SANTA CRUZ | Funcionarios K robaban agua de la red pública para venderla
Funcionarios de SPSE boicoteaban el suministro de agua para venderla ilegalmente. El gobernador Claudio Vidal comenzó una investigación y solicitó renuncias en la empresa estatal.
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“Acá hubo negocios con el agua toda la vida”. La ciudad santacruceña Caleta Olivia fue territorio de un accionar delictivo insólito: el gobernador de la provincia, Claudio Vidal, preocupado por numerosas denuncias de vecinos de la localidad, solicitó renuncias en los cargos de conducción de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE).
Según informaron desde el gobierno de Vidal, se descubrió que la empresa estatal boicoteaba el normal suministro de agua en la ciudad para robar el agua potable que se distribuye entre los vecinos residenciales, para cargarla en camiones y venderla en forma particular. “La planta de ósmosis de Caleta Olivia es el claro ejemplo de lo que pasó en la provincia durante tantos años: corrupción. Pequeños grupos de la política que se quedó con el patrimonio de los santacruceños”, detalló Vidal.
El boicot de los funcionarios K que hacían el oscuro negociado afectó, según señalaron las fuentes oficiales, a tres escuelas del barrio. Las autoridades encontraron llaves de paso estranguladas cuando investigaron la zona.
“Hoy he solicitado diversos pedidos de renuncias a los cargos más altos de la empresa de Servicios Públicos en Caleta Olivia”, el tuit del gobernador de Santa Cruz
“Hubo constantes acciones de boicot para afectar el normal suministro de agua en la ciudad. Esos sabotajes consistían en cerrar las llaves de los centros de distribución, para ‘robar’ el agua potable que se distribuye entre los vecinos residenciales, y así cargarla en camiones y venderla en forma particular”, señaló.
Dijo que la planta de Ósmosis invertida en Caleta funciona “en un 35%” y que la toma de agua “está construida en un lugar que no corresponde“. “La planta funcionó solamente 8 años y parte de la tecnología que se utiliza para esto no se fabrica más“, aseveró.
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En un posteo en su cuenta oficial de X, luego de una entrevista de más de una hora con LN+ el pasado domingo con Luis Majul, el presidente Javier Milei volvió a dirigir fuertes críticas contra el Grupo Clarín, al que calificó de “la gran estafa argentina”. Según el jefe de Estado, el conglomerado mediático solo lo ha hostigado con “mentiras”.
Milei recordó hechos sucedidos en 2002, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, cuando Clarín, “al borde de la quiebra”, participó en una reunión en Banfield junto a Magnetto, Duhalde, Remes Lenicov y otros actores políticos. En esta, “se acordó devaluar 300%” y “la aprobación de la Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales”, medida que habría impedido a los bancos ejecutar la deuda millonaria del Grupo, ascendiente a 3.000 millones de dólares, al declarar inembargables sus acciones porque “al ser bienes culturales no iban a poder ser ejecutables”.
“De esa manera, Clarín consiguió, a costa de todos los argentinos, arreglar sus problemas financieros”, aseguró Milei, subrayando que nunca se sabrá “a cambio de qué” se tomaron esas decisiones.
En febrero de 2025, Clarín anunció planes para fusionar sus operaciones de telecomunicaciones, lo que según el Gobierno le daría control sobre el 70% del servicio de internet residencial, 65% de las líneas móviles y el 80% del cable operado.
Milei respondió movilizando al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), acusando a Clarín de buscar un “monopolio abusivo”. La ironía histórica —criticar intervencionismos mientras se movilizan organismos reguladores— expuso la naturaleza reactiva de la política estatal.
El origen clave se remonta a la pesificación asimétrica —la conversión forzosa— en la crisis económica de 2001, como medida que convirtió depósitos en dólares a pesos con una tasa desfavorable, donde se le acusa a Clarín de haber respaldado esta política durante los gobiernos kirchneristas, argumentando que el grupo recibió la Ley de Medios de 2009 como “premio de consuelo” para evitar su bancarrota en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Según la narrativa oficial, Clarín habría sido cómplice de un “robo” de USD$30.000 millones a los ahorristas.
Clarín, por su parte, ha rechazado categóricamente tales acusaciones. En un comunicado emitido el 2 de marzo de 2025, la empresa detalló que el 95% de su deuda en 2001 estaba denominada en dólares y bajo jurisdicción extranjera, lo que multiplicó su pasivo cuatro veces tras la devaluación. La firma sostuvo haber reestructurado sus obligaciones mediante acuerdos privados con acreedores internacionales, sin recurrir a rescates estatales.
EL COMUNICADO DEL GRUPO
– “Como se explicó varias veces, el Grupo Clarín fue una de las empresas argentinas más perjudicadas por la devaluación, ya que más del 95% de su deuda, a fines del 2001, estaba tomada en dólares y en el exterior del país y bajo legislación extranjera. Por ello, lejos estuvo de impulsar o beneficiarse de cualquier pesificación o licuación de deuda“
“Cuando Clarín nos ataca, sepan que la razón es esta. Quieren controlar las comunicaciones de todo el país. Pero en el fondo no me están atacando a mí. Te están atacando a vos”, enfatizó al finalizar su tweet. Además, Milei culpó al Grupo Clarín de orquestar una “operación periodística” para desacreditar a su gobierno mediante “periodistas ensobrados” en el caso de $LIBRA y los nombramientos por decreto de jueces para la Corte Suprema, afirmando que todo se debió a que una comunicadora está “muy caliente” con el gobierno, en lo que Clarín contrapone que gobierna únicamente por medio de “fake news emotivas”.
“Esto lo impulsó una periodista de Clarín, que me la tiene jurada porque está intentando quedarse con el monopolio de las comunicaciones, y ya avisé que va a intervenir el Enacom”, expuso en la nota con LN+.
La cobertura del incidente —que incluyó videos de seguridad revelados por Infobae y testimonios detallados— fue tildada como parte de una estrategia para darle atención “a una cosa tan marginal” y usando, irónicamente (?), frases del kirchnerismo como “Clarín miente”.
La Policía Bonaerense detuvo a Joseph Charly Ponce Sarzuri, de 31 años y nacionalidad boliviana, acusado de ofrecer terrenos en un presunto emprendimiento inmobiliario por un valor total de USD 30 millones.
El predio de 300 hectáreas se encontraba en el kilómetro 41 de la Ruta Nacional Nº 3, en la intersección de Anastacia Girardot y Areco, en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza. Según la DDI de La Matanza, Ponce Sarzuri prometía la futura construcción de un barrio denominado “Simón Bolívar”.
La investigación comenzó tras denuncias recibidas el jueves pasado, cuando la Municipalidad de La Matanza detectó la supuesta venta ilegal de lotes. El imputado publicitaba los terrenos, valuados en 3.000 dólares cada uno por 300 metros cuadrados, a través de TikTok, donde se observaban videos con gazebos, globos y referencias a un trámite ante escribanía. Al menos 45 personas llegaron al predio en un micro escolar provisto por los vendedores, con puntos de partida en Plaza Flores, Villa Celina y la zona del Bingo de Ciudadela.
Personal encubierto de la DDI de La Matanza se hizo pasar por interesado y observó cómo se montaba una mesa con planos detallando la distribución de los lotes, presenciando además la venta de uno de ellos. Toda la maniobra quedó documentada desde un dron que sobrevoló la zona. Acto seguido, la fuerza policial desplegó el operativo y procedió a la aprehensión de Ponce Sarzuri, en una causa caratulada como tentativa de estafa (IPP 05-00-0011519-25) bajo la órbita de la UFI N°8 de la fiscal Alejandra Núñez.
Las autoridades secuestraron documentación vinculada con la comercialización de los terrenos y el micro escolar marca Agrale MT 12.0 LE dominio IVF181 utilizado para el traslado. También se tomaron testimoniales al conductor del ómnibus, al cuidador del predio y a los presuntos compradores. Hasta el momento, no se estableció con exactitud el monto real abonado por las víctimas, aunque la oferta general se valuó en USD 30 millones.
En febrero del año pasado, Ponce Sarzuri conformó la firma “Las Américas de Simón Bolívar” junto a dos compatriotas, registrada supuestamente para el rubro inmobiliario. Además, existe otra sociedad denominada “Simón Bolivar Group”, con CUIL y sede en el Bajo Flores, constituida en noviembre último por dos comerciantes bolivianos.
El nombre de al menos uno de ellos, o el de esta empresa, no figuraba en la documentación incautada. El imputado, domiciliado en Aldo Bonzi (Provincia de Buenos Aires) quedó a disposición de la Justicia para aclarar su participación en la maniobra y determinar el alcance total de la estafa.
La “crisis judicial” de la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se intensifica tras el rechazo del fiscal general Diego Velasco a sustituir los embargos de las causas Hotesur y Los Sauces—valorados en alrededor de $2.239.295.812 —con dólares provenientes de bienes ofrecidos por Florencia Kirchner, dos departamentos en Puerto Madero y sus cocheras.
Velasco advirtió que, en caso de condena, el decomiso podría superar esa cifra, señalando que los activos están vinculados a presuntas maniobras de blanqueos ilícitos. Las investigaciones apuntan a que las empresas familiares Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. habrían funcionado como “pantallas societarias” para ocultaron sobreprecios en obras públicas, en una “cortina de humo”, que involucra al empresario Lázaro Báez, cercano a la familia Kirchner y que actualmente cumple prisión domiciliaria.
Las causas de ambas sociedades surgieron tras denuncias que apuntaban a irregularidades en la declaración patrimonial de CFK y el funcionamiento de estas. Se sostiene que estas compañías no operaron con un giro comercial, sino que se usaron para blanquear dinero que, supuestamente, provenía de “contratos con el Estado inflados en sus precios”.
En la causa Los Sauces se impuso un embargo de $110 millones para CFK, $130 millones para Máximo y 130 millones para Florencia, además de $673 millones en activos de Los Sauces S.A. En la causa Hotesur, se fijaron embargos de $170 millones para CFK y Máximo, y $150 millones para Florencia, junto a aproximadamente $763 millones en bienes de Hotesur.
El abogado defensor de Cristina, Carlos Beraldi, solicitó anteriormente por medio de una carta a la Justicia, que estos embargos sean reemplazados por otros inmuebles, argumentando que algunas de las medidas cautelares deberían levantarse dado que Florencia Kirchner fue sobreseída en dicha causa. Entre estos reemplazos estaban 4.664.000 de dólares depositados en cajas de seguridad a nombre de la hija de CFK, la unidad funcional 440 (dúplex 8 y 9) y cinco cocheras relacionadas del edificio Madero Center, perteneciente a Los Sauces S.A., que estaban cautelados en la causa Los Sauces y que Cristóbal López, conocido como “el zar del juego”, alquilaba con dos de sus empresas, así como lo que estaba a nombre de Florencia Kirchner.
Hasta la pronunciación que tuvo el año pasado los expedientes: “Máximo y Florencia Kirchner ni siquiera pueden utilizar libremente los frutos obtenidos a partir de la administración de su patrimonio”, dijo Beraldi en su escrito.
La Unidad de Información Financiera (UIF) habría rechazado los pedidos de la defensa, argumentando que los bienes propuestos como sustituto están sospechados de haber sido adquiridos a través de actividades ilícitas también.
La UIF sostiene que estos bienes no cumplen con los requisitos necesarios para ser considerados como garantía suficiente debido a su origen cuestionable, entre estos se encuentra Lázaro Báez. Se estima que más del 80% de los ingresos de Los Sauces provenían de empresas vinculadas a López y Lázaro Báez, ambos socios de CFK.
La justicia sostiene que los fondos que Báez lavó, provienen principalmente de arreglos en los cuales su empresa, Austral Construcciones, recibió adjudicaciones millonarias durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Se estima que pudo haber lavado alrededor de 3.500 millones de dólares a través de un sistema que combinaba ingresos legítimos e ilegítimos. Este blanqueo se realizaba mediante una “usina de lavado” que incluía la creación de empresas y operaciones financieras fantasmas.
Se alegó en su momento que los contratos entre las empresas de Báez y las sociedades hoteleras de los Kirchner eran simuladas, diseñados para dar apariencia de legitimidad al dinero que fluía entre ellos. Además, Báez habría facilitado préstamos significativos a la familia Kirchner para la adquisición de propiedades hoteleras, lo que refuerza la idea de que actuaba como un intermediario financiero para blanqueo, así como quien enviaba parte del capital al exterior, donde se intentaba ocultar su origen.
Se creaban empresas en paraísos fiscales como Panamá, Uruguay y Belice para mover el dinero a través de cuentas bancarias en Suiza, cuyos beneficiarios finales eran los hijos de Lázaro Báez, como también involucrando a otros exfuncionarios y sindicalistas ligados al kirchnerismo.
Marcelo Peretta, farmacéutico, sindicalista y candidato a las elecciones porteñas de 2025, presentó oficialmente su plataforma política bajo el nombre de Movimiento Plural, un “nuevo partido liberal” que busca agrupar a los desencantados con el gobierno de Javier Milei y ofrecer una alternativa a los votantes de la Ciudad de Buenos Aires. Con el apoyo de Miguel Pichetto, Peretta apuesta a consolidar un espacio político que promueva “la verdadera libertad” y reformas laborales y sindicales.
Peretta, quien también es secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB), presentó su marca, que lleva su nombre en blanco y negro, acompañada del lema “La receta y los remedios para la Ciudad”, en referencia a su profesión y su enfoque en soluciones concretas.
En su discurso, Peretta criticó la gestión del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, señalando que “es contradictorio escuchar al Jefe de Gobierno hablar de generar empleo o crear un fuero laboral propio cuando hace 5 meses tiene acéfala la Secretaría de Empleo”. Además, cuestionó el desgaste de la administración porteña tras “casi 18 años del mismo color político”.
Peretta dirigió su mensaje a los “huérfanos, maltratados, silenciados, exiliados, ninguneados y degradados” por el gobierno de La Libertad Avanza. A través de un “Decálogo de bienvenida a los auténticos liberales”, invitó a quienes se sienten traicionados por las promesas incumplidas de Milei a sumarse a su proyecto. “No más promesas vacías, acá hay compromiso real. No más silencio, tu voz es nuestra fuerza”, afirmó.
En sus ejes, detalló algunas de las iniciativas que impulsará para fomentar el trabajo registrado en la Ciudad. Entre ellas, propuso “impuesto 0 para el primer año a todo CUIT que se instale en la Ciudad y que registre a sus trabajadores; simplificar las habilitaciones vía electrónica; y pagos de cargas sociales a cuenta del ABL”. Además, destacó que su objetivo es “recuperar a los 500 mil trabajadores porteños que están en negro o percibiendo salarios de pobreza”.
Respecto a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, Peretta reconoció su capacidad de trabajo y adaptación, pero criticó el enfoque del gobierno en la “especulación financiera”.
Un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) reveló una malversación en la ejecución de los programas habitacionales Reconstruir y Reactivar durante el gobierno de Alberto Fernández. Entre 2021 y 2023 se destinaron $52.920 millones a la construcción de viviendas sociales que nunca se terminaron, con retrasos de hasta el 80% en las obras y fondos públicos que desaparecieron sin rendición de cuentas. La auditoría expuso cómo 6.583 familias quedaron sin techo mientras las obras se paralizaban.
Los programas Reconstruir y Reactivar nacieron como respuesta política a la crisis habitacional heredada del gobierno de Mauricio Macri. El presidente del Frente de Todos los presentó en mayo del 2021 como “la obra de Néstor y Cristina que vengo a terminar”, prometiendo entregar 55.000 viviendas antes de finalizar su mandato.
“Esto es algo que ideó Néstor, ejecutó Cristina y que yo vengo a terminar la obra de ellos dos, y eso a mí me llena de alegría”, fue la frase que utilizo.
El Programa Reconstruir concentró el 88% del presupuesto total de $46.421 millones, con el objetivo de construir 20.829 viviendas nuevas.
Sin embargo, la realidad demostró ser muy diferente. Únicamente 14.246 unidades llegaron a etapa de construcción, mientras 6.583 permanecían en evaluación burocrática sin avances concretos. Peor aún: de las obras iniciadas, el 35,5% (22 de 62 proyectos) presentaban retrasos críticos entre el 30% y 80% respecto a los plazos pactados.
Los anticipos entregados a contratistas tuvieron un gran costo económico, perdiendo hasta el 82% de su valor real por la inflación acumulada en la gestión de Alberto Fernández, según cálculos de la SIGEN. El caso más emblemático ocurrió en Monte Grande (Buenos Aires), donde 240 viviendas al 99% de avance físico acumulan $604 millones sin justificar desde 2021.
El Programa Reactivar por su parte, con un presupuesto de $6.498 millones, se inició con la finalidad de terminar 1.416 viviendas abandonadas. Pero la auditoría halló obras con el 100% de los fondos ejecutados de un total $2.123 millones, sin registro de rendiciones en el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).
En 16 de los 30 proyectos por comenzar, las obras demoraron entre 45-90 días en arrancar tras firmar los convenios. Cuando finalmente comenzaron, los costos ya habían aumentado 143% por la inflación acumulada, haciendo inviable su finalización.
El informe de 27 páginas de la SIGEN dibuja un sistema habitacional colapsado por fallas estructurales, constituyendo pruebas clave en tres causas federales iniciadas por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). La propia Dirección General de Desarrollo Urbano y Vivienda admitió ante los auditores que únicamente tenía capacidad para supervisar el 17% de las obras activas, dejando el 83% restante en un vacío de control.
Ocho expedientes del Reconstruir carecen totalmente de documentación contable, incluyendo tres casos donde las obras estaban teóricamente terminadas. La SIGEN identificó $1.812 millones en pagos sin respaldo documental, equivalentes al 3.4% del presupuesto total, estos fondos “fantasma” se concentran en cuatro provincias: Buenos Aires (37%), Santa Fe (28%), Córdoba (19%) y Mendoza (16%).
Los convenios firmados con provincias y municipios incluían cláusulas permisivas que facilitaban el incumplimiento. El 78% de los contratos analizados permitían prórrogas automáticas de 180 días sin penalidades. Además, el 63% de las actas de inicio de obra se firmaron con hasta 90 días de retraso, aprovechando vacíos legales para evitar multas.
La SIGEN estima que hay unas 22.000 personas que siguen esperando soluciones habitacionales por los fallos en estos programas. A pesar del 99% de avance físico, como sucede en Monte Grande, las familias no pueden ocuparlas porque falta completar conexiones eléctricas y de gas. Mientras tanto, $604 millones asignados a estos trabajos finales permanecen sin justificar desde 2022. Vecinos organizados denuncian que el municipio usa las casas vacías como depósito de materiales de otras obras.
En 2022, la Secretaría de Hábitat contaba con solo 12 inspectores para supervisar 620 obras en curso, lo que equivale a un promedio insuficiente de 52 proyectos por cada uno. Esta escasez de personal de control se vio agravada por disputas burocráticas entre Nación, provincias y municipios, responsables del 68% de los retrasos al no definirse claramente quién debía asumir los costos.
Además, se detectaron fallas en el GDE, ya que el 23% de los expedientes digitales presentaban errores o estaban incompletos, lo que impidió rastrear el destino de $1.420 millones en transferencias. Todo esto se enmarca en un contexto en el que el déficit habitacional afecta a 3,5 millones de argentinos.
De cara al inicio del 146º período legislativo, que tendrá su apertura con la asamblea legislativa que encabezará el gobernador Rogelio Frigerio, este viernes al mediodía la Cámara de Diputados de Entre Ríos llevó adelante la sesión preparatoria. En ese marco, los legisladores ratificaron sus autoridades: como presidente continuará el diputado Gustavo Hein (Juntos por Entre Ríos); mientras que a cargo de la vicepresidencia primera seguirá Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos) y de la vicepresidencia segunda Juan José Bahillo (Más para Entre Ríos), quienes juraron en sus cargos.
Además, se informaron oficialmente los presidentes de los bloques políticos: en el caso de Juntos por Entre Ríos, habrá una prórroga de 60 días para la asunción de autoridades –periodo durante el cual continuará Fabián Rogel en su mandato y conducción– y en 20 días se realizará la elección correspondiente. En tanto, Laura Stratta, seguirá al frente del bloque Más para Entre Ríos; Roque Fleitas en La Libertad Avanza y Gladys Liliana Salinas en la bancada unipersonal del Partido Conservador Popular.
Habrá también otros dos monobloques: Julia Calleros en Fe y Libertad y Carlos Damasco, quien hasta ahora integraba el bloque Fe y Libertad, conformará La Libertad Entre Ríos.
La conformación de la Cámara baja para este nuevo periodo de sesiones, con la particularidad de tener cinco minorías, implicará una tarea de diálogo y búsqueda de consensos por parte de la Presidencia, mayor aún a la que ya se produjo durante el primer año de gestión.
Tras ser electo nuevamente presidente, Hein sostuvo: “Agradezco en primer lugar al bloque oficialista, por el acompañamiento y el entendimiento, cosa que a los argentinos nos haría muy bien reforzar. En segundo lugar, al bloque de la primera minoría, por el respeto. Nuestro trabajo en la Cámara está al servicio de los entrerrianos; aprendimos a crecer en nuestras diferencias y eso es un salto de calidad en la política. Esta Cámara tiene la particularidad de tener segundas minorías y también a ellos agradezco porque discutimos sobre ideas y no tomamos nada en términos personales”. Además agradeció a los asesores de todos los diputados y a la secretaria y al prosecretario de la Cámara, Julia Garioni y Lucas Ullúa respectivamente, quienes continúan en sus funciones.
Al término de la sesión, el diputado Marcelo López precisó: “El bloque Juntos por Entre Ríos ha informado que se ha decidido una prórroga de las autoridades existentes por el término de 60 días y eventualmente, si existiera un cambio, se informará oportunamente”.
En la sesión preparatoria, como corresponde, se fijaron los días y horarios de las sesiones ordinarias, la primera de las cuales será el 25 de febrero. Las mismas se realizarán cada 15 días y se llevarán a cabo los martes a las 18 y los miércoles y jueves a las 11.
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
UN JUEZ AVALA QUE QUIENES ALTEREN EL ORDEN PÚBLICO Y OBSTACULICEN EL DERECHO DE CIRCULACIÓN PUEDEN SEGUIR COBRANDO PLANES SOCIALES pic.twitter.com/lrCwyspXZs
