Por qué los gremialistas de Aerolíneas Argentinas BOICOTEARON el acuerdo con Pfizer

La verdadera historia de los viajes a China y Rusia, y el rol de Pablo Biró.

28/12/2020

*Por: Luis Gasulla

Varias fuentes de Aerolíneas Argentinas aseguraron que, parte de la falta de acuerdo con Pfizer, provino de la presión que ejerció el gobierno Nacional para que la aerolínea de bandera, en conjunto con la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) –en línea con el kirchnerismo– fuese la encargada de traer al país y distribuir a las provincias las vacunas.

No fue el único motivo por el que el gobierno argentino terminó cerrando negociaciones con Vladimir Putin por la vacuna rusa pero fue fundamental para que Pfizer comenzase a cansarse de conversar con el ministerio de Salud argentino.

Es que el gremio de APLA –Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas- puso como condición al gobierno de Alberto Fernández que las vacunas llegasen al país por Aerolíneas Argentinas. Los norteamericanos no querían saber nada al respecto pues, históricamente, trabajan con DHL. Se trata de la empresa de paquetería más importante a nivel mundial cuya sede principal opera en Alemania. Nacida en San Francisco, Estados Unidos, en 1969, ofrecen el sistema más seguro y económico para envíos de mercaderías de estas características. Biró y sus socios en el monopolio de Aerolíneas no quisieron escuchar razones y se adueñaron de un negocio que implica un aumento del presupuesto en horas extras para el personal en un año, el que se va, en que los sueldos de los pilotos y el personal de la empresa, perdió contra la inflación.

Se trata de una de las condiciones “inaceptables” de las que habló el ministro Ginés González García cuando criticó los pedidos del gigante de los laboratorios farmacéuticos.

El show de la vacuna

Una de las primeras imágenes que se conoció del regreso del avión de Aerolíneas con las 300 mil dosis de la vacuna rusa, desde Moscú, fue la del llanto de la azafata Mónica Herreros de 41 años dentro de la empresa, emocionada por la “hazaña”. La azafata del llanto es oriunda de Corrientes, nació en la capital, y vivió en el barrio Berón de Astrada. En una entrevista reciente a El Litoral, Herreros comentó: “Yo salí de Camba Punta (hoy el aeropuerto Gobernador Fernando Piragine Niveyro) con muchas emociones e ilusiones que es con las mismas ilusiones con la que realicé este viaje a Rusia”. En la misma entrevista, Herreros contó que pudo conversar con el presidente Alberto Fernández, mediante una entrevista que brindó a un medio de Buenos Aires. “Nos cruzaron al aire y el Presidente nos dedicó de su tiempo y nos agradeció por traer las vacunas, que son una esperanza para todos”. Herreros aseguró que no tiene nexos con el gobierno Nacional. Pero si a los hechos, y al “relato kirchnerista” nos basamos, no todo lo que reluce es oro.

Herreros está casada con José “Pepe” Ángel Faggiolani, excomandante de Aerolíneas Argentinas (A340-200), ex gerente de Operaciones de la compañía (durante la gestión Mariano Recalde, pero más precisamente desde fines de 2011) y nexo con APLA. Tras las elecciones presidenciales del 2019, su nombre se había instalado como posible titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Y no era de extrañar. Es que Faggiolani es nativo de Santa Cruz. Su estrecho vínculo con la vicepresidente, Cristina Fernández de Kircher, data de la época de Néstor Kirchner; porque fueron compañeros de secundaria.

Faggiolani fue cómplice de encubrir un hecho de corrupción en Aerolíneas Argentinas, durante la gestión de Mariano Recalde, durante 2009. En aquel entonces, la empresa estatal perdía millones de pesos por día y se avecinaba un nuevo escándalo. La aerolínea de bandera había gastado una fortuna (en dólares) para que 15 pilotos, junto a sus esposas o pareja, viajasen a Nueva Zelanda, con el objetivo de entrenar en un simulador de vuelo. El problema radicó en que en Ezeiza existía uno exactamente igual. ¿El responsable? Daniel Biró, hermano de Pablo Biró, quien está al frente de APLA. Tras los acontecimientos narrados, se pidió que Daniel Biró sea separado de sus funciones. Obviamente eso no iba a suceder. Nunca. Las amenazas de paros, por parte de APLA, sumado a un fuerte comunicado del gremio, firmado entre otros por Faggiolani, apoyando al dirigente hicieron que todo quede entre bambalinas. Nada sucudió.

A Herreros y Faggiolani no solo los une el “amor”. Juntos conformaron una sociedad de responsabilidad limitada (SRL), denominada “Kape Aike SRL”, según consta en el Boletín Oficial de la República Argentina (BORA) del 4 de abril de 2016 (aunque la empresa fue creada en 2004). El domicilio registrado en Migueletes 1.054, piso n°25, departamento “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Ambos declararon que el objeto de la compañía es la “explotación del turismo en todos sus aspectos […]”. Herreros figura como socia gerente.

Además, Herreros conformó otra sociedad en 2010, con Silvia Liliana Herreros, denominada “Punta Pecarita SA”, según consta en el BORA del martes 27 de abril de 2010. El domicilio registrado es Maipú 464, piso n°4, unidad n°99, de la CABA. El objeto de la sociedad anónima es: “construcción, refacción, y remodelación de obras públicas o privadas; compra, venta, permuta, locación y explotación de inmuebles urbanos o rurales; prestación de todo tipo de servicios inmobiliarios y relacionados a la construcción”. Mónica Herreros es la presidente y Silvia Herreros la directora suplente.

Faggiolani, en una entrevista a Radio Nacional el 16 de abril de 2020, confesó: “Me hubieste gustado sumarme a este vuelo”. Además, expresó que era casi una “operación militar”. Ambas declaraciones con respecto al primer viaje a Shangai, China. En ese viaje, y según fuentes oficiales, se trajeron 13 toneladas de insumos críticos compuestos por material sanitario y de protección, para las tareas de prevención contra el Coronavirus. Faggiolani se comunicó con el piloto antes de partir para agradecerle muchísimo lo que estaban haciendo por el país y le deseó muchísima suerte para el viaje. El vuelo que partió desde el aeropuerto de Ezeiza, con una escala técnica en Auckland, Nueva Zelanda, para finalmente aterrizar en Shangai, trajo de regreso los insumos, pero, según fuentes de la compañía, ningún respirador y, además, regresaron con papel moneda.

A China viajaron Eduardo Ravera, Juan Pablo Mazzieri, Fernando Carrea, Miguel Ángel Dimoulas, Víctor Saavedra, Eduardo García, Guillermo Masnata, Nicholas Daich, Guillermo Granada, Víctor Mantello, José María Aguer y el infaltable Pablo Biró en persona. En Moscú, la bolilla del sorteo les volvió a tocar a Ravera, Mazzieri, Rossi, García y, nuevamente, Biró. Los videos exclusivos que subió a sus redes sociales una conductora de C5N, desde la cabina, aparecía el piloto militante Mazzieri. En las redes sociales de la tripulación se observa que la militancia garpa bien.

En la “Operación Moscú”, previo a la Nochebuena del 2020, Aerolíneas sumó 18 personas a su tripulación. Periodismo y Punto accedió a los listados de los tres comandantes, seis copilotos, dos comisarios, un jefe de cabina y seis auxiliares entre ellos la “emocionada” azafata Herrero que pisaron suelo soviético. El listado fue diseñado por el sindicalista Pablo Biró en persona, lo que postergó unas eternas horas que demoraron el viaje hacia las tierras de Putin.

Entre los que participaron del operativo se encontró un equipo técnico del canal de Cristóbal López y Fabián De Souza –una suerte de Televisión Pública “privada”-. Un detalle peculiar es que uno de los pilotos apareció en cámara con unas medias con el logo de esa emisora –C5N-. Militancia al palo. No sólo se hicieron barbijos para la posteridad para recordar la fecha de la “hazaña” sino también medias con el logo del canal de la Venganza. Aprendices de Guillermo Moreno y sus globos con “Clarín Miente” en el INDEC del 2008.

*Fuente: Periodismo y Punto

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SALUD | La crisis se agiganta con una denuncia por extorsión contra funcionario de Kreplak

Redacción 2 de marzo de 2026

La dirección de Emergencias y Catástrofes, dependiente del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que conduce Nicolás Kreplak, atraviesa una etapa de fuerte turbulencia interna. El área —clave en la coordinación del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES)— enfrenta renuncias de profesionales, reestructuraciones controvertidas y una denuncia penal que involucra directamente a su titular.

El conflicto se da en el marco de la gestión provincial actual y expone tensiones en un área estratégica para la respuesta sanitaria ante emergencias y catástrofes.

La base del exhospital Naval y el reordenamiento interno

Uno de los cambios más significativos en la estructura operativa de la dirección de Emergencias y Catástrofes fue la instalación de una base en un sector cedido por el exhospital Naval. Desde allí funciona parte del despliegue logístico de emergencias provinciales.

Sin embargo, según pudo reconstruir el portal REALPOLITIK a partir del testimonio de profesionales del área, las condiciones edilicias del lugar serían críticas. “El exhospital Naval le cedió una parte a la dirección para la base de ambulancias del SIES. Está en estado deplorable, es donde duermen choferes, enfermeros y médicos”, relataron fuentes con años de antigüedad en el servicio.

*– Basura al descubierto y el improvisado sistema de ventilación*

Según la descripción, los baños centrales no cuentan con duchas y solo dos habitaciones cuentan con dicho servicio básico, mientras que el resto del personal “no tiene forma de higienizarse”. “A veces en los techos se escuchan ratas”, agregaronó. Además, explicaron que esos espacios originalmente eran depósitos y “nunca estuvieron destinados a albergar personal”.

En paralelo, el reordenamiento interno habría profundizado tensiones preexistentes: “Sacaron al coordinador que teníamos porque no les gustaba que tuviera buena relación con el personal. Dos médicos renunciaron, otros dos se fueron y el clima es cada vez peor”, aseguraron profesionales.

*– Los dormitorios están conformados por económicas estructuras de pino y, en algunos casos, sin luz*

En el mismo sentido, señalaron que la situación impactó también en personal vinculado a la Unidad de Terapia Intensiva Móvil (UTIM): “Personalmente hace más de 15 años que trabajo ahí y la estoy pasando muy mal”, agregó una profesional, que continúa en funciones y pidió reserva de identidad.

Otro de los puntos señalados tiene que ver con el manejo de los recursos del SAMO. “Cobramos dos veces SAMO, pero no sé qué hacen con la plata, no hay control”, confió un trabajador, dejando entrever posibles irregularidades administrativas. Asimismo, indicó que el personal de ambulancias no está encuadrado bajo el régimen de trabajo por insalubridad, a diferencia del personal hospitalario, pese a tratarse —según explicó— de una tarea “mucho más insalubre y peligrosa”.

*– Baños con duchas improvisadas y el menú del día*

Conducción y designaciones cuestionadas

Las críticas también alcanzan al estilo de conducción del área. “Se maneja como patrón de estancia, diciéndote cosas como ‘si no te gusta ahí está la puerta’ o ‘lo hacés porque lo digo yo’”, afirmó la médica.

Según su testimonio, Chaparro Fresco —quien proviene del IOMA— habría incorporado médicos reguladores que “nunca trabajaron con nosotros y les falta capacitación”, pese a que su función es administrar recursos y definir derivaciones en situaciones críticas.

“Están en el ministerio sentados en oficinas”, sostuvo. Como ejemplo mencionaron que una de las médicas reguladoras es neonatóloga, lo que no se ajustaría a la dinámica general de emergencias.

Operativos bajo tensión

Las críticas internas no se limitan al funcionamiento administrativo. Por caso, durante los operativos desplegados en Bahía Blanca por las inundaciones, fuentes consultadas señalaron episodios que generaron incomodidad en parte del personal.

Según los relatos, durante los recambios de equipos cada tres días se realizaban encuentros que incluían celebraciones y expresiones político-partidarias, más propias de militantes que de profesionales de la salud. Si bien estos hechos no forman parte de ninguna denuncia judicial, reflejan un clima de fuerte fragmentación interna en un área que debería operar bajo estrictos criterios técnicos y sanitarios.

Chaparro Fresco, denuncia y antecedente

En paralelo al conflicto operativo, se radicó una denuncia penal por presunta extorsión contra el actual director del área, Jerónimo Chaparro Fresco. La presentación quedó registrada en el ministerio Público Fiscal de La Plata y ya cuenta con número de expediente.

Según pudo saber este medio, la denuncia se originó luego de que el funcionario amenazara a una médica con iniciarle un sumario administrativo si no renunciaba a su trabajo. “Me amenazó con un sumario si no me iba”, afirmó la médica.

*– La denuncia por extorsión contra Jerónimo Chaparro Fresco*

Además de la presentación penal, la profesional indicó que también realizó una denuncia ante el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, en la comisión de Violencia y Ética. “La denuncia está en fiscalía, no sé en qué instancia”, aseguró.

El nombre de Chaparro Fresco no es nuevo en el ámbito sanitario bonaerense. Durante su paso por el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), bajo la gestión de Homero Giles, ya había sido mencionado en investigaciones vinculadas a conflictos con clínicas privadas.

Vale recordar que, en diciembre de 2022, REALPOLITIK publicó una investigación sobre denuncias penales contra directivos del instituto en el marco de presuntas presiones económicas a sanatorios. En aquel expediente también figuraba su nombre.

Silencio oficial

Mientras todo esto ocurre, profesionales del área advierten que la crisis impacta directamente en la operatividad del sistema de emergencias en territorio bonaerense, en un contexto donde la coordinación entre el SIES, el Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO) y los hospitales resulta clave para la atención de situaciones críticas.

El conflicto en Emergencias se suma así a un escenario más amplio de cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema sanitario provincial, que en los últimos años tuvo como eje de debate la destrucción del IOMA, la obra social del estado bonaerense que mantiene presos y sin alternativas a sus afiliados.

En distintos sectores del ámbito médico se habla de un progresivo deterioro institucional y de una creciente politización de estructuras técnicas. Las críticas apuntan a designaciones realizadas por afinidad política antes que por trayectoria profesional, en un proceso que algunos trabajadores describen como “camporización” de áreas sensibles del estado.

La dirección de Emergencias y Catástrofes, por su rol estratégico en la atención de desastres y situaciones críticas, no queda al margen de ese debate. En un sistema donde cada decisión impacta directamente en la salud de miles de bonaerenses, las denuncias internas y el malestar profesional vuelven a poner bajo la lupa el rumbo sanitario de la gestión de Axel Kicillof.

*Fuente: REALPOLITIK

Ritondo votó la baja de imputabilidad: “Se terminó el tiempo donde el Estado mira con cariño al victimario y le da la espalda a la victima”

Redacción 13 de febrero de 2026

La iniciativa de bajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años (Milei pretendía que llegue a los 13) obtuvo media sanción en Diputados. La extensa sesión culminó con 149 votos afirmativos y 100 negativos. Ahora, la reforma del Régimen Penal Juvenil será tratada por el Senado el 26 de febrero buscando convertirse en ley.

Según un relevamiento de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se iniciaron causas penales contra 1.788 menores de entre 6 y 18 años sólo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La mayoría (81,4%) correspondió a delitos contra la propiedad, le siguieron delitos contra la integridad sexual (el 32,1%), contra la administración pública (el 27,8%), contra las personas (el 8%) y contra la libertad (el 8%).

Del universo de menores, el análisis por edades muestra que el año pasado el 55,2% de los involucrados tenía entre 16 y 17 años al momento del hecho, mientras que un 40,8% tenía entre 13 y 15 años. Un 4% de las causas involucró a niños de 12 años o menos.

*– Informe estadístico del primer semestre de 2025 de Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación*

En las gradas también hubo presencia de familiares de víctimas, que siguieron la sesión desde el recinto y reclamaron que el Congreso avance con una respuesta penal ante crímenes cometidos por menores de edad.

El debate devino en las más variadas y polarizadas opiniones, tanto en las redes como en el propio recinto. La izquierda y el kirchnerismo fueron los principales detractores de la medida. El apoyo vino del oficialismo, el PRO, la UCR Provincias Unidas y bloques provinciales.

Para Cristian Ritondo el debate fue necesario. La política, dijo, se está “postergando desde hace décadas. La ley que tiene cerca de 50 años, para un país que ya no existe, para un delito que ya no existe, para una violencia desbordada”.

“El falso garantismo le regaló a estos chicos delincuentes un certificado de impunidad”

El presidente del bloque PRO en diputados recordó que, hace dos décadas, Jorge Capitanich ya había impulsado una iniciativa para fijar la imputabilidad en los 14 años y, a modo de ejemplo, señaló que durante su paso por el Ministerio de Seguridad bonaerense la discusión también estuvo presente: tanto su antecesor, Alejandro Granados, como quien lo sucedió, Sergio Berni, ambos de peronistas, se habían pronunciado en similar sentido.

Advirtió que la reforma no se agota en “cambiar el número” (de edad) en el Código Penal. Por sí sola, consideró, la baja de la imputabilidad no alcanza para resolver el problema y planteó que el fenómeno es más amplio, con redes delictivas que reclutan adolescentes porque saben que el Estado les entrega un “certificado de impunidad”. Según describió, esos chicos terminan siendo “carne de cañón”, mientras que el “falso garantismo” bloqueó durante años la posibilidad de discutir y encarar el tema de fondo.

En otro pasaje, recurrió a una ironía para tensar el intercambio. Citó la frase de Juan Domingo Perón “el trabajo dignifica” y dijo que le resultó impensado escuchar en el recinto razonamientos que, a su entender, terminan relativizando la conducta delictiva, de ahí su remate sobre “un legislador” que “dice que la delincuencia dignifica”.

*– Familiares que reclamaban por la baja de la edad de imputabilidad estuvieron en la sesión en Diputados*

Planteó que el eje de la discusión tiene que escaparle a los simplismos ya que “la responsabilidad penal sin garantías es arbitraria”, sostuvo, aunque remarcó que el reverso también existe, porque “garantía sin responsabilidad es impunidad”. Desde esa premisa, insistió en que el desafío es abordar el problema de manera integral, con un régimen que contemple la infraestructura, la educación y el contexto familiar y barrial, pero sin eludir el momento en que el Estado debe tomar decisiones “sensatas” y dotarse de herramientas.

Al justificar por qué 14 y no una edad menor, dijo que no se trata de una bandera ideológica sino de “prudente” criterio “científico” y de “realismo institucional”. Señaló que no hay consenso sobre una comprensión criminal plena a los 12 o 13 años y agregó que la capacidad real del Estado también impone límites, porque bajar la edad amplía el universo alcanzado por el sistema penal juvenil y exige dispositivos concretos, desde lugares adecuados hasta docentes, psicólogos, jueces y fiscales capacitados. En ese marco, advirtió que hablar de “14, 16, 13 o 12 años no es como subir y bajar la temperatura de un aire acondicionado”, porque supone decidir si el Estado puede intervenir de forma efectiva para recuperar a un chico y reinsertarlo.

Sobre el cierre, sostuvo que la reforma es una herramienta “más que necesaria” tanto para combatir el delito como para “recuperar a los chicos”, y retomó una definición de enfoque al afirmar que “se terminó el tiempo donde el Estado mira con cariño al victimario y le da la espalda” a la víctima. Además, homenajeó a Luis Mora, padre de Martín Mora Negretti, asesinado en junio de 2022 de madrugada tras ser atacado a puñaladas por dos mayores acompañados de dos menores de 13 y 14 años mientras esperaba un transporte con amigos, y le dedicó un mensaje directo al asegurar que “hoy estamos cumpliendo con él”.

HUMILLACIÓN EN VIVO: La senadora mileísta Emilia Orozco, acorralada por la diputada del PRO Florencia De Sensi en el cruce por las billeteras virtuales y el salario.

Redacción 13 de febrero de 2026

En la noche del jueves 12 de febrero de 2026, cerca de las 21 horas, la pantalla de TN fue testigo de un naufragio argumentativo que dejó en evidencia las carencias de una de las figuras del oficialismo. La senadora nacional por Salta, Emilia Orozco, protagonizó un cruce de antología frente a la diputada del PRO, Florencia De Sensi. En pleno debate sobre la modernización laboral, la lógica mileísta de Orozco colapsó ante una propuesta de libertad básica: que cada trabajador elija dónde cobrar su sueldo.

Todo comenzó cuando De Sensi, con precisión técnica y el respaldo del bloque de Cristian Ritondo, planteó que el 80% de los trabajadores traspasa su sueldo de un banco a una billetera virtual apenas lo percibe: “a diferencia de lo que opina la Senadora Orozco, nosotros vemos —y de hecho el BCRA respalda la regulación de las billeteras virtuales— y sabemos que el 80% de los trabajadores que hoy perciben su salario lo traspasan inmediatamente a una billetera virtual. Lo que estaríamos haciendo es reconocer legalmente algo que ya sucede de hecho”, explicó la diputada nacional por Buenos Aires.

De Sensi, abogada con formación en derecho público y referente de la modernización estatal en el PRO, lanzó una pregunta que descolocó a la senadora salteña: “en un gobierno tan liberal, tan liberal, ¿por qué no se le permite a los trabajadores, que son los dueños de su salario, agarrar y ponerlo donde ellos decidan? En una billetera virtual, en un banco, en cualquier lado”.

Sin embargo, Emilia Orozco —cuya formación académica es, paradójicamente, la Licenciatura en Comunicación— falló en lo más básico: la comprensión del mensaje. Con tono altanero, la Senadora consultó “¿de dónde es la Diputada, de qué provincia?”. Ante la respuesta de De Sensi confirmando su origen bonaerense, Orozco espetó: “bueno, ahí está. Es una mirada muy centralista. Yo te cuento la realidad del interior. Esta cuestión de traspasar el sueldo a una billetera virtual es cierta. Ahora: ¿qué pasa cuando estás en lugares donde no hay conectividad, donde no hay internet, y donde solamente tenés el cajero de los bancos? Ese traspaso a tu billetera virtual para poder hacer la extracción en físico del billete, no la tenés con esa facilidad”.

La respuesta de De Sensi fue lógica y dejó en evidencia que la Senadora no había entendido que se hablaba de una opción y no de una imposición: “¿por qué el trabajador no puede elegir? Están las dos cosas. Nunca va a estar mal la posibilidad de elegir, elegir no está mal”. El panel de periodistas de TN tuvo que sumarse a la explicación pedagógica ante la mirada de Viale, quien con los labios gesticuló un “bueh” en silencio ante la argumentación de Orozco. Desde el piso, un periodista señaló “si no hay conectividad, se deposita en un banco; donde hay conectividad, si querés, en una billetera virtual”.

Acorralada por la lógica, Orozco apeló al manual de la evasiva: “todo tiene un porqué, chicos, todo tiene un porqué”, sentenció con una sonrisa cínica, pero sin explicar jamás ese misterioso motivo.

Replicando los mensajes crípticos

El episodio fue un calco de aquel momento de 2023, también en TN, cuando Patricia Bullrich dejó estupefacto a Diego Sehinkman. En aquella oportunidad, ante la necesidad de propuestas concretas, Bullrich balbuceó: “vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en la que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad… estén todos bajo una filosofía muy interesante”.

Ante la lógica confusión del periodista, la hoy compañera de bloque de Orozco remató con un soberbio: “ya lo vas a entender”. Tres años después, desde La Libertad Avanza intentaron la misma receta para ocultar la falta de argumentos: “todo tiene un porqué”.

¿Quién es Emilia Orozco?

Este nuevo traspié de Orozco no es un hecho aislado. La misma Senadora Nacional que hoy se aferra a un porqué fantasma, es la que tildó a las universidades públicas de “cáncer de la Argentina” y la que protagonizó un bochornoso escándalo por el “carancheo” de despachos. En aquel entonces, Orozco intentó apropiarse ilegalmente de una oficina que no le correspondía con el único objetivo de estar físicamente cerca de las terminales de poder de Karina Milei y Martín Menem; una maniobra de casta que le salió mal y terminó con la legisladora desalojada de sus pretensiones.

*Senadora de La Libertad Avanza Emilia Orozco*

Aquella concejal que saltó a la fama en Salta escrachando a sus pares por cobrar dietas millonarias parece haber quedado en el olvido. Orozco construyó su carrera sobre la supuesta austeridad, pero hoy, instalada en la comodidad de una dieta de Senadora Nacional, cobrando cerca de $10 millones en bruto, su preocupación es otra: como ya contamos en Data 24, la salteña se quejó recientemente porque no le están liberando los contratos que ella “necesita” para engrosar su planta de asesores.

Orozco parece quedar atrapada en contradicciones que ni su título de comunicadora logra disimular. Utiliza al “interior profundo” como una muletilla para justificar el inmovilismo, mientras por lo bajo reclama la caja que antes denunciaba. Al final, el único “porqué” que quedó claro en la noche de TN es el de su propia incapacidad para sostener un debate de altura frente a una colega que le marcó la cancha con datos y sentido común.

Autor: Augusto Grinner

Senador nacional de LLA es condenado por desmonte ilegal y deberá pagar más de 101 millones de pesos

Joaquín Horacio Herrera 12 de marzo de 2026

El senador nacional por La Libertad Avanza (LLA) Francisco Paoltroni, quien ocupa el cargo de Convencional Constituyente de la Provincia de Formosa, ha sido condenado por un tribunal de primera instancia por desmonte ilegal. El juez falló a favor del Gobierno de Formosa, ordenando que pague más de $101 millones, más intereses y costos judiciales.

Todo comenzó con una inspección del Ministerio de Producción y Ambiente de Formosa, que detectó cambios realizados sin los permisos ambientales correspondientes, dando a conocer una deforestación clandestina en tierras pertenecientes a Paoltroni. Esto significa dañar ecosistemas como selvas o monte nativo, clave para la biodiversidad y el cambio climático en el norte argentino.

“Hemos avanzado con algunas acciones administrativas vinculadas al senador Francisco Paoltroni, al intendente de la localidad de Las Lomitas, Atilio Basualdo, vinculadas a las infracciones”, destacó el ministro de la Producción y del Ambiente, Lucas Rodríguez.

Paoltroni no pagó la multa. Entonces, la fiscal de Estado, Stella Zabala, inició un juicio de ejecución para cobrarla forzosamente. Fue notificado varias veces y tuvo posibilidad de pagar voluntariamente, pero no lo hizo. El juez rechazó todos sus argumentos defensivos y confirmó la deuda.

Basualdo fue sancionado con multas que suman aproximadamente $1.025 millones. Las infracciones incluyen la remoción de 467 hectáreas en las inmediaciones de Pozo Molina, una región considerada de alto valor biológico por sus corredores, y otras 192 hectáreas en la zona del Quemado Nuevo.

En concreto, la indagación contra Paoltroni se originó por presuntas infracciones a la Ley provincial 1660 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, una normativa que surgió “con el fin de promover el desarrollo económico y social a través de la ocupación del espacio físico en forma armónica con la preservación de todos los recursos naturales, en particular de los bosques nativos”.

La defensa sostuvo que, por ser senador, Paoltroni no podía ser sujeto de ese procedimiento. El tribunal rechazó la excepción, afirmando que la inmunidad protege actos y opiniones vinculados a la función legislativa —votos, intervenciones en el recinto—, pero que “no es un salvoconducto para evadir sanciones ambientales”, económicas o responsabilidades civiles y administrativas.

Se alegó que la provincia no estaba legitimada para ejecutar la multa. La jueza consideró, en cambio, que el Estado provincial sí tiene competencia y facultad para aplicar y ejecutar sanciones por infracciones a la normativa ambiental local, y por eso desestimó la excepción.

La defensa planteó que la normativa que sostiene la multa sería inválida. El tribunal, tras analizarla, la declaró válida y ajustada a la Constitución, por lo que el argumento fue igualmente rechazado.

Según la resolución, los desmontes investigados constituyen un “cambio de uso de suelo” sin autorización y alcanzan superficies significativas en varias colonias de la provincia. En total, fue estimado por una “deforestación masiva” que afectó a 597 tierras repartidas en tres colonias de la provincia. Los trabajos fueron efectuados en 112 hectáreas en Colonia El Silencio, 7 en Colonia Brouchard y 478 en Colonia San Roque, zonas cercanas a Ibarreta y Subteniente Perín.

La defensa ya anticipó la intención de apelar la sentencia. Si hay apelación, la causa deberá ser revisada por instancias superiores. A su vez, la provincia puede avanzar con medidas de ejecución (embargos u otras medidas cautelares) para asegurar el cobro si la ley lo permite. La Fiscalía de Estado afirmó que defenderá la resolución en las instancias siguientes.

Historial judicial

La recopilación de casos que involucran al senador formoseño Paoltroni se conforma a partir de una combinación de investigaciones administrativas y expedientes judiciales. En pocos meses, su nombre quedó vinculado a denuncias por embargos judiciales y sospechas de irregularidades económicas relacionadas con su actividad agropecuaria.

Dados los procesos trascendidos, desde noviembre de 2025 comenzaron a aparecer otros expedientes que complicaron aún más su situación. Uno de ellos se tramita en la Justicia Federal y está vinculado a presuntas maniobras financieras relacionadas con la consignataria de hacienda “Ganaderos de Formosa”, empresa con la que Paoltroni opera en el negocio ganadero. Allí se investiga un supuesto fraude contra una sucursal del Banco Nación en Quitilipi, provincia del Chaco, por la emisión y endoso de cheques que luego habrían sido desconocidos. En ese expediente la Justicia también ordenó un embargo, cercano a los $134 millones.

Como consecuencia, la provincia aplicó sanciones económicas que en el caso específico de Paoltroni superan los $104, aunque forman parte de un conjunto de multas más amplio que alcanza cifras mucho mayores dentro de distintos expedientes. Las sanciones fueron derivadas a la Justicia para su ejecución cuando no fueron abonadas en el plazo establecido.

Además, se suman sospechas sobre su crecimiento patrimonial dentro del negocio ganadero. Algunas denuncias mencionan la posibilidad de compras de haciendas “en negro”, evasión impositiva y maniobras para blanquear animales en remates rurales. También se analizan operaciones de distintas sociedades agropecuarias vinculadas directa o indirectamente a Paoltroni, como Agroindustria de Formosa, CSI, El Divisadero o CONAGRI.

Desde su entorno sostienen que las sanciones y expedientes forman parte de una persecución política impulsada por el gobierno provincial del gobernador peronista, Gildo Insfrán. Por otro lado, las autoridades ambientales argumentan que las evidencias son fácilmente verificadas mediante imágenes satelitales del Sistema de Alerta Temprana (SAT).

Regresó a LLA

Paoltroni fue separado del bloque de LLA en 2024 por lo que los propios integrantes describieron como “diferencias irreconciliables”. En los hechos, una serie de críticas públicas a la conducción política y a decisiones estratégicas del sector terminaron rompiendo la convivencia interna y acelerando su expulsión, tachándolo de “impostor” e “impresentable”.

El choque se profundizó cuando Paoltroni cuestionó abiertamente al asesor y estratega cercano al presidente, Santiago Caputo y puso en tela de juicio decisiones relevantes, entre ellas la designación del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema, siendo este “parte de la casta”. Las crónicas documentables y las fuentes del propio oficialismo lo describieron como el punto de quiebre que justificó la medida.

“No estaba a la altura de lo que queremos que sea un senador de LLA”, subrayó una alta fuente del Poder Ejecutivo.

Paoltroni, en cambio, sostuvo que sus cuestionamientos eran legítimos y que incluso mantenía de igual forma su apoyo Javier Milei, por lo que reivindicó su espacio político y anunció luego la conformación de su propio espacio llamado, “Libertad, Trabajo y Progreso”.

Posteriormente, integraría su agrupación en una alianza con LLA donde fue Lule Menem —un operador de estrecha confianza de la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei— quien gestionó su vuelta.

ESCÁNDALO EN EL SENADO | La libertaria Orozco enojada con Villarruel y desesperada por los contratos para sus ñoquis: “Tengo a mis asesores esperando”

Redacción 19 de febrero de 2026

En la mañana del miércoles 4 de febrero de 2026, la Senadora nacional por Salta de La Libertad Avanza, Emilia Orozco, decidió llevar el internismo oficialista en una entrevista con Luis Gasulla.

La legisladora ya venía de protagonizar un fuerte cruce esta semana con la Diputada Nacional del Pro Florencia De Sensi —nota que podés leer haciendo click acá—, donde quedó expuesta por su falta de argumentos frente a la modernización de leyes laborales. Ahora, la legisladora que saltó a la fama denunciando dietas ajenas, redobló la apuesta terminó exponiendo una faceta desconocida: la de una dirigente que miente para victimizarse y alimentar relatos conspirativos de redes sociales.

Orozco aseguró que sus contratos “no salen” insinuando una supuesta saña de Victoria Villarruel contra el mileísmo, y lanzó una comparación malintencionada: afirmó que los de Jorge Capitanich se liberaron en diciembre pero los de La Libertad Avanza no. Esta es la primera gran mentira de la senadora: utiliza al exgobernador K chaqueño para sugerir solapadamente una alianza entre Villarruel y el kirchnerismo, ocultando deliberadamente que todos los Senadores de LLA que ingresaron en diciembre de 2025 ya tienen sus contratos firmados y sus equipos cobrando.

La corroboración que deja en evidencia a Orozco

Mientras la senadora intentaba instalar que hay un bloqueo contra el oficialismo, la nómina oficial del Senado le devuelve un cachetazo de realidad. Los senadores de LLA, tanto los que ingresaron en 2023 como quienes asumieron junto a ella en diciembre de 2025, ya tienen sus oficinas pobladas con números que, en muchos casos, se acercan o igualan a los de la “casta” que ella denuncia:

Bruno Olivera Lucero: 16 asesores.
Ezequiel Atauche: 15 asesores (llegó a tener 16).
Ivanna Arrascaeta: 14 asesores.
Juan Cruz Godoy (ingresó en diciembre): 12 asesores.
Bartolomé Abdala: 12 asesores (llegó a tener 20).
Francisco Paoltroni: 11 asesores.
Agustín Coto: 11 asesores.
Silvana Schneider (ingresó en diciembre): 10 asesores.
Enzo Fullone (ingresó en diciembre): 10 asesores.
Juan Pagotto: 9 asesores.
Nadia Márquez (ingresó en diciembre): 9 asesores.
Mario Cervi (ingresó en diciembre): 9 asesores.
Vilma Bedia: 8 asesores.
Patricia Bullrich (ingresó en diciembre): 4 asesores.

Otro dato curioso es que, cuando LLA tenía solo 7 Senadores, llegó a tener 88 asesores, dando un promedio de 12,6 asesores por Senador.

¿Cómo explica Orozco que a todos ellos les firmen los contratos y a ella no? La mentira quedó expuesta: no hay una orden política contra el bloque libertario, sino una Senadora que utiliza la falta de asesores como una herramienta de propaganda para ocultar su propia rebeldía institucional.

La gata flora: critica el presupuesto pero busca la caja

La contradicción de Orozco roza el absurdo. En la misma charla, chicaneó a Villarruel por haber reclamado al Ejecutivo que subsanara el presupuesto del Senado: “la única preocupación fue que no había presupuesto… yo salí con esa sensación”, asintió cuando Gasulla le preguntó si lo que importaba era “la tarasca” (SIC).

Lo que Orozco omite es que los sueldos de los asesores que ella tanto reclama salen, precisamente, de ese presupuesto que ella misma cuestiona. Orozco denunció a Capitanich por tener 18 colaboradores (ella dijo “más de 20”), pero calla ante los números de sus propios correligionarios que tienen números similares de colaboradores, e incluso llegaron a tener más, como en el caso de Abdala.

Prontuario libertario: del “modelo Abdala” a los retornos de Ponce

Este hambre por los contratos remite a los escándalos que ya salpican al espacio. El más recordado es el de Bartolomé Abdala, que confesó usar a su planta de 20 asesores del Senado para financiar su campaña a gobernador en San Luis. Pero no es el único: el jefe de bloque, Ezequiel Atauche, ostentó una de las estructuras más abultadas con 16 asesores, superando incluso los números que la propia Orozco le critica a la oposición. A esto se suma el antecedente de Celeste Ponce, excompañera de bloque de Orozco, denunciada por exigirle “retornos” a sus propios asesores.

Con estos antecedentes, el pedido de Orozco se mira bajo otra lupa: ¿realmente busca asesores técnicos, o cajas políticas para su armado en Salta?

El “acting” karinista: sarcasmo en la radio, rebeldía en el Palacio

Para esta nota, Data 24 consultó a fuentes oficiales de la Presidencia del Senado para entender la supuesta “demora”. La explicación es puramente técnica: Orozco es la única que se niega a cumplir con el protocolo que todos sus compañeros ya pasaron.

En la radio, la Senadora minimizó el procedimiento: “parece que la modalidad, y por usos y costumbres, uno tiene que pasar por la oficina de la Presidente… veremos si esa reunión se concreta”, soltó con desdén.

No es que “parece”: es la norma institucional, donde se recibe a los nuevos y se les explica el funcionamiento de la casa. Orozco cerró su actuación afirmando que ya presentó el pedido para contratar asesores, y espetó con un sarcasmo cínico: “los nuestros aún están en espera, yo calculo que debe ser una cuestión administrativa, debe estar con mucho trabajo, seguimos en la espera”. La realidad es otra: no hay trabas administrativas; hay una Senadora que no quiere ir a la reunión obligatoria porque prefiere sostener su papel de “perseguida” mediática para ganar puntos con Karina Milei en la interna contra la Vicepresidente.

Conclusión:

Con una dieta de $10 millones brutos, Emilia Orozco ha completado su metamorfosis: de la “motosierra” salteña, a una PyME política financiada por el Estado, que miente sobre la realidad de los contratos de sus colegas, omitiendo la cantidad de asesores que tienen sus compañeros para mencionar sólo el caso de Capitanich, intentando forzar una imagen de Villarruel como aliada del kirchnerismo; cerrando su relato diciendo que “está esperando que le aprueben los contratos”, en una puesta en escena que se cae sola cuando se nota que la única que espera algo es la Presidente del Senado: que la Senadora finalmente madure y pase por su oficina.

*Autor: Augusto Grinner

El malestar social alcanzó un récord negativo en febrero

Redacción 9 de marzo de 2026

El malestar social alcanzó en febrero su peor registro desde que comenzó la serie, hace casi dos años, según el último Índice de Irascibilidad Social elaborado por la consultora Casa Tres y publicado en exclusiva por la revista digital Seúl. El indicador cayó por tercer mes consecutivo y se ubicó en -14 puntos, seis por debajo de enero.

El resultado perforó el piso de -13 puntos que se había registrado en septiembre de 2024 y septiembre de 2025, hasta ahora los meses más bajos de la medición. Según una de las comparaciones incluidas en el informe, el índice quedó además 11 puntos por debajo de noviembre del año pasado.

De acuerdo al relevamiento, el deterioro del clima social no respondió a un hecho coyuntural aislado, sino a una intensificación de los problemas que ya venían siendo detectados. La economía y el poder adquisitivo siguieron como las principales preocupaciones de los encuestados, mientras que el desempleo ganó peso y alcanzó en febrero el nivel más alto de menciones espontáneas de toda la serie.

El estudio también registró un deterioro en las expectativas. Cayó la esperanza respecto del futuro del país y empeoraron las perspectivas económicas, tanto personales como colectivas. Volvió a instalarse la percepción de que “lo peor no necesariamente quedó atrás, sino que aún podría estar por venir”.

La medición de Casa Tres condensó variables como la evaluación del Gobierno, el poder adquisitivo y el clima emocional respecto del futuro del país. Sus valores oscilaron entre -100 puntos, que expresaron el máximo nivel de descontento, y +100, que representaron el mayor grado de apoyo y conformidad.

El Gobierno mantuvo niveles de apoyo relativamente más altos entre los jóvenes, los hombres y los sectores de mayor nivel socioeconómico. En esos grupos, la conformidad con la gestión resultó superior a la irascibilidad social.

La medición se conoció pese a los avances legislativos del oficialismo, entre ellos la sanción de la reforma laboral, y planteó que los logros macroeconómicos que el Gobierno dio por alcanzados no alcanzaron para una ciudadanía que empezó a demandar mejoras concretas en su vida cotidiana. A partir del resultado de febrero, el análisis sostuvo que la sociedad pasó de un estado de “espera” a uno de “ansiedad”.

El trabajo también señaló que el oficialismo conservó un núcleo duro de apoyo. Parte de ese respaldo, indicó el análisis, se sostuvo en el “temor al pasado”, identificado como el riesgo de un retorno del kirchnerismo, más que en el entusiasmo con el presente económico. Ese factor operó como un elemento de cohesión para un tercio de la base electoral oficialista.

HUMOR por Argüelles

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— Ceferino Reato (@ceferinoreato) February 23, 2026

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