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El exintendente de Pilar por el PRO, Nicolás Ducoté, fue procesado por el delito de administración infiel en prejuicio de la administración pública por irregularidades en tres planes por los que el municipio recibió fondos de Nación, cuyas obras nunca fueron ejecutadas.
El procesamiento del burócrata fue confirmado por la Cámara Federal de San Martín (jueces: Alberto Lugones, Marcos Moran y Néstor Barral), durante la tarde de hoy. Ahora, la causa queda en condiciones de ser elevada a juicio oral.
Los tres convenios mencionados fueron firmados en el año 2016. Y constituyen el acceso de vecinos a microcréditos para mejorar de viviendas y acceso a agua potable, cloacas, gas y electricidad; la urbanización del barrio Monterrey; y la instalación de una planta de tratamiento cloacal.
Los magistrados concluyeron que José Nicolás Ducoté y los demás imputados (Juan Pablo Martignone, Federico Iván Leonhardt, Guillermo Horacio Iglesias, Sandra Edith Sosa, Osvaldo Nicolás Caccaviello, Norberto Fabián Giulianelli, Sergio Miguel Russo, Gabriel Adrián Lucero y Fernando María Bonafede) “efectuaron sus aportes para lograr la desviación de recursos girados desde el ex Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación (entonces a cargo de Rogelio Frigerio) a la Municipalidad de Pilar en favor de terceros y en perjuicio de la Administración Pública Nacional“.
Ducoté junto a Frigerio
Agregaron que “Esas maniobras se llevaron a cabo mediante cuantiosas aplicaciones de recursos y la concreción de los acuerdos necesarios para justificar con obras inexistentes o comisiones indebidas la aplicación de sumas millonarias de dinero por las cuales ni el Estado ni la sociedad se vieron beneficiados“.
Asimismo, la Cámara notó irregularidades en las empresas a las que se le adjudicaron la realización de las obras y Además, ratificó un embargo de $100 millones sobre los bienes del exintendente cambiemita.
“En concreto, la intervención de Nicolás José Ducoté, en su carácter de intendente de la Municipalidad de Pilar, aflora del trámite atinente al pedido y la posterior recepción de los fondos, del proceso licitatorio, de las deficiencias relativas a la ejecución de las obras y de la posterior rendición de cuentas. De modo que, para comenzar, no sólo incumplió con el plazo de 30 días -contados a partir de la fecha de recepción del primer desembolso para iniciar las obras-, sino que además, no devolvió de manera inmediata los fondos, conforme se estipulaba en la cláusula sexta del convenio específico para esa misma circunstancia”, especificaron.
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La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, ratificó su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner y se tatuó en el tobillo izquierdo una tobillera floral con la inscripción “dignidad”, gesto que difundió el jueves en sus historias de Instagram. “¿Así que tobillera? Será un signo de dignidad”, escribió al publicar la secuencia fotográfica y los videos del procedimiento.
El homenaje llegó apenas dos semanas después de que la Corte Suprema dejó firme la condena dictada por el Tribunal Oral Federal N.º 2 en la causa Vialidad: seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El fallo ratificó también la obligatoriedad de la tobillera electrónica, dispositivo que la ex mandataria debió portar las 24 horas durante toda la pena.
En las imágenes se observó a Mendoza recostada en una camilla mientras la tatuadora completó el ramillete que rodeó el tobillo y colocó la palabra “dignidad” en el centro, en alusión directa al brazalete que permaneció sujeto a la pierna de Cristina Kirchner. La dirigente camporista sumó así un nuevo tatuaje a la colección de símbolos kirchneristas que ya ostentó en la piel —entre ellos, alusiones a Néstor y a la propia Cristina— y reforzó la identidad que exhibe desde hace años.
Dos días antes de plasmar el dibujo, la jefa comunal visitó a la ex presidenta en el departamento de San José 1111, barrio porteño de Constitución, y fue además una de las organizadoras de la convocatoria “Argentina con Cristina”, que reunió a unas 500.000 personas en Plaza de Mayo, según datos difundidos por el kirchnerismo. “No es justo todo lo que vivimos, Cristina es inocente y está cumpliendo una condena ilegal. No tuvo un juicio justo”, denunció Mendoza durante la marcha. También afirmó: “La Corte violó la Constitución desde su inicio con el invento de designación de los jueces… Partiendo de eso, es una inocente, mal juzgada y hoy teniendo que cumplir condena ilegal”. Luego agregó: “Lo hacemos con mucha energía y ganas porque sabemos lo que significa “Cristina para este país”.
Durante la movilización, la ex mandataria agradeció el apoyo mediante un mensaje grabado y remarcó: “Estar presa es un certificado de dignidad”. Mendoza sostuvo que “la militancia siempre va a estar presente donde la expresidenta esté” y prometió asumir un rol clave en el armado de las listas legislativas bonaerenses del próximo año.
El dispositivo que Cristina Kirchner portó consistió en un brazalete hermético, hipoalergénico, resistente al polvo y al agua, conectado a una unidad domiciliaria instalada en su vivienda. Ambos equipos emitieron reportes en tiempo real al Centro de Monitoreo del Ministerio de Seguridad, operativo las 24 horas del día y los siete días de la semana. El sistema informó ubicación, nivel de batería, intentos de manipulación y cualquier salida del perímetro fijado.
La unidad domiciliaria se comunicó tanto por línea fija como celular, contó con una batería de respaldo y permitió actualizaciones remotas. Además transmitió señales codificadas que alertaron sobre cortes de energía, salidas no autorizadas, desconexiones y la necesidad de reemplazo, previsto cada año. El sistema incluyó dos teléfonos celulares: uno que pudo recibir llamadas en cualquier momento —que la ex presidenta debió atender obligatoriamente— y otro dedicado al control perimetral por radiofrecuencia. El Servicio Penitenciario Federal, dependiente de la ministra Patricia Bullrich, instaló el dispositivo, elaboró informes técnicos y socioambientales previos y asumió el monitoreo permanente.
Desde el primer día de la condena, militantes kirchneristas lucieron tobilleras de utilería decoradas con flores, luces e imágenes de Cristina frente al edificio de Constitución. Ese atrezzo callejero inspiró el tatuaje definitivo de Mendoza, quien lo presentó como un “signo de dignidad” y como recordatorio de la supuesta inocencia de la ex mandataria.
La intendenta, considerada una pieza de confianza para Cristina Kirchner, reiteró que acompañará cada convocatoria que pida la ex jefa de Estado y que redoblará esfuerzos para “visibilizar la injusticia” que, según dijo, recayó sobre ella. La decisión de la jefa comunal quilmeña cerró la jornada con un mensaje inequívoco: su lealtad a la líder condenada trascendió el plano político para inscribirse de forma permanente en su piel y proyectarse hacia la arena electoral bonaerense.
Misiones se prepara para sus elecciones legislativas del 8 de junio, en un escenario dominado históricamente por la hegemonía del Frente Renovador de la Concordia de Carlos Rovira. En este tablero consolidado, La Libertad Avanza (LLA) intenta ganar terreno, pero su camino ha sido un constante foco de escándalos y contradicciones.
LAS PRIMERAS IRREGULARIDADES DE LLA DE MISIONES
Todo comenzó en 2023, cuando Ninfa Alvarenga, referente inicial de LLA, vio su candidatura a gobernadora frustrada. Tras esa fallida postulación, Alvarenga fue nombrada titular del PAMI Misiones. Desde allí, utilizó su Fundación, “Misión Libertad”, para gestionar donaciones estatales. Según el Boletín Oficial, a través de las resoluciones RSG N° 126/2024 y RSG N° 127/2024 del 30 de abril de 2024, entre otras cosas, se cedieron más de once mil artículos de primera necesidad (calzado, indumentaria, ropa blanca, accesorios) y de bazar (ollas, termos, etc.). Estas donaciones, gestionadas por Eduardo “Lule” Menem y Karina Milei, generaron una intensa difusión en redes sociales de la fundación, con un modelo de asistencia social que evocaba la acción directa de figuras como Eva Perón, marcando constantemente que las donaciones eran enviadas por Secretaría General de la Nación (donaciones que parten del sector privado).
Sin embargo, la gestión de Alvarenga frente a PAMI terminó abruptamente en octubre de 2024, cuando fue destituida por denuncias de exigir “aportes” del 10% al 20% de sus sueldos a los empleados de PAMI, cobrando además una indemnización de $11.380.414,26 al ser desvinculada, con apenas unos pocos meses de actividad.
Tras la salida de Alvarenga, Adrián Núñez asumió la presidencia de LLA Misiones y Samantha Stekler la titularidad de PAMI de Misiones.
LA ALIANZA CON ROVIRA QUE NO FUE
Antes de seguir con la trama de Núñez, debemos hablar del intento de “alianza tácita” de LLA con el oficialismo renovador de Rovira y la intendencia de Puerto Iguazú. Se constataron donaciones oficiales desde la secretaría que dirige Karina Milei hacia los espacios del rovirismo, toda información que surge del Boletín Oficial, pero en muchos casos sin especificar qué tipo de bienes o recursos se transferían. Recientemente este acercamiento se disolvió, y las especulaciones apuntaron a la Ley “Ficha Limpia” y a la falta de alianza como posibles factores. Es relevante que los Senadores Nacionales de Misiones que responden a Rovira votaron en contra de la Comisión de Investigación de Libra y la propia Ley “Ficha Limpia” en el Senado, hecho que beneficia al mileísmo por permitirles la posibilidad de polarizar con una Cristina Fernández candidata.
LOS CANDIDATOS SE DENUNCIAN ENTRE ELLOS
Pero retomemos al actual armado LLA en Misiones. Hace unos meses, una carta firmada por 22 personas fue dirigida a Adrián Núñez (recordemos, presidente de LLA Misiones), y esto detonó un nuevo escándalo: acusaciones formales de un esquema de retorno, iguales a los acusados contra Alvarenga.
Entre las figuras señaladas por las denuncias, acusadas de ser parte del esquema de “aportes”, se encuentran:
Carlos Adrián Núñez: Presidente de LLA Misiones y 3° en la boleta.
Samantha Noelia Stekler: Titular de PAMI Misiones y 2ª en la boleta.
Nelli Beatriz Guerrero: Titular de ANSES Misiones y 4ª en la boleta.
Paola Andrea Trinidad: Coordinadora de PAMI Misiones y 6ª en la boleta.
Walter Fabio Báez: Apoderado de LLA Misiones y 7º en la boleta.
Cristian Osvaldo Sanabria Brítez: Referente de LLA Misiones y quien recibió una de las transferencias por “aportes”, por un monto de $260.000.
El dato curioso es que la carta de denuncia fue firmada, irónicamente, por la mayor parte de los propios candidatos de LLA en la lista que, a su vez, tienen cargos en ANSES, PAMI y demás (empleos desde los que les exigían del 10% al 20% de sus sueldos):
Osvaldo Héctor Manzoni: N°5.
Melisa Yohana Skrauba: N°8.
Agustina Isabel Torales: N°10.
Yanina Gisela Lorenzo: N°14.
Rosana Alicia Mondelo: N°16.
Gastón Emanuel Horianski: N°17.
Camila Belén Aquino: N°18.
Tomás Margets: N°19.
Daniela Beatriz Cabral: N°20.
Isauro Daniel López: N°1 (suplente).
Carol Melisa Correa: N°2 (suplente).
Alberto Martín Celestino: N°3 (suplente).
Caren Yelsen Silveira Pintos: N°4 (suplente).
Matías Germán Alles: N°5 (suplente).
Celeste Agostina Comparin: Nº6 (suplente).
Dante Fabricio Berdini: N°7 (suplente).
Por si es necesario aclararlo otra vez: los candidatos de LLA de Misiones denuncian a los demás candidatos de la misma boleta.
Las irregularidades denunciadas replican el modus operandi del caso Alvarenga, sugiriendo un patrón de exigencia de “diezmos” en el espacio, y todo financiado por los trabajadores misioneros. Sin embargo, los hermanos Milei le dieron el visto bueno a toda esta situación de denuncias por corrupción dentro del mismo espacio.
KIRCHNERISTAS ANTI-CASTA
Finalmente y no menos importante, los perfiles de los candidatos revelan un pasado político que desdibuja la imagen “anticasta”.
El ya mencionado hasta el hartazgo, Carlos Adrián Núñez, actual presidente de LLA Misiones y principal denunciado, exhibe en sus redes tuits con posturas claramente kirchneristas, como su “Orgullo UBA” junto a Alberto Fernández en 2020, una nota elogiando la elección de Alberto como presidente, o su apoyo a la consigna “¿Dónde está Santiago Maldonado?” en 2017.
Por otro lado tenemos al primer candidato, el extenista Diego Gabriel Hartfield, que es quizás el caso más llamativo. Aunque ahora encabeza una lista libertaria, en las elecciones de 2015 fue candidato de Carlos Rovira y del kirchnerismo, como consta en el Tribunal Electoral de Misiones.
Sus tuits de la época lo confirman: en 2011 apoyaba a un senador misionero kirchnerista, en 2012 criticaba a Lanata por sus investigaciones contra el kirchnerismo, en 2014 elogiaba a Scioli y en 2015 confirmó haberlo votado. Incluso recomendaba fuertemente ver el programa ultra-kirchnerista “678”. E irónicamente, en 2016 tuiteó: “Ojalá nunca me toque ser diputado, no quiero trabajar 20 hs seguidas”.
Con este panorama, La Libertad Avanza en Misiones enfrenta el 8 de junio no solo el desafío de competir con el poder establecido, sino el de explicar sus propias contradicciones y el ruido de las denuncias internas que ensombrecen su debut electoral en la provincia.
Tras días de calma aparente, el peronismo bonaerense estalló en Santa Clara del Mar. Carlos Bianco, mano derecha de Kicillof, sacudió la interna al reclamar disciplina sin matices: unidad con obediencia ciega o nada. El aviso cayó como un baldazo de agua fría sobre la militancia y los intendentes, que no ven con buenos ojos la orden de aplaudir aún en el error.
Bianco llamó a la unidad forzada, o a la ruptura inevitable que expondría al PJ a una derrota frente a Javier Milei. No dejó margen de negociación. La advertencia sonó a amenaza directa y tensó todavía más la cuerda en el espacio peronista.
En contraste, dirigentes como Federico Otermín intentaron poner paños fríos y hablaron de unidad para enfrentar el ajuste libertario, reivindicar a Cristina y defender la gestión bonaerense. Pero sus discursos moderados quedaron desdibujados ante el tono duro que impuso la mesa chica de Kicillof.
Detrás de todo asoma una pelea de poder que ya no se oculta. Kicillof busca construir su propio espacio, el Movimiento Derecho al Futuro, para independizarse del ala más pura del cristinismo. Los que resisten ven esto como un intento solapado de romper el PJ bonaerense para tallar su liderazgo personal.
La tensión con Cristina Kirchner viene de larga data. La falta de diálogo, la candidatura a diputada que ella misma anunció sin consultar al gobernador, y la puja por el desdoblamiento electoral bonaerense alimentan el clima de ruptura. Ni las gestiones reservadas ni las señales de tregua lograron sanar las heridas.
Cristina, por su parte, mandó a militar la eliminación de las PASO como gesto de unidad, pero para el ala del gobernador bonaerense no alcanzó. El mensaje bajado desde La Plata es claro: primero disciplina, después cargos. Y si no hay disciplina, se rompe.
Mientras tanto, en la sede nacional del PJ reina la desconfianza. Hay quienes denuncian falta de coordinación, vacíos de información y rosca de espaldas a las bases. La cumbre prevista para la semana próxima asoma como la última chance de evitar un incendio irreversible.
A esto se suma la presión de Milei, que en su gira por la provincia se despachó con insultos directos contra Kicillof, en busca de explotar las fisuras del peronismo y posicionarse para el 7 de septiembre. El presidente ve en la fractura peronista una oportunidad para avanzar.
Leila Gianni, referente de La Libertad Avanza (LLA) en La Matanza y ex subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, ha denunciado públicamente un sistema de usurpación de terrenos públicos en el municipio bonaerense de Ciudad Evita, señalando la complicidad de intendentes kirchneristas y describiendo un patrón operativo que se repite en diferentes jurisdicciones.
“Este predio, que ustedes pueden observar, pertenecía al Banco Hipotecario. Se lo cedió al Colegio Técnico Islas Malvinas, acá de Ciudad Evita”, afirmó en el vídeo, difundido a través de su cuenta oficial de Instagram. “Hace dos sábados atrás, una nueva toma, de las muchas y tantas que suceden a diario en la provincia de Buenos Aires”, agrego.
La dirigente política, una de las principales figuras de La Libertad Avanza en el conurbano bonaerense, ha venido realizando estas denuncias en el marco de su trabajo político territorial y su enfrentamiento con la gestión del intendente Fernando Espinoza, enfocándose sobre la Av. Güemes entre las calles El Ñanduty y El Crispín.
El Municipio de La Matanza, habría denunciado la usurpación de estos terrenos ya en 2022, pero la Justicia dictó una medida de “no innovar” que, en la práctica, permitió que la situación se mantuviera sin resolverse, quedando las denuncias en la Fiscalía N°2. Esta inacción judicial facilitó que continuaran las ventas ilegales de terrenos y el ingreso de nuevos ocupantes.
Fuentes municipales confirmaron que la comuna “en 2023 instó a la celeridad de la ejecución de desalojo por una denuncia de usurpación de terrenos en la zona en la que se produjeron los incidentes”, pero que la medida judicial “aparentemente no fue acatada vista la supuesta nueva venta de terrenos”.
“El día de las elecciones apretan para que voten al señor feudal bajo amenaza que serán desalojados, ¡Esto tiene que terminar de una buena vez!”, aseguró en la descripción de su posteo.
“Caen con sus camionetas, con alambrados, con postes y comienzan a hacer los pozos para hacer el cerco perimetral”, destacó, agregando: “Le venden los pedacitos de terreno a familias que sueñan con tener una vivienda propia. Y después, el título de propiedad nunca aparece.”
Según las investigaciones y testimonios recopilados, grupos organizados toman los terrenos tanto privados como públicos, generalmente durante la noche y venden el mismo a diferentes personas, “a la mañana se los venden a una persona y a la tarde, a otra”. Se designan intermediarios o “brokers” que manejan la organización y colocan a distintos grupos en función de la actividad ilegal, utilizando “amenazas de arma de fuego” y “amedrentan a los vecinos” para mantener el control de los territorios ocupados.
“Quieren tomar también la plaza donde juegan los pibes todos los fines de semana.”, subrayó Gianni.
La Fiscalía Federal de Resistencia, dirigida por el Dr. Patricio Sabadini, se prepara para solicitar la detención de Alfredo “Capi” Rodríguez, director regional de ANSES y presidente de La Libertad Avanza en Chaco, tras la feria judicial de agosto. La investigación llevada a cabo revela un esquema de afiliaciones fraudulentas al partido político que habría afectado a personas vulnerables, incluyendo adultos mayores y personas con discapacidades.
Los datos son contundentes, con más de 17 personas citadas aleatoriamente del padrón partidario, 15 negaron haberse afiliado voluntariamente al partido. La gravedad del caso se incrementa por el perfil de las víctimas: personas de edad avanzada, algunos analfabetos o con enfermedades como Parkinson.
La jueza federal, Zunilda Niremperger, delegó la causa al fiscal Sabadini, quien ha confirmado irregularidades en al menos 13 casos donde las personas no reconocieron sus firmas en las fichas de afiliación. Según trascendió, Rodríguez habría utilizado su acceso a las bases de datos de ANSES para obtener información personal de ciudadanos y afiliarlos al partido sin su consentimiento.
El escándalo ha generado tensiones internas de LLA en Chaco. Un grupo de 300 militantes envió una carta a Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, solicitando la pericia del partido debido al manejo “autoritario” de Rodríguez, quien está alineado con los primos Menem, Martín y Eduardo, dentro de la estructura libertaria. Para sostener las afiliaciones, el partido que dio los avales a LLA de Chaco fue el de La Rioja, confirmando esta vinculación.
En la carta, los militantes sostienen que “las personas que no responden al actual presidente provincial, que no simpatizan con él, no acatan ni avalan su autocracia, se les obstaculiza, ignora o rechaza la aceptación de su afiliación”.
Se lo acusa a Rodríguez principalmente por extorsión, delito tipificado en el artículo 168 del Código Penal , que establece una pena de reclusión o prisión de cinco a diez años, por “impedir la libre decisión de las personas”. La misma, consiste en obligar con violencia o intimidación a otra persona a realizar u omitir un acto en perjuicio de su patrimonio. En este caso, se investiga si Rodríguez exigía porcentajes de sueldos a empleados de ANSES como condición para mantener sus empleos.
La segunda imputación se refiere a falsedad documental agravada por su carácter de funcionario público. Este delito se configura cuando un funcionario público inserta declaraciones falsas en documentos públicos relativos a hechos que tales documentos deben probar. Se caracteriza por aprovechar el carácter auténtico de un documento para insertar declaraciones erróneas. El agravante por ser funcionario aumenta significativamente la pena, dado que vulnera la fe pública que el Estado deposita en sus funcionarios.
Fuentes judiciales indicaron que la medida cautelar realizada se basaría en la gravedad de los hechos conocidos y el riesgo de entorpecimiento en la indagación. Las afiliaciones fraudulentas habrían sido realizadas durante 2023 para cumplir con los requisitos de personería jurídica del partido en la provincia.
La calidad de afiliado se adquiere a partir de la resolución de los organismos partidarios competentes que aprueben la solicitud, o automáticamente si no se considera dentro de los 15 días hábiles. Crucialmente, la ley establece que no puede haber doble afiliación y que el registro de afiliados debe ser público.
Paralelamente, a comienzos del mes de julio, ANSES presentó una denuncia ante la Justicia Federal por una red de jubilaciones falsas que operaba a través de un estudio contable en Resistencia. La revisión, dirigida por el juez Ricardo Mianovich, reveló que se utilizaban declaraciones juradas rectificativas falsas para simular relaciones laborales inexistentes.
El mismo Rodríguez confirmó que se detectaron “unas treintena de jubilaciones truchas” y que el estudio involucrado cobraba 3 millones de pesos por los trámites fraudulentos. El análisis contó con el apoyo del Ministerio de Capital Humano dirigido por Sandra Pettovello.
La Corte Suprema de Justicia confirmó este martes la condena contra la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, y con ello dejó firme una de las sanciones económicas más relevantes de la historia judicial argentina: la devolución de aproximadamente 84.000 millones de pesos al Estado Nacional, dinero que, según la sentencia, fue desviado en una maniobra de corrupción mediante contratos de obra pública adjudicados de manera irregular.
El máximo tribunal rechazó por unanimidad las apelaciones de la defensa de la ex mandataria y de otros ocho condenados, dejando sin efecto cualquier posibilidad de revisión de la sentencia dictada en 2022 por el Tribunal Oral Federal N°2 y ratificada en noviembre pasado por la Cámara de Casación Penal. La condena incluye seis años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y, como eje central, el decomiso millonario.
Este decomiso, que había sido homologado previamente por la Cámara de Casación, representa el monto que la Justicia determinó como perjuicio directo contra la administración pública tras años de maniobras fraudulentas en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz. La cifra multimillonaria deberá ser reintegrada a las arcas estatales, ya sea mediante bienes, activos o sumas de dinero embargadas y posteriormente liquidadas.
El fallo de la Corte Suprema, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó los planteos de Cristina Kirchner y dejó firme la condena que la responsabiliza como coautora de administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado. Según la Justicia, durante su mandato se instrumentaron decisiones administrativas y decretos presidenciales que facilitaron el desvío de fondos públicos a empresas vinculadas a Lázaro Báez, principal beneficiario del esquema de corrupción.
Entre los puntos clave del fallo se destaca la intervención de Cristina Kirchner a través del Decreto PEN N° 54/2009, que modificó el manejo de fondos del fideicomiso vial y permitió la adjudicación directa y sin control de contratos millonarios. La Justicia determinó que estas modificaciones permitieron la maniobra defraudatoria y que la entonces presidente estaba al tanto del perjuicio que estas acciones causarían a las finanzas estatales.
El monto del decomiso se calculó en base a las obras públicas adjudicadas de manera irregular, las licitaciones direccionadas y los pagos anticipados a Austral Construcciones y otras empresas controladas por Báez, aún cuando estas presentaban notorias irregularidades y, en muchos casos, abandonaron las obras sin finalizarlas.
Cristina Kirchner no podrá participar de futuras elecciones por la inhabilitación perpetua y enfrenta además la posibilidad de cumplir su condena bajo arresto domiciliario por su edad. Pero más allá de lo político y lo penal, lo económico marca un precedente: la ex presidenta deberá afrontar la obligación de resarcir al Estado con una cifra histórica que busca recuperar parte del dinero perdido en la maniobra de corrupción.
La Corte, en su fallo, remarcó que la sentencia se apoyó en pruebas sólidas, que el debido proceso fue respetado y que los argumentos de la defensa no lograron desacreditar la evidencia. También quedó firme la responsabilidad de los demás condenados, incluido Lázaro Báez, y el decomiso millonario que los alcanza a todos como parte del perjuicio calculado.
Este fallo no sólo consolida la primera condena firme de cumplimiento efectivo contra Cristina Kirchner, sino que pone en marcha el proceso para la recuperación de los fondos públicos, en una decisión que impacta tanto en lo judicial como en las finanzas del Estado.
Una auditoría oficial reveló que el gobierno de Llaryora destinó $900 mil a la compra de sildenafilo para cárceles. En la misma factura figuran shampoo anticaspa, anticonceptivos y cremas.
En mi tercer y nuevo libro, de inminente publicación, dedico más de 30 páginas a analizar pasado, presente y futuro de la estrategia nuclear militar de las superpotencias en pugna, los riesgos de una escalada a escala global y una única conclusión: "Frente a la imposibilidad de… pic.twitter.com/fdfIIivSnc
