Nueva denuncia contra el espacio de Milei: “Piden 60 mil dólares para ser candidato”
Silvina Soria, ex integrante del espacio libertario y actual precandidata a concejal de Juntos por el Cambio, denunció manejos "oscuros" y "amenazas" tras exponer el negociado de Milei con las candidaturas.
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La reciente denuncia de Silvina Soria se sumó a La Libertad Avanza fue noticia nacional. Ya que, había sido piquetera durante el estallido social del 2001, y luego se hizo famosa en las redes por su modelaje de contenido erótico y la venta de ese material que hace en plataformas como OnlyFans. A principios del 2023 se confirmó que sería una de las caras conocidas del espacio libertario en Avellaneda, pero no pasó mucho hasta que denunciara el pedido de unos 60 mil dólares para “ser candidato a intendente, es todo oscuro, muy trucho”.
La seguidora libertaria dijo que se fue del espacio por ello, y porque cuando empezó a alzar la voz le empezaron a llegar amenazas anónimas. Es un modus operandi que se repite en La Libertad Avanza a lo largo y a lo ancho del país: las candidaturas más importantes están a la venta, mientas que a los militantes de a pie se los va corriendo.
El precandidato presidencial Javier Milei y su ex aspirante de Avellaneda, Silvina Soria.
Según el relato de Soria, ella manifestó su desagrado con esa manera de proceder desde el minuto cero. “Yo pensaba que se iba a ordenar en base al conocimiento, la militancia y la meritocracia, pero no. Acá es todo por plata”, denunció, y señaló que nunca hubo una estrategia de campaña clara, ni intención de hacerla. Desde ese momento en adelante, le empezarían a llegar amenazas anónimas para que incitarla a que dejara de participar en los eventos públicos de LLA en Avellaneda. “Estoy segura que fueron ellos, los armadores”, sentenció.
Las denuncias de Soria no se quedan ahí. Dice también que los locales en los que hacían las reuniones se los “prestaba” un ex dirigente de Propuesta Republicana, y ahora cercano al peronismo, Rubén Alice, un hombre que en el 2014 asesinó a su propia madre en un confuso episodio y que ahora cuenta con denuncias por violencia de género.
El ex dirigente PRO, y ahora peronista, Rubén Alice.
También revela que en un momento los armadores de Avellaneda le encargaron que “vaya a pedir plata” a empresarios y militantes, y que para eso le dieron los datos de una fundación, “Deportes Electrónicos”, que según su denuncia servía para lavar el dinero. “Es todo raro. ¿Si la plata es para la campaña por qué no lo hacemos de manera oficial, a través del Banco Nación?”, se preguntó.
“Lo seguí hasta donde pude a Javier Milei, pero no ví de su parte que me hayan cuidado. Y eso que yo me comunicaba con Lilia Lemoine para contarle todo esto. Es una desilusión. Hice todo lo que pude, pero me decepcionó, esto una cascara vacía”, concluyó en la entrevista.
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Un juicio por usurpación en Bariloche, provincia de Río Negro, derivó en una de las revelaciones más explosivas sobre la extranjerización de tierras en Argentina en años recientes. El empresario santafesino Hugo Alberto Barabucciadmitió ante la Justicia haber comprado casi 20.000 hectáreas en la Patagonia con una “donación” no restituible de USD$2.050.175 del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
El caso no solo expone un presunto esquema para eludir la Ley de Tierras vigente, sino que coincide con el debate en el Congreso sobre un proyecto del gobierno del presidente Javier Milei que busca eliminar los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros.
El detonante fue aparentemente sencillo. Barabucci inició una causa judicial contra Soledad Cayunao, integrante de la comunidad mapuche Lof Cayunao, acusándola de haber usurpado un predio en el paraje Alto Río Chubut, en la zona cordillerana de Río Negro.
El juicio oral se realizó el 7 de abril de 2026 en el Auditorium de Bariloche.
Sin embargo, el proceso tomó un giro inesperado cuando el abogado defensor Juan Martín Palumbo interrogó a Barabucci sobre el origen de los fondos con los que había comprado el campo. En ese momento, el magnate confesó con total naturalidad que había adquirido las tierras en 2017 con vínculos de otro país, lo que, según relataron los presentes, “heló la sala”.
El juicio terminó con la absolución de Cayunao. El juez Marcelo Álvarez Melinger dictó su veredicto de no culpabilidad por falta de pruebas, al no poder acreditarse el delito de usurpación. El tribunal determinó que no hubo un despojo efectivo del predio.
Según las escrituras originales, Barabucci pagó por tres fracciones de campo que suman 19.269 hectáreas en Cerro Carreras, al sureste de Bariloche.El territorio incluye bosques nativos, glaciares, lagunas, ríos, nacientes de agua dulce y fauna silvestre.
El precio pagado equivale a poco más de USD$100 por hectárea, un valor considerado extraordinariamente bajo para tierras con esos recursos naturales estratégicos. Dado que la Patagonia concentra una parte significativa de las reservas de agua dulce del continente y tiene enorme potencial energético y turístico, los analistas señalan que el precio de la transacción dista mucho del valor de mercado real.
– Hugo Alberto Barabucci
El vendedor fue Marcos Marcelo Mindlin, CEO de Grupo Erge y Pampa Energía, dos de las principales industrias del sector energético argentino. Mindlin había adquirido esas mismas tierras años antes en operaciones que también generaron controversias judiciales en Río Negro.
De acuerdo con la declaración del juicio y las investigaciones posteriores, el dinero habría sido transferido desde el First Gulf Bank de Abu Dhabi hasta una cuenta en JP Morgan Chase de Nueva York, sin pasar por los controles aduaneros, fiscales ni penales exigidos por la legislación argentina. Es decir que los fondos nunca ingresaron al sistema financiero argentino bajo los mecanismos de contralor establecidos por ley.
El pedido de instrucción
Tras la repercusión nacional del asunto en cuestión, la legisladora provincial de Río Negro Magdalena Odarda (del bloque opositor peronista Vamos con Todos) presentó un pedido formal ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue la legalidad de la operación.
“Estamos poniendo el foco en la ruta del dinero, porque no se puede permitir que operaciones de esta magnitud se realicen sin controles, especialmente en territorios sensibles vinculados al agua y a la soberanía”, declaró Odarda, en su presentación.
El pedido solicita estudiar si hubo participación de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA),así como de verificar si se utilizaron personas interpuestas, esclarecer la titularidad real del terreno y averiguar posibles falsos testimonios.
Los abogados defensores de Cayunao, Martín Palumbo y Milton Díaz, anunciaron que recurrirán al Ministerio Público Fiscal y a la Comisión Nacional de Fronteras para que investiguen si hubo fraude en la adquisición. También solicitaron durante la audiencia que el juicio remita los antecedentes al fiscal para analizar la posible violación de la Ley 26.737.
El territorio en disputa incluye nacientes de cursos de agua esenciales para toda la región, como el Alto Río Chubut nace allí y abastece a poblaciones de toda la provincia de Chubut.
– Soledad Cayunao junto a sus abogados
Tal como señalan estadísticas oficiales actualizadas en agosto de 2025, Argentina tiene una superficie rural de 266.643.212 hectáreas, de las cuales 13.262.725 están en manos extranjeras, equivalente al 4.97% del total nacional. Ninguna provincia supera el límite legal del 15% establecido por la Ley 26.737. Sin embargo, la preocupación de investigadores del CONICET y la UBA es que “la búsqueda por la derogación de la Ley de Tierras ocurre en un escenario internacional de creciente disputa por recursos estratégicos”.
El acontecimiento estalló públicamente el mismo día en que el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger se presentaba ante el Senado para defender el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el oficialismo.
En su exposición ante la Cámara Alta, Sturzenegger argumentó que las restricciones a la compra por extranjeros constituyen “una flagrante violación a la Constitución”.
El proyecto propone, entre otras cosas, eliminar los topes de la Ley 26.737 que restringen la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El único límite que se mantendría es para compras de Estados soberanos extranjeros y personas jurídicas con participación estatal. Dicho de otro modo, inversores privados de cualquier país podrían comprar tierra sin restricciones, aunque —paradójicamente— el caso Barabucci involucra precisamente fondos provenientes de EAU.
Fideicomisos y personas involucradas
Uno de los puntos más llamativos del caso es la contradicción en la titularidad formal del predio. Mientras Barabucci se presentó como legítimo propietario, los informes de compra muestran que el campo no está a su nombre, sino vinculado a un fideicomiso con capitales de EAU. Además, pesquisas anteriores publicadas en 2018 identificaron como propietario final a Matar Suhail Ali Alyabhouni Aldhaheri, de Dubai. Aparece la figura de Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de EAU, cuyo entorno económico ha incrementado su presencia en la Patagonia.
Esta estructura —un ciudadano argentino como titular formal de activos financiados por un Estado extranjero— es precisamente la figura del testaferro o “persona interpuesta”, prohibida expresamente por la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737) sancionada el 22 de diciembre de 2011 y que establece el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.
Sus disposiciones centrales, relevantes para este hecho, establecen que ninguna provincia puede superar el 15% de tierras rurales en manos extranjeras. Del mismo modo, un mismo titular extranjero no puede poseer más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, o su equivalente según la región.
La norma jurídica prohíbe la compra de tierras ubicadas a menos de 100 kilómetros del límite internacional, ya sea de manera directa o a través de personas interpuestas. A ello se añade la prohibición de recurrir a testaferros, figura mediante la cual un intermediario argentino actuaría por cuenta de un extranjero. Por último, tampoco pueden venderse a extranjeros tierras que contengan cuerpos de agua dulce.
El predio en cuestión —ubicado a 45 kilómetros de la frontera con Chile, con nacientes del río Chubut, dentro de un Área Natural Protegida— potencialmente viola al menos cuatro de estas restricciones simultáneamente.
La legislación argentina establece zonas de seguridad de frontera precisamente para preservar la soberanía nacional sobre territorios estratégicos. La Patagonia limítrofe con Chile es especialmente sensible por su acceso a recursos hídricos, potencial energético y valor geopolítico. La Comisión Nacional de Fronteras tiene atribuciones específicas para controlar estas adquisiciones.
En la sesión especial de hoy miércoles en la Cámara Baja, Gisela Scaglia votó afirmativamente el apartamiento de reglamento solicitado por Eduardo Valdés, diputado de Unión por la Patria, para habilitar el tratamiento de una iniciativa vinculada al conflicto en Medio Oriente. El acta nominal registró 121 votos afirmativos, 117 negativos y 4 abstenciones, pero la moción no prosperó porque requería una mayoría de tres cuartos. En ese listado, Scaglia apareció con voto afirmativo, por Santa Fe y dentro del bloque Provincias Unidas.
El movimiento tuvo peso político porque el foco del episodio estuvo en la contradicción de una dirigente presentada como cercana al PRO que terminó acompañando una moción impulsada por Valdés para expresar “rechazo y preocupación” por el posicionamiento de JavierMilei y de su canciller, Pablo Quirno, frente a la escalada bélica que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.
El proyecto de resolución K pidió, en su primer artículo, expresar “el más enérgico rechazo y preocupación” por las declaraciones del Presidente libertario a favor de Estados Unidos e Israel. También exhortó al Gobierno a abstenerse de asumir compromisos o ejecutar acciones que impliquen involucrar a la Argentina en conflictos armados internacionales y recordó que corresponde exclusivamente al Congreso autorizar al Poder Ejecutivo para “declarar la guerra o hacer la paz” y disponer la salida de fuerzas nacionales al exterior, tal como establecen los incisos 25 y 28 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
En los fundamentos, Valdés sostuvo que Milei se refirió en varias oportunidades al conflicto y citó frases como “Irán es el enemigo” y “vamos a ganar la guerra”. El texto también consignó que el canciller Quirno no descartó el envío de buques y cuestionó el alineamiento del Gobierno.
Así, la santafesina quedó ubicada entre los 121 votos afirmativos que respaldaron la maniobra de Valdés, en una votación que terminó beneficiando el planteo de Unión por la Patria contra la postura internacional de Milei.
El gesto cobró todavía más relieve por el perfil político de la propia diputada. Presentada como una dirigente cercana al PRO y parte del universo opositor no kirchnerista, Scaglia terminó votando en la misma línea que el bloque peronista en un tema de fuerte contenido político y diplomático. La moción fracasó, pero su voto a la propuesta K quedó asentado en el acta.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en la ciudad de Buenos Aires. La agenda del encuentro incluyó el estado de la infraestructura vial, las finanzas provinciales y la reducción de impuestos distorsivos.
Uno de los ejes centrales de la reunión fue el análisis del estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia del litoral, con especial atención en las obras ya iniciadas y en aquellas pendientes de finalización. Entre ellas, se destacó la situación de la ruta nacional 18, considerada estratégica para la conectividad y el desarrollo productivo de Entre Ríos.
En materia de finanzas provinciales, ambos funcionarios dialogaron sobre la posibilidad de incrementar los recursos destinados a saldar la deuda de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Entre Ríos. Además, se evaluó la chance de recibir un anticipo de coparticipación tanto para la provincia como para los municipios que lo requieran.
– Frigerio junto al flamante director ejecutivo de Cippec, Luciano Laspina
En el plano fiscal, Frigerio y Caputo coincidieron en la necesidad de avanzar en un acuerdo coordinado entre Nación, Provincia y municipios para eliminar impuestos considerados distorsivos, con el objetivo de aliviar la carga sobre el sector productivo.
La reunión con Caputo se produjo días después de que el gobernador se reuniera con Karina Milei y Diego Santilli, y en el marco de la alianza electoral que, según adelantó Frigerio la semana pasada, se ratificará el año próximo con el gobierno nacional.
Esa misma jornada, el mandatario provincial participó de la cena anual del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), que bajo el lema “Crecer o crecer” reunió a más de 1.000 dirigentes de la política, el empresariado, la diplomacia, el sindicalismo y los organismos internacionales.
La diputada nacional salteña de La Libertad Avanza, María Gabriela Flores, admitió que su hijo viajó en algunas oportunidades con pasajes del Congreso de la Nación, un beneficio que reciben los legisladores para el desarrollo de su actividad parlamentaria. La revelación surgió durante una entrevista en FM Noticias de Salta, luego de que se difundiera una imagen en la que se la vio junto a su hijo en el aeropuerto de Salta.
“En alguna oportunidad puede haber viajado con pasajes del Congreso, esto no es un delito”, afirmó la legisladora, quien este miércoles dejó la presidencia de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes.
Flores explicó que su hijo estudió Abogacía en la Ciudad de Buenos Aires y por eso realizaba viajes frecuentes entre la Capital y Salta: “va y viene. También le he dado pasajes para otras cosas”.
La consulta se originó a partir de una fotografía en la que se observó a la diputada abordar un vuelo junto a su hijo. “Al que me sacó la foto, le mando saludos”, ironizó.
Flores defendió el uso de esos pasajes y aseguró que cada diputado nacional cuenta con un sistema de viáticos que contempla asignaciones para traslados aéreos y terrestres. Según planteó, esos recursos “pueden ser utilizados de manera flexible”, por lo que negó que hubiera existido una conducta irregular.
El ministro de Defensa, Carlos Presti, quedó envuelto en una fuerte polémica tras referirse al hundimiento del ARA General Belgrano durante una entrevista brindada el 2 de abril en los estudios de A24. Consultado por Eduardo Feinmann acerca del ataque contra el crucero de la Armada Argentina ocurrido el 2 de mayo de 1982.
“Estaban en combate y fue un acto de guerra”, respondió el funcionario que reemplazó a Luis Petri en esa cartera a mediados de diciembre del año pasado.
La declaración del ministro ocupó poco más de diez segundos de aire televisivo, pero generó una ola de cuestionamientos. En la Argentina persiste una interpretación jurídica y política que considera el ataque un crimen de guerra, dado que el buque navegaba a 231 millas marinas fuera de la Zona de Exclusión Total (ZET) fijada unilateralmente por Londres cuando fue bombardeado por el submarino nuclear británico HMS Conqueror.
La orden de impactar el buque fue impartida por la entonces primera ministra Margaret Thatcher.
El hundimiento constituyó la mayor tragedia naval de la Armada Argentina y la mayor pérdida de vidas para las fuerzas en toda la guerra: 323 muertos, una cifra que representó casi la mitad de las bajas totales que tuvieron las fuerzas de nuestra nación durante el conflicto.
Las declaraciones se produjeron en una fecha especialmente sensible. Sus palabras adquirieron una dimensión política mayor y derivaron en un reclamo opositor para que el Ministerio de Defensa revisara públicamente lo expresado por su titular.
“Una lectura funcional a la versión británica”
Lejos de limitarse a una diferencia de encuadre jurídico, Agenda Malvinas, portal especializado en la cuestión del Atlántico Sur, leyó las palabras de Carlos Presti como un gesto político de fondo.
El lapidario artículo sostuvo que el ministro constituyó “una afrenta directa a los 323 héroes que perdieron la vida” y describió sus dichos como una ruptura con una línea histórica sostenida durante décadas en la Argentina. Así, para el medio, Presti incurrió en una validación de la versión británica sobre el hundimiento del ARA General Belgrano.
También advirtió que la definición de Presti recortó un antecedente central para entender el hundimiento del Belgrano: el Informe Rattenbach, el documento oficial elaborado tras la guerra para examinar las responsabilidades políticas y militares del conflicto. En ese trabajo, el Estado argentino atribuyó a la conducción de la guerra una preparación insuficiente, un planeamiento “apresurado, incompleto y defectuoso” y decisiones de mando que agravaron el escenario en el Atlántico Sur. Entre ellas, cuestionó con dureza el repliegue naval que dejó a Gran Bretaña con el “dominio absoluto del mar”. Desde esa lectura, Agenda Malvinas sostuvo que reducir el ataque a un simple “acto de guerra” dejó afuera el principal antecedente institucional producido por la propia Argentina sobre la conducción de Malvinas.
En esa misma línea, el medio avanzó sobre otro punto sensible de la secuencia militar de 1982: mientras el Belgrano se hundía, el entonces jefe de la Armada, Jorge Isaac Anaya, ordenó el repliegue de la flota de mar hacia “puertos seguros” de la costa patagónica.
La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) dio a conocer en abril de 2026 su informe semestral “Composición de Precios”, elaborado con datos de febrero de 2026, en el que analizó cómo se forman los precios de tres alimentos esenciales de la canasta básica: la carne vacuna, el pan francés y la leche entera en sachet.
La conclusión central del trabajo es que uno de cada cuatro pesos que los consumidores destinan a esos productos va a parar a las arcas del Estado (ya sea nacional, provincial y municipal) en concepto de impuestos.
“En otras palabras, cada 4 bollitos de pan, nos comemos uno de impuestos y nos tomamos un vaso de leche por cada sachet”, precisó María Luz Silvetti, economista de la entidad.
La carne, el alimento con mayor carga impositiva
En el caso de la carne vacuna, el kilo tuvo un precio promedio de $16.780 en febrero de 2026. De ese total, el 51% corresponde a costos de producción, el 28% a impuestos y el 21% a ganancias de la cadena. Según FADA, los impuestos se ubican como el segundo componente de mayor peso en el precio final, por detrás únicamente del criador, que representa el 35%. Le siguen la carnicería con el 20%, el feedlot con el 16%, y el frigorífico con apenas el 1%.
Del total de impuestos en la cadena cárnica, el 75% son nacionales, el 20% provinciales y el 5% municipales. Los tributos de mayor participación son el IVA (que representa el 33% del total impositivo) y el Impuesto a las Ganancias (30%), seguidos por Ingresos Brutos (18%). En conjunto, esos tres gravámenes suman el 81% de la carga impositiva total.
Cabe señalar que la carne tributa un IVA reducido del 10,5%, menor al que soporta la leche.
“Para llegar a los bifes que compramos es necesario un proceso que lleva años, con costos importantes como la tierra donde se crían los animales, la sanidad, la alimentación, el transporte, el personal”, explicó la economista de FADA Fiorella Savarino.
En el período comprendido entre agosto de 2025 y febrero de 2026, el precio de la hacienda registró subas por encima de la inflación acumulada del 16,5%: el ternero aumentó 78%, el novillito 46%, la carne al gancho 42% y el precio al consumidor 38%. Si se compara con un año atrás (con una inflación del 33,1%) el ternero se incrementó 106%, el novillito 66% y la carne al consumidor 64%.
Los altos precios de la carne vacuna tuvieron un efecto directo sobre las mesas de nuestro país. El consumo per cápita anual de carne bovina cayó cinco kilos: pasó de 49,5 kilos en 2025 a 44,5 kilos en 2026. En contraste, el consumo de carne porcina creció un kilo y medio y superó los 19,3 kilos per cápita anuales.
Pan y leche | Impuestos también por encima del 20%
En el pan francés, con un precio promedio de $3.538 el kilo en febrero de 2026, los costos representaron el 61%, los impuestos el 24% y las ganancias de la cadena el 15%. El precio tuvo marcadas diferencias regionales: en el Gran Buenos Aires se vendió a $4.202 el kilo, mientras que en la región noreste el promedio fue de $2.230, según datos del INDEC. Por eslabones, la panadería concentró el 65% del precio final, seguida por los impuestos (24%), el trigo (7%) y el molino (4%). En todo el recorrido del campo a la góndola, el precio del trigo se multiplicó por 13,5.
En la leche entera en sachet de 1 litro, con un precio promedio de $1.750, el 71% correspondió a costos, el 26% a impuestos y apenas el 3% a ganancias de la cadena. La distribución por eslabones fue: tambo 27%, industria 24%, comercio 23% e impuestos 26%. A diferencia de la carne y el pan, la leche afronta una alícuota del IVA del 21%, lo que eleva considerablemente su carga impositiva: ese tributo explica el 67% de todos los impuestos de esa cadena. El precio del sachet se multiplicó por 3,6 desde el campo hasta la góndola.
Los granos no son los culpables
Ante los frecuentes señalamientos sobre el rol de los precios agrícolas en la inflación alimentaria, FADA precisó la participación real de los granos en los productos finales. El maíz representa el 12% del precio final de la carne de cerdo, el 13% en carne aviar, el 6% en carne bovina y el 4% en leche. El trigo, por su parte, participa con el 10% del precio final del pan francés.
“De esta forma, se deduce que los granos no influyen tan fuertemente, ya que alrededor del 90% de los costos son otros“, expresó Semadeni. Entre esos otros factores se encuentran los costos de insumos, alquileres, salarios, energía, transporte, comercialización y administración.
El conflicto en Medio Oriente presiona a las góndolas
El informe de FADA incluyó además un análisis sobre el impacto del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente, que derivó en el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, el 25% del gas y cerca de la mitad de los fertilizantes, en particular la urea, utilizada de manera intensiva en la producción agrícola y especialmente en el cultivo de trigo.
En ese contexto, la inflación de marzo de 2026 fue del 3,4%, con aumentos significativos en los rubros Transporte (4,1%) y Vivienda, electricidad, gas y combustibles (3,7%), vinculados al fuerte incremento del precio internacional del petróleo —de hasta el 50%— y su traslado al mercado local de combustibles, donde los aumentos oscilaron entre el 20% y el 25% en marzo.
“Lo que pasa en Medio Oriente afecta nuestros bolsillos: en el actual contexto de guerra, el primer costo que va a subir es el de los fletes, principalmente por el aumento en los combustibles debido al bloqueo del estrecho de Ormuz. El flete representa el 6% del precio del sachet de leche y es el 8% de los costos del productor de trigo”, subrayó Nicolle Pisani Claro, Economista Jefa de FADA. “Los aumentos en la logística van a repercutir en precios y en las ganancias de los diferentes eslabones que producen estos alimentos”, concluyó.
Según la estimación de FADA, el impacto de los aumentos registrados en las tarifas de transporte (13,6% en marzo) sobre el precio final de los alimentos sería del 0,2% en el pan y del 0,8% en la leche. Otros eslabones que podrían verse afectados son el tambo, la cría y el feedlot, cuya operación depende en gran medida del combustible. En términos generales, la fundación estimó que el aumento de costos superará las mejoras en los precios de los commodities, con posibles efectos de traslado a precios cuya magnitud dependerá de la evolución y duración del conflicto.
Una reunión convocada para escuchar reclamos de la base terminó bajo sospecha por la presunta recolección de nombres, apellidos y DNI de jóvenes críticos del armado bonaerense de Sebastián Pareja.
La Justicia ya identificó 58 hechos y a más de 70 involucrados, el monto total a cobrar supera los $250 millones. Tras las primeras intimaciones, las amenazas bajaron de 80 casos diarios a 15: “La amenaza no es broma, es un delito y el delito se paga”, advirtieron las autoridades.
Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario proyectó que la quita gradual de derechos de exportación elevaría la producción, las ventas externas y la recaudación consolidada desde 2028, tras un costo fiscal inicial de US$153 millones en el primer año.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
