Uno de los hijos de Lázaro Báez pidió ser absuelto en la causa de la Ruta del Dinero K
Martín Báez negó haber cometido algún delito en la causa por supuesto lavado de dinero en la que es juzgado junto a su padre y sus tres hermanos.
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*Por: Karin Leiva
Desde la cárcel, el hijo mayor de Lázaro Báez se declaró inocente en las últimas palabras del juicio y pidió ser absuelto en la causa por la Ruta del Dinero K, donde junto a su padre y sus hermanos, es acusado de lavado de dinero.
“No soy un mafioso ni un delincuente. Soy una persona honesta, una persona común que trabajó en la empresa de su padre empezando y aprendiendo. Confío en la buena fe del tribunal, aunque estoy socialmente condenado desde todo punto de vista”, señaló Báez.
Por medio de una teleconferencia desde la Unidad 31 del Servicio Penitenciario Federal, donde se encuentra detenido, el hijo de Lázaro le dijo a los jueces Néstor Costabel, Adriana Palliotti y Gabriela López Iñiguez que espera que “después de tantos años se haya aclarado que ninguna imputación es verdadera, aunque ya no tenga reparación”.
“Ruego que apliquen la ley y me absuelvan porque no he cometido ningún delito, solamente me interesan mis hijos”, expresó.
El fiscal Abel Córdoba pidió que Lázaro Báez sufra una condena de 12 años de prisión por haber lavado por lo menos 60 millones de dólares. Además de eso, la Oficina Anticorrupción (OA) pidió 8 años y 6 meses de prisión; la Unidad de Información Financiera (UIF), 9 años, y la AFIP, 8 años.
La audiencia inició con las últimas palabras del contador Daniel Pérez Gadín, quien estuvo detenido en esta investigación y luego fue excarcelado por el Tribunal Oral.
Este declaró que la causa “es un típico caso de lawfare financiado por los fondos buitres” y que se trató de una acusación política, con un intento de vinculación a Cristina Kirchner y Néstor Kirchner por parte de la oposición.
Pérez Gadín señaló que el grupo Austral Construcciones, perteneciente a los Báez, “era un enorme conglomerado” que “tenía de manera directa contratadas más de 3500 personas” y que “lamentablemente a causa de toda esta farsa, pero prefiero decir causa, esa empresa desapareció”. Y agregó que “hoy hay 3500, 4000, 5000 familias que se han quedado sin trabajo”.
El contador expresó que “no era una empresa de papel ni dibujada, pero un día apareció lo que no tenía que aparecer, un periodista que hoy nos queda muy claro por qué apareció, se sabe hoy, no se imagina, que era para inventar lo de la ruta del dinero K financiado por Paul Singer, en el momento en que el país se negaba a pagar a los fondos buitres. Ahí empieza todo”.
“Querían demostrar que el dinero en el exterior era de Cristina y Néstor Kirchner, esto me pedían y me amenazaban con involucrar a mi familia si yo no hacía estas declaraciones”, finalizó.
– Especial para Data24.com.ar –
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El Poder Ejecutivo Nacional presentó su ambicioso proyecto de reforma del Código Penal Argentino (un documento masivo de 912 artículos y 377 páginas) en un acto escenográfico en el penal de Ezeiza. Sin embargo, ni el presidente Javier Milei ni la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hicieron mención a los artículos más controversiales, contenidos en el Título XXIX sobre “Discriminación, delito de odio”.
Tras la filtración de estos artículos, desde el oficialismo se intentó desligar su responsabilidad, alegando una supuesta “operación política”. No obstante, la magnitud de la filtración desmiente el argumento, evidenciando que se trata de una parte integral de la propuesta.
Del INADI a la cárcel: la hipocresía punitivista
La administración actual ha sido una de las voces más críticas contra los organismos que, a su juicio, actuaban como “policía del pensamiento” (como el INADI y el NODIO), promoviendo y efectivizando su cierre. Pero el proyecto de ley no sólo replica su espíritu, sino que lo agrava de manera exponencial: mientras aquellos sólo podían imponer multas o talleres de concientización, el nuevo Título XXIX establece penas de prisión efectiva de 3 a 12 años por las mismas conductas.
El Artículo 879 castiga a quien: “insulte, agreda, promueva, aliente o incite, por cualquier medio, a la persecución u odio de una persona humana o jurídica o un grupo o asociación con motivación racista, xenófoba, religiosa, discriminatoria o por los motivos enunciados en el artículo precedente”. Esta disposición consagra el “crimen de pensamiento”, una figura propia de la ficción distópica 1984, la clásica obra de George Orwell, donde un Estado totalitario vigilaba el lenguaje y la ideología de sus ciudadanos.
Adiós al insulto callejero, a las críticas y al humor
La vaguedad de los artículos convierte la ley en un peligro para la libertad de expresión y el lenguaje cotidiano. Dado que la lista de motivos de “discriminación” es amplísima —condición social, ideología, edad, y caracteres físicos o psíquicos—, un simple insulto de tránsito podría ser interpretado por un juez como un “delito de odio agravado”, con su consecuente prisión efectiva.
Para poner un ejemplo, el influencer Emmanuel Danann, que ya enfrentó un proceso judicial con una probation en la Justicia Porteña por llamar “gordo con peluca” a una persona con sombra de barba y una peluca azul de cotillón, bajo este nuevo Código Penal hubiera enfrentado una pena de 3 a 9 años de prisión.
La situación es peor con el artículo 880, que agrava la pena hasta 12 años de prisión si la conducta se realiza con “habitualidad”. Esto implica que una persona que suela usar términos peyorativos, como el político “kuka” (referencia despectiva para los kirchneristas) o “zurdo” (para referirse a socialistas) en una red social (como podría ser X, ex Twitter), podría ser considerado un comportamiento delictivo habitual, derivando esos 12 años de prisión. Esta pena es completamente desproporcionada y es comparable o superior a las penas de delitos graves como el robo agravado o el homicidio simple, donde se afecta la vida o la propiedad.
Censura a gente común, a periodistas y a empleadores
El proyecto sienta las bases para la autocensura masiva en la prensa y entre los ciudadanos. Cualquier crítica u opinión sobre un grupo ideológico o social puede ser entendida como una “incitación al odio” o una forma de “agresión contra la dignidad humana” (art. 878). Periodistas y ciudadanos podrían ir presos por criticar a un partido político, a un grupo de inmigrantes, o a cualquier colectivo, incluso cuando este ni siquiera se trate de una minoría.
A su vez, el art. 879, inc. 4, penaliza a quien “obstruya, impida, limite o restrinja arbitrariamente (…) el acceso a bienes y servicios públicos o privados de uso general, incluido el acceso a (…) el empleo”. En una aplicación extrema, este artículo podría usarse para criminalizar a un empleador que decida no contratar a una persona de 60 años (próxima a la jubilación), o de 18 años (escasa experiencia), ya que los estarían discriminando por su edad; o por cualquier otra característica contemplada, convirtiendo una decisión de gestión privada en un delito con pena de cárcel.
El proyecto, impulsado por una fuerza que se define como defensora de la libertad, sienta un peligroso precedente: el de criminalizar el pensamiento y el lenguaje, sustituyendo la justicia por una ideología de la ofensa que amenaza los cimientos de la Constitución Nacional Argentina.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó debilidades en los mecanismos de control interno del Instituto Nacional del Cáncer (INC)en la gestión de los fondos otorgados a proyectos de investigación entre 2020 y 2022. Según el organismo de control, hubo falencias en la presentación, evaluación y rendición de cuentas de los subsidios, que ponen en duda la transparencia del proceso y la eficacia del seguimiento institucional.
El informe, aprobado en abril de 2025, evaluó la “Asistencia Financiera VI” del Programa de Promoción de la Investigación en Cáncer, que otorga apoyo económico a grupos de investigación en todo el país. En ese período, el crédito presupuestario asignado fue de $38,8 millones de pesos, de los cuales se ejecutó un 82%. La auditoría examinó una muestra de 15 ideas-proyecto sobre un total de 21 presentadas.
Entre las principales observaciones, el informe señala que el Programa no realizó controles formales sobre el cumplimiento de los requisitos y condiciones de admisibilidad de los proyectos: “Solamente se verificó la existencia de un archivo informal en Excel denominado ‘Análisis Admitidos-No Admitidos’, del cual no surge su autor”, indica el organismo gubernamental. Además, se constató que en ningún caso se acreditó documentalmente que los directores de los proyectos no tuvieran rendiciones pendientes de convocatorias anteriores, como exige la normativa.
Tampoco se presentaron copias de DNI ni títulos habilitantes de los directores de proyecto, lo que implica “incumplimiento de los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria”. A esto se suma la falta de claridad en los criterios de adjudicación: “No surge con claridad la metodología utilizada para la adjudicación de los proyectos, lo que genera incertidumbre sobre si se ha efectuado la mejor asignación de recursos”, advirtió el organismo.
– María Verónica Pesce, exdirectora del Instituto Nacional de Cáncer
La SIGEN detectó inconsistencias entre los puntajes otorgados por los evaluadores y los proyectos finalmente adjudicados. Por ejemplo, en la línea de investigación clínica se seleccionó un proyecto ubicado en el puesto 22, con un promedio de 65,7%, cuando el promedio general de las postulaciones fue de 78,4%. Casos similares se repitieron en las líneas de investigación básica e implementación. Además, “las evaluaciones de los evaluadores internos y externos no estaban firmadas”, y en varios casos se realizaron en hojas de cálculo “altamente manipulables”.
Otro de los puntos críticos fue la falta de seguimiento de los desembolsos. En algunos casos, los investigadores recibieron los fondos con hasta cinco meses de demora, lo que los obligó a modificar cronogramas y a afectar los resultados previstos. Aun cuando las demoras provinieron de las entidades administradoras, la SIGEN cuestionó que “el organismo no realizó un seguimiento oportuno respecto de los desembolsos y la ejecución de los proyectos”, lo que atentó contra el cumplimiento de los objetivos.
– La auditoría de la Sindicatura General de la Nación
También se verificó que los segundos desembolsos se realizaron sin controles adecuados sobre el avance y cumplimiento normativo de los proyectos. En la mitad de los casos relevados, los objetivos fueron alcanzados solo de manera parcial. La SIGEN ejemplificó con dos proyectos puntuales. En el primero, “los objetivos se cumplieron parcialmente debido a la falta de equipamiento, contaminación de muestras y motivos de salud del director”; en el segundo, “la cantidad de pacientes estudiados fue muy inferior a la propuesta original”.
El informe detalla, además, que hubo demoras excesivas en la aprobación de reformulaciones presupuestarias, con plazos que en algunos casos superaron los seis meses. Esto afectó el desarrollo normal de los proyectos y, en ocasiones, las modificaciones se aprobaron cuando el período de ejecución ya había concluido. En un caso, la SIGEN constató que una solicitud de prórroga presentada en julio de 2022 fue aprobada recién en enero de 2023, fecha que coincidía con la finalización del proyecto original.
Las rendiciones de cuentas también mostraron importantes deficiencias: en 13 de los 15 proyectos auditados, el Programa no verificó la documentación exigida por el instructivo administrativo. El organismo recordó que las rendiciones “que no presenten toda la documentación requerida deben ser devueltas sin excepción”, algo que no ocurrió.
La auditoría concluyó que el Instituto Nacional del Cáncer “no realizó acciones para verificar el avance de las tareas programadas y medir el cumplimiento de los cronogramas de trabajo”. Para la SIGEN, las falencias detectadas revelan la necesidad de fortalecer los controles internos en todas las etapas del proceso: desde la admisibilidad de las ideas-proyecto hasta la rendición final de los fondos otorgados.
A días de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre de 2025, estalló un grave conflicto interno en la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en el distrito bonaerense de La Matanza, el municipio más poblado de la provincia de Buenos Aires con aproximadamente 1,2 millones de electores.
El PRO decidió retirar a los 1.000 fiscales que tenía previstos para el operativo de fiscalización en La Matanza, dejando a LLA sin el apoyo logístico necesario del partido amarillo en un distrito clave donde históricamente el peronismo ha dominado con amplios márgenes. En las últimas elecciones provinciales de septiembre de 2025, el intendente peronista Fernando Espinoza y Fuerza Patria se impusieron con el 53,9% de los votos, sacándole casi 27 puntos de diferencia a la alianza LLA-PRO.
La crisis se desató por acusaciones de malos manejos de fondos destinados a la fiscalización. El centro de las críticas es Luis “El Negro” Ontiveros, coordinador de LLA en La Matanza y diputado provincial electo, considerado un seguidor cercano de Sebastián Pareja, quien a su vez responde como brazo político de la Secretaría General de la Presidencia Karina Milei, en la agrupación llamada “Los Inquebrantables”. Desde el macrismo lo acusan de quedarse con dinero destinado al operativo de fiscalización y de negarse a compartir la coordinación con referentes del PRO.
– Luis “El Negro” Ontiveros
Según reportes, se estima que el operativo de fiscalización en La Matanza requiere alrededor de 300 millones de pesos para movilizar fiscales en las aproximadamente 4.000 mesas electorales del distrito. Desde el PRO plantean que “estamos hablando de una montaña de plata” y acusan a Ontiveros de buscar reducir la cantidad de fiscales para quedarse con esos fondos.
Alejandro Finocchiaro, diputado nacional del PRO y conductor del partido en La Matanza, quien busca renovar su banca, se encuentra en el centro del conflicto. Finocchiaro habría amenazado con retirarse del operativo de fiscalización ante la intransigencia de Ontiveros.
Esta situación interna expone las profundas tensiones en la alianza entre LLA y el PRO a pocos días de una elección crucial para el oficialismo. El conflicto no se limita a La Matanza, a su vez se reportaron problemas en otros distritos del Conurbano como Lomas de Zamora y Quilmes.
En el PRO reconocen que, debido a estos problemas, el presidente Javier Milei solo tendrá cubierto alrededor del 50% de la provincia de Buenos Aires con fiscalización “de calidad”. Desde el gobierno nacional crece la preocupación, ya que dirigentes opositores calculan que “si la falta de fiscalización supera el 30%, se pone en riesgo la elección”.
La situación generó reuniones de urgencia en Casa Rosada encabezadas por Karina Milei, presidenta de LLA, y Pareja, operador del partido en la provincia, junto a figuras como Santiago Caputo, Diego Santilli, Cristian Ritondo y Patricia Bullrich para intentar aceitar el operativo.
También expresaron su malestar Leila Gianni y Eduardo “Lalo” Creus, referente bullrichista en el distrito. Ambos denunciaron que Ontiveros no quiere cederle al PRO las zonas que piden fiscalizar, especialmente Ramos Mejía, donde el partido amarillo tiene mayor presencia.
Este no es el primer conflicto por la fiscalización en La Matanza. Ya en las elecciones de septiembre, el operativo fue calificado como “desastroso”, con un gran faltante de representantes libertarios y serias fallas logísticas. En aquella ocasión, fiscales denunciaron que no recibieron ni siquiera viandas adecuadas.
Incluso en el ballotage de 2023, se produjeron cruces similares cuando Ontiveros solo le dio al PRO la fiscalización de Laferrere pero se negó a cederle las escuelas de Ramos Mejía.
Desde LLA negaron rotundamente las irregularidades y calificaron las acusaciones como “una operación política del macrismo”. Fuentes libertarias aseguraron que la fiscalización del 7 de septiembre “estuvo excelente” y que los problemas fueron excepcionales.
Defensores del operativo explicaron que “no le vamos a pagar a nadie que no ponga fiscales. La lógica de que Ontiveros no quiere poner fiscales porque se va a quedar con la plata no tiene chances”. Además, sostuvieron que contarán con “gente de afuera del partido, como si fuera una consultora” para controlar fiscal por fiscal y verificar que estén en sus puestos asignados.
Cristian Ritondo, Diputado nacional y presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados de la Nación, manifestó su alegría por la victoria electoral de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales y destacó el lugar del partido amarillo en la hazaña.
“La provincia de Buenos Aires tiene una simbología muy fuerte. Uno podía ganar la elección nacional, podía estar arriba, recuperar una gran cantidad de votos, tener una cantidad importante de votos, pero sin duda el triunfo en la provincia de Buenos Aires le da una contundencia mucho mayor al triunfo del país”, ponderó.
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En cuanto a la remontada respecto a la derrota del 7 de septiembre en el principal distrito del país, Ritondo dijo que se debe “al gran trabajo que hicieron quienes acompañamos y estructuramos desde el PRO”.
“De los diez distritos donde mayor diferencia sacó La Libertad Avanza, se va a encontrar con cinco o seis distritos gobernados por el PRO, desde Pinamar a Mar del Plata, pasando por Vicente López a San Isidro”, describió en declaraciones a Radio Mitre.
Del mismo modo, puso en valor “la coordinación territorial del equipo de Karina Milei con Sebastián Pareja”, junto con la parte comunicacional manejada por Santiago Caputo. “Cuando se trabaja en equipo se logran estas cosas”, resumió.
También mencionó que hay “un gran esfuerzo de los argentinos; más allá de la inflación, más allá de la baja de pobreza que quisiera, estamos a mitad del río haciendo un gran trabajo y haciendo lo que el presidente Javier Milei dijo que iba a hacer en la campaña”.
Al cerrar su análisis, el referente PRO puntualizó que los “argentinos han decidido no volver al populismo. Saben que esa receta es pan para hoy y hambre para mañana y por primera vez creo que se bancan un proceso entero donde creen que la Argentina tiene un mejor destino”.
El Hospital Garrahan consolidó un incremento en la asignación básica destinado a su personal y lo definió como un “aumento salarial histórico”. La institución informó que implementó una suba del 61% dirigida a empleados de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución, con aplicación retroactiva a octubre. Este incremento se sumó a los bonos mensuales fijos que los trabajadores percibieron desde septiembre: $350.000 para el personal no asistencial y $450.000 para el personal asistencial.
En un comunicado, la administración señaló: “Gracias al trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, ese reconocimiento se consolidó con un aumento de sueldo cercano al 60% en la asignación básica, que será dirigido al personal de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución”. Y se agregó: “En el Hospital Garrahan la eficiencia no es una palabra vacía: es lo que hace posible cuidar mejor a quienes todos los días cuidan a los niños de este país”.
– El comunicado del Hospital Garrahan (publicado en X)
La dirección del hospital afirmó que la eficiencia administrativa resultó clave para fortalecer la atención y reconocer el trabajo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos. En ese sentido, el anunciado aumento es “un reconocimiento al esfuerzo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos. Incluso en momentos adversos en los que se utilizó al hospital como bandera política afectando al personal con situaciones extorsivas, ellos siguieron trabajando con compromiso, sosteniendo la atención y garantizando ni más ni menos que la salud de los niños.Así funciona una administración ordenada: la plata alcanza, el trabajo se valora y los resultados se ven”.
La administración del Garrahan (que desde el 10 de diciembre de 2023 inició una etapa orientada a la transparencia y la eficiencia) aceleró ese proceso en 2025 y financió los bonos y el aumento salarial con recursos propios, sin comprometer la sostenibilidad de la institución. El hospital comunicó que dispuso de los fondos necesarios para adelantar el pago del aumento, mientras aguardó la llegada de los recursos provenientes del Gobierno Nacional.
En el plano presupuestario, se indicó que, mientras uno de los vetos presidenciales del año alcanzó a la ley de emergencia pediátrica, la última modificación presupuestaria dotó de más fondos a los hospitales nacionales mediante una reasignación de partidas y sin generar déficit.
De ese refuerzo, el Garrahan absorbió más de la mitad de los nuevos recursos que obtuvo la cartera que lidera Mario Lugones, lo que le permitió beneficiarse con los bonos de septiembre.
El anuncio salarial se produjo en el marco de un conflicto gremial. A fines de octubre, la Junta Interna de ATE y la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) anunciaron la toma de la dirección del hospital de alta complejidad de Parque Patricios, al denunciar fuertes descuentos salariales a enfermeras, instrumentadoras y maestras del jardín maternal en el contexto de la ola de paros. “En este momento la dirección del hospital está tomada. Vamos a hacer permanencia hasta que devuelvan la plata que se quedaron del sueldo de los trabajadores. Esa es la situación y no nos vamos a ir hasta que depositen los fondos”, manifestó Norma Lezana, secretaria general de APyT.
El viernes pasado, el conflicto escaló cuando trabajadores de la APyTocuparon durante seis horas las oficinas centrales de la dirección médica, desde el mediodía hasta las 18, en reclamo de la restitución de haberes descontados por días de paro. La organización gremial informó que la medida buscó presionar a las autoridades para revertir descuentos que, según denunciaron, alcanzaron entre $300.000 y $500.000 y afectaron en particular a trabajadoras del área de enfermería, instrumentación y docencia del jardín maternal.
El delegado de la Junta Interna ATE Hospital Garrahan, Alejandro Lipcovich, declaró a Infobae que el personal afectado abarcó a madres solteras que “no llegan a fin de mes”, y sostuvo que “mientras ellos usufructúan personalmente millones de pesos para sus ingresos, designan contratados como asesores que ganan $3,4 millones y hambrean al personal. La crisis del Garrahan no solo está lejos de resolverse, sino que se profundiza. Exigimos que las autoridades nos reciban, que no lo están haciendo, y que den marcha atrás con estos descuentos criminales”.
En un comunicado, la APyT calificó a la conducción del hospital como “enemigos del Garrahan y las infancias” y los acusó de actuar como “un interventor político, autoritario y prepotente”. También denunció que el Consejo de Administración fue “designado a dedo” con el objetivo de “ocultar millonarios recursos propios que generamos las y los trabajadores para destinarlos a un Fondo de Inversión”, y repudió los descuentos aplicados a quienes “defienden el Hospital Garrahan”. El texto exhortó: “Se tienen que ir porque cada minuto que pasa y están al frente del hospital, las infancias y el equipo de salud estamos peor”, al tiempo que convocó a la participación en la toma de la dirección y a la apertura de un canal de diálogo.
Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación cuestionó a los gremialistas, los acusó de impulsar una desestabilización vinculada a extracciones izquierdistas y de “tomar de rehén al personal administrativo y jerárquico”.
Desde la administración del Garrahan, las autoridades sostuvieron que el proceso de orden, transparencia y eficiencia iniciado recientemente apuntó a valorar el trabajo y a obtener resultados tangibles. En esa línea, ratificaron: “Es un aumento salarial histórico”.
Diego Santilli inauguró este miércoles en Entre Ríos sus visitas a las provincias. Llegó a Paraná, fue recibido por el gobernador Rogelio Frigerio en la Casa de Gobierno y mantuvo con él una reunión privada de alrededor de una hora y media. Luego, ambos brindaron una conferencia de prensa en el Salón de los Escudos, donde detallaron la agenda de trabajo y remarcaron la necesidad de consensos para avanzar con reformas estructurales a nivel nacional y provincial.
Frigerio explicó que en el encuentro repasaron “todos los temas de gestión conjunta”. Señaló que “vimos los problemas que restan solucionar y también las cosas positivas” y que, además, hablaron “de los asuntos nacionales que son prioritarios para el presidente Javier Milei”. El gobernador resumió el tono de la reunión al afirmar: “Estuvimos trabajando en nuestra oficina durante un tiempo largo, viendo los problemas que todavía tenemos que solucionar y también planteando las cosas positivas. Hemos expuesto que, en la medida de lo posible, vamos a ayudar a que finalmente y después de tantos años la Argentina pueda tener las reformas estructurales que viene pateando desde hace tanto tiempo”.
Al describir la agenda entrerriana, el gobernador indicó que “son los mismos que venimos trabajando y sembrando en los primeros 20 meses de gestión y que, en los últimos 30 días, empezamos a cosechar”. En ese marco, le entregó a Santilli una carpeta con el detalle de todos los reclamos que Entre Ríos tiene pendientes con la Nación y repasó junto a él ese listado durante la reunión.
El flamante ministro del Interior, por su parte, enmarcó la visita en el inicio de una ronda de encuentros con mandatarios provinciales. “Tuvimos una reunión larga porque mi tarea es escuchar a todos los gobernadores e intentar lograr una agenda común para Argentina y las provincias. Si les va bien a los entrerrianos, les va bien a los argentinos. Ese es el camino”, sostuvo. En el mismo sentido, definió: “Mi tarea es escuchar a todos los gobernadores, intentar lograr una agenda común para la Argentina y para las provincias. Entre Ríos es un caso ejemplar en la etapa del crecimiento, que se viene”.
El ministro subrayó que el país tiene “una agenda importante de reformas”. Detalló que incluye “sancionar un presupuesto, una modernización laboral, bajar los impuestos, con el Código Penal y otra serie de propuestas que llevarán adelante en sesiones extraordinarias y ordinarias” y remarcó que “también las provincias tienen reformas importantes” y que “el trabajo tiene que ser en equipo”.
Tras repasar logros de los primeros dos años de la gestión del Gobierno nacional, Santilli anticipó que luego de alcanzar la estabilidad económica y social ahora “viene la etapa del crecimiento”. “Esa es la base para construir políticas”, añadió. Sobre el presupuesto nacional, cuya discusión se está dando en el Congreso, lo definió como “una manta corta”. “Hay que tener equilibrio. Y en ese marco ir resolviendo los temas. Necesitamos que la Argentina crezca porque eso llegará a cada una de las provincias”, postuló.
Frigerio, en sintonía, planteó que hay “una nueva etapa en este segundo tramo del Gobierno. El Presidente plantea que hay que tener más diálogo, proximidad y empatía con las provincias. La designación de Diego tiene que ver con ese criterio de mayor amplitud y menos endogamia. Él le dará un salto de calidad importante a la gestión”. Además, vinculó el equilibrio de las cuentas nacionales con la posibilidad de las provincias de acceder al crédito: “Cuando baja el riesgo país, porque el Gobierno nacional tiene equilibrio, aprueba el presupuesto y avanza en las reformas, nos permite a provincias endeudadas ir al mercado de capitales y mejorar su perfil”.
En cuanto a los puntos concretos de la agenda entrerriana, Frigerio detalló que Entre Ríos reclama su participación en las obras de dragado de la Hidrovía Paraná-Paraguay; el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, donde ya hubo un avance; y una mejora en la tarifa de la energía que produce la represa hidroeléctrica de Salto Grande a fin de obtener excedentes que vuelvan a la provincia para obras en la región afectada por la represa, un aspecto en el que también hubo una mejora parcial. Aclaró que, pese a esos avances, Entre Ríos mantendrá los reclamos en la Corte Suprema de Justicia “hasta que se encarrilen definitivamente”.
El gobernador mencionó además la habilitación nacional para que la provincia acceda a financiamiento de organismos multilaterales y pueda realizar obras, y la reanudación de los trabajos en las rutas nacionales que atraviesan el territorio entrerriano como la 12 y la 18. Sumó en ese capítulo las obras sobre la ruta provincial 23, la planta de agua potable de Paraná y la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Villaguay. Destacó, asimismo, que “la primera concesión de rutas nacionales sea en Entre Ríos (la autovía 12, la 14 y la conexión de Victoria y Rosario), que se iniciarán en los próximos días”, y valoró el acuerdo para poner en valor el Palacio San José y la transferencia de los terrenos del puerto de Paraná.
“Estamos seguros de que vamos a tener el acompañamiento del Ministerio del Interior”, se esperanzó Frigerio tras repasar esos temas. Santilli, a su turno, aseguró que se comprometió con el gobernador y con los entrerrianos “a hacer un trabajo en conjunto y llevarla adelante”.
Consultado por Infobae sobre el encuentro que encabezó el expresidente Mauricio Macri con referentes del PRO, Santilli respondió que es “sano que sucedan las reuniones, que se junten los representantes de los partidos. Yo soy fruto de un acuerdo LLA – PRO. Ese es el rol que me toca. La democracia partidaria está bien que suceda y que cada uno pueda relanzar sus posiciones y miradas teniendo en cuenta la Argentina que queremos todos. Nosotros queremos un país que crezca”, redondeó.
Frigerio acompañó esa mirada, pero tomó distancia de la interna partidaria. “Coincido con lo que dijo Diego. No tengo mucho tiempo para meterme en temas partidarios. Ni siquiera tenía demasiada información de esa reunión. Prefiero no opinar sobre lo que no sé. Pero celebro que haya vida en los partidos políticos. Es importante para la democracia”, expresó.
Respecto a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Santilli fue más directo. “Con todo respeto, creo que hay que ser coherente en la vida y no tener doble personalidad. Estoy visitando a los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo, donde la provincia de Buenos Aires no participó. Tampoco adhirió al RIGI ni a la ley de reiterancia para terminar con la puerta giratoria. No se sumó a la ley antimafia. Y así, de manera sucesiva, puedo seguir con mil más”, enumeró. Luego recomendó: “No escriban una cosa por redes y hagan otra en lo público ¿O acaso le tienen que ir a pedir permiso a Cristina Kirchner? Seamos coherentes. Nuestra tarea es escuchar, hablar con todos los gobernadores y tener una política en común. Pero no decir una cosa en un lado y hacer otra. Yo digo lo que hago”, remató.
Santilli también se refirió al vínculo personal que lo une con Frigerio y a la decisión de iniciar en Entre Ríos su agenda federal como ministro del Interior. Definió al gobernador como “un gobernador, amigo de muchos años” y explicó: “Elegí Entre Ríos (como primer destino) porque con Rogelio me une una larga amistad y hay que comenzar por los lugares donde uno construyó una relación. Se aprende de personas como él que tienen experiencia en este cargo”.
Una serie de chats extraídos de los teléfonos de los hermanos Claudio y Marcelo Tortul detalló presuntos pagos de coimas para asegurar negocios con el Estado entrerriano y mencionó al ex gobernador Gustavo Bordet, al senador electo Adán Bahl y a su entorno.
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del expresidente por “negociaciones incompatibles” y un embargo multimillonario tras demostrar su “participación directa” en un esquema que direccionó seguros del Estado hacia el broker Héctor Martínez Sosa.
La SIGEN alertó que no hubo un seguimiento formal sobre el cumplimiento de los requisitos y las condiciones de admisibilidad entre 2020 y 2022. También encontró fallas en la rendición de cuentas.
Un recuerdo a Fabián Gutiérrez, el exsecretario de CFK, arrepentido en la causa Cuadernos, cuyo cuerpo apareció tiempo después semienterrado en Santa Cruz al parecer masacrado por no confesar a un grupo de muchachos donde guardaba la plata de la corrupción que le permitía llevar… pic.twitter.com/UbZKaqCkAB
