Nueva denuncia contra el espacio de Milei: “Piden 60 mil dólares para ser candidato”
Silvina Soria, ex integrante del espacio libertario y actual precandidata a concejal de Juntos por el Cambio, denunció manejos "oscuros" y "amenazas" tras exponer el negociado de Milei con las candidaturas.
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La reciente denuncia de Silvina Soria se sumó a La Libertad Avanza fue noticia nacional. Ya que, había sido piquetera durante el estallido social del 2001, y luego se hizo famosa en las redes por su modelaje de contenido erótico y la venta de ese material que hace en plataformas como OnlyFans. A principios del 2023 se confirmó que sería una de las caras conocidas del espacio libertario en Avellaneda, pero no pasó mucho hasta que denunciara el pedido de unos 60 mil dólares para “ser candidato a intendente, es todo oscuro, muy trucho”.
La seguidora libertaria dijo que se fue del espacio por ello, y porque cuando empezó a alzar la voz le empezaron a llegar amenazas anónimas. Es un modus operandi que se repite en La Libertad Avanza a lo largo y a lo ancho del país: las candidaturas más importantes están a la venta, mientas que a los militantes de a pie se los va corriendo.
El precandidato presidencial Javier Milei y su ex aspirante de Avellaneda, Silvina Soria.
Según el relato de Soria, ella manifestó su desagrado con esa manera de proceder desde el minuto cero. “Yo pensaba que se iba a ordenar en base al conocimiento, la militancia y la meritocracia, pero no. Acá es todo por plata”, denunció, y señaló que nunca hubo una estrategia de campaña clara, ni intención de hacerla. Desde ese momento en adelante, le empezarían a llegar amenazas anónimas para que incitarla a que dejara de participar en los eventos públicos de LLA en Avellaneda. “Estoy segura que fueron ellos, los armadores”, sentenció.
Las denuncias de Soria no se quedan ahí. Dice también que los locales en los que hacían las reuniones se los “prestaba” un ex dirigente de Propuesta Republicana, y ahora cercano al peronismo, Rubén Alice, un hombre que en el 2014 asesinó a su propia madre en un confuso episodio y que ahora cuenta con denuncias por violencia de género.
El ex dirigente PRO, y ahora peronista, Rubén Alice.
También revela que en un momento los armadores de Avellaneda le encargaron que “vaya a pedir plata” a empresarios y militantes, y que para eso le dieron los datos de una fundación, “Deportes Electrónicos”, que según su denuncia servía para lavar el dinero. “Es todo raro. ¿Si la plata es para la campaña por qué no lo hacemos de manera oficial, a través del Banco Nación?”, se preguntó.
“Lo seguí hasta donde pude a Javier Milei, pero no ví de su parte que me hayan cuidado. Y eso que yo me comunicaba con Lilia Lemoine para contarle todo esto. Es una desilusión. Hice todo lo que pude, pero me decepcionó, esto una cascara vacía”, concluyó en la entrevista.
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Apenas un día después de que el Senado bonaerense aprobara la reelección indefinida de senadores, diputados, concejales y consejeros escolares, Guillermo Francos descalificó la decisión y direccionó sus críticas a Carlos Kikuchi, antiguo armador de La Libertad Avanza y hoy senador dialoguista. El ministro recordó que el propio Kikuchi “de ser el armador de un partido que estaba en contra de la casta se ha convertido en casta junto con los legisladores que lo acompañan”.
Para Francos, la normativa de 2016 que incorporó un límite de dos periodos —impulsada durante la gobernación de María Eugenia Vidal— “había sido una buena norma para evitar la perpetuación en los órganos legislativos”; la revisión actual, sostuvo, pone de relieve “una casta muy fuerte en la Legislatura bonaerense”.
GUILLERMO FRANCOS CONTRA CARLOS KIKUCHI
La votación se desarrolló tras reiterados intentos fallidos de alcanzar quórum. Finalmente, el oficialismo reunió 26 senadores presentes —24 en el recinto y uno conectado de forma remota— y el tablero quedó empatado en 22 votos afirmativos, 22 negativos y una abstención. La vicegobernadora Verónica Magario emitió el voto decisivo y otorgó media sanción a la reforma del artículo 13 bis de la Ley 5109. Minutos después, se vio obligada a rectificar públicamente su afirmación de que el proyecto ya era ley, porque aún restaba la intervención de la Cámara de Diputados.
La ingeniería para alcanzar quórum incluyó restricciones al trabajo de prensa—sin palco ni conectividad—y negociaciones que se extendieron varios días. La senadora del PRO María Lorena Mandagarán, de Azul, ocupó su banca con el objetivo de habilitar la sesión en la que se aprobaron nueve pliegos judiciales para su distrito; luego votó contra la reforma. Sofía Vanelli (Frente Renovador) también facilitó la apertura y luego rechazó el texto por coherencia con la postura de Sergio Massa. Por su parte, Silvana Ventura (dialoguista) se abstuvo y el oficialista Federico Fagioli (Patria Grande) se ausentó.
“NOSOTROS, LOS LIBERALES…” | LA INSÓLITA JUSTIFICACIÓN DE KIKUCHI
Votaron a favor 19 senadores de Unión por la Patria—Luis Vivona, Sabrina Bastida, Sergio Berni, Pedro Borgini, Eduardo Bucca, Laura Clark, Amira Curi, María Elena Defunchio, Gabriela Demaría, Ayelén Durán, Marcelo Feliú, Teresa García, Emmanuel González Santalla, María Rosa Martínez, Pablo Obeid, Adrián Santarelli, Gustavo Soos, Walter Torchio y Daniela Viera—más los radicales Marcelo Daletto y Carlos Kikuchi, y Sergio Vargas (Unión, Renovación y Fe). Se pronunciaron en contra Aldana Ahumada, Yamila Alonso, Alex Campbell, Christian Gribaudo, Marcelo Leguizamón Brown, Alejandro Rabinovich, Juan Manuel Zini, Jorge Schiavone y María Emilia Subiza (PRO); Carlos Curestis, Daniela Reich y María Florencia Arietto (La Libertad Avanza); Joaquín de la Torre (Derecha Popular); y los radicales Alejandro Cellillo, Flavia Delmonte, Eugenia Gil, Lorena Mandagarán, Ariel Bordaisco, Agustín Maspoli, Nerina Neumann y Betina Riva.
Durante el debate, Carlos Curestis (LLA) solicitó que la votación fuera nominal; respaldaron la moción Christian Gribaudo (PRO) y el propio Kikuchi, gestos que consolidaron los 22 votos oficialistas. La presencia de senadores catalogados como “dialoguistas” resultó crucial para salvar los intentos fallidos previos.
El expediente que avanzó excluyó expresamente a los intendentes. Presentado por Luis Vivona —alineado con Cristina Fernández de Kirchner— se contrapuso con otra propuesta de Ayelén Durán, senadora referenciada en el gobernador Axel Kicillof, que sí contemplaba a los jefes comunales. La afinidad entre la Gobernación y los intendentes interesados en modificar la normativa vigente— que les impide renovar mandatos— fue determinante, aunque el Frente Renovador de Sergio Massa se mantuvo al margen.
Fuera de la arena parlamentaria, Francos reclamó una indagación profunda sobre el expediente de Julio “Chocolate” Rigau. “El Poder Judicial debería analizar un poco más a fondo el significado del caso, la enorme cantidad de empleados y de contratos que tiene cada legislador y cómo se pagan los votos”, reiteró, aludiendo a un esquema de contratos que explicaría la puja por cargos vitalicios.
En ese mismo reportaje, el ministro planteó la necesidad de reformular el mecanismo de informes del jefe de Gabinete ante el Congreso. Evaluó como poco eficiente la dinámica establecida en el artículo 101 de la Constitución—que lo obliga a concurrir mensualmente y de manera alternada a cada Cámara—y sugirió que las consultas se canalicen por escrito para “racionalizar recursos y tiempos”.
Además, ratificó la disposición presidencial de vetar cualquier medida legislativa que comprometa el equilibrio fiscal. Citó el proyecto de aumento jubilatorio en discusión en el Senado nacional y advirtió que, de aprobarse, será vetado porque “el sistema de jubilaciones lo hicieron inviable quienes incorporaron beneficiarios sin aportes”. Bajo esa premisa, insistió en que “el gobierno tiene claro el rumbo que es el equilibrio fiscal y de eso no se va a apartar”.
Con la media sanción consumada, la Cámara de Diputados bonaerense deberá decidir el destino de la reelección indefinida. Mientras tanto, Francos profundizó sus cuestionamientos a Kikuchi —acusándolo de abdicar del discurso anticasta— y a los legisladores que respaldaron la reforma. Para el jefe de Gabinete, la jornada demostró cómo “quienes prometían un cambio terminaron mimetizándose con los privilegios que decían combatir”.
El desenlace legislativo dependerá de la aritmética en Diputados, pero el cruce entre Francos y Kikuchi ya evidenció el quiebre entre el Ejecutivo nacional y un sector que, hasta hace pocos meses, se presentaba como la expresión de la renovación política bonaerense.
Mientras que el Gobierno acelera su plan para que los ahorristas utilicen los dólares del colchón y los vuelquen al sistema, una parte de los que compraron billetes verdes en la salida del cepo no solo no los pusieron a funcionar sino que los devolvieron al colchón.
Según Profit Consultores, los depósitos en dólares desde que se lanzó la Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos (el 22 de mayo) caen US$ 429 millones. En abril, último dato oficial, 1 millón de personas compraron US$ 2.000 millones por el homebanking, inaugurando la era poscepo.
“Si medimos por gobiernos (los periodos ajustan casi perfecto con las épocas de cepo), entre 2016 y 2019 la demanda por atesoramiento promedió US$ 1.806 millones mensuales. La diferencia es que en ese momento las empresas también podían acceder al mercado”, recuerda Econviews, la consultora de Miguel Kiguel.
Además de la compra de billetes en abril, algo que fue a contramano de lo que quiere el Gobierno que suceda (se verá qué pasó en mayo, se cree que habría sido menor), destaca la consultora 1816, se aceleró el gasto en turismo y sigue la salida de divisas por Inversión Extranjera Directa, “con algunas matrices aprovechando el momento para concretar decisiones de salida tomadas hace años (este efecto más que compensa el RIGI)”.
Así, todo dependerá de si funciona o no el plan oficial para que entren más dólares y no sean una puerta giratoria. Muchos economistas, como Lucas Llach o Camilo Tiscornia, creen que el efecto será marginal. O sea, que no habrá un aluvión de gente entrando sus billetes de vuelta al sistema.
“Chapeau para el nuevo régimen informativo con cifras más lógicas. Pero eso no tiene nada que ver con sacar los dólares del colchón. En un país donde, como digo, el canuto no se mancha. ¿Por qué el canuto no se mancha? Porque el canuto es el canuto. ¿Para qué tiene canuto la gente en la Argentina? Por las dudas”, explicó hace una semana Carlos Melconian, uno de los más escuchados por el Círculo Rojo.
“El canuto lo tengo que tener por las dudas. ¿Por las dudas de qué? De este gran quilombo que es la Argentina. Vos no querés estar sin el canuto”, afirmó “Melco” en una charla privada.
El Gobierno anunció la segunda etapa del proyecto para incentivar el uso de los “dólares del colchón” bajo el nombre de “régimen de inocencia fiscal” y estableció nuevos pisos para investigación por evasión y por otro lado detalló el blindaje del régimen simplificado del impuesto a las Ganancias.
“Estas disposiciones, junto con las anunciadas con anterioridad, constituyen el inicio de una reforma integral, que permitirá abandonar el régimen persecutorio en el que vivimos, donde todos son culpables hasta que ARCA demuestre lo contrario, a un régimen de enfoque recaudatorio”, destacaron desde la Casa Rosada. La idea es que esos dólares “remoneticen” la economía ya que no se emiten pesos. La duda es qué pasará si la gente no empieza a sacarlos del colchón. Por ahora, hay más dudas y miedos, que dólares entrando.
En este contexto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que desde julio se implementarán más controles para monitorear estas operaciones y reforzar las restricciones sobre los productos que pueden ingresar al país.
Controles de ARCA sobre compras en el exterior
La medida, oficializada mediante la Resolución General 5662/2025 en el Boletín Oficial, establece que, a partir de julio de 2025, las entidades bancarias que emiten tarjetas de crédito, débito o de compra deberán reportar a ARCA todos los consumos realizados fuera del territorio argentino, tanto de titulares como de adicionales.
La información que deberán enviar al organismo de control incluye:
Detalle de las operaciones en el exterior correspondiente a tarjetas de titulares emitidas en el país. Número de tarjeta. Marca de la tarjeta de crédito, de compra y/o de débito. Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de la entidad emisora de la tarjeta de crédito, de compra y/o de débito. Fecha de la operación. Identificación del país. Identificación de la moneda de origen. Monto de la operación en moneda extranjera. Monto de la operación en pesos. Nombre del comercio. Código de rubro del comercio. Número de identificación del comercio. Este registro permitirá a ARCA obtener datos precisos para ejercer un mayor control fiscal y detectar posibles irregularidades, así como evitar maniobras de evasión a través de consumos en el exterior.
Compras internacionales: productos prohibidos para ingresar al país
Junto con estos controles, la agencia de recaudación recordó que existen productos que tienen prohibido su ingreso a territorio argentino, especialmente desde países limítrofes como Chile. Entre los bienes restringidos se encuentran:
Mercadería con fines comerciales o industriales. Armas de fuego, salvo que el usuario cuente con una autorización de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). Explosivos, inflamables y estupefacientes. Material arqueológico y cultural. Electrodomésticos de línea blanca: incluye cocinas, lavavajillas, estufas y aires acondicionados. Sin embargo, los aparatos pequeños, como licuadoras, sí están permitidos. Límites y excepciones para ingresar compras del exterior A pesar de las restricciones, ARCA detalló que los viajeros pueden ingresar libre de impuestos un teléfono celular, una notebook o una tablet, con un máximo de una unidad por persona. También se permite traer ropa, calzado y artículos de uso personal, siempre que no tengan fines de reventa.
Respecto a los montos, los límites de compra para no pagar impuestos son:
300 dólares para quienes regresen por vía terrestre. 500 dólares para quienes lo hagan por vía aérea.
Consejos para evitar inconvenientes con ARCA
Para evitar multas y demoras en la Aduana, ARCA recomienda a los viajeros:
Conocer las franquicias vigentes para evitar excedentes impositivos. Declarar los productos ante Aduana. Evitar productos prohibidos. Guardar comprobantes de compra para facilitar la declaración. Comprar bienes para uso personal o como regalos, no comerciales. Priorizar productos pequeños y portátiles para simplificar el traslado. Revisar regulaciones de Aduana antes de viajar. Evitar compras impulsivas que puedan generar inconvenientes. Empaquetar bien para facilitar inspecciones.
La provincia de Entre Ríos decidió adherirse formalmente al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, establecido por el Título VII de la Ley Nacional 27.743, con el objetivo principal de informar detalladamente a los consumidores sobre la carga tributaria que soportan al adquirir productos o servicios.
El impulsor del proyecto, el diputado Bruno Sarubi (Juntos por Entre Ríos), destacó que esta iniciativa busca garantizar claridad y transparencia en las transacciones comerciales cotidianas: “Se trata de que cada consumidor sepa cuánto es lo que paga de impuestos nacionales, provinciales y municipales cada vez que compra un producto o un servicio”.
Sarubi explicó que, hasta el momento, únicamente la provincia de Chubut había adherido a esta normativa y puso de relieve que esta práctica ya tiene una larga trayectoria en otros países sudamericanos. “En otros países de Sudamérica este régimen se viene llevando adelante desde hace muchísimos años”, señaló.
Asimismo, el diputado aclaró explícitamente que esta medida no implica ningún incremento en la carga tributaria ni en los procesos administrativos actuales: “No se trata de un nuevo impuesto ni de más burocracia”, subrayó.
El reporte elaborado por Tomás Rodríguez Zurro y Emilce Terré para la Bolsa de Comercio de Rosario indicó que el sector agroindustrial aportó US$ 3.300 millones en derechos de exportación (DEX) durante los primeros seis meses de 2025, un incremento interanual del 25% pese a la reducción temporal de alícuotas y a precios promedio inferiores, sobre todo en el complejo soja.
El salto recaudatorio respondió al mayor volumen declarado: las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) alcanzaron cerca de 53 millones de toneladas, un 60% más que en el mismo período de 2024. En términos diarios, el fisco recibió unos US$ 18 millones.
A un mes de que venza el esquema de rebaja de alícuotas, el estudio proyectó que 2025 cerrará con casi US$ 6.500 millones recaudados, poco más de US$ 1.000 millones por encima de 2024, aunque todavía lejos de los niveles de 2021 y 2022, cuando los precios internacionales se ubicaron mucho más altos.
Los autores explicaron que, a diferencia de años previos, en 2024 y en lo que va de 2025 no se registraron DJVE adelantadas de la campaña nueva. Esa ausencia redujo la recaudación de 2024—parte de lo exportado tributó en 2023—pero elevó la de 2025, dado que la mercadería se vendió y gravó este año.
El complejo soja dominará el aporte anual: US$ 5.140 millones, el 80 % del total. Dentro de esa cadena, los subproductos liderarán con US$ 2.760 millones, seguidos por el aceite de soja con US$ 1.700 millones—rubro que mostró la mayor suba interanual gracias a un mayor flujo exportador—y el poroto con casi US$ 600 millones.
Para estimar las DJVE del ciclo 2025/26 en el segundo semestre, el equipo tomó la distribución registrada en 2024 y no el promedio de las cinco campañas anteriores, con el fin de reflejar el cambio reciente en los patrones de venta al exterior.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, celebró la decisión unánime de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la condena a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por defraudación al Estado en la causa Vialidad. “Dignidad es no robar”, subrayó durante un acto en la planta de Itasa, en el Parque Industrial de Paraná, donde presentó la primera inversión aprobada bajo el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI).
“Anoche escuchaba a una ex presidenta decir que la cárcel daba dignidad”, inició Frigerio ante operarios y empresarios. Señaló las máquinas que lo rodeaban y afirmó: “Esto es lo que da dignidad. Dignidad es esforzarse todos los días, es apostar por el país como lo hacen nuestros empresarios, invirtiendo, endeudándose, apostando por generar más empleo de calidad”. Remató: “Dignidad es no robar, es esforzarse y levantarse cada mañana para que, con el fruto de ese esfuerzo, se pueda llevar el plato de comida a la casa”.
DIGNIDAD NO ES IR A LA CÁRCEL. DIGNIDAD ES TRABAJAR.Hoy dimos un paso muy importante: ITASA, empresa líder en la fundición de acero, ubicada en Paraná, fue la primera en adherir al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) con una inversión de 4 millones de dólares,… pic.twitter.com/heGOK2aMYF
El fallo de la Corte, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ratificó la resolución de la Cámara de Casación y dispuso: “Rechazar el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa de Cristina Elizabet Fernández de Kirchner. Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2, en cuanto condena a la nombrada a seis (6) años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos…”.
Además, confirmó el decomiso de $84.000 millones. El TOF 2 deberá definir ahora las condiciones de detención; por su edad, la ex mandataria podría acceder al arresto domiciliario y no podrá competir en las próximas elecciones. Desde 1983 solo dos ex presidentes quedaron condenados: Carlos Menem y ahora Cristina Kirchner.
Tras conocerse la sentencia, Frigerio publicó en la red social X: “DIGNIDAD NO ES IR A LA CÁRCEL. DIGNIDAD ES TRABAJAR”. En el mismo mensaje destacó que Itasa adhirió al RINI con una inversión de cuatro millones de dólares y precisó que 17 empresas tramitaron su incorporación al programa.
Durante el acto, el mandatario indicó que esos 17 proyectos totalizaron $ 21.000 millones y defendió la medida: “Es la primera de muchas por venir”. Añadió que la provincia atravesó “la caída de recursos más fuerte que se recuerde”, pero aseguró que “la crisis ya no recayó sobre las espaldas del sector privado”. Subrayó que su gestión priorizó “la transparencia y la administración eficaz de cada peso” y describió como “un cambio cultural que espero que haya llegado para quedarse” la articulación con los empresarios para “generar riqueza produciendo para la Argentina, produciendo para el corazón energético que es Vaca Muerta”.
Frigerio concluyó que el trabajo es “el norte que guía nuestras decisiones de gobierno” y vinculó la iniciativa a la “dignidad” que, según expresó, “no es ir a la cárcel, sino trabajar”.
Una auditoría oficial reveló que el gobierno de Llaryora destinó $900 mil a la compra de sildenafilo para cárceles. En la misma factura figuran shampoo anticaspa, anticonceptivos y cremas.
En mi tercer y nuevo libro, de inminente publicación, dedico más de 30 páginas a analizar pasado, presente y futuro de la estrategia nuclear militar de las superpotencias en pugna, los riesgos de una escalada a escala global y una única conclusión: "Frente a la imposibilidad de… pic.twitter.com/fdfIIivSnc