03 julio, 2025

Nueve datos que demuestran que estamos a un paso de convertirnos en Venezuela

Lamentablemente, la Argentina está metida en una trampa de estancamiento y decadencia...
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10 Years Experiences

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*Por: Pablo Dócimo

Cuando quienes sostenemos desde hace muchos años que el kirchnerismo pretendía -y pretende- instalar en Argentina el mismo régimen chavista que destruyó a Venezuela, no lo decíamos -y seguimos diciendo- de manera metafórica, sino literalmente.

En esta nueva etapa kirchnerista todas las alarmas se encendieron con el intento de expropiar Vicentin que, lamentablemente, fue el primer paso que no es el único y mucho menos será el último.

Le propongo entonces, estimado lector, hacer un repaso de algunos hechos que confirman que estamos a un paso de convertirnos en Venezuela.

1. CRISTINA APAGÓ LOS MICRÓFONOS DEL SENADO

Debido a que el juez Fabián Lorenzini frenó la expropiación de Vicentín, el 24 de junio, mientras en el Senado se trataba de aprobar la creación de una comisión bicameral para investigar, precisamente, si hubo irregularidades en los préstamos del Banco Nación a la empresa, como el oficialismo no tenía los dos tercios para aprobar la creación de dicha comisión, al mejor estilo dictadura Cristina Kirchner apagó los micrófonos. Nada más que agregar.

2. ARGENTINA NO CREE QUE EN VENEZUELA HAYA UNA DICTADURA

El 26 de junio, la Organización de Estados Americanos aprobó la resolución en la que se condena “el continuo acoso ejercido por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro contra las funciones que las leyes venezolanas le otorgan a la Asamblea Nacional y contra el funcionamiento de los partidos políticos e instituciones democráticas en Venezuela, contrario a lo establecido en la Carta Interamericana”.

Con 21 votos a favor, 7 abstenciones y 6 países ausentes, el Consejo Permanente de la OEA decidió rechazar y desconocer “la ilegal designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia, así como la ilegal designación de las directivas de los partidos políticos Primero Justicia y Acción Democrática”.

Como no podía ser de otra manera, el gobierno argentino, siempre del lado equivocado, está entre los siete países que se abstuvieron, junto a México, Grenada, Guyana, Surinam, Trinidad y Tobago y Belice.

3. ALBERTO CONFIESA PÚBLICAMENTE QUE EXTRAÑA A CHÁVEZ Y A OTROS LÍDERES POPULISTAS

Existe un axioma jurídico que reza: “A confesión de parte, relevo de prueba”, que significa que quien confiesa algo libera a la contraparte de tener que probarlo.

Por lo tanto, solo con las declaraciones de Alberto Fernández al día siguiente de la votación en la OEA, en un encuentro virtual organizado por la facultad de Ciencias Sociales de la UBA y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, podemos afirmar que vamos rumbo a convertirnos en Venezuela.

Fernández le confesó al expresidente de Brasil Lula Da Silva: “No te quiero mentir, yo no lo tengo a Néstor, a Lugo a Evo, a Correa, a Lagos, a Chávez; a duras penas somos dos los que queremos cambiar al mundo: uno está en México, que es Andrés Manuel López Obrador y el otro soy yo”, y agregó: “No sabés cómo extrañamos que vos nos seas el presidente de Brasil. Otra sería la posibilidad de que podamos trabajar”, por lo que podemos confirmar, según sus propias palabras, su anhelo es instaurar el chavismo no solo en Argentina, sino en la región.

Evidentemente, excepto Mujica, Alberto se siente mucho más cómodo y amigo de todos los presidentes denunciados por corrupción, cosa que no es nada casual.

4. EL ERP SE PUSO A DISPOSICIÓN DE ALBERTO FERNÁNDEZ PARA COMBATIR LA PANDEMIA

Tres sobrevivientes de la Compañía “Monte Ramón Rosa Jiménez” le ofrecieron al gobierno “toda su colaboración” para vencer al “enemigo viral” a través de una carta dirigida al ministro de Defensa Agustín Rossi.

Se trata de Ángel Gutiérrez, Mario Paz y Martín Jaime, tres “capitanes” de la organización terrorista.

En el texto, los guerrilleros plantearon que “hoy nuestro único enemigo es viral” y que, por ello, “no puede haber otro combate que el de enfrentar (organizados) codo a codo una aproximación entre argentinos que nos viene siendo esquiva en el largo historial de los desencuentros”.

5. COMITÉ DE EXPERTOS

Como si la confusión que tiene el gobierno para controlar la grave situación en la que estamos inmersos no fuese lo suficientemente grande, no tuvieron mejor idea que crear un “comité de filósofos, abogados y médicos para analizar la cuarentena”.

Se llamará “Comité de Ética y Derechos Humanos en Pandemia Covid-19” (CEDHCOVID19) y se dedicará a debatir sobre la privacidad y libertad de los argentinos en pandemia.

Una de sus integrantes será nada menos que Marcela Beatriz Firmenich, médica experta en bioética y hermana de Mario Firmenich, fundador de Montoneros.

Marcela Beatriz Firmenich

En relación a este tema, Sandra Pitta, la científica e investigadora del Conicet que se cruzó con Alberto Fernández en campaña publicó en su cuenta de Twitter:

“Aviso antes de que sea tarde. Conozco a varios de este Comité, y más que de ética son de ética estalinista. Los van a usar para perseguir disidentes. No, no exagero. Y lamento que Diana Cohen Agrest se preste a esta payasada. Ya sé que trabaja en el Instituto de Ginés, pero le pediría más coherencia. Q no sea cómplice de esta gente. Ven como de a poco van cooptando personas? Lo hicieron con Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Lo hicieron con la ciencia. Siguen. No se dejen cooptar por perversos”.

6. SE DEROGÓ EL DECRETO QUE INCORPORABA AL EJÉRCITO AL CONTROL DEL NARCONTRÁFICO

Mediante el decreto 571, el gobierno decidió derogar la reforma de las Fuerzas Armadas que había puesto en marcha el gobierno de Mauricio Macri, que permitía su incorporación a tareas de seguridad interior, con apoyo logístico, principalmente en las fronteras para controlar narcotráfico y terrorismo, y resolvió adoptar las reglamentaciones que regían durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, que limitan la actuación del Ejército solo ante agresiones extranjeras.

Lo único que explica esto, es que el kirchnerismo pretende volver a flexibilizar las fronteras como fue durante los gobiernos de Cristina para facilitar la tarea a narcos como en Venezuela, donde la droga es una de las principales fuentes de ingreso para el gobierno.

7. EL QUE DEPOSITÓ BOMBAS RECIBIRÁ DÓLARES

El BCRA habilitó a nietos apropiados y otros beneficiarios de las leyes reparatorias que viven en el exterior a que accedan a la reparación sin tasas impositivas ni gravámenes de ningún tipo, algo previsto en las leyes reparatorias.

En las redes sociales, alguien creó un meme con la tristemente célebre frase de Eduardo Duhalde: “El que depositó dólares recibirá dólares” transformándola en “El que depositó bombas recibirá dólares”.

Y el punto en cuestión es, ¿por qué esa persona debe tener más privilegios que un ciudadano común? Creo que no es necesario agregar nada más.

8. PORTAZO VIRTUAL EN LA CUMBRE DEL MERCOSUR

En el encuentro celebrado el jueves 2 de julio de forma virtual por primera vez como consecuencia de la pandemia del coronavirus, en el que se reunieron los primeros mandatarios de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela -estados parte- y Colombia, Bolivia y Chile -estados asociados-, durante la ponencia de la mandataria interina de Bolivia, Jeanine Áñez, las pantallas de la delegación de la delegación Argentina se apagaron, obviamente, en una clara muestra de disconformidad con la presidenta interina boliviana.

Intervención del presidente Alberto Fernández en la 56° Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur

Intervención del presidente Alberto Fernández en la 56° Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur

Eso es el equivalente a pararse e irse en una reunión presencial del Mercosur, algo que demuestra claramente de qué lado está el gobierno argentino.

9. DEL CIBERPATRULLAJE A LA PERSECUCIÓN AL PERIODISMO

Si existe algo que grafique perfectamente a los gobiernos dictatoriales, populistas y totalitarios es la expropiación y apropiación de los medios de difusión y persecución al periodismo independiente.

El 2 de junio, el Gobierno reglamentó un procedimiento para instrumentar el llamado “ciberpatrullaje”.

Algo así como un “Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas” que es el nombre que el Ministerio de Seguridad le dio a la resolución 144/20, firmada por la Ministra de Seguridad, Sabina Frederic.

Supuestamente, el protocolo tendrá vigencia durante el plazo de la emergencia pública. Dicho de otra forma, se aplicará un monitoreo a las redes sociales con el fin de “supuestamente” desbaratar información falsa o maliciosa y a “los ataques informáticos a infraestructura crítica, en especial a hospitales y a centros de salud”.

Sin embargo, el punto crítico está en el artículo 3, donde dice que también se aplicará a los “delitos relativos a los que hace referencia el decreto 260/2020”, que establece la ampliación de la emergencia sanitaria y el establecimiento del aislamiento preventivo obligatorio, es decir, la cuarentena. Y justamente en ese decreto están las penalidades por romperlo.

Antes de sancionar el decreto, la Ministra de Seguridad, en una teleconferencia con diputados admitió que las fuerzas a su cargo realizan ciberpatrullaje en redes sociales para “detectar el humor social”.

Claramente, el “ciberpatrullaje”, digno de países como Corea del Norte, es el comienzo a la persecución ideológica en esta nueva etapa, pero no para el kirchnerismo. No debemos olvidar el “qué te pasa Clarín, estás nervioso” de Néstor Kirchner y la financiación millonaria a medios afines durante 12 años de gobierno K.

Ahora, se pretende perseguir a periodistas por el solo hecho de acceder a escuchas telefónicas, y pretenden cometer el disparate y aberración de convertir a un periodista como integrante de una asociación ilícita por difundir información.

En una entrevista realizada por la agencia de noticias oficial Télam, el senador Oscar Parrilli (Frente de Todos), acusó a los periodistas Jorge Lanata y Luis Majul como “operadores”, y consideró que, a su juicio, ambos hacen “periodismo de guerra”, y agregó: “ellos fueron parte del entramado montado para perseguir opositores” durante la administración Macri.

“Lanata es al periodismo lo que (Alfredo) Astiz fue a los derechos humanos”, afirmó Parrilli en alusión al represor condenado por delitos de lesa humanidad, y consideró que Lanata “le vendió el alma al diablo hace muchos años y se vistió de periodista para hacer espionaje y llenarse de plata”.

Sobre Luis Majul, el legislador sostuvo que se trata de “un instrumento nefasto” en el engranaje del espionaje ilegal y declaró que para el esclarecimiento de los hechos es necesario “saber quién le dio documentación”. “Majul es un personaje nefasto, pequeño, lo que yo quiero saber es quien le dio la documentación, él fue un instrumento, fue utilizado”, sostuvo.

Finalmente, Parrilli señaló también a la Corte Suprema de Justicia como responsable de la difusión de escuchas ilegales y en ese sentido aseguró que el juez Ricardo Lorenzetti “tiene que dar explicaciones”.

CONCLUSIONES

Todo lo aquí expuesto son datos extraídos de la realidad. Son hechos reales y concretos, especialmente las declaraciones de Alberto Fernández en las que afirma públicamente que extraña a Chávez, por lo que ese solo ejemplo sería más que suficiente para confirmar que pretenden convertirnos en Venezuela.

Evidentemente, el rol del Estado para el kirchnerismo tiene que ser creciente. Así fue Chávez, quien entre otras cosas aprendió casi todo de la gobernación de Santa Cruz antes de que el kirchnerismo fuera gobierno.

Hoy, un tercio de la población avala a quienes nos gobiernan, que tienen una gran voluntad de poder y una visión política, social y económica como los gobiernos de Irán y Venezuela de cómo tiene que ser la Argentina.

Los proyectos iniciales del presupuesto para 2021 planean y aspiran a aumentar el rol del Estado. Esta es una heterodoxia keynesiana activista del Estado que cree que con más inversión pública vamos a acelerar la salida de todos nuestros males.

Lamentablemente, la Argentina está metida en una trampa de estancamiento y decadencia, de la que solo se sale copiando los modelos exitosos del mundo, y no cometiendo los mismos errores que llevaron a Venezuela a la triste realidad que vive desde que asumió Hugo Chávez.

*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas


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Leila Gianni expuso el modus operandi K para usurpar terrenos en La Matanza

Leila Gianni, referente de La Libertad Avanza (LLA) en La Matanza y ex subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, ha denunciado públicamente un sistema de usurpación de terrenos públicos en el municipio bonaerense de Ciudad Evita, señalando la complicidad de intendentes kirchneristas y describiendo un patrón operativo que se repite en diferentes jurisdicciones.

“Este predio, que ustedes pueden observar, pertenecía al Banco Hipotecario. Se lo cedió al Colegio Técnico Islas Malvinas, acá de Ciudad Evita”, afirmó en el vídeo, difundido a través de su cuenta oficial de Instagram. “Hace dos sábados atrás, una nueva toma, de las muchas y tantas que suceden a diario en la provincia de Buenos Aires”, agrego.

La dirigente política, una de las principales figuras de La Libertad Avanza en el conurbano bonaerense, ha venido realizando estas denuncias en el marco de su trabajo político territorial y su enfrentamiento con la gestión del intendente Fernando Espinoza, enfocándose sobre la Av. Güemes entre las calles El Ñanduty y El Crispín.

El Municipio de La Matanza, habría denunciado la usurpación de estos terrenos ya en 2022, pero la Justicia dictó una medida de “no innovar” que, en la práctica, permitió que la situación se mantuviera sin resolverse, quedando las denuncias en la Fiscalía N°2. Esta inacción judicial facilitó que continuaran las ventas ilegales de terrenos y el ingreso de nuevos ocupantes.

Fuentes municipales confirmaron que la comuna “en 2023 instó a la celeridad de la ejecución de desalojo por una denuncia de usurpación de terrenos en la zona en la que se produjeron los incidentes”, pero que la medida judicial “aparentemente no fue acatada vista la supuesta nueva venta de terrenos”.

“El día de las elecciones apretan para que voten al señor feudal bajo amenaza que serán desalojados, ¡Esto tiene que terminar de una buena vez!”, aseguró en la descripción de su posteo.

“Caen con sus camionetas, con alambrados, con postes y comienzan a hacer los pozos para hacer el cerco perimetral”, destacó, agregando: “Le venden los pedacitos de terreno a familias que sueñan con tener una vivienda propia. Y después, el título de propiedad nunca aparece.”

Según las investigaciones y testimonios recopilados, grupos organizados toman los terrenos tanto privados como públicos, generalmente durante la noche y venden el mismo a diferentes personas, “a la mañana se los venden a una persona y a la tarde, a otra”. Se designan intermediarios o “brokers” que manejan la organización y colocan a distintos grupos en función de la actividad ilegal, utilizando “amenazas de arma de fuego” y “amedrentan a los vecinos” para mantener el control de los territorios ocupados.

“Quieren tomar también la plaza donde juegan los pibes todos los fines de semana.”, subrayó Gianni.

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Entre Ríos adhirió a un régimen que avisa al consumidor sobre los impuestos que paga

La provincia de Entre Ríos decidió adherirse formalmente al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, establecido por el Título VII de la Ley Nacional 27.743, con el objetivo principal de informar detalladamente a los consumidores sobre la carga tributaria que soportan al adquirir productos o servicios.

El impulsor del proyecto, el diputado Bruno Sarubi (Juntos por Entre Ríos), destacó que esta iniciativa busca garantizar claridad y transparencia en las transacciones comerciales cotidianas: “Se trata de que cada consumidor sepa cuánto es lo que paga de impuestos nacionales, provinciales y municipales cada vez que compra un producto o un servicio”.

Sarubi explicó que, hasta el momento, únicamente la provincia de Chubut había adherido a esta normativa y puso de relieve que esta práctica ya tiene una larga trayectoria en otros países sudamericanos. “En otros países de Sudamérica este régimen se viene llevando adelante desde hace muchísimos años”, señaló.

Asimismo, el diputado aclaró explícitamente que esta medida no implica ningún incremento en la carga tributaria ni en los procesos administrativos actuales: “No se trata de un nuevo impuesto ni de más burocracia”, subrayó.

Redacción

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Llaryora reclama $10.000 millones a Milei mientras dilapida casi el cuádruple de ese monto en pauta

Martín Llaryora acudió ayer a la Corte Suprema y reclamó que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) liberara de inmediato las cuotas de mayo y junio —$5.000 millones cada una— comprometidas para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones provincial. 

“No hay más excusas”, advirtió el mandatario provincial después de incorporar al expediente una copia certificada de la ley que ratificó el convenio con la Nación. Ese acuerdo preveía doce envíos mensuales de $5.000 millones para este año y la posterior auditoría de los déficits de 2017-2024, cuyo saldo será compensado mediante el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.

Cuando firmó el entendimiento, Llaryora indicó que “al menos parte” de esos fondos se destinaría a “mejorar los ingresos de los jubilados de menores recursos bajo un esquema de distribución que será definido”.

Pese al pedido de ayuda a la Casa Rosada, el oficialismo cordobés logró que la Legislatura provincial aprobara, el 10 de diciembre de 2024, el Presupuesto General 2025. El documento de casi 500 páginas al accedió este medio prevé gastar más de $38 mil millones en “publicidad y propaganda” durante 2025: casi el cuádruple de lo que Llaryora reclama a Milei. 

Dentro de ese mismo cálculo de recursos y gastos, por ejemplo, el Ministerio de Vinculación Comunitaria destinó en su Programa Información Pública $19.198 millones en difusión. Otra partida específica del Poder Ejecutivo añadió $13.582 millones al mismo concepto. La Defensoría del Pueblo, por su parte, incorporó $350 millones adicionales y el subprograma El Defensor con Todos sumó $45,2 millones . El Poder Judicial también reservó $14,1 millones y otros organismos menores completaron el esquema con asignaciones inferiores, como los $4,3 millones del Centro de Mediación Judicial.

En total, las partidas correspondientes corresponden a los 15 ministerios y demás áreas centralizadas. En diálogo con Data24.com.ar, una legisladora provincial aclaró que el monto real podría incrementarse considerablemente al sumar las 10 agencias y los organismos descentralizados —como EPEC, Bancor o APROSS—, dado que esos entes también manejan fondos propios para publicidad oficial.

Esa política expansiva de comunicación oficial contrasta con el pedido urgente de recursos previsionales: los $10.000 millones que Córdoba exigió a la Nación representan más de un tercio del crédito publicitario aprobado para el ejercicio. Además, el cronograma pactado ante la Corte fija que el 30 de junio se conozca la auditoría de los déficits 2017-2018 y que en marzo de 2026 se determine el rojo de 2024, paso indispensable para calcular la deuda total que la Anses deberá saldar.

Redacción

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Francos fulminó a Kikuchi por votar la reelección indefinida junto al kirchnerismo en el Senado

Apenas un día después de que el Senado bonaerense aprobara la reelección indefinida de senadores, diputados, concejales y consejeros escolares, Guillermo Francos descalificó la decisión y direccionó sus críticas a Carlos Kikuchi, antiguo armador de La Libertad Avanza y hoy senador dialoguista. El ministro recordó que el propio Kikuchi “de ser el armador de un partido que estaba en contra de la casta se ha convertido en casta junto con los legisladores que lo acompañan”. 

Para Francos, la normativa de 2016 que incorporó un límite de dos periodos —impulsada durante la gobernación de María Eugenia Vidal— “había sido una buena norma para evitar la perpetuación en los órganos legislativos”; la revisión actual, sostuvo, pone de relieve “una casta muy fuerte en la Legislatura bonaerense”.

GUILLERMO FRANCOS CONTRA CARLOS KIKUCHI

La votación se desarrolló tras reiterados intentos fallidos de alcanzar quórum. Finalmente, el oficialismo reunió 26 senadores presentes —24 en el recinto y uno conectado de forma remota— y el tablero quedó empatado en 22 votos afirmativos, 22 negativos y una abstención. La vicegobernadora Verónica Magario emitió el voto decisivo y otorgó media sanción a la reforma del artículo 13 bis de la Ley 5109. Minutos después, se vio obligada a rectificar públicamente su afirmación de que el proyecto ya era ley, porque aún restaba la intervención de la Cámara de Diputados.

La ingeniería para alcanzar quórum incluyó restricciones al trabajo de prensa—sin palco ni conectividad—y negociaciones que se extendieron varios días. La senadora del PRO María Lorena Mandagarán, de Azul, ocupó su banca con el objetivo de habilitar la sesión en la que se aprobaron nueve pliegos judiciales para su distrito; luego votó contra la reforma. Sofía Vanelli (Frente Renovador) también facilitó la apertura y luego rechazó el texto por coherencia con la postura de Sergio Massa. Por su parte, Silvana Ventura (dialoguista) se abstuvo y el oficialista Federico Fagioli (Patria Grande) se ausentó.

“NOSOTROS, LOS LIBERALES…” | LA INSÓLITA JUSTIFICACIÓN DE KIKUCHI

Votaron a favor 19 senadores de Unión por la Patria—Luis Vivona, Sabrina Bastida, Sergio Berni, Pedro Borgini, Eduardo Bucca, Laura Clark, Amira Curi, María Elena Defunchio, Gabriela Demaría, Ayelén Durán, Marcelo Feliú, Teresa García, Emmanuel González Santalla, María Rosa Martínez, Pablo Obeid, Adrián Santarelli, Gustavo Soos, Walter Torchio y Daniela Viera—más los radicales Marcelo Daletto y Carlos Kikuchi, y Sergio Vargas (Unión, Renovación y Fe). Se pronunciaron en contra Aldana Ahumada, Yamila Alonso, Alex Campbell, Christian Gribaudo, Marcelo Leguizamón Brown, Alejandro Rabinovich, Juan Manuel Zini, Jorge Schiavone y María Emilia Subiza (PRO); Carlos Curestis, Daniela Reich y María Florencia Arietto (La Libertad Avanza); Joaquín de la Torre (Derecha Popular); y los radicales Alejandro Cellillo, Flavia Delmonte, Eugenia Gil, Lorena Mandagarán, Ariel Bordaisco, Agustín Maspoli, Nerina Neumann y Betina Riva.

Durante el debate, Carlos Curestis (LLA) solicitó que la votación fuera nominal; respaldaron la moción Christian Gribaudo (PRO) y el propio Kikuchi, gestos que consolidaron los 22 votos oficialistas. La presencia de senadores catalogados como “dialoguistas” resultó crucial para salvar los intentos fallidos previos.

El expediente que avanzó excluyó expresamente a los intendentes. Presentado por Luis Vivona —alineado con Cristina Fernández de Kirchner— se contrapuso con otra propuesta de Ayelén Durán, senadora referenciada en el gobernador Axel Kicillof, que sí contemplaba a los jefes comunales. La afinidad entre la Gobernación y los intendentes interesados en modificar la normativa vigente— que les impide renovar mandatos— fue determinante, aunque el Frente Renovador de Sergio Massa se mantuvo al margen.

Fuera de la arena parlamentaria, Francos reclamó una indagación profunda sobre el expediente de Julio “Chocolate” Rigau. “El Poder Judicial debería analizar un poco más a fondo el significado del caso, la enorme cantidad de empleados y de contratos que tiene cada legislador y cómo se pagan los votos”, reiteró, aludiendo a un esquema de contratos que explicaría la puja por cargos vitalicios.

En ese mismo reportaje, el ministro planteó la necesidad de reformular el mecanismo de informes del jefe de Gabinete ante el Congreso. Evaluó como poco eficiente la dinámica establecida en el artículo 101 de la Constitución—que lo obliga a concurrir mensualmente y de manera alternada a cada Cámara—y sugirió que las consultas se canalicen por escrito para “racionalizar recursos y tiempos”.

Además, ratificó la disposición presidencial de vetar cualquier medida legislativa que comprometa el equilibrio fiscal. Citó el proyecto de aumento jubilatorio en discusión en el Senado nacional y advirtió que, de aprobarse, será vetado porque “el sistema de jubilaciones lo hicieron inviable quienes incorporaron beneficiarios sin aportes”. Bajo esa premisa, insistió en que “el gobierno tiene claro el rumbo que es el equilibrio fiscal y de eso no se va a apartar”.

Con la media sanción consumada, la Cámara de Diputados bonaerense deberá decidir el destino de la reelección indefinida. Mientras tanto, Francos profundizó sus cuestionamientos a Kikuchi —acusándolo de abdicar del discurso anticasta— y a los legisladores que respaldaron la reforma. Para el jefe de Gabinete, la jornada demostró cómo “quienes prometían un cambio terminaron mimetizándose con los privilegios que decían combatir”.

El desenlace legislativo dependerá de la aritmética en Diputados, pero el cruce entre Francos y Kikuchi ya evidenció el quiebre entre el Ejecutivo nacional y un sector que, hasta hace pocos meses, se presentaba como la expresión de la renovación política bonaerense.

Redacción

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HOMENAJE A LA DELINCUENCIA: La intendente ultra K Mayra Mendoza se tatuó una tobillera

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, ratificó su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner y se tatuó en el tobillo izquierdo una tobillera floral con la inscripción “dignidad”, gesto que difundió el jueves en sus historias de Instagram. “¿Así que tobillera? Será un signo de dignidad”, escribió al publicar la secuencia fotográfica y los videos del procedimiento.

El homenaje llegó apenas dos semanas después de que la Corte Suprema dejó firme la condena dictada por el Tribunal Oral Federal N.º 2 en la causa Vialidad: seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El fallo ratificó también la obligatoriedad de la tobillera electrónica, dispositivo que la ex mandataria debió portar las 24 horas durante toda la pena.

En las imágenes se observó a Mendoza recostada en una camilla mientras la tatuadora completó el ramillete que rodeó el tobillo y colocó la palabra “dignidad” en el centro, en alusión directa al brazalete que permaneció sujeto a la pierna de Cristina Kirchner. La dirigente camporista sumó así un nuevo tatuaje a la colección de símbolos kirchneristas que ya ostentó en la piel —entre ellos, alusiones a Néstor y a la propia Cristina— y reforzó la identidad que exhibe desde hace años.

Dos días antes de plasmar el dibujo, la jefa comunal visitó a la ex presidenta en el departamento de San José 1111, barrio porteño de Constitución, y fue además una de las organizadoras de la convocatoria “Argentina con Cristina”, que reunió a unas 500.000 personas en Plaza de Mayo, según datos difundidos por el kirchnerismo. “No es justo todo lo que vivimos, Cristina es inocente y está cumpliendo una condena ilegal. No tuvo un juicio justo”, denunció Mendoza durante la marcha. También afirmó: “La Corte violó la Constitución desde su inicio con el invento de designación de los jueces… Partiendo de eso, es una inocente, mal juzgada y hoy teniendo que cumplir condena ilegal”. Luego agregó: “Lo hacemos con mucha energía y ganas porque sabemos lo que significa “Cristina para este país”.

Durante la movilización, la ex mandataria agradeció el apoyo mediante un mensaje grabado y remarcó: “Estar presa es un certificado de dignidad”. Mendoza sostuvo que “la militancia siempre va a estar presente donde la expresidenta esté” y prometió asumir un rol clave en el armado de las listas legislativas bonaerenses del próximo año.

El dispositivo que Cristina Kirchner portó consistió en un brazalete hermético, hipoalergénico, resistente al polvo y al agua, conectado a una unidad domiciliaria instalada en su vivienda. Ambos equipos emitieron reportes en tiempo real al Centro de Monitoreo del Ministerio de Seguridad, operativo las 24 horas del día y los siete días de la semana. El sistema informó ubicación, nivel de batería, intentos de manipulación y cualquier salida del perímetro fijado.

La unidad domiciliaria se comunicó tanto por línea fija como celular, contó con una batería de respaldo y permitió actualizaciones remotas. Además transmitió señales codificadas que alertaron sobre cortes de energía, salidas no autorizadas, desconexiones y la necesidad de reemplazo, previsto cada año. El sistema incluyó dos teléfonos celulares: uno que pudo recibir llamadas en cualquier momento —que la ex presidenta debió atender obligatoriamente— y otro dedicado al control perimetral por radiofrecuencia. El Servicio Penitenciario Federal, dependiente de la ministra Patricia Bullrich, instaló el dispositivo, elaboró informes técnicos y socioambientales previos y asumió el monitoreo permanente.

Desde el primer día de la condena, militantes kirchneristas lucieron tobilleras de utilería decoradas con flores, luces e imágenes de Cristina frente al edificio de Constitución. Ese atrezzo callejero inspiró el tatuaje definitivo de Mendoza, quien lo presentó como un “signo de dignidad” y como recordatorio de la supuesta inocencia de la ex mandataria.

La intendenta, considerada una pieza de confianza para Cristina Kirchner, reiteró que acompañará cada convocatoria que pida la ex jefa de Estado y que redoblará esfuerzos para “visibilizar la injusticia” que, según dijo, recayó sobre ella. La decisión de la jefa comunal quilmeña cerró la jornada con un mensaje inequívoco: su lealtad a la líder condenada trascendió el plano político para inscribirse de forma permanente en su piel y proyectarse hacia la arena electoral bonaerense.

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MISIONES | A días de las elecciones, los “libertarios” se denuncian entre ellos y reprochan su pasado en las listas K

Por Augusto Grinner

Misiones se prepara para sus elecciones legislativas del 8 de junio, en un escenario dominado históricamente por la hegemonía del Frente Renovador de la Concordia de Carlos Rovira. En este tablero consolidado, La Libertad Avanza (LLA) intenta ganar terreno, pero su camino ha sido un constante foco de escándalos y contradicciones.

LAS PRIMERAS IRREGULARIDADES DE LLA DE MISIONES

Todo comenzó en 2023, cuando Ninfa Alvarenga, referente inicial de LLA, vio su candidatura a gobernadora frustrada. Tras esa fallida postulación, Alvarenga fue nombrada titular del PAMI Misiones. Desde allí, utilizó su Fundación, “Misión Libertad”, para gestionar donaciones estatales. Según el Boletín Oficial, a través de las resoluciones RSG N° 126/2024 y RSG N° 127/2024 del 30 de abril de 2024, entre otras cosas, se cedieron más de once mil artículos de primera necesidad (calzado, indumentaria, ropa blanca, accesorios) y de bazar (ollas, termos, etc.). Estas donaciones, gestionadas por Eduardo “Lule” Menem y Karina Milei, generaron una intensa difusión en redes sociales de la fundación, con un modelo de asistencia social que evocaba la acción directa de figuras como Eva Perón, marcando constantemente que las donaciones eran enviadas por Secretaría General de la Nación (donaciones que parten del sector privado).

Sin embargo, la gestión de Alvarenga frente a PAMI terminó abruptamente en octubre de 2024, cuando fue destituida por denuncias de exigir “aportes” del 10% al 20% de sus sueldos a los empleados de PAMI, cobrando además una indemnización de $11.380.414,26 al ser desvinculada, con apenas unos pocos meses de actividad.

Tras la salida de Alvarenga, Adrián Núñez asumió la presidencia de LLA Misiones y Samantha Stekler la titularidad de PAMI de Misiones.

LA ALIANZA CON ROVIRA QUE NO FUE

Antes de seguir con la trama de Núñez, debemos hablar del intento de “alianza tácita” de LLA con el oficialismo renovador de Rovira y la intendencia de Puerto Iguazú. Se constataron donaciones oficiales desde la secretaría que dirige Karina Milei hacia los espacios del rovirismo, toda información que surge del Boletín Oficial, pero en muchos casos sin especificar qué tipo de bienes o recursos se transferían. Recientemente este acercamiento se disolvió, y las especulaciones apuntaron a la Ley “Ficha Limpia” y a la falta de alianza como posibles factores. Es relevante que los Senadores Nacionales de Misiones que responden a Rovira votaron en contra de la Comisión de Investigación de Libra y la propia Ley “Ficha Limpia” en el Senado, hecho que beneficia al mileísmo por permitirles la posibilidad de polarizar con una Cristina Fernández candidata.

LOS CANDIDATOS SE DENUNCIAN ENTRE ELLOS

Pero retomemos al actual armado LLA en Misiones. Hace unos meses, una carta firmada por 22 personas fue dirigida a Adrián Núñez (recordemos, presidente de LLA Misiones), y esto detonó un nuevo escándalo: acusaciones formales de un esquema de retorno, iguales a los acusados contra Alvarenga.

Entre las figuras señaladas por las denuncias, acusadas de ser parte del esquema de “aportes”, se encuentran:

  • Carlos Adrián Núñez: Presidente de LLA Misiones y 3° en la boleta.
  • Samantha Noelia Stekler: Titular de PAMI Misiones y 2ª en la boleta.
  • Nelli Beatriz Guerrero: Titular de ANSES Misiones y 4ª en la boleta.
  • Paola Andrea Trinidad: Coordinadora de PAMI Misiones y 6ª en la boleta.
  • Walter Fabio Báez: Apoderado de LLA Misiones y 7º en la boleta.
  • Cristian Osvaldo Sanabria Brítez: Referente de LLA Misiones y quien recibió una de las transferencias por “aportes”, por un monto de $260.000.

El dato curioso es que la carta de denuncia fue firmada, irónicamente, por la mayor parte de los propios candidatos de LLA en la lista que, a su vez, tienen cargos en ANSES, PAMI y demás (empleos desde los que les exigían del 10% al 20% de sus sueldos):

  • Osvaldo Héctor Manzoni: N°5.
  • Melisa Yohana Skrauba: N°8.
  • Agustina Isabel Torales: N°10.
  • Yanina Gisela Lorenzo: N°14.
  • Rosana Alicia Mondelo: N°16.
  • Gastón Emanuel Horianski: N°17.
  • Camila Belén Aquino: N°18.
  • Tomás Margets: N°19.
  • Daniela Beatriz Cabral: N°20.
  • Isauro Daniel López: N°1 (suplente).
  • Carol Melisa Correa: N°2 (suplente).
  • Alberto Martín Celestino: N°3 (suplente).
  • Caren Yelsen Silveira Pintos: N°4 (suplente).
  • Matías Germán Alles: N°5 (suplente).
  • Celeste Agostina Comparin: Nº6 (suplente).
  • Dante Fabricio Berdini: N°7 (suplente).

Por si es necesario aclararlo otra vez: los candidatos de LLA de Misiones denuncian a los demás candidatos de la misma boleta.

Las irregularidades denunciadas replican el modus operandi del caso Alvarenga, sugiriendo un patrón de exigencia de “diezmos” en el espacio, y todo financiado por los trabajadores misioneros. Sin embargo, los hermanos Milei le dieron el visto bueno a toda esta situación de denuncias por corrupción dentro del mismo espacio.

KIRCHNERISTAS ANTI-CASTA

Finalmente y no menos importante, los perfiles de los candidatos revelan un pasado político que desdibuja la imagen “anticasta”.

El ya mencionado hasta el hartazgo, Carlos Adrián Núñez, actual presidente de LLA Misiones y principal denunciado, exhibe en sus redes tuits con posturas claramente kirchneristas, como su “Orgullo UBA” junto a Alberto Fernández en 2020, una nota elogiando la elección de Alberto como presidente, o su apoyo a la consigna “¿Dónde está Santiago Maldonado?” en 2017.

Por otro lado tenemos al primer candidato, el extenista Diego Gabriel Hartfield, que es quizás el caso más llamativo. Aunque ahora encabeza una lista libertaria, en las elecciones de 2015 fue candidato de Carlos Rovira y del kirchnerismo, como consta en el Tribunal Electoral de Misiones.

Sus tuits de la época lo confirman: en 2011 apoyaba a un senador misionero kirchnerista, en 2012 criticaba a Lanata por sus investigaciones contra el kirchnerismo, en 2014 elogiaba a Scioli y en 2015 confirmó haberlo votado. Incluso recomendaba fuertemente ver el programa ultra-kirchnerista “678”. E irónicamente, en 2016 tuiteó: “Ojalá nunca me toque ser diputado, no quiero trabajar 20 hs seguidas”.

Con este panorama, La Libertad Avanza en Misiones enfrenta el 8 de junio no solo el desafío de competir con el poder establecido, sino el de explicar sus propias contradicciones y el ruido de las denuncias internas que ensombrecen su debut electoral en la provincia.

Redacción

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