Montenegro volvió a pedir por Uber en Mar del Plata
El Intendente Guillermo Montenegro, en conferencia de prensa previa al acto por el Día de la Bandera en la Plaza Manuel Belgrano, habló de diversas cuestiones referidas a la agenda de Mar del Plata.
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En este marco, dialogó con los medios sobre el turismo en el fin de semana largo, el conflicto de taxis contra Uber y la implementación de las fotomultas. La grandes expectativas respecto a este fin de semana se hicieron eco en gastronómicos, comerciantes y hoteleros que tuvieron una reserva superior al 70%. “La Feliz” quedó en el segundo lugar de los destinos más elegidos por los argentinos para disfrutar del feriado puente.
“Obviamente no tenemos los números finales, pero cuando uno habla con los comerciantes, sumado a lo habitual que ocurre en el día del padre, hubo un movimiento importante y yo creo que es muy bueno todo lo que tenga que ver con el laburo en nuestra ciudad”, manifestó el intendente Guillermo Montenegro.
Es genial.. se merecen Uber, cabify y toda app que exista. Para cuando en Mar del plata? @gmontenegro_ok pic.twitter.com/1wNmdMxMDN
El conflicto por la llegada de las plataformas digitales de transporte ha estado en auge en el último tiempo en Mar del Plata. El Ente Municipal de Turismo (EMTur) presentó un informe positivo respecto al desembarco de la aplicación en la ciudad lo que generó cruces con distintos sectores gremiales de taxistas. En esta línea, el intendente resaltó: “No es Uber sí o Uber no, hay un problema en la ciudad que tiene que ver con encontrar un auto que te lleve y no tiene que ver con un horario, ni con el verano o la temporada, sino con que lo están sufriendo los vecinos”.
“Por eso es la colocación del GPS, para saber cuántos taxis tenemos en la ciudad, si es necesario ampliarlo o no y a partir de ahí poder determinar qué tipos de necesidades tienen los vecinos”, sentenció. Respecto a la falta de taxis y los reclamos por el servicio, dijo que “no tiene que ver con una aplicación o los taxis, sino con el servicio que necesitan los vecinos en nuestra ciudad para poder ir a laburar a la mañana, para volver a la noche del laburo o de un festejo familiar que uno toma la decisión de moverse en taxi”.
Montenegro insiste en defender las plataformas virtuales
“Es una cuestión de sentido común decir bueno, si no alcanza para tener claro cuántos taxis necesitamos, tenemos que tener claro cuál es el número de taxis que están circulando en la ciudad, eso nos va a dar la información para tomar mejores decisiones”, concluyó.
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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó una dura respuesta contra la vicepresidente Victoria Villarruel tras un tuit que esta última publicó y luego eliminó, en el que criticaba la autorización para que el gendarme Nahuel Gallo viajara a Venezuela, donde permanece detenido. Bullrich calificó la actitud de Villarruel como “vergonzosa” y la acusó de utilizar el caso para “juntar likes”. Además, la ministra señaló que el mensaje fue retirado al no recibir la repercusión esperada, lo que calificó de “cobardía”.
En su descarga, Bullrich explicó que la autorización de viajes dentro de la Gendarmería se realiza a través de mecanismos administrativos específicos y pidió a Villarruel que “se informe antes de emitir declaraciones”. Además, la ministra redobló las críticas con un llamado a que la vicepresidenta frene el “descabellado e inminente aumento de sueldos en el Senado de la Nación”, en referencia a una eventual suba salarial que llevaría las dietas de los legisladores a $9,5 millones mensuales.
Sra. Vicepresidente:Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político. Es claro que usted habla con total desconocimiento de… pic.twitter.com/JHjQDx3BEH
El tuit de Villarruel, eliminado poco después, sostenía que ella “jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela” y calificaba como una “consecuencia tristemente obvia” la detención de Gallo por el régimen de Nicolás Maduro. Este mensaje surgió en respuesta a un usuario que, desde redes sociales, le pidió que se pronunciara sobre el caso. Villarruel lo escribió en un contexto inesperado: mientras respondía comentarios tras publicar una foto suya en un recital de Los Piojos.
El cruce entre ambas funcionarias no ocurre en un vacío político. Por un lado, refleja tensiones dentro del gobierno libertario, especialmente entre Villarruel y el presidente Javier Milei, quien recientemente afirmó que su vicepresidente “no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones”. Las diferencias entre ambos se evidenciaron desde el inicio del mandato, cuando Milei incumplió su promesa de campaña de entregar los ministerios de Seguridad y Defensa a Villarruel.
El enfrentamiento entre Bullrich y Villarruel también expuso divisiones dentro de la coalición oficialista, con aliados de la ministra como Juan Pablo Arenaza criticando a la vicepresidente por su mensaje sobre el gendarme detenido. “En tu mundo la gente no tiene libertad para ir a visitar a su familia. Muy raro tu comentario”, escribió Arenaza en redes sociales.
“Es un informe absolutamente desconectado de lo que vive la sociedad argentina. Están del lado de los delincuentes, mientras nosotros trabajamos para proteger a los 46 millones de argentinos que fueron víctimas de los piqueteros y la extorsión durante décadas”, afirmó Bullrich en declaraciones a El Observador FM. La ministra también aseguró que el protocolo busca resolver de manera pacífica y profesional una problemática histórica, permitiendo reducir los bloqueos y garantizando el derecho al libre tránsito. Según sus palabras, esta medida representa un cambio estructural en la gestión del espacio público.
El informe de Amnistía Internacional, titulado “Uso excesivo de la fuerza”, documenta más de mil heridos en al menos 15 protestas ocurridas durante 2024. Además, denuncia el uso desproporcionado de balas de goma, gases lacrimógenos y bastones contra manifestantes que, según el organismo, ejercían su derecho a protestar pacíficamente. El documento también destaca que 50 trabajadores de prensa resultaron heridos mientras cubrían las manifestaciones, lo que, según Amnistía, evidencia un patrón de represión que afecta la libertad de expresión y el derecho a la información.
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Entre los episodios destacados, se menciona la movilización frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases, que derivó en 33 detenidos y numerosos focos de incendio, incluyendo un móvil de Cadena 3 incendiado por manifestantes. Este evento fue utilizado por el Gobierno para enfatizar la necesidad del protocolo, destacando que no solo busca regular las protestas, sino también garantizar la seguridad de bienes y personas en contextos de manifestaciones masivas.
El Gobierno, sin embargo, rechazó categóricamente estas acusaciones. Bullrich defendió la implementación del protocolo como una medida necesaria para poner fin a años de caos en las calles. “Durante 25 años, los piqueteros se adueñaron de las calles y extorsionaron a millones de argentinos. Ahora, con este protocolo, hemos logrado establecer el orden y proteger a la ciudadanía”, declaró. La ministra también cuestionó la falta de atención del informe a los desmanes ocurridos en algunas protestas, como el incendio de un móvil de Cadena 3 frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases.
Amnistía también alertó sobre la “criminalización de la protesta”, destacando que 73 manifestantes fueron detenidos en distintos episodios, acusados de delitos como resistencia a la autoridad, aunque la mayoría recuperó la libertad pocas horas después. Por otro lado, el informe señala que 33 personas sufrieron impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, resultando en daños severos a la visión. Asimismo, destaca que entre las víctimas se encuentran niños y niñas que estuvieron expuestos a situaciones de violencia represiva.
En respuesta, Bullrich aseguró que las fuerzas de seguridad actuaron con profesionalismo y respetando los principios de proporcionalidad. “No avalamos para nada ese informe. Este es un año en el que la Argentina logró ley y orden, y lo hizo con el uso mínimo de la fuerza. Es fácil criticar desde un escritorio, pero estas medidas están pensadas para defender a la ciudadanía y poner fin a años de caos”, sostuvo. Además, la ministra remarcó que el protocolo incluye instancias de negociación previas a cualquier acción policial, buscando siempre una resolución pacífica de los conflictos.
Por su parte, Amnistía Internacional recomendó la derogación del protocolo y la adopción de regulaciones que garanticen el respeto por los derechos humanos en el marco de las protestas sociales. También instó a limitar el uso de armas no letales y a investigar las denuncias de violencia policial. Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, destacó la importancia de proteger el derecho a la protesta como un pilar fundamental de la democracia. “Las imágenes de violencia y represión evidencian la necesidad urgente de revisar las políticas de seguridad pública y garantizar el respeto por los derechos humanos fundamentales”, concluyó.
El informe también incluye recomendaciones dirigidas a la comunidad internacional, instando a organismos como la ONU y la CIDH a monitorear la situación en Argentina y a exigir medidas concretas que promuevan el respeto por los derechos humanos en el país. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad continúa defendiendo su gestión y subrayando los resultados positivos en materia de orden público y seguridad ciudadana, destacando una disminución significativa en los bloqueos y cortes de calle en todo el territorio nacional.
Hoy viernes, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó la reforma al Código Electoral provincial, convirtiéndola en ley. Este cambio establece la adopción de la Boleta Única de Papel a partir de las elecciones de 2027. La iniciativa, promovida desde el Poder Ejecutivo, tuvo como principal defensor al gobernador Rogelio Frigerio, quien la describió como un avance histórico en modernidad y eficiencia democrática.
La nueva ley representa un quiebre con casi un siglo de tradición electoral basada en boletas partidarias. Con esta reforma, Entre Ríos se alinea con otras provincias como Santa Fe y Córdoba, que ya implementaron sistemas similares. El gobernador Frigerio se refirió a este hito de manera enfática: “Después de casi un siglo, los entrerrianos votarán de manera más moderna, ágil y transparente. Es un salto de calidad democrática que nos acerca a las mejores prácticas electorales de la región”.
El mandatario también destacó los beneficios económicos y ambientales asociados con la reforma: “Con la implementación de la BUP, se ahorrarán alrededor de 1.500 millones de pesos y se reducirá drásticamente el uso de papel. En las últimas elecciones, se emplearon 30.000 kilómetros de papel para imprimir boletas; este gasto es insostenible en términos ecológicos y financieros”.
La Boleta Única de Papel consiste en un documento de tamaño A3 que incluye todas las opciones electorales disponibles. Cada votante marca su elección con una cruz y luego deposita la boleta en la urna. Este modelo, además de simplificar el proceso de votación, agiliza el escrutinio. Julián Maneiro, secretario de Asuntos Políticos, aseguró que “este sistema es más sencillo y seguro, permitiendo un conteo más transparente y eficiente de los votos”.
Además, se mantienen las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) y se introduce un esquema de financiamiento estatal para las campañas, limitando los aportes privados. Esto busca nivelar las condiciones entre partidos grandes y pequeños, reduciendo las desigualdades en las competencias electorales.
La aprobación de la reforma no estuvo exenta de controversias. Aunque la mayoría oficialista de Juntos por el Cambio logró los votos necesarios, el peronismo optó por abstenerse en Diputados, generando tensiones internas. La presidenta del bloque justicialista, Laura Stratta, argumentó que “no se incluyeron puntos clave que podrían haber fortalecido la reforma”. Sin embargo, esta postura contrastó con el respaldo que el peronismo había dado al proyecto en el Senado, donde algunos de sus miembros votaron a favor tras negociar modificaciones.
Rafael Cavagna, senador de Juntos por Entre Ríos, subrayó el carácter participativo del proyecto: “Esta ley es el resultado de un proceso abierto y transparente, en el que participaron partidos políticos, entidades educativas, gremios y organismos judiciales”. Cavagna también destacó que la reforma responde a una demanda histórica de 90 años por parte de la sociedad entrerriana.
Uno de los principales desafíos será garantizar que los ciudadanos comprendan cómo utilizar la nueva boleta. El gobierno provincial anunció un plan de capacitación masivo dirigido a votantes y autoridades de mesa. “Queremos que cada entrerriano llegue al día de las elecciones completamente informado y preparado para usar este sistema”, explicó Maneiro.
La reforma electoral se perfila como un avance integral para la democracia en Entre Ríos. Además de modernizar el proceso de votación, promete reforzar la transparencia y la equidad en las elecciones. Para Frigerio, esta medida representa “un legado para las próximas generaciones” y consolida su gestión como un punto de inflexión en la política provincial.
El impacto de esta reforma también se extenderá al financiamiento de las campañas, con topes más estrictos para los aportes privados y un monitoreo más riguroso. Esto no solo garantizará una competencia más justa, sino que también reforzará la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral.
En paralelo a las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich lo secundó al expresar su deseo de que el PRO se fusione con La Libertad Avanza en una nueva gran formación liderada por el partido libertario de cara a las próximas elecciones legislativas, en lo que pareció traducir el “juntos o separados” esgrimido por el mandatario frente a la posibilidad de una alianza con la agrupación política de Mauricio Macri.
Las palabras de Bullrich, al igual que las de Milei, también estuvieron acompañadas de un tono de ultimátum: “Estamos convencidos de que esta elección va a ser entre el apoyo a profundizar la transformación o ‘soy del club del helicóptero’” afirmó.
“La lógica es que todos los que apoyamos el cambio vayamos juntos. Y que el partido de Gobierno tenga la prioridad, hay que adaptarse” dijo la ministra, quien ejemplifico el tipo de relación de fuerzas que propone para esta eventual “fusión” con la alianza Cambiemos que llevó a Macri a la presidencia en 2015, y cuyo gabinete se compuso por una mayoría de integrantes del PRO y una minoría del radicalismo.
Patricia Bullrich se refirió al partido del expresidente como una formación dividida en forma desigual entre quienes apoyan irrestrictamente al presidente y quienes mantienen sus reparos: “Hay miles de dirigentes, algunos vienen del PRO, otros del radicalismo. En nuestra campaña nuestras verdades eran muy similares a las que decía Milei. Yo recuerdo una frase de mi campaña que era ‘es todo o nada’. Todo ese PRO se siente oficialista y se siente parte del Gobierno“.
Acerca de los que mantienen sus reticencias respecto al Ejecutivo libertario y se limitan a un apoyo “crítico”, la ministra se refirió a ellos como un espacio aislado y en el que “cada vez son menos”. En ese sentido, sobre Mauricio Macri expresó que “habla de algunas virtudes, pero ya ponerte en la oposición es un lugar en el que el PRO no tiene que estar”.
La alta funcionaria del Gobierno de Milei aseveró que las bases del PRO están de acuerdo con lo que se hace desde el Ejecutivo y eso puede marcar una distancia con el bureau político de dicha formación, en el que aún ejerce una influencia considerable el expresidente.
Un escandaloso audio difundido esta semana por el portal especializado Doble Amarilla involucró a la diputada nacional de La Libertad Avanza, Juliana Santillán, en un presunto intento de tráfico de influencias para convertir al Club Social y Deportivo Bancruz, de Río Gallegos, en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD). En la grabación filtrada, Santillán aseguró tener “todo arreglado” con el ministro de Justicia, Mariano CúneoLibarona, y el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Roque Vítolo, para garantizar la celeridad del trámite.
El material en cuestión proviene de un diálogo de Whatsapp ocurrido el 12 de julio entre la legisladora y el periodista Juan Cruz Sanz, quien ocupa el rol de presidente ejecutivo del club del sur desde octubre de 2023. “Es un trámite que lo llevamos con Cuneo Libarona, habilita a la inversión extranjera, viene a ser como un fideicomiso lo que nosotros necesitamos, por eso la consulta es si el club tuyo es asociado a la AFA como Arsenal”, señala Santillán en el audio.
EL POLÉMICO AUDIO DE SANTILLÁN
Santillán le propone a Sanz que le presente “una nota, no de intención, pero de consulta ante la Inspección General de Justicia. Tenemos a los inversores extranjeros que vienen de la mano de la liga inglesa de fútbol, esa es una de las partes”.
“Tenemos que tener dos partes: la interesada en invertir y la parte que recibe la inversión”, explica Santillán y le asegura que el camino está allanado. “Obviamente estamos alineados con el director de la IGJ, con absolutamente todo, pero necesitamos el club”.
En su relato, Santillán asegura a Deportivo Bancruz que tenían “todo armado” para que el club que iniciara el trámite no pudiera tener ninguna sanción por parte de la Asociación del Fútbol Argentino: “La AFA no puede desafiliar un club con esta carta a la IGJ, porque es como si vos hicieras un trámite en el registro civil, es totalmente ajeno a lo que pueda hacer AFA, pero es el trámite que se necesita. Nosotros necesitamos al club para hacer un trámite en la Justicia que no lo pone en riesgo al club, pero que nos permite instalar o meter un expediente”.
– Mariano Cúneo Libarona (ministro de Justicia) y Roque Vítolo (titular de la Inspección General de Justicia)
En otra parte del audio revela que el pedido lo hace alineada con el presidente de la Nación Javier Milei. “El presidente necesita la conversión de los clubes a SAD, que es la figura que estamos trabajando”.
Consultada por el diario La Nación, la diputada oriunda de Mar del Plata confirmó que el audio existió pero negó la existencia de presión política: “Yo tengo la conversación completa, la que es prueba documental si la justicia lo requiere. Juan Cruz Sanz se presentó ante mí como presidente de un club, pidiéndome asesoramiento, anteriormente también había hablado con (Daniel) Scioli y (Julio) Garro. Le respondí las consultas y asesoré según sus inquietudes”.
Por su parte, el ministro de Justicia, Cúneo Libarona, prefirió el silencio y no dio declaraciones.
– El periodista y presidente del Club Social y Deportivo Bancruz, Juan Cruz Sanz
En redes sociales, Santillán respondió a las críticas asegurando que su gestión busca “modernizar un sistema quebrado” y promover la inversión privada como motor de crecimiento.
En un extenso posteo publicado en X, la diputada afirmó: “Un dirigente me contactó desesperado por la situación de su club. No solo es berreta, sino que demuestra el miedo que le tienen a las SAD y a la libertad de los clubes a elegir su propio destino. Estoy siendo objeto de operaciones, y lo único que se busca es la modernización de un sistema quebrado, que quebró la dirigencia que conduce la Liga Nacional del Fútbol Argentino”. Además, defendió la iniciativa impulsada por el gobierno, afirmando: “No hay ningún rédito personal en mi gestión, más que cumplir con el deseo de nuestro gobierno de poner a la Argentina en otro nivel, en el camino virtuoso de la inversión privada, del crecimiento de los clubes, bajo su propia elección. Es lo único que hay, y lo vamos a lograr”.
El periodista Juan Cruz Sanz también aportó detalles sobre el contexto que lo llevó a mantener diálogos con Santillán. “Asumí con la intención de buscar fondos para revivir el club, que pueda volver a ser lo que fue, y así solicité ayuda a Daniel Scioli, ya como funcionario de este gobierno. Él me derivó a Julio Garro (ex subsecretario de Deportes), con quien me contacté dos semanas antes de que Milei lo echara del cargo”, explicó el presidente del Club Bancruz, al reconstruir la previa de su contacto con Santillán.
– El comunicado de Club Social y Deportivo Bancruz, publicado ayer en X
“Cuando a Garro lo echan, sigo la conversación con Santillán, siempre en la búsqueda de encontrar sponsor para revivir al club. Sabía que ella tenía llegada en el sector y lo primero que me pide es que el club debía convertirse en SAD. Yo estoy en contra de esa idea y el club también, pero decidí seguir la corriente, como periodista, para ver qué eran capaces de hacer”, agregó Sanz, quien desde el año pasado se alejó de los medios y actualmente se desempeña como encargado de comunicaciones del Consejo Federal de Fútbol.
El dirigente también relató que tuvo una reunión con Juan Cruz Martínez, abogado de Santillán. “Hablo con la AFA y aviso que voy a seguir hablando con ella. Le seguí la corriente para que me sienten con los supuestos inversores, pero eso nunca ocurrió. Me pedían que armemos los papeles y todo el tiempo me decían no queremos nada”, detalló.
Finalmente, Sanz vinculó lo sucedido con Santillán a otros movimientos similares en el fútbol argentino. “Cuando pasa lo de Estudiantes, digo: están haciendo lo que me proponían a mí que haga con Bancruz, y por eso decido difundir el audio. Ahora debe investigar la justicia”, afirmó el presidente ejecutivo del club, que actualmente participa en la Liga de Fútbol Sur y cuenta con licencia deportiva para disputar el Torneo Regional Amateur.
A medida que el escándalo por el caso de corrupción y lavado de dinero que involucra al ministro de Transporte bonaerense, JorgeD’Onofrio, y a su entorno más cercano sigue escalando, el intendente de la municipalidad de Pilar, FedericoAchával, tomó cartas en el asunto para intentar sofocar las repercusiones en el distrito que gobierna. En ese marco, fuentes locales confirmaron al medio REALPOLITIK que el jefe comunal convocó a una reunión de urgencia con figuras clave de su gobierno para delinear una estrategia de contención.
El encuentro tuvo lugar en el restaurante “Tinto y Soda”, propiedad de CésarMansilla, un conocido operador de la región que controla medios de comunicación, bingos y casinos.
A la reunión asistieron, además de Achával, la cuestionada Claudia Pombo -expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar y figura implicada en las causas que afectan a D’Onofrio- y otros referentes del municipio.Los testigos aseguran que el tono de la discusión fue tenso y que los participantes estaban visiblemente nerviosos.
Silencio forzado y caza de filtraciones
Según los detalles recogidos por el citado medio, una de las principales preocupaciones de Achával durante la reunión fue identificar cómo la información sobre las irregularidades de D’Onofrio y Pombo había llegado a los medios nacionales. En ese marco, el intendente habría interrogado a periodistas locales sobre posibles “filtradores” y ordenado una estricta línea editorial en los medios de Pilar. “De esto no se habla, a lo sumo solo pueden referirse a la defensa de D’Onofrio”, fue una de las máximas escuchadas durante la reunión.
La maniobra también incluyó una renovada presión sobre los medios locales, que se vieron obligados a guardar silencio para no perder la pauta publicitaria oficial en un contexto de crisis económica. Este cierre de filas generó un manto de opacidad en torno al escándalo, dejando a la opinión pública sin respuestas claras sobre los avances judiciales que involucran a figuras relevantes del oficialismo provincial y municipal.
El entramado judicial y los nexos locales
El caso que compromete a D’Onofrio ya ha expuesto un presunto esquema de corrupción y lavado de dinero a través de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que incluye empresas offshore, contratos direccionados y una recaudación millonaria. Entre los principales acusados están Claudia Pombo, Mario Quattrochi -juez de Faltas bonaerense- y otros funcionarios de la cartera de Transporte.
Las conexiones entre los implicados no se limitan al ámbito provincial. En Pilar, la relación entre D’Onofrio y Pombo es un secreto a voces. La vinculación entre sus círculos íntimos también pone en la mira al intendente Achával, quien ha compartido ámbitos políticos con los ahora acusados y tiene en su gobierno funcionarios implicados en varias líneas de investigación. Esta situación complica aún más la gestión local, que enfrenta crecientes cuestionamientos.
Antecedentes oscuros y maniobras sospechosas
El avance judicial en la causa ha revelado detalles que rozan lo cinematográfico. Claudia Pombo y Mario Quattrochi, por ejemplo, crearon empresas en España, adquirieron propiedades y ostentan lujos que no condicen con sus ingresos declarados. También comparten un exclusivo bar en Málaga, “Tardeo Soho”, que ahora está bajo investigación por lavado de dinero.
Mientras las autoridades judiciales continúan realizando allanamientos y analizando movimientos migratorios y transacciones financieras de los implicados, REALPOLITIK pudo saber que la dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se encuentra reuniendo pruebas adicionales que podrían profundizar el impacto del caso, involucrando aún más actores de las gestiones Kicillof y Achával.
Para Federico Achával, el escándalo representa una amenaza directa a su liderazgo en Pilar y sus aspiraciones de competir por la gobernación bonaerense. Su estrategia de caza de brujas y control mediático busca minimizar el impacto local del caso D’Onofrio, pero también podría evidenciar cómo la corrupción en niveles provinciales tiene eco en la gestión municipal. En un contexto de crisis política y económica, las maniobras para acallar voces críticas podrían terminar siendo un boomerang para el intendente.
En una sesión extraordinaria, el HCD de Escobar aprobó la construcción de un centro comercial con bingo en la Ruta 26. Vecinos denunciaron los impactos negativos en la seguridad y el entorno local.
Coincido, y los intendentes K parece que ya eligieron: siempre van a estar del lado de la mala política, en contra de la gente, aumentando tasas y tratando de obstaculizar el exitoso proceso de baja de inflación. https://t.co/aIZWqEbg7v
