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Mar del Plata se encuentra inmersa actualmente en la toma ilegal de terrenos, a tal punto que el intendente Guillermo Montenegro tuvo que llevar uno de los casos a la Justicia misma. Sin mebargo, varios sitios de la ciudad (mayormente en la periferia) continúan con dicho inconveniente.
Desde Juntos, se encargaron de exponer a uno de los cabecillas, el cual sería Mariano Zurita, hijo de la montonera subversiva de los ’70 Marta Noemí Yantorno, quién oficia actualmente como delegado municipal del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires.
El diputado nacional Cristian Ritondo exponiendo la labor de Mariano Zurita
Si uno lo investiga bien, encuentra que Zurita tiene vínculos estrechos con el Frente de Todos (FdT), más bien con La Cámpora (LC) y la titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), Fernanda Raverta.
Quién lo ubicó a Zurita en el puesto que actualmente se encuentra fue el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Según comunicaron fuentes oficiales de Juntos, el delegado municipal sería el encargado de mostrar los mapas y terrenos “disponibles” a quiénes llevan adelante las tomas en “La Feliz”.
La titular de ANSeS, Fernanda Raverta, y el mismísimo Mariano Zurita
“Tomar tierras es un hecho delictivo, por lo que Zurita tiene que ser denunciado penalmente y, de inmediato, echado. Kicillof debe tomar cartas en el asunto ya”, afirmaron desde el Municipio de General Pueyrredón (MGP).
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A mediados del mes pasado, DATA24 reveló que la diputada nacional por Córdoba, María CelestePonce, les exigía a sus asesores una parte significativa de sus sueldos. Una de las afectadas, María GuillerminaRuiz, comentó: “De los 700 mil pesos que yo cobraba como asesora, ella me sacaba 500 mil y yo me quedaba con 200 mil”.
A finales de julio, el periodista EduardoPrestofelippo, conocido como El Presto, denunció penalmente a la legisladora de La Libertad Avanza por los presuntos delitos de coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. La causa (CFP 2986/2024) quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal N° 10, bajo la dirección de Julián Ercolini.
En la tarde de hoy, tras más de veinte días de silencio, presiones por parte de diputados del bloque de La Libertad Avanza y de los usuarios de las redes, quienes le pedían que esclarezca su situación judicial, la legisladora nacional dio una respuesta que pretendió ser categórica: "ES FALSO". En ese sentido, publicó que "esto no es la farándula, es el Congreso, y se resuelve en la Justicia". Además, alegó que todo es una"operación política" contra el oficialismo, a pesar de las capturas de los comprobantes de transferencias bancarias publicadas por este medio.
El posteo, con casi cincuenta mil reproducciones, generó una avalancha de comentarios tanto a favor como en contra de la diputada. A los usuarios que le preguntaban por la denuncia, Ponce les sugirió que destinen su preocupación a otros asuntos, justificando su silencio por su responsabilidad política con La Libertad Avanza: "Soy responsable con el compromiso que asumí, no puedo hacer lo que se me cante y menos darle el gusto a operadores resentidos". Finalmente, pidió a la comunidad en redes que "entiendan" que es diputada: "No soy una tuitera".
La diputada nacional de La Libertad Avanza volvió a ser protagonista de una nueva controversia, esta vez dirigiendo fuertes insultos hacia su colega en el Congreso, José Luis Espert, y —principalmente— hacia su esposa, María “Mechi” González, conocida en las redes sociales como “La Divagante”.
En audios recientemente difundidos, se escucha a Lilia Adela Bolukalo Lemoine, quien en 2019 ocupó el cuarto lugar en la lista de candidatos a diputados de Espert dentro del Frente Despertar, haciendo una serie de acusaciones y comentarios incendiarios. “Tanto Espert como (Luis) Rosales son gays. Se apañan entre sí. La tapadera de Espert es Mechi —o sea, ‘Mechi’ es una vieja fea que no coge y se viste para el orto—. Pero es la que conocía de redes, no Espert. La que manejaba Twitter y movía gente era La Divagante. Por eso Espert tuvo cierto éxito en las redes. Fue ella, no fue Espert. Por eso le dedica libros. Ahora, la mina que hablaba de Goebbels y de todo, es la más maquiavélica de todas. Y fue ella la que armó el call center”, sostiene Lemoine.
María “Mechi” González, utilizando el seudónimo de @ladivagante, es una figura visible en las redes sociales, apoyando abiertamente las políticas del gobierno del que su esposo forma parte. González fue un pilar en la presencia digital de Espert desde su incursión en la política.
La enemistad entre Lemoine y González no es nueva. En abril de 2022, Lemoine republicó un meme que incluía a “Mechi Espert” en una lista de “gente turbia que ataca el liberalismo y al entorno de Milei”. Más tarde, en enero del año pasado, Lemoine acusó a González de “agarrar adolescentes con problemas (…) cuando están mal y los manda a matar”, calificándola como “la hippie con peor gusto del planeta, muy astuta, sin orgullo, es pantalla”.
Lemoine: Todo el tiempo peleando con todos
Este mes, Lemoine continuó generando polémica en el espacio político al criticar a la vicepresidente, Victoria Villarruel, por su silencio ante las visitas de legisladores de La Libertad Avanza a condenados por delitos de lesa humanidad en Ezeiza. También atacó a su colega en la Cámara Baja, Marcela Pagano, acusándola de impedir el quórum en la sesión del 7 de agosto. Sin embargo, Pagano estuvo presente en la sesión, según el registro oficial de Diputados.
En los mismos audios, Lemoine arremetió contra Rebeca Fleitas, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “La mina (por ‘Mechi’ González) es la típica mosca muerta que hay y después te tira mierda por todos lados. Me tomó el pelo toda la campaña(de 2019), siguió bardeando, pero lo hace estilo Rebecca Fleitas, viste, no te enterás, pero yo lo sé”, dijo Lemoine.
En octubre del año pasado, este medio informó sobre un enfrentamiento entre Lemoine y Fleitas. En esa ocasión —también a través de audios— Lemoine criticó el "manejo austero" de Fleitas con las cajas: "es la única hija de puta que dijo '¡Ay! Yo soy libertaria entonces no voy a tener asesores’. No es digna legisladora. Y encima mete proyectos por todos lados para figurar que no sirven para nada, porque nadie se los aprueba, pero hace que trabaja… Y encima, no le entrega contratos a la gente del Partido Libertario de CABA que es la que trabajó para ella gratis… lo cual la hace una reverenda hija de puta".
El conflicto estalló a raíz de la polémica visita al penal de Ezeiza, donde un grupo de diputados libertarios se entrevistó con represores condenados. Arrieta, junto a su compañera de banca, RocíoBonacci, alegó que ambas fueron engañadas para participar en la visita, desconociendo de antemano la identidad de los reclusos a los que iban a encontrarse. Esta revelación causó una ola de críticas dentro del bloque, especialmente hacia el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien Arrieta responsabilizó por la organización y autorización del traslado grupal al penal.
Durante una sesión de la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, Arrieta insistió en que Menem debía ser investigado por su rol en la polémica visita, lo que exacerbó las tensiones. Esta situación llevó a que, en una reunión posterior del bloque de LLA, Arrieta fuera duramente cuestionada por sus compañeros, con Nicolás Mayoraz y Gabriel Bornoroni liderando las acusaciones.
Lo que comenzó como una reunión para discutir la crisis interna del bloque rápidamente degeneró en un altercado violento. Según testimonios, Mayoraz y Bornoroni increparon a Arrieta por sus declaraciones públicas y por haber dado quórum en la sesión que rechazó el DNU del gobierno, que otorgaba $100 millones a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Durante la discusión, Mayoraz llegó a acusar a Arrieta de ser una “operadora kirchnerista” que estaba “trabajando en contra del gobierno de Javier Milei”.
La situación escaló cuando Arrieta —considerando que no se le permitía defenderse— comenzó a discutir a los gritos con Mayoraz. La tensión llegó a tal punto que Rocío Bonacci tuvo que salir a pedir ayuda a los asesores presentes. Varios de ellos irrumpieron en la sala justo cuando Mayoraz dirigía agresiones verbales contra Arrieta, lo que llevó a la intervención del personal de seguridad del Congreso, que recomendó a Arrieta abandonar el lugar para evitar que la situación se agravara aún más.
Tras el altercado, Arrieta se dirigió a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, donde radicó una denuncia por violencia de género contra Mayoraz y otros legisladores libertarios. En su denuncia, Arrieta detalla un ambiente hostil y de agresiones constantes que, según su relato, no se limitan a la discusión del día en cuestión, sino que reflejan una dinámica de violencia y abuso de poder que se mantuvo en el tiempo.
Una nueva polémica llega al Senado de la mano de otro Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei, esta vez que incrementa el presupuesto de la nueva Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) en 100 mil millones de pesos.
Se trata del documento número 656/24 que llegó en el mediodía de este jueves al Congreso, para ser tratado por la Cámara alta y con el que el oficialismo busca la ratificación parlamentaria a partir del debate que se abrirá en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, a pesar de las posturas en contra que expresaron los líderes de varios bloques políticos.
La polémica inició con la reestructuración del servicio nacional de inteligencia, ya que la gestión libertaria, sobre todo la secretaria de Presidencia, Karina Milei y su asesor estrella, Santiago Caputo, que decidieron remplazar a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) creada por Cristina Kirchner, durante su último mandato, por una SIDE que responda directamente al entorno de Milei.
Además se crearon otras tres áreas que pasaran a estar bajo la órbita de Karina Milei, el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional, la Agencia Nacional de Ciberseguridad y la División de Asuntos Internos, como organismos descentralizados.
Para ello, Milei firmó un DNU que sostiene que “resulta necesario asignar las partidas presupuestarias que permitan solventar, inicialmente, las acciones para la reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional y el adecuado funcionamiento de los referidos organismos desconcentrados que lo integran”. “Que tales fondos tendrán como principal destino el Sistema de Inteligencia Nacional para garantizar la seguridad, defensa e integridad de la República Argentina”, señala el documento emitido por la Casa Rosada y que deberá obtener el aval del Congreso.
La tensión dentro de La Libertad Avanza sigue escalando y, nuevamente, tiene a Lilia Lemoine como protagonista. La diputada no escatimó palabras al criticar el silencio de Victoria Villarruel frente a las duras críticas que recibieron seis diputados del bloque, quienes se reunieron con ex represores de la última dictadura militar en la cárcel de Ezeiza, entre ellos, el tristemente célebre Alfredo Astiz.
“Lo voy a decir. Me rompe soberanamente las bolas. ¿Por qué carajo Victoria Villarruel no saltó?”, lanzó Lemoine en su programa de radio, dejando claro su enojo por la falta de reacción de la vicepresidenta ante un hecho que generó un gran revuelo en el ámbito político. Lemoine, cercana al presidente Javier Milei, recordó que durante la campaña, el apoyo a las víctimas de la última dictadura fue un pilar de la retórica de Villarruel, lo que hace aún más incomprensible su silencio en esta ocasión.
Lemoine dejó en claro que no participó en la visita al penal y subrayó que, bajo ninguna circunstancia, se habría reunido con Astiz. “Fue su leitmotiv de campaña, a mí me están rompiendo las bolas en los medios por algo que yo no hice. Yo ni en pedo iría a visitar a Astiz, ni en pedo hubiera hecho eso”, sentenció, marcando distancia respecto de sus colegas de bancada.
La diputada también se mostró molesta por la cobertura mediática que la ha señalado en esta controversia, a pesar de su no participación en el encuentro. “Nosotros estamos preocupados por la pobreza, por la inflación, por la inseguridad, porque aparezca Loan, a que no haya violadores sueltos en la calle. Y un grupo de diputados que responde a Victoria Villarruel fue a visitar a Astiz. ¿Y qué dice Victoria al respecto? ¿Dijo algo? Porque yo no la vi pronunciarse“, cuestionó, en lo que parece ser un llamado de atención a la vicepresidenta.
Pero las críticas de Lemoine no se detuvieron ahí. También se refirió a un incidente ocurrido durante la campaña, cuando anarquistas la atacaron rociándola con nafta en un homenaje a las víctimas de la dictadura, organizado por Villarruel en la Legislatura porteña. “A mí durante la campaña me rociaron con nafta unos anarquistas chiflados… Y yo esperaba que Victoria me dijera: ‘¿Estás bien? ¿Te pasó algo?’. Y nada, ni una palabra”, relató, dejando en evidencia el malestar que aún arrastra por la falta de apoyo recibido.
El malestar de Lemoine también se dirigió a su compañera de bancada, Marcela Pagano, con quien tuvo un cruce tras la fallida sesión en Diputados el miércoles pasado. La expeluquera de Milei acusó a Pagano y a otras dos diputadas libertarias (Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta) de no haber dado quórum en la sesión, lo que desató una fuerte respuesta de Pagano, quien la calificó de “mitómana” a través de su cuenta en X:“No solo estuve presente y di quórum en la última sesión, sino que también lo hizo mi compañera Lourdes Arrieta”, replicó Pagano, desmintiendo las acusaciones de Lemoine.
El ministro de Defensa, Luis Petri, solicitó la prisión preventiva del expresidente AlbertoFernández, luego de que Fabiola Yañez, ex primera dama, lo denunciara por violencia de género. En declaraciones realizadas este domingo a Radio Rivadavia, Petri fundamentó su pedido señalando que, dado el poder y la influencia de Fernández, existe un alto riesgo de fuga y de entorpecimiento del proceso judicial.
El ministro destacó que la prisión preventiva es una medida comúnmente aplicada en casos similares, y se mostró sorprendido por la inacción de la Justicia en este caso específico: “En la mayoría de los casos donde se presentan pruebas tan contundentes y donde se cumplen los supuestos de peligro de fuga o entorpecimiento, la respuesta inmediata suele ser la prisión preventiva”, expresó.
La denuncia de Yañez, que incluye supuestas pruebas fotográficas y mensajes de texto que conforman el maltrato físico por parte de Fernández, desencadenaron una serie de reacciones en el ámbito político. Petri no sólo se refirió a la gravedad de las acusaciones, sino que también apuntó contra el Poder Judicial por no actuar con la celeridad necesaria, considerando la capacidad del expresidente para “encubrir y manipular”.
En sus declaraciones, también repasó algunos de los escándalos que marcaron la gestión de Fernández, como la fiesta en la Quinta de Olivos durante la pandemia y el Vacunatorio VIP. Según el titular de la cartera de Defensa, estos hechos reflejan una actitud de impunidad y falta de responsabilidad que, en su opinión, debería ser tenida en cuenta por la Justicia.
Además de exigir la prisión preventiva para Fernández, Petri dirigió duras críticas al Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género, denunciando la falta de respuesta y apoyo a Yañez cuando ella buscó ayuda. “Es inaceptable que un ministerio creado para proteger a las mujeres haya ignorado la situación de Fabiola Yañez. Esto confirma lo que muchos hemos dicho: ese ministerio no servía para nada”, afirmó el funcionario.
El ministro también hizo hincapié en la importancia de investigar a los funcionarios que pudieron haber encubierto o desestimado las denuncias de Yañez. Según sus palabras, “la Justicia no sólo debe enfocarse en Fernández, sino también en quienes miraron hacia otro lado cuando la ex primera dama pidió ayuda”.
Mientras tanto, se espera que en los próximos días Yañez amplíe su testimonio ante el juez federal Julián Ercolini, quien lleva adelante la causa. Hasta ahora, la exprimera dama ha manifestado sentirse presionada y agobiada por la situación, lo que ha retrasado su declaración formal.
Por su parte, Petri finalizó la entrevista reiterando su pedido a la Justicia para que actúe con la misma rigurosidad que en otros casos similares, advirtiendo sobre las posibles consecuencias de no tomar medidas preventivas. “Es hora de que el Poder Judicial demuestre que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un expresidente”, concluyó.
La diputada nacional de LLA fue denunciada penalmente por coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. En medio de acusaciones, Ponce negó todo pero evitó detalles sobre su situación judicial.
