La Defensoría del Público lanzó NODIO, un “Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica”, que “trabajará en la detección, verificación, identificación y desarticulación de las estrategias argumentativas de noticias maliciosas y la identificación de sus operaciones de difusión”, según la presentación en la página oficial.
Un anuncio que parece inspirado en las mejores intenciones. Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público, dijo que NODIO es “la respuesta a la preocupación de las audiencias por la circulación de mensajes cargados de violencia y desinformación en redes sociales y en medios”.
Sin duda existen noticias falsas, lo que no está claro es que el remedio a esta situación pase por la creación de un organismo más, ni que deba ser tarea de las autoridades ejercer esa vigilancia. El supuesto es que las audiencias no son capaces por sí mismas de discernimiento, ni de penalizar a los medios carentes de credibilidad.
Con un paternalismo conmovedor, son los funcionarios públicos los que se disponen a “proteger a la ciudadanía de las noticias falsas, maliciosas y falaces”.
La Defensoría del Público -creada en 2012 por la Ley de Medios- declara solemnemente que “asume el compromiso democrático” de contribuir a la “búsqueda de un periodismo de alta calidad”, al “fortalecimiento de las audiencias críticas” y al “fomento del debate sobre los aspectos éticos del ejercicio de la libertad de expresión en internet”, entre otras cosas. “Con ese fin nace NODIO”, dicen.
“Internet potenció la libertad de expresión ciudadana”, señalan desde la Defensoría. Pero lo que debería ser una buena noticia parece que los asusta, considerando que se disponen a restringir esa libertad con un organismo de vigilancia.
Para la Defensoría, esta potenciación “también contribuyó a la propagación y viralización de desinformación o información maliciosa, fomentada por las lógicas de funcionamiento de las redes digitales, lo que representa un problema para el desarrollo de la vida democrática”.
El remedio es NODIO, que hasta nombre de fármaco tiene. Glenn Postolski, que ejerce como Director General de Planificación Estratégica e Investigación de la Defensoría del Público, dijo: “Lo importante es que desde el observatorio produzcamos un conocimiento útil para construir un debate democrático plural y más robusto”.
Una pluralidad que no parece estar bien servida por un organismo que se propone dictar las pautas de lo que es buen periodismo y decidir cuándo una noticia es maliciosa. ¿Según qué criterios? ¿Según qué audiencia?
Consultado por Infobae, el doctor Félix Lonigro, abogado y profesor de Derecho Constitucional en la UBA, apuntó a otro aspecto cuestionable de la iniciativa: “Todo lo que tenga que ver con crear organismos con la finalidad de revisar información y adoptar medidas contra quienes informan, implica siempre mecanismos que en realidad coartan la libertad de expresión. Porque el criterio de desinformación es subjetivo”.
Silvana Giudici, presidenta de la Fundación LED, fue categórica: “Esto es el primer paso hacia una cosa más grave. Es como un primer paso hacia un ministerio de la verdad. Se confunde el rol que el Estado tiene que tener sobre la libertad de expresión y se intenta desde un organismo estatal decidir qué información es maliciosa o qué información verdadera o falsa. Y esto significa una injerencia directa sobre principios constitucionales, como el del artículo 14 ó el 32 que claramente dicen que el Estado no puede intervenir sobre la libertad de prensa”, dijo a Infobae.
“En un tiempo de aislamiento, en el que medios y redes son nuestra ventana al mundo, la difusión de mensajes favorables a la dictadura cívico militar, misóginos, sexistas, racistas, xenófobos, homofóbicos intoxican el debate democrático y refuerzan opiniones que promueven la polarización, cancelan la diversidad y pueden conducir, incluso, a la violencia física”, dijo Miriam Lewin.
Pero, como explica Félix Lonigro, “una cosa es que una persona se exprese y al hacerlo cometa un delito de calumnias o injurias, o apología del delito, y que luego tenga consecuencias penales, pero muy distinto es que se cree un organismo a nivel político para evaluar quién informa y quién desinforma, porque el criterio de información y de desinformación es subjetivo, y eso condiciona la libertad de expresión”. “Es una vergüenza pero es típico de gobiernos populistas”.
Y agregó: Todas las ideas y expresiones que sean racistas, sexistas, discriminatorias y antidemocráticas, tendrán consecuencias penales posteriores, pero jamás se pueden ejercer mecanismos de control previo a la expresión porque de lo contrario estamos ante una dictadura, contrario al sistema republicano”.
“Este gobierno tiene un cepo para todo, también para controlar a la prensa -escribió en redes Cristian Ritondo, presidente del Bloque de Diputados del PRO-. El poder de turno no debe decidir qué información llega a los ciudadanos. El Estado Nacional tiene que garantizar la libertad de expresión, no restringirla”.
Por otra parte, el contexto de polarización político social al que se alude -que no tuvo su origen en los medios sino en la política- no contribuirá precisamente a un desarrollo objetivo de esta vigilancia sobre los medios para determinar quién dice la verdad y quién no.
Si, como dijo Lewin, “el espíritu (de esta iniciativa) es el empoderamiento de la ciudadanía digital”, ¿no habría que dejar la iniciativa en manos de los ciudadanos en vez de pretender encuadrarla en un dispositivo burocrático estatal más?
“En todos los argumentos de NODIO, -dijo Silvana Giudici-, la idea sería realizar una suerte de pesquisa, o una investigación del origen de supuestas fake news. Y esto habilitaría a un Estado interventor que estuviera persiguiendo la opinión o determinada información hasta encontrar su supuesto culpable”.
Giudici cuestiona especialmente el planteo de “desarticulación de supuestas estrategias de campañas maliciosas”. “Eso es directamente intervención del Estado -afirma-. ¿Cómo van a desarticular esas supuestas operaciones? ¿Con la fuerza policial? ¿Van a mandar a la Justicia cuando detecten alguna supuesta noticia maliciosa? ¿Habilitarían el ciberpatrullaje de Sabina Frederic para que, como ya están haciendo en provincias como Misiones, se meta presa a la gente que opina en WhatsApp o Facebook? ¿Eso significa desarticular?”
Insiste: “Por ejemplo, si un determinado periodista o medio de comunicación le da un enfoque a una noticia que el observatorio considera malicioso. ¿Qué va a pasar? ¿Va a la censura?”
Giudici recuerda que en el mundo se debatió el tema de las fake news y “salvo en países donde se instalaron leyes de control absoluto, como China o Rusia, en los países democráticos se llegó a la conclusión de que ningún organismo estatal puede funcionar como un decisor de la maliciosidad de las noticias”.
“Si hay que chequear la información -explica- siempre es aconsejable que esto no se haga desde organismos punitivos. Siempre es aconsejable que esos organismos tengan que ver con la sociedad civil y que estén integrados por periodistas”. “Los periodistas tienen protegida su labor profesional contra toda injerencia del Estado. Por eso me sorprende también que sea Miriam Lewin, que es periodista, la que en una suerte de conversión, proponga que sea el Estado el que determine la veracidad de la información periodística. Realmente es grave”, dice Giudici.
Durante la presentación de NODIO, que fue virtual, la ex decana de Comunicaciones de la Universidad de La Plata, Florencia Saintout, celebró la creación del Observatorio, aludiendo a la “violencia simbólica”, término que debemos al sociólogo francés Pierre Bourdieu, y que abarca las relaciones asimétricas de poder y las estrategias que las enmascaran. Un concepto amplio y difuso, cuyos componentes de subjetividad saltan a la vista. Saintout dijo que los discursos de odio están todos enfocados contra minorías: por ejemplo, las mujeres; que como todo el mundo sabe, son en realidad mayoría. ¿En qué categoría ubicar esta afirmación? Si no califica como fake, al menos sí como “desinformación”.
Contra los discursos de odio, dijo Saintout, no se lucha con la prohibición -menos mal-, sino que “debe ser la sociedad a través de procesos de maduración quien pueda ponerle un fin a esos discursos”.
Evidentemente no se confía en la madurez de la sociedad y por eso, como vanguardia esclarecida, ellos -y ellas- filtrarán los mensajes que la ciudadanía puede recibir sin daño.
El Muro de Berlín cayó hace 30 años pero en buena parte de la izquierda la nostalgia estalinista está presente. La censura es condenable, según quien la ejerza.
La periodista y escritora María Seoane, también presente en el lanzamiento de NODIO, propuso “una ley de alfabetización comunicacional”, porque “los ciudadanos deben ser alfabetizados en el uso y en la estructura de la comunicación”.
“El derecho humano a la comunicación está en riesgo”, dijo Seoane, aunque no por la creación de NODIO, al parecer. Por el contrario, en su opinión, “los observatorios son grandes faros de libertad”.
El psicoanalista y escritor Jorge Alemán fue el encargado de exponer la ideología que sustenta esta iniciativa. “El neoliberalismo se caracteriza por disolver los límites. Y lo ilimitado y lo democrático son incompatibles”. Ergo, el neoliberalismo no es democrático. “Para Lacan -siguió diciendo- en el discurso capitalista hay un rechazo a la verdad y al amo”.
En abril pasado, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic reveló que las fuerzas a su cargo hacían “ciberpatrullaje” en las redes; “un rastreo” en Twitter, Facebook e Instagram, con el argumento de “detectar el humor social”.
NODIO es parte de un crescendo en este ánimo de control de lo que se expresa en redes y medios.
“Hay que ver el contexto en el que se lanza este NODIO”, dice al respecto Silvana Giudici. “Primero crearon la plataforma Confiar -recuerda- supuestamente para el mismo fin: desnudar las noticias falsas sobre el Covid. En aquel momento yo ya había señalado que no tiene potestad ni Télam ni la Defensoría para decir qué información es verdadera o falsa. Este NODIO es un pasito más hacia la intención del control de la opinión y la información. No olvidemos que además de Confiar, después se instrumentó lo del ciberpatrullaje. Claramente, esto da una idea de la concepción no democrática que tiene el oficialismo sobre la libertad de expresión y de prensa”.
*Fuente: Infobae
