Montenegro sobre la alianza: “Hay que arrancar de raíz al populismo que está atrincherado en PBA”
El intendente de General Pueyrredon celebró la reciente alianza electoral entre el PRO y La Libertad Avanza para enfrentar al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones legislativas del 7 de septiembre.
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“El populismo peronista kirchnerista está atrincherado en la Provincia de Buenos Aires. Debemos hacerle frente y arrancarlos de raíz para que nunca más vuelvan a hacerle daño a la gente”, expresó Guillermo Montenegro tras la confirmación del acuerdo electoral.
El intendente destacó que la alianza surge desde un compromiso conjunto basado en “el respeto por el trabajo privado, la protección de los vecinos a través de las fuerzas de seguridad, y la defensa de la propiedad privada”.
El acuerdo electoral entre el PRO y LLA fue formalizado simbólicamente en el Día de la Independencia, con la presencia de importantes referentes políticos de ambos espacios, incluyendo a Cristian Ritondo, Sebastián Pareja, DiegoSantilli, Martín Menem y Karina Milei. Ritondo, presidente del bloque de diputados del PRO, señaló previamente que esta alianza representaba un paso necesario y valiente, motivado por la responsabilidad de consolidar la unidad para vencer al populismo.
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La excanciller Diana Mondino reapareció este jueves y cuestionó al presidente Javier Milei por su rol en el criptoescándalo de $LIBRA. En su primera entrevista pública desde que dejó la Cancillería —tras la votación de Argentina en la ONU que condenó el bloqueo económico a Cuba—, sostuvo: “No debería haberlo publicado” al ser consultada sobre si el Presidente debió postear el lanzamiento del memecoin.
Durante el intercambio con Mehdi Hasan (Al Jazeera English), Mondino dejó definiciones en distintos pasajes. En uno de ellos, afirmó: “Hay dos posibilidades, o no es muy inteligente o es una especie de corrupto”. Más adelante, insistió: “Así que hay dos posibilidades. O no es muy inteligente o es una suerte de corrupto. Elija usted. No sé”.
Hasan la interpeló con repreguntas sucesivas centradas en $LIBRA: “¿Cree que Javier Milei debería haber tuiteado un enlace a una criptomoneda?”. Mondino respondió: “No, no debería haber tuiteado eso”. Cuando el periodista pidió razones, ella dijo: “Creo que alguien se lo contó, pensó que era una buena idea”. Hasan enmarcó el caso como “la estafa de Javier Milei a principios de este año, en el que creo que 250 millones de dólares, desaparecieron” y remarcó luego: “Alguien ganó dinero con esto. 250 millones de dólares. Desaparecieron”. Mondino contestó: “Exactamente, exactamente” y reiteró sus dos alternativas.
Ante la frase, Hasan reaccionó: “¡Wow! Es la primera vez esta noche que dice Diana Mondino: es corrupto o estúpido”. Mondino respondió: “¡No!”. Cayó en la cuenta de su formulación e intentó redirigirla, aclarando que ofrecía opciones y no una afirmación cerrada, y agregó: “Vos elegís. Yo no lo sé”. Consultada de modo directo si Milei era “un presidente corrupto”, replicó: “Espero que no” y añadió que, si lo fuera, “algún día tendrá que ir a la cárcel”.
La exfuncionaria buscó además llevar la conversación al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, uno de los objetivos diplomáticos que promovió durante su gestión: “Déjenme decirle a la gente que ese acuerdo va a cambiar la Argentina”.
El gobernador Axel Kicillof cesanteó a veinticuatro oficiales superiores de la Policía Bonaerense tras una auditoría de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) que “constató la veracidad de las denuncias anónimas” sobre una maniobra política dentro de la fuerza. Los operativos sorpresa se realizaron el miércoles pasado en dependencias de conducción ubicadas en el Bosque de La Plata y otras delegaciones.
Entre los desafectados quedó la cúpula completa de la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas, incluido el comisario mayor responsable del área. Fuentes oficiales indicaron que “están involucrados en esta maniobra, oficiales que tenían cargos directivos en la línea de manejo de la Policía”. También fueron puestos en disponibilidad preventiva efectivos de Tres de Febrero y Exaltación de la Cruz.
El ministro de Seguridad, Javier Alonso, explicó en Radio 10 que Asuntos Internos recibió “una denuncia anónima muy completa con mucho detalle que daban cuenta de la confabulación de unos 24 policías”. El grupo habría utilizado oficinas y recursos estatales para apoyar al ex comisario Maximiliano Bondarenko, candidato de La Libertad Avanza‑PRO a diputado provincial por la estratégica Tercera Sección del Conurbano.
Según Alonso, los implicados “diseñaron una serie de medidas urgentes que dispondrán cierto nivel de intervención de la Policía y parte de esas medidas sugerían a ellos como nuevos responsables de la institución en lo que sería un golpe al comando institucional”. Las auditorías hallaron conversaciones de WhatsApp, nombres, audios, hojas con membretes de LLA, computadoras con fondos de pantalla del “León” que identifica al presidente Javier Milei y borradores de proyectos de ley sobre seguridad destinados a la Legislatura. Además, se detectó la redacción de un proyecto de reforma de la Policía en el que los involucrados se autoincluían en niveles de conducción jerárquica.
Por infringir el Decreto‑Ley 9.550 (artículo 58, inciso 10), que prohíbe la participación político‑partidaria del personal en actividad, los efectivos fueron cesanteados y puestos en disponibilidad preventiva. La cartera de Seguridad bonaerense elevó las actuaciones a la Justicia Penal para establecer si cometieron delitos.
Las medidas también suscitaron críticas de la oposición. Patricia Bullrich escribió en X: “El inútil de Kicillof cesantea a 24 policías solo porque cree que apoyan a Maximiliano Bondarenko. ¿La causa? Ninguna. Pura persecución política. No echó a los que atacaron TN. No echó a los que agredieron a Espert. Pero sí a quienes ponen el cuerpo todos los días para cuidar a los ciudadanos que viven en la provincia de Buenos Aires. Una locura total. El Gobernador toma partido: siempre a favor de los delincuentes, mientras los bonaerenses están cada vez peor”. En la misma línea, Cristian Ritondo posteó: “Kicillof desplazó a 24 policías por supuesta ‘vinculación política’. Ahora, ¿sabes qué hace para que el conurbano deje de estar tomado por los ladrones y asesinos? ABSOLUTAMENTE NADA. Rápido para perseguir policías, lento para perseguir a los delincuentes. Inutilidad y cobardía”.
Bondarenko —concejal de Florencio Varela, coordinador de LLA en ese distrito y ex candidato de Facundo Manes— fue propuesto por Karina Milei y responde políticamente a Sebastián Pareja, presidente partidario en la provincia. El sábado, anunció en redes sociales: “Es un honor anunciar que seré candidato a la lista de diputados por la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires, representando a la Libertad Avanza”. Agregó: “Estoy decidido a dar la batalla que nadie se anima a dar. Porque ya no podemos seguir mirando para otro lado mientras la inseguridad, el narcotráfico y el abandono arrasan con nuestros barrios”.
– El ministro de Seguridad de PBA, Javier Alonso
La Tercera Sección, que abarca diecinueve distritos con casi cinco millones de votantes, constituye un bastión peronista donde Kicillof apuesta gran parte de su capital político. Bondarenko competirá contra Verónica Magario, vicegobernadora y candidata de Fuerza Patria, por un escaño en la Legislatura, tras una disputa interna entre Kicillof y Máximo Kirchner que frustró la postulación de Mayra Mendoza.
Alonso advirtió que la intervención evitó “un antecedente muy complicado para la Policía Bonaerense” y recordó que el presidente Milei planteó una intervención federal tras calificar de “baño de sangre” la situación en el Conurbano. Fuentes de Seguridad señalaron que los oficiales proyectaron purgas y retiros obligatorios para quedarse al frente de áreas clave de la institución.
Si Bondarenko asume su banca el 10 de diciembre, sus vínculos con los jefes desplazados podrían quedar bajo la lupa judicial.
El brutal asesinato de Rita Mabel Suárez el jueves 15 de agosto en Villa Luzuriaga ha reavivado el intenso debate sobre la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, convirtiéndose en el nuevo epicentro de una polémica entre el gobierno nacional y el provincial del gobernador, Axel Kicillof.
El subsecretario de Medios, Javier Lanari, expresó contundentemente que “La Provincia es un baño de sangre” y acusó a la administración bonaerense de “proteger delincuentes y fomentar la violencia”. Por otro lado, Kicillof reclama que el gobierno nacional “quitó 750 mil millones de pesos de un fondo que estaba destinado a seguridad”, equivalente según él a “la compra de 10.000 patrulleros”. El gobernador habría creado un programa provincial de $170.000 millones con recursos propios para fortalecer el despliegue policial. “Sí salis, no sabes sí volvés”, declaró una vecina sobre el violento hecho.
Kicillof ha intentado despolitizar el debate, señalando que “algunos usan esto para ganar un voto y lucrar con el dolor” y criticando que “se caranchea con el dolor y se explota la angustia de la gente para sacar ventajas políticas”. Sin embargo, el funcionario reconoció la gravedad de la situación: “Asumo una responsabilidad sobre la seguridad de 17 millones de bonaerenses”.
Rita Suárez, una preceptora de 47 años y madre de dos hijos, fue asesinada a tiros mientras esperaba en su automóvil que su hija saliera de una clase de canto en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza.
Según fuentes e imágenes de cámaras de seguridad, tres delincuentes —un mayor de 19 años y dos menores— intentaron robarle el Renault Sandero Stepway. Uno de los asaltantes, sin mediar palabra, abrió fuego a corta distancia a través del vidrio del conductor. Rita recibió el disparo mientras permanecía en el vehículo.
El hijo adolescente de la víctima, de 15 años, presenció la escena. En las grabaciones se lo escucha gritar desesperado: “Mamá, no”, mientras veía cómo disparaban contra su madre a solo unos centímetros. La mujer agonizó alrededor de 20 minutos hasta que un vecino la trasladó a la clínica Cruz Celeste de San Justo, donde finalmente falleció.
El crimen se produjo apenas 24 horas después de otro atroz suceso en el mismo partido, cuando motochorros asesinaron a una joven de 23 años en González Catán. En lo que va de 2024, La Matanza contabilizó 155 homicidios, once víctimas más que en 2023. Por su parte, 128.477 robos denunciados en 2024, representando un incremento del 18% respecto a 2023, junto con un aumento del 56% en homicidios en ocasión de robo en 2023 y el aproximado de 15 robos por hora (un robo cada cinco minutos), alimentando el reclamo de vecinos y autoridades por más medidas de seguridad.
Rita Suárez era una persona conocida y querida en su comunidad: trabajadora de la educación, fanática de la banda La Renga y responsable de un emprendimiento llamado “Bordando Rock”. Su muerte, frente a su hijo adolescente, movilizó tanto a los vecinos como a las autoridades educativas de la zona.
La investigación, a cargo del fiscal Adrián Arribas de la UFI de Homicidios de La Matanza, logró un rápido esclarecimiento del caso gracias a un detalle insólito. Los delincuentes habrían pagado sus compras con billeteras virtuales. Tras cometer el crimen, los tres sospechosos compraron agua en un supermercado chino ubicado a seis cuadras del lugar del asesinato, donde Máximo José Leguizamón (17 años) pagó con una aplicación a su nombre.
Posteriormente, tomaron un remis que abonaron con otra billetera virtual perteneciente a Alex Uriel Muñoz (19 años), quien fue detenido en su domicilio de Rafael Castillo vistiendo la misma ropa del momento del crimen. En el allanamiento se secuestró una pistola Bersa calibre .380 con ocho balas en el cargador, cincuenta municiones y prendas manchadas con sangre. Un menor continúa prófugo.
El presidente del Comité Nacional de la Unión del Centro Democrático (UCede), Andrés Passamonti, afirmó en una reciente entrevista junto al periodista Eduardo Prestofelippo, más conocido como El Presto, que a casi dos años de gestión, las privatizaciones anunciadas por el gobierno están paralizadas, con ventas parciales como la de IMSA, montos modestos frente al activo estatal y prácticas que definió como “mala praxis”.
El mapa de las privatizaciones prometidas se empantana: de Transener a AySA, de Intercargo a ARSAT, los anuncios se multiplican pero los pliegos no llegan y las prórrogas se acumulan. ¿Conviene vender rápido y a cualquier precio o esperar para no regalar activos estratégicos?
“Ahora invertimos, la mejoramos, empieza a dar superávit y entonces la vendemos, no se entiende. Las otras empresas también, pero es mala praxis, mala praxis como en muchas áreas de gestión y ellos se enojan cuando uno se lo dice, pero es real”, afirmó Passamonti. “Hoy se recaudarían unos mil millones de dólares… Es estar regalando las empresas”, agrego.
La vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, cerró de manera definitiva el jardín maternal del Senado que había suspendido en octubre de 2024 por “irregularidades estructurales” que ponían “en riesgo la vida de los niños y el personal”. Lo dispuso mediante el decreto 401/25, después de que la Dirección de Obras y Mantenimiento evaluó “distintas propuestas” y concluyó “que su readecuación no resulta posible por sus condiciones de base”.
El inmueble será devuelto a la Dirección de Ayuda Social (DAS) del Congreso: “no existiendo la posibilidad de reabrir allí la guardería ni habiendo otra finalidad para el inmueble en cuestión que lo torne útil para el H. Senado, corresponde proceder a su devolución”. En paralelo, a través del decreto 394/25, Villarruel autorizó la donación de los bienes patrimoniales del jardín a otro establecimiento educativo del ámbito legislativo, tras solicitudes de la Asociación del Personal Legislativo (APL) y de la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados. Entre los elementos cedidos figuraron sillas de comer, un sube y baja caballito doble, pizarrones, mantas didácticas, mesas y sillas de caño, un minipelotero, camillas y practicunas, entre otros.
El “Jardín del Bosque” había sido inaugurado a fines de julio de 2015 por el entonces vicepresidente kirchnerista Amado Boudou —luego condenado por corrupción— junto al ministro de Educación Alberto Sileoni y los senadores Juan Manuel Abal Medina (Frente para la Victoria) y Alfredo Martínez (UCR). Durante el acto, Boudou afirmó: “La Presidenta Cristina lleva adelante la tarea de reparar un pasado horrible, construir el presente y sembrar el futuro para todos. Hoy estamos terminando esta etapa de gobierno con la sensación de que tenemos un presente juntos y también un futuro”.
Ni diez años duró el establecimiento. Entre Boudou y Villarruel transitaron las administraciones de la macrista Gabriela Michetti y de la propia Cristina Kirchner. En diciembre de 2023, antes de dejar la presidencia del Senado, Cristina Kirchner eliminó la normativa que compartía el financiamiento del jardín con Diputados; desde entonces, el gasto total recayó sobre el presupuesto de la Cámara alta.
En octubre de 2024, Villarruel decretó el cierre temporal y suspendió toda actividad. La resolución otorgó a los 72 padres de los menores que concurrían a la institución una licencia especial hasta el 31 de diciembre de 2024. Esto generó una situación singular porque en ese lote se encontraba la senadora santacruceña Natalia Gadano.
La decisión de suspender el jardín se sostuvo “en un informe elaborado por la Dirección de Obras y Mantenimiento y acompañado por las actas de inspección de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. El texto destacó que el “Jardín Del Bosque” no cumplía “con la normativa correspondiente a la Unidad Ejecutora de Escuelas Seguras, UERESGP”.
Entre las irregularidades se consignaron “déficits en el plano de instalaciones contra posibles incendios; el no cumplimiento con el Plan de Autoprotección”, además de que “el edificio es compartido y requiere independizar el funcionamiento de los diferentes usos”. Otra descripción técnica puntualizó que “el plano de instalaciones contra posibles incendios (porque no declara los usos y ocupaciones real de todo el edificio y las instalaciones contra incendio solo abarca planta baja y 1er piso)”; que no se respetaba “el Plan de autoprotección (no incluye a todo el edificio en un simulacro de evacuación ni a la totalidad de los ocupantes)”; y que era necesario “independizar el funcionamiento de los diferentes usos (también funciona un centro de capacitación de APL, Asociación del Personal Legislativo)”.
La resolución inicial encomendó a la Dirección General de Administración la elaboración de un plan de acción para subsanar las observaciones edilicias informadas respecto del inmueble afectado a la guardería y jardín materno infantil. Pese a haber prometido una solución que no llegó —según deslizó su entorno en aquel momento—, la titular del Senado terminó por dar de baja el establecimiento.
La investigación parlamentaria sobre la criptomoneda $Libra, que involucra al presidente Javier Milei en una presunta estafa millonaria, enfrenta una grave crisis política que la mantiene paralizada desde abril de 2025. La comisión creada para investigar no logró conformarse formalmente debido a un empate entre oficialismo y oposición, con 14 diputados de cada lado, lo que bloqueó la elección de autoridades y frenó el inicio de las pesquisas.
El oficialismo sostiene que el plazo de 90 días para funcionar venció el 30 de julio y exige la disolución de la comisión. Desde ese espacio político, se argumenta que no tiene sentido mantener una instancia sin resultados concretos ni avances, y que el desgaste político solo perjudica a la institucionalidad.
En cambio, la oposición denuncia una maniobra para enterrar la investigación y exige que el conteo del plazo de funcionamiento se reinicie solo cuando la comisión cuente con presidente y autoridades electas. Para ellos, esta situación evidencia una estrategia para proteger a los involucrados y evitar que se llegue a esclarecer la verdad.
Con este escenario, la oposición propuso modificaciones reglamentarias para romper el empate y poner en marcha la comisión. La iniciativa plantea que el bloque con mayor representación en Diputados pueda designar al presidente en caso de empate, además de redefinir las condiciones para la constitución del quórum y facultar al presidente para dirimir empates en votaciones futuras.
Estas modificaciones serán debatidas en un plenario el 12 de agosto, en una sesión que promete ser decisiva. Si se rechazan los cambios, la oposición ya anunció que evaluará recurrir a mecanismos más fuertes, en los que se incluye la posibilidad de iniciar un juicio político para forzar la continuidad del caso.
– “Vamos a destrabar el bloqueo con el que el oficialismo y sus aliados frenaron toda la investigación durante tres meses”
La primera versión del proyecto fijaba una composición diseñada para garantizarle mayoría a la oposición. El texto establecía que cada bloque con al menos cinco diputados obtendría un representante. Los bloques con más de cinco podrían reclamar dos. Y además, se sumaría un miembro adicional por cada veinte bancas. Con esta lógica, Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica se aseguraban controlar la comisión investigadora.
Pero esa arquitectura política se desmoronó en tiempo récord. El PRO, junto con el MID de Oscar Zago y el monobloque Somos Fueguinos, se reconfiguró como interbloque con 41 integrantes y reclamó cuatro lugares, uno más de los previstos.La Libertad Avanza hizo lo mismo al sumar al monobloque CREO, de la tucumana Paula Omodeo. Poco después, los llamados “radicales con peluca” rompieron con el armado tradicional y conformaron la Liga del Interior.
El resultado fue un escenario de empate perfecto. Catorce diputados con voluntad de avanzar en la investigación a fondo, y otros catorce sin intenciones de tocar al oficialismo. Entre los primeros estaban seis de UxP, dos de Encuentro Federal, dos de Democracia para Siempre, dos de la Coalición Cívica y dos del Frente de Izquierda. Del otro lado, se alinearon cuatro de La Libertad Avanza, cuatro del bloque PRO/MID, dos radicales orgánicos, dos de la UCR libertaria y dos de Innovación Federal. Así, todo quedó congelado.
Se trata de Lisandro Almirón, diputado nacional por Corrientes. La denuncia fue radicada ante la UFIC N.º 5. Un familiar del burócrata exige la nulidad de la venta, concretada “un día antes” del fallecimiento de la propietaria.
Sorprende que algunos no terminen de entender la herida generada por la cuarentena. Aquello mostró nítidamente a la política y los medios olvidando diferencias y dándose un abrazo corporativo protector mientras la gente sufría a sus suerte. A partir de entonces “consenso” fue… pic.twitter.com/Mt3eTxqD3V
