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No es la pandemia, es la cuarentena estúpido

Concretamente, los datos del PBI para el primer trimestre del presente año muestran una caída del 5,4% respecto el mismo período del año anterior.
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10 Years Experiences

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*Por: Javier Milei

1. EL DEBATE Y LOS DATOS

A partir de la llegada del Covid-19 se ha instalado un debate que, ante la caída del nivel de actividad económica, el empleo, el salario real y un súbito aumento de la cantidad de pobres e indigentes, busca quitar la responsabilidad del Gobierno en el desastre económico y, más tarde o más temprano, social, responsabilizando de ello a la pandemia y no a la política preferida del gobierno para enfrentar al virus, esto es, la cuarentena.

El argumento es simple, la pandemia es un shock externo, mientras que la cuarentena es absoluta responsabilidad del Gobierno. Lo primero que deberíamos señalar es que la economía ya venía transitando por un mal camino desde mediados del año 2018 cuando la economía entró nuevamente en recesión, y que el actual gobierno no logró revertirla tendencia. Concretamente, los datos del PBI para el primer trimestre del presente año muestran una caída del 5,4% respecto el mismo período del año anterior.

De todos modos, ello no representa una prueba suficiente para señalar mala gestión, ya que ante el freno de una tendencia de caída, los datos interanuales suelen mostrar signo negativo, lo cual es la base de lo que se define como arrastre estadístico.

Sin embargo, cuando se muestra el indicador en términos desestacionalizados, nos encontramos con una caída del 4,8% respecto al trimestre anterior, lo cual sí es responsabilidad del nuevo gobierno. Es más, de los números se percibe el accionar del gobierno, ya que mientras el consumo privado cae 6,8%, la inversión 9,7%, las exportaciones 13,4% y las importaciones 7,6%, el único rubro que mostró signo positivo fue el consumo público en 1,6%.

Al mismo tiempo, el indicador de actividad (EMAE) de frecuencia mensual también muestra una caída colosal. Así, durante marzo, aún con sólo diez días de haberse impuesto la cuarentena, la actividad cayó 11,4% respecto al mismo período del año anterior, mientras que en abril, la producción del país cayó en un 26,4% (acumulando una retracción del 11% año/año en lo que va del año), la cual constituye la máxima caída de la historia argentina.

Por lo tanto, a la luz de los espantosos números que arroja la economía y, dadas las críticas de haberse apoyado de modo exagerado en la opinión de los infectólogos, el Gobierno salió a imponer el relato de que el problema no es la cuarentena sino que es la pandemia. Para ello, salió a mostrarlos números de caída de PBI para distintos países del mundo en base a las estimaciones del FMI. En éste sentido, uno debería señalar que el Organismo Multilateral estima que el PIB del mundo caerá un 4,9%, mientras que la caída de Argentina sería del 9,9%, lo cual pone al país dentro del lote de los países con peor desempeño del mundo, donde, no casualmente, en los países con cuarentenas más duras mayor la tasa de caída.

2. PANDEMIA O FRAUDEMIA

Hay un chiste que dice que se encuentran dos microeconomistas (quienes miran todo en términos relativos) y uno le dice al otro “Hola, ¿cómo está tu mujer?” y el otro le contesta “¿Comparada con qué?”.

En esto vale lo mismo. Si uno quiere comprenderlos efectos letales del Covid-19 lo primero que debería tener en cuenta es ¿cómo es la dinámica poblacional en términos de muertes? En éste sentido, lo primero qué se debe captar es que a los largo del presente año, según los estudios demográcos de Naciones Unidas, en el planeta morirán 60 millones de personas, esto es, cerca de unas 165.000 personas por día a lo largo del todo el mundo. Por otra parte, cuando se analizan las muertes por Covid-19 en todo el mundo, las mismas tardaron poco más de 100 días para alcanzar dicho número, esto es, estaríamos en torno al 1% de las muertas del mundo (aún en una linealización favorable al Covid19).

Es más, si uno compara con el caso de la fiebre española, que es el caso con el que la Organización Mundial de la Salud amenazó al mundo, el nivel de desproporción es mucho más que enorme. Concretamente, la fiebre española tuvo lugar desde fines de 1918 hasta inicios de 1920, la cual infectó a un tercio del planeta tierra y se cargó con la vida del 6% de los infectados (= tasa de letalidad). Esto es, la fiebre española mató a 39 millones de personas, lo cual representaba un 2% de la población total del planeta tierra. Si uno replicara los números, para los niveles de población del 2020, estaríamos hablando de 2.600 millones de infectados y de un total de muertos por el Covid-19 de 156 millones, mientras que extrapolando linealmente los datos al día de hoy darían un total de 20 millones de infectados y de 1 millón de muertos.

Esto es, la OMS le ha errado en la cantidad de infectados en 130 veces y en el número de muertos en 156 veces. Es más, dado que durante el primer semestre, en los medios de comunicación audiovisuales mostraban continuamente zócalos con la cantidad de muertos por Covid-19 en todo el mundo, si el virus en cuestión, hubiera tenido la misma letalidad que la fiebre española, los zócalos deberían haber mostrado que morían 427.397 personas por día, número que al Covid-19 le costó alcanzar cinco meses. Por lo tanto, a la luz de los datos presentados estamos frente a dos interpretaciones.

Por un lado es que la Organización Mundial de la Salud tiene un serio problema con el manejo de las matemáticas y las estadísticas, lo cual la llevo a cometer un error descomunal. Por otro es que lo hayan hecho de modo totalmente intencionado. Sin embargo, más allá de cual haya sido el motivo, el punto es que el Covid-19 no sólo no es como la fiebre española, sino que es cuestionable definirlo como pandemia.

3. CUARENTENA Y ECONOMÍA

Acorde a los números presentados y de los errores más que groseros cometidos por la OMS en las estimaciones que dieron sustento a sus recomendaciones, resulta por demás importante, cuánto de la caída del PIB mundial es atribuible al Covid-19 (es decir, a la fraudemia) y cuánto a la cuarentena, ejercicio que toma sentido, ya que, más allá de las diferencias entre los distintos modelos de cuarentena implementados en el mundo, todos han hecho cuarentena.

A la luz de las presunciones realizadas por los la Organización Mundial de la Salud y en especial por los infectólogos quienes señalaron que la pandemia del Covid-19 sería equivalente a la “peste española” un trabajo econométrico realizado por Robert Barro, José Ursua y Joanna Weng buscó determinar el impacto que tendría sobre el crecimiento del producto y del consumo, ambos en términos per cápita, y en la tasa de retorno de los bonos del Tesoro y la tasa de inflación en el mundo de ser cierta la hipótesis de los expertos en salud.

A su vez, para estudiar el impacto de la fiebre española (para después poder asimilar con el caso del Covid-19), el período de análisis va desde el año 1901 hasta 1929, donde el corte de la serie de tiempo en dicho año viene explicado por la presencia de la Gran Depresión. A partir de ello, para los 42 países que son parte del estudio de cross-section los valores de las muertes fuera del período de la peste española 1918-1920 y las muertes de La Primera Guerra Mundial 1914-1918 son fijadas en cero. Además, vale la pena destacar que si bien la fecha de 1901 puede resultar un poco arbitraria, estimaciones que arrancan desde 1870 arrojan resultados similares.

Por lo tanto, dado que las estimaciones de caída en la tasa de crecimiento acorde a lo estimado por el FMI (utilizando otra metodología y trabajando país por país) está en la misma línea que el trabajo de Barro-Ursua-Weng asimilando el Covid-19 con el caso de la fiebre española, dado que el virus mostró una letalidad por lo menos 156 veces menor, el origen de la retracción es la cuarentena y no la fraudemia. Puesto en otros términos, dado que las muertes por Covid-19 serían del 0,013% para todo el mundo, la tasa de crecimiento del PIB per-cápita debería haber caído en 0,038%.

De este modo, la cuarentena mundial es responsable del 99,27% de la caída del PIB. Si a su vez, consideramos que Argentina es el alumno estrella de la OMS, resulta por evidente la atrocidad causada por el gobierno de Alberto Fernández a instancias del grupo de infectólogos que lo asesoran. Esta situación se vuelve muchísimo más grave cuando uno considera que por la propia dinámica mundial del virus, el país no sólo contó con más tiempo sino también con mucha más información.

4. UN REMEDIO PEOR QUE LA ENFERMEDAD

Si bien resulta claro que el modelo de cuarentena ha tenido un efecto devastador en la tasa de crecimiento mundial, dicho error se vuelve aún mucho más estremecedor cuando se considera los impactos en el mercado de trabajo. En este sentido, estudios de la Organización Mundial del Trabajo estimaron que durante el primer trimestre del año se perdieron 4,5% de las horas trabajadas en el mundo, lo cual implica que se perdieran 130 millones de puestos de trabajo, mientras que frente a una pérdida de 10,5 horas durante el segundo trimestre del año, la cantidad de puestos laborales que se han perdido llegan a 305 millones.

Al mismo tiempo esa destrucción de millones de puestos de trabajo ha implicado que el salario promedio en el mundo caiga un 60%. Al mismo tiempo, dado que un 62% de los trabajadores del mundo trabajan en el sector informal y que 47 puntos de esos 62 han sido impactado de modo muy signicativo por la cuarentena impulsada por la Organización Mundial de la Salud, la cantidad de trabajadores informales que se hallaba debajo de la línea de pobreza en el mundo pasó del 26% al 59%.

Por otra parte, acorde a las estimaciones del World Food Programme (WFP) junto a los resultados derivados del “Global Report on Food Crises 2020” (elaborado junto a la Food Security Information Network de la FAO y la International Food Policy Research Institute) señaló que, antes de la llegada del Covid-19, unas 135 millones se encontraban bajo una situación de inseguridad alimentaria.

Sin embargo, lo que se observa es que el diseño de respuesta (cuarentenas estrictas) para resolverlos efectos del virus chino enfrenta a los países a un desafiante trade-off entre salvar vidas o los medios de sustentación para poder vivir.

De este modo, salvar vidas del coronavirus, dado el modelo de cuarentena está llevando a que las personas mueran de hambre. En términos concretos, las investigaciones del WFP señalan que unas 130 millones de personas adicionales serán empujadas al límite de la inanición, por lo que el total de personas bajo inseguridad alimentaria treparía a 265 millones de seres humanos.

Por lo tanto, en función de ello y acorde los estudios de la WFP, en el mundo estarán muriendo de hambre 300.000 personas por día, durante por al menos un lapso de tres meses, esto es, unas 27 millones de personas estarán muriendo de hambre gracias al modelo de cuarentena impulsado por la OMS. En definitiva, todo ello muestra que el remedio está siendo mucho peor que la enfermedad.

5. CUARENTENA: UN DELITO DE LESA HUMANIDAD

Tal como señalan Ricardo Manuel Rojas y Andrea Rondón García en el libro “La supresión sistemática de derechos de propiedad como crimen de lesa humanidad”, el estudio de los tipos penales de crímenes de lesa humanidad o genocidio, acorde a como han sido definidos en convenciones específicas o en el Estatuto de Roma, permite advertir que tales crímenes se vinculan fundamentalmente con el ejercicio de acciones sistemáticas y violentas dirigidas a eliminar o suprimir a determinados grupos. Al mismo tiempo, vale la pena señalar que no solo la agresión física directa puede constituir un crimen de lesa humanidad, sino que también se puede buscar y alcanzar ese propósito mediante acciones que no son directamente violentas, como la supresión sistemática de derechos de propiedad a un nivel que haga imposible a la subsistencia de la población.

En este sentido, es que emerge con total claridad que la supresión sistemática de los derechos de propiedad por parte del Estado implica quitar la base de sustentación económica del individuo, el cual se enfrenta a un dilema existencial.

Por un lado, defender su propiedad enfrentando el avance expropiador del Estado y que, a la postre terminará con su vida por inanición. Así, el Estado lo terminará asesinando utilizando una vía indirecta (y cuya transición podría encuadrar como una tortura). Por otro lado, la opción de ceder mansamente al capricho de los jerarcas del Estado y convertirse de éste modo en un esclavo. Por lo tanto, en el primer caso se aniquila el derecho a la vida, mientras que en el segundo el derecho a la libertad.

Dentro de la lógica de dicho análisis, los casos de cuarentena más estrictos, tal como es el caso de Argentina, derivan en un delito de lesa humanidad.

Así, el Estado, cuando impone la cuarentena ello implica la supresión generalizada del ejercicio de los derechos de propiedad de una gran parte de la sociedad civil. Concretamente, lo que hace la medida es suprimir por completo los ingresos de las empresas, al tiempo que se les exige seguir pagando los impuestos, sostener la cantidad de trabajadores y no permitir la reducción de salarios, el resultado de todo ello de modo simultáneo es que, durante el proceso, las empresas se consumen primero el capital de trabajo, para luego hacer uso de los ahorros de los propietarios de las firmas, lo que a la postre terminará quebrando las empresas y empobreciendo a sus dueños.

En éste sentido, no sólo se produce un daño enorme sobre todas las capas de la sociedad fruto de la destrucción del capital, sino que además, deja desvalido al sector privado frente a un Gobierno que avanza con pretensiones totalitarias. Por lo tanto, el impulso de un modelo de cuarentena extremadamente profundo y por un tiempo exageradamente prolongado, no sólo permite el avance sobre la vida de la población por parte de gobiernos con pretensiones totalitarias,sino que además, los gobiernos se convierten en verdaderas maquinarias de violación masiva de derechos individuales y cómo en dicha tarea, la violación de derechos de propiedad resulta esencial para alcanzar los objetivos, dichas acciones quedan alcanzadas por varias de las cláusulas del Estatuto de Roma y de aquellas legislaciones internas que lo hayan adoptado.

*Fuente: El Cronista

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Milei validó el supremacismo judío de una diputada que odia a la bandera argentina y considera británicas a las Malvinas

Augusto Grinner 16 de marzo de 2026

La fe del converso y el negocio de la devoción

Javier Milei no oculta su fascinación por el judaísmo, o mejor dicho, por una interpretación política y espiritual que lo lleva a visitar el Muro de los Lamentos con la frecuencia de quien busca un certificado de pureza.

Para el mandatario, que se autodefine como “el presidente más sionista del mundo”, cualquier cuestionamiento a esta devoción es tratado como una afrenta personal. Lo demostró recientemente al celebrar como una “master class” de derecho la denuncia contra el comunicador Tomás Rebord, cuyo “pecado” fue referirse al muro como una simple pared.

Meme en respuesta al retuit reciente de Milei.

El fervor por la Tierra Prometida se traduce, en suelo criollo, en una generosidad fiscal sin precedentes para su amigo y ex-anfitrión del Hotel Libertador, el empresario judío Eduardo Elsztain, situación de la que ya hablamos en Data 24 recientemente.

Pero esta vara de medir lealtades y purezas religiosas se vuelve extrañamente flexible cuando se trata de purgar a los propios y cobijar a los conversos de última hora.

Javier Milei junto al empresario Eduardo Elsztain.

Catolicismo prohibido y aliadas conversas

La obsesión de Milei por la pureza ideológica tiene víctimas predilectas: a Victoria Villarruel, su compañera de fórmula en dos elecciones, la sentenció al ostracismo interno bajo el cargo de ser “católica y nacionalista”. Para el presidente, defender los valores tradicionales y la soberanía argentina parece ser un pecado imperdonable que impide cualquier convivencia política sana.

Sin embargo, esa intransigencia se evapora cuando se trata de figuras como Sabrina Ajmechet. Mientras Milei castiga el nacionalismo de su vice, abraza con entusiasmo a una diputada que no sólo reniega de la identidad nacional, sino que ha hecho del desprecio por los símbolos patrios su marca personal. En el universo mileísta, parece que “ser colonia” es un mérito que el nacionalismo no puede comprar.

Javier Milei junto a Victoria Villarruel.

El prontuario de la “inglesa” y el cargo como religión

Antes de descubrir las mieles y las cremas del pseudo-liberalismo, Ajmechet cultivó un perfil de desprecio nacional digno de una oficina de prensa británica. En 2012, mientras la mayoría recordaba la gesta, ella se preguntaba: “¿Cuáles son los requisitos para mudarse permanently a Londres?”, en un tuit donde afirmaba que las Malvinas son británicas. Para ella, la soberanía argentina es un estorbo: “Las Malvinas no son ni NUNCA fueron argentinas” y “Las Falkland Islands son de los kelpers”.

Incluso, con una soberbia notable, celebraba que otros bajaran los brazos: “Ahora muchos empiezan a pensar que las Malvinas no son argentinas y que el deseo de los kelpers vale. ¡Bienvenidos!”. Su postura no deja lugar a dudas sobre su lealtad: “Entre patria o colonia, elijo colonia, sin dudas”.

Esa aversión por lo propio alcanzó también a los símbolos patrios. “Detesto la bandera argentina con el sol”, disparó en 2014, sumando su desprecio por la estética de la soberanía: “Es imposible imaginar una versión de la bandera argentina más fea que la que tiene el dibujo de Malvinas en el medio”. Para la actual diputada nacional, el sentimiento por las islas es algo que debe desaparecer: “Ojalá pronto el 2 de abril sea simplemente el 2 de abril, un día que la gente va a trabajar y los chicos al colegio”.

Sin embargo, esta anglofilia militante que la hacía exclamar en 2018 “ninguna duda que lo que se necesita es Inglaterra campeón”, entró en pausa en 2021. Sólo cuando el calendario electoral le puso una banca de diputada a tiro, la misma que considera “irracional” el reclamo por las islas, ensayó una retractación de compromiso para maquillar su historial y manotear el cargo. El cinismo fue premiado y la inglesa terminó cobrando del Estado argentino, demostrando que su anti-patriotismo se acaba donde empieza su recibo de sueldo.

Ajmechet y Milei, actualmente aliados políticos y religiosos.

Del insulto al veleteo por la banca

El salto de Ajmechet a las filas de “Las fuerzas del cielo” no fue una conversión mística, sino un ejercicio de supervivencia ante la necesidad de renovar su cargo. Durante 2022 y 2023, la diputada se dedicó a fustigar a quien hoy es su jefe con una saña notable. En octubre de 2022, los acusaba de ser funcionales al sistema: “Milei, Villarruel y Píparo están en sus casas, ¿así piensan terminar con el populismo?”.

Ajmechet en 2022 criticando a Milei, Villarruel y Píparo.

La virulencia escaló durante la campaña presidencial de 2023. Ajmechet no sólo defendía a Patricia Bullrich afirmando que Milei la atacaba con mentiras y campaña sucia, sino que apeló a la grosería directa para celebrar un cruce en el debate: “La tenés adentro, @JMilei. La casta la tenés adentro. Y lo aceptás”, disparó en sus redes sociales.

Ajmechet criticando a los que serían sus aliados.

Sin embargo, cuando el poder cambió de manos y su reelección corría peligro, la inglesa que mandaba a Milei a callarse con términos de vestuario ensayó un veleteo digno de una profesional del cargo público. Aquellos a quienes acusaba de quedarse en sus casas se convirtieron, de la noche a la mañana, en sus nuevos jefes; y aquellos que consideraba casta pasaron a ser sus nuevos compañeros de bloque. Hoy, con la sumisión de quien sabe que su sueldo depende de esa obediencia, Ajmechet milita los tuits de Milei esperando que “el presidente más sionista del mundo” le garantice transitar con facilidad los siguientes cuatro años de privilegio estatal.

Cuando Ajmechet militaba a Bullrich y acusaba a Milei de mentir.

La “superioridad judía”

El último capítulo de esta comedia del absurdo ocurrió cuando Ajmechet publicó una estadística sobre los premios Nobel: “Los judíos representamos el 0,2% de la población mundial y aún siendo tan poco, ganamos más del 20% del total de premios Nobel de la historia”. El posteo incluía un desglose por especialidades (40% en Economía, 26% en Medicina, etc.).

Javier Milei no tardó en citar el tuit con una sentencia lapidaria: “PRIMERO LOS DATOS. Fin”. Sin embargo, lo que pretendía ser una validación terminó en una humillación digital.

La reacción en la red X fue inmediata y demoledora. El periodista Juan Luis González —autor de “El Loco”, biografía de Javier Milei— fue directo al hueso al preguntarle a la diputada: “O sea digamos: ¿hay razas inferiores y razas superiores?? ¿De qué régimen totalitario me suena esto che?”.

En la misma sintonía, el ex-campeón del mundo de MMA, Emiliano Sordi, le propinó un cachetazo de realidad: “¿Estás queriendo decir que son mejores? ¿Una raza superior? Suena un poco nazi tu post”.

Desde otros sectores, la respuesta fue igual de despiadada. Pablo Muñoz Iturrieta, escritor y conferencista argentino, utilizó un sarcasmo corrosivo para exponer lo peligroso del planteo: “Ah, mi amiga supremacista, mientras otros hablan de sus pequeños éxitos, siempre hay que recordarles a los goyim la verdadera superioridad racial de la raza judía”. En su texto, menciona irónicamente a Einstein como un “sangre pura” y cierra con un contundente: “¡Heil a la superioridad judía, que eclipsa meras estadísticas!”.

Por su parte, el ingenio popular la liquidó con memes. Circularon montajes de Milei sosteniendo a un niño con la bandera de Israel mientras deja que uno con la de Argentina se ahogue en una pileta, bajo el titular “soy el presidente más sionista del mundo”, y otro de Osvaldo Laport con la cara del mandatario: “Necesito hacer algo judío”.

Ajmechet intentó vender una superioridad estadística y terminó logrando que las redes le recordaran que su identidad actual es tan cuestionable como su patriotismo.

*Por Augusto Grinner

JUAN CARLOS MOLINA: El diputado y cura ultra K declaró un patrimonio de 1 millón de dólares

Joaquín Horacio Herrera 26 de marzo de 2026

El cura y diputado kirchnerista del bloque Unión por la Patria (UxP), Juan Carlos Molina declaró un patrimonio de USD$1 millón y cuatro inmuebles, dos en Ciudad de Buenos Aires y dos en el Gran Buenos Aires.

La Declaración Jurada Patrimonial Integral, presentada en enero de 2026 bajo la modalidad inicial 2025, expone una fortuna que llama la atención por su magnitud y que se contrapone con el perfil de vida sencilla que el legislador suele mostrar en el plano público.

El dato más llamativo del documento es la existencia de una caja de ahorro en dólares en el país con un saldo declarado de USD$330.338,50. Al tipo de cambio vigente de $1.420 por dólar, eso equivale aproximadamente a $469 millones. Molina también declara tres cajas de ahorro adicionales en pesos con saldos que suman alrededor de $14.6 millones y una cuenta corriente con $56.436. El total de sus depósitos y efectivo alcanza los $483.7 millones.

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Además del efectivo, Molina declara cuatro propiedades inmobiliarias, cuya valuación oficial resulta llamativamente baja. Según el informe, dos de las propiedades están ubicadas en San Vicente y fueron adquiridas el 17 de diciembre de 2009, junto con una casa habitación valuada en $20.833.246 y un lote de terreno declarado en $1.042.180.

El legislador también informó la tenencia de dos departamentos con cochera en la Ciudad de Buenos Aires, ambos comprados el 18 de mayo de 2017. Uno de ellos fue valuado en $75.035.844, mientras que el otro figura por $2.528.903. En conjunto, el detalle patrimonial expone un patrimonio de por sí millonario, integrado por propiedades en el conurbano bonaerense y en la Capital Federal.

Molina, a su vez, declaró poseer un Ford Bronco Sport Big Bend 1.5L, año 2021, adquirido en agosto de ese año, valuado en $28 millones de pesos —equivalente a unos USD$35.000 al valor de mercado actual. Su origen habría sido por “ingresos propios”.

El mecanismo que permite estas valuaciones irrisorias es lo que los expertos tributarios llaman la “trampa del 1 m²”. Al declarar una superficie de “1 metro cuadrado” para todas sus propiedades, el sistema registra los inmuebles a su valuación fiscal histórica de origen —en pesos, con cifras antiguas y desactualizadas— en lugar del valor real de mercado. Esto “licua visualmente el tamaño de la fortuna ante la opinión pública”, según la descripción de un tributarista consultado al respecto.

Para aproximarse al valor real del patrimonio inmobiliario, es necesario dolarizar el análisis usando precios actuales de mercado. Un análisis conservador construido con dimensiones estándar para este tipo de propiedades arroja que existe una disparidad “abismal” entre los dos departamentos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) comprados el mismo día en 2017 —uno declarado en $75 millones y el otro en apenas $2.5 millones— lo que sugiere que uno podría ser un piso de gran metraje o categoría superior.

Sumando los activos líquidos a la valuación de mercado de los inmuebles y el vehículo, el patrimonio real estimado total ascendería a aproximadamente USD$931.838, es decir, casi un millón de dólares.

¿De dónde proviene el dinero?

Esta es la pregunta central que el documento oficial no logra responder satisfactoriamente. En la declaración, Molina justifica absolutamente todos sus bienes como producto de sus “ingresos propios”, sin herencias, legados ni donaciones de ningún tipo.

Para dimensionar la inconsistencia, basta con cruzar las fechas de adquisición de los bienes con la trayectoria laboral de Molina. Las propiedades de San Vicente fueron compradas en 2009, cuando estaba al frente de la Fundación Valdocco, una organización financiada por el Vaticano y con fondos públicos provinciales. Ahí surge otra duda inevitable: ¿cómo logró un directivo de una ONG sin fines de lucro acceder a esas compras?

En el caso de los departamentos en la Ciudad de Buenos Aires, adquiridos en 2017, la duda no es menor, ya que fueron comprados dos años después de su salida de la SEDRONAR en 2015. Allí también queda sin respuesta cuál fue la fuente de ingresos que le permitió adquirir dos unidades con cochera en la Capital Federal. A eso se suma lo más paradigmático de todo, los USD$330.000 en efectivo, un monto difícil de explicar para alguien que habría desarrollado gran parte de su carrera en el ámbito de una organización sin fines de lucro o bajo una dieta legislativa.

Un hallazgo adicional del análisis de la declaración es un error grave en la confección del documento. Molina registró su cargo de “Diputado Nacional” bajo la categoría de “Sector Privado”, señalando como empleador a la “Fundación Valdocco”. Esto es técnicamente imposible, siendo que una fundación privada no puede emplear a un legislador nacional, cuyas dietas las paga el Estado. El análisis concluye que se mezclaron dos trayectorias distintas en una misma línea del formulario —con consecuencias legales que la Oficina Anticorrupción no observó ni corrigió.

La situación patrimonial no puede desligarse de las denuncias judiciales que recaen sobre la Fundación Valdocco. Desde 2024, Molina enfrenta una causa penal en la que se le atribuyen presuntos delitos de trata de personas con fines de explotación, defraudación a la administración pública, falsificación de documentos públicos y privados y asociación ilícita.

La investigación reveló que la fundación cobraba fondos millonarios simultáneamente de dos provincias. Con 250 millones de pesos mensuales de Santa Cruz y 124 millones de pesos mensuales de Chaco, aunque en este último caso la institución no operaba realmente. Se detectó que 78 docentes cobraban salarios en ambas jurisdicciones al mismo tiempo. La causa fue presentada ante el Juzgado Federal de Caleta Olivia e incluye pedidos de allanamientos y secuestro documental.

La provincia de Chaco, por su parte, bloqueó la transferencia de recursos públicos a la fundación tras la investigación, mientras que el gobierno de Santa Cruz también realizó denuncias por falta de transparencia en el manejo de fondos.

¿Quién es Juan Carlos Molina?

Juan Carlos Molina, nacido el 8 de diciembre de 1966, es un sacerdote católico argentino que ha construido una trayectoria inusual en la que se entrelazan la fe, la política kirchnerista y la gestión de organizaciones sociales. Su apodo, “cura coraje”, sintetiza la perspectiva pública que él mismo cultivó. La de un hombre de Iglesia supuestamente comprometido con los más vulnerables, dispuesto a meterse en terrenos conflictivos donde otros no se atreven.

Molina surgió como sacerdote salesiano en Caleta Olivia, Santa Cruz, donde trabajó con niños y jóvenes en situación de riesgo social. Más tarde, sin que se conozca públicamente el motivo, pasó al clero de la diócesis de Río Gallegos. Fundó la Fundación Valdocco —nombre del barrio turinense de Turín donde San Juan Bosco comenzó su obra— con casas para jóvenes adictos y menores vulnerables en Santa Cruz, Chaco y Haití. Esta fundación lo proyectó al primer plano de la política kirchnerista de Santa Cruz y lo acercó a la familia Kirchner, en especial a Alicia Kirchner, hija de la exvicepresidente Cristina Fernández de Kirchner (CFK).

La primera gran plataforma pública que manejó Molina fue la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), designado en noviembre de 2013 por CFK. El jefe de Gabinete Jorge Capitanich lo presentó como alguien con “amplia experiencia en la problemática de las adicciones”. Renunció en mayo de 2015, declarando que había “cumplido los objetivos”.

“Escobar fue un poco Robin Hood, el pueblo lo lloró porque ocupó el lugar del Estado: hizo hospitales, calles, le dio trabajo a la gente…”, destacó Molina, en marzo de 2014, en una entrevista radial, durante su gestión al frente de la SEDRONAR.

La comparación desató una tormenta mediática. Al día siguiente, Molina intentó aclarar que había sido “sacado de contexto”, que Escobar “era un psicópata, un asesino” y que nunca lo había defendido. También usó un lenguaje colorido para describir el revuelo, diciendo que había pasado “de ser el secretario de la SEDRONAR a ser el hijo de puta defensor de Escobar”.

Décadas después, en 2024, Molina decidió volver a la política activa como candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria en Santa Cruz. Ganó las elecciones legislativas de 2025 con un margen muy mínimo y asumió su banca en diciembre de ese año, integrando a UxP.

Presti avaló el ataque ordenado por Thatcher al ARA General Belgrano: “Fue un acto de guerra”

Redacción 6 de abril de 2026

El ministro de Defensa, Carlos Presti, quedó envuelto en una fuerte polémica tras referirse al hundimiento del ARA General Belgrano durante una entrevista brindada el 2 de abril en los estudios de A24. Consultado por Eduardo Feinmann acerca del ataque contra el crucero de la Armada Argentina ocurrido el 2 de mayo de 1982. 

“Estaban en combate y fue un acto de guerra”, respondió el funcionario que reemplazó a Luis Petri en esa cartera a mediados de diciembre del año pasado. 

La declaración del ministro ocupó poco más de diez segundos de aire televisivo, pero generó una ola de cuestionamientos. En la Argentina persiste una interpretación jurídica y política que considera el ataque un crimen de guerra, dado que el buque navegaba a 231 millas marinas fuera de la Zona de Exclusión Total (ZET) fijada unilateralmente por Londres cuando fue bombardeado por el submarino nuclear británico HMS Conqueror. 

La orden de impactar el buque fue impartida por la entonces primera ministra Margaret Thatcher. 

El hundimiento constituyó la mayor tragedia naval de la Armada Argentina y la mayor pérdida de vidas para las fuerzas en toda la guerra: 323 muertos, una cifra que representó casi la mitad de las bajas totales que tuvieron las fuerzas de nuestra nación durante el conflicto.

Las declaraciones se produjeron en una fecha especialmente sensible. Sus palabras adquirieron una dimensión política mayor y derivaron en un reclamo opositor para que el Ministerio de Defensa revisara públicamente lo expresado por su titular.

“Una lectura funcional a la versión británica”

Lejos de limitarse a una diferencia de encuadre jurídico, Agenda Malvinas, portal especializado en la cuestión del Atlántico Sur, leyó las palabras de Carlos Presti como un gesto político de fondo. 

El lapidario artículo sostuvo que el ministro constituyó “una afrenta directa a los 323 héroes que perdieron la vida” y describió sus dichos como una ruptura con una línea histórica sostenida durante décadas en la Argentina. Así, para el medio, Presti incurrió en una validación de la versión británica sobre el hundimiento del ARA General Belgrano.

También advirtió que la definición de Presti recortó un antecedente central para entender el hundimiento del Belgrano: el Informe Rattenbach, el documento oficial elaborado tras la guerra para examinar las responsabilidades políticas y militares del conflicto. En ese trabajo, el Estado argentino atribuyó a la conducción de la guerra una preparación insuficiente, un planeamiento “apresurado, incompleto y defectuoso” y decisiones de mando que agravaron el escenario en el Atlántico Sur. Entre ellas, cuestionó con dureza el repliegue naval que dejó a Gran Bretaña con el “dominio absoluto del mar”. Desde esa lectura, Agenda Malvinas sostuvo que reducir el ataque a un simple “acto de guerra” dejó afuera el principal antecedente institucional producido por la propia Argentina sobre la conducción de Malvinas.

En esa misma línea, el medio avanzó sobre otro punto sensible de la secuencia militar de 1982: mientras el Belgrano se hundía, el entonces jefe de la Armada, Jorge Isaac Anaya, ordenó el repliegue de la flota de mar hacia “puertos seguros” de la costa patagónica. 

Por primera vez en la historia, las cinco fuerzas federales protestarán juntas por los bajos sueldos

Redacción 31 de marzo de 2026

Las cinco fuerzas federales de seguridad convocaron una protesta conjunta para el 2 de abril en reclamo por los bajos salarios y el empeoramiento de sus condiciones laborales. La manifestación consistirá en un abrazo solidario al Edificio Centinela, sede central de la Gendarmería Nacional en el barrio porteño de Retiro (Capital Federal), y reunirá, por primera vez en la historia, a integrantes de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.

La convocatoria se fijó para las 11 e incluyó también a familiares y allegados de los efectivos. La elección de la fecha incorporó, además, una dimensión simbólica, ya que coincidió con el aniversario número 44 del inicio de la Guerra de Malvinas.

El eje principal del reclamo estuvo vinculado con la cuestión salarial. Los uniformados denunciaron que el último aumento se otorgó a fines de 2025 y advirtieron que, en numerosos casos, los haberes quedaron por debajo de la línea de pobreza. Ese desfasaje los obligó a buscar ingresos complementarios, ya fuera mediante horas adicionales por fuera de la jornada habitual o a través de trabajos extra, como manejar un Uber, para sostener la economía doméstica.

En ese marco, dentro de las propias fuerzas se subrayó una contradicción entre la narrativa oficial y la experiencia concreta de los agentes. Mientras el Gobierno sostuvo que busca “cuidar a quienes nos cuidan”, los efectivos afirmaron que los salarios y las condiciones laborales se deterioraron de manera progresiva.

A la crisis salarial se sumó el conflicto por la cobertura médica. La situación de la obra social Iosfa se convirtió en otro de los principales focos de malestar entre los uniformados. De acuerdo con las informaciones difundidas, la entidad acumuló una deuda millonaria, recortó prestaciones y redujo la entrega de medicamentos, una combinación que dejó a miles de afiliados y a sus familias sin cobertura o con un acceso severamente limitado a la atención de la salud.

La protesta también activó una preocupación política creciente dentro de la Casa Rosada, donde se intensificaron los cuestionamientos contra la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. En el oficialismo la describieron como una funcionaria de perfil académico, pero sin capacidad de conducción operativa sobre las fuerzas. 

El antecedente de Córdoba profundizó esas dudas dentro del Gobierno. Algunos funcionarios recordaron que Monteoliva estuvo al frente del Ministerio de Seguridad provincial cuando, el 3 y 4 de diciembre de 2013, la Policía cordobesa se acuarteló y la capital provincial atravesó horas de saqueos y una situación de extrema tensión. Después de ese episodio, la funcionaria dejó el cargo.

A ese cuadro se añadió una interna política con efectos sobre la cadena de mando. Monteoliva decidió alinearse con Karina Milei en la disputa con su ex jefa política, la actual senadora Patricia Bullrich. Durante su paso por el Ministerio de Seguridad, Bullrich benefició a la cúpula de la Gendarmería por su vínculo con el jefe de la fuerza, Claudio Miguel Brilloni, una decisión que generó malestar en los rangos bajos y resentimiento en el resto de las fuerzas, que se consideraron desplazadas. 

Tato Young fulminó a Adorni por su cuestionado patrimonio: “No entiendo cómo todavía no lo echaron del Gobierno, es muy turbio”

Redacción 31 de marzo de 2026

La Justicia ordenó medidas de prueba en el patrimonio de Manuel Adorni, en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Tras esto, Tato Young analizó su situación y cuestionó su continuidad en el Gobierno.

Durante su programa “Volviendo a casa” (Radio Mitre), Tato Young y sus columnistas hablaron acerca de las investigaciones: “Yo les voy a ser franco, yo no entiendo cómo todavía no se fue del Gobierno o cómo no lo echaron. En contra de esto que estoy diciendo, hace un ratito nada más volvió la mesa política del Gobierno. Estuvo encabezada por Manuel Adorni, en su oficina, haciendo de anfitrión”, expresó el conductor.

Ayer “se conoció de otro departamento de Manuel Adorni en Caballito de 200 metros, supuestamente declarado por él en 230 mil dólares. Si lo ven al departamento me van a dar la razón que sale mucho más que eso”, remarcó Tato.

“Es un departamento muy bueno, de lujo, de 200 metros. Y además en la declaración jurada dice que se lo prestaron dos personas a la plata. Que hay 200 mil dólares de esos 230 que es plata prestada. Es todo demasiado turbio. Demasiado turbio”, enfatizó el periodista.

Los detalles de la nueva medida de la Justicia sobre Manuel Adorni

De acuerdo a la información de Sergio Ferella en TN, el fiscal de la causa “ordenó todas las medidas de lo que tiene que ver con los delitos de investigación patrimonial“. A su vez detalló que fueron ”nueve medidas” en el marco de la investigación de su supuesta propiedad y la no declaración ante las autoridades.

“Ha pedido, por ejemplo, a todos los registros de la propiedad en Exaltación de la Cruz para saber si efectivamente está inscrito a nombre de él o su mujer, ya sea si cuenta con algún otro bien inmueble. También pidió las declaraciones juradas a la Oficina Anticorrupción e ingresos a la Secretaría General de Presidencia“, añadió.

Por otro lado, el periodista afirmó que el fiscal “estaba por pedir también todas las salidas del país deAdorni, ya sea en vuelo privado u otros medios”

Río Negro adjudicó casi $1.000 millones para cursos de inglés

Joaquín Horacio Herrera 3 de abril de 2026

El gobierno provincial de Río Negro, encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck por el partido Juntos Somos Río Negro (JSRN), destinó un contrato de $932,4 millones para el dictado de cursos virtuales de inglés en el marco del programa “Río Negro Bilingüe”.

El proceso, identificado como licitación pública 112/2025, generó cuestionamientos por tres razones centrales. El organismo estatal que impulsó la medida fue la Secretaría de Energía y Ambiente, y no el Ministerio de Educación. A ello se sumó el descarte de la oferta más barata y un costo por alumno muy por encima de los valores de mercado.

El programa habría sido lanzado en octubre de 2025 por Weretilneck con el argumento de fortalecer el capital humano provincial en un contexto de desarrollo energético e inversiones productivas. La iniciativa prevé la entrega de 10.000 licencias anuales de formación en inglés con modalidad virtual y asincrónica, complementada con talleres presenciales optativos en distintas localidades.

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La propuesta estaría dirigida a un perfil amplio de beneficiarios que incluye a trabajadores vinculados a los sectores de energía, logística y servicios, así como a empleados públicos de áreas como salud, seguridad, policía y bomberos. También alcanza a emprendedores, comerciantes y prestadores turísticos, además de estudiantes de los últimos años del nivel secundario, terciario y universitario. A su vez, contempla a adultos que se encuentran fuera del sistema formal y buscan mejorar sus condiciones de empleabilidad.

La formación está estructurada en 10 niveles alineados al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), con tutorías sincrónicas y uso de inteligencia artificial. Hacia diciembre de 2025 ya había alcanzado 6.667 preinscriptos y la provincia amplió su cobertura territorial hacia la zona andina (Bariloche, Dina Huapi, El Bolsón) y la costa atlántica.

Una de las críticas más llamativas es que la contratación fue impulsada desde la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente, a cargo de Andrea Confini, actual esposa del mandatario, y no desde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos. Si bien el programa fue presentado como una articulación entre ambas áreas, la licitación y adjudicación quedaron bajo la órbita energética.

Esto genera interrogantes legítimos sobre el circuito administrativo. Los ministerios de educación provinciales son los organismos naturales para contratar servicios de formación académica, cuentan con equipos técnicos especializados y son los que habitualmente articulan con universidades e institutos terciarios. Que sea el área de energía quien adjudique una plataforma educativa resulta, cuanto menos, atípico desde el punto de vista de la lógica institucional.

¿Por qué energía y no educación?

La justificación oficial es que el bilingüismo se enmarca en la estrategia de desarrollo económico y la transición energética de la provincia, por lo que Energía tiene incumbencia directa. Sin embargo, esto no elimina la pregunta sobre por qué no se canalizó a través de instituciones con capacidad instalada para ofrecer estos servicios, como universidades públicas o institutos provinciales de formación docente.

“En Río Negro hay un triángulo de poder que maneja muy mal la provincia”, afirmó José Luis Berros, presidente de Vamos con Todos y vicepresidente del Partido Justicialista de Río Negro, en una entrevista con LUVER. El dirigente se mostró además crítico con la conducción provincial por su “escaso apego a la rendición de cuentas”. “El triángulo está compuesto por Facundo López (líder del armado legislativo de JSRN), la señora del Gobernador y el propio gobernador”, agregó, y cuestionó su desempeño al señalar que “están manejando muy mal la cuestión pública”.

La apertura de sobres se realizó el 16 de enero en Viedma, con la participación de tres empresas. EL LAB Taller de Idiomas SRL presentó la oferta más elevada, por $1.100.000.000, mientras que SDC SRL realizó la propuesta más baja, por $893.000.000. Por su parte, EDIR Emprendimientos SRL ofertó $932.4 millones y resultó finalmente adjudicada.

El 3 de febrero, la Comisión de Preadjudicación descartó a SDC SRL —la empresa más barata— argumentando que su plataforma “no era específica para la adquisición de lenguas”, sino que tenía un enfoque más cercano a una implementación tecnológica general.

Esta decisión dejó el camino libre para EDIR Emprendimientos SRL, cuya oferta era $39 millones más cara que la descartada. La justificación técnica del descarte no se hizo pública en detalle, lo que alimenta las dudas sobre si los criterios aplicados fueron objetivos o respondieron a intereses particulares.

A su vez, el punto que concentra mayor controversia es el costo unitario del servicio. Con 10.000 licencias anuales y un contrato total de $932.4 millones, el cálculo arroja un costo de aproximadamente $93.240 por alumno al año, equivalente a unos $7.770 mensuales por usuario.

En comparación, el mercado ofrece alternativas de menor costo o con mayores prestaciones. La suscripción individual a Duolingo Plus ronda los $56.454 anuales con impuestos incluidos, mientras que un curso online del Instituto Cambridge en Buenos Aires tiene una matrícula que va de $63.500 a $90.500, a lo que se suman cuotas mensuales de entre $83.000 y $97.000 por clases en vivo de dos horas semanales. Por su parte, ABA Lenguas ofrece cursos online cuatrimestrales con clases en vivo desde $256.000, lo que equivale a unos $512.000 al año.

En el ámbito público, la Ciudad de Buenos Aires implementó un programa casi idéntico denominado “Ciudad Bilingüe”, a través del cual contrató a la empresa Edusoft para brindar una modalidad similar —virtual, asincrónica, con 10 niveles y certificación— de manera gratuita para los porteños.

EDIR Emprendimientos SRL es una empresa familiar radicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio en la avenida Lope de Vega 1620. Fue constituida el 10 de diciembre de 2016 por Miguel Eduardo Schriftman y Yaniv Schriftman, padre e hijo que desde entonces han diversificado sus actividades en distintos rubros.

Según sus registros, la firma opera en servicios de consultoría en tecnología de la información y en el área de enseñanza desde 2017. Posteriormente, en 2018, incorporó actividades vinculadas al sector inmobiliario. A partir de 2020, amplió su alcance hacia la venta mayorista de instrumental médico y artículos ortopédicos, así como de libros y publicaciones.

La empresa no figura como empleadora ni surge, al menos de forma visible, que tenga personal declarado, lo que resulta llamativo para una firma que pretende gestionar un programa de formación para 10.000 usuarios. Se trata, en apariencia, de una firma de estructura reducida y sin personal declarado. No obstante, tiene antecedentes concretos en el sector educativo. En octubre de 2025 el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires registró la prórroga de un contrato adjudicado a EDIR Emprendimientos SRL (en unión transitoria con Ediciones Logos SA) para la “actualización de la plataforma de aprendizaje para la enseñanza de idioma inglés por medios electrónicos” en CABA. Esto indica que EDIR tiene al menos un antecedente relevante con el gobierno porteño en el mismo rubro.

Un patrón de contrataciones cuestionadas

La licitación 112/2025 no constituye un hecho aislado. La administración de Weretilneck acumula una serie de contrataciones directas y procesos licitatorios que han sido cuestionados de manera sistemática por la oposición legislativa.

Entre los casos señalados se encuentran la contratación directa de Epoge SRL por parte de la Subsecretaría de Medios, con un costo cercano a los $750.000 diarios por servicios de seguimiento de medios y redes sociales, en medio de versiones sobre presuntos vínculos políticos. También se objeta la contratación de una consultoría jurídica externa para la Fiscalía de Estado por $96 millones, así como una consultoría en comunicación interpersonal para el Tribunal de Cuentas por $10.350.000.

A estos antecedentes se suma la contratación directa de publicidad institucional en enero de 2026 por más de $128 millones, una cifra que, según los cuestionamientos, supera ampliamente el tope legal vigente.

El legislador provincial Luciano Delgado Sempé, del bloque Vamos con Todos, es uno de los opositores más activos en la denuncia de estas presuntas irregularidades y llegó a presentar una nota formal ante el Procurador General solicitando investigación por posibles delitos contra la administración pública.

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