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Tal cual informó este portal hace unos minutos. Un grupo de manifestantes, compuesto por personal policial y sus familiares, protestaron frente a la residencia del gobernador Axel Kicillof.
La bronca con las autoridades provinciales por la paupérrima situación es insostenible. Durante todo el día de hoy se realizaron marchas a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires.
Por orden de la Justicia, el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, dispuso la baja de un grupo de militares retirados que tenían condenas en causas por delitos de lesa humanidad ligados a su actuación durante la última dictadura. El Gobierno difundió la resolución 2025, fechada el lunes 27 de enero de 2025, y también aludió a la resolución 72/2005, firmada por Petri a requerimiento de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Defensa aclaró que no se trató de “una decisión unilateral”, sino del cumplimiento de una “orden del Poder Judicial, notificada por el Ministerio Público Fiscal”.
La medida abarcó a 23 oficiales superiores retirados del Ejército, entre ellos combatientes de la guerra de Malvinas. Uno de los más conocidos fue el coronel retirado Horacio Losito, condenado a prisión perpetua y quien, una semana después de la llegada de Javier Milei a la Presidencia, obtuvo la libertad condicional. A diferencia de los militares que pasan a retiro (conservan grado y estado militar), los dados de baja pierden su condición de integrantes de las Fuerzas Armadas. Según se informó, las esposas de los oficiales retirados comenzarán a percibir la correspondiente pensión. En la lista figuraron:
En el artículo 2 de la resolución 2025, el ministro Petri instruyó al Jefe del Estado Mayor del Ejército, Xavier Isaac, para que inicie los trámites de baja de Oficiales Jefes, Oficiales Subalternos y Suboficiales condenados por crímenes de lesa humanidad, en la medida en que sus causas alcancen sentencia firme.
Distintas organizaciones del ámbito castrense cuestionaron la disposición y aludieron a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas: “La Procuraduría de Investigaciones Administrativas dependiente de la Procuración General de la Nación, le ha requerido al Ministerio de Defensa que proceda a dar de baja a personal militar condenado por los hechos ocurridos en los años 70 del siglo pasado. Dicha Procuraduría no es un órgano judicial y no está habilitada para ordenar absolutamente nada, ni al Poder Ejecutivo, al Legislativo, ni al menor de los Jueces de la República”, expresaron en un pronunciamiento conjunto la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, el Foro de Generales Retirados y el Foro de Almirantes, entre otras entidades.
Estas organizaciones consideraron que “es necesario que la nueva política, que se ha manifestado hasta ahora tan valiente y lúcidamente contra el núcleo mismo del siniestro pacto que signó el rumbo de nuestra Argentina en los últimos veinte años, disponga el cese de estos juicios de venganza”, en alusión a las causas judiciales que se reabrieron en el período kirchnerista contra militares y civiles acusados de violaciones a los derechos humanos. Argumentaron que esos procesos “fueron materializados con el único fin de mantener vivo el odio, la discordia y los millonarios negociados llevados adelante, hasta el día de hoy, bajo su amparo”.
A su vez, las entidades señalaron que la baja “alcanza a muchos oficiales que tenían grados subalternos al momento de los hechos, algunos de los cuales fueron condecorados por el valor en combate en la Guerra de Malvinas”, en referencia al coronel Losito. También advirtieron que, al afectar la jubilación de retiro, “deja en la indigencia a adultos mayores viudos de un ingreso alimentario generado en base a aportes que no pueden ser confiscados”. Agregaron que los fundamentos de la resolución citan tratados internacionales que, según su postura, “nada disponen respecto de la baja de personal militar y la quita de haberes”, recordando que la baja militar está contemplada en la ley 19.101, vigente desde 1971 para el personal de las Fuerzas Armadas.
“Se trata de otra de las lamentables consecuencias de la ilegal reapertura de estos juicios contra el personal militar, de fuerzas de seguridad y de fuerzas policiales que combatieron el terrorismo en los años 70, así como civiles incluidos en esos procesos”, concluyeron las entidades.
Por su parte, el general José Luis Figueroa, presidente del Foro de Generales Retirados, lamentó la “decisión administrativa” y sostuvo: “Esta destitución no es solo un acto administrativo; es un mensaje claro a todos los que sirvieron y sirven a la Nación: el sacrificio por la Nación será ignorado si no se ajusta al relato del momento”. Expresó que la medida “afectó a quienes dieron todo por la Nación y profundizó las heridas ya abiertas” y añadió: “Un gobierno que asumió con todas las expectativas sectoriales favorables debe recuperar la credibilidad de esta parte de los argentinos, colocando esta problemática en agenda, definirse y darle una respuesta política acorde a sus manifiestas convicciones que compartimos”.
Una-resolucion-que-desgarra-el-alma-1Figueroa recordó que “las consecuencias de toda guerra, más interna, requiere una solución política, como en su tiempo lo hicieron Raúl Alfonsín y Carlos Menem, colocándose por encima del enfoque parcial y especulativo que luego adoptaron los Kirchner, que hoy orienta los aspectos políticos y jurídicos del Estado en este aspecto”.
La Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA), a través de su referente Cecilia Pando, también emitió un duro comunicado titulado “Una resolución que desgarra el alma”. Sostuvo que la decisión “se basa en un pedido del Ministerio Público Fiscal efectuado en el mes de octubre del 2024 en base a tratados y convenciones internacionales de derechos humanos a los cuales estaría obligado nuestro país”.
Señaló que la disposición “sumó a la vergonzosa condena judicial por delitos inexistentes en el momento de los hechos, la actual baja de la institución a la cual consagraron sus vidas”. Pando consideró que la sanción “desgarra el alma por tratarse de un gobierno que ha hecho de la batalla cultural contra el progresismo marxista el fundamento espiritual de su gestión” y añadió: “No se comprende que autoridades del Poder Ejecutivo se arrodillen sin vergüenza y sin ninguna resistencia a los pedidos ilegítimos de la corporación judicial”.
AFyAPPA, junto con otras organizaciones como la Asociación de Abogados Defensores de los Derechos Humanos de Latinoamérica, la Unión de Promociones, la Unión de Personal Militar Asociación Civil, la Asociación de Veteranos de Guerra contra el Terrorismo y el Centro de Estudios Salta, exigió “el cierre definitivo de esta tragedia” y exhortó al presidente Milei y al ministro Petri a “no destruir nuestras esperanzas”.
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El diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Casielles, utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo al Decreto 4/2025, mediante el cual el Gobierno extendió la vigencia del Fondo Nacional de Turismo hasta el 31 de diciembre de 2027. Este fondo, financiado principalmente por un impuesto del 7 % sobre los pasajes aéreos, marítimos y fluviales al exterior, quedó bajo la gestión del Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Daniel Scioli.
En un posteo en la red social X, Casielles apuntó directamente contra Scioli y el decreto: “En 2005, cuando Scioli era vicepresidente de Néstor Kirchner, nació este fondo. Ahora se lo prorrogó por decreto, se continuó un impuesto nefasto como el que grava los pasajes y se legisló al mismo tiempo inconstitucionalmente en materia tributaria por vía de un DNU. ¿A quién le llegó lo recaudado? A Scioli. No hay remate. Más kirchnerista no se pudo”.
El Fondo Nacional de Turismo se creó en 2005 con la Ley Nacional de Turismo N° 25.997, que buscó fomentar y regular la actividad turística. Desde su creación, se renovó en dos oportunidades. Esta última extensión, concretada mediante decreto, amplió su vigencia hasta 2027 y aseguró la continuidad de la recaudación del impuesto del 7 % sobre los pasajes al exterior. Dicho tributo gravó boletos aéreos, marítimos y fluviales con destino internacional y fue percibido por las aerolíneas al momento de la compra. La medida también abarcó ciertos servicios conexos relacionados con actividades turísticas, ampliando así su impacto en el sector.
Los fondos recaudados se destinaron a proyectos de infraestructura turística, campañas de promoción nacional e internacional, y al impulso del turismo interno. Ejemplos de estos proyectos incluyen la modernización de rutas hacia destinos clave, la creación de circuitos sostenibles y la capacitación para profesionales del sector. Sin embargo, la decisión generó controversias, dado que la extensión del impuesto se realizó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), algo que expertos como César Litvin consideraron inconstitucional: “Ningún impuesto pudo ser establecido o prorrogado por decreto. Tuvieron que promulgarse leyes para volver a instaurarlo”, afirmó el CEO de Estudio Lisicki, Litvin & Asociados.
aviso_319313Las aerolíneas también expresaron su rechazo, argumentando que este tributo encareció los pasajes internacionales en un contexto donde el impuesto PAIS ya se eliminó para aliviar los costos de viajar al exterior. Las asociaciones del sector señalaron que la acumulación de tasas impositivas dificulta la competitividad frente a otros mercados internacionales. A pesar de las críticas, desde el Gobierno defendieron la medida, destacando que el turismo fue clave para el desarrollo económico y social del país. Según fuentes oficiales, la recaudación del Fondo Nacional de Turismo permitió la generación de más de 15.000 empleos directos y el fortalecimiento de destinos emergentes en provincias como Jujuy, Misiones y Neuquén.
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Alfredo De Angeli, quien asumió como jefe del PRO en el Senado el 29 de enero de 2025, afirmó que “habrá una alianza” entre su partido y La Libertad Avanza (LLA), aunque la definición dependerá de las realidades locales, sin un acuerdo nacional unificado. Destacó que el PRO es el partido “más cercano ideológicamente” al oficialismo, pero rechazó cualquier sumisión automática hacia este. Hizo hincapié que apoyarán los proyectos de Milei solo si benefician a los argentinos, dejando claro que la postura será evaluada “en tanto y en cuanto” sea favorable “distrito por distrito”.
Además, cuestionó que el Senado actúe como mero validador de iniciativas del Ejecutivo, exigiendo diálogo previo para evitar que el kirchnerismo logre cuórum propio si lograra contar con la cantidad de senadores necesarios para que el Senado apruebe iniciativas sin la necesidad de apoyo o aliados de otros sectores.
“Va a haber mucho debate porque ya no hay mayorías automáticas como muchos años que me tocó estar con que venían los proyectos del Ejecutivo y no se le podía tocar una coma. Va a ser un gran desafío”, expresó.
Señaló que su posición responde a una postura desligada de Ariel Lijo, rectificando que “como bloque y partido ya tenemos la postura adoptada” y “no lo vamos a acompañar” en su nominación como Juez de la Corte Suprema.
De Ángeli recalcó su preocupación por la relación entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Ha señalado que “no es bueno ver esas diferencias entre Milei y Villarruel”, pero que “ella está muy alineada al Gobierno, se la vio trabajando duro con Guillermo Francos”, pero que la posibilidad de que obstaculicen el Senado, “es algo que lo tienen que entender”.
“Si no tenes 37 senadores sentados te inmovilizan el Senado”. Según detalló, si la oposición consigue asegurar ese número de escaños, podría paralizar el funcionamiento del cuerpo legislativo. “El kirchnerismo está a dos senadores de inmovilizar el Senado cuando jure la nueva senadora”,
“Ellos con solo 6 senadores y algunos sin experiencia, nosotros con Luis Juez los ayudamos a sacar los proyectos que necesitaban porque el kirchnerismo no quería aprobar ni las autoridades del Cuerpo a la vice, nosotros desde el PRO pusimos lo que teníamos que poner. El kirchnerismo siempre estuvo obstruyendo porque no están de acuerdo con las políticas de Milei”, refiriéndose a la ayuda que recibió LLA en todo lo que va de su gestión.
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El Ministerio de Salud confirmó la renuncia de la directora del Instituto Nacional del Cáncer (INC), María Verónica Pesce, tras la baja de 56 contratos en ese organismo. La noticia surgió en medio del anuncio oficial de que no se renovarían 1400 contratos en la órbita de Salud y luego de que el periodista Eduardo Prestofelippo, más conocido como El Presto, publicara, el 7 de diciembre de 2024, un informe en su canal de YouTube que expuso el vencimiento de fármacos oncológicos.
Según detallaron fuentes del INC, Pesce presentó su dimisión ayer luego de que el ministerio solicitara 56 bajas en el plantel de ese instituto de funcionarios claves para la gestión de la directora. Los gremios se declararon en estado de alerta y, tras conocer el comunicado, exigieron una reunión con carácter de urgencia con las autoridades de Salud para solicitar que se revisaran uno por uno los casos.
En paralelo, la investigación difundida por el periodista Prestofelippo señaló que la funcionaria quedó asociada a la caducidad de un amplio cargamento de morfina y metadona: fármacos usados para tratar dolores intensos de pacientes con cáncer. “Hablaremos hoy de una de esas burócratas que complica aún más la endeble situación del sistema de salud: la kirchnerista María Verónica Pesce, actual directora del Instituto Nacional del Cáncer, quien fuese designada en ese cargo por la exministra de Salud de Alberto Fernández, Carla Vizzotti, el 17 de diciembre de 2021 a través del Decreto 858/2021 publicado en el Boletín Oficial”.
También el periodista agregó: “Quizás te suene su apellido… María Verónica es familiar directo de Miguel Ángel Pesce, el presidente del Banco Central de la República Argentina durante la gestión del Frente de Todos. En concreto, es hija de un primo del funcionario que más se enriqueció durante el infame período Fernández-Fernández”.
El informe incluyó críticas a la gestión: “¿Y cuál es el problema? Como siempre, la gestión… Se venció el 50% de un cuantioso cargamento de morfina y metadona (fármacos utilizados para tratar el dolor intenso causado por el cáncer, cuando otros analgésicos no son suficientes) solicitado el 18 de febrero de 2022. Más o menos la mitad de este cargamento de… MORFINA: Un millón trescientos sesenta y nueve mil quinientos comprimidos ranurados de liberación inmediata de 10 miligramos en blíster de diez comprimidos. METADONA: Seiscientos veinticinco mil trescientos ochenta comprimidos de 5 miligramos en blíster de 10 comprimidos. … yace ‘podrido’ en el Banco de Drogas Oncológicas de la calle Dr. Ramón Carrillo altura 489 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Prestofelippo se apoyó en documentos oficiales donde queda expuesto que se gastó —a plata de hoy— más de ciento ochenta y cinco millones de pesos en medicamentos que terminaron pudiéndose.
Pesce permaneció alrededor de cinco años al frente de la institución. “Nunca me atendió el teléfono y desconozco qué hizo en ese Instituto durante esos años porque solo mandaron un par de gacetillas con poca información”, señalaron fuentes. Al momento, no trascendió el nombre de su reemplazante. La exdirectora del INC dejó su cargo en un escenario marcado por el cuestionamiento a su administración y las tensiones gremiales surgidas por la no renovación de contratos.
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Entrevistada por medios locales, la diputada Gabriela Lena (de Juntos por Entre Ríos) se refirió a los temas que se plantea como objetivos para el año 2025, entre los cuales mencionó principalmente dos reformas: a la Ley de Municipios y a la del Consejo de la Magistratura, así como el alivio fiscal anunciado por el gobernador.
“Todavía nos quedaron pendientes algunos temas importantes del año pasado. En Diputados hemos avanzado bastante en reformas que tienen que ver con la institucionalidad en la provincia, en el marco de la comisión que yo presido (Legislación General), y de esto nos quedan dos temas que para mí van a ser el inicio del año legislativo”, indicó la legisladora.
En ese sentido, dijo que uno de esos temas será la reforma del Consejo de la Magistratura y la modificación de las regulaciones sobre municipios y comunas, en un trabajo conjunto con la comisión de Asuntos Municipales y Comunales, que preside María Elena Romero.
“Esto va a llevar un tiempo, porque necesita mucho debate. Es un tema sensible, porque afecta directamente a cada uno de los municipios de la provincia, y hay dos proyectos de ley que hay que consensuar”, dijo sobre las propuestas para reformar la Ley Orgánica de Municipios N° 10.027 que comenzaron a ser tratadas en comisiones en 2024 y que pertenecen a Andrea Zoff (Más para Entre Ríos) y Romero.
Por otro lado, mencionó a la reforma electoral como uno de los pasos más importantes de la actividad parlamentaria del 2024. “Si bien hubo muchas leyes importantes que han sido aprobadas, ésta ha sido una de las más importantes”, comentó. “Ojalá este año podamos tener una ley que para mí también es muy importante, que está todavía en el Senado, que es la de Ética Pública y Ficha Limpia”, agregó.
Finalmente, dijo que los diputados están a la espera del ingreso del proyecto de ley anunciado por el gobernador Rogelio Frigerio sobre “alivio fiscal” a través de la reducción de alícuotas de los impuestos de Ingresos Brutos y Sellos. “Cuando ingrese el proyecto, va a ser seguramente uno de los primeros temas a tratar”, señaló.
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El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció la baja de Ingresos Brutos y Sellos en la provincia y resaltó que en su primer año de gestión logró el equilibrio fiscal. El mandatario provincial del PRO calificó ambos tributos como “impuestos regresivos que desalientan la producción, la inversión y la generación de trabajo” y aseguró que planeaba eliminarlos de manera progresiva.
“Primer año de gestión: equilibrio fiscal y baja de ingresos brutos y sellos”, afirmó Frigerio en sus redes sociales. Al referirse a la situación económica, subrayó: “Bajamos el gasto público y, con un 20% menos de recursos, pasamos de una provincia con déficit a tener equilibrio fiscal”. Agregó que “con mucho esfuerzo” cumplieron con los vencimientos de la deuda en dólares heredada de la gestión anterior y expresó: “Estamos seguros de que este es el camino”.
Frigerio informó que presentó en la Legislatura un proyecto para reducir Ingresos Brutos y Sellos “y continuaremos en este sendero hasta eliminarlos, como ya hicimos en algunos sectores”. El gobernador destacó que estas iniciativas surgieron tras los lineamientos que el gobierno nacional estableció luego de reducir temporalmente las retenciones al campo.
Por su parte, el senador provincial Rubén Dal Molín, del bloque Juntos por Entre Ríos, brindó detalles sobre la Reforma Tributaria impulsada. Explicó que, tras reuniones con la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER) y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, se introdujeron “mejoras significativas” en la legislación. “Son cuestiones de fondo que pretendemos aprobar tal como las envió el Ejecutivo”, afirmó el legislador.
Entre las reducciones planteadas, Dal Molín señaló:
En el Impuesto a los Sellos, se propusieron rebajas para sectores como el transporte, maquinaria agrícola y la inscripción de vehículos 0 km. Además, se incluyeron cambios en la determinación de la base imponible para excluir ingresos provenientes de IVA, impuestos internos y/o venta de bienes de uso.
Dal Molín recordó que los Ingresos Brutos representaron alrededor del 75% de los recursos provinciales y remarcó que en 2017 se había firmado un pacto fiscal que apuntaba a la disminución de este tributo. Según el senador, aquella iniciativa sufrió distorsiones, motivo por el cual el Gobierno provincial retomó la senda de la reducción al lograr el equilibrio fiscal en el primer año de gestión.
Mientras tanto, en Chubut, el gobernador Ignacio Torres anunció que eximiría de Ingresos Brutos y del Impuesto Inmobiliario Rural al sector productivo ganadero. “Es posible gracias a una administración eficiente de los recursos, que nos permitió alcanzar un escenario de superávit financiero en apenas un año”, aseguró en un comunicado oficial. También anticipó que eliminaría la “ridícula tasa del zorro”, tributo que consideró “un impuesto absurdo que contribuía a que la provincia sea más burocrática y regresiva”.
El Gobierno de Entre Ríos, en línea con estas medidas, presentó su proyecto de Reforma Tributaria con el objetivo de seguir reduciendo gravámenes como Ingresos Brutos y Sellos. De esta manera, continuó con los planes de aligerar la carga fiscal y fomentar la producción, la inversión y la generación de empleo en el territorio entrerriano.
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El ministro de Seguridad de CABA afirmó que “van 30 enfrentamientos armados” de agentes porteños en suelo bonaerense.
Salirse de la agenda de reducción de impuestos, tasas y gasto público que lleva adelante @JMilei tiene sus consecuencias. En Bahia Blanca hay 3 Concejales que entraron por LLA y sistemáticamente votan aumentos de Tasas Municipales.
— Marite Gonard (@maritegonard) January 30, 2025
No dejemos que sigan traicionando.
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