Salta | Senador K pidió licencia para irse al mundial con goce de sueldo
El senador del Frente de Todos Sergio Leavy pidió licencia en el Senado entre el 5 y el 16 de diciembre, días donde se disputarán las últimas fechas del Mundial.
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Fuentes legislativas aseguraron al medio La Política Online que el senador Sergio Leavy viajará a Qatar para presenciar las últimas semanas del Mundial de fútbol, pero sus voceros no lo confirmaron. “Se va de viaje y no va a cobrar”, fue todo lo que dijeron, ante una consulta de Nuevo Diario de Salta
En la sesión de este miércoles, que curiosamente tuvo sólo presencia del oficialismo, se aprobó la licencia pedida por Leavy con “goce de sueldo”, según leyó la presidenta de la sesión Claudia Ledesma. “Como la decisión es del cuerpo, él ni bien lo escuchó preparó una nota para pedir que no le paguen esos días”, aclararon sus voceros.
Leavy pidió licencia para poder viajar a Qatar
En la Cámara alta es un secreto a voces que Leavy viaja a Qatar y que decidió tomar licencia cuando supo que Alberto Fernández prorrogó las sesiones ordinarias hasta el 30 de diciembre. “Sabe que lo pueden ver y prefiere dejar sentado que no está cobrando”, explicaron.
El dato a tener en cuenta, es que las licencias no tienen reemplazos, por lo que su ausencia complicará al Frente de Todos para buscar una mayoría si quiera aprobar una ley. Le sobra un voto entre propios y aliados, pero el jefe José Mayans, de licencia por un problema de salud, no volvería hasta el año que viene.
En sesión, se aprobó la petición del senador y con goce de sueldo
Este miércoles el vínculo entre el oficialismo y la oposición se rompió por la definición de los 3 consejeros de la Magistratura. Tan poca expectativa hay que hubo discusiones internas sobre qué proyectos incluir. Ante el viaje de Leavy, en el Frente de Todos aceptaban que no sería fácil volver a sesionar este año, porque tendrán un voto menos en los días de diciembre que suele abrirse el recinto.
No es la primera vez que Leavy complica a sus compañeros con un viaje inoportuno, hace un mes demoró el dictamen de la ley de iniciativa popular porque no llegó desde Brasil, donde fue a participar del Parlatino. La ley finalmente se dictaminó y su autor, Oscar Parrilli, esperaba aprobarla antes de fin de año.
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El histórico Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, símbolo de la resistencia argentina desde las invasiones inglesas de 1806, se encuentra en el centro de una intensa controversia política y judicial. El gobierno del presidente Javier Milei, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), decidió subastar el emblemático predio ubicado en Palermo, generando una amplia reacción de la oposición y sectores que defienden el patrimonio histórico nacional.
Frente a esta decisión del Ejecutivo, el senador radical Pablo Blanco de Tierra del Fuego presentó un proyecto de ley para declarar el terreno del Regimiento de Patricios como “lugar histórico nacional, estratégico y no enajenable”. La iniciativa busca “afectar a perpetuidad la totalidad del terreno al Ejército Argentino” y establece que las instalaciones solo podrían destinarse a actividades vinculadas a la defensa nacional o fines científicos y culturales.
El proyecto fue aprobado por el Senado el jueves 2 de octubre con 56 votos a favor y 4 abstenciones, obteniendo media sanción y pasando ahora a la Cámara de Diputados. La medida también deja sin efecto todo proceso administrativo iniciado o por iniciarse que tenga por objeto la enajenación del terreno, lo que efectivamente frenaría la subasta si se convierte en ley.
El 29 de agosto de 2025, la AABE emitió la Resolución 39/2025, publicada en el Boletín Oficial el 1 de septiembre, autorizando la subasta pública del terreno donde actualmente funciona el centro comercial Portal Palermo. El predio de 42.044 metros cuadrados, ubicado en la intersección de las avenidas Cerviño y Bullrich, tiene un precio base de USD$81.797.752, convirtiendo esta operación en una de las subastas inmobiliarias más importantes de la historia argentina.
La subasta se realizó el lunes 6 de octubre de 2025 a las 10 de la mañana a través de la plataforma digital Subastar. El terreno se encuentra en una zona de alto valor inmobiliario, donde el metro cuadrado puede alcanzar valores de hasta USD$10.000 según especialistas del sector, aunque el precio base equivale a aproximadamente USD$1.969 por metro cuadrado.
Paralelamente, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto presentó un recurso de amparo con medida cautelar para detener la subasta. En su presentación judicial, Pichetto argumenta que el predio “forma parte de la memoria y la historia de la Nación” y pidió que se declare la nulidad de la resolución por considerarla “manifiestamente inconstitucional e ilegal”.
“Los que están propiciando la venta son traidores a la Patria”, afirmó Pichetto, criticando duramente la decisión gubernamental y alertó sobre la “connivencia con el sector inmobiliario de la ciudad”. Pichetto sostiene que la venta fue habilitada “sin intervención del Congreso Nacional”, lo que constituiría una “usurpación de facultades legislativas”.
El Regimiento de Patricios no es una unidad militar cualquiera. Fundado el 15 de septiembre de 1806 en respuesta a la proclamación de Santiago de Liniers tras la primera invasión inglesa, representa el embrión del Ejército Argentino. Su primera batalla fue el 5 de julio de 1807 durante la defensa de Buenos Aires contra las tropas británicas de Whitelocke.
La unidad participó en momentos clave de la historia argentina: las jornadas de la Revolución de Mayo de 1810 bajo el liderazgo de Cornelio Saavedra, las campañas por la independencia, la creación de la Bandera Nacional en 1812, la Guerra contra el Imperio del Brasil, las campañas del Desierto, y más recientemente en la Guerra de Malvinas en 1982.
– Nicolás Pakgojz
El regimiento se instaló en el predio de Palermo en 1913, en los conocidos como “Cuarteles Maldonado”. El complejo actual fue diseñado por el arquitecto Isaac Thorndike y construido entre 1927 y 1932, siendo declarado Monumento y Lugar Histórico Nacional en 2010.
La controversia se intensifica al conocer quiénes están detrás de la operación. El actual titular de la AABE es Nicolás Pakgojz, un economista de 29 años que trabajó en el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta. Pakgojz ingresó a la función pública de la mano de Andy Freire, quien antes había sido parte del directorio de IRSA, la empresa del magnate inmobiliario Eduardo Elsztain, principal contribuyente financiero de La Libertad Avanza (LLA), además de mantener una estrecha relación con Milei. El presidente se hospedó en el Hotel Libertador de propiedad del empresario, quien además le abrió una red de contactos internacionales de negocios.
En Santiago del Estero, donde Gerardo Zamora maneja la provincia con mano de hierro desde hace casi dos décadas, se acaba de publicar una licitación pública que ya despierta todas las sospechas. Se trata del expediente 7/25 del ministerio de Desarrollo Social, Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad, cuyo objeto es la adquisición de 3 mil mesas, 15 mil sillas y 2 mil camas cuchetas, por un monto estimado en 3.085 millones de pesos.
Hasta ahí, podría parecer un proceso normal. Pero como suele suceder en el zamorismo, el diablo está en los detalles:
– Un pliego inaccesible: el simple derecho a participar en la licitación cuesta 3 millones de pesos. Un monto desorbitante que funciona como la primera barrera para evitar la competencia. ¿Quién va a pagar semejante fortuna por un pliego, cuando todos saben que el contrato ya tiene dueño?
– Plazos exprés imposibles: la apertura de sobres fue fijada para el 22 de septiembre, apenas cuatro días después de la publicación oficial (con un fin de semana en el medio). En ese tiempo, una empresa debería conseguir el pliego, preparar la propuesta, reunir documentación, inscribirse en registros cerrados y diseñar la logística de entrega. Algo imposible para cualquiera, salvo para quien ya conoce de antemano cada requisito.
– Entrega en siete días: según empresarios que han participado en procesos similares, la entrega de los muebles debe realizarse en apenas una semana. Se trata de un volumen de decenas o cientos de camiones cargados de sillas, mesas y camas que deberían distribuirse en tiempo récord. Otra condición pensada para que sólo una empresa “elegida” pueda cumplir.
– Registro de proveedores bloqueado: se exige estar inscripto en el Registro Único de Proveedores de la provincia, pero dicho registro lleva años cerrado. Empresarios que intentaron inscribirse labraron actas notariales al constatar que las oficinas les negaban el trámite, con el argumento insólito de que el cupo estaba “completo”.
– Opacidad total: el pliego completo no se publica en ningún lado. Los oferentes deben viajar hasta Santiago del Estero para solicitarlo, y aun así enfrentan demoras deliberadas en su entrega. Un mecanismo que desalienta a cualquier competidor externo.
ESQUEMA REPETIDO
Nada de esto es nuevo. En Santiago del Estero, el monopolio de las licitaciones de mobiliario escolar, hospitalario y de viviendas sociales tiene nombre y apellido: Stilnovo Equipamiento, la empresa santiagueña de Domingo Serrano que desde hace más de quince años se lleva todos los contratos millonarios de la provincia.
El modus operandi es siempre el mismo: licitaciones convocadas con poca anticipación, plazos de entrega imposibles, pliegos caros e inaccesibles, registros cerrados y competidores “fantasma” que nunca cumplen los requisitos. La firma Stilnovo es siempre la única oferente válida, y sus propuestas coinciden sospechosamente al centavo con los presupuestos oficiales.
En julio de 2024, la misma empresa se quedó con un contrato por 3.085 millones de pesos para equipar viviendas sociales. En agosto de ese año, obtuvo otro por 1.208 millones para mobiliario hospitalario. En ambos casos, la “competencia” fue una firma llamada Offinet SRL, cuyo titular figura en los registros como empleado de la propia Stilnovo. Como era de esperarse, fue descalificada por “errores básicos”.
Las irregularidades son tan burdas que hasta los precios resultan escandalosos: un armario que en Neuquén se adquiere a 250 mil pesos, en Santiago del Estero fue comprado a 950 mil, casi cuatro veces más. El sobreprecio es la verdadera matriz del negocio.
Lo más grave es que nada de esto sería posible sin la complicidad del propio gobierno de Gerardo Zamora. Ningún organismo de control —ni el Tribunal de Cuentas, ni la fiscalía de Estado, ni las asesorías legales de los ministerios— ha objetado jamás estas maniobras. Por el contrario, todos los decretos de adjudicación llevan la firma del gobernador y de sus ministros de confianza.
Lejos de velar por la transparencia y la competencia, el zamorismo convirtió a la licitación pública en una parodia. Los empresarios locales lo saben bien: participar es una pérdida de tiempo, porque el resultado ya está escrito.
La oposición en la Cámara de Diputados unificó este martes los proyectos de la peronista Sabrina Selva, el pichettista Oscar Agost Carreño y el trotskista Christian Castillopara citar a Karina Milei y Mario Lugones para que den explicaciones sobre las coimas de la Andis y logró dictamen de mayoría.
Los bloques de UP, Miguel Pichetto, Facundo Manes, la izquierda y Marcela Pagano juntaron 41 firmas a favor, los libertarios sumaron 12 en rechazo, la Coalición Cívica aportó dos para su propio proyecto y la tucumana Paula Omodeo presentó otro por su cuenta.
El “lilito” Juan Manuel López se negó a apoyar la citación de Karina para que “brinde informes verbales” sobre las coimas de la Andis ante la Cámara Baja, para no convertir la escena en “un show de una persona que con mucha dificultad se comunica verbalmente”.
Su preocupación era que la hermana de Javier Milei podría “autoincriminarse” con lo que diga. “Vamos a interpelar a alguien que le cuesta bastante comunicarse y que, como está siendo investigada y ya está imputada, va a hacer uso del artículo 18 de la Constitución nacional“, argumentó en referencia a que no puede ser obligada a declarar contra sí misma.
El tratamiento de los proyectos se realizó durante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud y Acción Social, presididas por Nicolás Mayoraz y Pablo Yedlin. La reunión se concretó porque el miércoles pasado, durante la sesión en que le voltearon a Milei los vetos a las universidades y el Garrahan, los legisladores aprobaron el emplazamiento a Mayoraz, que venía eludiendo el llamado para trabar el expediente.
De hecho, Martín Menem había puesto Asuntos Constitucionales como comisión cabecera con el objetivo de que el proyecto no caminara.
Cuando se abrió el debate, Yedlin justificó el proyecto en que “los pedidos de informe por escrito han quedado siempre sin respuesta”. “No encontramos, en el marco de lo que el reglamento de la cámara tiene, otra herramienta más idónea que la citación a un informe verbal”, sostuvo.
La massista Selva leyó fragmentos de la transcripción de los audios de Diego Spagnuolo, cuya divulgación desató el escándalo, y enfatizó que “nadie niega la veracidad” de su contenido.
Luego, defendió la citación de Karina frente a los diputados libertarios que contestan que la secretaria general de la Presidencia no tiene rango de ministro, en los términos del artículo 71 de la Constitución. “El artículo 204 del Reglamento habilita a que, en uso del artículo 71, cuando esta cámara de diputados cita a un ministro pueda también citar a los secretarios que consideremos que tengan la responsabilidad de venir a dar explicaciones”, fundamentó.
A su turno, Margarita Stolbizer alertó sobre el riesgo de que se ponga la atención en los audios cuando adelantó su respaldo al dictamen unificado. “No me gustaría que el foco estuviera puesto en los audios, eso es un error conceptual”, dijo, y agregó:“No debemos equivocar el objetivo de nuestra convocatoria porque no vamos a analizar los audios sino la gravedad de los hechos”.
Al final, hasta Pagano anunció el apoyo del dictamen de mayoría para citar a Karina. “Vamos a apoyar, vamos a acompañar y queremos que en el recinto se puedan acelerar los procesos porque las fechas urgen para dar una respuesta”, remarcó.
La comisión investigadora del caso $LIBRA volvió a chocar con la ausencia de testigos clave. Este martes, ni Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción, ni María Florencia Zicavo, responsable de la Unidad de Investigación de Criptoactivos, se presentaron a la citación del Congreso. Es la segunda vez consecutiva que ambos faltan, lo que encendió la reacción inmediata de la oposición.
Los diputados aprobaron una moción para pedir a la Justicia que intervenga. La resolución, leída por el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, estableció que, “constatándose dos inasistencias consecutivas, resuélvase solicitar al juez de turno arbitrar los medios para que Melik y Zicavo comparezcan, recurriendo al auxilio de la fuerza pública”.
– María Florencia Zicavo, responsable de la Unidad de Investigación de Criptoactivos
El planteo abre un escenario inédito: la comisión parlamentaria carece de facultades coercitivas para obligar a los citados a asistir, pero ahora busca trasladar esa presión al Poder Judicial. Si un juez acepta el pedido, podría ordenar la comparecencia forzada de los funcionarios, un hecho de fuerte impacto institucional.
Melik y Zicavo justificaron sus inasistencias con un argumento que tensiona aún más la relación entre poderes. Ambos sostienen que la Cámara de Diputados duplica el objeto de una investigación penal ya en curso y que se está metiendo en las facultades exclusivas del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.
– Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción
La polémica creció porque tampoco se presentó Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, que había sido convocada para la misma jornada. Su ausencia se explicó por su viaje oficial a Estados Unidos, donde participa de reuniones junto al presidente Javier Milei con Donald Trump y el secretario del Tesoro, Wally Adeyemo.
La comisión fijó una nueva fecha para citar a los ausentes: el martes 30 de septiembre. No hay, sin embargo, certezas de que las convocatorias sean respondidas, lo que amenaza con profundizar el enfrentamiento entre oficialismo y oposición en torno al caso.
– Eduardo Taiano
En paralelo, el fiscal federal Eduardo Taiano volvió a marcar la cancha. Negó a la comisión el acceso directo al expediente judicial de $LIBRA, lo que obligó a derivar el reclamo al procurador general de la Nación, Eduardo Casal. La jugada sumó otro punto de fricción, porque deja a los legisladores sin documentación clave para el avance de la investigación parlamentaria.
La causa $LIBRA investiga el proyecto cripto impulsado públicamente por Javier Milei, que tras un repunte explosivo de cotización terminó desplomándose y dejó a miles de inversores con pérdidas millonarias. La denuncia de estafa se extiende por todo el país, con más de un centenar de presentaciones judiciales ya radicadas en diferentes fueros.
La oposición insiste en que la comisión debe tener acceso pleno a la información y a los testimonios de funcionarios, mientras que el oficialismo denuncia una maniobra política para desgastar al Gobierno. En ese marco, la Justicia se transforma en árbitro obligado de un conflicto que combina la investigación penal con la pulseada política.
El desenlace dependerá de la respuesta de los jueces. Si aceptan el pedido de la comisión, podrían ordenar la conducción forzada de Melik y Zicavo, un hecho que marcaría un choque directo entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Si lo rechazan, la oposición quedará debilitada y la investigación legislativa podría perder peso frente al avance de la causa judicial.
El gobernador Claudio Vidal envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley para restituir al ex procurador general de Justicia, Eduardo Sosa, apartado del cargo en 1995 durante la gobernación de Néstor Kirchner.
El cargo de Procurador General fue eliminado en 1995 por una ley impulsada por Kirchner, que desdobló ese puesto en dos. Desde entonces, Sosa litiga en la justicia nacional reclamando su restitución.
La Corte Suprema emitió en varias ocasiones fallos —en 1998, 2001, 2009 y 2010— ordenando que se cumpla el restablecimiento de Sosa en el cargo, pero Santa Cruz nunca los acató. Vidal sostuvo que reponer a Sosa será más que un acto simbólico: “cerrar una herida histórica de Santa Cruz”.
El proyecto fue presentado por el diputado Pedro Luxen y contempla la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial provincial para reinstalar la figura del Procurador General como jefe del Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia. Además, Vidal convocó una sesión extraordinaria para tratar la iniciativa, cuya aprobación requerirá mayoría especial en la Legislatura, dado que la modificación reorganiza instituciones judiciales provinciales.
Eduardo Sosa aceptó la posibilidad de volver al cargo, siempre que pueda hacerlo en condiciones que garanticen la independencia institucional del Procurador y sin injerencias políticas.El conflicto tiene antecedentes legales: Daniel Peralta, ex gobernador, fue procesado por la Corte Suprema por incumplir mandatos judiciales de restitución.
El regreso de Eduardo Sosa al frente de la Procuración reabre un expediente que el kirchnerismo creyó enterrado. Fue desplazado en 1995 por Néstor Kirchner, entonces gobernador, en una maniobra que la Corte Suprema declaró inconstitucional tres años después. Aun así, Santa Cruz ignoró todos los fallos, protegida por la impunidad política que marcó a fuego a la provincia durante décadas.
Hoy, con Vidal al mando y una Corte que insiste en que Sosa debe volver, el gobierno santacruceño enfrenta una decisión incómoda: acatar la ley o seguir desafiando la institucionalidad. La jugada parece más un intento de despegarse del pasado K que una reparación real.
La lista libertaria sufrió un revés contundente en las elecciones del 7 de septiembre y, apenas una semana después, los concejales electos ya rompieron filas antes de asumir el 10 de diciembre. El frente La Libertad Avanza en Pilar se dividió en una guerra abierta por el liderazgo local: hubo reproches sobre la estrategia de campaña, denuncias por el manejo de fondos de fiscalización y un reclamo formal para concentrar el sello partidario en una sola bancada.
La derrota electoral fue categórica: el peronismo local alcanzó el 60,5% de los votos frente al 29,1% de la lista libertaria, escenario que precipitó el quiebre interno. Las críticas se enfocaron en Andrés Genna, cabeza de la lista libertaria, dirigente vinculado a Patricia Bullrich y señalado internamente como cercano a Ramón “Nene” Vera, operador de Sebastián Pareja en la Primera sección.
La concejal electa Solana Marchesán, segunda en la lista, y el concejal reelecto Sebastián Neuspiller (PRO), tercero en la boleta, apuntaron directamente contra Genna por la estrategia y el armado electoral. Marchesán fue tajante en su denuncia pública: “Tiene una Pyme de robo de fondos de la fiscalización, busca voluntarios y se queda con la plata, con eso cambia el auto. Viven de eso, él y su familia, hace años”.
– Concejal electa Solana Marchesán, segunda en la lista
Ese señalamiento llevó a Marchesán a presentar este martes una nota formal en el Concejo Deliberante exigiendo la exclusividad del sello de LLA, que hoy se encuentra repartido en tres bloques. En redes sociales, la concejal dejó un mandato claro dirigido a Genna y a la futura concejal María Ratti: “Quien desee integrar la bancada de LLA a futuro deberá hacerlo bajo mi conducción y liderazgo”.
Marchesán justificó la presentación en el Concejo con un reclamo por la preservación de la identidad del espacio: “Quienes estamos desde los inicios debemos velar porque se mantenga la coherencia en el espacio, con sus debidas y necesarias purgas”, y agregó: “Aquellos que se sumaron después y sobre todo quienes luego eligieron otros espacios políticos deben respetar el rol y la representación original. La Libertad Avanza en Pilar no se vende”.
Neuspiller fue el primero en vocalizar la frustración tras el resultado y responsabilizó al armado que colocó a Genna en la cabeza de la lista. En diálogo con el programa radial Agenda Propia, el concejal comparó los guarismos con comicios previos y señaló: “En el 2023, La Libertad Avanza sacó 62.500 votos y Juntos por el Cambio 42.900. Eso hacía un total de 106.000. Ahora, en 2025, se sacó la mitad”. Para reforzar su crítica recordó la legislativa de 2021: “El PRO sacó 64.000 votos, La Libertad Avanza 18.500, o sea 82.000. De doce concejales, entraron seis. Ahora entraron cuatro”.
Sobre la elección de candidatos y la percepción del electorado, Neuspiller enfatizó que los comicios se definen por referentes más que por sellos: “Cuando la gente va a votar, no elige sellos. Yo creo que acá se subestimó pensando que la gente iba a elegir el color violeta. Pero la gente quiere entrar al cuarto oscuro y encontrar la foto de una persona que le genere confianza”.
– Sebastián Neuspiller
El concejal PRO también cuestionó la línea discursiva de Genna, que incluyó propuestas duras contra el personal municipal, en línea con el discurso de Javier Milei. Neuspiller sostuvo: “Si yo le doy un mensaje a todos los trabajadores municipales de Pilar de que voy a poner la motosierra arriba de ellos, eso se complica. Porque el empleado municipal no es político, es alguien que se mata y se desvive por Pilar”.
Además, Neuspiller criticó el armado exprés de la campaña y contrastó esa debilidad con su propia experiencia territorial: “Pilar es gigante, con 365 kilómetros cuadrados, y si la gente no te conoce, ¿cómo hacés para en un mes llegar a la gente?”. En ese marco, recordó: “Yo, para estar cercano a los vecinos, durante tres años me paré con una mesita chiquitita y un banquito en todas las esquinas de Pilar para hacer test de diabetes, y así todo, no me alcanzó”.
Pese a las críticas, Neuspiller mantuvo la convicción de conservar la alianza entre LLA y el PRO: “Fuimos con Solana Marchesán el primer interbloque de la Libertad Avanza y el PRO en toda la provincia en 2021. Y sigo pensando que tenemos que ir juntos porque compartimos electorado”. No obstante, reclamó cambios: “Tenemos que trabajar entendiendo que no se puede subestimar al votante pensando que solamente van a votar con el sello. Se tendrán que hacer internas, habrá que mejorar”, y adelantó su objetivo personal: “Voy a trabajar estos 2 años duramente para volver a ser candidato a intendente”.
La fractura interna se agravó por decisiones tomadas en el cierre de listas. Fuentes cercanas indicaron que el quiebre entre Marchesán y Genna surgió cuando Marchesán fue notificada, a último momento por Vera, de que no encabezararía la lista y que en su lugar iría Genna, ex vice de la Coalición Cívica con paso previo por el PRO. “Eso es lo que más le dolió a Marchesán y a Martín Maganás”, señaló una fuente con acceso a la concejal y al ex candidato libertario a la intendencia, quien impulsó a la primera candidata al Consejo Escolar en estas elecciones.
Con la nueva composición del Concejo, la división ya no sólo se expresó en declaraciones: Marchesán y Neuspiller comenzaron a articular un interbloque LLA–PRO, mientras que permanecieron otros bloques, como los de Juan Pablo Casañas Onganía (con dos años más de mandato) y Juan Martín Tito (que finalizó este año y quedó relegado en el último armado). La configuración resultante dejó a LLA con dos concejales menos que en 2023, cuando el frente había sumado porcentajes significativos.
La derrota y la sucesión de acusaciones públicas y reclamos formales dejaron al espacio en medio de una pulseada por el sello y el liderazgo que, a pocos días del inicio de funciones el 10 de diciembre, reconfiguró las alianzas y profundizó las divisiones internas.
El premio destaca su rol en las primarias de octubre de 2023 y su lucha por una transición pacífica desde la dictadura. Es la primera venezolana en recibir el premio en esta categoría.
El legislador y co fundador de La Libertad Avanza, sacudió el panorama político con declaraciones contundentes contra el actual diputado José Luis Espert, acusado de vínculos con Fred Machado y revivió un episodio crucial que, asegura, involucra al presidente Javier Milei.
Empresas de primer nivel participaron en el montaje técnico del show, con costos estimados que superarían los 300 mil dólares entre alquiler, iluminación, sonido y pantallas LED.
Buscan influir en la designación del candidato del Frente de Todos para las elecciones presidenciales. Por ahora no hay consenso en un único nombre y eso genera disputas.
TWEET DEL DÍA
El Kirchnerismo corriendo a LLA / Espert de narcos es una cosa de locos!
Es gravísimo indecente y asqueroso si esto es verdad.
La verosimilitud surge porque el vínculo está comprobado por el uso de un avión y una camioneta en la campaña del 2021.
