Pensando en el voto joven, Kicillof regalará más de 140 mil viajes de egresados

El gobernador gastará una cuantiosa suma de dinero en una estrategia que impacta de lleno en los chicos que votarán por primera vez este año.
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Al final, Axel Kicillof cumplió con lo prometido y lanzó una nueva tanda de viajes de egresados “gratuitos”. Lo había anunciado en el mes de enero, durante una visita a Miramar. “No le damos plata a los pibes, sino que solventamos al sector”, aclaró entonces como respuesta a las críticas. Sin embargo, la continuidad del programa destinado a los estudiantes que cursan el último año del colegio secundario no parece casual. En efecto, el “cliente objetivo” no es otro que los chicos que votan por primera vez en sus vidas, justo en un año electoral.

Para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, resulta un objetivo fundamental para este 2023. Tanto, que fue su primer anuncio de gestión del año, y lo hizo acompañado del ministro de Producción, Augusto Costa y de la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout..

A pesar de asegurar que “fue una política muy atacada desde el desconocimiento y el prejuicio”, lo cierto es que el programa tiene un costo a todas luces demasiado elevado para una provincia sumida en grandes deudas y números adversos.

En efecto, mientras el desempleo, la pobreza y la inflación castigan duramente a los bonaerenses, los viajes de egresados difícilmente sean una prioridad. El panorama cambia drásticamente, sin embargo, cuando se lo analiza desde el punto de vista electoral.

El gobernador Kicillof junto a estudiantes de Escobar
El gobernador Kicillof junto a estudiantes de Escobar

Aunque no se publicó oficialmente el presupuesto a gastar por la provincia de Buenos Aires en esta nueva edición, los costos se calculan en cientos -sino miles- de millones de pesos. De acuerdo al proceso de compra 614-0277-LPU23, bajo cuya denominación se desenvuelve el programa, se contratarán unos 148 mil paquetes turísticos para los estudiantes que votarán, por primera vez, en las generales de este año.

Se trata de paquetes turísticos estudiantiles para jóvenes que en el 2023 cursen el último año de nivel secundario de establecimientos educativos de gestión estatal y de gestión privada en la provincia de Buenos Aires. También están incluidos aquellos jóvenes que en el 2023 cursen el último año en escuelas y centros de formación integral para adolescentes, jóvenes y adultos de la modalidad de educación especial, que se inscriban al programa bonaerense de “Turismo Estudiantil”.

Otro dato que llama la atención es la duración de los convenios. De acuerdo al pliego de especificaciones particulares, los mismos vencerán el 31 de octubre, justo después de la fecha estimada para las elecciones generales. Preocupado por los votos y alejado de las urgencias de los bonaerenses, el gobernador Kicillof no pareciera dispuesto a revisar una de sus más polémicas iniciativas.

Fuente: Realpolitik

Redacción

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Senadora “libertaria” metió a siete familiares en el Congreso

La senadora nacional por Jujuy, Vilma Facunda Bedia, fue acusada de acomodar a toda su familia en el Congreso de la Nación: contrató como personal de su oficina a sus tres hijos, su nuera, su hermano, su sobrina y su cuñada.

La senadora y pastora les consiguió a sus hijos Joel Benjamín Mamani un puesto de planta transitoria con categoría A3 –con un salario de alrededor de 700 mil pesos-, y José Jair Mamani, con una A1, con una retribución de 1,2 millones de pesos. También habría sido contratado su hijo Pablo, aunque todavía no aparece en los registros públicos de la web del Congreso.

Por si fuera poco, Bedia también hizo ingresar a sus hermanos Juan Carlos, Pastor y presidente de la Fundación Emanuel, y Ricardo, que participa de la misma entidad, ambos con una categoría A1. La Fundación Emanuel se autodefine como una ONG “cristiana”, que ha promovido “seminarios de higiene mental”. Albert Bedia, otro hermano suyo, también fue contratado, pero con una categoría A3. Para disimular la gravísima decisión de la senadora, ninguno de estos nombres aparecen en la página oficial del Senado.

En su provincia, Jujuy, aseguran que también su cuñada Nélida, pareja de Juan Carlos Bedia, forma parte del equipo de la legisladora. Nélida es masoterapeuta, una profesión que nada tiene que ver con las tareas que supuestamente debería realizar en el Senado. Para curarnos de espanto, la hija de ambos y sobrina de la pastora, Damaris, y su hermano Jonatan, de profesión DJ, es otro de los beneficiarios de la política de empleo de la legisladora.

Para no hacer distingos dentro de su familia, su sobrina Daiana Ester Llanes recibió una planta transitoria con categoría A3. La nuera de la legisladora, Mirta Araceli Silisque, también participa de la fiesta de designaciones públicas, aunque en su caso apenas con una categoría A8.

Por si no resultara suficiente esta suma de despropósitos, en Jujuy se asegura que muchos de los empleados de mayor confianza de la senadora Bedia también serían beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. Esto sería posible porque la actualización de los registros del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) demora entre 5 y 6 meses.

*Fuente: REALPOLITIK

Redacción

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ESCÁNDALO EN CÓRDOBA: Llaryora se niega a sacar del cargo a un socio político imputado por golpear a su ex y obligarla a abortar

El 19 de marzo de 2023, Lourdes Astudillo se presentó ante la Justicia para denunciar a su expareja, Martín Gill, un cuadro de gran importancia dentro de la política cordobesa. A finales del pasado mes, la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa María —a cargo de Juliana Companys— elevó a juicio la causa.

En diálogo con medios provinciales, la denunciante contó que conoció a Gill a través de Instagram, en febrero de 2022. Con el tiempo la relación se fue afianzando y también hubo un periodo de convivencia. Quedó embarazada y, según denunció, Gill la indujo a abortar: “La idea del embarazo le hacía mal y me decía que se iba a arruinar su vida. Él insistió y tomé la pastilla”.

En octubre sufrió la primera agresión física después de un planteo por infidelidad: “Se lo dije. Él me empujó a la cama y comenzó a ahorcarme. Fueron segundos, pero me pareció mucho tiempo. Me repetía una y otra vez que era para que me tranquilice”.

“No podía contarle a nadie lo que me pasaba. Era de su propiedad. En una discusión fuerte que tuvimos le pedí la llave de mi departamento. Yo vivo en el sexto piso, me agarró del brazo y me arrastró tres pisos. Me dejó el cuerpo marcado con moretones. Ahí comencé a sacarme fotos porque sabía que esto no iba a terminar bien. Esas imágenes las entregué a la Justicia. Cuando yo le decía que lo iba a denunciar, él me desafiaba que lo hiciera y agregaba: ‘Total, a mí nadie me toca’”, detalló la víctima.

“Me costó mucho denunciarlo. Después de la denuncia la pasé bastante mal pero no me arrepiento de haberlo denunciado porque no me merecía lo que pasé. Es muy feo por lo que yo pasé. Es abuso de poder y mi denuncia no tiene nada que ver con una cuestión política“, agregó.

Renuncia o juicio político: “Las lideresas empoderadas están mudas”

La denuncia por violencia de género cayó mientras Martín Gill era intendente de Villa María. Su trayectoria como funcionario en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación —fue secretario, “el segundo” de Gabriel Katopodis— hizo que desembarcara en el Ministerio de Cooperativas y Mutuales, cartera millonaria creada por Martín Llaryora hace apenas cinco meses que se encargará de proveer servicios, negocios y ejecución de obras en el interior de la provincia.

Este mes, la oposición presentó en la Legislatura de Córdoba dos proyectos contra el socio de Llaryora. El primero, de Alejandra Ferrero, proponía que se aparte del cargo de ministro a Gill. Mientras tanto, Gregorio Hernández Maqueda promovió el juicio político: en este caso se abstuvieron los bloques PRO, UCR, Construyendo Córdoba y La Libertad Avanza.

El oficialismo cordobés rechazó debatir el caso en la Unicameral durante la cuarta sesión ordinaria del año. “Una lástima que el mismo peronismo que el año pasado suspendió a (Patricio) Serrano y le dio licencia a (Alfonso) Mosquera por causas de violencia de género, hoy sea cómplice de encubrir en su cargo a un ministro (por Gill) procesado por la misma razón”, expresó Ferrero vía Twitter, y agregó: “Las lideresas empoderadas están mudas”.

Redacción

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Malestar de Bullrich por reclamo de Jorge Macri para que Nación se haga cargo de los presos

*Por Camilo Cagnacci (Sección País)

La fuga de nueve detenidos de una alcaldía en San Telmo generó tensiones entre Ciudad y Nación debido a la superpoblación carcelaria. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, solicitó al Ejecutivo nacional que “se lleve a los detenidos al Sistema Penitenciario Federal”, lo que causó malestar en el Ministerio de Seguridad de la Nación.

En declaraciones radiales, el alcalde porteño señaló que el 94% de los detenidos pertenecen a la Justicia Nacional o Federal y, por lo tanto, “no son responsabilidad de la Ciudad”. Por su parte, su ministro de Seguridad, Waldo Wolff, detalló: “Hoy tenemos 1041 plazas para albergar de manera segura a los presos en comisarías vecinales y alcaldías, pero tenemos 2005 detenidos, lo que representa una superpoblación carcelaria del 98%”.

Según fuentes cercanas a Patricia Bullrich, sus declaraciones no fueron bien recibidas en el ministerio. “Si quieren plantear la relación así, veremos cómo continúa la situación. La Policía es responsabilidad de la Ciudad, por lo tanto, deberían hacerse cargo de sus presos como todas las provincias. Sin embargo, la Justicia y los presos son responsabilidad de la Nación, lo que supone un privilegio centralista”, señalaron.

Además, agregaron: “Recibimos presos del Servicio Penitenciario Federal todos los días, tenemos una cuota diaria y esto es algo que discutimos constantemente con las autoridades de la Ciudad. No parece lógico que [Jorge Macri] lo haga público cuando es un tema que tratamos a diario. Por otro lado, ellos tienen una deuda pendiente por la construcción de la cárcel que deben edificar a cambio del terreno de Devoto, y llevan un retraso de cuatro años”.

El recuerdo de esta deuda no es casual. En marzo de 2018, el entonces jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el exministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, anunciaron el traslado de la cárcel de Devoto al complejo penitenciario de Marcos Paz. Se esperaba que la nueva cárcel, con capacidad para 2240 internos, estuviera lista para septiembre de 2020, pero el proyecto fue cancelado debido a la disputa entre Nación y Ciudad por los fondos coparticipables, agravada por la quita dispuesta por Alberto Fernández en plena pandemia.

Desde el Ministerio de Seguridad porteño se encargaron de aclarar que con el gobierno de Javier Milei no existe “ningún problema”, sino “un conflicto de intereses”. El desenlace de esta historia, según indicaron en el equipo de Bullrich, dependerá de la Ciudad.

Redacción

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Juez condenó el aumento de sueldo de los senadores: “Es una caradurez”

De manera exprés, en menos de un minuto, sin debate y a mano alzada, la Honorable Cámara de Senadores aprobó, este jueves, un millonario aumento de las dietas. En concreto, a partir de junio, pasarán a cobrar al menos $4 millones todos los meses.

Quien llevó adelante la iniciativa fue Juan Carlos Romero, del peronismo disidente. Sin embargo, contó con el aval de algunos legisladores de untos por el Cambio, la UCR y el bloque federal. No apoyaron los senadores de La Libertad Avanza ni los del bloque PRO.

En diálogo con los medios, Luis Juez, repudió enérgicamente los aumentos. El senador por Córdoba manifestó que la medida: “Nuestro bloque, completo, no solamente no convalidó el tratamiento sobre tablas del proyecto sino que votamos decididamente en contra”. Juez definió el aumento de las dietas como una “bajeza inoportuna” si se tiene en cuenta “el momento que está viviendo la sociedad. Es una falta de empatía increíble”.

A su vez, cuestionó el voto de sus pares: “Después se enojan cuando la gente se enoja por la política. Pero bueno, también la gente tiene que saber distinguir. Pregunten cómo votó cada senado de cada partido”.

Según pudo saber el cronista de La Nación, Tomás Díaz Cueto, 52 Senadores —en su mayoría integrantes de Unión por la Patria— votaron a favor del aumento de dietas.

La aclaración de Villarruel

Al ser cuestionada, desde las mismas redes, Victoria Villarruel aclaró su posición. “Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario (…) Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque NO soy senadora. Podría haberme levantado para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que NO tengo injerencia alguna pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción”.

Victoria Villarruel on Twitter: “Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones. Tampoco… / Twitter”

Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones. Tampoco…

Redacción

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El Gobierno de Milei prepara megacausa contra las cooperativas “fantasma” vinculadas al ministerio de Tolosa Paz

*Por Luis Gasulla Periódico Tribuna

“Si se quedan solo en si los guardapolvos se entregaron o no, esto no termina en nada, pasará como el Plan Qunita”, explica una de las fuentes que participó en el diseño de la estafa.

El Plan Qunita fue una denuncia realizada durante el último gobierno de Cristina Kirchner por Graciela Ocaña. Los responsables del supuesto desfalco terminaron sobreseídos por la justicia federal. Los investigadores se centraron en si el material se había entregado o no. No se investigó seriamente la pista del lavado de activos y la evasión fiscal.

El gobierno nacional analiza 40 cooperativas que operaban como 15 de Junio, protagonista del escándalo de los guardapolvos. Se trata, por ejemplo, de Los Pitufos Limitada, también oriunda de Quilmes.

La semana pasada, el gobierno nacional dio de baja, de forma provisoria, a 12,425 cooperativas creadas durante el gobierno de Alberto Fernández.

La clave será que la justicia cruce los datos de los cheques emitidos por las cooperativas y sus supuestos ingresos. En un pedido de información a la Afip y al Banco Central serían fundamentales ya que, según las fuentes, existió una usina de facturas truchas que funcionó en Belgrano al 400 promocionada por los ex funcionarios de Desarrollo Social.

El operativo descubierto

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, durante la gestión de Victoria Tolosa Paz, contrató a una cooperativa sin experiencia previa para la producción de 165 mil guardapolvos. A su vez, la cooperativa en cuestión, llamada 15 de julio, subcontrató otras dos cooperativas que facturaron más de 670 millones de pesos pero aseguran haber entregado sólo 4500 guardapolvos.

El martes 28 de febrero del 2023, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de Tolosa Paz, firmó un convenio de colaboración con la cooperativa de Trabajo 15 de Julio Limitada.

El mismo tenía como objetivo el “establecimiento de estrechas relaciones de cooperación y articulación orientadas a la implementación del proyecto social de acción conjunta”. Duraba únicamente 90 días “contados a partir de la efectiva recepción de los fondos en la cuenta bancaria de la organización”.

Los firmantes del convenio

Los firmantes de este sugestivo convenio fueron Leonardo Moyano, secretario de Articulación de Política Social del Ministerio y Paula Goroso, Presidenta de la Cooperativa 15 de Julio Limitada.

Goroso es la pareja de Martín Bordalejo, ex funcionario del Municipio de Quilmes que en el 2022 fue imputado y el ex subsecretario de Hábitat, Sebastián Raspa, quien figuraba como titular de cooperativas que habían recibido fondos del mismo municipio.

En la dirección de la Cooperativa 15 de julio Limitada se encuentra un centro de reciclaje de la UTEP -Unión de Trabajadores de la Economía Popular- de Juan Grabois. Sin embargo, no son pocos los vecinos que aseguran que allí se realizaban reuniones del Movimiento Evita.

La Cooperativa 15 de Julio, tiene como actividad principal la fabricación de prendas de vestir y artículos similares de punto. Inició sus actividades en agosto de 2023. Pero unos meses antes, el 20 de marzo del 2023, le pagó más de 171 millones de pesos a otra cooperativa de trabajo, llamada GENERAL MITRE MANOS UNIDAS LIMITADA, por el “servicio de corte”.

La presidenta de General Mitre es Olga Edith Martínez que, ante las cámaras de La Cornisa, negó haber recibido 171 millones de pesos: “Entregamos lo que pudimos terminar, esto es, unos 3500 guardapolvos”, número muy lejano a lo firmado por el Ministerio de Victoria Tolosa Paz.

Negocio de confeccionar guardapolvos

Para Martínez cooperativas como la suya “se usaban para facturar”. Consultada sobre cómo conoció el negocio de la confección de guardapolvos para el Estado aseguró que “a través del contador Mario Figueroa y de Sebastián Raspa”. Raspa es el ex funcionario quilmeño, imputado por el escándalo de sus cooperativas y los 535 millones de pesos que le bajó el mismo Municipio.

La denuncia que presentará Capital Humano certifica todo lo antes señalado. Existen otras 40 cooperativas que operaban en los mismos sitios y con los mismos protagonistas. Será el gran escándalo de la corrupción del gobierno de Alberto Fernández y del peronismo.

Mientras tanto, el fiscal de Mar del Plata, Juan Pettigiani, denunció a todos los involucrados en Comodoro Py. La causa será sorteada en las próximas horas. A su vez, la causa judicial previa, basada en la denuncia de la cooperativista Gladis Lugos se reactivó.

Además el gobierno nacional anunció la suspensión provisoria de todas las cooperativas creadas durante el gobierno de Alberto Fernández. Encontraron que el 72% no tenía balances ni asambleas de socios, el 22% duplicaba a sus asociados y el 20% repetía el correo electrónico personal. Además, el 9% repetía el domicilio.

El problema sería que paguen Justos por pecadores

La gran pregunta que deberá responder la justicia es si desde el Ministerio de Desarrollo Social del Albertismo existió una asociación civil para girar fondos públicos a través de cooperativas fantasmas para hacer caja política y enriquecer a funcionarios públicos. Sería algo así como la Causa Vialidad de las Cooperativas.

Redacción

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Alerta en Rosario | Buscan armar un sindicato de trapitos

“Tenemos información de que este sindicato está iniciando diálogos para agrupar a los trapitos de Rosario. Nos preocupa y nos oponemos totalmente a una actividad que debiera estar totalmente prohibida”, advirtió a través de Twitter el secretario general de la Municipalidad, Miguel Angel Tessandori.

Tessandori, un veterano en la arena política y conocido por su firmeza en la defensa de los intereses de la ciudad, no ha escatimado en sus advertencias. “No permitiremos que se repita en Rosario lo que está sucediendo en La Plata”, declaró con determinación. Según él, existe información sobre un posible vínculo entre el sindicato platense y los cuidacoches locales, una asociación que rechaza rotundamente.

El temor radica en las prácticas que rodean a esta actividad. Tessandori denuncia la extorsión y la violencia como componentes inherentes al trabajo de los trapitos, una situación que considera inaceptable en cualquier comunidad. Remarcó la existencia de un Código de Convivencia que prohíbe explícitamente esta práctica, así como cualquier intento de sindicalizarla.

El funcionario municipal recordó un proyecto presentado en el Concejo para regular la actividad, pero lamentó que fuera desestimado en su momento. El proyecto buscaba restringir la actividad de los trapitos a aquellos que contaran con el aval de un porcentaje determinado de vecinos, una medida que hubiera proporcionado un marco legal claro y protección para la ciudadanía.

En La Plata, la ordenanza ya prohíbe esta actividad, sin embargo, el reciente surgimiento del Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública ha puesto en tela de juicio la efectividad de esta medida. El sindicato, liderado por el ex barrabrava Fabián Giannotta, ha levantado polémica desde su presentación oficial, con la detención de trapitos acusados de extorsión a automovilistas.

Miguel Angel Tessandori on Twitter: “EL SINDICATO DE TRAPITOS QUIERE ATERRIZAR EN ROSARIO.Este gremio ya está funcionando en La Plata y tuvo sus primeras acciones en las últimas horas.Aunque parezca ilógico ya fue presentado de manera oficial con el nombre de Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública (STVP)…. / Twitter”

EL SINDICATO DE TRAPITOS QUIERE ATERRIZAR EN ROSARIO.Este gremio ya está funcionando en La Plata y tuvo sus primeras acciones en las últimas horas.Aunque parezca ilógico ya fue presentado de manera oficial con el nombre de Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública (STVP)….

El riesgo de que esta situación se replique en Rosario no es algo que Tessandori esté dispuesto a tolerar. Con firmeza, promete tomar medidas para prevenir que el “huevo de serpiente” del sindicato de trapitos se incube en su ciudad. Con la experiencia y la determinación que lo caracterizan, está dispuesto a enfrentar este desafío y proteger los intereses de los rosarinos.

En resumen, el sindicato de los trapitos ha puesto en alerta a Rosario, pero con la determinación de Tessandori y el rechazo unánime de la comunidad, la ciudad está lista para resistir cualquier intento de infiltración de actividades delictivas en sus calles.

*Fuente: REALPOLITIK

Redacción

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