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En el día de ayer se dieron a conocer los indices de pobreza de nuestro país, el informe del INDEC expone que hay un 37,3% de pobres en nuestro país. “La pobreza alcanzó al 37,3% de las personas y al 27,9% de los hogares en el 2° semestre de 2021; y la indigencia, al 8,2% y al 6,1%, respectivamente” expone en su informe el INDEC.
A pesar de lo resonante de las cifras, para la portavoz oficial indican que van por “el camino correcto”. “No es un dato para celebrar hasta que no haya una Argentina pobre, por lo menos hasta que no haya una cifra razonable de núcleo de pobreza estructural que vamos a tardar muchos más años”, expresó Cerruti.
Y agregó: “La cifra de hoy, que es altísima y no es para celebrar, sí indica que estamos en el camino correcto, sí indica que hay un millón menos de pobres en la Argentina”.
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El Senado de la provincia de Buenos Aires votó este martes por la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el año 2025, en sintonía con el pedido del gobernador Axel Kicillof. Sin embargo, el oficialismo no logró avanzar con las modificaciones a los plazos del calendario electoral que también formaban parte del proyecto original. La iniciativa continúa su trámite en la Cámara de Diputados.
Durante la sesión, solo se debatieron y aprobaron los artículos 1 y 2 del proyecto, excluyendo los incisos 3 y 4 que planteaban cambios en los tiempos de convocatoria, presentación de listas, alianzas y boletas. Esta exclusión dejó en evidencia el impacto político del comunicado difundido un día antes por la líder del Partido Justicialista (PJ), Cristina Fernández de Kirchner, quien expresó: “solicité que transmitan a los compañeros y compañeras de ambas bancadas, que acompañen, en la parte pertinente, el proyecto de ley del compañero gobernador que fuera firmado por la oposición”.
El mensaje de CFK implicó que el kirchnerismo acompañaría solo los primeros dos artículos del proyecto, y que no avalaría alterar el cronograma electoral vigente. La exmandataria también criticó el desdoblamiento dispuesto por Kicillof, con el calificativo de “error político”.
El proyecto original del Poder Ejecutivo respondía a una recomendación de la Junta Electoral bonaerense en caso de suspenderse las PASO y avanzar con un esquema de elecciones concurrentes. No obstante, los artículos 3 y 4 que preveían flexibilizar los plazos fueron descartados. Entre ellos, se incluía la posibilidad de convocar a elecciones con al menos 100 días de anticipación, registrar alianzas 80 días antes y presentar listas y boletas con 70 y 50 días, respectivamente.
El texto aprobado finalmente establece la suspensión del régimen de PASO por única vez en 2025, con excepción de los artículos 16 y 17 de la ley vigente. De este modo, la campaña electoral podrá comenzar 30 días antes del comicio y deberá finalizar 48 horas antes del mismo.
– Carlos Curestis
En el debate parlamentario, las posiciones políticas quedaron expuestas. Sergio Vargas, senador de La Libertad Avanza, celebró el acuerdo multipartidario: “Hemos trabajado todos los bloques para flexibilizar posiciones y tratar este proyecto”. Su compañero de espacio y presidente del bloque, Carlos Curestis, fue más tajante: “Venimos trabajando para eliminar las PASO. Que los bonaerenses se ahorren 150 mil millones de pesos es importante”.
Desde la UCR, el senador AgustínMáspoli reconoció el consenso alcanzado, pero cuestionó los tiempos del debate: “Discutir cuestiones electorales en un año electoral no es lo ideal. Estamos fuera de tiempo por las tensiones internas del oficialismo”.
– Christian Gribaudo
El presidente del bloque PRO, Christian Gribaudo, apuntó en la misma dirección: “Algunos pensaban que esto era una interna del oficialismo, pero es un debate dentro de cada fuerza. No puede haber más modificaciones del Ejecutivo a las reglas del juego”.
Por el oficialismo, Teresa García, presidenta del bloque de Unión por la Patria en el Senado, ratificó la posición del kirchnerismo: “Creemos que es mejor una sola elección, concurrente. Este no era el momento de experimentar. Ya hubo suficiente incertidumbre con la Boleta Única. No creemos en la municipalización ni en la provincialización de la política, apostamos a un proyecto nacional”.
– Teresa García
García también destacó la decisión de Cristina Kirchner como una “salida por arriba” ante el desdoblamiento impuesto por el Ejecutivo: “Es de una enorme inteligencia política. Sabemos que pagamos un costo, pero los dirigentes deben asumirlos”.
En tanto, el senador Federico Faggioli, también de Unión por la Patria, se abstuvo de la votación. Representante del sector Patria Grande, que lidera Juan Grabois, sostuvo que su espacio sigue respaldando las PASO.
En una jugada inesperada, Héctor Daer le puso fecha de vencimiento a su ciclo en la CGT. Este martes, durante una reunión a puertas cerradas en Azopardo, avisó que en noviembre no buscará la reelección. Y con ese gesto, pateó el tablero sindical: empieza una nueva etapa con recambio de nombres y alianzas cruzadas.
Hasta ahora, muchos daban por hecho que Daer quería ser el secretario general único, en reemplazo del triunvirato. Pero la sorpresa fue doble: no solo da un paso al costado, sino que ya dejó en puerta el nombre de su sucesor. Se trata de Jorge Sola, actual secretario de Prensa de la CGT y referente del Sindicato del Seguro, apadrinado por Andrés Rodríguez, jefe de UPCN y aliado histórico de Daer.
El anuncio lo hizo antes de una conferencia de prensa y frente a una mesa sindical de peso: estaban Carlos Acuña (estaciones de servicio), Octavio Argüello (Camioneros), Rodríguez, SergioRomero (UDA), Juan CarlosSchmid (Dragado y Balizamiento), JulioPiumato (judiciales) y su hermano RodolfoDaer (Alimentación).
Como argumento, habló de un desgaste natural después de tantos años en la conducción, aunque dejó claro que no se va ya mismo: primero quiere “acomodar todo esto”, en alusión a la pelea contra la reforma laboral que busca reinstalar el Gobierno. Una agenda que la CGT piensa resistir con un nuevo paro general, el tercero contra la gestión de Javier Milei.
Lo cierto es que la decisión de Daer llega justo cuando enfrenta elecciones en su gremio, ATSA Buenos Aires, que conduce desde hace 32 años. Todo indica que adelantará los comicios para junio y así evitar el armado de una lista opositora aprovechando la transición en la CGT.
La salida de Daer también reacomoda internas. En los últimos tiempos se había alejado de su perfil dialoguista y endurecido su postura, más cercana a la de Andrés Rodríguez y José Luis Lingeri, hoy críticos del Gobierno. En cambio, dirigentes como Gerardo Martínez (UOCRA) y Armando Cavalieri (Comercio) apuestan aún al pragmatismo y al diálogo con la Casa Rosada. Y en el medio, aparece Luis Barrionuevo (gastronómicos), que alienta una renovación con figuras propias.
Con Daer fuera de juego, la pregunta es quién tomará las riendas. Nadie parece tener hoy el consenso para asumir como líder único, por lo que vuelve a tomar fuerza la idea de una conducción colegiada de tres o cuatro cabezas. Además de Sola, suenan Cristian Jerónimo (vidrio), apoyado por Sasia y Martínez, y Daniel Vila (Carga y Descarga), el hombre de Barrionuevo que le ganó la pulseada a Camioneros por el encuadramiento sindical en Mercado Libre.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) difundió esta semana “El peso de las tasas municipales de la provincia de Buenos Aires y La Pampa y su impacto en la producción agropecuaria”, un informe en el que incluyó un comparativo de varios municipios y ubicó a Chivilcoy al tope de la Tasa Vial más costosa de la provincia. A partir de este señalamiento, Guillermo Britos, intendente de la localidad bonaerense, consideró que el informe fue “falso y carece de buenas intenciones” y advirtió “motivaciones políticas” detrás de los datos publicados.
Según Carbap, la “Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial” alcanzó los $17.321 anuales por hectárea en determinadas boletas de Chivilcoy, lo que equivalió a 91,2 kilogramos de trigo o 60,8 de soja, y hasta $16.663 en otros casos. La entidad presentó dos comprobantes de 69 y 108 hectáreas, respectivamente. También indicó que las nuevas boletas de cuotas 4, 5 y 6 llegaron con una actualización que supera los $19.000 por hectárea, aunque no precisó si ese monto ya estaba vigente o si correspondía a una proyección. “No contemplamos posibles descuentos ni el estado de deuda de los contribuyentes; nuestro único objetivo fue reflejar lo que surge de las boletas oficiales”, aclaró la entidad.
“Es difícil saber de dónde salió esta falsedad”, se quejó el intendente Britos. “Puede haber surgido de productores que están deudores aunque hay dirigentes ruralistas de Chivilcoy que son candidatos de espacios opositores”. Además, enfatizó que en su distrito la tasa se calculó mediante una denominada Unidad Agropecuaria, compuesta por 1 kilo de soja + 1 kilo de trigo + 1 kilo de maíz + 0,1 kilo de carne vacuna. Dijo que, hasta el 30 de marzo, el valor osciló entre $903,02 y $1062,35 por hectárea, lo que se tradujo en montos anuales de $10.836,24 y $12.748,20, muy por debajo de los números publicados por Carbap.
El intendente remarcó que los valores superiores a $17.000 se dieron solo si el propietario del campo acumuló deuda y, por ende, se aplicó una multa del 35%. “De la única forma de llegar a los valores similares a los publicados es si se toma una partida de más de 100 hectáreas con deuda acumulada”, explicó. Britos añadió que el municipio previó mecanismos de regularización: “Si el deudor se presenta, se le bonifican parcialmente los intereses y se le refactura el corriente año como buen contribuyente, con lo que accede a los valores habituales”. Asimismo, el mandatario aseguró que la mayoría de los productores tuvo un 15% de descuento por pago anticipado, con lo cual el costo efectivo bajó a cerca de $800 por hectárea.
Carbap, por su parte, recalcó que su estudio no evaluó la eficiencia de la inversión municipal ni la calidad de los servicios brindados, sino que se enfocó en la presión fiscal que representó esta tasa para los productores. Insistió en que el incremento superó el 40% en gran parte del territorio bonaerense, con picos de 87% medidos en trigo y 63% en soja en algunas localidades. Además, resaltó que el informe determinó brechas de hasta ocho veces entre jurisdicciones y que el estado general de los caminos en la provincia continuó siendo “de regular a malo”.
El peso de las tasas municipales de la provincia de Buenos Aires y La Pampa y su impacto en la producción agropecuaria
En su réplica, Britos aseguró que el secretario de Hacienda local ya había informado a dirigentes de Carbap y de la Asociación Rural de Chivilcoy sobre la metodología oficial de cálculo antes de la difusión del informe. Subrayó que, si el material no se rectificaba, enviaría una carta documento para pedir la aclaración. También defendió los trabajos realizados en los 1500 kilómetros de caminos rurales del distrito: invitó a la entidad a recorrerlos para constatar las mejoras con piedra caliza y escoria.
– Ignacio Kovarsky, titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa
Pese a la disputa, desde Carbap indicaron que mantendrían su compromiso con la “transparencia y la precisión” para mostrar el verdadero peso de las tasas en la producción agropecuaria, más allá de los descuentos u otros beneficios que puedan otorgar los municipios. Finalmente, la entidad reiteró que Chivilcoy se ubicó entre los distritos con mayor presión fiscal por hectárea, mientras que el jefe comunal insistió en que, para los contribuyentes cumplidores, los montos no llegaron a los valores expuestos en el informe. Ambos actores continuaron defendiendo sus cifras y perspectivas, en un escenario que combinó aspectos técnicos, financieros y políticos.
La creación de la comisión especial para investigar el escándalo del caso Libra, que apunta directamente al entorno del presidente Javier Milei, desató una guerra de maniobras en la Cámara de Diputados. Lo que en teoría debía ser un paso institucional se convirtió en una batalla por el control del tablero político.
Durante la semana, La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados reformularon sus alianzas parlamentarias. A los libertarios se les sumó el monobloque CREO, y lograron un interbloque de 40 integrantes. En paralelo, Oscar Zago, tras su salida explosiva del bloque libertario, armó una sociedad con el PRO y Somos Fueguinos, con un total de 41 diputados. Ambos espacios reclamaron cuatro lugares cada uno dentro de la comisión.
A la par, el resto de la oposición también jugó sus cartas. Hubo intentos por reorganizar fuerzas, ajustar interbloques y ganar presencia en la comisión. Pero lo que parecía una jugada de ajedrez terminó por desacomodar todo el tablero.
Uno de los coletazos más fuertes se lo llevó la Unión Cívica Radical, que terminó fracturada. Seis diputados, históricamente más cercanos al gobierno libertario, se abrieron y fundaron la Liga del Interior, un nuevo bloque con voz propia y que les permite exigir dos sillas en la comisión investigadora.
Este movimiento debilitó seriamente a la conducción del cordobés Rodrigo de Loredo, que ahora ve reducido su bloque a 14 miembros y pierde una banca clave en la comisión. Dentro del radicalismo ya no se habla de fisuras, sino de una ruptura lisa y llana.
El presidente de la Cámara, Martín Menem, no quedó afuera de la tormenta. En medio del caos legislativo, crecen las tensiones con la oposición, que lo acusa de querer manipular la conformación de la comisión en favor del oficialismo. Hay quienes lo ven como un jugador más en esta partida política, más que como un árbitro institucional.
Mientras tanto, la comisión –que debería encargarse de dilucidar si hubo o no responsabilidades políticas en el manejo de la plataforma Libra– todavía no termina de nacer. Y ya está envuelta en internas, pases de factura y rosca legislativa.
Hasta el momento, la oposición contaría con aproximadamente 14 representantes en la comisión —seis de Unión por la Patria (UxP), dos de Encuentro Federal (EF), dos de Diputados por San Luis (DpS), dos de la Coalición Cívica (CC) y dos del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Nueva y Participativa (FIT/NyP)—, mientras que el oficialismo reuniría entre 12 y 14 miembros, con cuatro de La Libertad Avanza (LLA), cuatro del bloque PRO/MID, dos de la UCR, dos de la denominada UCR libertaria y dos de Independencia Federal (IF).
El escenario configura un virtual empate que amenaza con paralizar el funcionamiento de la comisión desde su inicio. Hasta el próximo 23 de abril —fecha prevista para la primera reunión formal—, continuará una intensa disputa reglamentaria, cuya resolución aún es incierta y mantiene en vilo a todo el arco legislativo.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres anunció este jueves que el Estado provincial denunciaría al juez de Familia de la localidad de Sarmiento, Santiago Martín Huaiquil, por ordenar a la obra social provincial Seros que cubriera el 100% de una cirugía de cambio de sexo. El mandatario consideró que el fallo “pone en riesgo al sistema de salud” y definió al magistrado como “demagogo, irresponsable e ignorante”.
Según detalló Torres, la intervención quirúrgica demandaría “millones de pesos que exceden los costos de los tratamientos oncológicos más caros”. El gobernador explicó que, al asumir, encontró a Seros con undéficit de más de 6.000 millones de pesos y que, para su gestión, el fallo del juez Huaiquil “no tiene por qué ser cubierto” por la obra social. “Estos jueces creen que pueden fallar cualquier cosa sin contemplar la factibilidad financiera o económica, y eso es un riesgo enorme para todos los chubutenses”, señaló.
Torres remarcó que no permitiría que “un juez ideologizado y populista vuelva a fundir nuestra obra social”, y adelantó que haría “un cruce con todos los amparos presentados y los fallos que nos obliguen a cubrir prestaciones que no tiene por qué cubrir nuestra obra social”. Entre los puntos que el magistrado ordenó cubrir se incluyeron “feminización facial, contorno de frente, rinoplastia, blefaroplastia, pexia de cejas y cantopexia, lifting facial, genioplastia, contorno de mandíbula, transferencia de grasa facial, más toda la cobertura sanatorial y honorarios médicos”.
“Se trata de un conjunto de intervenciones estéticas para modificar la apariencia de género que la obra social no tiene por qué cubrir. Esto no es una batalla cultural, sino una discusión sobre derechos y obligaciones”, puntualizó el mandatario provincial. “Desde el día uno de gestión les dije que cada vez que nos encontráramos con un cuello de botella que atente contra el desarrollo de la provincia, íbamos a dar todas las peleas que sean necesarias de cara a la ciudadanía”, agregó.
No es la primera vez que el Poder Judicial ordenó a Seros cubrir una cirugía de readecuación corporal. En septiembre de 2021, el juez de Familia de Trelew, Daniel Manse, resolvió que la obra social debía brindar cobertura a un adolescente trans de 17 años, luego de que el joven presentara un recurso amparado en la Ley 26.743 de Identidad de Género.
Esa ley ordena la inclusión de los tratamientos de adecuación de género en el Programa Médico Obligatorio (PMO). Sin embargo, en febrero pasado, el Gobierno anunció la prohibición de tratamientos de hormonización e intervenciones quirúrgicas para cambio de sexo en menores de edad, derogando los artículos que permitían a los menores modificar su nombre, sexo y someterse a cirugías de este tipo. Desde entonces, “los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, ya no deberán garantizar este tipo de prácticas, por lo que dejarán de estar incluidas en el Plan Médico Obligatorio (PMO)”, precisaron desde el Ministerio de Salud de la Nación.
Dentro de las operaciones afectadas se incluyeron procedimientos como mastectomía, vaginoplastia, faloplastia y otras intervenciones de adecuación de género.
El kirchnerismo formalizó ayer miércoles un proyecto que buscó suspender las PASO y establecer elecciones “concurrentes” en la provincia de Buenos Aires.Teresa García, senadora y presidenta del bloque de Unión por la Patria (UP) en la legislatura bonaerense, fue la encargada de exponer una propuesta con cuatro artículos: en el primero, la suspensión de las primarias; en el segundo, la realización de los comicios provinciales el mismo día que las elecciones nacionales; en el tercero, la facultad del Poder Ejecutivo para adherir a esa modalidad; y en el cuarto, la notificación formal de la nueva normativa al gobierno bonaerense.
“Una sola Nación, una sola provincia, una sola elección. Presentamos el proyecto de suspensión de las PASO en la provincia, y la convocatoria a elecciones para senadores y diputados provinciales, concejales y consejeros escolares; en la misma fecha y en concurrencia con la elección nacional”, comunicó García en sus redes sociales, donde divulgó el documento respaldado por todo el bloque peronista, incluida la legisladora del Frente Renovador,Sofía Vannelli.
El texto advirtió sobre los riesgos de un eventual desdoblamiento: “La organización de una elección desdoblada por primera vez en más de 40 años de democracia requeriría una extraordinaria preparación logística, presupuestaria y de los recursos humanos provinciales, que no es posible realizar en estos escasos meses que anteceden a la elección”.
La iniciativa contó con el aval de Cristina Kirchner y de Sergio Massa. Según lo expuesto en la Legislatura, la exmandataria buscó unificar los comicios para fortalecer a los candidatos nacionales del peronismo, mientras Massa coincidió en la suspensión de las PASO, pero planteó la posibilidad de votar los cargos locales en noviembre, con el fin de capitalizar un escenario distinto ante el crecimiento de Javier Milei.
De este modo, la postura de ambos chocó de pleno con la estrategia de Axel Kicillof, quien había presentado, la semana anterior al 26 de marzo, un proyecto para derogar las primarias y adelantar la elección bonaerense, a fin de centrar la campaña en los logros de su gestión. El tratamiento de esa iniciativa se pospuso hasta el 3 de abril, después de que no prosperara la intención de votarla el jueves 27 de marzo.
La reacción del entorno del gobernador fue inmediata y contundente. “Rompieron todo”, criticaron en los pasillos de la Gobernación, al considerar que la fecha electoral era “una competencia del gobernador” y que el nuevo proyecto implicaba “intromisión de poderes”.
– Los intendentes de la UCR bonaerense se alinean con Kicillof por las PASO
“Habría que analizar la constitucionalidad”, advirtió una fuente oficial tras la maniobra kirchnerista. Aun así, el propio Kicillof reconoció días atrás que suspender las PASO exigía el visto bueno de la Legislatura, debido a que esas primarias están atadas por ley a las nacionales. “Lo tendrán que explicar”, añadieron voceros kicillofistas, en referencia a la movida de los senadores que respondían a Cristina Kirchner.
La interna en el oficialismo de Provincia de Buenos Aires contrastó con el apoyo que algunos radicales dieron a la postura de Kicillof sobre el desdoblamiento.El Foro de Intendentes de la UCR publicó un comunicado el martes 25 de marzo en el que acompañó la idea de separar la elección, al sostener que “los bonaerenses necesitan debatir sus propios temas provinciales y municipales”. Otros sectores, sin embargo, se mostraron críticos y demandaron una definición urgente del calendario. Desde el PRO, Cristian Ritondo expresó el 26 de marzo: “Hoy volvemos a pedirle que priorice las preocupaciones y necesidades de los bonaerenses por sobre los conflictos internos con sus socios políticos”.
