Después de tomarle jura al nuevo jefe del Estado Mayor de la Armada, contraalmirante Carlos María Allievi, el ministro de Defensa, Luis Petri, planteó la necesidad de que las Fuerzas Armadas tengan participación en los operativos de seguridad destinados a combatir el terrorismo y el narcotráfico.
“Tenemos un país que debemos reconstruir económica y socialmente. Un país que sangra en Rosario producto del narcotráfico, donde ha habido, sin lugar a dudas, una dirigencia política cómplice y encubridora que permitió su avance”, mencionó el mendocino encargado de la cartera de Defensa.
En medio de las renovaciones dela cúpula militar, el gobierno de Javier Milei promueve una reforma para permitir la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico junto a las fuerzas de seguridad, actualmente las únicas habilitadas por ley para dichas tareas. Petri está trabajando un decreto —con apoyo del Presidente y la ministra de Seguridad— para modificar la Ley de Defensa y permitir la participación militar en operativos contra el narcotráfico y el terrorismo.
Si bien la Ley de Defensa Nacional prohíbe el empleo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, el gobierno argumenta que el narcotráfico y el terrorismo representan amenazas externas que ameritan la intervención castrense. De concretarse, el decreto de Petri marcaría un giro respecto a la normativa actual, que limita a las fuerzas militares a brindar sólo apoyo logístico a las fuerzas de seguridad, sin capacidad operativa.
En 2020, Alberto Fernández revirtió un cambio en la legislación militar hecho por su predecesor, Mauricio Macri. Macri había ampliado el papel de las Fuerzas Armadas para enfrentar amenazas no solo de fuerzas extranjeras, sino también de “nuevas amenazas”. Fernández regresó a una versión anterior de la legislación, que limita el uso de los militares a amenazas externas y prohíbe su intervención en asuntos de seguridad interna.
El ministro Petri, en un discurso, defendió el papel de las Fuerzas Armadas y critica la demonización injusta que han enfrentado en la historia argentina. Destaca que su función principal es defender la Constitución, los intereses del país y la paz de los ciudadanos. Este enfoque contrasta con la postura del actual gobierno liderado por Javier Milei.
