PROBLEMAS EN OCA | Objetan el desembarco de un holding vinculado con Cristóbal López

El Grupo Clear pretende quedarse con la compañía, pero se cuestionaron los seguros de caución presentados.
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La sindicatura, los liquidadores y algunos acreedores dificultaron la llegada del Grupo Clear, relacionado a Cristóbal López, en OCA. Las autoridades refutaron los seguros de caución que presentó el holding, ya que infringen los requisitos que el juez de la quiebra fijó para entregar las llaves.

González Pedroso (rostro visible del Grupo Clear), anunció que los seguros se emitieron con tres firmas, Prudencia, Premiar y Gestión, por un total de $141,75 millones; es decir, el equivalente a US$1,5 millón al tipo de cambio del Banco Nación al 25 de febrero pasado, el día previo a la fecha en que se emitieron esas cauciones.

Sin embargo, el juzgado debe rechazar los seguros que exhibió el Grupo Clear como adjudicatario de OCA ya que incumple con las requerimientos que el propio juez Tejada le impuso, para luego exigirle que los reformule.

Cristóbal López

La síndica María del Luján Ostojich presentó varias objeciones:

  1. Las tres aseguradoras asumieron la responsabilidad por separado y no solidariamente, de acuerdo con un determinado porcentaje: Premiar (45,68%), Prudencia (33,16%) y Gestión (21,16%).
  2. El Grupo Clear solo presentó en tribunales la póliza correspondiente a Prudencia, más no las otras dos.
  3. Aunque el juzgado exigió que la caución fuera emitida por aseguradoras de “primera línea”, ninguna de las tres se coloca entre las diez mejores: Gestión (12°), Prudencia (18°) y Premiar (48°).
  4. La póliza se emitió en pesos, al valor que tenía US$1,5 millón a fines de febrero, cuando debería equivaler al valor del dólar al 30 de junio próximo. “Habida cuenta”, afirmó que la cotización “sufre incrementos diarios […] resultaría insuficiente para cubrir el importe del pago del saldo del precio para la fecha prevista del traspaso de los activos”.

A estas observaciones, los enajenadores designados en la quiebra, Alicia Kurlat y Carlos Tabasco, agregaron otras:

  1. Cada compañía aseguradora debería acreditar su solvencia “para hacer frente al riesgo asegurado por ellas en caso de que se produzca un incumplimiento”.
  2. Como parte del Grupo Clear, la firma Clear Urbana SA “debería constituirse en co-tomadora junto con Clear Petroleum SA”.
  3. El monto asegurado por US$1,5 millón “debe expresarse en esa moneda” para que pueda pagarse en pesos cuando llegue el momento “o cubrirse de otro modo el riesgo cambiario excluido en la cobertura ofrecida”.

Paralelamente, las dos firmas acreedoras de OCA igualmente objetaron la movida del Grupo Clear tras considerar que pone en riesgo sus posibilidades de cobrar su deuda. Las firmas Latin American Postal Acquisitions LLC y Latin American Postal Acquisitions II LLC sustentaron que el seguro de caución debió emitirse en dólares, no en pesos; y que Prudencia Seguros no es una firma “de primera línea”. Por ese motivo, le solicitaron al juzgado que “se rechace la póliza de caución” que presentó y que “se intime a Clear Petroleum S.A. a presentar una nueva póliza, de una aseguradora de primera línea y cuya suma asegurada se encuentre expresada en dólares”.

Ahora, el juez Tejada deberá evaluar las presentaciones y, llegado el caso, intimar al Grupo Clear para que responda las objeciones, para luego tomar una decisión.

Los desembolsos

¿Qué ofreció el Grupo Clear a fines de año para quedarse con OCA? Pagar un adelanto en pesos equivalente US$5.280.000 al valor del tipo de cambio cambio del 23 de octubre pasado, más otro pago en pesos por el equivalente a US$ 1,5 millón a fines de agosto próximo, y un “precio fijo en contingencia” por otros US$ 18,5 millones para conformar así una oferta global por US$ 25.800.000.

El Grupo Clear no deberá precisamente desembolsar esos US$18,5 millones. En su reemplazo, según mostró el juzgado, podrá constituir por esa suma “una garantía bancaria de primera línea, autorizada por el BCRA o un seguro de caución emitido por una compañía de primera línea, de reconocida y acreditada solvencia”.

Considerada la empresa postal privada más grande del país, con miles de empleados (5.800 figuran como afiliados al gremio de los Camioneros), OCA quedaría bajo control del Grupo Clear.

El Grupo Clear está compuesto por dos empresas patagónicas, Clear Urbana SA y Clear Petroleum SA, en las que es posible encontrar a Juan Ignacio González Pedroso, Alberto Destefanis y Gustavo Lupiano, tres ejecutivos que durante años trabajaron con Cristóbal López, con sus hijos, y con Fabián de Sousa en el Grupo Indalo.


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El acosador sexual Pedro Brieger cobró una indemnización del Estado de $78 millones

Radio y Televisión Argentina (RTA) terminó de pagar a fines del año pasado una indemnización de $ 78 millones al periodista Pedro Brieger, tras un acuerdo extrajudicial vinculado a su reclamo por despido. Brieger se consideró despedido de los programas en los que participó durante poco más de 10 años en la TV Pública y Radio Nacional, hasta abril de 2016, y desde entonces inició un proceso judicial que llegó a la Corte Suprema, donde permaneció más de dos años sin resolución.

Según fuentes judiciales, el entendimiento se alcanzó cuando la causa se encontraba en condiciones de resolverse en la Corte, luego de que RTA apeló una sentencia que consideró “exorbitante y desproporcionada”. En 2023, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó pagarle a Brieger $223,84 millones, una cifra que RTA cuestionó por el modo de cálculo de los intereses.

En primera instancia, el juez Alberto Miguel González fijó una condena de $5.873.521, más los intereses correspondientes al período transcurrido entre abril de 2016 y el cobro del fallo. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones del Trabajo modificó la tasa de interés y dispuso que se aplicara el “Acta CNAT 2764”, que hasta fines de agosto de 2023 arrojó una tasa del 3.711%, lo que elevó el monto a $223,84 millones.

RTA apeló ante la máxima instancia judicial. La apoderada de la empresa estatal, Silvia Touceda, sostuvo que la aplicación de esos intereses “tendría como resultado la cifra exorbitante y desproporcionada de $223.844.085”. En su planteo, afirmó que, con otros criterios, la suma habría sido menor: indicó que, si se aplicaba la tasa activa efectiva anual vencida del Banco Nación, los intereses alcanzaban el 416% y la indemnización quedaba en $30.333.792, mientras que, con una tasa de interés simple del 268%, correspondía $21.626.307.

Fuentes judiciales explicaron que “el Acta 2764 de cálculo de intereses es muy gravosa para las empleadoras, ya que capitaliza anualmente los mismos. Esa decisión, implica multiplicar exponencialmente el monto de la misma”. Al momento de firmarse el acuerdo extrajudicial, el recurso presentado ante la Corte todavía no se resolvió.

En paralelo, la asociación Periodistas Argentinas se presentó ante la Justicia, en julio del año pasado, para pedir una medida cautelar que permitiera embargar la indemnización por despido que Brieger iba a recibir de la TV Pública, que estimaron en $335 millones, y así garantizar la “reparación efectiva” de las mujeres que denunciaron acoso y agresión sexual. La solicitud se hizo en nombre de 19 mujeres que, según ese colectivo, “han sido víctimas de acoso y agresión sexual en contexto laboral y académico” por parte del periodista, a lo largo de 30 años.

Pese a ese reclamo, RTA decidió cerrar el acuerdo extrajudicial y pagarle $ 78 millones en tres cuotas, con la última en diciembre de 2025. Tras conocerse el pago, Periodistas Argentinas aseguró: “TV Pública logra acuerdo extrajudicial con Pedro Brieger y paga $78 millones de indemnización por despido. Así Brieger eludió la cautelar presentada por Periodistas Argentinas para la reparación efectiva de 19 víctimas de acoso sexual”.

Las denuncias públicas contra Brieger se conocieron en medio del trámite judicial por su indemnización. Fuentes judiciales señalaron que cuando RTA apeló en 2023 todavía no se conocían los casos de acoso sexual. En ese contexto, una discusión pública entre la periodista Cecilia Guardati y Roberto Navarro (dueño de El Destape) incluyó la frase: “El problema es que Pedro Brieger es un acosador sexual”. Ese señalamiento dio origen a una investigación que derivó en la difusión de los primeros casos y en la respuesta del periodista.

En 2024, la investigación del periodista Alejandro Alfie, de Clarín, difundió testimonios de conductoras y productoras que relataron situaciones abusivas. Periodistas Argentinas denunció judicial y públicamente los acosos y presentó en el Congreso un informe de 19 víctimas, entre las que mencionó a una vecina del barrio de Belgrano, dos alumnas de TEA, una estudiante de la Universidad de La Plata, una ex alumna, dos periodistas de la TV Pública, una egresada del doctorado de Ciencias Sociales de la UBA, una agente de prensa de una asociación civil, una estudiante de Ciencias Políticas, dos reporteras, una ayudante de cátedra y una columnista radial.

En ese marco, Guardati describió uno de los primeros casos difundidos: “Conocí a Brieger en 2008 en una cobertura de un viaje presidencial de Cristina Kirchner al norte de África. Yo era corresponsal de la agencia Télam y él trabajaba en la TV Pública. Por una cuestión laboral me pide que le lleve algo a su habitación y cuando llego, tenía la puerta entreabierta y allí se encontraba Brieger desnudo, recostado sobre el respaldo de la cama, tapándose con una sábana, mientras se masturbaba”.

Brieger grabó el 12 de julio de 2024 un video para “pedir perdón” e intentar exculparse. En ese mensaje, afirmó: “Lo que describen existió”, pero “hoy soy otra persona”. Diez días después de la presentación de 19 casos, y tras un pedido de disculpas formulado por la asociación, Brieger publicó un video con disculpas formales y dio crédito a los testimonios, en un cambio de posición respecto de lo que sostuvo el 12 de marzo de ese mismo año, cuando negó los hechos y amenazó con denunciar a un cronista, al diario y a las fuentes.

“SEGUÍS PELOTUDEANDO” | El campeón mundial Emiliano Sordi destrozó a la diputada Celeste Ponce por su nula productividad legislativa

La “batalla cultural” parece ser el refugio predilecto de quienes no tienen mucho que mostrar en los registros oficiales. En las últimas horas, las redes sociales fueron escenario de una patada a la sien que dejó en evidencia la nula gestión de la diputada nacional de La Libertad Avanza, María Celeste Ponce. El encargado de propinar el golpe fue Emiliano Sordi, el campeón mundial de la PFL de 2019, quien no tuvo piedad al cuestionar la labor de la cordobesa.

Misticismo vs. realidad: El sermón de Ponce

Todo comenzó cuando Ponce publicó un video con una encendida defensa de Israel, mezclando interpretaciones bíblicas y afirmando que “defender a Israel es entender la civilización”. La diputada, en un tono místico, llegó a decir: “Jesús no fue asesinado por los judíos, fue asesinado por el imperio romano… El pueblo elegido sigue siendo Israel porque Dios no rompe sus pactos”.

La respuesta de Sordi fue corta y al hueso: “Hola celeste, cuál es el próximo proyecto que vas a presentar? Supongo lo tenes listo, ya que estás perdiendo tiempo en estas pelotudeces”.

Ponce, lejos de responderle mostrando su agenda legislativa, y por atreverse a cuestionar la labor parlamentaria de la mileísta, ésta redobló la apuesta con un video grabado desde el asiento de atrás de un auto, calificando a Sordi como un mediocre: “sólo el mediocre cree que una cosa anula a la otra. Defender a Israel… no es perder el tiempo. Es hacer política en serio“, disparó. Además, intentó ligar al luchador con el discurso de la “entrega de la cultura”, una chicana para intentar asociar al deportista con el kirchnerismo y la tibieza política.

Ante la insistencia de Ponce por justificar su batalla cultural, Sordi no se quedó callado y la remató con una respuesta directa: “¿Y pero los proyectos? Está ahí hace 2 años señora”.

No conforme con eso, el luchador lanzó un RT lapidario para sentenciar la discusión: “Y sigue pelotudeando… Se cree que es influencer, no sabe el puesto que ocupa”.

La gran hipocresía: del plan social a la banca millonaria

El intento de Ponce por dar lecciones de “batalla cultural” choca de frente con el archivo. La diputada intentó desacreditar a Sordi, cuando la realidad es que He-Man (como se lo apoda) ya se enfrentaba a la intervención estatal cuando Ponce era una beneficiaria de subsidios.

En 2019, Sordi saltó a la fama no sólo por su título mundial, sino por su postura frontal contra el Estado argentino que quería pesificarle sus premios y retenerle una fortuna en impuestos. En contraste, como ya reveló Data 24, en 2018 Ponce cobraba el plan social “Hacemos Futuro”. Es decir: mientras el deportista triunfaba producto de su esfuerzo personal y combatía el saqueo estatal, la hoy Diputada vivía del dinero de los contribuyentes.

7 millones mensuales por defender a Bolsonaro + retornos

Para los trabajadores que pagan su dieta de 7 millones de pesos, el aporte de Ponce es inexistente. Según los registros oficiales, en sus dos años de mandato, la legisladora sólo presentó dos proyectos, y ambos son meras declaraciones de repudio sobre la situación política en Brasil (defendiendo a Bolsonaro y criticando a un juez).

A esto se suma la matriz de corrupción que rodea su despacho. Ponce fue denunciada por exigir retornos de sus sueldos a sus propios asesores, una práctica de la vieja política que incluyó el escándalo de un colaborador de 19 años no registrado. A pesar de la gravedad, la Justicia decidió no investigar sus movimientos bancarios, dándole un blindaje judicial que hoy le permite presentarse como una “guerrera de la verdad”.

Delirio místico y oxímoron teológico

El punto máximo de confusión llegó cuando un usuario le recordó a Ponce un polémico tuit de su colega de bloque, Sabrina Ajmechet, en el que afirmaba ser “primero judía, después argentina”.

Lejos de brindar una respuesta coherente con la identidad nacional, Ponce redobló la apuesta con una declaración que desafía toda lógica religiosa: “Yo soy judía, soy cristiana. Un abrazo”.

Esta afirmación es un oxímoron teológico y una contradicción insalvable: no se puede aceptar y rechazar la divinidad de Jesús al mismo tiempo. Mientras el judaísmo sostiene que el Mesías aún no ha llegado, el cristianismo se funda en que ya vino; por ende, esta “neo-teología” de conveniencia demuestra que Ponce no entiende las raíces de la civilización que dice defender. En su afán por dar cátedra de religión en redes, la Diputada terminó confirmando lo peor: ni siquiera ella sabe definir en qué cree, mientras los argentinos le pagan 7 millones de pesos para que juegue a ser una influencer iluminada que no legisla porque se ocupa de “dar la batalla cultural” con sus videos.



*Autor: Augusto Grinner para Data24

GRAN HERMANO FISCAL: Kicillof gastó millones en drones con IA para vigilar a productores y vecinos con el fin de reforzar el cobro de impuestos

Drones dotados con inteligencia artificial surcaran los cielos de Buenos Aires para cazar a los contribuyentes que tengan construcciones sin declarar en propiedades urbanas y rurales.

El pasado 23 de enero, según consta en el Boletín Oficial (licitación 380-1549-LPR25), la gestión de Axel Kicillof invirtió más de $310 millones en ampliar las capacidades de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) para detectar irregularidades que afecten el cumplimiento fiscal. 

El engorde de las arcas estatales del último bastión K se apoya en la más sofisticada tecnología: el sistema se llama “M2” y utiliza algoritmos con inteligencia artificial que detectarán, a lo largo de 55.861 hectáreas de 10 distritos bonaerenses, cualquier ampliación edilicia, cerramientos de balcones, nuevas plantas, piletas, silos, galpones, tanques australianos y movimientos de tierra que indiquen nuevas explotaciones o mejoras.

La técnica, según difundieron las autoridades del Gobierno provincial, se apoya en relevamientos fotogramétricos que generan una reconstrucción 3D del terreno y ortomosaicos con resolución de hasta 5 centímetros por píxel. En términos simples, cada “cuadradito” de la imagen representa 5 cm del suelo, lo que permite distinguir bordes y modificaciones que una satelital estándar suele perder.

– La cobertura anunciada por ARBA incluye zonas rurales y periurbanas de Mercedes, Junín, Chivilcoy, Tandil, Azul, Olavarría, Tres Arroyos, Lobos, Saladillo y Chascomús

La medida orwelliana se enmarca en un contexto delicado para el campo. La política fiscal de los últimos años registró severos aumentos en el impuesto inmobiliario urbano y rural. Para 2024, la ley Impositiva contempló aumentos que alcanzaron hasta el 200% para casi la totalidad de las propiedades bonaerenses, con escalas superiores para patrimonios más elevados. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) advirtieron que, sumando coeficientes adicionales, el incremento efectivo podía rondar el 34,4 por ciento respecto del período anterior.

ESCÁNDALO EN EL SENADO: la hija de Jorge Capitanich cobra más de $2,1 millones de la Cámara alta

El senador K Jorge Capitanich se encuentra en el centro de una nueva polémica por nepotismo tras revelarse que su hija, María Guillermina Capitanich, percibe más de $2 millones mensuales como personal de planta transitoria en el Senado.

Según el portal Border Periodismo, la joven fue designada con la categoría A-1, la más alta del escalafón. Desde el entorno del legislador defendieron el nombramiento señalando que la joven está “altamente formada”, tiene experiencia previa en el Congreso y es una “persona de confianza del senador”.

La filtración de los datos de Recursos Humanos de la Cámara Alta reavivó los cuestionamientos sobre la trayectoria del exgobernador de Chaco, marcada por denuncias de irregularidades administrativas. Críticos de diversos espacios señalan una práctica frecuente de “designaciones y nombramientos que privilegiaban a personas cercanas, familiares o militantes afines”.

Además, Capitanich fue acusado en el pasado de gestionar “pensiones especiales” para familiares, como en el caso de la inscripción de su madre como residente provincial para evitar costos médicos.

El marco de sospechas se intensificó tras su paso por el Ejecutivo chaqueño, cuando la actual administración denunció que recursos destinados a sectores vulnerables terminaron “en manos de familiares de dirigentes de organizaciones sociales afines”, mencionando el caso del matrimonio Sena.

Por su parte, el legislador siempre negó que estas críticas respondan a prácticas irregulares. En diversas oportunidades, Capitanich argumentó que estas acusaciones se trataban de “campañas negativas” impulsadas por sus adversarios políticos con el objetivo de desgastar su imagen pública, especialmente durante periodos electorales.

Denuncian penalmente a la armadora de Sebastián Pareja por usar datos privados de discapacitados para la campaña

Crece el escándalo por el uso del padrón de la Agencia de Discapacidad (Andis) para hacer “territorio” durante campaña legislativa 2025 por parte de armadores que responden a Sebastián Pareja en el sur de la provincia de Buenos Aires

Ahora, en el municipio de Tres Arroyos presentaron una denuncia penal pidiendo que se investigue el posible delito de acceso ilegítimo y revelación indebida de datos por parte de dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) en la Sexta sección.

Es por la filtración de chats del grupo de WhatsApp de LLA en la Sexta donde la responsable seccional, la actual concejal bahiense Franca Grippo Harrington, propuso usar el padrón del programa Incluir Salud para hacer “territorio”. Eso, dos meses antes de que estallara el caso de las coimas en la Andis.

En esos mensajes, Grippo reconoció que el material que tenía en manos era información reservada que le habían dado en papel y que tenía previsto entregar en mano a quienes vayan a la inauguración de un local libertario en Tres Arroyos, días más tarde . “No quieren que ande circulando”, admitió.

Frente a esas filtraciones, en el municipio de Tres Arroyos a cargo del massista Pablo Garate formularon una denuncia penal ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº16 para que se investigue si hubo distribución y uso proselitista de datos de personas con discapacidad en el distrito por parte de dirigentes de LLA.

Una de las denunciantes, la coordinadora del Área de Discapacidad de Tres Arroyos, Andrea Elgart, dijo que, mientras eso sucedía con Grippo y su gente, “más de 1.100 personas en la Sexta sección estaban siendo sometidos a las auditorías de la Nación, que es un proceso cruel por las pensiones”.

Al denunciar una “agenda de la crueldad” por parte del gobierno libertario en materia de discapacidad, Elgart sostuvo: “Mientras había gente en todo el país tratando de no perder 300 mil pesos, había gente distribuyendo esos datos para hacer proselitismo”.

Grippo, que encabezó la lista de concejales de La Libertad Avanza en Bahía Blanca, es una de las personas más cercanas a Sebastián Pareja en el sur de la provincia.

De linaje estanciero por parte de madre, Grippo Harrington es nieta y bisnieta de dos ex intendentes bahienses y es delegada por Tornquist de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Incluso, fue quien armó la visita de Nicolás Pino a Bahía en medio de la campaña.

Ahí, llamó la atención que algunos videos de la recorrida de Pino por la Expo Rural bahiense se hayan difundido con el sello La Libertad Avanza, ligando directamente al titular de la SRA con la campaña del Gobierno.

Como armadora de Pareja en la Sexta, Grippo Harrington mantiene el control de oficinas de Pami y Anses en Bahía y la región, donde, desde 2024, se multiplicaron los reclamos por delegaciones cerradas y problemas en la atención.

En ese marco, además de poner a disposición el padrón de uso confidencial de la Andis, Grippo Harrigton les propuso a los referentes locales bajo su mando colar gente en la Anses por medio de la empresa de limpieza Linser. “Podemos capitalizar esto nosotros”, dijo la coordinadora en las filtraciones.


*Fuente: LaPolíticaOnLine

Ritondo votó la baja de imputabilidad: “Se terminó el tiempo donde el Estado mira con cariño al victimario y le da la espalda a la victima”

La iniciativa de bajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años (Milei pretendía que llegue a los 13) obtuvo media sanción en Diputados. La extensa sesión culminó con 149 votos afirmativos y 100 negativos. Ahora, la reforma del Régimen Penal Juvenil será tratada por el Senado el 26 de febrero buscando convertirse en ley.

Según un relevamiento de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se iniciaron causas penales contra 1.788 menores de entre 6 y 18 años sólo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La mayoría (81,4%) correspondió a delitos contra la propiedad, le siguieron delitos contra la integridad sexual (el 32,1%), contra la administración pública (el 27,8%), contra las personas (el 8%) y contra la libertad (el 8%).

Del universo de menores, el análisis por edades muestra que el año pasado el 55,2% de los involucrados tenía entre 16 y 17 años al momento del hecho, mientras que un 40,8% tenía entre 13 y 15 años. Un 4% de las causas involucró a niños de 12 años o menos. 

– Informe estadístico del primer semestre de 2025 de Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

En las gradas también hubo presencia de familiares de víctimas, que siguieron la sesión desde el recinto y reclamaron que el Congreso avance con una respuesta penal ante crímenes cometidos por menores de edad.

El debate devino en las más variadas y polarizadas opiniones, tanto en las redes como en el propio recinto. La izquierda y el kirchnerismo fueron los principales detractores de la medida. El apoyo vino del oficialismo, el PRO, la UCR Provincias Unidas y bloques provinciales.

Para Cristian Ritondo el debate fue necesario. La política, dijo, se está “postergando desde hace décadas. La ley que tiene cerca de 50 años, para un país que ya no existe, para un delito que ya no existe, para una violencia desbordada”.

“El falso garantismo le regaló a estos chicos delincuentes un certificado de impunidad”

El presidente del bloque PRO en diputados recordó que, hace dos décadas, Jorge Capitanich ya había impulsado una iniciativa para fijar la imputabilidad en los 14 años y, a modo de ejemplo, señaló que durante su paso por el Ministerio de Seguridad bonaerense la discusión también estuvo presente: tanto su antecesor, Alejandro Granados, como quien lo sucedió, Sergio Berni, ambos de peronistas, se habían pronunciado en similar sentido.

Advirtió que la reforma no se agota en “cambiar el número” (de edad) en el Código Penal. Por sí sola, consideró, la baja de la imputabilidad no alcanza para resolver el problema y planteó que el fenómeno es más amplio, con redes delictivas que reclutan adolescentes porque saben que el Estado les entrega un “certificado de impunidad”. Según describió, esos chicos terminan siendo “carne de cañón”, mientras que el “falso garantismo” bloqueó durante años la posibilidad de discutir y encarar el tema de fondo.

En otro pasaje, recurrió a una ironía para tensar el intercambio. Citó la frase de Juan Domingo Perón “el trabajo dignifica” y dijo que le resultó impensado escuchar en el recinto razonamientos que, a su entender, terminan relativizando la conducta delictiva, de ahí su remate sobre “un legislador” que “dice que la delincuencia dignifica”.

– Familiares que reclamaban por la baja de la edad de imputabilidad estuvieron en la sesión en Diputados

Planteó que el eje de la discusión tiene que escaparle a los simplismos ya que “la responsabilidad penal sin garantías es arbitraria”, sostuvo, aunque remarcó que el reverso también existe, porque “garantía sin responsabilidad es impunidad”. Desde esa premisa, insistió en que el desafío es abordar el problema de manera integral, con un régimen que contemple la infraestructura, la educación y el contexto familiar y barrial, pero sin eludir el momento en que el Estado debe tomar decisiones “sensatas” y dotarse de herramientas.

Al justificar por qué 14 y no una edad menor, dijo que no se trata de una bandera ideológica sino de “prudente” criterio “científico” y de “realismo institucional”. Señaló que no hay consenso sobre una comprensión criminal plena a los 12 o 13 años y agregó que la capacidad real del Estado también impone límites, porque bajar la edad amplía el universo alcanzado por el sistema penal juvenil y exige dispositivos concretos, desde lugares adecuados hasta docentes, psicólogos, jueces y fiscales capacitados. En ese marco, advirtió que hablar de “14, 16, 13 o 12 años no es como subir y bajar la temperatura de un aire acondicionado”, porque supone decidir si el Estado puede intervenir de forma efectiva para recuperar a un chico y reinsertarlo.

Sobre el cierre, sostuvo que la reforma es una herramienta “más que necesaria” tanto para combatir el delito como para “recuperar a los chicos”, y retomó una definición de enfoque al afirmar que “se terminó el tiempo donde el Estado mira con cariño al victimario y le da la espalda” a la víctima. Además, homenajeó a Luis Mora, padre de Martín Mora Negretti, asesinado en junio de 2022 de madrugada tras ser atacado a puñaladas por dos mayores acompañados de dos menores de 13 y 14 años mientras esperaba un transporte con amigos, y le dedicó un mensaje directo al asegurar que “hoy estamos cumpliendo con él”.

HUMOR por Argüelles​

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