PAPELON K | Lanata expuso una vez más las mentiras y las contradicciones K en los medios
"Todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba en el cielo"
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Jorge Lanata reveló el audio de Lázaro Báez admitiendo que todo lo que tenía en su poder no era de él. Sugiriendo que todo pertenece a Néstor Kirchner.
“Todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba en el cielo“, dijo el “testaferro” K. es lo que trascendió oportunamente.
“Me lo dio para que lo administrara y no lo supe administrar en la forma adecuada que él quiso que lo administrara. Cometí los errores que cometí y quizás por eso estoy donde estoy”, continúa el empresario patagónico, preso desde abril de 2016 en el penal de Ezeiza.
Pero el propio Báez lo desmintió en comunicación con el canal kirchnerista C5N. “No existe”, dijo tajante.
Sin embargo, Lanata pasó al aire la escucha que supuestamente no existía. Allí se escucha clara, no solo la afirmación puntual, sino también todo el contexto.
Ello, en el marco de una conversación entre Báez y su supuesta amante. Escuchalo y sorprendete:
*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas
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La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó ayer un pedido de acceso a la información pública para que el Gobierno informe si el presidente Javier Milei cuenta con alguna evaluación que acredite su aptitud psicofísica y psíquica para ejercer el cargo. La solicitud, amparada en la Ley de Acceso a la Información Pública, llegó por escrito a la Jefatura de Gabinete que encabeza Diego Santilli.
La nota, firmada por el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, en representación de la organización, se dirigió al responsable de Acceso a la Información Pública, Jefatura de Gabinete de Ministros, Presidencia de la Nación. El propio sindicalista la difundió en sus redes sociales.
El escrito recordó que el Estado tiene un plazo de 15 días para responder. Sin embargo, desde el Gobierno ya trascendió que no contestarán el requerimiento.
Punto por punto, qué pidieron
En primer lugar solicita a la Presidencia y a la Jefatura de Gabinete que informen si existe en relación con Milei “algún examen, junta médica, certificado, dictamen o protocolo que haya evaluado su aptitud psicofísica y/o psíquica”.
En caso de que esa evaluación exista, el gremio reclamó que “se informe fecha de realización, organismo u profesional interviniente y resultado (“apto/no apto” o equivalente), sin requerirse el detalle clínico, diagnóstico u otros detalles de la historia”.
El segundo punto apunta a las reglas de juego. ATE pidió saber si hay alguna normativa, protocolo o reglamento que establezca controles periódicos de aptitud psicofísica y psíquica para el Presidente y, si la respuesta es afirmativa, que se entregue una copia.
Por último, el sindicato previó un posible rechazo. Si el Gobierno decide negar total o parcialmente la información, la negativa deberá presentarse por escrito y con fundamentos, con indicación precisa de qué excepción de la Ley de Acceso a la Información Pública invoca y con la aplicación del correspondiente test de daño e interés público.
El documento también contempló un escenario adicional. Si no existe ningún tipo de examen o apto médico realizado a Milei, Aguiar exigió que se lleve a cabo para constatar si el Presidente se encuentra en pleno uso de sus facultades psicofísicas para desempeñar el cargo.
La presentación aclaró que el gremio no requiere información reservada, como la historia clínica o los antecedentes médicos del mandatario. Lo que pide es conocer si Milei está “apto o no apto”, si existen organismos que evalúen su aptitud psicofísica, tal como ocurre con todos los trabajadores del Estado, y si alguna norma prevé esas evaluaciones.
Para respaldar el pedido, ATE citó declaraciones públicas sobre presuntos problemas mentales del Presidente. Entre ellas figuran las del periodista Nelson Castro, el exdiputado Facundo Manes, la vicepresidenta Victoria Villarruel, el diputado Jorge Araujo Hernández y las de varios psicólogos.
“Acá se controla a los trabajadores”
En su publicación, Aguiar fue tajante. “Los desequilibrios mentales del Presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo”, sostuvo.
El dirigente basó parte del reclamo en la diferencia entre las exigencias que enfrentan los estatales para ingresar a la administración pública y la falta de controles sobre la máxima autoridad política del país. “Es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado”, remarcó. Y agregó: “Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. ES UNA JODA”.
Aguiar se anticipó a las críticas. “Esperamos que nadie se alarme ni nos llamen golpistas o destituyentes, porque no buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función”, aclaró. Luego advirtió sobre el alcance de una eventual respuesta negativa: “Si no lo fuera, las consecuencias jurídicas serían gravísimas y la mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos”.
En paralelo con el trámite administrativo, ATE anunció que impulsará una iniciativa legislativa para que, a partir de las elecciones de 2027, todos los candidatos a cargos electivos estén obligados a realizarse un examen psicofísico preocupacional antes de la presentación de listas.
“Tenemos que avanzar en una iniciativa legal que permita exigir también exámenes psicofísicos a los cargos electivos a partir del año que viene”, propuso Aguiar. El titular del gremio estatal cerró con una advertencia: “Esta presidencia de Milei nos enseñó que la psicosis y el delirio de un candidato en la campaña se pueden camuflar. No nos puede volver a pasar”.
El titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, reclamó al gobierno del presidente Javier Milei medidas ante el aumento de la morosidad y el endeudamiento de las familias argentinas.
“Alguna solución tiene que haber en cuanto al menos poner criterios en la contracción de las deudas o buscar la forma de discutir cuánto del monto del sueldo de alguien se puede gastar”, afirmó Colombo al medio Radio Mitre Mendoza.
También cuestionó la idea de tratar el sobreendeudamiento como un problema puramente individual, sosteniendo que no puede responderse con “no nos interesa” o “que se arreglen”, cuando millones de personas afrontan simultáneamente problemas de pago, la cuestión deja de ser solamente una suma de malas decisiones privadas y adquiere una dimensión pública.
Su planteo se apoya en tres ejes. El primero es la prevención para discutir “cuánto del monto del sueldo” puede alguien gastar, mediante el establecimiento de criterios que determinen qué proporción de los ingresos de una persona o un hogar puede destinarse al pago de una cuota. El segundo es la protección frente al sobreendeudamiento, con límites a las llamadas deudas “leoninas”, derivadas de contratos de crédito extremadamente desventajosos para quien los toma, sumado a las deudas “a gotas”, con pequeñas obligaciones que se van acumulan hasta volver imposible el pago.
El tercero es la respuesta social, que reconoce que muchos hogares recurren al endeudamiento para sostener consumos esenciales y, como consecuencia, terminan recortando otros gastos básicos.
Además, Colombo relacionó la facilidad de endeudarse mediante billeteras digitales con la preocupación eclesial por las apuestas en línea. No destacó que toda deuda fintech provenga del juego, solo señaló que la contratación instantánea, el crédito dentro del teléfono y determinados consumos compulsivos pueden combinarse y agravar situaciones de vulnerabilidad.
La intervención se produjo después de que el Estado nacional rechazara una asistencia estatal general y caracterizara la morosidad principalmente como una cuestión “entre privados”. Milei sostuvo que no había elementos para atribuir el aumento de la mora a la política oficial, siendo que su propia gestión hizo arreglos directos de refinanciación entre entidades y clientes.
“El privado cuando se organiza resuelve por su cuenta lo que el Estado no puede”, señaló Milei, en el Congreso Americano de la FIA, agregando que “no hay elementos para culpar a la política del Gobierno” por la morosidad en aumento.
La preocupación tiene respaldo cuantitativo, aunque las cifras difundidas no siempre miden exactamente lo mismo. En el sistema bancario, la mora de las financiaciones a familias pasó de 10.6% en enero de 2026 a 11.2% en febrero, 11.5% en marzo, 12.1% en abril y 12.8% en mayo; en junio se mantuvo alrededor de ese nivel según el último Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Este porcentaje no quiere decir que el 12.8% de todas las familias argentinas esté en mora. Es un ratio de irregularidad de la cartera, donde se relaciona saldo de préstamos clasificados como irregulares con el financiamiento computado en ese segmento. La cantidad de personas afectadas es otra medición.
Un procesamiento de la Central de Deudores publicado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) contabilizó en junio 20.96 millones de deudores entre bancos y billeteras y 5.91 millones con algún incumplimiento. El cuadro es más grave fuera de la banca tradicional. CEPA estimó una mora de 30.1% entre las familias financiadas por billeteras o proveedores no financieros en junio, frente al 12.8% bancario; además, préstamos personales y tarjetas concentraban 64.3% del monto prestado a familias en mayo.
“No creemos que sea necesario que el Estado intervenga, cada vez que intervino en algo las cosas terminaron peor”, destacó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ratificando que el Gobierno no intervendrá en la situación de las familias endeudadas. Asimismo subrayó que “la mora empezó a bajar” y es un “dato”.
¿La mora bajó?
El último informe oficial disponible indicó que la irregularidad total del crédito privado bajó de 7.7% en mayo a 7.6% en junio, mientras la mora bancaria de las familias se ubicó en 12.8%; estimaciones privadas basadas en la Central de Deudores la calcularon en 12.7%, una décima menos que en mayo.
Por lo tanto, es razonable decir que el deterioro dejó de acelerarse en el último dato bancario, pero todavía no que la crisis se haya revertido. Una variación de una décima después de una larga sucesión de aumentos puede ser un punto de estabilización, no una tendencia consolidada. No obstante, la mora no bancaria seguía creciendo y rondaba el 33% en junio de acuerdo datos procesados por la consultora 1816.
— Evolución de la morosidad bancaria en Argentina entre noviembre de 2023 y junio de 2026, con un punto de inflexión en el segmento familiar en octubre de 2024 hasta alcanzar el 12.8% en junio de 2026
En Diputados existirían decenas de proyectos para afrontar la problemática. Las iniciativas incluyen refinanciaciones, quitas de punitorios, límites de tasas, suspensión temporal de ejecuciones, protección de salarios, mediación y normas de crédito responsable; la oposición convocó una sesión para el 9 de septiembre, pero, al no existir dictámenes, su objetivo inmediato es emplazar a las comisiones y fijar el tratamiento, no aprobar automáticamente una moratoria.
Martín Menem menospreció los proyectos que la oposición impulsa sobre el tema, diciendo que “buscan desestabilizar la economía”.
La mora no responde a una única causa. La explicación más razonable siempre surge de la combinación de distintos factores que pueden interactuar y agravarse entre sí. Uno de ellos es la insuficiencia de ingresos. Cuando el salario disponible ya no alcanza para cubrir alimentos, tarifas, alquiler, transporte o salud, el crédito deja de utilizarse para financiar una compra extraordinaria y empieza a funcionar como un sustituto del ingreso corriente.
A esto se suma el costo del financiamiento. Tasas de interés, comisiones, seguros, punitorios e impuestos pueden hacer que una obligación inicialmente manejable crezca con rapidez. En el ultimo relevamiento disponible de junio de 2026, el BCRA informó tasas efectivas anuales de referencia elevadas para los préstamos personales y las tarjetas de crédito.
Otro factor es la acumulación fragmentada de deudas. Una misma persona puede acceder a pequeñas líneas de financiamiento ofrecidas por distintos proveedores, cada uno de los cuales observa apenas una parte de su situación. El verdadero nivel de endeudamiento aparece cuando se suman los saldos de la tarjeta, los préstamos bancarios, los adelantos y el crédito otorgado por billeteras digitales.
Por último, existen acontecimientos personales capaces de alterar de manera abrupta la capacidad de pago. La pérdida o reducción del empleo, una enfermedad, una separación o un gasto imprevisto pueden convertir en impagable una deuda que, al momento de ser contraída, resultaba razonable.
El escenario político de la Cámara baja comenzó a moverse con una nueva dinámica impulsada por la diputada Marcela Pagano. Alejada formalmente de La Libertad Avanza tras profundas diferencias con la conducción oficialista, la legisladora optó por construir un puente transversal que reunió a dirigentes de distintos bloques y a los principales referentes de la producción nacional.
La convocatoria contrasta de lleno con la burbuja discursiva que emana desde la Casa Rosada. Mientras el presidente Javier Milei insiste en decretar que la economía está perfecta —respaldándose en parámetros superficiales como videos grabados en la peatonal calle Corrientes, el corazón más comercial y turístico de la Ciudad de Buenos Aires—, la realidad de las fábricas y comercios es diametralmente opuesta.
Para el mandatario, el cierre masivo de unidades productivas no representa un problema del modelo, bajo la premisa de que las empresas que quiebran lo hacen simplemente “porque no eran competitivas”. Sin embargo, esa teoría oficial ignora la asimetría estructural de las medidas vigentes: un Estado que elimina regulaciones e impuestos para facilitar la entrada de importaciones, pero que mantiene una presión fiscal feroz y asfixiante sobre el entramado local.
El diagnóstico oficial
El cónclave que reunió a legisladores, periodistas, economistas y referentes del sector productivo se llevó a cabo este lunes 14 de septiembre en la Sala 5 del tercer pido del Anexo A del Congreso de la Nación, convocando a figuras de diversas procedencias políticas con el objetivo de marcar un límite a la parálisis parlamentaria frente a la crisis.
— Diapositiva expuesta por Fundar.
Al abrir formalmente el encuentro, la diputada Pagano sintetizó el espíritu de la convocatoria apuntando directamente contra la desconexión gubernamental:
“La sociedad ya entendió que este modelo no cierra: lo que cierran son las empresas. Lo que falta es que el Congreso lo entienda y actúe. Hoy dimos el primer paso: diputados que venimos de lugares muy distintos nos sentamos en la misma mesa con los que producen y con los que miden. No es una foto, es el comienzo de una mayoría nueva para defender el trabajo argentino”.
— Diapositiva expuesta por Fundar.
A continuación, el informe técnico central de la jornada estuvo a cargo de Guido Zack y Nicolás Sidicaro, investigadores de la Fundación Fundar, quienes presentaron su Monitor Mensual de Empresas. El estudio, basado en los registros oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), expuso datos lapidarios: desde noviembre de 2023 se produjo el cierre neto de 30.633 empleadores y casi 500.000 puestos de trabajo menos, constituyendo el peor retroceso en los primeros 30 meses de un gobierno en el último cuarto de siglo, en contraste con los supuestos récords positivos que exclama el Ejecutivo.
Los especialistas detallaron que el indicador acumula 17 meses consecutivos de caídas y bajas interanuales continuas en 15 de los 18 sectores económicos y en la totalidad de las provincias, con la única excepción de Neuquén. Para los técnicos, el colapso responde a una combinación letal de tipo de cambio retrasado, apertura comercial asimétrica y encarecimiento del financiamiento local.
— Diapositiva expuesta por Fundar.
Al respecto, advirtieron sobre las condiciones en las que opera el mercado:
“Abrir la economía en estas condiciones es abrirla con la cancha inclinada a favor de las importaciones, porque los competidores del resto del mundo tienen costos de financiamiento más bajos, cargas impositivas inferiores y logística optimizada, mientras aquí se asfixia a la producción local”.
— Nicolás Sidicaro y Guido Zack, de “Fundar”.
Radiografía política y monetaria de la crisis
El análisis macroeconómico continuó con la exposición del diputado Martín Lousteau, quien cuestionó con dureza el dogma oficial del “ajuste fiscal expansivo”. El legislador sostuvo que dicha receta fracasó tanto en la teoría como en la práctica al trasladar el déficit del sector público directamente a los bolsillos de los trabajadores formales —que sufrieron una caída del 10% en sus ingresos— y a la rentabilidad de las empresas. Asimismo, describió cómo las familias se ven obligadas a quemar sus ahorros, agotar plazos fijos y endeudarse con tarjetas y préstamos a tasas altísimas, pulverizando por completo la demanda interna. Lousteau advirtió durante su intervención:
“Lo que tenemos es una caída de la cantidad de empresas muy aguda en todo el territorio nacional, menos una provincia y en todos los tamaños de empresas; si el proceso del modelo económico no se revierte, el riesgo latente es que esta dinámica destructiva se acelerare todavía más”.
— Dip. Marcela Pagano y Dip. Martín Lousteau.
En la misma línea, Federico Vaccarezza, representante de Industriales Pymes Argentinos (IPA), profundizó sobre el colapso financiero desde una perspectiva monetaria. Explicó que la administración central implementó una absorción agresiva de circulante mediante licitaciones que secaron la plaza de pesos, dejando a la economía sin liquidez. Para Vaccarezza, el problema actual no radica en una supuesta falta de competitividad empresaria, sino en la esterilización absoluta del mercado:
“Lo que tenemos es una plaza totalmente seca, no hay pesos; entonces no es un problema de competitividad de las empresas, no hay forma de competir en un mercado donde no tenés dinero, creando un engendro económico: un capitalismo sin consumo y sin inversiones”.
— Federico Vaccarezza (IPA).
Por su parte, el dirigente y diputado Juan Grabois aportó una lectura estructural sobre el rumbo del modelo económico. Señaló que la contracara necesaria del actual esquema extractivista —enfocado en la minería, el petróleo y el gas para la exportación de materias primas y centros tecnológicos globales— es la destrucción sistemática de la industria orientada al mercado interno y de las redes de la economía popular. Grabois sentenció:
“En la Argentina se está convirtiendo al país en una cantera del poder global; el extractivismo energético y minero no genera empleo masivo, destruye el ambiente y consume recursos necesarios para el desarrollo de la industria nacional y el mercado interno”.
— Dip. Juan Grabois y Dip. Lourdes Arrieta.
La voracidad fiscal y el impacto en las regiones
La discusión parlamentaria también puso el foco en el rol de los organismos de control y la asfixia cotidiana que sufren las unidades productivas. Desde Santa Fe, el diputado Pablo Farías denunció con crudeza la presión ejercida sobre el sector formal, advirtiendo sobre la velocidad con la que se ejecutan medidas extremas ante cualquier tropiezo administrativo. Farías alertó:
“Hay una actividad muy agresiva del ARCA sobre las empresas… Ante cualquier incumplimiento impositivo rápidamente está iniciando acciones judiciales y embargando cuentas. Para muchas empresas es la paralización de actividades y para muchas es el golpe final”.
— Dip. Pablo Farías(expuso mediante Zoom).
En sintonía con esa denuncia, la diputada Sabrina Selva cuestionó la disparidad de criterios del Estado, contrastando la persecución a las PyMEs con los beneficios otorgados a los grandes capitales extranjeros mediante regímenes especiales como el RIGI. La legisladora disparó:
“El ajuste sí discrimina: mientras persiguen y hostigan desde el ARCA a las PyMEs con embargos, multas e intereses que no se quitan, blanquean plata de los evasores y traen leyes como el RIGI para beneficiar a corporaciones extranjeras que no tienen ninguna PyME”.
— Dip. Sabrina Selva.
Desde una perspectiva territorial y sanitaria, el diputado Oscar Herrera Ahuad graficó el desplome de las economías provinciales —donde distritos de pequeños agricultores ya acumulan más de mil empresas cerradas y doce mil empleos formales perdidos— utilizando un diagnóstico clínico. Herrera Ahuad definió:
“Argentina, y fundamentalmente las PyMEs, viven una pandemia económica; el diagnóstico para un médico es que esto es una pandemia económica por la velocidad de propagación de los cierres generados por un virus de la praxis económica”.
— Dip. Oscar Herrera Ahuad, exgobernador de Misiones (expuso mediante Zoom).
A su turno, la diputada Lourdes Arrieta sumó al debate la vulnerabilidad climática que amenaza a las economías regionales, advirtiendo sobre las proyecciones catastróficas de crecientes y aludes vinculados al fenómeno de El Niño. Para mitigar este panorama, presentó un proyecto orientado a declarar la emergencia hídrica y climática, contemplando la suspensión de embargos fiscales para los productores afectados.
El grito de la industria, el comercio y el trabajo
Las cámaras y confederaciones del sector productivo unieron sus diagnósticos para advertir que el cierre masivo de unidades productivas amenaza con fracturar de manera irreversible la columna vertebral de la economía nacional. Mauro González, de la Confederación Federal PyME Argentina, remarcó que la dependencia del mercado interno deja a los pequeños y medianos empresarios totalmente expuestos frente a un modelo que destruye el empleo genuino. González afirmó:
“En Argentina, las pequeñas y medianas empresas vivimos del mercado interno; ojalá tuviéramos herramientas desde el gobierno que nos generen la posibilidad de exportar y ser competitivos, pero lo que vivimos hoy es una destrucción literal del aparato productivo nacional que va a ser dramático revertir”.
— Mauro González (ENAC) y Adrián Palacios (UKRA).
En un sentido similar, Julián Moreno, representante de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), contrastó la crisis actual con el impacto transitorio de la pandemia, señalando que el colapso presente es estructural y definitivo. También, Diego Ojeda, de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), expresó su frustración ante la parálisis institucional que mantiene trabada en el recinto la Ley de Emergencia PyME:
“La verdad es que ya no sabemos qué más hacer para que traten la Ley de Emergencia PyME en el recinto; ahora estamos asistiendo a un funeral, al funeral de 30.600 PyMEs, y si no hay PyMEs, no hay trabajo ni futuro para la Argentina”.
— Diego Ojeda (ENAC).
Por su parte, Adrián Palacios, de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), aportó la perspectiva del comercio de proximidad y los kioscos de barrio, alertando que la caída de ventas ya impacta de lleno en los alimentos esenciales:
“No hay consumo interno ni en nuestro sector; ya no hablamos de golosinas o alfajores, estamos hablando de lacanasta básica alimentaria. Los comercios cierran porque la plata no alcanza para pagar los aumentos de luz, gas y alquileres”.
El sector industrial y naval también reclamó previsibilidad para sostener la soberanía productiva. Silvia Martínez, de la Cámara de la Industria Naval Argentina (CINA), advirtió sobre la falta de participación local en los grandes proyectos energéticos de Vaca Muerta y Punta Colorada, reclamando reglas claras frente a la competencia asimétrica con astilleros de la región.
— Silvia Martínez (CINA).
Para cerrar el bloque conceptual del debate, el diputado Eduardo Valdés sintetizó el malestar generalizado cruzando las políticas oficiales con las demandas de otros sectores vulnerables:
“Así como el cardenal Rossi calificó las políticas de discapacidad como de sadismo de Estado, yo creo que también hay sadismo de Estado con lo que le está pasando a la pequeña y mediana empresa, a los trabajadores y a los jubilados; es tiempo de que los colectivos afectados nos pongamos de pie y nos juntemos”.
— Dip. Eduardo Valdés.
Reforma tributaria y continuidad institucional
Hacia el tramo final del encuentro, que reunió a unas sesenta personas en total —incluyendo a cerca de veinte trabajadores de prensa y una nutrida concurrencia de referentes sectoriales—, el debate sumó la visión del periodista y analista Mariano Obarrio, impulsor del espacio “Abramos las persianas” y presidente del “Movimiento por los valores de la Argentina”. Escuchado con atención por los referentes comerciales e industriales y por varios legisladores, Obarrio cuestionó la profunda asimetría plasmada en el Presupuesto nacional, contrastando los más de treinta y cinco billones de pesos (35 + doce ceros) destinados a gastos tributarios para grandes sectores concentrados frente a la presión fiscal que pulveriza a las PyMEs. Ante este panorama, el analista propuso una reforma tributaria integral basada en el diálogo y en un control inteligente del Estado:
“Acá hay un desequilibrio distributivo en las cargas tributarias: los grandes privilegiados del modelo no pagan impuestos y las PyMEs pagan por demás; por eso lo primero que hay que hacer es una reforma tributaria bien planificada que quite presión a los que producen y recupere el consumo”.
— El periodista Mariano Obarrio.
El cónclave se desarrolló con una dinámica particular: varios de los legisladores nacionales presentes debieron retirarse anticipadamente del recinto a medida que transcurrían las exposiciones debido a compromisos cruzados en otras comisiones de la Cámara baja.
— Dip. Marcela Pagano.
Para dar cierre a la jornada, la diputada Marcela Pagano ratificó que el cónclave no constituirá un hecho aislado, sino el punto de partida de un plan de acción sostenido en el tiempo. La legisladora anunció su propósito de institucionalizar el espacio mediante convocatorias periódicas mensuales, sincronizadas con cada actualización estadística del Monitor Mensual de Empresas de la Fundación Fundar, con el objetivo de mantener un seguimiento en tiempo real del deterioro productivo y transformar los diagnósticos técnicos en proyectos de ley concretos.
Durante la inauguración de la 74.ª Exposición Rural de Chivilcoy, Victoria Villarruel volvió a marcar distancia con el programa económico del presidente Javier Milei, definió como “impostergable” una reforma tributaria que favorezca a quienes producen, invierten y generan trabajo, y pidió que el Poder Ejecutivo remita los proyectos correspondientes al Congreso.
También reclamó caminos rurales, puentes, desagües, rutas, energía y conectividad, y afirmó que el Estado no debe reemplazar al empresario, pero tampoco puede desentenderse de las condiciones necesarias para producir.
La referente planteó la necesidad de una articulación más concreta entre los sectores público y privado y precisó que, aunque se trata de “dos responsabilidades diferentes”, ambos “tienen que trabajar detrás de un mismo objetivo”, que consiste en desarrollar el territorio para promover la inversión, la innovación, la generación de empleo y la innovación de nuevas tecnologías.
La actual vicepresidenta pidió sustituir un esquema que grava fuertemente las transacciones, la contratación y la producción por otro que incentive la inversión, valor agregado y empleo. En el plano social, sostiene queel crecimiento no alcanza si no termina convirtiéndose en “salarios dignos”. En el plano político, el discurso funciona como una nueva diferenciación pública respecto al Gobierno Nacional.
Villarruel habló ante productores en Chivilcoy y pidió medidas para fortalecer la actividad económica fuera de las grandes ciudades. A su vez, insistió en la necesidad de mejorar la infraestructura y generar condiciones para que los jóvenes permanezcan en el interior.
“Tenemos un desafío impostergable: la reforma impositiva. Argentina necesita discutir seriamente un sistema tributario que premie al que produce, al que invierte y al que genera trabajo. Esperamos que el Poder Ejecutivo tome nota de esta necesidad y envíe los proyectos de ley necesarios para avanzar en este sentido”, subrayó Villarruel, en su discurso para avanzar con proyectos de ley en esa dirección.
La funcionaría cuestionó la falta de infraestructura en distintas zonas productivas. Señaló como prioridades la mejora de rutas y caminos rurales, el acceso a la energía y la conectividad. Asimismo, vinculó el crecimiento del sector productivo con la creación de empleo y la generación de divisas, pero destacó que esos resultados deben traducirse en una mejora concreta para los trabajadores de todo el país.
“La verdadera transformación ocurre cuando el trabajo se convierte en un salario digno que permite sostener una familia y ahorrar”, expresó la titular del Senado durante una actividad en Chivilcoy, acompañada por el intendente Guillermo Britos y representantes de entidades agropecuarias.
Durante su visita, Villarruel destacó el perfil productivo de Chivilcoy y lo ubicó entre los partidos más importantes de la provincia de Buenos Aires por su actividad vinculada al agro. En ese marco, señaló como dato central que el distrito produce unas 800 mil toneladas anuales de cereales y oleaginosas.
La actividad volvió a reunir a Villarruel con Britos, quien fue elegido tres veces para conducir el municipio. Ambos ya habían compartido en abril los actos por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Más infraestructura y empleo
Del encuentro participaron conjuntamente la presidenta de Rural Chivilcoy, Yamila Farrell, el vicepresidente de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Fernando Ferrari, y el referente local de la Sociedad Rural Argentina, Martín Jáuregui, entre otras autoridades y representantes del sector agropecuario.
Otro de los puntos de su discurso estuvo relacionado con el arraigo. Villarruel pidió generar oportunidades laborales y económicas para que los jóvenes puedan permanecer en las localidades del interior en lugar de migrar hacia los grandes centros urbanos.
“Cuando hablamos de producción de campo no hablamos solamente de lo que sucede detrás de una tranquera. Hablamos de un sector productivo, de una serie de cadenas que atraviesan todo Chivilcoy mostrándonos algo fundamental: que el desarrollo comienza en el territorio”, consideró Villarruel.
En otro mensaje formuló como pedido “una política productiva que mire mucho más al territorio”. “Aquí se habló de los caminos rurales, los puentes, los desagües, la conectividad, la energía y las rutas. Y toda infraestructura productiva y para producir más necesita mayor y mejor infraestructura. El Estado no reemplaza al productor ni al empresario, pero tampoco puede desentenderse de las condiciones necesarias para producir”, remarcó.
En ese marco, insistió en que hay que “construir un sistema donde el que produce más, el que agrega valor y el que toma un trabajador tenga incentivos para seguir creciendo”. “Tenemos que producir más para ser competitivos, para exportar, para generar divisas y para incorporar tecnología. Pero fundamentalmente producir más para generar trabajo, porque la verdadera transformación de una comunidad ocurre cuando la producción se convierte en empleo y el trabajo se convierte en salario, y el salario permite sostener una familia y ahorrar”, finalizó.
Durante su exposición se hicieron escuchar distintos reclamos sectoriales. Entre ellas, la exigencia de progresar hacia un esquema de “retenciones cero” para los productos agropecuarios, una promesa de campaña del propio Milei. A su turno, Britos cuestionó al Estado por la concesión de la Ruta Nacional 5 por un plazo de 20 años, al advertir que el contrato no contempla la obligación de construir la autovía ni una tercera mano.
Sobre el cierre de su disertación, Villarruel concluyó que “producción, salario, trabajo y familia. Estos son los pilares sobre los cuales podemos construir una Argentina que vuelva a crecer desde el interior hacia el mundo”.
Por su parte, Ferrari apuntó contra la Resolución 201/2026 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que habilita la libre elección de veterinarios privados acreditados. El directivo advirtió que el nuevo esquema de vacunación podría reducir la cobertura sanitaria entre los productores con rodeos pequeños y reclamó el fortalecimiento de un organismo “fuerte” que garantice el control y la prevención sanitaria.
El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, afirmó que su gestión no acatará una resolución judicial que ordenó al Poder Ejecutivo provincial comprar carne roja para reforzar la alimentación de los detenidos en dos unidades penitenciarias de Trelew.
“Hay que terminar de una vez por todas con el garantismo berreta de un sector de la Justicia que parece estar más preocupado por los delincuentes que por los derechos de los chubutenses de bien”, escribió el mandatario en una publicación en su cuenta oficial de X.
El conflicto estalló cuando un juez penal de Trelew, Marcelo Nieto Di Biase, resolvió intimar al Poder Ejecutivo de Chubut a comprar una partida de carne roja para reforzar las viandas de los detenidos alojados en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) y en la Alcaidía de Trelew, con un plazo de 72 horas para cumplir.
— El juez Marcelo Nieto Di Biase que resolvió intimar al Poder Ejecutivo Provincial de Chubut
“Yo creo que, a esta altura, seguir naturalizando el garantismo berreta judicial que tanto problema generó y tan mal le hizo a toda la Argentina, es un tema para que podamos trabajar todos juntos, la dirigencia política y ponerle un punto final definitivamente”, subrayó Torres.
La orden surgió de un hábeas corpus colectivo —una acción judicial que no defiende a un preso individual sino a todo un grupo de detenidos que comparte una misma situación de agravamiento en sus condiciones de encierro— presentado en representación de los internos, quienes venían reclamando desde marzo por la falta de proteínas en sus alimentos.
Según trascendió, el reclamo fue elevado por la Defensa Pública y el propio Poder Ejecutivo ya había iniciado un expediente administrativo para comprar carne antes de que el juez fijara el plazo perentorio, lo que sugiere que la discusión no era solo si comprar carne, sino los tiempos y la forma en que el Poder Judicial se lo impuso al Ejecutivo.
BASTA DE GARANTISMO BERRETAHay que terminar de una vez por todas con el garantismo berreta de un sector de la Justicia que parece estar más preocupado por los delincuentes que por los derechos de los chubutenses de bien.Son los mismos jueces que muchas veces ponen trabas para… pic.twitter.com/owfjrISeDC
“No vamos a acatar la medida de tener que darle asado a los presos todos los días, es una locura. Si está preso, es un delincuente”, declaró públicamente en Radio Rivadavia el gobernador Ignacio Torres, agregando con ironía que “falta que tengamos que preguntarles a los presos qué quieren comer todos los días”. La audiencia de seguimiento para evaluar el cumplimiento de la orden judicial estaría prevista para el lunes siguiente al anuncio de Torres.
Para entender por qué un juez puede ordenarle a una provincia cómo alimentar a sus presos, hay que remontarse al fallo “Verbitsky” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictado en 2005 a raíz de una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre las condiciones de detención en comisarías bonaerenses.
Ese fallo estableció dos cosas centrales que siguen vigentes. Por un lado, que el hábeas corpus puede usarse en forma colectiva —no solo individual— cuando el agravamiento de las condiciones de detención afecta a todo un grupo de personas por igual. Por otro, las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos constituyen el piso mínimo obligatorio para interpretar el artículo 18 de la Constitución Nacional, que exige que “las cárceles sean sanas y limpias”.
— La entrada de la Alcaidía Policial de Trelew
Esta herramienta se llama hábeas corpus correctivo porque no busca liberar a nadie, sino corregir el trato que recibe una persona legalmente privada de su libertad cuando ese trato se agrava de forma ilegítima. El artículo 43 de la Constitución Nacional, en su último párrafo, habilita explícitamente esta vía cuando se produce “agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención”.
Bajo esta lógica, un déficit alimentario sostenido —falta de proteínas, por ejemplo— puede encuadrarse como un agravamiento de las condiciones de detención, ya que el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones dignas de encierro, independientemente de la culpa o inocencia de la persona detenida.Es exactamente este marco jurídico el que usó el juez Nieto Di Biase para justificar su intimación al gobierno chubutense.
En la antesala de la visita de León XIV a la Argentina, el arzobispo de Córdoba, monseñor Ángel Sixto Rossi, lanzó unas duras declaraciones contra la gestión del presidente Javier Milei y cuestionó el impacto social de su política económica.
“Esa macroeconomía de la que no hablan y ese qué sé yo, no baja al plato”, afirmó Rossi durante una conferencia de prensa inesperada en Córdoba. En la misma línea, la Pastoral Social reivindicó la justicia social, en un claro cuestionamiento al modelo económico impulsado por el Gobierno.
“Cuando dicen ‘hemos sacado no sé cuántos millones de la pobreza’, no sé dónde los han puesto, creo que los han puesto a algunos en la miseria”, destacó Rossi sin negar literalmente que el índice de pobreza haya bajado.
Su ironía —“es cierto que los han sacado; la cosa es dónde los han puesto”— cuestiona que cruzar estadísticamente la línea de pobreza equivalga necesariamente a alcanzar una vida segura y digna. Una familia puede dejar de ser clasificada como pobre por superar apenas el valor de una canasta y, al mismo tiempo, continuar endeudada, trabajando informalmente, reduciendo consumos esenciales o sin capacidad para afrontar un imprevisto económico.
La intervención de su persona adquiere mayor peso por tres razones cruciales. Rossi es un jesuita nacido en Córdoba, arzobispo metropolitano de esa provincia desde 2021 y cardenal desde septiembre de 2023. Antes de llegar al episcopado creó la Fundación Manos Abiertas, dedicada a asistir a personas pobres y vulnerables, y abrió un hogar para personas en situación de calle; esa trayectoria ayuda a entender por qué suele leer la economía desde sus consecuencias sociales concretas.
Además, participó como elector en el cónclave de 2025 que eligió a Robert Francis Prevost como León XIV. Su relevancia no depende solamente de una supuesta cercanía personal con el actual Papa, sino que ocuparía un lugar importante en la Iglesia argentina y sería el anfitrión eclesiástico de una de las escalas más visibles del viaje. Rossi explicó que ya había conocido y tratado a Prevost en el Sínodo sobre la Sinodalidad, donde ambos integraron un grupo de trabajo por idioma, se sentaron en la misma mesa y compartieron unos dos meses de trabajo.
Córdoba será una escala de la visita papal a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, y sus afirmaciones convergen con un documento institucional de la Comisión Episcopal de Pastoral Social al término de la Semana Social 2026, hecho también en Córdoba bajo el lema de “Puentes hacia el Bien Común”. Por eso, aunque Rossi habló con un tono especialmente directo, la discusión excede de por sí su opinión personal y se conecta con la doctrina social católica y con una señal más amplia de la Iglesia argentina.
“No llega con los ojos vendados”, expresó Rossi, anticipando que el Papa encontrará un país “cascoteado” y consideró que su presencia puede contribuir a renovar la esperanza en medio de una situación social difícil, después de 39 años (la última fue de Juan Pablo II en 1987). Su primera gran gira por América Latina buscaría priorizar los países que el Papa Francisco no había visitado en su rol papal (Uruguay, Argentina y Perú).
— El Papa León XIV junto al cardenal y eclesiástico Ángel Rossi
El lunes 9 de noviembre, León XIV encabezará un homenaje especial a Francisco en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, el mismo templo donde Jorge Bergoglio fue arzobispo por 15 años. Ubicó su recorrido por Córdoba para el 10 de ese mes, en la Santa Misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), con capacidad proyectada para 600.000 fieles.
Debido a la magnitud del evento, el Gobierno nacional ha creado tres comandos unificados que integran a la Policía Federal, Gendarmería y las fuerzas policiales de la Ciudad, de Buenos Aires y de Córdoba para blindar la seguridad del Pontífice. Asimismo, el Congreso y el Ejecutivo evalúan declarar días no laborables o asueto escolar y administrativo (especialmente el 9, 10 y 11 de noviembre) para ordenar el colosal movimiento de feligreses que llegarán desde todas las provincias.
— El Papa Francisco con Ángel Rossi
“Que hoy hablés de justicia social como inmoral y como aberrante, la verdad que es aberrante la frase”, subrayó Rossi, siendo que esta postura contraria al discurso oficialista es el “criterio estructurado” de la Iglesia Católica para obtener una vida estable, siendo que gracias a ella se dan “exigencias concretas de la dignidad humana” como el acceso al alimento, la vivienda, la educación, la salud y el transporte.
La Pastoral Social junto a su vez al trabajo en el centro de su diagnóstico. Lo definió como “el gran ordenador de la vida” y advirtió que la transformación tecnológica y el avance de la inteligencia artificial (IA) no deben relegar a la persona a una “variable de ajuste” en nombre de la eficiencia o el lucro.
Las armerías de toda la ciudad se quedaron sin stock durante agosto. “Cuando no había sprays, las mujeres andaban con cuchillos”, señalaron los comerciantes.
Los datos salen de un relevamiento de la Fundación Fundar sobre registros oficiales que ya acumula 17 meses de caída ininterrumpida en todas las provincias salvo Neuquén. Empresarios, industriales y diputados de distintos bloques se reunieron en el Congreso, convocados por Marcela Pagano, y reclamaron que se trate la Ley de Emergencia PyME.
El concejal platense Nicolás Morzone protagonizó un escándalo en el recinto al lanzar una arenga belicista por Malvinas y tildar de kirchneristas a los ex combatientes. Tras el repudio generalizado, intentó blindar al Gobierno exigiendo obediencia discursiva, a pesar de su propio historial de volantazos políticos.
Resulta inaceptable que, mediante una medida cautelar dictada por un juzgado provincial, se haya impedido la aplicación de una ley nacional en la Provincia de Buenos Aires.
La magistrada reconoce que su decisión se basa únicamente en sus presunciones: “El Poder Judicial no…
