Paraná | La candidata a intendente Ayelén Acosta apuntó contra Gainza: “Somos un espacio sin narcos ni delincuentes”
La precandidata a intendente por el PRO en Paraná (Entre Ríos) salió a cruzar al precandidato Gainza por sus causas narcos y se diferenció: "La honestidad es innegociable, por eso estamos trabajando en un proyecto de ciudad con personas que jamás estuvieron involucradas en causas vinculadas al narcotráfico".
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Con las elecciones aproximándose, la precandidata a intendente Ayelén Acosta por el PRO de Paraná lanzó un acalorado video a modo spot donde adelantó algunas medidas que tomará de llegar a ser electa, pero también donde apuntó contra Emanuel Gainza, el polémico precandidato involucrado en una causa narco con el que se enfrentará en las urnas.
Con el apoyo de la máxima dirigente del PRO, Patricia Bullrich, la buena imagen e intención de voto de Acosta aumenta. Percibiéndolo, anunció: “Muchos saben que estoy trabajando junto a mi equipo para ser candidata a intendente de la ciudad de Paraná. Lo hago por la misma razón por la que me sumé hace 15 años a participar en la política, por la necesidad de ver un cambio en mi país“.
El anuncio de la diputada provincial y precandidata a intendente, Ayelén Acosta.
“Visito a los vecinos a diario y me duele escucharlos”, admitió y siguió: “Esa angustia porque sus hijos se van del país o la desesperación de los comerciantes porque no pueden sostener su negocio”. También “la frustración de aquellos que buscan trabajo y no consiguen; y la amenaza del narcotráfico que se instaló en nuestra ciudad“, ahondó.
Bajo ese pie aseguró que se lanzará a la intendencia de Paraná para asegurarle a los vecinos una ciudad “pujante y turística”, bajando numerosa cantidad de impuestos y disminuyendo “en un 50%” los cargos políticos existentes.
“La honestidad es un valor innegociable por eso estamos trabajando en un proyecto de ciudad con personas que jamás estuvieron vinculadas en causas de corrupción o narcotráfico”, lanzó contra Gainza (aunque sin mencionarlo) y cerró: “No se trata solo de ganarle al kirchnerismo sino de demostrar que de verdad somos distintos”.
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El incendio de la región del Cafayate, provincia de Salta, es la demostración clara de acción provocada donde el fuego —originado por la mano humana— destruyó con una intensidad sin precedentes en contextos de cambio climático y recortes presupuestarios al sistema de manejo del fuego.
El fuego se inició el 7 de junio de 2026 en los límites de la Finca El Monte S.A., un predio ubicado en las inmediaciones del aeródromo de Cafayate, sobre la Ruta Nacional 68, en los Valles Calchaquíes. El incendio fue contenido inicialmente el 13 de junio, pero se reactivó días después cuando las ráfagas del viento Zonda —que superaron los 70 km/h— lo reavivaron con violencia. Hasta el 21 de junio, el foco seguía activo, con un total de más de 200 hectáreas arrasadas de bosque nativo y pastizales protegidos.
“La característica de este incendio es que tenemos muchos focos subterráneos, lo que hace dificultoso el control. Hay mucho sistema radicular y muchos árboles caídos. Todo el sector del incendio fue sobre bosque nativo, sobre todo algarrobo, una especie muy longeva y de crecimiento muy lento. Fueron pérdidas totales y es lamentable”, explicó con crudeza el subsecretario de Defensa Civil de Salta, Ignacio Vílchez.
En el operativo intervinieron brigadistas de Defensa Civil, bomberos voluntarios de Cafayate, personal del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, policías provinciales, dos aviones hidrantes y camiones cisterna.
Desde el primer día hubo señales que apuntaban a un origen deliberado. La intendenta de Cafayate, Rita Valeria Guevara, presentó una denuncia formal el 9 de junio ante la fiscalía penal local. La denuncia señalaba que no era la primera vez, ya que en ese mismo predio ya había sido afectado por un incendio en mayo, apenas semanas antes, lo que llevó al municipio a plantear la presunción de intencionalidad.
La fiscal penal Sandra Rojas abrió una investigación para determinar si hubo “causas naturales, acción negligente o una conducta intencional susceptible de configurar el delito de estrago”. Vecinos de la zona declararon haber visto personas desconocidas merodeando la zona del aeródromo y del parque de paneles solares antes del inicio del fuego, y testigos señalaron de manera coincidente las maniobras de un vehículo particular en los límites del predio. La fiscalía también solicitó peritajes satelitales para establecer las coordenadas exactas del punto de ignición.
La empresa propietaria del terreno, Finca El Monte S.A., tiene domicilio legal en Uruguay 1037, Ciudad de Buenos Aires, y sus socios identificados incluyen a Augusti Aiello, Luis Correas, Alfredo Mattei, Juan José Case y Francisco Lávaque. El hecho de que se trate de una empresa con sede porteña propietaria de tierras en una zona protegida de alto valor ecológico alimentó las sospechas de la comunidad local sobre una posible motivación vinculada al uso del suelo o la especulación inmobiliaria.
Ante la magnitud del desastre, el Concejo Deliberante de Cafayate aprobó en sesión especial la Declaración de Emergencia Ambiental por Incendios Forestales en todo el departamento, con una vigencia de 18 meses. La ordenanza reconoce explícitamente que la gravedad supera la capacidad técnica y financiera del municipio, y faculta al Ejecutivo local a prorrogar el estado de emergencia por un plazo idéntico si persisten las condiciones de riesgo.
El artículo 1° de la resolución se enmarca en el artículo 165° de la Ley 7070 de Protección del Medio Ambiente de Salta, que establece que “toda catástrofe ambiental faculta a declarar la zona de influencia bajo estado de emergencia ecológica o ambiental”. El municipio solicitó fondos extraordinarios no reembolsables al gobierno provincial para cubrir los gastos del combate del incendio y financiar la remediación ambiental.
El valor ecológico del algarrobal que se perdió
Lo que se quemó no es cualquier vegetación. El ecosistema de los Valles Calchaquíes en Cafayate está compuesto principalmente por bosques nativos de algarrobo, una de las especies más estratégicas del noroeste argentino. El algarrobo es una especie clave, donde bajo su cobertura se moderan las temperaturas extremas, se reduce la evaporación y se redistribuyen las precipitaciones. Sus raíces fijan nitrógeno al suelo y sus bosques funcionan como “islas de fertilidad”, protegiendo el suelo de la erosión eólica e hídrica.
Estas características hacen del algarrobal la mejor defensa natural contra la desertificación en zonas áridas. Además, el bosque nativo cumple un rol cultural e histórico irremplazable en la región calchaquí. Sus frutos han sido fuente de alimento, bebidas tradicionales y artesanías gastronómicas desde tiempos prehispánicos. El problema es que el algarrobo es, como describió la propia Defensa Civil, de “crecimiento muy lento” y recuperar un bosque maduro de algarrobos tomará décadas, y si los incendios son recurrentes, los árboles perderán su capacidad de regeneración natural y producción de semillas.
La última temporada primavera-verano (octubre 2025 – marzo 2026) dejó una huella devastadora en la Patagonia argentina, dejando casi 70.000 hectáreas de bosque andino patagónico quemadas a causa de cuatro súper incendios. Greenpeace, mediante imágenes satelitales, estimó que la cifra alcanzó 60.845 hectáreas solo en bosques andino-patagónicos, concentradas principalmente en Chubut (60.304 ha), lo que equivale a una superficie equivalente a tres ciudades de Buenos Aires. Esto representó el doble de lo quemado en la temporada anterior, y diez veces el promedio de los años 2022–2024.
La situación fue tan grave que el actual presidente Javier Milei declaró el estado de emergencia y zona de desastre en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa en febrero de 2026. En el Parque Nacional Los Alerces (Chubut), un incendio atribuido a la caída de un rayo destruyó 20.000 hectáreas, en Puerto Patriada, otro superó las 23.000 hectáreas afectando hogares en Epuyén y El Hoyo. La Justicia de Chubut confirmó la presencia de restos de combustible en el punto de inicio del incendio patagónico, lo que también apunta a intencionalidad.
Los científicos son contundentes al señalar que el cambio climático no provoca los incendios por sí solo, pero crea las condiciones para que sean catastróficos. Un informe de World Weather Attribution determinó que el norte patagónico vivió en enero de 2026 el mes más seco en 25 años, y que esa “crisis de aridez” fue intensificada por las emisiones de gases de efecto invernadero. La región es hoy entre un 20% y un 25% más seca que en un mundo sin combustibles fósiles.
El meteorólogo Santiago Ignacio Hurtado detalló el fenómeno y destacó que hubo una disminución de agua disponible del 20-30% en algunas zonas y hasta 40% en el acumulado anual, combinada con un aumento de temperatura en verano de 1 a 1.5 grados. En Esquel se registraron 11 días consecutivos de temperaturas máximas extremas, el segundo período más prolongado en 65 años, en El Bolsón el 5 de enero de 2026 se alcanzaron 38.4°C, la temperatura más alta de enero desde que existen registros. Los incendios de “nueva generación” se caracterizan por propagarse de manera subterránea, por sistemas radiculares, lo que los hace especialmente difíciles de controlar —exactamente lo que describieron los brigadistas en Cafayate.
El recorte presupuestario
El límite entre lo “irreversible” y lo “inevitable” pasa por las decisiones políticas. De acuerdo al análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el gobierno de Milei consolidó un ajuste real del 70.7% en el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) respecto a 2023. En el Presupuesto 2026, la partida del SNMF fue fijada en apenas $20.131 millones, una caída real del 53.6% respecto a 2025 y del 68.9% respecto a 2023.
A esto se sumó la subejecución. En 2025, apenas se usó el 48.2% del presupuesto inicial, dejando sin ejecutar casi $20.000 millones que podrían haber fortalecido la infraestructura, el equipamiento y la capacitación de brigadistas. El gobierno además disolvió el Fondo Nacional de Manejo del Fuego mediante el Decreto 463/2025 en julio de 2025, eliminando el mecanismo de financiamiento automático preventivo. Hernán Giardini, de Greenpeace, comparó el enfoque del Estado con “intentar apagar tu casa incendiada con un vaso de agua”.
La Ley Nacional 26.331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos —conocida como Ley de Bosques— establece presupuestos mínimos para el enriquecimiento, restauración, conservación y manejo sostenible de los bosques nativos en categorías de protección. Los bosques de los Valles Calchaquíes se encuentran en categorías de alta protección, donde las quemas a cielo abierto están expresamente prohibidas.
El propio documento del Concejo Deliberante de Cafayate argumentó que los incendios ocurrieron “violando de manera flagrante las prohibiciones expresas de quemas a cielo abierto fijadas por la normativa ambiental de Salta”. Organizaciones ambientales llevan años señalando que la ley es sistemáticamente vulnerada mediante tres mecanismos. La recategorización de zonas protegidas a categorías de menor resguardo por parte de los gobiernos provinciales, los desmontes ilegales, y los incendios “accidentales” o intencionales como forma encubierta de desmonte. La investigación en Cafayate, con una empresa urbana como propietaria de tierras protegidas y dos incendios en el mismo predio en el lapso de un mes, encaja en ese patrón.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, presentó este viernes el “Plan Galina”,un programa de infraestructura que demandará una inversión superior a los 640 mil millones de pesos y que prevé la ejecución de más de 200 obras clave en localidades y comunas de toda la provincia. La iniciativa contempla la generación de más de 4.800 empleos directos en los rubros vial, habitacional, de saneamiento y de infraestructura comunitaria, deportiva y sanitaria.
El anuncio se realizó en el Salón de los Constituyentes de la Casa de Gobierno, colmado por funcionarios del gabinete, intendentes, jefes comunales, empresarios y trabajadores de la construcción. Torres explicó que el plan fue posible gracias al convenio de compensación de deuda firmado con el Gobierno Nacional para finalizar obras inconclusas y postergadas. “Estamos ante una reparación histórica para esos pueblos que hace décadas esperan una mejor calidad de vida”, afirmó el mandatario.
El programa se financia íntegramente con recursos provinciales. “Es un programa integral que contempla a toda la provincia y que nos permite recuperar obras que, jurisdiccionalmente, le correspondían al Gobierno Nacional”, apuntó el gobernador, quien resumió el alcance de la iniciativa: “Hoy podemos estar hablando de más de 200 obras, una inversión de más de 640 mil millones de pesos y, lo más importante, la generación de más de 4.800 empleos directos para las familias de la construcción”.
Torres aclaró que la denominación del plan “no es casualidad y tiene una lógica refundacional”. El programa rinde homenaje a Jorge Galina, primer gobernador constitucional de Chubut, quien, según el mandatario, gobernó “en una época en la que necesitó de todos, donde se forjaron cimientos institucionales y leyes muy importantes”. En esa línea, sostuvo que la provincia atraviesa “un momento que también es bisagra”, y reclamó “la madurez suficiente para aprender de los errores del pasado y no volver a cometerlos”.
El gobernador apuntó contra las gestiones de las épocas de bonanza petrolera: “Aquellas épocas de bonanza donde Chubut tenía el barril por encima de los 100 dólares y no se hicieron este tipo de obras que muestran, de manera tangible, que el desarrollo se refleja en una mejor calidad de vida para nuestros pueblos”. Y agregó: “Cuando constatamos los miles de millones de dólares que genera esta provincia y vemos pueblos aislados energéticamente o sin algo tan básico como el gas, es evidente que algo se hizo mal”.
Como ejes del anuncio, Torres recordó la vigencia de la Ley de Transparencia de la Obra Pública, una de las medidas que, según señaló, “presentamos apenas asumimos”. El plan incorpora un mapa interactivo de control ciudadano: “Diseñamos un mapa interactivo para que los chubutenses puedan ingresar cuando quieran y ver cuáles son las obras que se están ejecutando, en qué etapa se encuentran y cuáles son los plazos previstos en cada localidad”.
El gobernador también destacó el ordenamiento de las cuentas provinciales como la herramienta que permitió liberar fondos hacia la infraestructura. Reconoció que la provincia “todavía está pagando los créditos que esta provincia tomó y utilizó para gastos corrientes”, pero remarcó que se logró “algo inédito: recuperar la confianza y pasar de una provincia aislada financieramente a una provincia que mejora día a día su perfil crediticio”. En ese marco, precisó que la deuda vieja se renegoció “en mejores condiciones” y que ese dinero se destinará “pura y exclusivamente para una reparación histórica en esos pueblos”.
En materia habitacional, Torres anunció “una política habitacional agresiva” con un plan específico para docentes, policías, trabajadores de la salud y otros sectores estratégicos, bajo “un modelo de construcción más rápido como el que se utilizó en la Cordillera”. El mecanismo se replicará para todos los chubutenses y sumará, según adelantó, “algo muy importante como son las conexiones intradomiciliarias de gas”.
En el plano vial y tecnológico, el plan garantizará internet de alta velocidad para todos los pueblos, la pavimentación de 40 kilómetros de la Ruta Nacional N° 40 y la finalización de la doble trocha para agosto. “Tomamos la decisión política de integrar con internet de alta velocidad a todos los pueblos de la provincia, de hacernos cargo de las rutas nacionales y de volver a invertir en puertos. Son obras que muchas veces no se ven, pero que nos hacen más competitivos y generan más trabajo”, señaló.
La obra prioritaria del programa será el nuevo acueducto para Comodoro Rivadavia, calificado como el segundo más grande de la Argentina. El gobernador la definió como “el acto de justicia más grande” del plan: “Le vamos a garantizar a Comodoro Rivadavia que el acueducto, el segundo más grande de la Argentina, se va a hacer en tiempo y forma”.
El ministro de Economía, Luis Caputo, viajó este jueves a Paraná y firmó junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, un acuerdo en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), un mecanismo que permite a la Nación y a las provincias compensar deudas y acreencias que tienen entre sí para ordenar sus cuentas públicas.
El convenio funciona, en los hechos, como un trueque contable. Nación transferirá a la provincia inmuebles del ex PRO.CRE.AR ubicados en Paraná, y Entre Ríos reconocerá el valor tasado de esos bienes. A cambio, el Estado Nacional admitió una deuda con la provincia vinculada al ajuste del Consenso Fiscal y un saldo pendiente de un convenio anterior. El objetivo, según el Gobierno, es saldar deudas de años previos y avanzar hacia una nueva relación fiscal federal, una tarea que la gestión nacional dijo estar encarando junto a la mayoría de las jurisdicciones.
La visita incluyó dos escalas más. Caputo se reunió con cámaras productivas entrerrianas, donde valoró el espacio de diálogo directo con los distintos sectores de la región. Ante los empresarios, sostuvo que “Argentina logró superar los shocks internos y externos” y consideró que eso representa “una evidencia empírica de la solvencia del programa económico”. También afirmó que “estamos ante un nuevo modelo que es mejor para todos los argentinos” y recordó que “veníamos de un desorden macroeconómico que perjudicaba a los 47 millones de habitantes”.
El ministro anticipó además la hoja de ruta del oficialismo en materia impositiva: “están llegando las inversiones y cada año van a ser más” y prometió que el Gobierno va “a seguir bajando impuestos”. “La forma de ser más competitivos es bajando impuestos, mejorando la infraestructura, generando crédito y sacando regulaciones”, agregó.
Más tarde, Caputo y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, encabezaron la reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que reunió a los ministros de Economía provinciales. Allí el ministro pidió a las provincias un gesto concreto: “es fundamental del lado de las provincias dar como señal una baja concreta de impuestos para profundizar este camino”. Y enmarcó esa exigencia en una idea más amplia: “lograr una Argentina más productiva se da con responsabilidad fiscal”.
En ese mismo encuentro, el ministro y el gobernador dieron el paso más ambicioso del día: plantearon la necesidad de avanzar hacia un nuevo pacto fiscal entre Nación, provincias y municipios. Como anfitrión, Frigerio abrió el cónclave con un reclamo de fondo. Argentina, dijo, necesita discutir una nueva etapa fiscal, y para eso propuso construir un acuerdo federal que fije un horizonte concreto para eliminar los impuestos distorsivos que, según aseguró, encarecen la producción y restan competitividad. Mencionó tres en particular: Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones.Sobre estas últimas fue categórico: los derechos de exportación “no deberían formar parte de la estructura impositiva de un país que busca crecer, atraer inversiones y generar empleo privado”.
Caputo se ubicó en la misma línea. Señaló que la consolidación del equilibrio fiscal abre la puerta a una nueva etapa de reformas estructurales centradas en la competitividad, la inversión y la baja de la presión tributaria. El país, planteó, debe avanzar “hacia un modelo más federal” en el que las provincias tengan mayor autonomía y dependan menos de las transferencias nacionales. Un nuevo pacto fiscal, explicó, puede ordenar las responsabilidades de cada nivel de gobierno, mejorar la calidad del gasto público y generar las condiciones para una baja sostenida de impuestos. El desafío, admitió, será construir consensos sin poner en riesgo el equilibrio fiscal ya alcanzado. “Tenemos que seguir todos por el camino de la responsabilidad fiscal, la baja de impuestos y el respeto por la propiedad privada. Eso es lo que les va a dar confianza a los actores económicos para animarse a invertir y producir más”, resumió ante los funcionarios provinciales.
Frigerio aclaró que el proceso requiere una hoja de ruta y debe resguardar la sustentabilidad de las cuentas públicas. Aun así, consideró clave avanzar en una línea de trabajo común que dé previsibilidad a quienes invierten y producen, y que establezca con claridad que Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones tendrán una reducción progresiva hasta su eliminación. El esquema también alcanza a los gobiernos locales: el gobernador pidió revisar tasas municipales que en algunos casos funcionan como impuestos encubiertos y elevan los costos de la actividad sin una contraprestación clara.
Caputo, en tanto, sumó ante los representantes provinciales una reflexión sobre el clima de negocios. Durante muchos años, dijo, en el país “habíamos normalizado no respetar la propiedad privada y es lo que más daño nos ha hecho”. Por eso reivindicó “el respeto por la santidad de los contratos”.
Frigerio y Caputo ya fueron protagonistas del último acuerdo fiscal entre Nación y provincias, suscripto durante el gobierno de Mauricio Macri. Por entonces, el actual gobernador era ministro del Interior, y Caputo conducía Finanzas, después de que la cartera económica se dividiera tras la salida de Alfonso Prat Gay (con Nicolás Dujovne al frente de Hacienda). Aquel pacto, que quedó trunco tras la crisis financiera de 2018, contenía casi los mismos puntos que la agenda actual. Las provincias (con la excepción de San Luis, que no firmó) se comprometían a reducir de manera gradual Ingresos Brutos y Sellos, mientras la Nación asumía revisar el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones.
Ramiro Marra le escribió una carta abierta a Javier Milei en la que le reclamó la salida de ManuelAdorni. El jefe de Gabinete está siendo investigado por enriquecimiento ilícito. Marra, exlegislador porteño, uno de los fundadores de La Libertad Avanza, instó al Presidente a tomar “la decisión que corresponde” frente a una situación que “viene desgastando al gobierno desde hace meses”.
El reclamo llega en un momento clave para Adorni. El Senado tiene previsto avanzar, el 25 de este mes, con la habilitación de la interpelación del funcionario para que comparezca ante la Cámara alta el 2 de julio, fecha en la que también podría enfrentar una moción de censura si sus respuestas no satisfacen a la oposición.
Marra no ocupa ningún cargo público desde que fue desplazado de La Libertad Avanza. Escribe, aclara, “no como un dirigente político, sino como lo que soy hoy: un ciudadano del sector privado. Uno más de los millones de argentinos que producen, que generan trabajo, que arriesgan su capital todos los días y que en su momento decidieron acompañar un cambio que parecía imposible”. El exdirigente remarcó que su reclamo nace del apoyo al rumbo del gobierno: “Le escribo justamente porque creo en el modelo económico y las reformas que su gobierno está llevando adelante”.
El argumento central del texto giró en torno a la idea de que el proyecto político que llevó a Milei a la presidencia no le pertenece a ninguna persona. “Acá está el punto que quiero dejarle, con todo el respeto: este proyecto no es suyo. No le pertenece a una persona, ni a una familia, ni a un círculo de confianza”, escribió. “Usted es el representante de ese cambio y el principal responsable de cuidarlo. Pero no es su dueño. Y cuidarlo, muchas veces, significa tomar decisiones que duelen”, completó.
La situación “viene desgastando al gobierno desde hace meses: ocupa la agenda, tapa los logros y erosiona lo más valioso que tiene este proyecto, que es la palabra”.
El exlegislador apeló a la promesa fundacional del espacio para reforzar su demanda. Recordó que los argentinos “no votaron solamente números”, sino “la promesa de terminar con los privilegios, con los acomodos y con la idea de que hay funcionarios que están por encima del resto”. Bajo esa premisa, afirmó que ese “contrato” con la ciudadanía “hoy se está poniendo en duda”.
Para Marra, ninguna lealtad afectiva puede ubicarse por encima del rumbo trazado: sostuvo que “las ideas y los proyectos valen más que cualquier relación personal o familiar que un presidente pueda tener”.Sobre esa base lanzó una advertencia: cuando un vínculo personal termina pesando más que la coherencia del proyecto, este “empieza a morir por dentro, aunque la economía siga funcionando”.
El exdirigente respaldó su reclamo con su propia experiencia dentro del espacio. Aseguró hablar “con autoridad moral”, porque le tocó atravesar una situación parecida “del otro lado”. Así trajo a la memoria su salida de La Libertad Avanza, en enero de 2025, cuando lo apartaron “de manera unilateral, sin preaviso, a través de un tuit, con excusas ridículas”. Reconoció el dolor de aquel momento, pero remarcó que eligió el silencio: no rompió nada, no dañó al proyecto ni se transformó en “bandera de la oposición”. Según explicó, asumió que el espacio “era más grande” que él y que su orgullo no podía anteponerse a lo que esperaban millones de personas.
Con ese antecedente como respaldo, formuló su pedido central: “Si esa misma vara se aplicó conmigo —un fundador, apartado injustamente—, lo único que pido hoy es que se aplique con la misma firmeza con cualquier funcionario. Sin distinciones, sin blindajes y sin excepciones por cercanía”.
El cierre de la carta condensó el reclamo: “No le pido que me dé la razón. Le pido que tome la decisión que corresponde. La que cuida el modelo, la que protege la palabra empeñada y la que le devuelve al gobierno la fuerza moral que le dieron los argentinos”. Y remató: “Este cambio es más grande que cualquiera de nosotros. Más grande que yo, que ya lo viví en carne propia. Y más grande que usted, Señor Presidente. Cuidarlo es su responsabilidad. Y todavía está a tiempo”.
Un senador de Entre Ríos presentó formalmente un proyecto para crear un registro oficial de objetos voladores no identificados (OVNIs) en la provincia. Aunque suena a chiste, el proyecto tiene lógica política, histórica y hasta geográfica bien fundada y llega en un momento en que el mundo entero está hablando del tema.
Víctor Sanzberro es senador provincial peronista por el Departamento Victoria. El 27 de mayo de 2026, presentó ante el Senado entrerriano el proyecto número 15.702, que propone crear el Programa Provincial de Registro de Fenómenos Anómalos (PRFA). El texto ya tomó estado parlamentario y fue remitido a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Senado provincial.
El proyecto está en comisión, presidida por el médico y senador peronista Martín Oliva. Para convertirse en ley, deberá ser debatido y aprobado por el pleno del Senado entrerriano. Por ahora, el texto abrió el debate y generó repercusión nacional e internacional.
— Víctor Sanzberro propone la creación del PRFA
El objetivo central del programa es “recibir, registrar, analizar y preservar de forma sistemática los reportes de objetos o fenómenos no identificados en el espacio aéreo, terrestre o en los cursos de agua del territorio entrerriano”. Es decir, cualquier ciudadano, piloto, navegante, policía o profesional podría reportar un avistamiento extraño de forma oficial.
El proyecto contempla varios ejes concretos. Entre ellos, prevé la puesta en marcha de un sistema digital y telefónico para recibir denuncias, con confidencialidad absoluta y reserva de identidad para quienes aporten información. Además, establece la designación de un responsable por parte del Poder Ejecutivo provincial para coordinar el programa, junto con la creación de un consejo consultivo honorario integrado por siete personas, entre investigadores reconocidos, representantes de la sociedad civil y especialistas en aviación y náutica.
La iniciativa también sostiene que su implementación no implicará la creación de nuevas estructuras burocráticas ni la generación de gastos adicionales, ya que se apoyará en recursos ya existentes.
— El Museo del Ovni ubicado en Victoria, Entre Ríos
La idea de proteger la identidad de quienes reporten no es poca cosa, ya que el argumento es que pilotos, controladores de tráfico aéreo y policías suelen evitar reportar avistamientos por miedo a burlas o a consecuencias profesionales.
El proyecto no surge de la nada. Sanzberro representa a Victoria, una ciudad entrerriana que es referente mundial de la ufología. La localidad tiene un Museo del OVNI fundado por las investigadoras Silvia y Andrea Pérez Simondini a partir de los avistamientos ocurridos en la zona desde los años 90’s. El equipo Visión OVNI, radicado allí, lleva más de 30 años investigando el fenómeno.
La geografía de la zona juega un rol central. Entre Ríos posee “vastas extensiones de cielo y agua” que incluyen el río Paraná, su delta y el río Uruguay, lo que la convierte según Sanzberro en un territorio con características especiales para este tipo de reportes. De hecho, el legislador propone que Victoria sea la sede del programa provincial.
El contexto mundial que le da importancia
El proyecto nace en pleno furor global por los fenómenos anómalos no identificados (UAP). El 8 de mayo de 2026, el Departamento de Guerra de Estados Unidos inició la desclasificación histórica de archivos gubernamentales sobre OVNIs, por orden del presidente Donald Trump, quien había anunciado en febrero de 2026 que ordenaría “identificar y liberar” archivos relacionados con vida extraterrestre y UAP.
Sanzberro también citó en su fundamentación que Brasil, Chile y Uruguay ya tienen programas oficiales de seguimiento de fenómenos anómalos. A nivel nacional, la Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI de la República Argentina (CEFORA) lleva años trabajando en la desclasificación de documentos oficiales usando la Ley Nacional 27.275 de Acceso a la Información Pública. También mencionó a América Latina para Aeroespacios Seguros (ALAS), organización regional presidida por el piloto Pablo Ducau.
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El propio Sanzberro anticipó las críticas con su argumento central: “Este proyecto no se trata de creencias, sino de transparencia y derecho a la información”. En otras palabras, no está pidiendo que el Estado crea en extraterrestres, está pidiendo que el Estado organice los reportes que de todas formas ya ocurren, especialmente entre profesionales aeronáuticos y náuticos.
Desde la ufología argentina lo vieron como “un avance increíble”, siendo que la CEFORA y ALAS respaldaron la iniciativa y la consideraron un antecedente para avanzar a nivel nacional. El proyecto también pone en el debate algo que Estados Unidos tardó décadas en hacer: dar un canal oficial y sin estigma para que quienes reportan fenómenos inexplicados no sean tratados como locos.
Una nueva controversia se instaló en la provincia de Santa Fe luego de que trascendiera que el sindicato docente AMSAFE destinaría alrededor de 180 millones de pesos para la realización de un espectáculo musical encabezado por la reconocida banda de cumbia La Delio Valdez.
La iniciativa, impulsada en el marco de una jornada de protesta sindical, despertó cuestionamientos de distintos sectores políticos y sociales, que consideran que los recursos del gremio deberían estar orientados prioritariamente a la defensa de los trabajadores de la educación y al fortalecimiento de los reclamos salariales.
Las voces más críticas sostienen que la contratación del espectáculo se produce en un contexto marcado por conflictos laborales, medidas de fuerza y reiteradas suspensiones de clases que afectan a miles de estudiantes santafesinos. Desde esos sectores aseguran que “los gremios deberían concentrar sus esfuerzos en la representación de los docentes y en la búsqueda de soluciones concretas para la educación”, en lugar de destinar importantes sumas de dinero a eventos masivos.
Juan Monteverde y Caren Tepp, referentes de la izquierda aliada al kirchnerismo provincial, acompañaron el ‘acto’ de la AMSAFE. “Fue emocionante encontrarme con docentes de distintos rincones de Santa Fe que, a pesar de los salarios que no alcanzan, del desgaste y de la falta de respuestas, siguen sosteniendo todos los días nuestras escuelas” dijo Tepp, ganándose luego el repudio de las voces críticas por el presunto gasto millonario que se despilfarró.
Reunidos en Paraná, el ministro de Economía y el gobernador entrerriano propusieron un acuerdo federal que fije un horizonte para eliminar Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones. En el mismo encuentro firmaron un convenio que compensa deudas cruzadas entre Nación y la provincia.
La fiscalía analiza si el foco tuvo origen deliberado tras una denuncia municipal y testimonios que apuntan a movimientos extraños en la zona. El Concejo Deliberante declaró la emergencia forestal por 18 meses.
Crecen las críticas por la carga del Inmobiliario Rural y por la posibilidad de nuevos impuestos en una de las regiones de mayor presión sobre una chacra agrícola, pagando hasta 13 veces más que en provincias como Santa Fe o Córdoba.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
