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El Gobierno nacional abrió el debate sobre el manejo de los planes sociales y terminó generando internas que definen el futuro del Frente de Todos (FdT). En medio de ello, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, emitió su opinión y dejó en claro: “No estoy de acuerdo con los subsidios a cambio de nada”.
De esta forma, el jefe comunal sentenció su postura de que se lo otorgue a cambio de una contraprestación. Ahora bien, también añadió que resulta sumamente necesario que sean transitorios “pensando en una incorporación del beneficiario al mercado de trabajo”.
Montenegro dejó en claro que deben realizarse prestaciones transitorias, para que a futuro esas personas ingresen al mercado laboral
Por otra parte, Montenegro insistió en que, lo relevante es la coordinación entre los actores involucrados para definir “el tipo de trabajo que se tiene que hacer”, donde destacó acciones sociocomunitarias como el cuidado de plazas y la limpieza de microbasurales.
“El plan tiene que ser transitorio, no se puede generar que sean definitivos y siempre con una capacitación para poder insertar al beneficiario en el mundo laboral”, sentenció. Y agregó: “El trabajo es la verdadera integración”.
Entre muchas temáticas, Montenegro resaltó la caída de la desocupación al 5,8 por ciento durante el primer trimestre de 2022, la cifra más baja desde que el INDEC inició las mediciones en la ciudad en 1995. En ese sentido, destacó que el secreto estuvo en mantener “tasas muy bajas” para ayudar al sector privado.
Ya finalizando el diálogo con la prensa, evitó referirse acerca de su lugar en el 2023, más allá de que el radiopasillo lo mantiene como posible candidato a la reelección para el 2023, amén de ser uno de los pocos mandatarios locales de la provincia de Buenos Aires que mantiene la calma y unidad de la coalición de Juntos.
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El Gobierno anunció que dará de baja la jubilación presidencial a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la pensión por Néstor Kirchner. La confirmación de la eliminación del beneficio la hizo el vocero Manuel Adorni este jueves en Casa Rosada, tras confirmarse la condena de seis años contra la exmandataria en la causa Vialidad.
“Frente a la reciente confirmación por la Cámara de Casación Penal de la condena a Cristina Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, el gobierno del presidente Milei, a través del Ministerio de Capital Humano, resolvió dar de baja los beneficios de privilegio que la expresidente venía percibiendo, tanto la asignación personal como la derivada por pensión” expresó Adorni.
Según explicó el funcionario, “la baja dispuesta por resolución de la ANSES no constituye una sanción accesoria a la condena penal que le fuera impuesta por la justicia, sino una necesaria consecuencia por la indignidad que implica haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
De acuerdo a la resolución del Gobierno, “el beneficio previsto por la Ley N° 24.018 para expresidentes y ex vicepresidentes de la Nación, es una asignación graciable, sin carácter previsional, que se otorga como contraprestación al honor, mérito y el buen desempeño del cargo”.
Adorni indicó que se le quita “tanto la personal como la derivada por pensión” por el fallecido Néstor Kirchner y que esto significa “un ahorro de 21 millones 827 mil pesos”.
Causa Vialidad: la Justicia confirmó la condena a Cristina Kirchner a seis años de cárcel por corrupción
La Cámara de Casación confirmó la condena a Cristina Kirchner a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos por corrupción en la Causa Vialidad. La expresidenta ahora apelará la decisión en la Corte Suprema de Justicia con un recurso extraordinario.
La lectura del veredicto ocurrió unos minutos después de las 11, en Comodoro Py. Mientras esto ocurría, la expresidenta participaba de una actividad con mujeres en Moreno.
Frente a este escenario, tanto el PRO y LLA están a favor de la Ley de Ficha Limpia, para que personas con condenas penales por delitos dolosos graves no puedan ser candidatas a cargos electivos nacionales. Para el partido amarillo es una “bandera histórica del espacio”, mientras que el oficialismo también piensa en la resolución de otros proyectos antes de que termine el período de sesiones ordinarias en el Congreso.
La Cámara de Casación Penal de Entre Ríos ordenó este martes la “inmediata detención” del exgobernador Sergio Urribarri por la causa en la que fue condenado en 2022 a ocho años de prisión e inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos. Lo dispuesto por la justicia provincial es una prisión preventiva ya que la condena todavía no está firme.
Asimismo, se dispuso y se concretó, la orden de detención para Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarrique también fue condenado en la causa.
El ex mandatario entrerriano fue detenido en horas del mediodía en su vivienda de la ciudad de Concordia y trasladado a la Jefatura Departamental a la espera de ser trasladado a la cárcel de Paraná.
La orden de detención de Urribarri fue dispuesta esta mañana y comunicada por la presidenta de la Cámara de Casación provincial, Marcela Davite, al jefe de la Policía de Entre Ríos, con la instrucción de que una vez detenido, Urribarri fuera “alojado” en la Unidad Penal 1, de Paraná.
La detención se ordenó en el marco de la causa en la que la justicia entrerriana consideró probado que Urribarri dispuso en forma ilegal de fondos públicos para financiar sus campañas electorales; entre otras maniobras, a través de contratos de imprenta y publicidad.
La fiscalía ya había pedido la detención del exgobernador, pero hasta ahora su planteo había sido rechazado. Esta mañana, finalmente, se ordenó la prisión preventiva “hasta que la sentencia condenatoria recaída en autos adquiera firmeza”.
Urribarri, no obstante, tiene la posibilidad de apelar esta prisión preventiva ante el Superior Tribunal de Entre Ríos, que podría revocar lo ordenado y disponer que Urribarri espere en libertad la definición de la Corte Suprema.
El argumento central del fallo de la Casación provincial de hoy fue el peligro de fuga. La Cámara entendió que cambiaron las circunstancias porque ahora Urribarri tiene una condena confirmada. Y eso se suma a la posibilidad de escapar que le dan sus “importantes vínculos”, según el voto de la jueza Marcela Davite, al que adhirieron las otras dos juezas que firmaron el fallo de hoy, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo.
Las juezas recordaron que en la causa se probó que, como “la máxima autoridad del Poder Ejecutivo”, Urribarri y sus coimputados actuaron “en total impunidad durante ocho años”, recurrieron a “testaferros”, “destinaron el dinero público a fines personales, se sirvieron del aparato estatal y de las facultades legales y constitucionalmente asignadas, y también de las relaciones que entablaron durante el ejercicio de la función pública”.
ASÍ TRASLADABAN AL EX GOBERNADOR K
La Cámara de Casación Penal de Paraná dictó la prisión preventiva de Sergio Daniel Urribarri y, en ese marco, el ex gobernador justicialista y exembajador en Israel fue trasladado desde su casa ubicada sobre calle Néstor Garat al 200 de Concordia hacia la Unidad Penal Nº1 de Paraná.
Periodistas locales registraron en imágenes la caravana de vehículos que transportó al dirigente hasta la cárcel de la capital entrerriana para que cumpla con la condena a ocho años por cinco causas de corrupción.
En el primer aniversario del gobierno de La Libertad Avanza, la vicepresidente Victoria Villarruel compartió en sus redes sociales un video que resume su gestión en el Senado. Con apenas una breve mención al presidente Javier Milei, la publicación evidencia la tensa relación entre ambos. “Un año muy intenso de trabajo, construyendo consensos en el Senado, recorriendo las provincias, afianzando el federalismo y trabajando por una Argentina mejor. ¡Todo por Argentina!”, escribió Villarruel junto al audiovisual que destaca momentos clave de su labor.
El video, de poco más de dos minutos, incluye un repaso de actividades como el retiro del busto de Néstor Kirchner del Salón de las Provincias, una decisión que justificó afirmando: “Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente, no soy su viuda y aquí tiene que haber igualdad de todos los espacios”. También recordó su papel crucial en la aprobación de la Ley Bases, cuando tuvo que desempatar en el Senado, declarando: “Mi voto es positivo, pensando en los argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos”.
La relación entre Villarruel y Milei, que mostró daños desde el inicio de la gestión, se tensó aún más con decisiones como la designación de Patricia Bullrich en el Ministerio de Justicia y Luis Petri en Defensa, áreas que Villarruel consideraba propias. A lo largo del año, también protagonizó episodios polémicos como un conflicto diplomático con Francia, su ausencia en la firma del Pacto de Mayo, y una visita a España en la que se fotografió junto a Isabel Perón, lo que generó malestar en el Ejecutivo.
En una entrevista reciente, Milei fue contundente al referirse a la vicepresidente. Señaló que Villarruel “no tiene injerencia en la toma de decisiones” y que su diálogo con ella es “meramente institucional”. Además, la vinculó al “círculo rojo” y la inclusión en lo que denomina “la casta”. Villarruel, por su parte, continúa marcando un camino independiente dentro del Gobierno, con protagonismo propio y lejos del liderazgo de su compañero de fórmula.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, intervino el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) mediante el Decreto N° 3675, en respuesta a un déficit mensual cercano a los $2.000 millones y denuncias de graves irregularidades administrativas. La decisión pone fin a la gestión sindical que había administrado la obra social desde hace más de dos décadas.
Al frente del proceso se designó al abogado Mariano Gallegos, exvicepresidente de la obra social de la Ciudad de Buenos Aires, como interventor, y a la doctora Marina Alegre como subinterventora. La intervención tendrá una duración de seis meses e incluirá una auditoría integral en los aspectos financieros, administrativos y contables del organismo, en colaboración con la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Según fuentes oficiales, estas universidades fueron seleccionadas por su independencia y trayectoria académica.
El IOSPER, que presta servicios a funcionarios y empleados estatales, provinciales y municipales de Entre Ríos, cuenta con casi 300.000 afiliados y es financiado por un aporte del 3% de los haberes de los trabajadores. Sin embargo, la administración de Fernando Cañete, quien renunció un día antes del anuncio oficial, dejó un panorama crítico: un déficit acumulado de $20.000 millones, retrasos de hasta cuatro meses en pagos de prestaciones por discapacidad y una acumulación de gastos judiciales que, solo en septiembre, alcanzaron los $868 millones.
Los informes de la Comisión Fiscalizadora Permanente revelaron que el Directorio omitía rendir contrataciones directas y las incorporaciones de personal, además de presentar informes financieros fuera de término. El Tribunal de Cuentas provincial inició nueve juicios contra las autoridades por mala rendición de cuentas y pagos irregulares a prestadores. Entre las irregularidades detectadas se encuentran pagos duplicados a prestadores, falta de licitaciones públicas y omisión de controles sobre los gastos operativos, lo que generó un clima de desconfianza entre los afiliados y los proveedores de servicios.
Además, se detectaron casos de abuso en las contrataciones de servicios tercerizados, con montos muy por encima de los valores de mercado. Estas prácticas, sumadas a la falta de controles internos, profundizaron la crisis financiera y dañaron la credibilidad de la obra social ante sus afiliados.
En un discurso pronunciado tras la intervención, Frigerio destacó la necesidad de “poner luz donde había oscuridad”. Según el gobernador, la medida responde al impacto del déficit del IOSPER sobre toda la población, dado que el Tesoro provincial debía cubrir las pérdidas del organismo. También denunció “obstaculizaciones sistemáticas” al trabajo de los órganos de control.
“Venimos a poner orden donde había desorden y a garantizar servicios de calidad para los entrerrianos vinculados con el sector público”, afirmó Frigerio. El mandatario también enfatizó la necesidad de trabajar junto a los sindicatos para garantizar la transparencia y mejorar las prestaciones. En su mensaje, resaltó que la intervención no busca enfrentarse con las organizaciones gremiales, sino colaborar con ellas para construir un sistema más eficiente y justo.
La intervención también incluye un paquete de medidas urgentes, como la renegociación de contratos con prestadores médicos, la revisión de acuerdos salariales internos y la implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real para los ingresos y egresos del organismo. Estas acciones están diseñadas para frenar el aumento del déficit y evitar nuevos casos de irregularidades administrativas.
– De izquierda a derecha: Mariano Gallegos, Manuel Troncoso, Rogelio Frigerio y Mariana Alegre
La administración sindical del IOSPER se estableció a fines de los 90 bajo el gobierno de Jorge Busti, quien devolvió el control del organismo a los afiliados. Sin embargo, la situación financiera y organizativa ha llevado a sucesivas intervenciones, incluyendo una en 2005. Durante la gestión anterior,de Gustavo Bordet, se aumentaron los aportes patronales al 6%, pero esto no logró revertir los problemas estructurales.
El equipo de intervención ya comenzó a implementar auditorías y medidas correctivas. Gallegos destacó la importancia de ordenar las finanzas y garantizar la cobertura médica, particularmente en áreas sensibles como discapacidad y prótesis. “Vamos a transparentar el IOSPER para que vuelva a ser una herramienta al servicio de los trabajadores”, aseguró.
– Isaías Fernando Cañete, exdirector del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos
Con esta intervención, el Gobierno provincial busca revertir años de gestiones cuestionadas y sentar las bases para un manejo eficiente y transparente de la obra social más grande de Entre Ríos. Entre los objetivos planteados para los próximos meses, se incluye la implementación de un nuevo modelo de gestión basado en principios de austeridad y eficiencia. Además, se espera que los resultados de la auditoría integral permitan identificar responsables y aplicar sanciones, si corresponde.
Mientras tanto, los afiliados esperan que las mejoras prometidas se traduzcan en un acceso más ágil y eficiente a los servicios médicos, así como en la reducción de los tiempos de espera para tratamientos esenciales. El desafío para el gobierno de Frigerio será equilibrar las expectativas inmediatas con la necesidad de reformas profundas y sostenibles.
Luego de casi un año de desencuentros políticos, el armado de Javier Milei en la Ciudad de Buenos Aires sufrió su primera ruptura concreta. Por el enfrentamiento con Karina Milei, el legislador libertario Eugenio Casielles (y co-fundador del espacio) lanzó su propio espacio por fuera de La Libertad Avanza.
Durante la tarde de este viernes, se concretó un movimiento que se venía insinuando desde hace meses: la fractura formal del espacio libertario en el bastión del PRO, donde Mauricio Macri resiste cualquier tipo de fusión con LLA para las legislativas 2025. Con un acto en el teatro Regina, en el que reunió a más de 500 personas, el legislador porteño formalizó su salida del espacio que controla “El Jefe” desde la Casa Rosada.
El nombre elegido para la agrupación por Casielles es Transformación, una denominación con la que busca sugerir una búsqueda más allá del ámbito de la Ciudad. La salida del referente, que muy probablemente tenga su correlato en la Legislatura, es significativa. Junto a Ramiro Marra, otro que cayó en desgracia ante la hermana presidencial, fueron claves en la instalación de la marca libertaria en la Ciudad. Hasta el triunfo nacional de Milei, el dúo oficiaba como referente del espacio en el enclave porteño.
EL PROBLEMA DE SIEMPRE: KARINA MILEI
La estrategia sobre quiénes y cómo debían manejar la versión metropolitana de LLA ahondó las diferencias con la Casa Rosada, en momentos en los que la secretaria general de la Presidencia se transformó en la armadora todopoderosa del partido nacional y sus versiones distritales o provinciales. En el entorno de Casielles aseguran que desde hace dos años que no se comunica con Karina Milei, una distancia que se expresó en la puja sobre el ordenamiento interno de la Legislatura porteña.
En junio de este año, el bloque de LLA quedó envuelto en una controversia cuando Pilar Ramírez (ex funcionaria kirchnerista), una persona de extrema confianza de Karina Milei, desconoció la titularidad de Marra y se proclamó presidenta del bloque de ese espacio. De ahí en adelante, no hubo vuelta atrás en la relación entre el ahora legislador disidente y la hermana del mandatario.
PREVISIBILIDAD POLÍTICA ES DESARROLLO PARA TODOSMe sumé a la política para aportar caras nuevas y fortalecer la democracia. Hoy vemos referentes que no quieren voces distintas y que exigen de nuevo obediencia debida.La política no se trata de quien grite ni aplauda más… pic.twitter.com/PM2lpZR7Ak
Casielles se aleja del partido con fuertes críticas: “Este espacio hoy se llenó de aplaudidores, obsecuentes, las mismas caras que gobernaron las últimas décadas y las mismas prácticas mesiánicas que nos hicieron fracasar una y otra vez”, dijo.
“TRANSFORMACIÓN” EL NUEVO ESPACIO DE CASIELLES
Gente cercana al legislador explicaron que el nuevo espacio “Transformación” apuesta a marcar su distancia “de las prácticas que han caracterizado a los últimos gobiernos y también al actual”.
“Hoy vemos referentes que no quieren voces distintas y que exigen de nuevo obediencia debida. La política no se trata de quién grite ni aplauda más fuerte, sino de alcanzar consensos y potenciar las diferencias, porque ese siempre fue el motor para lograr las mejores ideas. Ni la democracia ni la política deben ser un club de amigos”, había publicado esta semana en las redes sociales.
En un anuncio que marca el fin de un capítulo controvertido en la historia política, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este lunes el cierre definitivo de la planta ex Ciccone Calcográfica, situada en Don Torcuato. La emblemática imprenta, estatizada en 2012 tras un caso de corrupción que derivó en la condena del exvicepresidente Amado Boudou, será subastada en los próximos meses.
“La ex Ciccone ya no es necesaria en manos estatales. Su cierre ahorrará al país 5.040 millones de pesos anuales”, destacó Caputo en su cuenta oficial de la red social X. La decisión incluye la desvinculación de los 270 empleados que trabajaban en la planta, quienes han sido “dispensados” hasta que se definan políticas de reubicación o acuerdos individuales.
– Caputo hizo el anuncio desde Brasil, acompañando al Presidente en la cumbre del G20
El cierre fue acompañado por un operativo que incluye el retiro de maquinaria y el desalojo del inmueble, que cuenta con una bóveda utilizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para almacenar billetes próximos a ser destruidos. Según Caputo, algunas máquinas serán reutilizadas:
Equipos para la fabricación de chapas patente se trasladarán a depósitos en Retiro.
Tres máquinas de calcografía serán utilizadas para la producción de pasaportes.
Las máquinas importadas para la producción de billetes serán retiradas y redistribuidas.
El ministro aclaró que la planta había dejado de operar el 31 de octubre, cuando el BCRA rescindió el contrato para la producción de billetes a nivel estatal.
Aunque el Gobierno asegura que buscará reubicar a algunos de los trabajadores en la administración pública, no se ha especificado cuántos podrán mantener sus empleos. “Nadie volverá a la planta de la ex Ciccone”, confirmaron fuentes oficiales. El cierre definitivo también simboliza un cambio en la estrategia estatal: Argentina ya no producirá billetes localmente y optará por proveedores internacionales.
“El cierre de la ex Ciccone pone fin a uno de los grandes emblemas de la corrupción kirchnerista”, afirmó Manuel Adorni, vocero presidencial.
El escándalo de la ex Ciccone
El cierre de la planta marca el epílogo de un caso que sacudió al país en 2012, cuando se destaparon irregularidades en la compra de Ciccone Calcográfica por parte de testaferros vinculados a Amado Boudou, entonces vicepresidente. La denuncia inicial fue realizada por Laura Muñoz, expareja de Alejandro Vandenbroele, quien actuó como intermediario en la operación a través de la firma The Old Fund.
El escándalo llevó al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a expropiar la empresa en agosto de 2012. Sin embargo, las investigaciones continuaron, y en 2018, Boudou fue condenado por el Tribunal Oral Federal 4 a cinco años y diez meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.
El cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por LLA, David Adrián Martínez, fue denunciado por abuso sexual, manipulación y extorsión con falsas promesas laborales.
¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando que nos maten? Estamos hartos. En lugar de preocuparse por lo que decimos y mandar al caradura de @M_Saredi a mentir con estadísticas que no le importan a nadie, hagan algo de una vez, @FerEspinozaOK, @Kicillofok. Hace 40 años que gobiernan… https://t.co/vSkAo96VJG
