05 febrero, 2025

Santiago Cafiero: “Se cometió un error, no debería haber pasado”

El jefe de Gabinete reconoció la veracidad de la foto de los festejos en Olivos en plena cuarentena estricta pero minimizó lo ocurrido. Acusó a la oposición de hacer un uso político del hecho
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Tras días de silencio oficial, Santiago Cafiero fue el primero en romperlo y admitir la veracidad de la foto de los festejos que se viralizó. En una entrevista radial declaró: “Se cometió un error, no debería haber pasado, estuvo mal”.

“También vale aclarar que en ese momento Olivos funcionaba como el centro de operaciones de la pandemia. Mucha gente entraba y salía, había reuniones con ministros, sectores y expertos epidemiólogos. Y en una ocasión hubo un evento social que no debería haber ocurrido. No hay mucho más para agregar”, expresó el funcionario quitándole importancia.

Asimismo, acusó a la oposición de hacer un uso político del hecho y remarcó la difusión de la polémica imagen en plena campaña electoral. “Me parece necesario aclarar cómo aflora el oportunismo político. Cómo algunos que se opusieron a todas las medidas de cuidado ahora dan lecciones de moral”, sostuvo.

“Ahora buscan discutir una foto porque es evidente que no pueden explicar su pasado ni ofrecer un futuro. Buscan desviar la atención y están tratando de hacer especulaciones electorales”, agregó.

Para Cafierito, el único fin que tiene la oposición hablando de este tema es el de “generar escándalos”, pero dijo que ellos son distintos, reconocen sus errores y no van a distraerse de los temas que realmente importan. “Estos no son los temas que le importan a la gente”, expresó.

Como si haber estado todo el año pasado encerrados, muchos sin poder trabajar, fundiéndose sus negocios, sin poder despedir a los seres queridos que fallecían, ni acompañarlos en sus últimos días, o celebrar cumpleaños, como sí hicieron ellos, no fuera un tema que le importara a la gente.

Por su parte, la oposición ya anunció que presentará un pedido de juicio político contra Alberto Fernández.


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Karin Leiva

Política Nacional, Interior y Economía kleiva@data24.com.ar

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Escándalo con un frigorífico sacude ACUMAR y profundiza su interna directiva

La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) sufre una interna de marcada intensidad que se profundizó en las últimas horas. Según trascendió, el director por la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Cano, habría pedido que se desplace al presidente del organismo, Lucas Figueras, en medio de un escándalo con un frigorífico. Apuntado por todos, el propio Cano encabezó la defensa de la empresa en la interna del organismo, y todos hablan de presuntos manejos económicos.

El escándalo de Ricardo Bruzesse no cesa y si bien se levantó la clausura de su empresa en Monte Grande, la consecuencia política parece no tener fin. Es que como trascendió, habría sido el propio Marcelo Cano quien encabezó las gestiones de pedido de quita de cierre del lugar para que volviera a operar con normalidad tras un posible acuerdo económico con el empresario denunciado. Fue esto lo que produjo la crisis en el ente estatal: cada vez son más contundentes los rumores que indicarían que Cano habría recibido dinero por su gestión.

– Marcelo Daniel Cano junto a Jorge Macri

Tal situación expuso a Figueras y el control que tiene sobre la firma. La situación escaló hasta el ministerio de Economía (área dependiente hoy día de ACUMAR) y por estas horas se analizan cambios en el directorio. Dicho de otro modo, por la dureza que presenta el gobierno nacional ante los problemas de corrupción o manejo de dinero por parte de los funcionarios, el caso ACUMAR quedó en el centro de la escena y la resolución parece transformarse en un caso testigo. Ante la falta de pruebas, por estas horas se piensa en una salida con un mensaje claro: se va Cano o debería dejar su lugar Figueras, quien se enteró del rol del director por el escándalo mediático. 

– Lucas Figueras

Claro que el peso del director es menor al del presidente y en conocimiento de esto, el propio Cano fue quien solicitó primero la salida de Figueras por desmanejos en la administración del ente desde su asunción en diciembre pasado. Además, se lo vio a Cano muy crítico en una importante reunión en el centro porteño: argumentó que no se pudo hacer la reducción que el gobierno pidió, planteó que Figueras responde a Horacio Rodriguez Larreta y se definió como “bullrichista y mileista” para sobrevivir en la interna. Sin embargo, buscó despegarse del escándalo que lo roza. Negó contactos con el empresario kirchnerista Bruzesse, manifestó que no comparte la conducción actual y se despegó de cualquier vinculo económico. Tampoco quiso dar declaraciones respecto al tema.

Mientras que en las próximas horas, se espera conocer qué pasará en ACUMAR la ola sigue abriendo paso y los caminos conducen a acercar consecuencias a partir del caso Bruzesse. ¿Será el momento de buscar presidente, se renovará una silla o quedará todo como esta en la Cuenca?

*Fuente: PolíticAnalizada

Redacción

info@data24.com.ar

Luego de la investigación de El Presto, renunció la directora del Instituto Nacional del Cáncer, María Verónica Pesce

El Ministerio de Salud confirmó la renuncia de la directora del Instituto Nacional del Cáncer (INC), María Verónica Pesce, tras la baja de 56 contratos en ese organismo. La noticia surgió en medio del anuncio oficial de que no se renovarían 1400 contratos en la órbita de Salud y luego de que el periodista Eduardo Prestofelippo, más conocido como El Presto, publicara, el 7 de diciembre de 2024, un informe en su canal de YouTube que expuso el vencimiento de fármacos oncológicos.

Según detallaron fuentes del INC, Pesce presentó su dimisión ayer luego de que el ministerio solicitara 56 bajas en el plantel de ese instituto de funcionarios claves para la gestión de la directora. Los gremios se declararon en estado de alerta y, tras conocer el comunicado, exigieron una reunión con carácter de urgencia con las autoridades de Salud para solicitar que se revisaran uno por uno los casos.

EL INFORME DE EL PRESTO

DENUNCIA: Dejaron “PUDRIR” toneladas de medicamentos oncológicos en el Instituto Nacional del Cáncer

En paralelo, la investigación difundida por el periodista Prestofelippo señaló que la funcionaria quedó asociada a la caducidad de un amplio cargamento de morfina y metadona: fármacos usados para tratar dolores intensos de pacientes con cáncer. “Hablaremos hoy de una de esas burócratas que complica aún más la endeble situación del sistema de salud: la kirchnerista María Verónica Pesce, actual directora del Instituto Nacional del Cáncer, quien fuese designada en ese cargo por la exministra de Salud de Alberto Fernández, Carla Vizzotti, el 17 de diciembre de 2021 a través del Decreto 858/2021 publicado en el Boletín Oficial”. 

También el periodista agregó: “Quizás te suene su apellido… María Verónica es familiar directo de Miguel Ángel Pesce, el presidente del Banco Central de la República Argentina durante la gestión del Frente de Todos. En concreto, es hija de un primo del funcionario que más se enriqueció durante el infame período Fernández-Fernández”.

El informe incluyó críticas a la gestión: “¿Y cuál es el problema? Como siempre, la gestión… Se venció el 50% de un cuantioso cargamento de morfina y metadona (fármacos utilizados para tratar el dolor intenso causado por el cáncer, cuando otros analgésicos no son suficientes) solicitado el 18 de febrero de 2022. Más o menos la mitad de este cargamento de… MORFINA: Un millón trescientos sesenta y nueve mil quinientos comprimidos ranurados de liberación inmediata de 10 miligramos en blíster de diez comprimidos. METADONA: Seiscientos veinticinco mil trescientos ochenta comprimidos de 5 miligramos en blíster de 10 comprimidos. … yace ‘podrido’ en el Banco de Drogas Oncológicas de la calle Dr. Ramón Carrillo altura 489 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Prestofelippo se apoyó en documentos oficiales donde queda expuesto que se gastó —a plata de hoy— más de ciento ochenta y cinco millones de pesos en medicamentos que terminaron pudiéndose. 

Pesce permaneció alrededor de cinco años al frente de la institución. “Nunca me atendió el teléfono y desconozco qué hizo en ese Instituto durante esos años porque solo mandaron un par de gacetillas con poca información”, señalaron fuentes. Al momento, no trascendió el nombre de su reemplazante. La exdirectora del INC dejó su cargo en un escenario marcado por el cuestionamiento a su administración y las tensiones gremiales surgidas por la no renovación de contratos.

Redacción

info@data24.com.ar

Eugenio Casielles criticó la prórroga del Fondo Nacional de Turismo y apuntó contra Scioli

El diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Casielles, utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo al Decreto 4/2025, mediante el cual el Gobierno extendió la vigencia del Fondo Nacional de Turismo hasta el 31 de diciembre de 2027. Este fondo, financiado principalmente por un impuesto del 7 % sobre los pasajes aéreos, marítimos y fluviales al exterior, quedó bajo la gestión del Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Daniel Scioli.

En un posteo en la red social X, Casielles apuntó directamente contra Scioli y el decreto: “En 2005, cuando Scioli era vicepresidente de Néstor Kirchner, nació este fondo. Ahora se lo prorrogó por decreto, se continuó un impuesto nefasto como el que grava los pasajes y se legisló al mismo tiempo inconstitucionalmente en materia tributaria por vía de un DNU. ¿A quién le llegó lo recaudado? A Scioli. No hay remate. Más kirchnerista no se pudo”.

El Fondo Nacional de Turismo se creó en 2005 con la Ley Nacional de Turismo N° 25.997, que buscó fomentar y regular la actividad turística. Desde su creación, se renovó en dos oportunidades. Esta última extensión, concretada mediante decreto, amplió su vigencia hasta 2027 y aseguró la continuidad de la recaudación del impuesto del 7 % sobre los pasajes al exterior. Dicho tributo gravó boletos aéreos, marítimos y fluviales con destino internacional y fue percibido por las aerolíneas al momento de la compra. La medida también abarcó ciertos servicios conexos relacionados con actividades turísticas, ampliando así su impacto en el sector.

Los fondos recaudados se destinaron a proyectos de infraestructura turística, campañas de promoción nacional e internacional, y al impulso del turismo interno. Ejemplos de estos proyectos incluyen la modernización de rutas hacia destinos clave, la creación de circuitos sostenibles y la capacitación para profesionales del sector. Sin embargo, la decisión generó controversias, dado que la extensión del impuesto se realizó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), algo que expertos como César Litvin consideraron inconstitucional: “Ningún impuesto pudo ser establecido o prorrogado por decreto. Tuvieron que promulgarse leyes para volver a instaurarlo”, afirmó el CEO de Estudio Lisicki, Litvin & Asociados.

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Las aerolíneas también expresaron su rechazo, argumentando que este tributo encareció los pasajes internacionales en un contexto donde el impuesto PAIS ya se eliminó para aliviar los costos de viajar al exterior. Las asociaciones del sector señalaron que la acumulación de tasas impositivas dificulta la competitividad frente a otros mercados internacionales. A pesar de las críticas, desde el Gobierno defendieron la medida, destacando que el turismo fue clave para el desarrollo económico y social del país. Según fuentes oficiales, la recaudación del Fondo Nacional de Turismo permitió la generación de más de 15.000 empleos directos y el fortalecimiento de destinos emergentes en provincias como Jujuy, Misiones y Neuquén.

Redacción

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ENTRE RÍOS | 33 Héroes de Malvinas obtienen cobertura de salud completa tras una gestión de Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, concurrió el pasado jueves a la sede del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) junto a representantes del Centro y la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas, para reunirse con la subinterventora de la entidad, Marina Alegre. Durante el encuentro, se confirmó la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de concretar la afiliación a la obra social de entrerrianos que combatieron en el conflicto bélico y sus esposas e hijos menores de edad.

“Tenemos el mandato y una decisión firme del gobernador de que estas demandas tienen que llegar a un resultado positivo y en eso hemos trabajado desde el primer minuto en la Cámara: hacer que las cosas que les importan a los entrerrianos sucedan. Tuve la gran oportunidad, como representante del gobierno provincial, de iniciar la gestión y de acompañar”, sostuvo Hein luego de la reunión.  

El presidente de la Cámara baja destacó la “apertura y la capacidad de trabajo” de la subinterventora del Iosper para hacer posible “una reivindicación y una decisión de saldar las deudas pendientes que se tienen con los veteranos”. A su vez, recordó que “Malvinas es una causa diaria, no solamente para el 2 de abril”.  

Acerca de los resultados de esas gestiones, consideró: “Lo que ha ocurrido hoy podemos resumirlo en lo que los veteranos siempre nos han legado: no abandonar la lucha, más allá de las tormentas que hemos pasado y estamos pasando, de la desidia y del abandono que ellos han sentido por la falta de empatía de un Estado muchas veces ausente. Hemos decidido poner en valor los temas reales, donde el Estado tiene que estar presente. Lo hacemos con lo que nos incumbe desde la Cámara y bajo la norma de un gobernador que ha decidido tomar el toro por las astas y mostrar otra manera de hacer política”.

Por su parte, Alegre brindó precisiones sobre la cobertura. “Nuestra provincia tenía una gran deuda pendiente que es la afiliación de 33 veteranos de Malvinas, que no han sido incorporados a la obra social. A partir de ahora lo serán, porque hay un derecho, hay una ley que los avala y es una reivindicación histórica que la provincia les debe”, dijo, y agregó que “esta afiliación es para ellos, para sus esposas, e hijos de hasta 21 años y hasta 25 si estudian y tienen los certificados correspondientes. Tienen los mismos beneficios que cualquier otro afiliado”.

“Tenemos que hacer pequeñas modificaciones en el sistema y en no más de diez días ya van a gozar de todos los beneficios de ser afiliados, completó, tras lo cual destacó que “fue muy importante la gestión de Gustavo Hein”, a través de quien tomaron conocimiento del expediente que se encontraba a la espera de una resolución.

En tanto, Oscar Eguias, presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Paraná y de la Federación de Veteranos de Entre Ríos, remarcó que se trataba de “una deuda pendiente de hace más de 30 años, hay mucha gente sin obra social y lo que más necesita hoy un viejo veterano es salud”. Y agregó: “Valoramos la reivindicación por parte de Hein y Alegre. Nos vamos muy contentos con este trámite que termina después de un largo camino”.

Acerca de la situación de los veteranos que se beneficiarán con esta decisión, dijo: “Hasta ahora era precaria, sin la cobertura que necesitaban. Son 49 veteranos, de los cuales 33 presentaron la documentación. Hoy tenemos la certeza de que hemos sido escuchados y de que esta gente va a tener Iosper, que es la obra social que nos dieron gobiernos anteriores por ley”.

De la reunión también participaron Julia Garioni, secretaria de la Cámara de Diputados; Joaquín Castellano, gerente de Prestaciones del Iosper; Ladi Ojeda, vocal del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Paraná, y Ricardo Álvarez, secretario del Centro y de la Federación de Veteranos de Entre Ríos.

Redacción

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El Gobierno calificó de “ridículo” el informe de Amnistía sobre el protocolo antipiquetes

“Es un informe absolutamente desconectado de lo que vive la sociedad argentina. Están del lado de los delincuentes, mientras nosotros trabajamos para proteger a los 46 millones de argentinos que fueron víctimas de los piqueteros y la extorsión durante décadas”, afirmó Bullrich en declaraciones a El Observador FM. La ministra también aseguró que el protocolo busca resolver de manera pacífica y profesional una problemática histórica, permitiendo reducir los bloqueos y garantizando el derecho al libre tránsito. Según sus palabras, esta medida representa un cambio estructural en la gestión del espacio público.

El informe de Amnistía Internacional, titulado “Uso excesivo de la fuerza”, documenta más de mil heridos en al menos 15 protestas ocurridas durante 2024. Además, denuncia el uso desproporcionado de balas de goma, gases lacrimógenos y bastones contra manifestantes que, según el organismo, ejercían su derecho a protestar pacíficamente. El documento también destaca que 50 trabajadores de prensa resultaron heridos mientras cubrían las manifestaciones, lo que, según Amnistía, evidencia un patrón de represión que afecta la libertad de expresión y el derecho a la información.

“Amnistía Internacional no entiende nada” – Patricia Bullrich

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Entre los episodios destacados, se menciona la movilización frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases, que derivó en 33 detenidos y numerosos focos de incendio, incluyendo un móvil de Cadena 3 incendiado por manifestantes. Este evento fue utilizado por el Gobierno para enfatizar la necesidad del protocolo, destacando que no solo busca regular las protestas, sino también garantizar la seguridad de bienes y personas en contextos de manifestaciones masivas.

El Gobierno, sin embargo, rechazó categóricamente estas acusaciones. Bullrich defendió la implementación del protocolo como una medida necesaria para poner fin a años de caos en las calles. “Durante 25 años, los piqueteros se adueñaron de las calles y extorsionaron a millones de argentinos. Ahora, con este protocolo, hemos logrado establecer el orden y proteger a la ciudadanía”, declaró. La ministra también cuestionó la falta de atención del informe a los desmanes ocurridos en algunas protestas, como el incendio de un móvil de Cadena 3 frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases.

Amnistía también alertó sobre la “criminalización de la protesta”, destacando que 73 manifestantes fueron detenidos en distintos episodios, acusados de delitos como resistencia a la autoridad, aunque la mayoría recuperó la libertad pocas horas después. Por otro lado, el informe señala que 33 personas sufrieron impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, resultando en daños severos a la visión. Asimismo, destaca que entre las víctimas se encuentran niños y niñas que estuvieron expuestos a situaciones de violencia represiva.

En respuesta, Bullrich aseguró que las fuerzas de seguridad actuaron con profesionalismo y respetando los principios de proporcionalidad. “No avalamos para nada ese informe. Este es un año en el que la Argentina logró ley y orden, y lo hizo con el uso mínimo de la fuerza. Es fácil criticar desde un escritorio, pero estas medidas están pensadas para defender a la ciudadanía y poner fin a años de caos”, sostuvo. Además, la ministra remarcó que el protocolo incluye instancias de negociación previas a cualquier acción policial, buscando siempre una resolución pacífica de los conflictos.

Por su parte, Amnistía Internacional recomendó la derogación del protocolo y la adopción de regulaciones que garanticen el respeto por los derechos humanos en el marco de las protestas sociales. También instó a limitar el uso de armas no letales y a investigar las denuncias de violencia policial. Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, destacó la importancia de proteger el derecho a la protesta como un pilar fundamental de la democracia. “Las imágenes de violencia y represión evidencian la necesidad urgente de revisar las políticas de seguridad pública y garantizar el respeto por los derechos humanos fundamentales”, concluyó.

El informe también incluye recomendaciones dirigidas a la comunidad internacional, instando a organismos como la ONU y la CIDH a monitorear la situación en Argentina y a exigir medidas concretas que promuevan el respeto por los derechos humanos en el país. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad continúa defendiendo su gestión y subrayando los resultados positivos en materia de orden público y seguridad ciudadana, destacando una disminución significativa en los bloqueos y cortes de calle en todo el territorio nacional.

Redacción

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Renunció Claudia Rucci, funcionaria cercana a Victoria Villarruel

Claudia Rucci, hija del dirigente sindical José Ignacio Rucci —asesinado por Montoneros y FAR en 1973—, presentó su renuncia como directora general del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación. Había llegado a ese cargo por designación de la vicepresidenta Victoria Villarruel en enero del año pasado y se había convertido en una de sus colaboradoras más cercanas. Su salida coincidió con un clima de tensiones crecientes entre Villarruel y el presidente Javier Milei, así como con movimientos de personal en la Cámara alta para “estar más sincronizada con el Poder Ejecutivo Nacional”, según admitieron allegados a la vice.

La propia Rucci comunicó su salida en su cuenta de la red social X el jueves por la noche: “Hoy presenté la renuncia, por motivos personales, al cargo de Directora General del Observatorio de DDHH del Senado de la Nación. Mi agradecimiento a todos con los que compartimos el esfuerzo en pos de que los Derechos Humanos sean de todos y para todos! Muchas gracias!!!”

En ese mismo mensaje, difundió un video con imágenes de distintas actividades que desarrolló durante su gestión, donde se vio a Villarruel en varias postales. No hizo una mención específica a la vicepresidenta, quien tampoco la saludó públicamente en el momento del anuncio. Desde el entorno de Villarruel ratificaron que “la renuncia es estrictamente personal y se venía conversando” y aseguraron que ambas mantenían una “muy buena relación”. Voceros cercanos a la vice también apuntaron que “está reordenando el equipo del Senado para estar más sincronizada con el Poder Ejecutivo Nacional” de cara a un año que se anticipaba “muy complejo” en el plano electoral. “Al menos una sintonía más similar. Se viene un año electoral muy complejo y hay que fortalecer las cámaras en el mismo sentido”, agregaron.

La figura de Claudia Rucci encajaba con la histórica militancia de Villarruel a favor de las víctimas de organizaciones guerrilleras de los años 70. Antes de asumir en el Observatorio, Rucci había acompañado a la vice en un acto de campaña que homenajeó a las víctimas del terrorismo. También la secundó en agosto pasado, cuando Villarruel encabezó en el Senado un acto de conmemoración y homenaje a esas víctimas y declaró: “Reabriremos todas las causas de víctimas de terrorismo para que sea la Justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años”.

En los últimos días, versiones legislativas indicaron que Villarruel temía una intervención de la Casa Rosada en el Senado a través de la designación de un secretario administrativo afín al Ejecutivo, en lugar de la actual funcionaria María Laura Izzo, cercana a la vice. Estos reacomodamientos internos coincidieron con la renuncia de Rucci y alimentaron especulaciones sobre una posible intención de la vicepresidenta de evitar injerencias externas y realinear su equipo.

Redacción

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