05 febrero, 2025

Waldo Wolff responsabilizó a Kicillof por el asesinato de 11 policías porteños en el Conurbano

El ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, le exigió al gobierno bonaerense "decisión política y cambio de rumbo en materia de seguridad". "El delito no distingue límites políticos", subrayó.
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El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, advirtió este domingo que “once de los doce últimos policías caídos en cumplimiento del deber fueron asesinados en la provincia de Buenos Aires, al tiempo que pidió a las autoridades bonaerenses y judiciales “apresar a los asesinos prófugos”.

De los últimos doce Policías de la Ciudad caídos en cumplimiento del deber, once fueron asesinados en PBA. Esta semana, tras recibir tres tiros, fue víctima el oficial [Juan Manuel] Castelli, en Lomas de Zamora. A esta hora seguimos esperando los resultados de las acciones del Juzgado correspondiente para que apresen a los asesinos que siguen prófugos”, sostuvo el funcionario porteño.

En ese sentido, señaló que en los últimos nueve meses “se triplicaron los enfrentamientos de nuestra Policía en la Provincia, cuando van a trabajar o regresan de cumplir servicio a sus casas”. Al respecto, detalló que eso significa que hubo “un 42% de aumento del delito en la provincia de Buenos Aires porque en definitiva son vecinos que están de civil, los quieren robar, se identifican y se produce un enfrentamiento”.

A raíz de ese escenario, apuntó contra la gestión bonaerense de Axel Kicillof al exigir “decisión política y cambio de rumbo en materia de seguridad”. “Esto habla del descontrol que hay en gran parte del sur del Conurbano lindante con la CABA en general. Necesitamos decisión política y cambio de rumbo en materia de seguridad en esos distritos de la PBA para que ejecuten políticas serias y a largo plazo para que sus vecinos y los de CABA vivan más seguros”, enfatizó.

Asimismo, manifestó que “más del 50 por ciento de los delitos en la Ciudad son de reincidentes que provienen del Conurbano a delinquir” y que “más del 50 por ciento de los delincuentes quedan en libertad”.

“El delito no distingue límites políticos. Los números desnudan una realidad incontrastable que no se resuelve con eslogans. La seguridad de la Ciudad depende también de un Conurbano ordenado y trabajando en sintonía. Es la única salida tras décadas de abandono y desidia”, remarcó.

Sumado a esto, el ministro porteño publicó en su cuenta de X un gráfico en el que se detalló que “desde el pasado 10 de diciembre hasta el 1 de agosto” se produjeron “148 enfrentamientos armados” entre algún policía de la Ciudad y delincuentes, de los cuáles “34 fueron en Capital Federal y 114 en Provincia“.

Asimismo, de los 12 policías asesinados entre 2021 y 2024, uno ocurrió en CABA y los otros 11 en el distrito bonaerense. En ese sentido, Wolff cerró: “Nosotros tenemos diferencias ideológicas, diferencias políticas. Ahora, cuando tocan a alguien de una fuerza para mí no hay diferencia”.

EL CRIMEN DE JUAN MANUEL CASTELLI

Dos delincuentes asesinaron el pasado miércoles a un policía de la Ciudad de Buenos Aires, en medio de un intento de robo en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. La víctima fue identificada como Juan Manuel Castelli, de 41 años y que prestaba servicio en la Dirección de Alcaldía 12.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada, cuando el efectivo se encontraba en el partido bonaerense viajando en su moto para tomar servicio. En ese momento, fue interceptado por dos delincuentes que intentaron sustraer sus pertenencias.

Como consecuencia, los ladrones le efectuaron dos disparos de arma de fuego que impactaron en una de sus piernas y en un brazo. Luego del suceso, se dieron a la fuga, sin haber robado nada.

Tras el disparo, el oficial fue asistido en la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Villa Fiorito, aunque los médicos no pudieron salvarlo, ya que la bala que impactó en su pierna perforó la arteria femoral y finalmente falleció a raíz de la gravedad de las heridas. El caso fue tomado por la UFI N°19 Dep. Jud. Lomas de Zamora.

El ministro de Seguridad porteño se expresó en X acerca de lo sucedido en la localidad bonaerense: “Dos delincuentes lo interceptaron para robarle cuando estaba viniendo a trabajar a la Ciudad. Uno de los asesinos ya está detenido y buscaremos al otro hasta encontrarlo”

Además, agregó unas palabras para los seres queridos de la víctima: “Mis condolencias a sus familiares y a la Policía de la Ciudad en este terrible momento”.

Del mismo modo, el secretario Diego Kravetz indicó: “Lamento muchísimo el fallecimiento del Oficial Mayor Juan Manuel Castelli, asesinado en un intento de robo mientras venía a la Ciudad a cumplir con su deber. A Juan Manuel lo interceptaron dos ladrones en Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, y le dispararon para intentar robarle la moto”.

Redacción

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Frigerio destacó el equilibrio fiscal de Entre Ríos y anunció la baja de Ingresos Brutos y Sellos: “Continuaremos hasta eliminarlos”

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció la baja de Ingresos Brutos y Sellos en la provincia y resaltó que en su primer año de gestión logró el equilibrio fiscal. El mandatario provincial del PRO calificó ambos tributos como “impuestos regresivos que desalientan la producción, la inversión y la generación de trabajo” y aseguró que planeaba eliminarlos de manera progresiva.

“Primer año de gestión: equilibrio fiscal y baja de ingresos brutos y sellos”, afirmó Frigerio en sus redes sociales. Al referirse a la situación económica, subrayó: “Bajamos el gasto público y, con un 20% menos de recursos, pasamos de una provincia con déficit a tener equilibrio fiscal”. Agregó que “con mucho esfuerzo” cumplieron con los vencimientos de la deuda en dólares heredada de la gestión anterior y expresó: “Estamos seguros de que este es el camino”.

Frigerio informó que presentó en la Legislatura un proyecto para reducir Ingresos Brutos y Sellos “y continuaremos en este sendero hasta eliminarlos, como ya hicimos en algunos sectores”. El gobernador destacó que estas iniciativas surgieron tras los lineamientos que el gobierno nacional estableció luego de reducir temporalmente las retenciones al campo.

Por su parte, el senador provincial Rubén Dal Molín, del bloque Juntos por Entre Ríos, brindó detalles sobre la Reforma Tributaria impulsada. Explicó que, tras reuniones con la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER) y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, se introdujeron “mejoras significativas” en la legislación. “Son cuestiones de fondo que pretendemos aprobar tal como las envió el Ejecutivo”, afirmó el legislador.

Entre las reducciones planteadas, Dal Molín señaló:

  • Industria en general: bajó la alícuota de 1,5% a 1% (una disminución del 33%).
  • Comercio: pasó de 5% a 4% (una reducción del 20%).
  • Servicios de salud: se redujo de 2,5% a 2% (una baja del 20%).
  • Suministro de electricidad y gas para actividades industriales, producción primaria y comercio: descendió de 2% a 1% (se redujo a la mitad).

En el Impuesto a los Sellos, se propusieron rebajas para sectores como el transporte, maquinaria agrícola y la inscripción de vehículos 0 km. Además, se incluyeron cambios en la determinación de la base imponible para excluir ingresos provenientes de IVA, impuestos internos y/o venta de bienes de uso.

Dal Molín recordó que los Ingresos Brutos representaron alrededor del 75% de los recursos provinciales y remarcó que en 2017 se había firmado un pacto fiscal que apuntaba a la disminución de este tributo. Según el senador, aquella iniciativa sufrió distorsiones, motivo por el cual el Gobierno provincial retomó la senda de la reducción al lograr el equilibrio fiscal en el primer año de gestión.

Mientras tanto, en Chubut, el gobernador Ignacio Torres anunció que eximiría de Ingresos Brutos y del Impuesto Inmobiliario Rural al sector productivo ganadero. “Es posible gracias a una administración eficiente de los recursos, que nos permitió alcanzar un escenario de superávit financiero en apenas un año”, aseguró en un comunicado oficial. También anticipó que eliminaría la “ridícula tasa del zorro”, tributo que consideró “un impuesto absurdo que contribuía a que la provincia sea más burocrática y regresiva”.

El Gobierno de Entre Ríos, en línea con estas medidas, presentó su proyecto de Reforma Tributaria con el objetivo de seguir reduciendo gravámenes como Ingresos Brutos y Sellos. De esta manera, continuó con los planes de aligerar la carga fiscal y fomentar la producción, la inversión y la generación de empleo en el territorio entrerriano.

Redacción

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Disney anuncia el fin de la agenda progre en su contenido

Disney, atravesada por una crisis de reputación, decidió tomar caminos separados respecto a las políticas de diversidad e inclusión que mantenía desde 2020. “Nuestra misión principal será entretener y vender entradas. No nos guiaremos por ninguna agenda”, afirmó el directivo a días de la toma de posesión de Donald Trump. La decisión fue acompañada con la eliminación de una trama sobre un atleta trans en la serie animada Ganar o perder, bajo el argumento de que muchos padres prefieren abordar estos temas con sus hijos según sus propios valores.

Fracasos comerciales como La Sirenita, The Marvels y She-Hulk, entre otras producciones que apostaron a temáticas de género, identidad y diversidad racial, derivaron en un desplome del 25 % en el valor bursátil de Disney durante los últimos cinco años. Esta situación llevó a los directivos de la compañía a replantear su estrategia de contenido, relegando el activismo a un lugar secundario en sus prioridades. “Buscamos reconectar con una audiencia más amplia”, señaló el CEO, Robert Iger.

– Robert Iger

No solo los fracasos de taquilla o audiencia explican la situación de la compañía. Iger acordó con Donald Trump el pago de un millón de dólares, además de una donación de otros 15 millones para la futura biblioteca presidencial del exmandatario, tras una demanda presentada contra ABC News. La demanda surgió por declaraciones del presentador George Stephanopoulos, quien aseguró que Trump había sido “responsable de violación” de la escritora E. Jean Carroll, contradiciendo el fallo de un jurado de Nueva York que lo declaró culpable de “abuso sexual”.

El giro en la estrategia de Disney también responde a cuestiones políticas, como las críticas del gobernador de Florida, Ron DeSantis, hacia el anterior CEO de la compañía, Bob Chapek, por su oposición a una ley estatal que prohíbe discutir temas de identidad sexual en las aulas. DeSantis llegó a centrar parte de su campaña en ataques contra la empresa, una postura inusual para un candidato republicano, según destacaron fuentes del diario.

La compañía decidió alinearse con el movimiento woke tras las protestas desencadenadas por el homicidio de George Floyd el 25 de mayo de 2020 en Minneapolis, Estados Unidos. En ese contexto, los ejecutivos de entonces buscaron reforzar su compromiso con la diversidad y la inclusión, apostando a generar un cambio real mediante medidas como la censura y la cancelación. Los primeros intentos de reflejar estos valores se vieron en películas como Lightyear y Strange World, que incluyeron personajes LGBTQ+. Además, introdujeron cambios en tradiciones de parques como Magic Kingdom, donde el clásico saludo de “damas y caballeros, niños y niñas” fue reemplazado por una fórmula más neutral: “soñadores de todas las edades”.

Más allá de este cambio de enfoque, desde el seno de la compañía se asegura que no se abandonarán los valores de representación cultural y social. Por su parte, Iger remarcó que las historias deben conectar con un público diverso: “El público es muy variado, y debemos ser cuidadosos para no dividir a nuestra audiencia”, explicó. Disney busca volver a ser el líder del entretenimiento global con un enfoque fuera de polémicas que buscará unir a los espectadores.

Redacción

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El fuego en El Bolsón arrasó con casi 3 mil hectáreas y continúa activo

En un informe publicado esta mañana por el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), se supo que 2.723 hectáreas han sido totalmente calcinadas, dadas las condiciones extremas del ambiente, como la baja probabilidad de lluvias, provocó “múltiples focos secundarios que continuaron su avance hacia Mallin del Medio por alrededor de 9 kilómetros”.

Se detalló que “cinco medios aéreos y aproximadamente 300 personas” continúan trabajando en la contención del incendio en El Bolsón. El objetivo principal según declararon es evitar “rebrotes” y “dar frente a un evento de enorme magnitud”.

Según el reporte, el fuego se inició el 30 de enero a las 16 horas, cuando se detectó “una columna de humo en el sector denominado Loma de los Piches, próximo a la Confluencia de los ríos Blanco y Azul”. Desde entonces, las llamas “continúan activas” debido a las condiciones meteorológicas adversas en la región. El viento, con ráfagas que oscilarán entre 10 y 20 km/h y que podrían llegar “hasta 35”, siguen siendo un factor clave.

Medios locales informaron que “más de cien viviendas fueron afectadas” por los incendios y que, hasta el momento, “un poblador rural perdió la vida” a causa del avance del fuego. El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, afirmó que “está probado que el incendio fue intencional”, luego de que se hallaron botellas en la zona donde se originó. Sin embargo, aclaró que no existe vínculo político detrás del hecho, destacando que lo ocurrido representa un daño “a la vida”.

Son más de 192 brigadistas y voluntarios quienes trabajan en el terreno con apoyo de diferentes equipos especializado y no especializado, con un total de 33 herramientas de extinción entre móviles, aviones hidrantes, camiones cisterna, helicópteros, entre otros.

Diversas organizaciones de emergencia han emitido un comunicado conjunto en el que hacen un llamado urgente al Estado Nacional, exigiendo que el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) “habilite de manera urgente los recursos de despliegue” necesarios para el traslado de fuerzas auxiliares.

Entre los firmantes se destacan el Soporte de Alerta Temprana de Eventos Meteorológicos (SATEM), el Cuerpo Argentino de Socorrismo y Asistencia (CASA), y la Asociación Civil de Rescatistas Voluntarios Argentinos (RVA), junto a otras entidades.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos la formación, la voluntad y la experiencia. Lo único que falta es la decisión política que por ahora brilla por su ausencia”, subrayan en su reclamo, recalcando que “el fuego no espera”.

Redacción

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Renunció Claudia Rucci, funcionaria cercana a Victoria Villarruel

Claudia Rucci, hija del dirigente sindical José Ignacio Rucci —asesinado por Montoneros y FAR en 1973—, presentó su renuncia como directora general del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación. Había llegado a ese cargo por designación de la vicepresidenta Victoria Villarruel en enero del año pasado y se había convertido en una de sus colaboradoras más cercanas. Su salida coincidió con un clima de tensiones crecientes entre Villarruel y el presidente Javier Milei, así como con movimientos de personal en la Cámara alta para “estar más sincronizada con el Poder Ejecutivo Nacional”, según admitieron allegados a la vice.

La propia Rucci comunicó su salida en su cuenta de la red social X el jueves por la noche: “Hoy presenté la renuncia, por motivos personales, al cargo de Directora General del Observatorio de DDHH del Senado de la Nación. Mi agradecimiento a todos con los que compartimos el esfuerzo en pos de que los Derechos Humanos sean de todos y para todos! Muchas gracias!!!”

En ese mismo mensaje, difundió un video con imágenes de distintas actividades que desarrolló durante su gestión, donde se vio a Villarruel en varias postales. No hizo una mención específica a la vicepresidenta, quien tampoco la saludó públicamente en el momento del anuncio. Desde el entorno de Villarruel ratificaron que “la renuncia es estrictamente personal y se venía conversando” y aseguraron que ambas mantenían una “muy buena relación”. Voceros cercanos a la vice también apuntaron que “está reordenando el equipo del Senado para estar más sincronizada con el Poder Ejecutivo Nacional” de cara a un año que se anticipaba “muy complejo” en el plano electoral. “Al menos una sintonía más similar. Se viene un año electoral muy complejo y hay que fortalecer las cámaras en el mismo sentido”, agregaron.

La figura de Claudia Rucci encajaba con la histórica militancia de Villarruel a favor de las víctimas de organizaciones guerrilleras de los años 70. Antes de asumir en el Observatorio, Rucci había acompañado a la vice en un acto de campaña que homenajeó a las víctimas del terrorismo. También la secundó en agosto pasado, cuando Villarruel encabezó en el Senado un acto de conmemoración y homenaje a esas víctimas y declaró: “Reabriremos todas las causas de víctimas de terrorismo para que sea la Justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años”.

En los últimos días, versiones legislativas indicaron que Villarruel temía una intervención de la Casa Rosada en el Senado a través de la designación de un secretario administrativo afín al Ejecutivo, en lugar de la actual funcionaria María Laura Izzo, cercana a la vice. Estos reacomodamientos internos coincidieron con la renuncia de Rucci y alimentaron especulaciones sobre una posible intención de la vicepresidenta de evitar injerencias externas y realinear su equipo.

Redacción

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ENTRE RÍOS | 33 Héroes de Malvinas obtienen cobertura de salud completa tras una gestión de Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, concurrió el pasado jueves a la sede del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) junto a representantes del Centro y la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas, para reunirse con la subinterventora de la entidad, Marina Alegre. Durante el encuentro, se confirmó la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de concretar la afiliación a la obra social de entrerrianos que combatieron en el conflicto bélico y sus esposas e hijos menores de edad.

“Tenemos el mandato y una decisión firme del gobernador de que estas demandas tienen que llegar a un resultado positivo y en eso hemos trabajado desde el primer minuto en la Cámara: hacer que las cosas que les importan a los entrerrianos sucedan. Tuve la gran oportunidad, como representante del gobierno provincial, de iniciar la gestión y de acompañar”, sostuvo Hein luego de la reunión.  

El presidente de la Cámara baja destacó la “apertura y la capacidad de trabajo” de la subinterventora del Iosper para hacer posible “una reivindicación y una decisión de saldar las deudas pendientes que se tienen con los veteranos”. A su vez, recordó que “Malvinas es una causa diaria, no solamente para el 2 de abril”.  

Acerca de los resultados de esas gestiones, consideró: “Lo que ha ocurrido hoy podemos resumirlo en lo que los veteranos siempre nos han legado: no abandonar la lucha, más allá de las tormentas que hemos pasado y estamos pasando, de la desidia y del abandono que ellos han sentido por la falta de empatía de un Estado muchas veces ausente. Hemos decidido poner en valor los temas reales, donde el Estado tiene que estar presente. Lo hacemos con lo que nos incumbe desde la Cámara y bajo la norma de un gobernador que ha decidido tomar el toro por las astas y mostrar otra manera de hacer política”.

Por su parte, Alegre brindó precisiones sobre la cobertura. “Nuestra provincia tenía una gran deuda pendiente que es la afiliación de 33 veteranos de Malvinas, que no han sido incorporados a la obra social. A partir de ahora lo serán, porque hay un derecho, hay una ley que los avala y es una reivindicación histórica que la provincia les debe”, dijo, y agregó que “esta afiliación es para ellos, para sus esposas, e hijos de hasta 21 años y hasta 25 si estudian y tienen los certificados correspondientes. Tienen los mismos beneficios que cualquier otro afiliado”.

“Tenemos que hacer pequeñas modificaciones en el sistema y en no más de diez días ya van a gozar de todos los beneficios de ser afiliados, completó, tras lo cual destacó que “fue muy importante la gestión de Gustavo Hein”, a través de quien tomaron conocimiento del expediente que se encontraba a la espera de una resolución.

En tanto, Oscar Eguias, presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Paraná y de la Federación de Veteranos de Entre Ríos, remarcó que se trataba de “una deuda pendiente de hace más de 30 años, hay mucha gente sin obra social y lo que más necesita hoy un viejo veterano es salud”. Y agregó: “Valoramos la reivindicación por parte de Hein y Alegre. Nos vamos muy contentos con este trámite que termina después de un largo camino”.

Acerca de la situación de los veteranos que se beneficiarán con esta decisión, dijo: “Hasta ahora era precaria, sin la cobertura que necesitaban. Son 49 veteranos, de los cuales 33 presentaron la documentación. Hoy tenemos la certeza de que hemos sido escuchados y de que esta gente va a tener Iosper, que es la obra social que nos dieron gobiernos anteriores por ley”.

De la reunión también participaron Julia Garioni, secretaria de la Cámara de Diputados; Joaquín Castellano, gerente de Prestaciones del Iosper; Ladi Ojeda, vocal del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Paraná, y Ricardo Álvarez, secretario del Centro y de la Federación de Veteranos de Entre Ríos.

Redacción

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El Ministerio de Defensa dio de baja a 23 militares retirados y generó un fuerte rechazo

Por orden de la Justicia, el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, dispuso la baja de un grupo de militares retirados que tenían condenas en causas por delitos de lesa humanidad ligados a su actuación durante la última dictadura. El Gobierno difundió la resolución 2025, fechada el lunes 27 de enero de 2025, y también aludió a la resolución 72/2005, firmada por Petri a requerimiento de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Defensa aclaró que no se trató de “una decisión unilateral”, sino del cumplimiento de una “orden del Poder Judicial, notificada por el Ministerio Público Fiscal”.

La medida abarcó a 23 oficiales superiores retirados del Ejército, entre ellos combatientes de la guerra de Malvinas. Uno de los más conocidos fue el coronel retirado Horacio Losito, condenado a prisión perpetua y quien, una semana después de la llegada de Javier Milei a la Presidencia, obtuvo la libertad condicional. A diferencia de los militares que pasan a retiro (conservan grado y estado militar), los dados de baja pierden su condición de integrantes de las Fuerzas Armadas. Según se informó, las esposas de los oficiales retirados comenzarán a percibir la correspondiente pensión. En la lista figuraron:

  • Generales de División retirados: Eduardo Rodolfo Cabanillas.
  • Generales de Brigada retirados: Néstor Rubén Castelli, Teófilo Saa, Federico Antonio Minicucci
  • Coroneles retirados: Miguel Ángel Fernández Gez, Humberto José Román Lobaiza, Mario Alberto Gómez Arena, Pascual Oscar Guerrieri, Oscar Lorenzo Reinhold, Ramón Ángel Puebla, Carlos Alberto Ozarán, Carlos Gustavo Fontana, Horacio Hugo Maderna, Jorge Omar Lazarte, José Héctor Fidalgo, Jorge Daniel Rafael Carnero Sabol, Héctor Salvador Girbone, Carlos Enrique Pavón, Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes, Rafael Julio Manuel Barreiro, Carlos Alberto Arias y Luis Ángel Gaspar Zírpolo.
– Hubo cuestionamientos a la resolución firmada por el ministro de Defensa, Luis Petri

En el artículo 2 de la resolución 2025, el ministro Petri instruyó al Jefe del Estado Mayor del Ejército, Xavier Isaac, para que inicie los trámites de baja de Oficiales Jefes, Oficiales Subalternos y Suboficiales condenados por crímenes de lesa humanidad, en la medida en que sus causas alcancen sentencia firme.

Distintas organizaciones del ámbito castrense cuestionaron la disposición y aludieron a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas: “La Procuraduría de Investigaciones Administrativas dependiente de la Procuración General de la Nación, le ha requerido al Ministerio de Defensa que proceda a dar de baja a personal militar condenado por los hechos ocurridos en los años 70 del siglo pasado. Dicha Procuraduría no es un órgano judicial y no está habilitada para ordenar absolutamente nada, ni al Poder Ejecutivo, al Legislativo, ni al menor de los Jueces de la República”, expresaron en un pronunciamiento conjunto la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, el Foro de Generales Retirados y el Foro de Almirantes, entre otras entidades.

Estas organizaciones consideraron que “es necesario que la nueva política, que se ha manifestado hasta ahora tan valiente y lúcidamente contra el núcleo mismo del siniestro pacto que signó el rumbo de nuestra Argentina en los últimos veinte años, disponga el cese de estos juicios de venganza”, en alusión a las causas judiciales que se reabrieron en el período kirchnerista contra militares y civiles acusados de violaciones a los derechos humanos. Argumentaron que esos procesos “fueron materializados con el único fin de mantener vivo el odio, la discordia y los millonarios negociados llevados adelante, hasta el día de hoy, bajo su amparo”.

A su vez, las entidades señalaron que la baja “alcanza a muchos oficiales que tenían grados subalternos al momento de los hechos, algunos de los cuales fueron condecorados por el valor en combate en la Guerra de Malvinas”, en referencia al coronel Losito. También advirtieron que, al afectar la jubilación de retiro, “deja en la indigencia a adultos mayores viudos de un ingreso alimentario generado en base a aportes que no pueden ser confiscados”. Agregaron que los fundamentos de la resolución citan tratados internacionales que, según su postura, “nada disponen respecto de la baja de personal militar y la quita de haberes”, recordando que la baja militar está contemplada en la ley 19.101, vigente desde 1971 para el personal de las Fuerzas Armadas.

“Se trata de otra de las lamentables consecuencias de la ilegal reapertura de estos juicios contra el personal militar, de fuerzas de seguridad y de fuerzas policiales que combatieron el terrorismo en los años 70, así como civiles incluidos en esos procesos”, concluyeron las entidades.

Por su parte, el general José Luis Figueroa, presidente del Foro de Generales Retirados, lamentó la “decisión administrativa” y sostuvo: “Esta destitución no es solo un acto administrativo; es un mensaje claro a todos los que sirvieron y sirven a la Nación: el sacrificio por la Nación será ignorado si no se ajusta al relato del momento”. Expresó que la medida “afectó a quienes dieron todo por la Nación y profundizó las heridas ya abiertas” y añadió: “Un gobierno que asumió con todas las expectativas sectoriales favorables debe recuperar la credibilidad de esta parte de los argentinos, colocando esta problemática en agenda, definirse y darle una respuesta política acorde a sus manifiestas convicciones que compartimos”.

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Figueroa recordó que “las consecuencias de toda guerra, más interna, requiere una solución política, como en su tiempo lo hicieron Raúl Alfonsín y Carlos Menem, colocándose por encima del enfoque parcial y especulativo que luego adoptaron los Kirchner, que hoy orienta los aspectos políticos y jurídicos del Estado en este aspecto”.

La Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA), a través de su referente Cecilia Pando, también emitió un duro comunicado titulado “Una resolución que desgarra el alma”. Sostuvo que la decisión “se basa en un pedido del Ministerio Público Fiscal efectuado en el mes de octubre del 2024 en base a tratados y convenciones internacionales de derechos humanos a los cuales estaría obligado nuestro país”.

Señaló que la disposición “sumó a la vergonzosa condena judicial por delitos inexistentes en el momento de los hechos, la actual baja de la institución a la cual consagraron sus vidas”. Pando consideró que la sanción “desgarra el alma por tratarse de un gobierno que ha hecho de la batalla cultural contra el progresismo marxista el fundamento espiritual de su gestión” y añadió: “No se comprende que autoridades del Poder Ejecutivo se arrodillen sin vergüenza y sin ninguna resistencia a los pedidos ilegítimos de la corporación judicial”.

AFyAPPA, junto con otras organizaciones como la Asociación de Abogados Defensores de los Derechos Humanos de Latinoamérica, la Unión de Promociones, la Unión de Personal Militar Asociación Civil, la Asociación de Veteranos de Guerra contra el Terrorismo y el Centro de Estudios Salta, exigió “el cierre definitivo de esta tragedia” y exhortó al presidente Milei y al ministro Petri a “no destruir nuestras esperanzas”.

Redacción

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