Tomas, delincuencia y complicidad oficial

Son ladrones. Pura y sencillamente. No son ni mapuches, ni originarios, ni pobres, ni desvalidos. Son, delincuentes, que avanzan con la complicidad penal de un gobierno delincuente.
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10 Years Experiences

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*Por: Carlos Mira

Lo que está ocurriendo en el sur es una verdadera tragedia. Un avasallamiento de derechos que cuenta con el increíble respaldo y desidia de las autoridades federales.

Tierras que probablemente constituyan el rincón más bello del país están siendo arrasadas, con tala de árboles y fuego incluidos, por un conjunto de okupas que están vendiéndolas y permutándolas al mejor postor por las redes sociales.

Estamos en presencia de una muestra más de la decadencia corrosiva que el gobierno kirchnerista implica para la Argentina. No hace muchos días con total desparpajo, la ministra de seguridad afirmó que “la toma de tierras no es un problema de seguridad sino de hábitat”. De nuevo la misma sensación que en infinidad de días pasados cuando escribimos estas columnas: la sensación de no saber por dónde empezar a responderle. Es tal la catarata de argumentos que se agolpan en el cerebro para tapar el sinsentido de la ministra que, un vez más, uno no sabe por dónde empezar.

Las tomas son violentas. Atacan la propiedad de otros protegida por la Constitución y por el Código Penal. Se hacen con armas, de modo coordinado y bajo la jefatura de un comando que despliega un plan. Si eso no es un problema de seguridad (y además muy serio) no sé entonces para qué existe ese ministerio inservible.

El gobierno está del lado de los okupas y en contra de los propietarios. Toda la filosofía kirchnerista que está detrás de estas posturas es cómplice de la delincuencia y continua sin solución de continuidad cometiendo el delito mientras, por un lado, las tierras permanezcan ocupadas y, por el otro, no se actúe.

En cualquier país del mundo en donde una reserva como son los parques nacionales sea tomada y atacada por un conjunto de forajidos que talan sus árboles y los queman, no las fuerzas de seguridad, un ejército de seguridad, acudiría a restaurar el orden.

Del mismo modo, en cualquier país civilizado del mundo cuando la propiedad ajena es atacada y puesta en peligro, las fuerzas de la ley acuden en socorro de su legítimo dueño para que quede claro que ninguna fuerza prepotente podrá alzarse con un derecho.

Aquí en la Argentina está sucediendo lo contrario. No solo en el sur. En la provincia de Buenos Aires los episodios de tomas violentas usando niños como parapetos se suceden días tras día como si una marabunta gelatinosa hubiera decidido volcarse sobre las propiedades que muchos trabajadores consiguieron finalmente alcanzar después de, quizás, años de pelarse el traste.

El gobernador de la provincia, en cambio, se ha puesto del lado de los ladrones y ha mandado una ley a la Legislatura para que no se pueda desalojar a esa gente, con el agravante de que la podredumbre mental en el país ha avanzado tanto, que el proyecto fue aprobado con los votos de la oposición que lo acompañó.

Están viniendo con todo y por todo. Apuestan fuerte y lo hacen ya de manera desembozada, frente a la inacción, la sorpresa y la estupefacción de la sociedad honrada. Toda esa falta de respuesta causada por el impacto es incluso aprovechada a su favor. Todo con el encomio y el respaldo de las autoridades del fascismo.

El pobrismo papal está detrás de todo esto. Con órdenes expresas dadas a la Conferencia Episcopal y en contubernio con las llamadas “organizaciones sociales”, verdaderas “fasces” del régimen, han lanzado a una minoría marginal a la aventura del delito más abierto y sin escrúpulos.

Bajo el manto de “somos pobres que nos morimos” -típico argumento del Papa en contra de la riqueza, con resentimiento hacia los que prosperan y en complicidad con minorías violentas y corruptas, explotando a los pobres para que algunos se vuelvan millonarios y concentren el poder- estas andanadas de facinerosos se pavonean frente a la sociedad legal, prácticamente diciéndole en la cara “a mí me banca el gobierno y Cristina… ¿Así que vos creías que esto no lo podía hacer? ¡Mirá cómo lo hago igual!”.

El pobrismo católico, en conjunción con la fascinación patológica del kirchnerismo por el poder, constituye un cóctel explosivo de conveniencias mutuas. Ambos van tras una “mercadería mental” que les interesa por motivos diferentes pero a la que es imperativo mantener en la marginalidad más miserable.

Si para eso es preciso utilizar fuerzas de choque violentas que usurpen la propiedad de los demás, aterroricen a los ciudadanos honrados y corrompan las bases de la civilización y de la armonía social, pues se hará.

Aquí hay un proyecto en marcha que consiste en la pauperización de la Argentina; en convertir a su gente en una manada de venados zombies a los que se pueda dominar a los gritos; en destruir las bases morales del país; en aniquilar su ánimo, sus fuerzas y su temple.

Las herramientas para el logro de esos objetivos son varias. El Covid les ha dado una mano enorme con el encierro; un encierro que es perfectamente compatible con la tendencia a la depresión y a las ganas de renunciar a todo.

Ellos no descansan. Ellos no paran. Siempre avanzan. Destruyen. Desmoronan. Desmoralizan. Amedretan. Usurpan. Meten miedo. ¿Todo muy cristiano, no Bergoglio?

*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas


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Frigerio se reunió con Caputo para impulsar una baja de impuestos y avanzar con obras viales

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en la ciudad de Buenos Aires. La agenda del encuentro incluyó el estado de la infraestructura vial, las finanzas provinciales y la reducción de impuestos distorsivos.

Uno de los ejes centrales de la reunión fue el análisis del estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia del litoral, con especial atención en las obras ya iniciadas y en aquellas pendientes de finalización. Entre ellas, se destacó la situación de la ruta nacional 18, considerada estratégica para la conectividad y el desarrollo productivo de Entre Ríos.

En materia de finanzas provinciales, ambos funcionarios dialogaron sobre la posibilidad de incrementar los recursos destinados a saldar la deuda de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Entre Ríos. Además, se evaluó la chance de recibir un anticipo de coparticipación tanto para la provincia como para los municipios que lo requieran.

– Frigerio junto al flamante director ejecutivo de Cippec, Luciano Laspina

En el plano fiscal, Frigerio y Caputo coincidieron en la necesidad de avanzar en un acuerdo coordinado entre Nación, Provincia y municipios para eliminar impuestos considerados distorsivos, con el objetivo de aliviar la carga sobre el sector productivo.

La reunión con Caputo se produjo días después de que el gobernador se reuniera con Karina Milei y Diego Santilli, y en el marco de la alianza electoral que, según adelantó Frigerio la semana pasada, se ratificará el año próximo con el gobierno nacional.

Esa misma jornada, el mandatario provincial participó de la cena anual del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), que bajo el lema “Crecer o crecer” reunió a más de 1.000 dirigentes de la política, el empresariado, la diplomacia, el sindicalismo y los organismos internacionales.

Kicillof gastó más de USD 150 mil para asistir a una cumbre progresista en España

El gobernador de la provincia de Buenos Aires viajó a España para participar de la Movilización Progresista Mundial (MPM), organizada por el presidente español Pedro Sánchez.

“Las consecuencias de las decisiones de la ultraderecha en Argentina solo pueden abordarse internacionalmente. Necesitamos respuestas conjuntas de Latinoamérica y Europa para construir un mundo más multipolar y evitar la subordinación a grandes monopolios y poderes externos”, afirmó Kicillof, buscando justificar de alguna manera su viaje.

Lo que generó controversia pública fue el conocimiento del nivel de gasto que implicó el viaje por más de USD$150.000 en pasajes, viáticos y estadía para una comitiva de al menos 20 personas, financiados en su mayoría por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). A esto se sumó una segunda delegación del Partido Justicialista (PJ), encabezada por Eduardo “Wado” de Pedro, con costos aún no revelados.

La delegación oficial encabezada por Kicillof exhibió un núcleo político claramente identificado, con la presencia de Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Jesica Rey, ministra de Comunicación Pública y Cecilia Nicolini, diputada del Parlasur y asesora en Asuntos Internacionales. También formaron parte de la comitiva otros funcionarios del gobierno bonaerense, además de cónyuges, secretarios y personal técnico.

– Kicillof junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni

El monto reportado corresponde únicamente a tres rubros, ya sean pasajes aéreos, viáticos y estadía. El promedio por individuo ronda los USD$6.000. Aún no sé esclareció los otros costos adicionales que supuestamente habrían sido afrontados por los propios funcionarios y consortes.

Un vuelo en clase ejecutiva (business) ida y vuelta entre Buenos Aires y Barcelona tenía un costo aproximado de USD$13.500 en la fecha del viaje. En clase económica, los precios rondan entre USD$1.000 y USD$1.600 ida y vuelta.

– La viepresidente II de España, Yolanda Díaz Pérez

Para una comitiva de 20 personas en ejecutiva, solo en pasajes el gasto podría quedar en USD$270.000.

La delegación se alojaría en el Mandarin Oriental Ritz de Madrid, uno de los hoteles más lujosos de España, ubicado en la Plaza de la Lealtad. La cifra de USD$12.000 por noche corresponde al costo de varias habitaciones del establecimiento, que en cotizaciones actuales de plataformas como Expedia muestra precios que parten desde USD$1.100 por habitación por noche para fechas similares. Dado que la delegación permaneció varias noches y en múltiples habitaciones, el gasto en alojamiento acumula rápidamente cifras elevadas.

Los viáticos incluyen gastos diarios de movilidad, alimentación y otros gastos personales. Para una comitiva numerosa, estos suman fácilmente decenas de miles de dólares en pocos días.

Al mismo evento viajó una segunda delegación impulsada institucionalmente por el PJ y convocada por su propia presidenta, Cristina Kirchner. La encabezó el senador Eduardo “Wado” de Pedro, histórico referente de La Cámpora y quien concentra el control político del CFI en los últimos años.

Junto a él viajaron Jorge Taiana, exministro de Defensa y diputado, Eduardo Valdés, también diputado, Nicolás Trotta, exministro de Educación y legislador, Lucía Cámpora, diputada y nieta de Héctor Cámpora, además de Roxana Monzón, Lorena Pokoik, Delfina Rossi, Franco Metaza, Gustavo Menéndez, Soledad Magno y Valentina Morán.

Por su parte, el viaje tuvo una clara carga de posicionamiento político de Kicillof de cara al escenario electoral de 2027, año en el que se elegirá presidente.

El padre de Martín Menem cobra una jubilación de $41 millones tras ganarle un juicio al Estado

Eduardo Menem, ex Senador padre del actual presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, logró una victoria judicial definitiva que le garantiza un haber mensual de 41 millones de pesos. La cifra es escandalosa no sólo por su magnitud, sino por el mecanismo que la permitió: una sospechosa inacción de la ANSES que, bajo la actual gestión, dejó vencer los plazos de apelación.

Este beneficio representa casi cuatro veces el sueldo de un Senador en actividad, los mismos $11 millones que el oficialismo utiliza para fustigar a la oposición. Gracias a la falta de impugnación de ANSES, el ex legislador también se aseguró un retroactivo de 1.500 millones de pesos. Esta suma equivale a 136 dietas legislativas actuales, pagaderas por el Estado en un solo desembolso.

La maniobra se originó en una “notificación nocturna” en el portal oficial. La ANSES de Milei dejó pasar el plazo legal para apelar, permitiendo que el fallo de la Corte quedara firme en el primer trimestre de 2024. Mientras el Ejecutivo concentra sus ataques mediáticos en el Senado, bajo su propia órbita se habilitaba el drenaje de fondos más importante hacia una de las familias que hoy detenta el poder.

Javier Milei, “Lule” Menem (mano derecha de Karina Milei) y Eduardo Menem.

La promesa que nunca llegó

La inacción de la ANSES no es la única contradicción en este tablero: durante la campaña de 2021, Javier Milei sostenía que el “principio de revelación” expondría a quienes se aferraran a sus dietas. En enero de 2022, el propio Javier Milei aseguró en una entrevista en YouTube con quien suscribe —Augusto Grinner—, que ya tenía preparado el proyecto de ley para permitir la renuncia voluntaria a los haberes legislativos, prometiendo su presentación para marzo de ese mismo año.

Cuatro años después de aquel anuncio, y transitando ya el primer semestre de 2026, el proyecto nunca fue ingresado al Congreso. Ni el Presidente cuando fue Diputado, ni ninguno de los legisladores que integran hoy su bloque, han formalizado la iniciativa. Esta omisión legislativa adquiere una gravedad institucional distinta cuando se analiza el trato diferencial que recibe la cúpula del poder oficialista frente a los haberes de la seguridad social.

Mientras la “motosierra” se detiene frente al beneficio de $41 millones mensuales más el retroactivo de casi $1.500 millones del clan Menem, el Ejecutivo utiliza la retórica de la austeridad para fustigar a la presidencia del Senado. El contraste es total: un silencio administrativo que favorece al entorno familiar del presidente de la Cámara de Diputados, frente a un ataque mediático constante contra Villarruel, quien irónicamente fue la única que habilitó un mecanismo administrativo real para que cada Senador pudiera renunciar voluntariamente a cobrar su aumento; esto sucedió en abril de 2024 mediante una resolución de presidencia del Senado, luego de la votación de aumento de dietas fijado por los Senadores.

Jubilados en protestas por cobrar cien veces menos que Eduardo Menem.

El blindaje de la Constitución frente al ataque coordinado

La ofensiva mediática contra Victoria Villarruel ignora deliberadamente la arquitectura legal del país. Según los artículos 56 y 57 de la Constitución Nacional —cuyo espíritu liberal fue moldeado por el propio Juan Bautista Alberdi—, la Vicepresidente no tiene la potestad de anular por decreto una votación soberana del cuerpo de Senadores. Haberlo intentado habría configurado un abuso de autoridad, dándole al kirchnerismo la excusa perfecta para iniciarle un juicio político inmediato.

Incluso la sugerencia oficialista de que debería haberse ausentado de la sesión carece de sustento práctico: la Constitución prevé el reemplazo automático por el Presidente Provisional del Senado (art. 58 de la CNA), por lo que el resultado habría sido idéntico. Villarruel optó por la vía institucional y, como se mencionó, dictó una resolución que habilitó un formulario de renuncia voluntaria al aumento. Fue la única funcionaria que ofreció una salida ética y legal a los legisladores sin romper el orden constitucional.

Este respeto a las formas republicanas es lo que hoy se le recrimina, mientras se guarda un silencio absoluto sobre la falta de apelación en el caso Menem.

Victoria Villarruel y Javier Milei ya en una época de tensión entre ambos.

El triunfo de la genealogía sobre el mérito

El escenario actual deja al descubierto una grieta profunda en la narrativa de La Libertad Avanza. Por un lado, se utiliza la figura de la Vicepresidente como blanco de ataques para canalizar el descontento social por las dietas legislativas; por el otro, el círculo más cercano al poder central se beneficia de una estructura estatal que, lejos de ser “ajustada”, funciona con una precisión quirúrgica cuando se trata de favorecer al linaje propio.

La diferencia de trato es obscena: mientras un Senador que trabaja debe enfrentar el escarnio público por $11 millones, la inacción de la ANSES permite que, quien no ejerce cargos públicos desde hace años, perciba casi cuatro veces más que un Senador activo.

En definitiva, el anunciado “principio de revelación” terminó operando sobre el propio Ejecutivo. Se reveló un gobierno que castiga el respeto a las formas constitucionales de Villarruel, pero premia con $1.500 millones el reclamo de un Menem contra el Estado.

Para dimensionar el impacto: los $41 millones mensuales de Eduardo Menem equivalen a 107 jubilaciones mínimas. Por su parte, el retroactivo de $1.500 millones representa el pago de un mes entero para 3.944 jubilados de la mínima. En un contexto de ajuste severo, la vigencia de esta jubilación de privilegio demuestra que el Estado sigue priorizando los beneficios de la casta por sobre el resto de los argentinos.

La casta no parece haber desaparecido; simplemente ha cambiado de nombre. O más bien, ha recuperado sus nombres históricos.

* Por Augusto Grinner

Una diputada de LLA admitió darle a su hijo pasajes del Congreso para que viaje de Salta a CABA: “Va y viene”

La diputada nacional salteña de La Libertad Avanza, María Gabriela Flores, admitió que su hijo viajó en algunas oportunidades con pasajes del Congreso de la Nación, un beneficio que reciben los legisladores para el desarrollo de su actividad parlamentaria. La revelación surgió durante una entrevista en FM Noticias de Salta, luego de que se difundiera una imagen en la que se la vio junto a su hijo en el aeropuerto de Salta.

En alguna oportunidad puede haber viajado con pasajes del Congreso, esto no es un delito”, afirmó la legisladora, quien este miércoles dejó la presidencia de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes

Flores explicó que su hijo estudió Abogacía en la Ciudad de Buenos Aires y por eso realizaba viajes frecuentes entre la Capital y Salta: “va y viene. También le he dado pasajes para otras cosas”.

La consulta se originó a partir de una fotografía en la que se observó a la diputada abordar un vuelo junto a su hijo. “Al que me sacó la foto, le mando saludos”, ironizó. 

Flores defendió el uso de esos pasajes y aseguró que cada diputado nacional cuenta con un sistema de viáticos que contempla asignaciones para traslados aéreos y terrestres. Según planteó, esos recursos “pueden ser utilizados de manera flexible”, por lo que negó que hubiera existido una conducta irregular. 

Kicillof suspendió un programa alimentario escolar y subió el boleto de colectivo bonaerense en medio de gastos millonarios en pauta oficial

En los primeros días de mayo, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, suspendió por 90 días el programa alimentario MESA, aplicó una suba del 11,6% en las tarifas de colectivos y quedó bajo cuestionamientos por el gasto millonario en pauta oficial.

Mediante la Resolución 842/2026, firmada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, la provincia suspendió el MESA a partir del 1° de mayo de 2026. La decisión, presentada oficialmente como un “reordenamiento del gasto”, afecta directamente a más de 2 millones de familias bonaerenses.

– El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque

El gobierno provincial argumentó que la medida responde a la “caída de transferencias nacionales” y al aumento sostenido en el precio de los alimentos. También aclaró que el Servicio Alimentario Escolar (SAE) continuará funcionando, es decir, los chicos seguirán comiendo en el colegio, pero las familias ya no recibirán la caja mensual para llevar a casa.

La medida generó una fuerte lluvia de críticas incluso dentro del peronismo. Según varios medios, La Cámpora apuntó contra Kicillof y los intendentes peronistas, especialmente de los distritos más golpeados socialmente, mostraron preocupación abierta. Mario Ishii, intendente de José C. Paz, expresó su preocupación por el “colapso” en su distrito. Un grupo de intendentes marchó incluso al Ministerio de Capital Humano de la Nación en busca de la asistencia de Sandra Pettovello.

“En diciembre de 2024 el gobernador quería comprar Aerolíneas Argentinas; en mayo de 2026 suspende la asistencia alimentaria a más de 2 millones de bonaerenses”, comparó la situación con ironía desde la oposición, el diputado bonaerense por la Unión Cívica Radical (UCR) Diego Garciarena.

El cartel que le dejó Pettovello a los intendentes que le reclamaron

En paralelo, el Ministerio de Transporte provincial confirmó que desde el 4 de mayo de 2026 los colectivos urbanos provinciales (líneas numeradas desde el 200) y municipales aplicaron un aumento en el boleto general.

Este porcentaje resultó notoriamente superior al 5.4% que aumentaron los colectivos en la Ciudad de Buenos Aires el mismo mes. La diferencia se debe a que la provincia sumó un cargo adicional para compensar la suba de más del 23% en el precio de los combustibles.

Hasta una distancia de 3 kilómetros, la tarifa con SUBE nominada sería de $918. Para recorridos de entre 3 y 6 kilómetros, el valor asciende a $1.023. En trayectos de 6 a 12 kilómetros, el pasaje costará $1.101, mientras que para distancias de 12 a 27 kilómetros la tarifa será de $1.180. En tanto, los viajes de más de 27 kilómetros tendrán un costo de $1.259.

Para quienes viajan con SUBE sin registrar, los valores se duplican aproximadamente, llegando a más de $2.100 por el tramo mínimo.

La pauta oficial

El elemento polémico de esta discusión es el gasto en publicidad oficial. De acuerdo con un relevamiento periodístico, el Ministerio de Comunicación Pública de la provincia distribuyó $57.565 millones en publicidad oficial durante 2025. Otras fuentes elevan esa cifra a $58.300 millones, con un incremento del 63% real respecto al año anterior.

Los principales medios beneficiados fueron C5N (con $6.970 millones), el Grupo Olmos, Clarín, América y El Destape, entre muchos otros. Esta cifra representa el corazón de la crisis actual, ya que si la provincia dice no tener recursos para sostener el MESA (que costaba entre 28.000 y 30.000 millones mensuales), ¿cómo destinó casi el equivalente a dos meses del programa solo en publicidad a lo largo de 2025?

El MESA nació durante la pandemia de COVID-19, cuando las escuelas cerraron y los comedores escolares dejaron de funcionar. La idea era que si los chicos no podían ir a comer al comedor, que la caja de alimentos llegase a sus casas.

Cuando volvió la presencialidad, el programa no se eliminó sino que se mantuvo como complemento del SAE. En la práctica, consistía en entregar mensualmente una caja o bolsón con alimentos secos a las familias de alumnos en situación de vulnerabilidad que asisten a escuelas públicas bonaerenses. Era, en palabras del propio Kicillof cuando lo lanzó en 2022, “la columna vertebral de la asistencia alimentaria en la provincia”.

Históricamente, el programa costaba el 40% lo financiaba el gobierno nacional, pero desde que asumió el presidente Javier Milei ese aporte se cortó y la provincia debió cubrirlo sola.

Los libertarios furiosos con Gisela Scaglia, la diputada santafesina que votó junto a los K una moción contra Milei por su apoyo a Israel y Estados Unidos

En la sesión especial de hoy miércoles en la Cámara Baja, Gisela Scaglia votó afirmativamente el apartamiento de reglamento solicitado por Eduardo Valdés, diputado de Unión por la Patria, para habilitar el tratamiento de una iniciativa vinculada al conflicto en Medio Oriente. El acta nominal registró 121 votos afirmativos, 117 negativos y 4 abstenciones, pero la moción no prosperó porque requería una mayoría de tres cuartos. En ese listado, Scaglia apareció con voto afirmativo, por Santa Fe y dentro del bloque Provincias Unidas.

El movimiento tuvo peso político porque el foco del episodio estuvo en la contradicción de una dirigente presentada como cercana al PRO que terminó acompañando una moción impulsada por Valdés para expresar “rechazo y preocupación” por el posicionamiento de Javier Milei y de su canciller, Pablo Quirno, frente a la escalada bélica que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.

El proyecto de resolución K pidió, en su primer artículo, expresar “el más enérgico rechazo y preocupación” por las declaraciones del Presidente libertario a favor de Estados Unidos e Israel. También exhortó al Gobierno a abstenerse de asumir compromisos o ejecutar acciones que impliquen involucrar a la Argentina en conflictos armados internacionales y recordó que corresponde exclusivamente al Congreso autorizar al Poder Ejecutivo para “declarar la guerra o hacer la paz” y disponer la salida de fuerzas nacionales al exterior, tal como establecen los incisos 25 y 28 del artículo 75 de la Constitución Nacional.

En los fundamentos, Valdés sostuvo que Milei se refirió en varias oportunidades al conflicto y citó frases como “Irán es el enemigo” y “vamos a ganar la guerra”. El texto también consignó que el canciller Quirno no descartó el envío de buques y cuestionó el alineamiento del Gobierno. 

La moción de Valdés:

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Así, la santafesina quedó ubicada entre los 121 votos afirmativos que respaldaron la maniobra de Valdés, en una votación que terminó beneficiando el planteo de Unión por la Patria contra la postura internacional de Milei. 

El gesto cobró todavía más relieve por el perfil político de la propia diputada. Presentada como una dirigente cercana al PRO y parte del universo opositor no kirchnerista, Scaglia terminó votando en la misma línea que el bloque peronista en un tema de fuerte contenido político y diplomático. La moción fracasó, pero su voto a la propuesta K quedó asentado en el acta.

HUMOR por Argüelles​

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De “la casta” al abuso: el oscuro pasado de los kirchneristas que hoy manejan el poder y las cajas de La Libertad Avanza

Mientras el relato oficial se aferra a una “tábula rasa” mal entendida, el armado de LLA se convirtió en un refugio de ex militantes de Moreno, abogados del kirchnerismo, barrabravas, comunistas y dirigentes peronistas denunciados por acoso. Del slogan de la “Argentina distinta” a una estructura nacional plagada de “los mismos de siempre” que el Presidente prometió barrer.

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