Sobre pandemias, liberalismo y el rol del Estado

El fenómeno del COVID-19 desató una catarata de falacias contra los liberales...
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10 Years Experiences

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*Por: Iván Carrino

Nunca vi algo igual. Dar una vuelta por el barrio para pasear a los perros un sábado a las 5 de la tarde fue casi igual a hacerlo un jueves a las 2 de la mañana. La diferencia es que era a plena luz del día y que, si mis sentidos no me fallan, había incluso menos gente. Salvo por la que hacía cola para entrar al supermercado.

Mis viejos tampoco lo vieron. Si uno conversa con sus padres, que tienen más tiempo en este mundo, opinan lo mismo: esta situación de cuarentena y freno absoluto de la actividad, producto de la amenaza del coronavirus, es inédita.

Lo que sí vi fue el día en que Fernando de la Rúa decretó el Estado de Sitio en diciembre de 2001. El decreto no hizo más que convocar a más gente a las plazas para protestar. Esta vez ocurre todo lo contrario: el presidente Fernández ordenó cuarentena total, y la ciudadanía, al menos por ahora, cumple.

Esto no pasa porque a “Alberto” lo quieran más que a “Fernando”. Lo que ocurre es que muchos están absolutamente convencidos, producto de la información que circula libremente, que ésta es una buena respuesta a la crisis.

#QuedateEnTuCasa, dice el Hashtag que fue tendencia en todas las redes sociales

El COVID-19, que transmite una enfermedad similar a la gripe pero que en un enorme número de casos deriva en neumonía y resulta letal, ya tiene 311.000 infectados y nada menos que 13.000 víctimas fatales en más de 150 países alrededor del mundo.

Los gobiernos han reaccionado con restricciones extremas a la libre circulación de las personas y, por tanto, a la actividad económica global. Frente a este escenario, muchos consideran que el liberalismo, que grosso modo exigiría poco estado en todo momento y en todo lugar, ha entrado en crisis, una crisis de la que no podrá ya salir.

A continuación, exploramos esta idea y explicamos por qué se trata de una gran falacia.

TRES ROLES PARA EL GOBIERNO

Adam Smith, pensador escocés del siglo XVIII, no solo es considerado el padre de la economía moderna, sino también de la extensa tradición de liberalismo económico. En su “Riqueza de las Naciones”, publicado en 1776, Smith pedía que el estado se quitara del medio de la actividad productiva, y que permitiera el libre comercio. Consideraba Smith que éste promovería la división del trabajo, la especialización y, por tanto, un aumento de productividad que traería mayor riqueza.

Smith no era para nada generoso con los gobernantes, es cierto. En su obra los trata de arrogantes y despilfarradores, entre otras cosas. Sin embargo, no por ello concluía que el gobierno no tenía ningún rol que jugar, en ningún momento ni lugar.

En las páginas 612 y 613 de su libro, Smith asigna al “soberano” tres deberes que cumplir, los tres “muy importantes”. El primero es el deber de proteger a la nación de invasiones extranjeras. El segundo, el de proteger a cada miembro de la sociedad de la violencia y opresión de otros individuos.

El tercero lo copio textual aquí abajo:

“…erigir y mantener ciertas obras y establecimientos públicos cuya erección y sostenimiento no pueden interesar a un individuo o a un pequeño número de ellos, porque las utilidades no compensan los gastos que pudiera haber hecho una persona o grupo de éstas, aun cuando sean frecuentemente muy remuneradoras para el gran cuerpo social”.

Lo que hace Smith aquí no es más que anticiparse a la idea de las externalidades y los bienes públicos que hoy tanto se estudia en los cursos de economía. El principio es el siguiente: si una actividad presenta una externalidad positiva -es decir, beneficia a más personas que las que están directamente relacionadas con la transacción- como los actores que generen esa actividad no podrán captar esos beneficios “externos”, entonces no estarán motivados para producir esa actividad en cantidad suficiente.

Una consecuencia que de aquí se desprende es que, en estos casos, y siguiendo a Adam Smith, el estado debe intervenir.

Adam Smith

En el caso de la pandemia actual ocurre algo asimilable que intentaré transmitir con un ejemplo. Que José no vaya al kiosco de Juana genera el beneficio externo de que Manuela no se contagiará el coronavirus. Sin embargo, en ausencia de regulación estatal, José irá al kiosco invitado por Juana, Manuela se contagiará y el resultado para la sociedad estará lejos de ser “muy remunerador”.

Siguiendo a Adam Smith, entonces, las regulaciones que el gobierno impone para evitar el contagio no están en contradicción con el liberalismo. En este caso tan particular y excepcional en que vivimos, restringir el comercio genera una externalidad positiva.

EL ESTADO PARA LUDWIG VON MISES

Casi 200 años después de los escritos de Adam Smith, fue un economista de origen austríaco quien defendería, en una colección interminable de libros, trabajos y conferencias, el sistema de la libre empresa contra el flagelo del intervencionismo.

Ludwig von Mises era tan radical en sus conclusiones y principios que existe una anécdota famosa en donde, durante una reunión, Mises acusó a un grupo de tertulianos entre los que estaba nada menos que a Milton Friedman, de ser “una manga de socialistas”.

Ludwig von Mises

No obstante, Mises nunca pidió la abolición del estado, sino un rol estrecho para el mismo y, principalmente, lejos de la economía. En el capítulo XV de su obra “La Acción Humana” sostiene que en una economía de mercado:

“… el estado, el aparato social de coerción y compulsión, no interfiere con el mercado ni con las actividades de los ciudadanos conducidas por él… Emplea su fuerza solamente… para proteger la vida del individuo, su salud y su propiedad contra la agresión violenta o fraudulenta…”

Si entendemos al Coronavirus como una agresión (no diría, fraudulenta, pero sí al menos negligente) contra la salud de los individuos, entonces vemos que también el liberalismo de Mises admite que el estado intervenga en la vida social para detener el contagio y que, temporalmente al menos, restringa ciertas libertades.

SALUD Y TAMAÑO DEL ESTADO

Visto que ilustres liberales que han hecho verdadera escuela en esta tradición le otorgan un rol en cuestiones como la protección de la salud, pasemos ahora a un área más práctica, relacionada con el verdadero tamaño del estado y la porción que se relaciona con lo estrictamente sanitario.

Recientemente, el presidente de Francia, Emmanel Macron sostuvo que “lo que ya ha revelado esta pandemia” es que el estado de bienestar europeo no es un costo o una carga, sino un “bien precioso”.

Ahora bien, lo que uno inmediatamente piensa cuando se habla del estado de bienestar europeo es ese gobierno que gasta –en promedio y con cifras oficiales- nada menos que el 46,7% del PBI. En palabras de Macron, sería necesario tener un estado de casi la mitad del tamaño de la economía para combatir al coronavirus.

No obstante, cuando uno mira las partidas de salud en todos los países de la Unión, descubre que eso es falso.

Gasto en Salud de los gobiernos europeos (en % del PBI)

En Europa, el país que más gasta en salud, que es Dinamarca, solo lo hace en un 8,5% del PBI. Es decir que, llevando el análisis al extremo, si de prevenir y atender enfermedades altamente contagiosas se trata, el gasto público europeo (y, por tanto, su estado de bienestar), podría reducirse hasta en 38,2 puntos porcentuales.

En Argentina ocurre algo similar. Recientemente en un debate con otro colega, éste le decía a la cámara que había que aclarar “que cuando Iván pide ajustar el déficit fiscal”, en realidad estoy pidiendo –entre otras cosas- bajarle el sueldo a los médicos.

Mi respuesta fue basada en evidencia: de acuerdo con los últimos datos oficiales del gasto público consolidado del estado argentino, el gasto en Salud es 6,7% del PBI, el gasto en Educación, Cultura y Ciencia y Técnica es 6,3% del PBI, y el gasto en Justicia, Defensa y Seguridad, asciende al 4,3%.

Es decir que si tuviéramos un estado mínimo, compatible en mucho con los principios liberales clásicos, el gobierno solo gastaría el 17,3% del PBI. ¡O sea que el tamaño del estado podría reducirse en 29 puntos del producto sin tocar ni un peso de salud o educación!

POR ÚLTIMO, LA ADVERTENCIA LIBERAL QUE TODOS ADMITEN

Para cerrar este extenso análisis de una temática por demás jugosa, pero cargada de falacias y espantapájaros, tengo que decir que el liberalismo se verá reivindicado una vez más por esta situación.

Es que si hay algo en lo que liberales de todos los colores y vertientes coinciden es en lo siguiente: en la medida que el estado imponga regulaciones que afecten los incentivos, la economía no crecerá.

Es fácil comprender que cuando un gobierno prohíbe la actividad económica con cuarentenas obligatorias, esto afecta los incentivos a invertir y producir. Es que, básicamente, hacerlo implicaría violar la ley.

Ahora lo que se desprende de estas leyes, y que nadie en su sano juicio ha intentado siquiera discutir, es que impondrán costos económicos que pueden llegar a ser enormes.

Y es eso lo que comenzará a discutirse justificadamente en algunos días. Si el costo del frenazo económico es mayor al costo / riesgo de una gran propagación de la enfermedad.

Pero como sea que esa discusión resulte, los liberales que piden un estado chico para promover el desarrollo económico habrán tenido razón nuevamente. Las leyes para prevenir el contagio están contenidas dentro del marco teórico liberal y también lo está el costo económico que esas leyes van a imponer.

Lamentablemente para intervencionistas, socialistas, fascistas, y toda clase de antiliberales, no hay nada nuevo bajo el sol…

*Fuente: Libertad y Progreso


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“SE CONFUNDIÓ” | Un diputado de LLA elogió al Gobierno por obras que propuso el kirchnerismo

El tratamiento del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados dejó un episodio singular cuando el diputado nacional por Corrientes de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, leyó y defendió artículos del dictamen de minoría impulsado por Unión por la Patria, convencido de que respaldó el texto del Gobierno.

Almirón pidió la palabra al inicio del debate y “destacó” al Poder Ejecutivo Nacional por incorporar una lista de obras para Corrientes. En ese tramo se refirió al presidente Javier Milei: “No puedo dejar de agradecer como correntino obras de infraestructura importantes que están plasmadas en este presupuesto”. 

La intervención incluyó un detalle central: el listado que el legislador atribuyó al oficialismo figuró en el anexo del artículo 26 del despacho opositor, bajo el rótulo “Infraestructura Federal”, y contempló obras en la ruta nacional 126 (tramo Sauce–Curuzú Cuatiá), el acceso y la Autovía de ingreso a la Ciudad de Corrientes, el tramo de la ruta 119 entre Mercedes–Curuzú Cuatiá, el tramo de la ruta 12 entre Riachuelo–Saladas (Cuatro Bocas), el tramo de vinculación entre las rutas 12 y 14 en la zona foresto–industrial y la reparación de la calzada de la Autopista de la Ruta 14 en los tramos correspondientes a Monte Caseros y Curuzú Cuatiá. En otra enumeración de esos ítems también apareció la ruta 120 y la reparación de la autopista 14.

La aclaración formal llegó de inmediato por parte de Germán Martínez, presidente del bloque peronista. “No es ningún tipo de chicana, pero lo que leyó Lisandro Almirón respecto del puente Chaco-Corrientes que está incluido en el Presupuesto, en el artículo 27 eso está en nuestro dictamen”.

Almirón insistió con su defensa del contenido leído. Dijo: “El presidente visitó hace unos meses Corrientes y tomó la importancia de estas obras de infraestructura”. También afirmó: “Muchas veces se dice que este Gobierno no escucha, pero las principales obras de mi provincia están incluidas en el Presupuesto”. 

Más tarde, desde el oficialismo reconocieron al diario La Nación que Almirón “se confundió”. 

EL RECIENTE PASADO K DE ALMIRÓN

El episodio de Almirón dio pie para que, desde las redes, se recuerde un dato de contexto inmediato sobre la trayectoria del diputado correntino. El legislador fue concejal kirchnerista hasta 2023 y luego asumió como diputado nacional y presidente de LLA en Corrientes. 

Durante gran parte del gobierno de Mauricio Macri, se desempeñó como delegado en Corrientes de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). 

Tras la derrota de Cambiemos en 2019, se acercó al entonces vicegobernador Gustavo Canteros —ya decidido a competir por la Intendencia de la Ciudad de Corrientes— y en 2021 integró el Frente de Todos, encabezó una lista de concejales y compartió alianza con La Cámpora y el Partido Comunista, entre otros espacios. 

Diputada de Grabois quiere crear un impuesto a los “pedos de vacas”

La legisladora provincial de Unión por la Patria, Lucía Lorena Klug, militante del movimiento Patria Grande cercano a Juan Grabois, presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para crear la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA). La iniciativa estableció un gravamen sobre las emisiones de metano de la ganadería –incluidas las flatulencias y eructos del ganado bovino– para conformar un fondo fiduciario destinado a “compensar” esos gases mediante mejoras en la gestión de residuos sólidos urbanos.

El proyecto no contó con el acompañamiento de otros diputados y, según fuentes legislativas, Klug lo presentó para “despedirse” de la función, ya que su mandato finalizará la próxima semana.

La iniciativa se apoya en la necesidad de “combatir el cambio climático”, haciendo especial hincapié en la reducción de gases de efecto invernadero. La legisladora dijo que Buenos Aires es responsable de un cuarto de las emisiones totales del país, debido a su densa población y su amplio desarrollo productivo.

Pese a este andamiaje discursivo sobre el cuidado del medioambiente, el rechazo del campo fue inmediato. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) expresó su repudio frontal a la TAMBA. En un posteo en la red X, la entidad ironizó: “El metano se mide; la improvisación legislativa también… y emite mucho más. ¿Por qué no pensar una tasa para los legisladores improvisados?”.

“Ante la intención de crear una Tasa Ambiental sobre el Metano (TAMBA) en la Provincia de Buenos Aires, desde CARBAP manifestamos nuestro absoluto rechazo a un proyecto que lejos de aportar soluciones, vuelve a cargar sobre los productores un costo sin sentido ni sustento técnico”. La entidad agropecuaria subrayó que “la ganadería bonaerense ya sostiene una de las presiones impositivas más altas del país. Sumar una tasa al ‘metano de las vacas’ no reduce emisiones, reduce producción, competitividad y empleo. Desde CARBAP defendemos políticas públicas serias, basadas en datos, diálogo y conocimiento. No aceptaremos más cargas que castiguen al sector que produce alimentos, genera trabajo y sostiene las economías de nuestras comunidades rurales”.

Una intendente K aplicó un impuestazo del 124% a las guías de hacienda

Los ruralistas remarcaron que Klug no los consultó en ningún tramo de la redacción del proyecto. Su presidente, Ignacio Kovarsky, enfatizó que la propuesta “no es una ley ambiental, es un impuesto encubierto al trabajo rural. La TAMBA no mejora el ambiente ni reduce emisiones. Solo agrega otro costo a un sector que ya sostiene una carga impositiva record”.

Kovarsky condensó el impacto que advirtió en una frase que se volvió consigna del rechazo rural: “Cobrar por respirar a las vacas no reduce emisiones, reduce producción”.

Carbap también recordó que ya había advertido sobre la falta de eficiencia en el gasto público provincial y municipal, al señalar que “la discusión pública se concentra en endeudamiento y reparto de posiciones, pero la Provincia sigue sin revisar ni eficientizar gastos provinciales y municipales”. En la misma línea, sostuvo que “no existe un plan serio de ordenamiento ni de racionalización del Estado; y una vez más se opta por incrementar la presión fiscal sobre ciudadanos, familias y productores, en lugar de recortar privilegios, eliminar estructuras superpuestas o modernizar la gestión pública”.

Otra entidad de fuste que repudió enérgicamente el impuesto encubierto fue la Confederaciones Rurales Argentinas. Para CRA, la medida propuesta por la diputada de Grabois, lejos de ser una cuestión ambiental, “es otra muestra de la capacidad de daño de dirigentes que, lejos de comprender cómo se produce en la Argentina, vuelven a atacar al sector que sostiene al país”.

La organización que lidera Carlos Castagnani exigió dirigentes comprometidos con el sector productivo, en lugar de impulsar lo que calificaron como “ocurrencias desconectadas de la realidad del campo y de la ciencia”. Remarcaron que, con propuestas como esta, “queda claro el tipo de liderazgo con el que pretenden que construyamos futuro”.

Por su parte, en el recinto, quien apuntó directamente al núcleo del proyecto fue Luciano Bugallo, diputado provincial de la Coalición Cívica. “Hemos llegado al límite del absurdo en la Legislatura bonaerense. Pretender imponer un nuevo ‘impuesto a los pedos de las vacas’ supera cualquier frontera de la cordura. En lugar de generar incentivos para fomentar la producción, seguimos inventando disparates para convertir a la vaca en un nuevo sujeto imponible”, afirmó.

Congreso | La Libertad Avanza y el kirchnerismo sellaron una alianza para blindarse de auditorías

La madrugada del 18 de diciembre de 2025 quedará marcada como el día en que “Las fuerzas del cielo” depuso sus armas para abrazarse en la oscuridad del Congreso con quienes dicen combatir. Pasadas las 3:00 a.m., en una jugada relámpago, La Libertad Avanza y el kirchnerismo presentaron una terna de unidad para imponer a los tres representantes de la Cámara de Diputados ante la Auditoría General de la Nación (AGN). El reparto de sillas fue quirúrgico: una para el oficialismo, una para el kirchnerismo y otra para los gobernadores aliados.

Los nombres elegidos confirman un esquema de favores cruzados. LLA impuso a Rita Mónica Almada, una mujer del riñón de Luis Caputo, garantizando que el Ministerio de Economía sea “auditado” por alguien que responde directamente a su titular. El kirchnerismo logró renovar el mandato de Juan Ignacio Forlón, ex presidente del Banco Nación y hombre clave de La Cámpora, asegurándose la continuidad de su custodia en el organismo. El tercer lugar fue para Pamela Calletti, del bloque Innovación Federal, sellando el pago a los gobernadores —como el salteño Gustavo Sáenz— por sus votos en leyes clave.

El escándalo no es sólo político, sino estrictamente inconstitucional. El bloque PRO denunció que la maniobra viola el artículo 63 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Congreso tratar en sesiones extraordinarias temas que no figuren en el decreto de convocatoria del Ejecutivo.

Esta limitación no es un capricho reglamentario, sino una barrera constitucional estricta. Si bien el artículo 63 establece la facultad de convocar a extraordinarias, la jurisprudencia señala que esto debe leerse en conjunto con el artículo 99, inciso 9. Según esta interpretación, el Congreso pierde su agenda libre durante el receso y sólo puede actuar como un órgano de emergencia limitado al temario que el Presidente define en el decreto. Al no tratarse de una prórroga de sesiones ordinarias, cualquier votación sobre temas no habilitados —como en este caso, la designación de auditores— se considera nula, ya que el Poder Legislativo no tiene jurisdicción para decidir sobre su propia agenda fuera del período normal.
Y justamente, el decreto del Presidente no habilitó en el temario la designación de autoridades de la AGN.

Dado que la designación de auditores fue colada sin habilitación presidencial, la votación de esta terna carece de toda validez legal. El oficialismo ignoró las advertencias que el PRO dejó sentadas formalmente en el recinto y en el Diario de Sesiones, decidiendo avanzar a sabiendas de la ilegalidad. El PRO pidió específicamente que se vote nominalmente para que cada diputado se hiciera cargo de su voto inconstitucional, pero el oficialismo lo impidió votando a mano alzada para licuar las responsabilidades.

Para la oposición dialoguista, esta traición representa una “nulidad de nulidad absoluta”. Los Diputados que se retiraron del recinto advirtieron que la AGN es un órgano extrapoder (art. 85 CNA) y no una cuestión de organización interna, única excepción que permitiría sesionar sin decreto presidencial. El pacto se ejecutó además como una compensación política: minutos antes, el Gobierno había perdido la votación para recortar fondos a universidades y discapacidad; la entrega de la AGN sería el premio consuelo para retener la voluntad del peronismo y los gobernadores.

La hipocresía de la maniobra quedó al desnudo bajo el título sin Constitución no hay cambio”, el eslogan con el que el bloque de Cristian Ritondo cortó lazos con la gestión de los hermanos Menem. Mientras para la tribuna se fustigan, entre gallos (¿o gatos?) y medianoches, los alfiles libertarios y el kirchnerismo coordinaron 186 votos para tomar juramento a los nuevos auditores. El apuro por blindarse evidencia que el control estatal es hoy la moneda de cambio entre quienes dicen ser enemigos irreconciliables.

Finalmente, el conflicto se trasladará a los tribunales. El PRO ya adelantó una denuncia judicial para declarar la inconstitucionalidad de los nombramientos. Si la Justicia falla a favor del reclamo, el Gobierno de Milei enfrentará su primer gran revés institucional por haber intentado saltearse la Ley Fundamental de la Nación para pactar impunidad con el mismo sector que prometió combatir. El supuesto “cambio profundo” ha sido reemplazado por los vicios de la vieja política que hoy, más que nunca, parece gozar de excelente salud.






*Por Augusto Grinner

Una nueva contradicción en LLA: votaron a favor del presupuesto por el que expulsaron a Marra

La Libertad Avanza aprobó una ampliación del Presupuesto 2025 que convalida una suba de gastos por $447.443 millones y un aumento de la recaudación tributaria. Este voto de todo el bloque mileísta contradice directamente la postura que llevó a la expulsión de Ramiro Marra, quien a comienzos de 2025 fue apartado del partido por votar a favor de esos mismos “aumentos de impuestos” ajustados por inflación.

Todo comenzó en la maratónica sesión de la Legislatura Porteña de diciembre de 2024, cuando se votó el Presupuesto 2025. Marra y Yamil Santoro condicionaron su apoyo y consiguieron un logro fiscal histórico: una reducción de $330.000 millones en gastos e impuestos.

No obstante, el resultado de la votación fue la expulsión de Marra en enero de 2025, hecho que se enteró mediante redes sociales. El partido, conducido por los hermanos Milei, lo apartó bajo la acusación de haber votado a favor de “subir impuestos”. La realidad, como es sabido, es que la Ley Tarifaria sólo estaba readecuando las escalas de tasas clave (como el ABL y patentes) en función del IPC, un mecanismo que responde a un ajuste por inflación, el mismo que sucede con toda la recaudación tributaria y que, justamente, se trata del tipo de readecuación que cada gobierno nacional hace sobre las tablas de los monotributistas.

Pero ahora el argumento ideológico del mileísmo se pulverizó con la llegada de la Ampliación Presupuestaria 2025, cuyo proyecto se formalizó en septiembre y se votó durante la mañana del viernes 28 de noviembre de 2025. Este documento autoriza un monumental aumento del gasto de $447.443.000.000 para cubrir partidas distintas partidas (personal, servicios, inversiones, etc.) y, a su vez, legitima la estimación de una mayor recaudación tributaria, generada por ese mismo ajuste por inflación.

A diferencia de lo ocurrido con el Presupuesto original, en la votación de esta ampliación (y en la posterior aprobación del Presupuesto 2026), todo el bloque de La Libertad Avanza —incluida su jefa de bloque, la ex kirchnerista Pilar Ramírez—votaron a favor. Este voto no sólo convalida el mismo “impuestazo” que antes denunciaban, sino que anula aquel recorte de $330.000.000.000 conseguido por Marra y Santoro en diciembre de 2024.

La incoherencia en la acción legislativa podría explicarse en el contexto de la nueva alianza política sellada entre el PRO y La Libertad Avanza. La necesidad de la administración porteña de readecuar el presupuesto por la inflación, sumado al nuevo apoyo del Gobierno Nacional a la gestión de Jorge Macri, obligaron al bloque libertario a cambiar su flexible vara de principios. La rigidez ideológica se suavizó por las necesidades de la caja y la convivencia política.

La evidencia fiscal es concluyente: el argumento de que Marra traicionó los ideales libertarios por un voto confirma la carencia de sustento. La pregunta que resuena es si la militancia mileísta continuará sosteniendo la excusa del voto, o si aceptará que la expulsión de Marra se debió a una simple puja de poder impulsada por Karina Milei, quien, como advirtió su hermano el Presidente, es la persona que pasa a la gente por la guillotina.

SENADO | Bullrich investigará a la AFA de Tapia tras las sanciones a Estudiantes: “Hay muchas irregularidades”

Tras las sanciones impuestas por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) al equipo de Estudiantes luego del polémico “pasillo de honor” de espaldas a Rosario Central, la senadora electa Patricia Bullrich volvió a cuestionar con dureza a la conducción del fútbol argentino y advirtió que analizará la transparencia del organismo desde el Senado.

En diálogo con Radio Mitre, horas antes de asumir su banca, Bullrich aseguró que existen “muchas irregularidades” en la AFA y apuntó directamente contra su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.

“El país va hacia el orden, no hacia la discrecionalidad. Y en este camino, la AFA viene marcha atrás, en la discrecionalidad total”, afirmó de manera contundente. “Me voy a concentrar en el Senado para estudiar la transparencia de la asociación”, agregó.

El conflicto estalló por una muestra simbólica de rebelión. En la previa de un partido reciente, el plantel de Estudiantes de La Plata fue obligado por un protocolo de la AFA a realizar un pasillo a Rosario Central, al que la Asociación había reconocido como “campeón” mediante una resolución administrativa —una decisión percibida por muchos como un título de escritorio, motivado ya sea por el liderazgo en la tabla anual o por una validación en asamblea. Los jugadores de Estudiantes, alineados con su presidente Juan Sebastián Verón —histórico crítico de la gestión de Tapia— cumplieron el pasillo pero se plantaron de espaldas frente a los futbolistas de Central, transformando el gesto de cortesía en una protesta visible.

La AFA consideró la acción una ofensa grave y respondió con sanciones ejemplares, suspendiendo a Verón por seis meses, aplicando dos fechas de sanción a los jugadores involucrados y ordenando una multa económica junto a la reducción del aforo de público.

Fueron citados los 11 jugadores que participaron del pasillo y Lucas Alario, quien apareció en las imágenes televisivas advirtiendo a los rivales sobre la acción pese a no haber ingresado. Sin embargo, Estudiantes resolvió que ningún futbolista declarará de manera individual.

Puso la lupa sobre el entorno del titular de la AFA y cuestionó el sistema de conducción interna, argumentando que “está lleno de figurones alrededor de Tapia, con fortunas millonarias. ¿Cómo es la democracia interna? ¿Cómo es el sistema de elección? ¿Por qué es una elección indirecta?”.

En relación al episodio que desató el conflicto, Bullrich consideró desproporcionadas las sanciones aplicadas al club platense. “Por ponerse de espaldas, le metieron una sanción como si hubieran asesinado a alguien. Es una cosa increíble”, expresó. Y añadió: “¿Qué poder de sanción tiene alguien que rompe la ley? ¿Cómo puede sancionar a otros quien actúa fuera de la ley?”. Por último, la senadora señaló que la AFA mantiene una relación de dependencia con los clubes: “Los tiene de rehenes. Hay relaciones de dependencia, no relaciones de libertad”, concluyó.

El club platense alega que la normativa que permitía sancionar al club y a los jugadores por un “pasillo incorrecto” no existía antes del partido. Para la defensa de Estudiantes, la AFA habría cargado el Boletín Oficial 6625 (con la nueva regla sancionatoria) al sistema web después de terminado el partido, pero con una fecha anterior, siendo creado y editado el 23 de noviembre a las 19:21.

Estudiantes califica esto como un “delito cibernético” y falsificación de documento público para justificar un castigo retroactivo después del triunfo 1-0 en los cuartos de final del Clausura, y que solo a partir de ese momento quedó accesible para consulta.

HUMOR por Argüelles​

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Congreso | La Libertad Avanza y el kirchnerismo sellaron una alianza para blindarse de auditorías

En una maniobra de madrugada que dinamitó su relación con los aliados, el oficialismo pactó con Unión por la Patria y los gobernadores el reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación fuera del temario de sesiones extraordinarias. Mientras Javier Milei mantiene su discurso contra la casta, sus alfiles negociaron con el peronismo el control del organismo que debe auditar al Estado, violando la Constitución Nacional para garantizarse mutua protección.

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