delito con pena de cárcel.

El proyecto, impulsado por una fuerza que se define como defensora de la libertad, sienta un peligroso precedente: el de criminalizar el pensamiento y el lenguaje, sustituyendo la justicia por una ideología de la ofensa que amenaza los cimientos de la Constitución Nacional Argentina.

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