05 febrero, 2025

Ritondo destroza a Kicillof: “Hay lugares en Buenos Aires donde el abandono y la marginalidad del gobierno provincial es total”

En el marco de sus visitas a distintas ciudades bonaerenses, el precandidato a gobernador de Buenos Aires escuchó de los propios vecinos las historias que evidencian la desidia que se vive en la provincia.
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El precandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, se encuentra realizando visitas a distintas ciudades bonaerenses, donde realiza recorridas junto a los referentes locales de cada distrito y los vecinos del lugar.

El precandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Cristina Ritondo, se encuentra realizando visitas a distintas ciudades bonaerenses.

En los últimos días, durante su paso por Esteban Echeverría, Ritondo expresó: “Son días en los que hemos escuchado cosas tan lejanas de la realidad que colman nuestra capacidad de asombro, pero la verdad está acá, con los vecinos, que te piden que no los dejemos solos, que sigamos trabajando para solucionar los problemas reales, como la inseguridad, la falta de infraestructura, la educación y la ausencia del estado provincial en múltiples aspectos”. 

“Estuvimos recorriendo lugares donde los propios vecinos han tenido que hacer el tendido eléctrico, han mejorado las calles con escombros ellos mismos y todo lo que el estado no les da, hay lugares donde el abandono del gobierno provincial es total”, aseguró.

“Hay lugares donde el abandono es total”- Ritondo.

Un ejemplo de esto es la zona de Los Pinos – La Victoria que no tiene asfalto, agua, cloacas, recolección de residuos y carecen de cualquier tipo de infraestructura. Allí no entran ni las ambulancias ni los remises, ya que es una zona inundable y las paradas de colectivo están a más de 10 cuadras. 

Los vecinos mejoraron las calles, ya que sus reclamos no fueron escuchados y el agua deben ir a buscarla ellos cada madrugada para poder utilizar al día siguiente. Lo más paradójico es que la empresa distribuidora de luz les cobra tarifas de barrio residencial, exorbitantes e impagables para los vecinos que en su mayoría realizaron ellos mismos la instalación.

Video subido a redes de la campaña “Terminemos con el Populismo, Sumate a fiscalizar” de Cristian Ritondo,

“Tenemos que cambiar esta realidad para vivir mejor y, para que suceda, el primer desafío es cuidar las urnas y ganar las elecciones. Por esto, seguimos con nuestra campaña para invitar a todos los bonaerenses a no resignarse y a sumarse a fiscalizar para decirle basta al populismo. Todos los sábados al mediodía en muchas esquinas de la provincia vamos a estar sumando voluntarios”, manifestó .

Contaminación y basurales a cielo abierto 

El legislador comentó puntualmente sobre un basural de la zona, generado por los carreros, que le cobran a los vecinos de barrios cercanos para recolectar la basura y depositarla allí, y por el vuelco de empresas ilegales de volquetes. Cerca de este no solo vive gente sino que también hay cuencas de agua que se contaminan y se quema basura que daña irreversiblemente el medio ambiente.

Por esto, el basural fue denunciado ante el Municipio, por el referente local Luciano Gomez Albariño, pero por la falta de acción, se realizaron denuncias para que intervengan de forma urgente el Ministerio de Ambiente de la Provincia, ACUMAR y el CEAMSE. 

“Estamos hablando de focos de infección que pueden generar daños a la salud”- Ritondo sobre los basurales a cielo abierto.

“Kicillof mencionó como algo épico que, en su cuarto año de mandato, va a erradicar 10 basurales a cielo abierto, de los 81 que habría en la provincia, una cifra muy por debajo de las estimaciones serias dada la gran cantidad de municipios que no envían sus residuos a rellenos sanitarios, estamos hablando de focos de infección que pueden generar daños a la salud”, aseguró. 

Inseguridad y narcotráfico

Respecto a la principal demanda de la sociedad, la inseguridad, el legislador manifestó que el kirchnerismo asumió para destruir todo lo construido. “Los resultados están a la vista. Ahora se arrepienten y dan marcha atrás, pero el daño ya está hecho”. 

Ritondo asegura que el kirchnerismo destruyó todo lo que habían construido en materia de seguridad.

En cuanto al narcotráfico, expresó: “Cuando los narcos se adueñan de las calles, el Estado tiene que poner todo lo que haga falta para recuperarlas, no puede guardarse nada. Presentamos una batería de proyectos para que el Estado Nacional deje de mirar a un costado y lo combata. Que el Gobierno haya reconocido el problema es solo un primer paso, pero con la mafia no se puede ser tibio”.

Karin Leiva

Política Nacional, Interior y Economía kleiva@data24.com.ar

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Tras detectar irregularidades, el Gobierno eliminó un programa de subsidios a comunidades indígenas

El Gobierno nacional decidió dar de baja el Programa de Fortalecimiento Comunitario, una iniciativa que brindaba subsidios a comunidades indígenas para asesoramiento legal y técnico en conflictos de tierras. La decisión se formalizó con la Resolución 8/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por Claudio Avruj, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Según el documento oficial, la medida respondió a la falta de mecanismos de control adecuados y a la detección de desvíos en la ejecución de los fondos.

El Programa estaba destinado al “otorgamiento de subsidios destinados a afrontar las erogaciones económicas que acarrean las labores profesionales ejercidas en acciones y/o defensas judiciales, asesoramiento jurídico contable, capacitación legal y ejecución e inscripción de mensuras, todo ello tendiente a consolidar la posesión de las tierras que ocupan las Comunidades Indígenas existentes en el país y con el objetivo de alcanzar su definitiva propiedad comunitaria”. No obstante, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó “deficiencia y desvíos” en los informes de auditoría, entre ellas la inexistencia de herramientas de registro y sistematización de datos “que permita identificar y cuantificar el resultado o impacto de los subsidios no reintegrables de fortalecimiento Comunitario otorgado desde su creación”.

La resolución resaltó que el programa no cumplió con sus objetivos fundacionales y que no disponía de un sistema de monitoreo que permitiera evaluar su impacto real. El texto oficial señaló: “Se ha constatado que el Programa de Fortalecimiento Comunitario no cuenta con una herramienta de registro y sistematización de la información que permita identificar y cuantificar el resultado o impacto de los subsidios otorgados”. En el mismo sentido, la decisión gubernamental argumentó la necesidad de “dejar sin efecto determinados programas que se llevan adelante en la órbita de este Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que no responden a los criterios de eficiencia en el funcionamiento del sector público que este contexto requiere”.

Asimismo, el Gobierno enmarcó la iniciativa en la emergencia pública decretada en diciembre de 2023 mediante el decreto 70/2023, al sostener que “es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que atraviesa el país”. De acuerdo con funcionarios del INAI, la administración de Javier Milei buscó reorganizar el sistema de asistencia y reducir la cantidad de subsidios directos, con miras a instaurar nuevos criterios de transparencia y eficiencia.

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Por medio de la Resolución 8/2025, el titular del INAI resolvió: “Derógase la Resolución INAI N° 235/2004 del 19 de octubre de 2004, mediante la cual se resolvió crear el Programa de Fortalecimiento Comunitario en la órbita del INAI”.

En paralelo, el Gobierno también adoptó otras medidas que afectaron a distintas comunidades. Hace poco menos de una semana, el INAI revocó el permiso de ocupación de tierras a la comunidad indígena del pueblo Qom, Asociación Civil Comunidad Indígena “Añi Alba de Colonia 54 Nagui Aiem”, ubicada en la localidad de Makallé, Chaco. La Resolución 5/2025 publicada en el Boletín Oficial anuló el reconocimiento previo de ocupación tradicional y pública del lote 175 de Makallé, el cual había sido otorgado mediante la Resolución INAI N° 144/2023 del 29 de noviembre de 2023.

La revocación surgió a partir de una denuncia de Mariel Luisa Crespo, quien se presentó como copropietaria de una fracción del inmueble en disputa y afirmó que el procedimiento administrativo vulneró su derecho al debido proceso y a la defensa. Tras analizar la documentación, el INAI determinó que el relevamiento inicial omitió antecedentes jurídicos y títulos de propiedad que acreditaban los derechos de Crespo. En consecuencia, el organismo dio lugar al recurso de revisión y resolvió invalidar el permiso de ocupación. La nueva resolución especificó: “El planteo de inexistencia de la comunidad indígena como sujeto de derecho, su denominación y localización, deberá ser tratado por ante el organismo con competencia indígena de la provincia del Chaco, en tanto no resulta del análisis de los obrados”.

Las autoridades provinciales evaluarán las próximas acciones con relación al reconocimiento de la comunidad en esa jurisdicción y la situación de la propiedad del inmueble, en concordancia con las disposiciones del INAI.

Redacción

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Frigerio destacó el equilibrio fiscal de Entre Ríos y anunció la baja de Ingresos Brutos y Sellos: “Continuaremos hasta eliminarlos”

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció la baja de Ingresos Brutos y Sellos en la provincia y resaltó que en su primer año de gestión logró el equilibrio fiscal. El mandatario provincial del PRO calificó ambos tributos como “impuestos regresivos que desalientan la producción, la inversión y la generación de trabajo” y aseguró que planeaba eliminarlos de manera progresiva.

“Primer año de gestión: equilibrio fiscal y baja de ingresos brutos y sellos”, afirmó Frigerio en sus redes sociales. Al referirse a la situación económica, subrayó: “Bajamos el gasto público y, con un 20% menos de recursos, pasamos de una provincia con déficit a tener equilibrio fiscal”. Agregó que “con mucho esfuerzo” cumplieron con los vencimientos de la deuda en dólares heredada de la gestión anterior y expresó: “Estamos seguros de que este es el camino”.

Frigerio informó que presentó en la Legislatura un proyecto para reducir Ingresos Brutos y Sellos “y continuaremos en este sendero hasta eliminarlos, como ya hicimos en algunos sectores”. El gobernador destacó que estas iniciativas surgieron tras los lineamientos que el gobierno nacional estableció luego de reducir temporalmente las retenciones al campo.

Por su parte, el senador provincial Rubén Dal Molín, del bloque Juntos por Entre Ríos, brindó detalles sobre la Reforma Tributaria impulsada. Explicó que, tras reuniones con la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER) y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, se introdujeron “mejoras significativas” en la legislación. “Son cuestiones de fondo que pretendemos aprobar tal como las envió el Ejecutivo”, afirmó el legislador.

Entre las reducciones planteadas, Dal Molín señaló:

  • Industria en general: bajó la alícuota de 1,5% a 1% (una disminución del 33%).
  • Comercio: pasó de 5% a 4% (una reducción del 20%).
  • Servicios de salud: se redujo de 2,5% a 2% (una baja del 20%).
  • Suministro de electricidad y gas para actividades industriales, producción primaria y comercio: descendió de 2% a 1% (se redujo a la mitad).

En el Impuesto a los Sellos, se propusieron rebajas para sectores como el transporte, maquinaria agrícola y la inscripción de vehículos 0 km. Además, se incluyeron cambios en la determinación de la base imponible para excluir ingresos provenientes de IVA, impuestos internos y/o venta de bienes de uso.

Dal Molín recordó que los Ingresos Brutos representaron alrededor del 75% de los recursos provinciales y remarcó que en 2017 se había firmado un pacto fiscal que apuntaba a la disminución de este tributo. Según el senador, aquella iniciativa sufrió distorsiones, motivo por el cual el Gobierno provincial retomó la senda de la reducción al lograr el equilibrio fiscal en el primer año de gestión.

Mientras tanto, en Chubut, el gobernador Ignacio Torres anunció que eximiría de Ingresos Brutos y del Impuesto Inmobiliario Rural al sector productivo ganadero. “Es posible gracias a una administración eficiente de los recursos, que nos permitió alcanzar un escenario de superávit financiero en apenas un año”, aseguró en un comunicado oficial. También anticipó que eliminaría la “ridícula tasa del zorro”, tributo que consideró “un impuesto absurdo que contribuía a que la provincia sea más burocrática y regresiva”.

El Gobierno de Entre Ríos, en línea con estas medidas, presentó su proyecto de Reforma Tributaria con el objetivo de seguir reduciendo gravámenes como Ingresos Brutos y Sellos. De esta manera, continuó con los planes de aligerar la carga fiscal y fomentar la producción, la inversión y la generación de empleo en el territorio entrerriano.

Redacción

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Escándalo con un frigorífico sacude ACUMAR y profundiza su interna directiva

La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) sufre una interna de marcada intensidad que se profundizó en las últimas horas. Según trascendió, el director por la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Cano, habría pedido que se desplace al presidente del organismo, Lucas Figueras, en medio de un escándalo con un frigorífico. Apuntado por todos, el propio Cano encabezó la defensa de la empresa en la interna del organismo, y todos hablan de presuntos manejos económicos.

El escándalo de Ricardo Bruzesse no cesa y si bien se levantó la clausura de su empresa en Monte Grande, la consecuencia política parece no tener fin. Es que como trascendió, habría sido el propio Marcelo Cano quien encabezó las gestiones de pedido de quita de cierre del lugar para que volviera a operar con normalidad tras un posible acuerdo económico con el empresario denunciado. Fue esto lo que produjo la crisis en el ente estatal: cada vez son más contundentes los rumores que indicarían que Cano habría recibido dinero por su gestión.

– Marcelo Daniel Cano junto a Jorge Macri

Tal situación expuso a Figueras y el control que tiene sobre la firma. La situación escaló hasta el ministerio de Economía (área dependiente hoy día de ACUMAR) y por estas horas se analizan cambios en el directorio. Dicho de otro modo, por la dureza que presenta el gobierno nacional ante los problemas de corrupción o manejo de dinero por parte de los funcionarios, el caso ACUMAR quedó en el centro de la escena y la resolución parece transformarse en un caso testigo. Ante la falta de pruebas, por estas horas se piensa en una salida con un mensaje claro: se va Cano o debería dejar su lugar Figueras, quien se enteró del rol del director por el escándalo mediático. 

– Lucas Figueras

Claro que el peso del director es menor al del presidente y en conocimiento de esto, el propio Cano fue quien solicitó primero la salida de Figueras por desmanejos en la administración del ente desde su asunción en diciembre pasado. Además, se lo vio a Cano muy crítico en una importante reunión en el centro porteño: argumentó que no se pudo hacer la reducción que el gobierno pidió, planteó que Figueras responde a Horacio Rodriguez Larreta y se definió como “bullrichista y mileista” para sobrevivir en la interna. Sin embargo, buscó despegarse del escándalo que lo roza. Negó contactos con el empresario kirchnerista Bruzesse, manifestó que no comparte la conducción actual y se despegó de cualquier vinculo económico. Tampoco quiso dar declaraciones respecto al tema.

Mientras que en las próximas horas, se espera conocer qué pasará en ACUMAR la ola sigue abriendo paso y los caminos conducen a acercar consecuencias a partir del caso Bruzesse. ¿Será el momento de buscar presidente, se renovará una silla o quedará todo como esta en la Cuenca?

*Fuente: PolíticAnalizada

Redacción

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El círculo rojo respaldó al Gobierno por el éxito de las reformas pero reclamó “más diálogo”

El lunes 13 se llevó a cabo la primera reunión de la “Mesa del Diálogo Argentino 2025” en Punta del Este, en la residencia del abogado y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales Andrés Prieto Fasano, quien impulsó la iniciativa junto al Padre Guillermo Marcó. Empresarios de distintos ámbitos participaron en un espacio multisectorial que buscó “profundizar la cultura del diálogo” y “avanzar en propuestas concretas que favorezcan el crecimiento y la inclusión social en todo el territorio”.

Los asistentes destacaron los resultados del primer año de gestión del presidente Javier Milei, especialmente en cuanto a la obtención de superávit fiscal y la baja de la inflación, pero manifestaron preocupación por el desempleo y los reclamos salariales. Aun así, reconocieron los logros oficiales y remarcaron la necesidad de abrir instancias de diálogo de cara a las elecciones de medio término. Uno de los industriales presentes afirmó que “el Ejecutivo puede tener un buen test electoral y continuar con las reformas necesarias”.

Los participantes resaltaron “la importancia de la inteligencia artificial en todos los procesos de comunicación de esta época” y coincidieron en que estas herramientas pueden “incentivar el diálogo”. Al mismo tiempo, subrayaron que el encuentro estuvo inspirado en la metodología del Instituto del Diálogo Interreligioso, creado por el Papa Francisco cuando era Arzobispo de Buenos Aires, para promover la cooperación y la construcción de consensos. Según explicaron en un comunicado de prensa, “esta primera mesa del Diálogo Argentino 2025 marca el inicio de una serie de encuentros que buscarán sumar más voces y perspectivas”.

“La jornada buscó impulsar una cultura de entendimiento mutuo que oriente a la Argentina hacia un desarrollo sostenible, inclusivo y con mayores oportunidades para todos. Los participantes coincidieron en la importancia de trascender las diferencias sectoriales y construir consensos para enfrentar los desafíos que atraviesa el país”, agregaron los empresarios. Además, en la reunión se proyectaron futuras instancias de conversación con otros sectores, incluidos sindicatos de trabajadores y organizaciones sociales, bajo la premisa de que “se deberán activar mesas de diálogo, en donde tendrán que estar sentados todos los sectores”.

“El problema que vemos es que la crisis de representación no es solo empresarial”, advirtió uno de los participantes, quien sostuvo que la cooperación y el intercambio de ideas se consideraron pilares fundamentales para definir un futuro más equitativo.

Al finalizar el encuentro, los asistentes coincidieron en que “solo a través de la escucha y el trabajo conjunto se podrán desarrollar soluciones de largo plazo para la Argentina”. Entre los presentes se destacaron:

  • José Urtubey: Abogado, dirigente industrial, cofundador de Grupo Tapebicuá y director de Celulosa Argentina S.A.
  • Bogos Ekserciyan: Presidente de la Unión Industrial de La Rioja y dueño de Ritex.
  • Daniel Hadad: Abogado, periodista y empresario de medios. Fundador de Infobae, C5N, Radio 10, Radio Mega y Radio Amadeus.
  • Vicente Scavone: Empresario farmacéutico de Laboratorios Lasca (Paraguay).
  • Tomi Karagozian: Dirigente industrial y CEO de TN Platex (industria textil).
  • Viviana Zocco: Fundadora y CEO de Ticmas (tecnología educativa).
  • Jennifer Jones: Ingeniera y abogada, parte del equipo Prieto Fasano Abogados.
  • Jacques Patrick Supervielle: Presidente Joven de ADEBA (Asociación de Bancos Argentinos) y director del Grupo Banco Supervielle.
  • Mirta Fasano: Abogada y arquitecta, profesora universitaria en Prieto Fasano Abogados.
  • Sebastián Krongold: Dirigente agropecuario, referente de la producción en Corrientes.
  • Astrid Domínguez Wilson Smith: Empresaria paraguaya en los rubros gastronómico, deportivo y de real estate.
  • Lidia Fasano: Ex jueza y profesora universitaria en Prieto Fasano Abogados.
  • Andrés Prieto Fasano: Abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, anfitrión de la reunión y promotor de las Mesas del Diálogo.

Prieto Fasano explicó: “La Mesa del Diálogo Argentino es un espacio donde todas las voces son escuchadas y valoradas. Aquí, líderes de diversos ámbitos comparten sus perspectivas y conocimientos, buscando soluciones que beneficien a todos los argentinos. Es un ejercicio de democracia participativa y un compromiso con el futuro de nuestra nación”.

Los empresarios remarcaron que planeaban continuar con estos encuentros de manera periódica para “tender puentes” y analizar la evolución del escenario económico-social de cara a 2025. Con ese propósito, confiaron en que la participación activa de todos los sectores resultaría vital para fortalecer el tejido social y económico argentino, además de asegurar que el diálogo siga abierto para abordar los desafíos que atraviesa el país.

Redacción

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El Gobierno calificó de “ridículo” el informe de Amnistía sobre el protocolo antipiquetes

“Es un informe absolutamente desconectado de lo que vive la sociedad argentina. Están del lado de los delincuentes, mientras nosotros trabajamos para proteger a los 46 millones de argentinos que fueron víctimas de los piqueteros y la extorsión durante décadas”, afirmó Bullrich en declaraciones a El Observador FM. La ministra también aseguró que el protocolo busca resolver de manera pacífica y profesional una problemática histórica, permitiendo reducir los bloqueos y garantizando el derecho al libre tránsito. Según sus palabras, esta medida representa un cambio estructural en la gestión del espacio público.

El informe de Amnistía Internacional, titulado “Uso excesivo de la fuerza”, documenta más de mil heridos en al menos 15 protestas ocurridas durante 2024. Además, denuncia el uso desproporcionado de balas de goma, gases lacrimógenos y bastones contra manifestantes que, según el organismo, ejercían su derecho a protestar pacíficamente. El documento también destaca que 50 trabajadores de prensa resultaron heridos mientras cubrían las manifestaciones, lo que, según Amnistía, evidencia un patrón de represión que afecta la libertad de expresión y el derecho a la información.

“Amnistía Internacional no entiende nada” – Patricia Bullrich

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Entre los episodios destacados, se menciona la movilización frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases, que derivó en 33 detenidos y numerosos focos de incendio, incluyendo un móvil de Cadena 3 incendiado por manifestantes. Este evento fue utilizado por el Gobierno para enfatizar la necesidad del protocolo, destacando que no solo busca regular las protestas, sino también garantizar la seguridad de bienes y personas en contextos de manifestaciones masivas.

El Gobierno, sin embargo, rechazó categóricamente estas acusaciones. Bullrich defendió la implementación del protocolo como una medida necesaria para poner fin a años de caos en las calles. “Durante 25 años, los piqueteros se adueñaron de las calles y extorsionaron a millones de argentinos. Ahora, con este protocolo, hemos logrado establecer el orden y proteger a la ciudadanía”, declaró. La ministra también cuestionó la falta de atención del informe a los desmanes ocurridos en algunas protestas, como el incendio de un móvil de Cadena 3 frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases.

Amnistía también alertó sobre la “criminalización de la protesta”, destacando que 73 manifestantes fueron detenidos en distintos episodios, acusados de delitos como resistencia a la autoridad, aunque la mayoría recuperó la libertad pocas horas después. Por otro lado, el informe señala que 33 personas sufrieron impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, resultando en daños severos a la visión. Asimismo, destaca que entre las víctimas se encuentran niños y niñas que estuvieron expuestos a situaciones de violencia represiva.

En respuesta, Bullrich aseguró que las fuerzas de seguridad actuaron con profesionalismo y respetando los principios de proporcionalidad. “No avalamos para nada ese informe. Este es un año en el que la Argentina logró ley y orden, y lo hizo con el uso mínimo de la fuerza. Es fácil criticar desde un escritorio, pero estas medidas están pensadas para defender a la ciudadanía y poner fin a años de caos”, sostuvo. Además, la ministra remarcó que el protocolo incluye instancias de negociación previas a cualquier acción policial, buscando siempre una resolución pacífica de los conflictos.

Por su parte, Amnistía Internacional recomendó la derogación del protocolo y la adopción de regulaciones que garanticen el respeto por los derechos humanos en el marco de las protestas sociales. También instó a limitar el uso de armas no letales y a investigar las denuncias de violencia policial. Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, destacó la importancia de proteger el derecho a la protesta como un pilar fundamental de la democracia. “Las imágenes de violencia y represión evidencian la necesidad urgente de revisar las políticas de seguridad pública y garantizar el respeto por los derechos humanos fundamentales”, concluyó.

El informe también incluye recomendaciones dirigidas a la comunidad internacional, instando a organismos como la ONU y la CIDH a monitorear la situación en Argentina y a exigir medidas concretas que promuevan el respeto por los derechos humanos en el país. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad continúa defendiendo su gestión y subrayando los resultados positivos en materia de orden público y seguridad ciudadana, destacando una disminución significativa en los bloqueos y cortes de calle en todo el territorio nacional.

Redacción

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El Ministerio de Defensa dio de baja a 23 militares retirados y generó un fuerte rechazo

Por orden de la Justicia, el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, dispuso la baja de un grupo de militares retirados que tenían condenas en causas por delitos de lesa humanidad ligados a su actuación durante la última dictadura. El Gobierno difundió la resolución 2025, fechada el lunes 27 de enero de 2025, y también aludió a la resolución 72/2005, firmada por Petri a requerimiento de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Defensa aclaró que no se trató de “una decisión unilateral”, sino del cumplimiento de una “orden del Poder Judicial, notificada por el Ministerio Público Fiscal”.

La medida abarcó a 23 oficiales superiores retirados del Ejército, entre ellos combatientes de la guerra de Malvinas. Uno de los más conocidos fue el coronel retirado Horacio Losito, condenado a prisión perpetua y quien, una semana después de la llegada de Javier Milei a la Presidencia, obtuvo la libertad condicional. A diferencia de los militares que pasan a retiro (conservan grado y estado militar), los dados de baja pierden su condición de integrantes de las Fuerzas Armadas. Según se informó, las esposas de los oficiales retirados comenzarán a percibir la correspondiente pensión. En la lista figuraron:

  • Generales de División retirados: Eduardo Rodolfo Cabanillas.
  • Generales de Brigada retirados: Néstor Rubén Castelli, Teófilo Saa, Federico Antonio Minicucci
  • Coroneles retirados: Miguel Ángel Fernández Gez, Humberto José Román Lobaiza, Mario Alberto Gómez Arena, Pascual Oscar Guerrieri, Oscar Lorenzo Reinhold, Ramón Ángel Puebla, Carlos Alberto Ozarán, Carlos Gustavo Fontana, Horacio Hugo Maderna, Jorge Omar Lazarte, José Héctor Fidalgo, Jorge Daniel Rafael Carnero Sabol, Héctor Salvador Girbone, Carlos Enrique Pavón, Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes, Rafael Julio Manuel Barreiro, Carlos Alberto Arias y Luis Ángel Gaspar Zírpolo.
– Hubo cuestionamientos a la resolución firmada por el ministro de Defensa, Luis Petri

En el artículo 2 de la resolución 2025, el ministro Petri instruyó al Jefe del Estado Mayor del Ejército, Xavier Isaac, para que inicie los trámites de baja de Oficiales Jefes, Oficiales Subalternos y Suboficiales condenados por crímenes de lesa humanidad, en la medida en que sus causas alcancen sentencia firme.

Distintas organizaciones del ámbito castrense cuestionaron la disposición y aludieron a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas: “La Procuraduría de Investigaciones Administrativas dependiente de la Procuración General de la Nación, le ha requerido al Ministerio de Defensa que proceda a dar de baja a personal militar condenado por los hechos ocurridos en los años 70 del siglo pasado. Dicha Procuraduría no es un órgano judicial y no está habilitada para ordenar absolutamente nada, ni al Poder Ejecutivo, al Legislativo, ni al menor de los Jueces de la República”, expresaron en un pronunciamiento conjunto la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, el Foro de Generales Retirados y el Foro de Almirantes, entre otras entidades.

Estas organizaciones consideraron que “es necesario que la nueva política, que se ha manifestado hasta ahora tan valiente y lúcidamente contra el núcleo mismo del siniestro pacto que signó el rumbo de nuestra Argentina en los últimos veinte años, disponga el cese de estos juicios de venganza”, en alusión a las causas judiciales que se reabrieron en el período kirchnerista contra militares y civiles acusados de violaciones a los derechos humanos. Argumentaron que esos procesos “fueron materializados con el único fin de mantener vivo el odio, la discordia y los millonarios negociados llevados adelante, hasta el día de hoy, bajo su amparo”.

A su vez, las entidades señalaron que la baja “alcanza a muchos oficiales que tenían grados subalternos al momento de los hechos, algunos de los cuales fueron condecorados por el valor en combate en la Guerra de Malvinas”, en referencia al coronel Losito. También advirtieron que, al afectar la jubilación de retiro, “deja en la indigencia a adultos mayores viudos de un ingreso alimentario generado en base a aportes que no pueden ser confiscados”. Agregaron que los fundamentos de la resolución citan tratados internacionales que, según su postura, “nada disponen respecto de la baja de personal militar y la quita de haberes”, recordando que la baja militar está contemplada en la ley 19.101, vigente desde 1971 para el personal de las Fuerzas Armadas.

“Se trata de otra de las lamentables consecuencias de la ilegal reapertura de estos juicios contra el personal militar, de fuerzas de seguridad y de fuerzas policiales que combatieron el terrorismo en los años 70, así como civiles incluidos en esos procesos”, concluyeron las entidades.

Por su parte, el general José Luis Figueroa, presidente del Foro de Generales Retirados, lamentó la “decisión administrativa” y sostuvo: “Esta destitución no es solo un acto administrativo; es un mensaje claro a todos los que sirvieron y sirven a la Nación: el sacrificio por la Nación será ignorado si no se ajusta al relato del momento”. Expresó que la medida “afectó a quienes dieron todo por la Nación y profundizó las heridas ya abiertas” y añadió: “Un gobierno que asumió con todas las expectativas sectoriales favorables debe recuperar la credibilidad de esta parte de los argentinos, colocando esta problemática en agenda, definirse y darle una respuesta política acorde a sus manifiestas convicciones que compartimos”.

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Figueroa recordó que “las consecuencias de toda guerra, más interna, requiere una solución política, como en su tiempo lo hicieron Raúl Alfonsín y Carlos Menem, colocándose por encima del enfoque parcial y especulativo que luego adoptaron los Kirchner, que hoy orienta los aspectos políticos y jurídicos del Estado en este aspecto”.

La Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA), a través de su referente Cecilia Pando, también emitió un duro comunicado titulado “Una resolución que desgarra el alma”. Sostuvo que la decisión “se basa en un pedido del Ministerio Público Fiscal efectuado en el mes de octubre del 2024 en base a tratados y convenciones internacionales de derechos humanos a los cuales estaría obligado nuestro país”.

Señaló que la disposición “sumó a la vergonzosa condena judicial por delitos inexistentes en el momento de los hechos, la actual baja de la institución a la cual consagraron sus vidas”. Pando consideró que la sanción “desgarra el alma por tratarse de un gobierno que ha hecho de la batalla cultural contra el progresismo marxista el fundamento espiritual de su gestión” y añadió: “No se comprende que autoridades del Poder Ejecutivo se arrodillen sin vergüenza y sin ninguna resistencia a los pedidos ilegítimos de la corporación judicial”.

AFyAPPA, junto con otras organizaciones como la Asociación de Abogados Defensores de los Derechos Humanos de Latinoamérica, la Unión de Promociones, la Unión de Personal Militar Asociación Civil, la Asociación de Veteranos de Guerra contra el Terrorismo y el Centro de Estudios Salta, exigió “el cierre definitivo de esta tragedia” y exhortó al presidente Milei y al ministro Petri a “no destruir nuestras esperanzas”.

Redacción

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