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Con la publicación en el Boletín Oficial de la Decisión Administrativa 440/21, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, nombró a Laura Patricia Solaberrieta como Directora de Administración Financiera y Presupuestaria de la Dirección General de Proyectos con Financiamiento Externo.
Solaberrieta fue investigada en 2012 por ser presunta testaferro de Boudou y José María Núñez Carmona. En ese momento, era presidenta de Vail Investment S.A., vinculada al socio del ex vicepresidente que recibió millones de pesos del Estado.
En esa firma también aparecía un empleado de Núñez Carmona y testigo del condenado ex vicepresidente en su juicio de divorcio: Juan Carlos «el Sordo» López.
Esta y otras empresas recibieron, de un día para otro, $11 millones en concepto de pauta oficial. Además, Vail Investment S.A. incrementó repentinamente su capital de $30.000 a $1,4 millones.
Solaberrieta ejerce el cargo desde el 1º de febrero pasado, pero su designación fue autorizada con “el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial” y “con autorización excepcional por no reunir la contadora pública SOLABERRIETA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio”.
– Especial para Data24.com.ar –
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En un hecho que sacudió a la política local, Gabriel “Lalo” Aranda, concejal de Unión por la Patria y presidente del Club Deportivo Laferrere, fue detenido durante la sexta sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de La Matanza. La noticia generó un gran revuelo en el distrito comandado por el intendente ultra K recientemente procesado por abuso sexual, Fernando Espinoza, y dejó preguntas sin respuesta.
EL VIDEO DE LA DETENCIÓN
Aranda, quien ingresó al Honorable Consejo Deliberante en diciembre pasado a través de la lista del Movimiento Evita liderada por Emilio Pérsico, fue arrestado en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en que la policía lo saca del recinto en un móvil, generando especulaciones sobre las causas detrás de su detención.
Además de su rol como funcionario, Gabriel Aranda es una figura destacada en el ámbito deportivo local. Desde hace tres años, ocupa la presidencia del Club Deportivo Laferrere, uno de los clubes más importantes de la región oeste de la provincia de Buenos Aires. Aranda asumió la presidencia del club tras la sorpresiva renuncia de Roberto Zeballos, quien se desempeñaba como tesorero y era un referente de la Corriente Clasista y Combativa.
Sospechas y acusaciones: Negocios con planes sociales, barras y narcotráfico
A pesar de que las autoridades aún no confirmaron los motivos de la detención, se rumorea que podría estar relacionada con una causa de planes sociales. Este no es el primer escándalo que envuelve al club presidido por Aranda. Hace un año, el vicepresidente del club, Esteban Quiñones, fue arrestado por presuntos vínculos con un conocido narcotraficante de la zona, conocido como“Chaki Chan”.
En medio de la confusión, Gabriel Aranda publicó un mensaje en su página de Facebook: “ACABAN DE SUBIRME A UNA CAMIONETA, TEMO POR MI VIDA POR FAVOR. Si me pasa algo hago cargo a Matías López de la policía de Alonso de la policía de la provincia. Todo sin orden judicial”.
El Club Deportivo Laferrere, fundado en 1956 y conocido popularmente como “El Villero” o “El Verde”, no es ajeno a la violencia y la polémica. Por ejemplo, en febrero de este año, la barra brava del club llegó a un partido exhibiendo armas de fuego, incluyendo revólveres y al menos una ametralladora, lo que provocó una fuerte condena pública pero pocas acciones concretas para abordar el problema.
La interna política del gobierno de Javier Milei tuvo una escalada internacional. Karina Milei, hermana y secretaria general de la Presidencia, protagonizó un encuentro de urgencia con el embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, en un intento por “neutralizar” las declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Todo comenzó cuando Villarruel, a través de su cuenta en la red social X, expresó su apoyo al futbolista Enzo Fernández y criticó duramente a Francia. “Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas. Enzo, yo te banco, Messi, gracias por todo. ¡Argentinos siempre con la frente alta! ¡Viva la Argentinidad!”, manifestó la vicepresidenta, en referencia a los cánticos de la selección argentina.
Estas declaraciones llegaron a pocos días de que el presidente Javier Milei viaje a París para asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos, y provocaron un malestar considerable en la sociedad francesa. Ante la posibilidad de un conflicto diplomático, Karina Milei tomó la iniciativa y se reunió con Nadal para pedir disculpas oficiales.
Según fuentes de la Casa Rosada, el encuentro duró más de media hora, durante el cual Karina Milei se esforzó en dejar claro que las opiniones de Villarruel no representan la postura del gobierno argentino. “Fue una gestión de urgencia y reservada que buscó neutralizar los efectos negativos de una declaración polémica”, comentó un colaborador del presidente.
La reunión no pasó desapercibida en el ámbito político nacional. La relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel fue objeto de escrutinio debido a las tensiones y diferencias que han surgido en los últimos meses. Desde la negativa de Villarruel a apoyar ascensos militares impulsados por el Ministerio de Defensa, hasta su ausencia en eventos clave y ahora esta controversia internacional, los roces se han vuelto más evidentes.
“No estuvo bien. Karina se tuvo que juntar de urgencia con el embajador de Francia para desactivar el conflicto que generó Victoria Villarruel. Pudo solucionarlo”, afirmaron fuentes oficiales.
El episodio también puso de relieve la frágil dinámica entre las principales figuras del gobierno: A pesar de que tanto en público como en privado se adoptó la postura de que los comentarios de Villarruel fueron “desafortunados”, las tensiones internas persisten.DianaMondino, la canciller, no participó en la reunión con Nadal —una decisión que algunos interpretan como una muestra de la falta de cohesión dentro del equipo de gobierno—.
La vicepresidenta, quien no tiene despacho en la Casa Rosada y opera desde el Senado, ha mantenido una relación distante con otros miembros clave del gobierno. Su cercanía con el ex presidente Mauricio Macri también generó suspicacias.
En una reciente entrevista concedida a la revista Gente, Estanislao Fernández denunció que el rol de su padre en la arena política, en lugar de acercarle posibilidades, se las ha alejado. Sin embargo, “Dyhzy” -tal como se da a conocer en redes sociales en calidad de drag queen-, omite mencionar que, gracias a los contactos de Alberto Fernández, todavía conserva un contrato en Provincia Seguros, una de las empresas del Banco Provincia.
Segú constató el sitio REALPOLITIK, a pesar de residir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Estanislao logró ingresar a este organismo en diciembre de 2015, el mismo mes en que Daniel Scioli abandonó la gobernación de la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. Desde entonces, ha cobrado ininterrumpidamente su sueldo hasta el día de hoy.
“A diferencia de lo que considera la gente, más que darme trabajo, me ha quitado”, aseguró el hijo de Alberto Fernández. “Más que ayudarme, me perjudicó. Lo que sí creo es que soy una persona muy inteligente y trabajadora, y todo lo que he ganado fue gracias a mi esfuerzo”, añadió.
En formato drag queen, completamente de amarillo y con el micrófono de la revista Gente en mano, el hijo de Alberto Fernández acusó al ex presidente de haberle complicado su vida laboral. Los detalles en www.realpolitik.com.ar
Como era de esperar, las declaraciones de Estanislao generaron controversia en la escena pública y, particularmente, en las redes sociales. Actualmente, el hijo del ex presidente cobra un sueldo de organismo estatal bonaerense mayor a $800.000 mensuales, sin cumplir ninguna función. Según fuentes del lugar, jamás lo vieron trabajando en ningún área de Provincia Seguros.
El subsecretario de Integración Socio Urbana y armador de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, sigue generando polémica, de camino hacia las elecciones legislativas del 2025. Ahora se encargó de sumar a kirchneristas que recorren las calles del Partido de La Costa.
Según publicó el sitio La Postal de Mar del Plata, se llevó adelante una reunión en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la cual siguió al siguiente día en La Plata. De la misma, se habría cerrado un acuerdo entre Sebastián Pareja y el dirigente de Unión por la Patria (UxP) en La Costa, Walter Ortega. Sin ir más lejos, casi una alianza de trabajo entre peronistas y libertarios.
“No se habló de un Ortega encabezando las listas de La Costa para lo que será el armado de La Libertad Avanza en el 2025”, resaltaron. A lo que se añadió: “Se lanzaron nombres de jóvenes que pueden tener representación local”.
Walter Ortega fue un operador y “patotero” del ex intendente K, Juan Pablo De Jesús: Se acercó hasta la sede del gremio muñido de palos, y agredió al titular del mismo, Javier Cícero, que terminó desmayado y con numerosas lesiones, entre ellas fractura de maxilar, por las cuales está hoy internado en terapia intensiva del hospital San Martín de Porres, sentenció Letra P, el medio que informó de las amenazas que recibió el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) local.
Juan Pablo De Jesús
Son varios los casos polémicos que se generan alrededor de Walter Ortega, el nuevo hombre de confianza que tiene Sebastián Pareja para desembarcar a La Libertad Avanza en el Municipio. Un último ejemplo, está en que el dirigente peronista apoyó en las últimas elecciones a Cristian Cardozo y, posteriormente, ayudó en la campaña del ya ahora intendente Juan De Jesús (ambos de UxP).
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció este lunes el envío a la legislatura provincial de un proyecto de ley para establecer un nuevo régimen de fomento de inversiones estratégicas. Con esta iniciativa, pretende garantizar que YPF y la petrolera malasia Petronas construyan una planta de tratamiento de Gas Natural Licuado (GNL) en Bahía Blanca.
“Vamos a presentar un proyecto de ley para un régimen provincial de fomento de inversiones estratégicas que promuevan grandes inversiones, producción y empleo en la provincia de Buenos Aires”, afirmó el gobernador durante una conferencia de prensa en La Plata. Según el burócrata, esta ley tiene como objetivo cubrir varios de los requisitos y necesidades planteados por las compañías energéticas para avanzar con el proyecto en Bahía Blanca.
El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, junto al presidente de YPF, Horacio Marín
El mandatario explicó que los proyectos que se acojan a este nuevo régimen recibirán tratamiento prioritario en términos de aprobación normativa y añadió que ofrecerán estabilidad tributaria por un periodo similar al del régimen nacional.
Tras el anuncio de Kicillof, el vocero presidencial, ManuelAdorni, comentó desde Casa Rosada que “Kicillof tiene la libertad, dentro del marco legal, de hacer lo que considere necesario”, pero resaltó las deficiencias de la provincia y la importancia de generar confianza en los inversores.
El proyecto de la planta de GNL, planeado desde 2017, representa una inversión de entre 30.000 y 50.000 millones de dólares en los próximos ocho años. Aunque la provincia de Río Negro ya ha adherido al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), Kicillof apuesta por este nuevo régimen provincial para atraer la inversión a Bahía Blanca.
En una sesión polémica y tensa, la Cámara Alta vivió un controversial momento cuando el senador de La Libertad Avanza (LLA), Juan Carlos Pagotto, introdujo modificaciones escandalosas en el proyecto de ley destinado a aumentar las penas por la compra y venta de niños.
Desde su banca, el legislador riojano —miembro informante de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales— propuso que las familias que vendan a sus hijos por necesidad queden exentas de pena. Pagotto, conocido aliado de Lule Menem, leyó estas modificaciones como si fueran parte del dictamen aprobado por la mayoría, generando una inmediata y feroz reacción y confusión de la oposición.
Durante la sesión, Pagotto enunció: “Se impondrá prisión de 4 a 10 años a quien reciba o entregue un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”. Sin embargo, agregó: “Queda exento de esta pena el progenitor que entregare a su hijo cuando mediare estado de necesidad”.
La senadora Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria, lo interrumpió inmediatamente: “No está leyendo el dictamen, ¿no, senador Pagotto? Usted no está leyendo el dictamen, está leyendo una propuesta que trajo y está en nuestras bancas pero no es el dictamen”. La aclaración de Di Tullio desató una ola de críticas hacia Pagotto, quien intentó excusarse diciendo que el dictamen de comisión era solo una “guía” y que la discusión debía darse en el pleno.
El debate giraba en torno a la modificación del artículo 139 bis del Código Penal, inicialmente impulsada por la senadora radical, Carolina Losada, y el peronista, Antonio Rodas. El proyecto buscaba endurecer las penas por la compra y venta de menores, aumentando las condenas de “4 a 10 años al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”.
La “trampa” de Pagotto y la inclusión de la excepción para familias en estado de necesidad provocaron un escándalo mayúsculo: “Hay familias enteras que tienen ocho o nueve hijos, que alguna vez han dando, como quien dice, algún chico y si nosotros lo sancionamos, dejamos todo el resto de la familia sin protección”, expresó, intentando justificar su polémica modificación.
Pagotto junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem
La organización Militamos la Adopción denunció la maniobra del senador libertario a través de Twitter, señalando que los cambios propuestos hubieran implicado la aprobación de un código penal que legalizaba la venta de menores de edad. La reacción de los senadores y la presión de la sociedad civil lograron evitar la aprobación de esta modificación, devolviendo el proyecto a la comisión para un análisis más exhaustivo. “Los niños no son mercancía, ni puede equipararse la apropiación con adoptar. No existe la adopción ilegal, si no es legal es apropiación”, puede leerse en el texto.
El proyecto original de Losada y Galaretto contemplaba la eximición de la pena a los progenitores en “situación de vulnerabilidad, ignorancia o facultades mentales alteradas”, exceptuando aquellos casos donde se denoten antecedentes relacionados a los artículos comprendidos en el Capítulo. Esta redacción más cuidadosa buscaba evitar la criminalización de las familias más vulnerables sin abrir la puerta a la legalización de la venta de niños.
Finalmente, el Senado aprobó la ley en general por unanimidad, pero la intervención —señalada como “maliciosa”— de Pagotto, y la necesidad de un debate más profundo sobre el articulado, obligaron a los legisladores a regresar el expediente a comisión. La votación final, sin embargo, reafirmó el compromiso del Senado con la protección de los menores y el endurecimiento de las penas por su comercialización.
