14 marzo, 2025

Sergio Massa fue denunciado penalmente por el “Plan Platita”

Bajo la caratula de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria fue denunciado penalmente por Roberto García Moritán y Yamil Santoro.
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El legislador porteño Roberto García Moritán y el dirigente de Republicanos Unidos Yamil Santoro denunciaron penalmente al ministro de Economía y candidato a presidente de la Nación, Sergio Massa, por incumplimiento de los deberes de funcionario público (art 248 cp). El funcionario oficialista rompió la veda electoral al realizar un anuncio de créditos a través de la ANSES, a menos de 17 días del balotaje donde se enfrentará al candidato libertario Javier Milei.

De acuerdo al artículo mencionado, esto queda determinantemente prohibido previo a los 25 días anteriores a la fecha fijada a las elecciones. Así como también queda prohibido promocionar planes, programas y cualquier “realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales o de las agrupaciones por las que compiten”.

Roberto García Moritán on Twitter: “Junto a @yamilsantoro acabamos de DENUNCIAR PENALMENTE A @SergioMassa por seguir con el “Plan Platita” aún cuando el Código Electoral se los prohíbe (ART 64 quater). La neutralidad frente a la corrupción y el populismo es para tibios, al kirchnerismo se lo combate. https://t.co/Pq9F2D5igr / Twitter”

Junto a @yamilsantoro acabamos de DENUNCIAR PENALMENTE A @SergioMassa por seguir con el “Plan Platita” aún cuando el Código Electoral se los prohíbe (ART 64 quater). La neutralidad frente a la corrupción y el populismo es para tibios, al kirchnerismo se lo combate. https://t.co/Pq9F2D5igr

En ese sentido, Moritán afirmó que “la utilización del Estado para su beneficio propio es algo típico del kirchnerismo”. “Junto a Yamil Santoro acabamos de denunciar penalmente a Sergio Massa por seguir con el “Plan Platita” aún cuando el Código Electoral se los prohíbe. La neutralidad frente a la corrupción y el populismo es para tibios, al kirchnerismo se lo combate”, lanzó el legislador vía X.

Asimismo se sumó Santoro, quien publicó: “Denunciamos penalmente a Sergio Massa, junto a Roberto García Moritán, por hacer trampa en las elecciones. Lo anunciado viola la prohibición del Código Electoral (Art 64 quater). Los corruptos y tramposos, como Massa, no deben gobernar a la Argentina. No se puede ser neutral ante esto”.

Yamil Santoro on Twitter: “DENUNCIAMOS PENALMENTE A @SergioMassa, junto a @Robergmoritan, por hacer trampa en las elecciones. Lo anunciado viola la prohibición del Código Electoral (Art 64 quater).Los corruptos y tramposos, como Massa, no deben gobernar a la Argentina. No se puede ser neutral ante esto. https://t.co/i6E2FM6agI pic.twitter.com/FyfCGQTo7J / Twitter”

DENUNCIAMOS PENALMENTE A @SergioMassa, junto a @Robergmoritan, por hacer trampa en las elecciones. Lo anunciado viola la prohibición del Código Electoral (Art 64 quater).Los corruptos y tramposos, como Massa, no deben gobernar a la Argentina. No se puede ser neutral ante esto. https://t.co/i6E2FM6agI pic.twitter.com/FyfCGQTo7J

La irregularidad había sido señalada en los medios de comunicación y replicada en redes sociales, con la intención de que algún funcionario público actúe. Finalmente, avanzaron los integrantes de Republicanos Unidos.

QUÉ ANUNCIÓ MASSA

El ministro de Economía anunció junto a la directora de ANSES, Fernanda Raverta, la actualización del Programa de Créditos para trabajadores, jubilados y pensionados. El mismo amplió los montos que los “para trabajadores en relación de dependencia, que pasarán a ser de hasta $1.000.000”.

https://x.com/SergioMassa/status/1719803494700294342?s=20

El de los adultos mayores jubilados y pensionados pasó de $400.000 a $600.000. Según comentaron los funcionarios, la finalidad de este crédito “es darle la oportunidad a las familias de saldar su deuda con la tarjeta de crédito o realizar compras que venían postergando. De esta forma, no solo acompañamos el esfuerzo de las trabajadoras y los trabajadores, sino que también revitalizamos el consumo y el mercado interno de la Argentina”.

Redacción

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El ministerio de Seguridad de Kicillof compró 40 autos 0 km con un sobreprecio superior al 100%

El 21 de enero pasado, la concesionaria Stampa Automotores SA ubicada en Tortuguitas, Panamericana R Pilar KM 0, le facturó al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, 40 Fiat Cronos Drive 1.3.

El precio unitario que pagó el ministerio a cargo de Javier Alonso fue de $56.416.566, 26. En total se invirtieron 2.256.662.650,40 pesos.

El precio de mercado del auto de similares características es de 26 millones de pesos. La compra se habría realizado con un sobreprecio superior al 100%.

Según especialistas en seguridad, el precio podría ser superior por el blindaje y distintos agregados que tienen los patrulleros pero los montos salieron de la concesionaria. Los blindajes no se realizan en la casa donde se adquirieron.

Fuentes consultadas dentro del Ministerio aseguran que la compra se realizó de manera express y sorpresiva.

Las autoridades pidieron que la compra se realizase sin objeciones. La gestoría que estuvo a cargo de la operación fue Nugamax SRL.

Esa semana, Axel Kicillof presentó unos 30 patrulleros nuevos en Ezeiza.

Ese mismo vehículo fue adquirido por Kicillof el año pasado y, según informes públicos, donados a la provincia de Santa Fe. La Cornisa mostró que los mismos patrulleros de Santa Fe, donados por Kicillof, aparecían en La Matanza, provincia de Buenos Aires.

*Fuente: Periodismo y Punto (Luis Gasulla)

Redacción

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ENTRE RÍOS | La Cámara de Diputados sancionó el proyecto de reforma del Código Fiscal: “Celebramos bajar impuestos”

La Cámara de Diputados de Entre Ríos llevó adelante este miércoles la primera sesión especial del 146° periodo legislativo, bajo la presidencia de Gustavo Hein. En esta oportunidad, se dio sanción definitiva a los proyectos remitidos en revisión por el Senado, referidos a las modificaciones al Código Fiscal y a la Ley N° 5.140 de Contabilidad Pública. Además, los legisladores aceptaron la renuncia de Stefanía Cora (Más para Entre Ríos), quien asumirá en el Senado de la Nación.

Durante el transcurso de la sesión, se dio ingreso y se aprobó por mayoría el proyecto de ley, devuelto en revisión, por el que se modifican artículos del Código Fiscal (T.O. 2022). La iniciativa fue aprobada aceptando los cambios introducidos por el Senado al texto que había obtenido media sanción de la Cámara baja a fines del año pasado.

Bruno Sarubi (Juntos por Entre Ríos), presidente de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, argumentó en favor de la iniciativa. “Este proyecto ya lo habíamos tratado el año pasado y la Cámara de Senadores hizo modificaciones con aportes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y funcionarios del Poder Ejecutivo y la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER). También se escuchó a algunas ONGs”, describió.

“Es un proyecto para celebrar, ya que el gobernador sabe interpretar lo que la sociedad está demandando, que es la baja de impuestos. Esto, obviamente, no se puede hacer de un día para el otro, pero hay que buscar el equilibrio fiscal y de todas maneras ir reduciendo la carga impositiva en el sector privado, para tener una provincia más competitiva con la Región Centro y para que las empresas empiecen a generar mayor rentabilidad y empleo genuino”, amplió el legislador.

Carlos Damasco (Fe y Libertad), por su parte, manifestó su desacuerdo con la propuesta legislativa y su voto en contra: “Con la reforma se elimina el beneficio por buen cumplimento y no se lo reemplaza con ningún incentivo para los contribuyentes cumplidores. Esto hace que se desaliente el pago en término de los tributos. Un tema no menor son los adicionales sobre los impuestos Inmobiliario y Automotor, que no tenían vigencia para el año 2024 y se cobraron igual, por lo cual se debería inducir a la devolución o compensación”.

En tanto, Juan José Bahillo (Más para Entre Ríos), expresó el apoyo del bloque que integra: “Vamos a acompañar el proyecto por el trabajo que hicieron nuestros senadores. Nos hubiera gustado que el tiempo que se dio en el Senado, lo hubiéramos tenido en Diputados el año pasado. Seguimos sin compartir el criterio que sostiene el proyecto al fijar las alícuotas en Ingresos Brutos a los distintos sectores productivos”. Respecto de esto último, dijo que “se le quita flexibilidad al Poder Ejecutivo”. También hizo referencia a la “omisión involuntaria de haber cobrado un adicional de impuestos, que significa alrededor de 18.000 millones de pesos, sin el debido respaldo legislativo” y agregó: “Se pretendía subsanar ese error con otro error, que era legislar en materia impositiva con retroactividad. No era la manera de solucionarlo. Afortunadamente el Senado ha salvado este error, pero lo que no ha quedado salvado es lo que pagaron de más los entrerrianos. Eso tiene que ser devuelto u otorgado como un crédito fiscal”.

Por su parte, Enrique Cresto (Más para Entre Ríos), agregó sobre el mismo tema: “Estamos para acompañar porque no se puede dilatar más y hay una incertidumbre en el contribuyente”.

Roque Fleitas (La Libertad Avanza), sostuvo: “Acompañamos porque consideramos que hay que darle al gobierno las herramientas necesarias para que gestione”. No obstante, aclaró: ”No estamos de acuerdo, en el artículo 17, con incrementar la alícuota a las maquinarias agrícolas, porque el campo es el motor de la producción”.

Por otro lado, tuvo ingreso y se aprobó por unanimidad el proyecto de ley, devuelto en revisión, por el que se incorpora el punto 15 al apartado b), inciso c) del artículo 27 de la Ley N° 5.140. Con este cambio, se agrega a las contrataciones directas por vía de excepción aquellas que están “destinadas a proveer determinados bienes y /o servicios en zonas de islas del territorio provincial vinculadas a finalidades esenciales del Estado: educación, salud y seguridad”.

Redacción

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Kicillof echó y denunció a policías bonaerenses que protestaron por los bajos salarios

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, expulsó y denunció penalmente a 18 miembros de la Policía Bonaerense que dejaron sus puestos de trabajo en los distritos de Ituzaingó y Tres de Febrero para reclamar mejoras salariales. Las autoridades indicaron que los efectivos fueron acusados de sedición y “echados” de la fuerza tras haberse presentado con patrulleros y uniformes en horario de servicio.

La cartera de Seguridad bonaerense explicó que la legislación prohíbe a las fuerzas de seguridad llevar adelante huelgas o protestas de carácter sindical. En ese sentido, los voceros oficiales señalaron: “Los echamos de la fuerza y denunciamos penalmente por incumplimiento de sus funciones. Están en graves problemas y va a suceder en cada uno que haga o convoque una sublevación. La policía es policía por decisión y saben que no pueden accionar de esta forma. Además, van en contra de la Constitución”.

Los efectivos sancionados quedaron bajo investigación luego de un “sirenazo” registrado el 17 de febrero en la estación de servicio Shell, ubicada en la colectora de Acceso Oeste y Del Prado, en Ituzaingó. Un episodio similar ocurrió en El Palomar, partido de Tres de Febrero, con la participación de siete patrulleros. Según la denuncia, se emplearon móviles oficiales para la protesta y algunos policías concurrieron con uniforme durante su turno laboral. El jefe de la Estación Policial de Ituzaingó, Hernán Humbert, inició una de las causas que tramitan en los tribunales de San Martín, mientras que la Fiscalía Descentralizada Nº 1 de Ituzaingó, a cargo del fiscal Marcelo Tavolaro, también intervino en otro expediente.

El conflicto se dio pocos días después de que el gobierno provincial anunciara un nuevo incremento salarial del 9% para los trabajadores estatales, incluido el personal policial. Dicho ajuste comprendió un 7% en febrero y 2% en marzo, además de mejoras en la compensación por uniforme y en los montos del servicio de Policía Adicional (Polad). Aun así, algunos sectores de la fuerza rechazaron la propuesta y reclamaron un aumento del 100%, libre elección de obra social, asistencia psicológica gratuita y mejores condiciones de trabajo.

Las demandas de estos grupos no resultaron novedosas. En septiembre de 2020, alrededor de 1.200 efectivos se sumaron a una protesta que llegó hasta la residencia de Kicillof en La Plata y la Quinta de Olivos. En aquel momento, el ministro de Seguridad era Sergio Berni. Voceros oficiales indicaron: “Cuando detectamos un policía que está fuera de la ley lo echamos. De esa protesta en 2020 fueron echados los 1.200 policías”, amenazaron los funcionarios.

La tensión en la provincia de Buenos Aires coincidió con una serie de episodios violentos que incluyeron asesinatos de policías y ataques de motochorros. Estos hechos desencadenaron acusaciones cruzadas entre Axel Kicillof y el presidente Javier Milei. “Que nos devuelva los $ 700 mil millones que nos robaron el año pasado que estaban destinados a Seguridad”, afirmó Kicillof. Milei respondió: “La provincia es un baño de sangre”, y calificó al gobernador de “inútil”.

A nivel salarial, el nuevo ajuste implicó que un comisario general pasara a ganar $1.425.000 en febrero y $1.452.000 en marzo, mientras que un oficial principal recibió $711.000 en febrero y $724.000 en marzo. Un agente con menor rango percibió $655.000 y $677.000, respectivamente. Sobre estos montos se aplicaron sumas fijas y no remunerativas que incrementaron el sueldo entre un 30 y un 40%, dependiendo del escalafón. Además, los efectivos tienen la posibilidad de acceder al servicio adicional (Polad) o a las llamadas horas “Cores”, que les permiten trabajar en sus días de descanso o cubrir eventos. Dichas tareas se pagan entre $25.000 y $35.000 por evento, o $1.200 por hora extra.

Finalmente, otro grupo de policías bonaerenses inició en las últimas horas una protesta en Puente 12, partido de La Matanza, con amenazas de paro total. Los manifestantes consideraron “insuficiente” el 9% de suba en medio de la “alta inflación” y la compleja situación de inseguridad en la provincia. A pesar de ello, las autoridades reiteraron que las fuerzas de seguridad no pueden abandonar sus puestos ni manifestarse bajo mecanismos que involucren la utilización de recursos oficiales. Los 18 efectivos desafectados en Tres de Febrero e Ituzaingó afrontaron, a raíz de ello, procesos penales y sumarios internos que desembocaron en su expulsión.

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Redacción

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La Cámara de Diputados realizó la sesión preparatoria para el 146° período legislativo

De cara al inicio del 146º período legislativo, que tendrá su apertura con la asamblea legislativa que encabezará el gobernador Rogelio Frigerio, este viernes al mediodía la Cámara de Diputados de Entre Ríos llevó adelante la sesión preparatoria. En ese marco, los legisladores ratificaron sus autoridades: como presidente continuará el diputado Gustavo Hein (Juntos por Entre Ríos); mientras que a cargo de la vicepresidencia primera seguirá Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos) y de la vicepresidencia segunda Juan José Bahillo (Más para Entre Ríos), quienes juraron en sus cargos.

Además, se informaron oficialmente los presidentes de los bloques políticos: en el caso de Juntos por Entre Ríos, habrá una prórroga de 60 días para la asunción de autoridades –periodo durante el cual continuará Fabián Rogel en su mandato y conducción– y en 20 días se realizará la elección correspondiente. En tanto, Laura Stratta, seguirá al frente del bloque Más para Entre Ríos; Roque Fleitas en La Libertad Avanza y Gladys Liliana Salinas en la bancada unipersonal del Partido Conservador Popular.

Habrá también otros dos monobloques: Julia Calleros en Fe y Libertad y Carlos Damasco, quien hasta ahora integraba el bloque Fe y Libertad, conformará La Libertad Entre Ríos.

La conformación de la Cámara baja para este nuevo periodo de sesiones, con la particularidad de tener cinco minorías, implicará una tarea de diálogo y búsqueda de consensos por parte de la Presidencia, mayor aún a la que ya se produjo durante el primer año de gestión.

Tras ser electo nuevamente presidente, Hein sostuvo: “Agradezco en primer lugar al bloque oficialista, por el acompañamiento y el entendimiento, cosa que a los argentinos nos haría muy bien reforzar. En segundo lugar, al bloque de la primera minoría, por el respeto. Nuestro trabajo en la Cámara está al servicio de los entrerrianos; aprendimos a crecer en nuestras diferencias y eso es un salto de calidad en la política. Esta Cámara tiene la particularidad de tener segundas minorías y también a ellos agradezco porque discutimos sobre ideas y no tomamos nada en términos personales”. Además agradeció a los asesores de todos los diputados y a la secretaria y al prosecretario de la Cámara, Julia Garioni y Lucas Ullúa respectivamente, quienes continúan en sus funciones.

Al término de la sesión, el diputado Marcelo López precisó: “El bloque Juntos por Entre Ríos ha informado que se ha decidido una prórroga de las autoridades existentes por el término de 60 días y eventualmente, si existiera un cambio, se informará oportunamente”.

En la sesión preparatoria, como corresponde, se fijaron los días y horarios de las sesiones ordinarias, la primera de las cuales será el 25 de febrero. Las mismas se realizarán cada 15 días y se llevarán a cabo los martes a las 18 y los miércoles y jueves a las 11.

Redacción

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El colapso de $LIBRA provocó pérdidas de 100 millones de dólares

El hecho, propagado por el presidente Javier Milei, habría generado pérdidas estimadas de unos 100 millones de dólares, en un episodio sin precedentes de engaño piramidal ponzi a nivel mundial que duró seis horas.

Todo comenzó cuando publicó en su cuenta de X el token digital $LIBRA, aclarando que este activo iba a “incentivar el crecimiento de la economía argentina”, lo que provocó un alza vertiginosa en su valor, alcanzando un máximo de 4,978 dólares, antes de desplomarse un 80% en una hora. En un principio, se especuló con un posible hackeo de su cuenta, pero la diputada libertaria Lilia Lemoine desmintió la teoría y aseguró que “no es un hackeo” la promoción del propio mandatario.

Ante las críticas que empezaron a surgir, el tuit original fue eliminado y reemplazado por uno nuevo en el que explicaba la situación, asegurando estar desvinculado del “supuesto emprendimiento privado”.

– Milei, con Julian Peh, el responsable de Kip Protocol, la plataforma donde se lanzó $LIBRA

“No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y, luego de haberme informado al respecto, decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado ese tuit)”, afirmó Milei en su mensaje, a lo que añadió: “Las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño, les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”.

Desde la oposición salieron a reclamar este accionar. La expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, replicó que pasó “de autoproclamarse ”líder global” a crypto estafador”.

“¡Mirá a donde nos trajiste con tu locura! Convertiste a la Argentina en un casino donde el crupier es el mismísimo presidente. Esa es tu libertad de mercado”, comentó en X, a modo de réplica.

Por su parte, diputados peronistas pidieron un “juicio político” y “armar una comisión” para investigar el caso, ya que se cree que habría quebrantado la Ley de Ética Pública y la Ley de Entidades Financieras. El bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados anunció este sábado su intención de impulsar el pedido tras la controversia desatada.

“La participación de Milei en un delito de estafa cripto es de enorme gravedad. Es un escándalo sin precedentes. Nuestro bloque de diputados nacionales decidió avanzar en la presentación de un pedido de juicio político contra el Presidente de la Nación”, trascendió desde la banca.

El abogado de Milei, Francisco Oneto, salió en su defensa judicial, posteando que él “no configura ningún delito por ausencia de dolo (no hubo intención de hacerlo)” en su cuenta de X.

“Siguiendo estos lineamientos, es obvio que si quisiera delinquir no lo haría dejando todos los dedos pegados”, supo declarar, añadiendo luego que Cristina, “mostró cómo se hace sutilmente”.

Del mismo modo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también respaldó al presidente Javier Milei tras la controversia generada por la promoción y calificó la reacción mediática como “una bomba atómica para intentar bajar de un hondazo” al gobierno, de manera “totalmente desmedida”.

– Javier Milei, en la Casa Rosada, con Hayden Mark Davis, a quien ahora señalan como responsable de $LIBRA

“Es increíble que pidan un juicio político por un tweet. El presidente consideró que ciertos inversores podían beneficiar al país y simplemente lo compartió. Solo quiso mostrar opciones de financiamiento para empresas o emprendedores; cada uno toma su propia decisión”, sostuvo Bullrich, en una nota a la emisora Rivadavia AM 630.

“Es una compañía que ya ha operado en la ciudad de Buenos Aires, no surgió de la nada. Buscan desviarnos del camino, pero no lo lograrán”, afirmó, defendiendo la legitimidad de la empresa involucrada.

A nivel internacional, los damnificados se estiman por 40 mil según fuentes del Congreso y solo unos muy pocos quienes sacaron rédito, siendo que la moneda virtual de su apogeo, llegó a una capitalización de 4000 millones de dólares. Este fue creado siguiendo la dinámica de las llamadas “memecoins” y desde la empresa, KIP Protocolo, dijeron que Milei, “no estuvo ni está involucrado de ninguna manera”.

Redacción

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Denunciaron a Gildo Insfrán por comprar vehículos de alta gama con dinero del Estado

La provincia de Formosa enfrenta un nuevo escándalo de corrupción tras la denuncia presentada por la diputada provincial Gabriela Neme contra el gobernador, Gildo Insfrán, por la compra de camionetas de alta gama.

“No es como dice, que los denunciadores tenemos ideas de que ellos roban nomás. Él, su familia, sus amigos y sus privilegiados, les roban al pueblo de Formosa”, expresó en su video, a modo de reclamó.

Tras el fallo de la Corte Suprema en diciembre, que restringió las aspiraciones de reelección de Insfrán, y en medio de investigaciones previas por irregularidades en el manejo de fondos públicos en Formosa, nuevos documentos expuestos revelan un mayor fraude. Las pruebas indicarían un patrón de desviación de recursos estatales destinados a áreas esenciales como salud y seguridad, que habrían sido utilizados para la adquisición de bienes de uso personal por parte del mandatario.

La investigación impulsada por la funcionaria Gabriela Neme apunta a dos operaciones: la compra de una Toyota Land Cruiser 300, modelo 2022, y otra unidad idéntica adquirida en 2023. Según la documentación presentada, ambas transacciones, con un valor estimado de 300 millones de pesos cada una, habrían sido financiadas mediante transferencias provenientes del Fondo Fiduciario Provincial para Salud, Seguridad y Tecnología, algo que contravendría la Ley Provincial 1180 que regula el uso de fondos fiduciarios, según la legisladora.

El fondo investigado disponía de 3.800 millones de pesos al momento de las compras. Registros bancarios revelan transferencias sucesivas que redujeron el saldo en 600 millones de pesos durante el período en que se adquirieron los vehículos. La legisladora denuncia que estas operaciones se realizaron sin licitación pública y mediante contratación directa con concesionarias automotrices vinculadas a funcionarios provinciales.

“Tendrán que rendir cuentas, Gildo Insfrán y cada uno de sus cómplices por el mayor robo de la historia de Formosa, el mayor robo de la historia de Argentina”, agregó en su posteo en Instagram.

Este hecho forma parte de la investigación “Ruta del Dinero G”, impulsada por Neme y presentada en Comodoro Py, que reúne pruebas sobre presuntas malversaciones a través de empresas fantasma creadas para adjudicarse obras públicas que nunca se concretaron. Según la acusación, el esquema incluiría sobreprecios, facturación de servicios inexistentes y triangulación de pagos mediante cuentas offshore.

Organizaciones de derechos humanos han documentado reiteradamente las precarias condiciones del “recrudecimiento” del sistema sanitario formoseño. Neme también hizo otras denuncias como el “envío de fondos al Partido Justicialista por más de 1.660 millones, en 5 órdenes de pago en concepto de haberes” el pasado 7 de febrero, quedando radicada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 10, a cargo del juez Julián Ercolini.

Cabe recordar que en 2010, durante las negociaciones para refinanciar una deuda de 312 millones de pesos que Formosa mantenía con la Nación, la provincia contrató servicios de consultoría de The Old Fund por 7.6 millones de pesos, conectando a Insfrán con el entramado del entonces vicepresidente Amado Boudou, quien habría utilizado testaferros para controlar la empresa a través de la sociedad The Old Fund en la “Causa Ciccone”, donde se rastrearon transferencias desde el Fondo Fiduciario Provincial (Fonfipro) hacia la firma panameña North Automotive Inc., cuyos directivos incluían familiares de altos cargos provinciales.

Siendo este uno de los escándalos más emblemáticos de la Argentina contemporánea y cuyo epicentro se situó en las operaciones de la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Este mecanismo permitió emitir bonos por 312.9 millones de pesos para saldar obligaciones con el Estado nacional, proceso donde The Old Fund actuó como supuesta consultora, hasta que en noviembre de 2021 se dictó el fallo absolutorio, afirmando que “no existía vinculación entre los decretos de Insfrán y la contratación de The Old Fund”.

Redacción

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