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En pleno inicio del 2021, comienzan a brotar las críticas hacia el Gobierno por parte de diferentes sectores del sindicalismo nacional. Tal como lo manifestó un reconocido dirigente gremial que apuntó fuerte contra el oficialismo y pidió “más Cristina y menos albertismo” dentro del gobierno.
La contundente crítica fue de parte de Pablo Micheli, líder de la CTA Autónoma, quien supo combinar fuerzas durante 2019 con la CTA del oficialista Hugo Yasky en pos de vencer al macrismo en 2019. Ahora, Micheli dirigió sus dardos a la gestión de Alberto Fernández a la que definió como un “gobierno tibio que cede constantemente”.
“El Gobierno necesita más Cristina (Kirchner) y menos albertismo porque se está haciendo un gobierno tibio que cede constantemente a la presiones de la clase media alta y los grupos económicos”, dijo el dirigente sindical en diálogo con Noticias Argentinas.
“La pérdida de poder adquisitivo es el real problema de la economía argentina porque así el consumo no se reactiva”, definió el líder de la CTA Autónoma, quien reclamo una reacción urgente por parte del Frente de Todos, en plena antesala a la temporada electoral”.
“El Gobierno tiene que escuchar al pueblo que lo votó, no a la clase media alta o los grupos económicos”, disparó Micheli en sus palabras y agregó: “Lo peor es que no reacciona y la gente se va decepcionando. Eso me pone en alerta porque este año hay elecciones y no quiero que la derecha crezca”.
Cabe destacar que, tras el apoyo inicial hacia el oficialismo, el paulatino descontento de Micheli y su sector con el rumbo adoptado por Casa Rosada terminó de tomar forma el mes pasado, con la movilización que impulsó al Ministerio de Trabajo en rechazo a la eliminación del IFE y ante el malestar por la “falta de interlocución” con Balcarce 50.
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“Cuando hice el libro de Alberto Fernández no tenía la información de que había tenido encuentros o discusiones tan fuertes que evidentemente terminaron en golpes, según los mensajes de Fabiola Yáñez con la secretaria del ex presidente, María Canteros, en el marco de la causa de los seguros”, inició Silvia Mercado.
La periodista contó: “María Canteros, que es la secretaria histórica de Alberto Fernández, es la esposa de Martínez Sosa y la que facilitó los negocios que tanto beneficiaron a ambas partes en materia de contratación de seguros por parte del estado, lo cual es totalmente escandaloso”. “Esta información, según me enteré anteayer, ya la tenía Clarín hace mucho tiempo, sobre los golpes que habría sufrido Fabiola Yáñez de parte de Alberto Fernández desde que comienza la causa de los seguros y avanzan sobre el celular de María Canteros“, detalló la entrevistada.
Desde este aspecto, explicó que “si bien había rumores de un vínculo tortuoso y difícil, parte de eso yo lo cuento en mi libro, pero en mi caso pruebas de golpes yo no tenía. Desde Clarín me comentaron que esa información la tenían hace bastante y estaban esperando el momento adecuado para informarlo y finalmente decidieron hacerlo el domingo con una nota muy bien escrita y precisa del periodista Claudio Savoia”.
Asimismo, opinó que “son temas muy delicados, más allá de que haya pruebas, y la gran diferencia en este tipo de casos es que si la víctima no está decidida a hacer la denuncia es una intromisión en la vida privada y es por eso que el diario Clarín no publicaba, ya que estaba en este debate durante mucho tiempo. Pero como acceden a la prueba, deciden sacarlo adelante”.
“Es muy delicada la situación judicial de Alberto Fernández en el sentido judicial del término, pero a mi siempre me pareció que era un farsante, una persona resbaladiza, sin ideas propias, sin compromisos ideológicos, ni lealtades, una persona muy acomodaticia. Una persona muy talentosa para manejarse dentro del poder, con una capacidad muy especial para protegerse a sí mismo y con gran capacidad de daño”, subrayó la periodista.
“A ella no le fue tan mal porque viene de una familia extremadamente humilde del norte de la Argentina y ahora es la ex mujer de un ex presidente, con un hijo que lleva el apellido del padre, aunque él no sea el padre“, reveló.
La imputación a Alberto Fernández por violencia de género a su expareja, Fabiola Yáñez, y la denuncia por corrupción en la contratación de seguros del Estado no afectan solo la imagen del expresidente: también impactan de lleno en el peronismo y, en particular, en el kirchnerismo.
Así lo señala una nueva encuesta de DC Consultores en la que la mayoría de los consultados asegura que es imposible que ambos espacios políticos se despeguen del escándalo en que devino la violencia física que se le imputa al expresidente contra la ex primera dama.
La denuncia que Yáñez presentó semanas atrás no solo destapó un escándalo mediático que puso en jaque a la ya golpeada figura de Fernández, sino que también generó un tsunami dentro del peronismo.
Es que la causa Seguros que denunció el primer titular de ANSES de Javier Milei,Osvaldo Giordano, destapó luego otro caso que posiblemente sea más sensible al ojo público: la violencia física, psicológica y de género que el expresidente presuntamente ejerció contra la ex primera dama.
La primera de estas investigaciones, la cual comenzó meses atrás, revela mensajes de texto de Fernández en los que se observa un presunto tráfico de influencias en la adjudicación de seguros estatales a intermediarios de la mano de Héctor Martínez Sosa, el marido de María Cantero, su histórica exsecretaria.
Fue un mensaje de esta última con Yáñez el que destapó el segundo escándalo y, luego, la denuncia de la ex primera dama, la cual vino acompañada con fotos de los golpes, declaraciones cruzadas, denuncias por consumo de sustancias y una infinidad de detalles que señalan una relación más que tormentosa entre Fernández y su entonces pareja.
Esta situación que, tal como marca Facundo Nejamkis, no solo “da cuenta de una conducta privada inversamente proporcional al comportamiento intachable que exige la investidura presidencial”, sino que también “desnuda la debilidad estratégica en la que se ubica el espacio peronista en general”.
Esto mismo analiza la última encuesta de DC Consultores realizada entre este lunes y martes sobre la imagen de Alberto Fernández y el peronismo en medio del escándalo: ¿Qué revela para el futuro del espacio?
LA CATÁSTROFE DEL ESCÁNDALO ALBERTO FERNÁNDEZ EN EL KIRCHNERISMO
La última encuesta de la consultora CD analiza el impacto en la sociedad de las causas judiciales recientes de Alberto Fernández, tanto la que lo investiga por favorecer el otorgamiento de seguros del Estado como la denuncia por violencia de género de Fabiola Yáñez.
Respecto a esta última, de los 3640 consultados, un 65,7% no cree ni las declaraciones de la ex primera dama, ni las del expresidente, mientras que un 35,1% le cree a ella y solo un 2,2% le cree a él: una clara señal de la crisis de credibilidad de Fernández.
La siguiente pregunta ya compromete a la expresidenta y entonces vice de Fernández, Cristina Kirchner, quien en 2019 fue la responsable directa de su candidatura: ¿Cree la gente que ella se podrá despegar políticamente de él? La respuesta es demoledora para el futuro político de Kirchner: un 77,4% cree que no podrá.
La respuesta es demoledora para el futuro político de Kirchner: solo un 22,6% cree que CFK será capaz de despegarse de los escándalos de Fernández, mientras que un 77,4% cree que no podrá.
Consultados sobre qué espacio político saldrá más perjudicado de esta causa, si el peronismo o el kirchnerismo (más alejado de Alberto durante su gestión), este último fue el más perjudicado: un 64,6% cree que el kirchnerismo sale peor parado, mientras que un 35,4% cree que lo hace el peronismo.
En el caso de las figuras políticas más afectadas, un 79,5% cree que los casos perjudican principalmente a Cristina Kirchner, mientras que un 14,2% cree que el gobernador bonaerense Axel Kicillof es el más golpeado. Sergio Massa, por su parte, solo alcanzó un 6,3%.
Las últimas dos preguntas se refieren particularmente al futuro electoral del kirchnerismo: un 68,5% cree que este espacio “termina con Alberto”, mientras que un 31,5% piensa que puede reconstruirse.
Este número muestra el gran desafío que La Cámpora tiene por delante: a la ya mala imagen que tiene en las encuestas, con sus dirigentes generalmente por debajo de Javier Milei y sus funcionarios, el escándalo de Alberto Fernández aparece como un clavo fatal en el cajón del kirchnerismo, espacio que deberá repensar de forma inteligente su armado para sobrevivir.
En esta línea, tan solo un 22,2% de los consultados votaría al kirchnerismo en las próximas elecciones, mientras que un 77,8% asevera que, “pongan a quien pongan”, no lo harían.
El conflicto estalló a raíz de la polémica visita al penal de Ezeiza, donde un grupo de diputados libertarios se entrevistó con represores condenados. Arrieta, junto a su compañera de banca, RocíoBonacci, alegó que ambas fueron engañadas para participar en la visita, desconociendo de antemano la identidad de los reclusos a los que iban a encontrarse. Esta revelación causó una ola de críticas dentro del bloque, especialmente hacia el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien Arrieta responsabilizó por la organización y autorización del traslado grupal al penal.
Durante una sesión de la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, Arrieta insistió en que Menem debía ser investigado por su rol en la polémica visita, lo que exacerbó las tensiones. Esta situación llevó a que, en una reunión posterior del bloque de LLA, Arrieta fuera duramente cuestionada por sus compañeros, con Nicolás Mayoraz y Gabriel Bornoroni liderando las acusaciones.
Lo que comenzó como una reunión para discutir la crisis interna del bloque rápidamente degeneró en un altercado violento. Según testimonios, Mayoraz y Bornoroni increparon a Arrieta por sus declaraciones públicas y por haber dado quórum en la sesión que rechazó el DNU del gobierno, que otorgaba $100 millones a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Durante la discusión, Mayoraz llegó a acusar a Arrieta de ser una “operadora kirchnerista” que estaba “trabajando en contra del gobierno de Javier Milei”.
La situación escaló cuando Arrieta —considerando que no se le permitía defenderse— comenzó a discutir a los gritos con Mayoraz. La tensión llegó a tal punto que Rocío Bonacci tuvo que salir a pedir ayuda a los asesores presentes. Varios de ellos irrumpieron en la sala justo cuando Mayoraz dirigía agresiones verbales contra Arrieta, lo que llevó a la intervención del personal de seguridad del Congreso, que recomendó a Arrieta abandonar el lugar para evitar que la situación se agravara aún más.
Tras el altercado, Arrieta se dirigió a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, donde radicó una denuncia por violencia de género contra Mayoraz y otros legisladores libertarios. En su denuncia, Arrieta detalla un ambiente hostil y de agresiones constantes que, según su relato, no se limitan a la discusión del día en cuestión, sino que reflejan una dinámica de violencia y abuso de poder que se mantuvo en el tiempo.
La secretaria General de la Presidencia,Karina Milei, le arrebata una caja millonaria al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, para reforzar el perfil internacional del presidente Javier Milei. Con ese objetivo, buscará tener bajo su órbita al Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), que maneja unos 3.000 millones de pesos al año.
Convencida que el jefe de Estado debe reforzar su perfil internacional y contagiar las políticas libertarias en el mundo, la funcionaria avanza sobre ese organismo que depende de la Subsecretaría de Turismo y, por ende, de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Guillermo Francos. Así lo confirmaron dos fuentes del Gobierno: una de ellas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y otra de peso específico en el gobierno. No obstante, los voceros oficiales del excandidato a presidente del Frente para la Victoria dijeron desconocer el tema.
La decisión, que podría hacerse efectiva en los próximos días en el Boletín Oficial, es parte de un plan mucho más ambicioso de “El Jefe”. De hecho, Karina ya le sacó a la Cancillería la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, lo que generó molestias en el equipo Diana Mondino, y también se quedó con Marca País, que estaba bajo la órbita de la Subsecretaría de Turismo.
INPROTUR: BAJO LA ÓRBITA DE LA SECRETARÍA GENERAL
Se trata de un ente público-privado creado en el marco de la Ley Nacional de Turismo N° 25.997, con la finalidad de constituirse en el organismo responsable de la promoción turística internacional de la Argentina. Está compuesto por otros representantes de la Secretaría de Turismo, la Cámara Argentina de Turismo y el Consejo Federal de Turismo, en el que tienen influencia los gobernadores.
De acuerdo a los últimos datos publicados de manera oficial, Inprotur tiene una caja de $2.997.858.377, además de otros recursos, que de acuerdo a las distintas gestiones, puede llegar en calidad de subsidios, legados, cesiones, herencias o donaciones, incluso de aportes del sector privado o ingresos derivados de la realización de conferencias, seminarios, cursos y publicaciones del instituto.
Con este presupuesto Karina busca capitalizar la promoción turística y deportiva. De hecho, Karina acompañó a su hermano a la apertura de los Juegos Olímpicos en París, y hasta evaluó quedarse junto a una pequeña comitiva en ese país europeo para avanzar con su agenda de Marca País. Para evitar suspicacias sobre la decisión, hay quienes se encargaron de decir que no se trata de una reprimenda política a Scioli.
“EL JEFE” KARINA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA PERSONAL DEL PRESIDENTE
“Karina busca darle al Presidente un perfil internacional y fortalecerlo con un relato claro, por eso absorbe nuevas competencias”, describió una fuente al tanto de los últimos pasos de gestión de la secretaria General, que se estima también desea quedarse con la Secretaría de Cultura. Otra de las alternativas que evalúa en ésta área que es parte del Ministerio de Capital Humano es colocar a un hombre o mujer de su cofianza, que la ayude a amalgamar desde una perspectiva más institucional el discurso de los militantes libertarios que trabajan en el Salón de los Próceres.
En un movimiento que promete sacudir los cimientos del sistema de salud, el Gobierno Nacional confirmó que está trabajando en un proyecto de ley que permitiría el cobro de la atención médica a ciudadanos extranjeros y promovería una mayor intervención del sector privado en la prestación de servicios de salud. La iniciativa, encabezada por el ministro de Salud, Mario Russo, refleja un enfoque que busca redefinir las bases del sistema sanitario nacional, al tiempo que se alinea con las experiencias de provincias fronterizas como Salta, Jujuy y Mendoza, que ya cobran la atención a no residentes.
Ministro de Salud, Mario Russo. Fue secretario de Salud en los municipios de San Miguel y Morón. Graduado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, es especialista en cuidados perioperatorios de cirugía cardiovascular y tiene una reconocida trayectoria de casi una década en FLENI.
La propuesta, que podría ser presentada en el corto plazo al presidente Milei, generó un intenso debate en las redes. Según declaraciones del ministro Russo, la iniciativa no solo busca autorizar el cobro a extranjeros por servicios médicos, sino que también pretende reestructurar el sistema de salud hacia un modelo más similar al de Estados Unidos, donde el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) regula guías específicas para los procedimientos de atención médica y cobertura.
El diagnóstico sobre el área de salud es coincidente en los distintos sectores políticos: así como está, el sistema no puede seguir adelante. Según sostienen desde la gestión libertaria, el actual sistema de salud está “quebrado” y necesitan optimizar los recursos disponibles. La reforma planeada incluiría, además, una serie de medidas destinadas a sistematizar la información sobre el consumo de medicamentos y los perfiles de los pacientes, mejorando así la eficiencia y el control del gasto sanitario.
El plan de reordenamiento del sistema de salud nacional contempla un mayor protagonismo del sector privado. Esto implicaría una transición hacia un sistema mixto, donde empresas de medicina privada jueguen un rol crucial en la prestación de servicios a un costo menor para los pacientes. En este sentido, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, también está trabajando en la derogación de leyes como la de Salud Mental y Salud Sexual, argumentando que dichas normativas representan una carga presupuestaria insostenible para el Estado.
La diputada Lourdes Arrieta presentó un proyecto de resolución solicitando la creación de una comisión especial que investigue la polémica visita de legisladores al penal de Ezeiza el pasado 11 de julio.
Este pedido surge tras la controversia generada por la actividad, de la que la propia Arrieta formó parte, la cual fue percibida como institucional pero que ahora se encuentra bajo escrutinio.
La propuesta de Arrieta busca establecer una comisión dentro de la Cámara de Diputados con el objetivo de investigar los hechos que rodearon la visita al complejo penitenciario. Esta comisión tendrá un plazo de sesenta días para llevar a cabo su trabajo, durante el cual podrán solicitar pruebas y testimonios relevantes.
Según el documento presentado, la comisión estará integrada por un presidente, un vicepresidente y tres secretarios, y su conformación deberá completarse en un plazo de diez días desde la aprobación del proyecto. Las reuniones seguirán el reglamento vigente de la Cámara.
El propósito de la comisión será esclarecer la participación de los legisladores y otros funcionarios en la visita a represores como Alfredo Astiz, así como examinar la naturaleza y objetivos de la actividad. Se busca determinar si existieron irregularidades y cuál fue el rol de cada participante en este encuentro.
La diputada nacional de LLA fue denunciada penalmente por coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. En medio de acusaciones, Ponce negó todo pero evitó detalles sobre su situación judicial.
