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El magistrado Francisco Oneto, apodado como el “abogado nivel Dios”, habría sido tentado por el espacio político Movimiento de Integración Federal (MIF) para participar de las elecciones próximas de este año. Según informaron a Data24, aspiraría a la Intendencia de Tigre.
Asimismo, el titular del estudio jurídico Francisco Oneto y Asociados se lo estaría pensando seriamente, por lo que desde el MIF se encuentran esperando la respuesta misma. Dicha agrupación se encuentra presidida por el dirigente filoperonista Jorge Baque.
La Constitución NI MENCIONA la Primera Dama. Con este nivel de ordinariez y desconocimiento de las leyes imposible llegar lejos. Ya comienzan los intentos para acomodar gente… https://t.co/NDa6IM0IMO
El MIF se encuentra llevando adelante la precandidatura a gobernador bonaerense del abogado Fernando Burlando, alineándose quizás detrás del diputado Javier Milei en La Libertad Avanza (LLA). Dicho espacio ha tenido coqueteo con Oneto, aunque jamás oficializó nada.
Oneto es sumente reconocido por sus posturas cercanas a la derecha, y hasta ha llegado a pensarse en ir dentro de las listas del liberalismo como legislador durante el 2021, lo cual nunca tuvo frutos. ¿Se animará en esta ocasión?
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El actual legislador porteño (y co-fundador de LLA) busca renovar su banca bajo el sello de la Unión del Centro Democrático (UCEDE), y viene posicionándose como un candidato enfocado en presentar soluciones concretas para los desafíos de la Ciudad de Buenos Aires.
A diferencia de otros postulantes de espacios que también se referencian en el liberalismo –como es el caso de Manuel Adorni, quien finalizó su campaña sin dar a conocer propuestas detalladas para el distrito (como puede leerse aquí) Marra ha desplegado una campaña centrada en la elaboración y difusión de iniciativas específicas para cada área de gestión, acompañado en su espacio por dirigentes jóvenes.
¿Cuáles son las principales propuestas de Ramiro Marra para la Ciudad?
En materia de seguridad, uno de los ejes centrales de su plataforma, el legislador propone fortalecer la lucha contra el delito modificando el Código Contravencional para sancionar de manera más efectiva a quienes alteran el orden en el espacio público, incluyendo acciones decididas contra los “trapitos”, o como también ha popularizado, la expresión los “fisuras”. Además plantea una estrategia firme para recuperar la seguridad en las villas, buscando poner fin a las “usurpaciones”, y mejorando la vigilancia con tecnología para garantizar la tranquilidad de los vecinos.
Por otra parte, el compromiso con la reducción del gasto público y la carga impositiva también se refleja en sus propuestas, a tono con el último logro de Marra (junto a Eugenio Casielles y al también candidato Yamil Santoro) de obtener una fuerte reducción del gasto público en el presupuesto de 2025. En este tópico, plantea medidas para impulsar a las PyMEs con beneficios impositivos y crediticios, y propone una reforma significativa de la estructura estatal en la Ciudad: reducir la cantidad de legisladores de 60 a 30 y suprimir las Comunas, esto con el objetivo directo de generar un ahorro que se traduzca en una menor presión fiscal para los contribuyentes porteños, una iniciativa que busca modernizar y agilizar la gestión pública. Además, cuenta con propuestas para facilitar el acceso a la vivienda para jóvenes y posibles exenciones de ABL.
Sus propuestas en educación apuntan a una mayor transparencia y a resolver problemas estructurales. Impulsa que se informe claramente a los ciudadanos sobre el financiamiento de las escuelas y los subsidios que reciben, para que los padres puedan tomar mejores decisiones sobre la formación de niños y jóvenes. Además, busca soluciones para la escasez de maestros (como becas y figuras de “maestros itinerantes”) y propone una educación alineada con las demandas actuales del mundo moderno, sin dejar de lado la atención a la salud mental adolescente.
En el ámbito de la salud pública de la Ciudad, Marra ha planteado una propuesta específica que busca optimizar los recursos: presentar un proyecto para cobrar la atención en hospitales públicos porteños a los residentes de la Provincia de Buenos Aires, argumentando que un porcentaje importante de quienes utilizan el sistema no residen en CABA, y que los recursos deben priorizar a quienes contribuyen con sus impuestos en el distrito. Se obligará al gobierno provincial a que abone los gastos.
Conclusiones
En definitiva, Ramiro Marra ha presentado una completa plataforma de propuestas concretas que abordan las problemáticas urgentes de la Ciudad, que se sumarían a los 61 proyectos redactados por el legislador y los 144 co-firmados por él en su período 2021-2025. Su campaña, caracterizada por la cercanía con los vecinos a través del recorrido por los 48 barrios y la difusión de sus ideas en videos junto a su perro rescatado Amico Estóico (¡muy popular en Instagram!), buscó generar un vínculo directo con el electorado porteño. Con un claro posicionamiento ideológico en la “batalla cultural” contra el kirchnerismo, Marra ofrece una opción que se diferencia por su énfasis en propuestas detalladas y un compromiso con la transformación de Buenos Aires, buscando representar a quienes aspiran a un cambio con eje en la libertad y el orden. Estará en los votantes elegir si las propuestas detalladas los representan.
El periodista y analista político ÁlvaroZicarelli sostuvo que estas elecciones legislativas del 18 de mayo “no tienen por qué debatir el modelo argentino”, sino el “modelo meritocrático” necesario para ocupar bancas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Somos una provincia que tiene problemas que deben solucionarse también desde lo legislativo”, afirmó.
Fiel a su estilo, cuestionó a los candidatos que “están hablando exclusivamente de Milei” y remarcó que deberían discutirse prioridades porteñas. Elegir representantes que funcionen como “escribanos en forma de legisladores del Gobierno nacional” resulta contraproducente, consideró.
En ese marco, el analista confrontó a Alejandro Kim, el candidato de Guillermo Moreno: “A mí me gustan las propuestas que tiene Marra para la ciudad”. Rechazó la comparación con otros libertarios al considerar que la Legislatura necesita proyectos concretos y no alineamientos automáticos con la Casa Rosada.
Zicarelli reprochó a Kim haber llamado “fisura” a Marra y lo instó a proponer reformas de salud mental: “Si en la ciudad hoy no tenemos una normativa realmente seria e integral en torno a la salud mental, Ramiro, que ya lo planteó”
El politólogo insistió en que los contendientes “traten temas de la ciudad” y “dejen de hablar de Milei, a favor o en contra”. Reiteró que Marra “habló justamente de los temas porteños”, por lo que concluyó: “Háblenle a la gente de la ciudad y propongan soluciones locales”.
La tarde del miércoles explotó en el Parque Mitre de Recoleta. Manuel Adorni —candidato a legislador porteño— y el presidente Javier Milei encabezaron el cierre de campaña de La Libertad Avanza.
Sin embargo, un sospechoso suceso de episodios molestó la jornada cuando supuestos militantes pagos reclamaron el dinero supuestamente prometido para llenar el Parque. Jóvenes llegados en micros desde el Conurbano aseguraron que viajaron “bajo el compromiso de cobrar $25.000” y que, una vez allí, les ofrecieron menos.
Una mujer que se presentó como Danila y dijo ser oriunda de Lanús afirmó ante los medios que “no les querían abonar lo acordado” y que les retuvieron el DNI. Otro de los asistentes gritó: “¡Nos quieren dar 20 lucas! ¡Nos vinimos acá por 25!”. La confusión escaló cuando un tercer participante protestó: “Dijeron que nos iban a pagar $10 000 y ahora quieren pagarnos $20 000”, sin advertir que se quejaba por una cifra superior a la inicial.
Los testimonios apuntaron a un reclutamiento organizado por Sebastián Pareja, armador bonaerense de Karina Milei, quien habría delegado la tarea en Ramón “Nene” Vera. Ambos, de pasado kirchnerista, quedaron bajo la lupa luego de que fuentes libertarias confesaran al periodista Lautaro Maislin: “Estoy sorprendido con el papelón de Pareja pagándole a gente. Nosotros siempre llevamos a gente genuina y este se manda esta cagada. Es Pareja queriendo subirse el precio de que lleva gente”.
Desde el círculo de Pareja rechazaron las acusaciones: “Hay que preguntarle a la gente que dice eso, si no es la prueba imposible, nadie de nosotros hace eso, hay que cambiar las cosas y esto es parte de lo que hay que cambiar”.
En redes, militantes orgánicos de LLA diferenciaron a los “infiltrados” de los seguidores que creen sin cobrar un peso.
El periodista Manuel Jove añadió otra pieza al rompecabezas desde X: “Ante testimonios de participantes del acto que aseguraron que les prometieron plata para ir, desde LLA lo desmintieron rotundamente. La pregunta será entonces por qué había filas de gente con remeras violetas cuando terminó el acto. ¿Era para cobrar o solo para tomar lista?”.
Esta semana, la Cámara de Diputados de la Nación emitió dictamen favorable al proyecto de ley que propone reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años. La iniciativa, impulsada por el oficialismo y respaldada por bloques como el PRO, La Libertad Avanza, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Democracia para Siempre, obtuvo 77 firmas, más allá de las 73 necesarias para avanzar hacia el tratamiento en el recinto.
El proyecto establece una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves, como homicidio, abuso sexual o secuestro. Sin embargo, prioriza sanciones alternativas, tales como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a las víctimas y medidas de reparación del daño causado. Además, se contempla que las penas privativas de libertad no se apliquen en casos de condenas menores a 10 años, siempre que el menor no haya cometido delitos graves.
La propuesta incluye la creación de institutos especializados para menores infractores, en los que se garantizaría su derecho a la educación, atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Estos centros deberán contar con personal capacitado en infancia y adolescencia, y se prohíbe la convivencia con detenidos adultos.
Durante el debate, se destacó la necesidad de contar con infraestructura adecuada para la implementación del nuevo régimen. Diputados de la Coalición Cívica y Democracia para Siempre solicitaron que se incluya una cláusula que impida a los fiscales solicitar penas privativas de libertad si la provincia donde ocurrió el delito no cuenta con instalaciones apropiadas para alojar a menores en condiciones dignas.
La diputada Laura Rodríguez Machado, presidente de la Comisión de Legislación Penal, expresó que el dictamen es “un símbolo del trabajo legislativo de consenso que refleja el compromiso de todos los actores políticos y técnicos que estuvieron dispuestos a dialogar para encontrar las mejores soluciones para nuestra sociedad”.
Por otro lado, sectores de la oposición, como Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, manifestaron su rechazo al proyecto. La diputada kirchnerista, Vanina Marín,cuestionó la viabilidad de la propuesta: “¿Quién se puede creer que este gobierno va a invertir en construir establecimientos separados y equipos interdisciplinarios para abordar esta problemática? Yo no lo creo. Y no cree ninguno de los diputados que firmó el dictamen de mayoría”.
Especialistas también participaron en el debate. El neurólogo Conrado Estol afirmó que “un adolescente temprano no puede pensar a cinco años”, y destacó la importancia de intervenciones terapéuticas para modificar conductas. La socióloga Silvia Stulchik citó datos de Unicef que indican que solo el 1,7% de los adolescentes detenidos en 2023 eran menores de 16 años, como argumento estadístico en contra de la baja de la edad de imputabilidad. El psiquiatra Andy Blake enfatizó la necesidad de un régimen especial para adolescentes, mientras que la abogada Marcela Angulo advirtió que la propuesta podría violar el principio de no regresividad.
El proyecto original, presentado por los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, proponía bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Sin embargo, para alcanzar un consenso, se acordó establecerla en 14 años. El presidente Javier Milei ha manifestado su apoyo a la reforma, e instó al Congreso a una pronta aprobación.
Con el dictamen favorable, el proyecto queda listo para ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados. De aprobarse, Argentina pasaría de tener una de las edades de imputabilidad más altas de América Latina a alinearse con países como Brasil y México, donde la edad mínima es de 12 años.
Ramiro Marra —candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires— presentó lo que definió como “la reforma estructural más ambiciosa de la historia porteña”. El proyecto replica, puertas adentro de la Capital, la lógica de ajustes aplicada a nivel nacional: reducir de 60 a 30 el número de legisladores, suprimir las quince comunas y recortar drásticamente los presupuestos de organismos que, según el libertario, “el Gobierno porteño usa para mantener gastos superfluos”.
Marra aseguró que el Consejo Económico y Social (CESBA), el Consejo de Planeamiento Estratégico (COPE), el Ente de Turismo y la Defensoría del Pueblo encabezan un listado de dependencias que “pueden funcionar con la mitad —o menos— de los recursos actuales”. La reducción alcanzaría también al Banco de la Ciudad y a otros entes autárquicos cuyo financiamiento, sostiene, “se paga con impuestos que asfixian al vecino, como el ABL o las patentes”.
“La motosierra funcionó muy bien a nivel nacional. Es momento de traer una aplanadora para hacer la reforma estructural más ambiciosa de la historia de la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó, invocando el símbolo con el que el oficialismo libertario promocionó sus recortes en el plano federal. En la misma línea, calificó a las comunas —creadas en 2005 para descentralizar la administración— como “aguantadero para buscas de la política” y anunció su intención de disolverlas. “Basta de comunas; los comuneros no tienen funciones definidas, son buscas que cobran un excelente sueldo”, lanzó.
El esquema propuesto se fundamenta en una premisa: disminuir los cargos políticos y la burocracia para bajar impuestos. Marra insiste en que la mitad de los proyectos que se discuten hoy en la Legislatura “no generan un beneficio real” y que una cámara reducida evitaría “iniciativas irrelevantes” y agilizaría la labor parlamentaria.
Aunque la iniciativa todavía no ingresó formalmente como proyecto de ley, ya encendió el debate puertas adentro de la Legislatura. Voceros del oficialismo porteño señalan que la Ciudad cuenta con mecanismos de control y participación que “no deben desmantelarse sin antes garantizar instancias alternativas de representación”. El bloque libertario, por su parte, sostiene que la recaudación actual “puede alcanzar para mejorar servicios esenciales” si se limita el gasto político.
En un contexto de ajuste nacional y tensión fiscal, la propuesta de Marra invita a reabrir la discusión sobre el tamaño del Estado capitalino. El candidato confía en que su “aplanadora” sumará adhesiones entre los contribuyentes que sienten el peso de la carga impositiva. Quedará por ver si el resto del arco político acompaña un recorte que, de concretarse, modificaría de raíz la arquitectura institucional de Buenos Aires.
Durante sus 17 meses de gestión, el presidente Javier Milei eliminó 47.925 puestos en el sector público, lo que representó una disminución del 9,6 % en la dotación estatal entre diciembre de 2023 y abril de 2025. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, destacó que la medida “generó un ahorro anual total de 1.885 millones de dólares”, cifra que contempla sueldos y costos de infraestructura laboral.
El recorte impactó con fuerza en la Administración Pública Nacional (APN), donde el personal cayó un 13,7%, y en las empresas estatales, que redujeron sus plantillas un 16,4%. Según la Unidad de Evaluación de Impacto de esa cartera, “el número de empleados de planta permanente y transitoria cayó un 8%, mientras que el personal contratado bajo la Ley Marco (Ley 25.164) y los empleados con contratos LOYS experimentaron descensos mucho más pronunciados, del 20% y 55,2%, respectivamente”.
Considerando los valores de abril de 2025, la baja de personal supuso “un ahorro anual de 942,5 millones de dólares en sueldos”, al que se sumaron los gastos asociados a espacios de oficina, equipamiento y servicios. “Se estima, con amplio consenso, que el costo total de cada empleado duplica su salario debido a gastos en infraestructura laboral, tales como el espacio de oficina, mobiliario, equipos electrónicos, suministros y servicios varios. Teniendo en cuenta estos factores, el ahorro anual total alcanza los 1.885 millones de dólares”, puntualizó el informe.
El detalle por contratos mostró que la reducción fue especialmente significativa en la Ley Marco: “el ahorro anual en sueldos ascendió a 231 millones de dólares, mientras que el ahorro total alcanzó los 462 millones de dólares”. Para el personal permanente y transitorio, el ahorro salarial llegó a 254 millones de dólares (508 millones con costos adicionales), y en los contratos LOYS se calcularon 67 millones de dólares en salarios y 134 millones al contemplar infraestructura.
El Gobierno enmarcó el ajuste en su meta de superávit fiscal primario de 1,6% del PBI para 2025, superior al 1,3% pactado con el Fondo Monetario. Para sostenerla, proyectó reforzar retenciones al agro y contener erogaciones: en abril, el gasto en subsidios cayó 70% interanual, la obra pública se contrajo 63% y la masa salarial, 13%.
Desde la cartera desreguladora afirmaron que “esta medida refleja el compromiso del Gobierno con la reducción del gasto público y su determinación de cumplir con las promesas de eficiencia y austeridad en la administración pública” y adelantaron que “la estrategia se profundizará este año con mayores reducciones de personal y la eliminación de áreas que no cumplan una misión esencial”.
La motosierra es LA UNICA MANERA DE PODER BAJAR IMPUESTOS; y sigue a toda máquina. Ya logramos ahorros del orden de los 2.000 millones al año. Gracias a todo el gabinete y al presidente @JMilei por marcar un rumbo inamovible. VLLC! pic.twitter.com/2aixJDLMKC
