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Luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata revocara la medida cautelar que impedía la exploración petrolera a 300 kilómetros de la costa bonaerense, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, aseguró que acompañará el desarrollo de la industria, sólo “si significa trabajo y se minimizan los riesgos”.
Durante la ceremonia de Bendición de las Aguas, acto que suele dar inicio a la temporada de verano en Mar del Plata, Montenegro indicó que la decisión judicial permitió que “esté la información necesaria y exista un control de lo que se realiza”, en relación con la exploración petrolera en el distrito balneario.
El Gobierno permitió la aprobación de la exploración petrolera en Mar del Plata
Al referirse a la proyección de la industria en Mar del Plata a raíz de la explotación petrolera, Montenegro sostuvo: “Uno siempre piensa en la generación de empleo; pero creo que la primera parte, de exploración, no va a generar un boom“. “Pensando en que cualquier actividad tiene riesgo, pero siempre que signifique trabajo, y con cuidado, minimizando lo más posible esos riesgos, lo vamos a acompañar”, subrayó.
Montenegro indicó que ahora hay más información relacionada a las actividades de explotación petrolera en las costas de Mar del Plata. “La Cámara de Apelaciones fue muy clara en plantear que debe haber un control y que el fallo se puede retrotraer si hay alguna situación que pueda generar un daño a la naturaleza”, remarcó.
Manifestaciones de organizaciones ambientalistas en Mar del Plata
Anteriormente, el jefe comunal de Mar del Plata había afirmado que la cuestión no pasa por “estar a favor o en contra” de la exploración petrolera, sino sobre “necesitar la información clara para ver cómo puede llegar a afectar a los marplatenses”.
Es preciso mencionar que, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata levantó el pasado lunes la medida cautelar que frenaba la explotación petrolera, por lo que la Justicia autorizó la continuidad de las actividades de prospección sísmica.
El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro
En sus fundamentos, la Justicia marplatense consideró que, tanto el Gobierno nacional, como la empresa Equinor, cumplieron con los requisitos necesarios, por lo que revocó parcialmente la medida dictada meses atrás por el juez Santiago Martín, el cual se oponía al avance de la exploración petrolera.
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Con un amplio respaldo del sector deportivo y político entrerriano, avanza en el Senado provincial el tratamiento del proyecto de Ley de Mecenazgo Deportivo, que ya cuenta con media sanción de Diputados. Esta iniciativa busca facilitar el financiamiento de proyectos deportivos mediante aportes privados a cambio de beneficios fiscales, con el objetivo de fortalecer a clubes, federaciones y deportistas en toda la provincia.
La propuesta legislativa fue el eje central de un encuentro organizado en conjunto por la Secretaría General de la Gobernación y la Secretaría de Deportes, en el que participaron representantes de instituciones deportivas, legisladores y autoridades provinciales. Durante la reunión se destacó el carácter colectivo y consensuado del proyecto, así como su enfoque inclusivo y federal.
Al mismo tiempo, una nota de adhesión firmada por instituciones deportivas de diversos tamaños y localidades circuló ampliamente, demostrando un sólido respaldo al proyecto.
La voz de los clubes
La iniciativa recibió apoyo explícito de dirigentes deportivos que asistieron al encuentro, como Ariel Bello, presidente del club Ciclón del Sur del barrio Anacleto Medina, quien resaltó: “Para un club como el nuestro, esta ley representa la posibilidad de volver a competir, de terminar nuestra sede y de recibir el apoyo que tanto necesitamos para cumplir un sueño”.
En la misma línea, Adolfo Cislaghi, presidente del Paraná Rowing Club, celebró la articulación entre el sector público y privado promovida por la ley, destacando que “permitirá integrar a clubes grandes y pequeños, e incluso abrirá la puerta para pensar en un desarrollo turístico y deportivo más amplio para la ciudad y la provincia”.
Entre los clubes representados también estuvieron Tilcara, Paracao, Pescadores, Bajada Grande, Náutico Paraná y Atlético Neuquén, además de Viale FBC. Por parte del ámbito legislativo participaron los diputados provinciales José Kramer, Carolina Streitenberger y Débora Todoni, junto al director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi.
Consenso e impulso institucional
El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó el origen participativo de la propuesta: “Esta ley no surge solamente del Poder Ejecutivo ni de la Legislatura, sino del consenso amplio con deportistas, instituciones y espacios políticos de todos los colores: queremos que ayude a los clubes a desplegar todo su potencial”.
Por su parte, Sebastián Uranga, secretario de Deportes provincial, enfatizó la relevancia histórica de esta normativa, calificándola como “la herramienta más importante en generación de recursos de la historia del deporte entrerriano”, agregando que “viene a saldar una deuda pendiente con todo el sistema deportivo de la provincia”.
Finalmente, la diputada Débora Todoni, una de las impulsoras clave del proyecto, subrayó que se trata de una iniciativa “muy positiva y fruto del consenso”, afirmando que “esta ley le da al deporte entrerriano una herramienta moderna y transparente que permitirá avanzar en infraestructura y desarrollo”.
El diputado nacional Alejandro Finocchiaro calificó como una “estrategia de daño fiscal” la ofensiva parlamentaria de bloques opositores, principalmente Unión por la Patria, orientada a declarar la emergencia en pediatría y a reforzar el presupuesto de las universidades nacionales. Según el legislador, estas iniciativas apuntaron a “golpear y desestabilizar al Gobierno a través de la economía” porque comprometen partidas que el Poder Ejecutivo no previó en la Ley de Presupuesto.
En declaraciones a Radio Rivadavia, Finocchiaro argumentó que el kirchnerismo “atrae temas nobles” que despiertan consenso social —la salud de la niñez y la educación superior— para instalar una tensión fiscal que erosione la gobernabilidad. “Hace unos cuantos meses que decidieron esta táctica”, señaló, y comparó la maniobra con la campaña electoral de 2011: “Con la misma habilidad de Cristina disfrazada de viuda negra, buscan un impacto político por la vía presupuestaria”.
El debate se estructuró en dos frentes. Por un lado, las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda emitieron dictamen de mayoría para la declaración de emergencia en el Hospital Garrahan, basados en exposiciones de directivos que describieron carencias en guardias, insumos y tratamientos complejos. Por otro, la Comisión de Educación, que preside Finocchiaro, analizó proyectos para adecuar el financiamiento universitario y reconocer el reclamo salarial de los docentes.
Finocchiaro, profesor universitario de formación, admitió que “el financiamiento universitario es un tema que hay que atender”, pero advirtió que incorporar la negociación colectiva al texto legislativo “traslada una paritaria al Congreso” y con ello se “lesiona la autonomía de las partes”, contraviniendo el artículo 14 bis de la Constitución y los convenios 98 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo. A su juicio, “el Legislativo no puede suplantar a la mesa paritaria entre empleador y trabajadores”.
La semana pasada, en la última sesión ordinaria antes del receso invernal, la bancada oficialista Por Santa Cruz‑SER bloqueó por tercera vez el debate sobre el desafuero de Fernando Españón, solicitado el 7 de febrero por la diputada opositora Lorena Ponce. Con esa maniobra preservó la inmunidad del legislador pese a tres requerimientos judiciales que exigieron su disponibilidad procesal.
Transcurrieron 135 días desde el primer pedido. Españón está señalado por la Justicia porque acumula siete causas que abarcan abuso de autoridad, falsificación de documento público, malversación de caudales públicos y tres denuncias de abuso sexual bajo coerción en un vínculo laboral.
Dos de esos expedientes ya alcanzaron procesamiento y los cinco restantes permanecen en etapa de instrucción. El Código de Procedimiento Penal de Santa Cruz fija 180 días para resolver un desafuero; si el plazo expira, los procesos se archivan y la impunidad queda sellada.
EL INVENTARIO DE CAUSAS:
Expte. 13460/2019 – “Sr. Agente Fiscal s/ Requiere Instrucción”. Elevado a la Cámara Criminal el 11 de diciembre de 2022 (Oficio 1488/22).
Expte. 14538/2020 – “Juzgado Federal de Río Gallegos s/ Remite Actuaciones”. Procesamiento por abuso de autoridad (art. 248 CPA).
Expte. 16710/2021 – “Sosa, Yanina Beatriz s/ Denuncia”. Imputación por abuso sexual simple con coerción o intimidación (art. 119 CPA, ley 26.485).
Expte. 14409/2020 – “Mariscal, Carmen Elizabeth s/ Denuncia”. Imputación por abuso de autoridad (art. 248 CPA).
Expte. 14464/2020 – “Gatica, Erna Isabel s/ Denuncia”. Procesamiento como coautor de falsificación de documento público agravado (arts. 292 y 298 CPA) y abuso de autoridad (art. 248 CPA) en concurso real (art. 55 CPA).
Expte. 14626/2020 – “Aravena, Aldo Manuel y otros s/ Denuncia”. Imputación por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos; replica los cargos de falsificación del expediente 14464/2020.
Expte. 16470/2023 – “Gordillo, Analía Celeste s/ Denuncia”. Indagatoria del 13 de diciembre de 2023 por abuso sexual simple (tres hechos) con modalidad coactiva (art. 119 CPA, ley 26.485).
Los magistrados pidieron retirar los fueros para habilitar allanamientos, nuevas indagatorias y eventuales medidas coercitivas. Sin esa autorización, las siete causas permanecen a media marcha: la producción de prueba está limitada y ningún expediente puede elevarse a juicio. El art. 258 del CPP provincial ordena resolver en 180 días; de no hacerlo, las acusaciones prescriben, dejando a las víctimas sin tutela y al Estado sin herramientas de control penal.
Catorce diputados oficialistas —incluido el propio Españón— votaron en contra del desafuero: Patricia Urrutia, Alfredo Martínez, Javier Jara, Fernando Pérez, Cristina Ojeda, José Luis Quiroga, Santiago Aberastain, Mario Boffi, Fabiola Loreiro, Adriana Nieto, Pedro Luxen, Claudia Barrientos y Fabián Leguizamón. Se sumaron dos legisladores kirchneristas de Los Antiguos y Perito Moreno, completando el muro de protección.
El bloque oficialista esgrimió “tecnicismos”, “falacias jurídicas” y, en un paralelismo con el kirchnerismo, alegó que la oposición carece de autoridad moral para reclamar transparencia. La oposición replicó que existen tres oficios judiciales firmes y que el reglamento de la Cámara obliga a tratarlos sin dilaciones.
El expediente de desafuero duerme en la Comisión de Asuntos Constitucionales, dominada por el SER. La presidencia de la Cámara, a cargo de Leguizamón, jamás fijó fecha para dictamen ni para su inclusión en el orden del día.
– El Gobernador de la provincia, Carlos Vidal, junto a Españón
Desde que asumió, el gobernador Claudio Vidal protegió a Españón: lo designó jefe de bloque y vocal ante el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, en mayo lo sustituyó por Pedro Luxen, “tal vez por vergüenza”, según fuentes legislativas; la maniobra no alteró la línea de defensa. El Ejecutivo se mantuvo en silencio frente a los pedidos judiciales y habilitó —por acción u omisión— el encubrimiento parlamentario.
Si en los próximos 45 días la Legislatura no modifica su postura, las causas por abuso de autoridad, malversación, falsificación documental y abuso sexual quedarán extinguidas. El próximo período ordinario comienza en agosto; hasta entonces el reloj corre, el expediente sigue congelado y la Justicia carece de herramientas para indagar al legislador.
El Gobierno formalizó hoy su intención de apelar la medida cautelar dictada por la jueza Moira Fullana, que suspendió los efectos del Decreto 430/2025. Este decreto eliminaba el feriado del 27 de junio, Día del Trabajador del Estado, para empleados públicos alcanzados por convenios con ATE.
Manuel Adorni, vocero presidencial, cuestionó la decisión judicial y la calificó como una muestra de presión sindical. Según el portavoz, la magistrada cometió “errores técnicos” al evaluar la norma y cedió a reclamos gremiales que buscan conservar privilegios históricos.
El fallo de la jueza Fullana protege exclusivamente a los afiliados de ATE. La magistrada argumentó que la eliminación del asueto podría vulnerar derechos laborales colectivos reconocidos en la Ley 26.876, y consideró urgente frenar la aplicación del decreto para no perjudicar a los trabajadores.
Desde ATE celebraron la medida cautelar como un triunfo para la defensa de sus derechos. Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, calificó el decreto como un acto despótico y anticipó que mantendrán todas las vías legales abiertas para sostener el feriado del 27 de junio.
El Ejecutivo fundamenta la eliminación del feriado en la necesidad de recortar beneficios de una “casta sindical” y avanzar hacia una gestión más eficiente de la administración pública. En el discurso oficial, se subraya que Argentina ya cuenta con más de 19 feriados anuales y que sumar otro exclusivo para los estatales resulta injustificado.
La causa continuará en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y podría llegar a la Corte Suprema si se mantiene la controversia. Desde el Gobierno anticiparon que la apelación se presentará de inmediato para evitar la reinstalación automática del asueto.
En el sindicato sostienen que la ley vigente otorga rango de feriado al 27 de junio y que su modificación mediante un decreto vulnera derechos adquiridos. Por eso advirtieron que recurrirán incluso a instancias internacionales si se persiste en su eliminación.
Este conflicto se enmarca en un plan más amplio de reformas impulsadas por el Gobierno, que incluyen la revisión de otros feriados especiales y la modernización de convenios colectivos. La intención oficial es reconfigurar las condiciones laborales en el sector público para reducir el gasto estatal.
Roberto Fiochi, expresidente del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), presentó su renuncia alegando “motivos personales”, tras apenas siete meses en el cargo. Su gestión estuvo marcada por un severo deterioro financiero de la obra social, que acumula una deuda millonaria y crece a un ritmo alarmante.
Fiochi se convirtió así en el tercer presidente del IOSFA en apenas 15 meses de gobierno de Javier Milei. Su antecesor, Oscar Sagás, había sido el primero en asumir durante la gestión de La Libertad Avanza (LLA), pero también renunció en medio de controversias.
Para reemplazar a Fiochi, el ministro de Defensa, Luis Petri, designó a la contadora Betina Surballe, quien se desempeñaba como presidenta del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Durante su gestión en el IAF, Surballe logró resultados destacados, como crecimiento del 87% en la cartera de inversiones, incremento del 98% en préstamos personales, reducción del 26% en el costo laboral y disminución del 50% en el gasto operativo.
– Betina Surballe asume como presidenta del IOSFA, en medio de una deuda que supera los $160.000 millones
Según fuentes de efectivos militares, la deuda actual de la obra social de las fuerzas armadas, oscila entre los $120.000 millones reconocidos oficialmente por el Ministerio de Defensa. Más preocupante aún, esta deuda crece a un ritmo de $15.000 a $19.000 millones mensuales.
Para dimensionar la magnitud de la crisis, es importante recordar que en diciembre de 2023, cuando Luis Petri asumió en el cargo, el IOSFA tenía “reservas positivas superiores a 25.000 millones de pesos” y “prestaciones en funcionamiento, sin cortes significativos”.En apenas 17 meses, la obra social pasó de tener un balance positivo a acumular una deuda que supera los $160.000 millones.
El general de brigada retirado José Luis Figueroa, presidente del Foro de Generales Retirados, calificó la situación como “crítica y desesperante”, producto de “la ineptitud y falta de gestión de las autoridades designadas por el ministro Luis Petri”.
Con aproximadamente 600.000 afiliados, IOSFA es la tercera obra social más grande del país, después del PAMI y del IOMA de la provincia de Buenos Aires. Brinda cobertura médica y asistencial a todo el personal de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) y de Seguridad (Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina), además de sus familias.
Las principales causas del déficit es la deuda que el Estado Nacional mantiene con la obra social por “aportes y contribuciones patronales” no liquidados, lo que impacta negativamente en el pago a proveedores. El 92% de los ingresos del IOSFA se destinan al pago de prestaciones, sin recibir aportes extraordinarios del Tesoro Nacional. Esta estructura hace que cualquier incremento en los costos médicos genere un déficit inmediato.
El cambio de gobierno trajo consigo un “sinceramiento” de precios que disparó los costos en medicamentos y servicios médicos, agravando la situación financiera, que arrastra problemas como la falta de auditorías, escasez de contribuciones patronales adecuadas por parte de las propias fuerzas, y una estructura administrativa ineficiente. Prestadores han rescindido contratos por falta de pago, las farmacias de IOSFA enfrentan problemas de stock por deudas con proveedores, incluso los afiliados esperan meses para recibir reintegros de gastos médicos.
El dirigente de Escobar y funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, Walter Klix, advirtió que el Consejo Escolar local aprobó obras de infraestructura sin los permisos exigidos, realizó compras mediante procedimientos irregulares y consintió “abusos de poder”, mientras dos establecimientos de Maquinista Savio permanecieron dos meses sin suministro de gas. La comunidad educativa denunció en redes sociales que “Los están haciendo entrar a las 10 hs para que los chicos no pierdan más días de clases”, sin que las autoridades ofrecieran respuestas.
Klix difundió un video para contextualizar la denuncia: “Estoy haciendo este vídeo como vecino de Escobar para contarles una preocupante situación que se está atravesando en el distrito de Escobar en el Consejo Escolar y sobre el derecho de los chicos a estudiar y acudir a la escuela en un ambiente seguro”. Explicó que “hace semanas venimos acudiendo con mi equipo a las sesiones del Consejo Escolar para interiorizarnos de la situación y para acompañar y eventualmente profundizar proyectos que acompañen a los chicos a estar más seguros y a poder estudiar de una mejor manera”.
Klix puntualizó que recibió “denuncias de obras adjudicadas sin permiso, compras irregulares y abuso de poder” y que, para documentar cada caso, solicitó las actas oficiales por correo electrónico a la casilla institucional del Consejo. Ante la falta de respuesta, volvió a requerir la documentación por mesa de entrada: “Cuando hicimos la misma solicitud por mesa de entrada dilataron la situación, algo que hace dudar sobre la transparencia de lo mismo”. Mientras tanto, advirtió, “la plata de los chicos se estaría malgastando o desapareciendo”. Y subrayó: “La plata de la educación no se toca”.
Aunque las reuniones son públicas —“Estas sesiones por ley son abiertas y cualquier vecino puede participar de ellas”— el dirigente aseguró que “se nos negó la entrada a la siguiente sesión del Consejo Escolar, algo que fue totalmente irregular porque para que pase eso debería votarse por mayoría”.
Entre las anomalías enumeró la “contratación de empresas para llevar adelante obras de infraestructura sin los permisos correspondientes”, “compras en procesos irregulares” y “demoliciones en jardines de infantes sin permiso”. Agregó que “mientras tanto pasan este tipo de irregularidades que el municipio al día de hoy todavía no pudo explicar” y expuso que “caen denuncias de firmas de contratos irregulares y se hacen pagos que después el municipio no puede justificar porque los hizo”.
“Aquí hay escuelas que dependen del clima para poder dar clases”, enfatizó el dirigente de Escobar. “Los chicos en jardines de infantes o en escuelas secundarias o primarias no tienen los avances en las obras necesarias para poder llevar adelante una educación de calidad”, señaló, y advirtió que la situación demanda una solución integral y urgente.
El organismo, ubicado sobre la calle Independencia, acumula reclamos por la ausencia de condiciones básicas en los edificios escolares del partido. En ese contexto, adelantó que va a “solicitar las actas pero también se las voy a pedir al Ministerio de Educación de la provincia” y se comprometió a mantener informada a la comunidad.
“Por supuesto vamos a pelear con mi equipo para que haya transparencia. Transparencia que hace rato el municipio de Escobar le debe a todos los vecinos del distrito. No vamos a permitir que jueguen con la educación, con la seguridad y con el futuro de nuestros chicos”, concluyó el funcionario, quien reiteró que continuará investigando hasta garantizar el uso correcto de los recursos y la normalidad en las escuelas del distrito.
Con una alícuota de II.BB que escalará a casi el 20%, Mercado Libre pasará a retener el tributo y emplazará a miles de pymes cordobesas ante los costos de venta más altos del país.
No tiene sentido lo que dice el Gobernador. El ingreso del sistema financiero son los intereses de los préstamos que pagan los que toman crédito. Al aumentar IIBB sobre los intereses, sube el costo del sistema productivo que es el que dice defender. https://t.co/JU7ZMccZtm
