Sobre pandemias, liberalismo y el rol del Estado

El fenómeno del COVID-19 desató una catarata de falacias contra los liberales...
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10 Years Experiences

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*Por: Iván Carrino

Nunca vi algo igual. Dar una vuelta por el barrio para pasear a los perros un sábado a las 5 de la tarde fue casi igual a hacerlo un jueves a las 2 de la mañana. La diferencia es que era a plena luz del día y que, si mis sentidos no me fallan, había incluso menos gente. Salvo por la que hacía cola para entrar al supermercado.

Mis viejos tampoco lo vieron. Si uno conversa con sus padres, que tienen más tiempo en este mundo, opinan lo mismo: esta situación de cuarentena y freno absoluto de la actividad, producto de la amenaza del coronavirus, es inédita.

Lo que sí vi fue el día en que Fernando de la Rúa decretó el Estado de Sitio en diciembre de 2001. El decreto no hizo más que convocar a más gente a las plazas para protestar. Esta vez ocurre todo lo contrario: el presidente Fernández ordenó cuarentena total, y la ciudadanía, al menos por ahora, cumple.

Esto no pasa porque a “Alberto” lo quieran más que a “Fernando”. Lo que ocurre es que muchos están absolutamente convencidos, producto de la información que circula libremente, que ésta es una buena respuesta a la crisis.

#QuedateEnTuCasa, dice el Hashtag que fue tendencia en todas las redes sociales

El COVID-19, que transmite una enfermedad similar a la gripe pero que en un enorme número de casos deriva en neumonía y resulta letal, ya tiene 311.000 infectados y nada menos que 13.000 víctimas fatales en más de 150 países alrededor del mundo.

Los gobiernos han reaccionado con restricciones extremas a la libre circulación de las personas y, por tanto, a la actividad económica global. Frente a este escenario, muchos consideran que el liberalismo, que grosso modo exigiría poco estado en todo momento y en todo lugar, ha entrado en crisis, una crisis de la que no podrá ya salir.

A continuación, exploramos esta idea y explicamos por qué se trata de una gran falacia.

TRES ROLES PARA EL GOBIERNO

Adam Smith, pensador escocés del siglo XVIII, no solo es considerado el padre de la economía moderna, sino también de la extensa tradición de liberalismo económico. En su “Riqueza de las Naciones”, publicado en 1776, Smith pedía que el estado se quitara del medio de la actividad productiva, y que permitiera el libre comercio. Consideraba Smith que éste promovería la división del trabajo, la especialización y, por tanto, un aumento de productividad que traería mayor riqueza.

Smith no era para nada generoso con los gobernantes, es cierto. En su obra los trata de arrogantes y despilfarradores, entre otras cosas. Sin embargo, no por ello concluía que el gobierno no tenía ningún rol que jugar, en ningún momento ni lugar.

En las páginas 612 y 613 de su libro, Smith asigna al “soberano” tres deberes que cumplir, los tres “muy importantes”. El primero es el deber de proteger a la nación de invasiones extranjeras. El segundo, el de proteger a cada miembro de la sociedad de la violencia y opresión de otros individuos.

El tercero lo copio textual aquí abajo:

“…erigir y mantener ciertas obras y establecimientos públicos cuya erección y sostenimiento no pueden interesar a un individuo o a un pequeño número de ellos, porque las utilidades no compensan los gastos que pudiera haber hecho una persona o grupo de éstas, aun cuando sean frecuentemente muy remuneradoras para el gran cuerpo social”.

Lo que hace Smith aquí no es más que anticiparse a la idea de las externalidades y los bienes públicos que hoy tanto se estudia en los cursos de economía. El principio es el siguiente: si una actividad presenta una externalidad positiva -es decir, beneficia a más personas que las que están directamente relacionadas con la transacción- como los actores que generen esa actividad no podrán captar esos beneficios “externos”, entonces no estarán motivados para producir esa actividad en cantidad suficiente.

Una consecuencia que de aquí se desprende es que, en estos casos, y siguiendo a Adam Smith, el estado debe intervenir.

Adam Smith

En el caso de la pandemia actual ocurre algo asimilable que intentaré transmitir con un ejemplo. Que José no vaya al kiosco de Juana genera el beneficio externo de que Manuela no se contagiará el coronavirus. Sin embargo, en ausencia de regulación estatal, José irá al kiosco invitado por Juana, Manuela se contagiará y el resultado para la sociedad estará lejos de ser “muy remunerador”.

Siguiendo a Adam Smith, entonces, las regulaciones que el gobierno impone para evitar el contagio no están en contradicción con el liberalismo. En este caso tan particular y excepcional en que vivimos, restringir el comercio genera una externalidad positiva.

EL ESTADO PARA LUDWIG VON MISES

Casi 200 años después de los escritos de Adam Smith, fue un economista de origen austríaco quien defendería, en una colección interminable de libros, trabajos y conferencias, el sistema de la libre empresa contra el flagelo del intervencionismo.

Ludwig von Mises era tan radical en sus conclusiones y principios que existe una anécdota famosa en donde, durante una reunión, Mises acusó a un grupo de tertulianos entre los que estaba nada menos que a Milton Friedman, de ser “una manga de socialistas”.

Ludwig von Mises

No obstante, Mises nunca pidió la abolición del estado, sino un rol estrecho para el mismo y, principalmente, lejos de la economía. En el capítulo XV de su obra “La Acción Humana” sostiene que en una economía de mercado:

“… el estado, el aparato social de coerción y compulsión, no interfiere con el mercado ni con las actividades de los ciudadanos conducidas por él… Emplea su fuerza solamente… para proteger la vida del individuo, su salud y su propiedad contra la agresión violenta o fraudulenta…”

Si entendemos al Coronavirus como una agresión (no diría, fraudulenta, pero sí al menos negligente) contra la salud de los individuos, entonces vemos que también el liberalismo de Mises admite que el estado intervenga en la vida social para detener el contagio y que, temporalmente al menos, restringa ciertas libertades.

SALUD Y TAMAÑO DEL ESTADO

Visto que ilustres liberales que han hecho verdadera escuela en esta tradición le otorgan un rol en cuestiones como la protección de la salud, pasemos ahora a un área más práctica, relacionada con el verdadero tamaño del estado y la porción que se relaciona con lo estrictamente sanitario.

Recientemente, el presidente de Francia, Emmanel Macron sostuvo que “lo que ya ha revelado esta pandemia” es que el estado de bienestar europeo no es un costo o una carga, sino un “bien precioso”.

Ahora bien, lo que uno inmediatamente piensa cuando se habla del estado de bienestar europeo es ese gobierno que gasta –en promedio y con cifras oficiales- nada menos que el 46,7% del PBI. En palabras de Macron, sería necesario tener un estado de casi la mitad del tamaño de la economía para combatir al coronavirus.

No obstante, cuando uno mira las partidas de salud en todos los países de la Unión, descubre que eso es falso.

Gasto en Salud de los gobiernos europeos (en % del PBI)

En Europa, el país que más gasta en salud, que es Dinamarca, solo lo hace en un 8,5% del PBI. Es decir que, llevando el análisis al extremo, si de prevenir y atender enfermedades altamente contagiosas se trata, el gasto público europeo (y, por tanto, su estado de bienestar), podría reducirse hasta en 38,2 puntos porcentuales.

En Argentina ocurre algo similar. Recientemente en un debate con otro colega, éste le decía a la cámara que había que aclarar “que cuando Iván pide ajustar el déficit fiscal”, en realidad estoy pidiendo –entre otras cosas- bajarle el sueldo a los médicos.

Mi respuesta fue basada en evidencia: de acuerdo con los últimos datos oficiales del gasto público consolidado del estado argentino, el gasto en Salud es 6,7% del PBI, el gasto en Educación, Cultura y Ciencia y Técnica es 6,3% del PBI, y el gasto en Justicia, Defensa y Seguridad, asciende al 4,3%.

Es decir que si tuviéramos un estado mínimo, compatible en mucho con los principios liberales clásicos, el gobierno solo gastaría el 17,3% del PBI. ¡O sea que el tamaño del estado podría reducirse en 29 puntos del producto sin tocar ni un peso de salud o educación!

POR ÚLTIMO, LA ADVERTENCIA LIBERAL QUE TODOS ADMITEN

Para cerrar este extenso análisis de una temática por demás jugosa, pero cargada de falacias y espantapájaros, tengo que decir que el liberalismo se verá reivindicado una vez más por esta situación.

Es que si hay algo en lo que liberales de todos los colores y vertientes coinciden es en lo siguiente: en la medida que el estado imponga regulaciones que afecten los incentivos, la economía no crecerá.

Es fácil comprender que cuando un gobierno prohíbe la actividad económica con cuarentenas obligatorias, esto afecta los incentivos a invertir y producir. Es que, básicamente, hacerlo implicaría violar la ley.

Ahora lo que se desprende de estas leyes, y que nadie en su sano juicio ha intentado siquiera discutir, es que impondrán costos económicos que pueden llegar a ser enormes.

Y es eso lo que comenzará a discutirse justificadamente en algunos días. Si el costo del frenazo económico es mayor al costo / riesgo de una gran propagación de la enfermedad.

Pero como sea que esa discusión resulte, los liberales que piden un estado chico para promover el desarrollo económico habrán tenido razón nuevamente. Las leyes para prevenir el contagio están contenidas dentro del marco teórico liberal y también lo está el costo económico que esas leyes van a imponer.

Lamentablemente para intervencionistas, socialistas, fascistas, y toda clase de antiliberales, no hay nada nuevo bajo el sol…

*Fuente: Libertad y Progreso


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ESCÁNDALO EN EL SENADO | La libertaria Orozco enojada con Villarruel y desesperada por los contratos para sus ñoquis: “Tengo a mis asesores esperando”

En la mañana del miércoles 4 de febrero de 2026, la Senadora nacional por Salta de La Libertad Avanza, Emilia Orozco, decidió llevar el internismo oficialista en una entrevista con Luis Gasulla.

La legisladora ya venía de protagonizar un fuerte cruce esta semana con la Diputada Nacional del Pro Florencia De Sensinota que podés leer haciendo click acá—, donde quedó expuesta por su falta de argumentos frente a la modernización de leyes laborales. Ahora, la legisladora que saltó a la fama denunciando dietas ajenas, redobló la apuesta terminó exponiendo una faceta desconocida: la de una dirigente que miente para victimizarse y alimentar relatos conspirativos de redes sociales.

Orozco aseguró que sus contratos “no salen” insinuando una supuesta saña de Victoria Villarruel contra el mileísmo, y lanzó una comparación malintencionada: afirmó que los de Jorge Capitanich se liberaron en diciembre pero los de La Libertad Avanza no. Esta es la primera gran mentira de la senadora: utiliza al exgobernador K chaqueño para sugerir solapadamente una alianza entre Villarruel y el kirchnerismo, ocultando deliberadamente que todos los Senadores de LLA que ingresaron en diciembre de 2025 ya tienen sus contratos firmados y sus equipos cobrando.

La corroboración que deja en evidencia a Orozco

Mientras la senadora intentaba instalar que hay un bloqueo contra el oficialismo, la nómina oficial del Senado le devuelve un cachetazo de realidad. Los senadores de LLA, tanto los que ingresaron en 2023 como quienes asumieron junto a ella en diciembre de 2025, ya tienen sus oficinas pobladas con números que, en muchos casos, se acercan o igualan a los de la “casta” que ella denuncia:

  • Bruno Olivera Lucero: 16 asesores.
  • Ezequiel Atauche: 15 asesores (llegó a tener 16).
  • Ivanna Arrascaeta: 14 asesores.
  • Juan Cruz Godoy (ingresó en diciembre): 12 asesores.
  • Bartolomé Abdala: 12 asesores (llegó a tener 20).
  • Francisco Paoltroni: 11 asesores.
  • Agustín Coto: 11 asesores.
  • Silvana Schneider (ingresó en diciembre): 10 asesores.
  • Enzo Fullone (ingresó en diciembre): 10 asesores.
  • Juan Pagotto: 9 asesores.
  • Nadia Márquez (ingresó en diciembre): 9 asesores.
  • Mario Cervi (ingresó en diciembre): 9 asesores.
  • Vilma Bedia: 8 asesores.
  • Patricia Bullrich (ingresó en diciembre): 4 asesores.

Otro dato curioso es que, cuando LLA tenía solo 7 Senadores, llegó a tener 88 asesores, dando un promedio de 12,6 asesores por Senador.

¿Cómo explica Orozco que a todos ellos les firmen los contratos y a ella no? La mentira quedó expuesta: no hay una orden política contra el bloque libertario, sino una Senadora que utiliza la falta de asesores como una herramienta de propaganda para ocultar su propia rebeldía institucional.

La gata flora: critica el presupuesto pero busca la caja

La contradicción de Orozco roza el absurdo. En la misma charla, chicaneó a Villarruel por haber reclamado al Ejecutivo que subsanara el presupuesto del Senado: “la única preocupación fue que no había presupuesto… yo salí con esa sensación”, asintió cuando Gasulla le preguntó si lo que importaba era “la tarasca” (SIC).

Lo que Orozco omite es que los sueldos de los asesores que ella tanto reclama salen, precisamente, de ese presupuesto que ella misma cuestiona. Orozco denunció a Capitanich por tener 18 colaboradores (ella dijo “más de 20”), pero calla ante los números de sus propios correligionarios que tienen números similares de colaboradores, e incluso llegaron a tener más, como en el caso de Abdala.

Prontuario libertario: del “modelo Abdala” a los retornos de Ponce

Este hambre por los contratos remite a los escándalos que ya salpican al espacio. El más recordado es el de Bartolomé Abdala, que confesó usar a su planta de 20 asesores del Senado para financiar su campaña a gobernador en San Luis. Pero no es el único: el jefe de bloque, Ezequiel Atauche, ostentó una de las estructuras más abultadas con 16 asesores, superando incluso los números que la propia Orozco le critica a la oposición. A esto se suma el antecedente de Celeste Ponce, excompañera de bloque de Orozco, denunciada por exigirle “retornos” a sus propios asesores.

Con estos antecedentes, el pedido de Orozco se mira bajo otra lupa: ¿realmente busca asesores técnicos, o cajas políticas para su armado en Salta?

El “acting” karinista: sarcasmo en la radio, rebeldía en el Palacio

Para esta nota, Data 24 consultó a fuentes oficiales de la Presidencia del Senado para entender la supuesta “demora”. La explicación es puramente técnica: Orozco es la única que se niega a cumplir con el protocolo que todos sus compañeros ya pasaron.

En la radio, la Senadora minimizó el procedimiento: “parece que la modalidad, y por usos y costumbres, uno tiene que pasar por la oficina de la Presidente… veremos si esa reunión se concreta”, soltó con desdén.

No es que “parece”: es la norma institucional, donde se recibe a los nuevos y se les explica el funcionamiento de la casa. Orozco cerró su actuación afirmando que ya presentó el pedido para contratar asesores, y espetó con un sarcasmo cínico: “los nuestros aún están en espera, yo calculo que debe ser una cuestión administrativa, debe estar con mucho trabajo, seguimos en la espera”. La realidad es otra: no hay trabas administrativas; hay una Senadora que no quiere ir a la reunión obligatoria porque prefiere sostener su papel de “perseguida” mediática para ganar puntos con Karina Milei en la interna contra la Vicepresidente.

Conclusión:

Con una dieta de $10 millones brutos, Emilia Orozco ha completado su metamorfosis: de la “motosierra” salteña, a una PyME política financiada por el Estado, que miente sobre la realidad de los contratos de sus colegas, omitiendo la cantidad de asesores que tienen sus compañeros para mencionar sólo el caso de Capitanich, intentando forzar una imagen de Villarruel como aliada del kirchnerismo; cerrando su relato diciendo que “está esperando que le aprueben los contratos”, en una puesta en escena que se cae sola cuando se nota que la única que espera algo es la Presidente del Senado: que la Senadora finalmente madure y pase por su oficina.



*Autor: Augusto Grinner

Senador nacional de LLA es condenado por desmonte ilegal y deberá pagar más de 101 millones de pesos

El senador nacional por La Libertad Avanza (LLA) Francisco Paoltroni, quien ocupa el cargo de Convencional Constituyente de la Provincia de Formosa, ha sido condenado por un tribunal de primera instancia por desmonte ilegal. El juez falló a favor del Gobierno de Formosa, ordenando que pague más de $101 millones, más intereses y costos judiciales.

Todo comenzó con una inspección del Ministerio de Producción y Ambiente de Formosa, que detectó cambios realizados sin los permisos ambientales correspondientes, dando a conocer una deforestación clandestina en tierras pertenecientes a Paoltroni. Esto significa dañar ecosistemas como selvas o monte nativo, clave para la biodiversidad y el cambio climático en el norte argentino.

“Hemos avanzado con algunas acciones administrativas vinculadas al senador Francisco Paoltroni, al intendente de la localidad de Las Lomitas, Atilio Basualdo, vinculadas a las infracciones”, destacó el ministro de la Producción y del Ambiente, Lucas Rodríguez.

Paoltroni no pagó la multa. Entonces, la fiscal de Estado, Stella Zabala, inició un juicio de ejecución para cobrarla forzosamente. Fue notificado varias veces y tuvo posibilidad de pagar voluntariamente, pero no lo hizo. El juez rechazó todos sus argumentos defensivos y confirmó la deuda.

Basualdo fue sancionado con multas que suman aproximadamente $1.025 millones. Las infracciones incluyen la remoción de 467 hectáreas en las inmediaciones de Pozo Molina, una región considerada de alto valor biológico por sus corredores, y otras 192 hectáreas en la zona del Quemado Nuevo.

En concreto, la indagación contra Paoltroni se originó por presuntas infracciones a la Ley provincial 1660 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, una normativa que surgió “con el fin de promover el desarrollo económico y social a través de la ocupación del espacio físico en forma armónica con la preservación de todos los recursos naturales, en particular de los bosques nativos”.

La defensa sostuvo que, por ser senador, Paoltroni no podía ser sujeto de ese procedimiento. El tribunal rechazó la excepción, afirmando que la inmunidad protege actos y opiniones vinculados a la función legislativa —votos, intervenciones en el recinto—, pero que “no es un salvoconducto para evadir sanciones ambientales”, económicas o responsabilidades civiles y administrativas.

Se alegó que la provincia no estaba legitimada para ejecutar la multa. La jueza consideró, en cambio, que el Estado provincial sí tiene competencia y facultad para aplicar y ejecutar sanciones por infracciones a la normativa ambiental local, y por eso desestimó la excepción.

La defensa planteó que la normativa que sostiene la multa sería inválida. El tribunal, tras analizarla, la declaró válida y ajustada a la Constitución, por lo que el argumento fue igualmente rechazado.

Según la resolución, los desmontes investigados constituyen un “cambio de uso de suelo” sin autorización y alcanzan superficies significativas en varias colonias de la provincia. En total, fue estimado por una “deforestación masiva” que afectó a 597 tierras repartidas en tres colonias de la provincia. Los trabajos fueron efectuados en 112 hectáreas en Colonia El Silencio, 7 en Colonia Brouchard y 478 en Colonia San Roque, zonas cercanas a Ibarreta y Subteniente Perín.

La defensa ya anticipó la intención de apelar la sentencia. Si hay apelación, la causa deberá ser revisada por instancias superiores. A su vez, la provincia puede avanzar con medidas de ejecución (embargos u otras medidas cautelares) para asegurar el cobro si la ley lo permite. La Fiscalía de Estado afirmó que defenderá la resolución en las instancias siguientes.

Historial judicial

La recopilación de casos que involucran al senador formoseño Paoltroni se conforma a partir de una combinación de investigaciones administrativas y expedientes judiciales. En pocos meses, su nombre quedó vinculado a denuncias por embargos judiciales y sospechas de irregularidades económicas relacionadas con su actividad agropecuaria.

Dados los procesos trascendidos, desde noviembre de 2025 comenzaron a aparecer otros expedientes que complicaron aún más su situación. Uno de ellos se tramita en la Justicia Federal y está vinculado a presuntas maniobras financieras relacionadas con la consignataria de hacienda “Ganaderos de Formosa”, empresa con la que Paoltroni opera en el negocio ganadero. Allí se investiga un supuesto fraude contra una sucursal del Banco Nación en Quitilipi, provincia del Chaco, por la emisión y endoso de cheques que luego habrían sido desconocidos. En ese expediente la Justicia también ordenó un embargo, cercano a los $134 millones.

Como consecuencia, la provincia aplicó sanciones económicas que en el caso específico de Paoltroni superan los $104, aunque forman parte de un conjunto de multas más amplio que alcanza cifras mucho mayores dentro de distintos expedientes. Las sanciones fueron derivadas a la Justicia para su ejecución cuando no fueron abonadas en el plazo establecido.

Además, se suman sospechas sobre su crecimiento patrimonial dentro del negocio ganadero. Algunas denuncias mencionan la posibilidad de compras de haciendas “en negro”, evasión impositiva y maniobras para blanquear animales en remates rurales. También se analizan operaciones de distintas sociedades agropecuarias vinculadas directa o indirectamente a Paoltroni, como Agroindustria de Formosa, CSI, El Divisadero o CONAGRI.

Desde su entorno sostienen que las sanciones y expedientes forman parte de una persecución política impulsada por el gobierno provincial del gobernador peronista, Gildo Insfrán. Por otro lado, las autoridades ambientales argumentan que las evidencias son fácilmente verificadas mediante imágenes satelitales del Sistema de Alerta Temprana (SAT).

Regresó a LLA

Paoltroni fue separado del bloque de LLA en 2024 por lo que los propios integrantes describieron como “diferencias irreconciliables”. En los hechos, una serie de críticas públicas a la conducción política y a decisiones estratégicas del sector terminaron rompiendo la convivencia interna y acelerando su expulsión, tachándolo de “impostor” e “impresentable”.

El choque se profundizó cuando Paoltroni cuestionó abiertamente al asesor y estratega cercano al presidente, Santiago Caputo y puso en tela de juicio decisiones relevantes, entre ellas la designación del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema, siendo este “parte de la casta”. Las crónicas documentables y las fuentes del propio oficialismo lo describieron como el punto de quiebre que justificó la medida.

“No estaba a la altura de lo que queremos que sea un senador de LLA”, subrayó una alta fuente del Poder Ejecutivo.

Paoltroni, en cambio, sostuvo que sus cuestionamientos eran legítimos y que incluso mantenía de igual forma su apoyo Javier Milei, por lo que reivindicó su espacio político y anunció luego la conformación de su propio espacio llamado, “Libertad, Trabajo y Progreso”.

Posteriormente, integraría su agrupación en una alianza con LLA donde fue Lule Menem —un operador de estrecha confianza de la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei— quien gestionó su vuelta.

El malestar social alcanzó un récord negativo en febrero

El malestar social alcanzó en febrero su peor registro desde que comenzó la serie, hace casi dos años, según el último Índice de Irascibilidad Social elaborado por la consultora Casa Tres y publicado en exclusiva por la revista digital Seúl. El indicador cayó por tercer mes consecutivo y se ubicó en -14 puntos, seis por debajo de enero.

El resultado perforó el piso de -13 puntos que se había registrado en septiembre de 2024 y septiembre de 2025, hasta ahora los meses más bajos de la medición. Según una de las comparaciones incluidas en el informe, el índice quedó además 11 puntos por debajo de noviembre del año pasado.

De acuerdo al relevamiento, el deterioro del clima social no respondió a un hecho coyuntural aislado, sino a una intensificación de los problemas que ya venían siendo detectados. La economía y el poder adquisitivo siguieron como las principales preocupaciones de los encuestados, mientras que el desempleo ganó peso y alcanzó en febrero el nivel más alto de menciones espontáneas de toda la serie.

El estudio también registró un deterioro en las expectativas. Cayó la esperanza respecto del futuro del país y empeoraron las perspectivas económicas, tanto personales como colectivas. Volvió a instalarse la percepción de que “lo peor no necesariamente quedó atrás, sino que aún podría estar por venir”.

La medición de Casa Tres condensó variables como la evaluación del Gobierno, el poder adquisitivo y el clima emocional respecto del futuro del país. Sus valores oscilaron entre -100 puntos, que expresaron el máximo nivel de descontento, y +100, que representaron el mayor grado de apoyo y conformidad.

El Gobierno mantuvo niveles de apoyo relativamente más altos entre los jóvenes, los hombres y los sectores de mayor nivel socioeconómico. En esos grupos, la conformidad con la gestión resultó superior a la irascibilidad social.

La medición se conoció pese a los avances legislativos del oficialismo, entre ellos la sanción de la reforma laboral, y planteó que los logros macroeconómicos que el Gobierno dio por alcanzados no alcanzaron para una ciudadanía que empezó a demandar mejoras concretas en su vida cotidiana. A partir del resultado de febrero, el análisis sostuvo que la sociedad pasó de un estado de “espera” a uno de “ansiedad”.

El trabajo también señaló que el oficialismo conservó un núcleo duro de apoyo. Parte de ese respaldo, indicó el análisis, se sostuvo en el “temor al pasado”, identificado como el riesgo de un retorno del kirchnerismo, más que en el entusiasmo con el presente económico. Ese factor operó como un elemento de cohesión para un tercio de la base electoral oficialista.

SALUD | La crisis se agiganta con una denuncia por extorsión contra funcionario de Kreplak

La dirección de Emergencias y Catástrofes, dependiente del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que conduce Nicolás Kreplak, atraviesa una etapa de fuerte turbulencia interna. El área —clave en la coordinación del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES)— enfrenta renuncias de profesionales, reestructuraciones controvertidas y una denuncia penal que involucra directamente a su titular.

El conflicto se da en el marco de la gestión provincial actual y expone tensiones en un área estratégica para la respuesta sanitaria ante emergencias y catástrofes.

La base del exhospital Naval y el reordenamiento interno

Uno de los cambios más significativos en la estructura operativa de la dirección de Emergencias y Catástrofes fue la instalación de una base en un sector cedido por el exhospital Naval. Desde allí funciona parte del despliegue logístico de emergencias provinciales.

Sin embargo, según pudo reconstruir el portal REALPOLITIK a partir del testimonio de profesionales del área, las condiciones edilicias del lugar serían críticas. “El exhospital Naval le cedió una parte a la dirección para la base de ambulancias del SIES. Está en estado deplorable, es donde duermen choferes, enfermeros y médicos”, relataron fuentes con años de antigüedad en el servicio.

– Basura al descubierto y el improvisado sistema de ventilación

Según la descripción, los baños centrales no cuentan con duchas y solo dos habitaciones cuentan con dicho servicio básico, mientras que el resto del personal “no tiene forma de higienizarse”. “A veces en los techos se escuchan ratas”, agregaronó. Además, explicaron que esos espacios originalmente eran depósitos y “nunca estuvieron destinados a albergar personal”.

En paralelo, el reordenamiento interno habría profundizado tensiones preexistentes: “Sacaron al coordinador que teníamos porque no les gustaba que tuviera buena relación con el personal. Dos médicos renunciaron, otros dos se fueron y el clima es cada vez peor”, aseguraron profesionales.

– Los dormitorios están conformados por económicas estructuras de pino y, en algunos casos, sin luz

En el mismo sentido, señalaron que la situación impactó también en personal vinculado a la Unidad de Terapia Intensiva Móvil (UTIM): “Personalmente hace más de 15 años que trabajo ahí y la estoy pasando muy mal”, agregó una profesional, que continúa en funciones y pidió reserva de identidad.

Otro de los puntos señalados tiene que ver con el manejo de los recursos del SAMO. “Cobramos dos veces SAMO, pero no sé qué hacen con la plata, no hay control”, confió un trabajador, dejando entrever posibles irregularidades administrativas. Asimismo, indicó que el personal de ambulancias no está encuadrado bajo el régimen de trabajo por insalubridad, a diferencia del personal hospitalario, pese a tratarse —según explicó— de una tarea “mucho más insalubre y peligrosa”.

– Baños con duchas improvisadas y el menú del día

Conducción y designaciones cuestionadas

Las críticas también alcanzan al estilo de conducción del área. “Se maneja como patrón de estancia, diciéndote cosas como ‘si no te gusta ahí está la puerta’ o ‘lo hacés porque lo digo yo’”, afirmó la médica.

Según su testimonio, Chaparro Fresco —quien proviene del IOMA— habría incorporado médicos reguladores que “nunca trabajaron con nosotros y les falta capacitación”, pese a que su función es administrar recursos y definir derivaciones en situaciones críticas.

“Están en el ministerio sentados en oficinas”, sostuvo. Como ejemplo mencionaron que una de las médicas reguladoras es neonatóloga, lo que no se ajustaría a la dinámica general de emergencias.

Operativos bajo tensión

Las críticas internas no se limitan al funcionamiento administrativo. Por caso, durante los operativos desplegados en Bahía Blanca por las inundaciones, fuentes consultadas señalaron episodios que generaron incomodidad en parte del personal.

Según los relatos, durante los recambios de equipos cada tres días se realizaban encuentros que incluían celebraciones y expresiones político-partidarias, más propias de militantes que de profesionales de la salud. Si bien estos hechos no forman parte de ninguna denuncia judicial, reflejan un clima de fuerte fragmentación interna en un área que debería operar bajo estrictos criterios técnicos y sanitarios.

Chaparro Fresco, denuncia y antecedente

En paralelo al conflicto operativo, se radicó una denuncia penal por presunta extorsión contra el actual director del área, Jerónimo Chaparro Fresco. La presentación quedó registrada en el ministerio Público Fiscal de La Plata y ya cuenta con número de expediente.

Según pudo saber este medio, la denuncia se originó luego de que el funcionario amenazara a una médica con iniciarle un sumario administrativo si no renunciaba a su trabajo. “Me amenazó con un sumario si no me iba”, afirmó la médica.

– La denuncia por extorsión contra Jerónimo Chaparro Fresco

Además de la presentación penal, la profesional indicó que también realizó una denuncia ante el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, en la comisión de Violencia y Ética. “La denuncia está en fiscalía, no sé en qué instancia”, aseguró.

El nombre de Chaparro Fresco no es nuevo en el ámbito sanitario bonaerense. Durante su paso por el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), bajo la gestión de Homero Gilesya había sido mencionado en investigaciones vinculadas a conflictos con clínicas privadas.

Vale recordar que, en diciembre de 2022, REALPOLITIK publicó una investigación sobre denuncias penales contra directivos del instituto en el marco de presuntas presiones económicas a sanatorios. En aquel expediente también figuraba su nombre.

– Jerónimo Chaparro Fresco

Silencio oficial

Mientras todo esto ocurre, profesionales del área advierten que la crisis impacta directamente en la operatividad del sistema de emergencias en territorio bonaerense, en un contexto donde la coordinación entre el SIES, el Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO) y los hospitales resulta clave para la atención de situaciones críticas.

El conflicto en Emergencias se suma así a un escenario más amplio de cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema sanitario provincial, que en los últimos años tuvo como eje de debate la destrucción del IOMA, la obra social del estado bonaerense que mantiene presos y sin alternativas a sus afiliados.

En distintos sectores del ámbito médico se habla de un progresivo deterioro institucional y de una creciente politización de estructuras técnicas. Las críticas apuntan a designaciones realizadas por afinidad política antes que por trayectoria profesional, en un proceso que algunos trabajadores describen como “camporización” de áreas sensibles del estado.

La dirección de Emergencias y Catástrofes, por su rol estratégico en la atención de desastres y situaciones críticas, no queda al margen de ese debate. En un sistema donde cada decisión impacta directamente en la salud de miles de bonaerenses, las denuncias internas y el malestar profesional vuelven a poner bajo la lupa el rumbo sanitario de la gestión de Axel Kicillof.

*Fuente: REALPOLITIK

HUMOR por Argüelles​

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