Mientras CFK diseñaba el nuevo Gabinete, ¿Alberto estaba componiendo canciones con Santaolalla?
Esta insólita información fue confirmada por el periodista Horacio Verbitsky quien también acusó a Alberto de "mantener" a Santaolalla en la Quinta de Olivos.
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Aún varios días después el país se sigue acomodando a las nuevas designaciones que se dieron la semana pasada en importantes ministerios, sobre todo en el de Economía. No obstante, al parecer las preocupaciones disminuyeron en la Quinta de Olivos, dado que el Presidente se reunió con el compositor Santalaolla para darle inicio a un disco.
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Así lo confirmó Verbitsby en su portal de noticias El Cohete a la Luna, en donde además de analizar las recientes designaciones, chicaneó a Alberto con su hobbie. Ahora con el poco poder que conservaba brindado a CFK, Alberto “tendrá más tiempo para dedicarle al arreglo de sus nuevas canciones que en largas madrugadas está realizando con Gustavo Santaolalla, alojado en la quinta de los Olivos”.
Esta noticia llegó a la Presidencia y fue Cerruti la encargada de brindar respuestas. Si bien la vocera presidencial se encargó de desmentir el último punto mencionado por Horacio, no cuestionó ni hizo mención a que Alberto esté dedicándose a la música para mitigar su dolor.
“Es un disparate. Gustavo Santaolalla nunca se alojó en la residencia de Olivos”, dictaminó Gabriela Cerruti en respuesta a la supuesta “instalación” en la Quinta de Olivos por parte del cantautor.
NoticiaFalsa | Gustavo Santaolalla nunca se alojó en la residencia de Olivos. Honra al presidente @alferdez con su amistad, pero hasta donde se, está realizando una gira en Europa y consecuentemente muy lejos de nuestro país.
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Ante la Oficina Anticorrupción, el diputado nacional Máximo Kirchner declaró una fortuna de $8.311.567.011,23, cuando en el período fiscal anterior había consignado $4.719 millones. El incremento fue cercano al 76% en un año. No incorporó nuevas propiedades ni más dólares: mantuvo los mismos bienes muebles e inmuebles, y la variación respondió a la cotización de la divisa estadounidense y al aumento de la valuación de sus propiedades.
Detalló una tenencia de US$2.905.572, la misma cantidad que en el período fiscal previo. Al tipo de cambio oficial declaró $2.929.834.061,34, cifra que representó gran parte de los más de $8.300 millones que, al 31 de diciembre de 2024, poseyó.
El patrimonio incluyó 27 propiedades, de las cuales solo dos fueron adquiridas con recursos propios. Las valuó en $2.349.841.381,8. En la declaración anterior había consignado el mismo listado —casas, departamentos, terrenos (mayoritariamente en El Calafate) y un local comercial— por $1.190.524.306,16. Esos inmuebles provinieron de la sucesión del ex presidente Néstor Kirchner y de la donación en vida realizada por Cristina Kirchner.
Las acciones de las empresas familiares también mostraron un salto significativo. Los Sauces SA, inmobiliaria investigada por lavado de dinero que llegó a tener como principales inquilinos a Lázaro Báez y Cristóbal López, fue declarada por Máximo Kirchner en $1.507.421.976,50. Poseyó el 55% del paquete accionario. En el período anterior la valuó en $719.847.540,50. Hotesur SA, dueña del hotel Alto Calafate y también bajo investigación por maniobras de blanqueo, fue valuada en $1.086.116.594,00. El diputado declaró el 50% de sus acciones. En la declaración anterior figuró en $405.366.129,56. La tercera firma, Co.Ma. SA, nunca realizó actividades y solo cuenta con un terreno baldío en El Calafate; fue valuada en $93.354.
Declaró además deudas por $86.963.957,66, con acreencias a favor de Hotesur SA, Los Sauces SA, el Condominio Máximo Kirchner y Florencia Kirchner que administra las propiedades heredadas, y con el ARCA. Como ingresos por trabajo, alquileres y otras rentas netos de gastos, expresó $67.018.272,22. También registró dos vehículos obtenidos con ingresos propios por más de $18,5 millones.
Mientras se conoció el patrimonio de Máximo Kirchner, en el marco de la causa Vialidad la ex presidenta Cristina Kirchner fue intimada a depositar, de forma solidaria con los demás condenados, US$537 millones en concepto de decomiso. El Tribunal Oral Federal 2 indicó que esa cifra representó “gravísimos hechos de corrupción”. Si el 13 de agosto no se deposita el monto consignado, la Justicia procederá a la ejecución de bienes embargados.
El fiscal general Diego Luciani presentó un listado con todas las propiedades declaradas por Máximo Kirchner al considerar que se trató del mismo acervo patrimonial. En marzo de 2016, la ex mandataria hizo una cesión en partes iguales de su patrimonio a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Para entonces ascendía a $74 millones. Desde entonces solo conservó el usufructo de un conjunto de propiedades: el departamento de Uruguay y Juncal, el de San José 1111 donde cumple arresto domiciliario, la residencia de Río Gallegos y la de El Calafate.
Su última declaración patrimonial ante la OA, correspondiente a su último año como vicepresidenta, expuso una fortuna de $250 millones. Entre sus bienes consignó tener un auto 0 km, el usufructo del departamento del barrio de Recoleta y de un terreno en la villa turística santacruceña, además de acciones de Mercado Libre y Apple, entre otras.
La exsecretaria general de UTHGRA y actual concejal de Mar del Plata, Mercedes Morro, se encuentra en el centro de la polémica tras una denuncia que la señala por haber utilizado fondos del sindicato para comprar un departamento. El caso tomó mayor notoriedad luego de una tensa entrevista con el periodista Eduardo Prestofelippo, conocido como El Presto. Lo que pretendía ser un derecho a réplica, se convirtió en más de 30 minutos donde Morro mostró contradicciones constantes y evasivas ante preguntas directas.
“Si me equivoqué, me equivoqué. No me quedé con la plata. Si tengo que ir presa, iré presa”, afirmó Morro, admitiendo a su vez haber metido a familiares con ayuda de sus funciones, pero intentó torpemente defender que “todos trabajaron y cumplieron horario como cualquiera”.
La exsecretaria general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos en Mar del Plata, de 78 años, con un mandato en el Concejo que finaliza en diciembre de 2025 y sin posibilidad de reelección, enfrenta una denuncia penal por presunta malversación de fondos sindicales utilizados para la compra de un departamento a su nombre propio.
“Yo compré un pozo de departamento. Lo pagué durante unos años, pero lo tuve que vender porque no podía seguir pagando la cuota”. subrayó Morro, enfatizando que a UTHGRA “se le devolvía el dinero después”. Sin embargo, se negó a dar detalles sobre los documentos que acrediten dichas devoluciones.
En ese momento, la dirigente deslizó una confusa nueva versión en la que veía como posible que “en la Tesorería se quedaban con la plata".Según ella, su sueldo rondaba los tres millones de pesos.
Morro dijo desconocer la existencia de las actas que avalaran estas operaciones: "No te lo voy a decir, porque eso se va a decir en el juicio". Fuentes locales argumentaron que cinco miembros de su propia gestión en la Comisión Ejecutiva, que fueron consultados en el proceso de auditorías del sindicato, declararon que jamás se autorizó en acta ningún préstamo personal ni la compra del inmueble.
La investigación penal preparatoria número 20.440-25 radicada en la Unidad Fiscal de Instrucción N° 10 de Mar del Plata investiga 14 transferencias bancarias realizadas desde las cuentas oficiales de UTHGRA hacia la empresa constructora Cuarzur Edificios SA entre 2016 y 2017. Estas transferencias, que a valores actuales superarían los 800 mil pesos, fueron destinadas al pago de cuotas de un departamento ubicado en la calle Salta, que figura registrada a nombre de Morro, no del sindicato.
Morro reconoció que "por ahí en ese sentido sí... podría haber cometido un abuso", aunque defendió que todos en su gestión "trabajaban y cumplían horario". Su hija, Nancy Todoroff, incluso se candidateó posteriormente para ser secretaria general del gremio, continuando lo que parecía ser una sucesión familiar hereditaria.
La investigación parlamentaria sobre la criptomoneda $Libra, que involucra al presidente Javier Milei en una presunta estafa millonaria, enfrenta una grave crisis política que la mantiene paralizada desde abril de 2025. La comisión creada para investigar no logró conformarse formalmente debido a un empate entre oficialismo y oposición, con 14 diputados de cada lado, lo que bloqueó la elección de autoridades y frenó el inicio de las pesquisas.
El oficialismo sostiene que el plazo de 90 días para funcionar venció el 30 de julio y exige la disolución de la comisión. Desde ese espacio político, se argumenta que no tiene sentido mantener una instancia sin resultados concretos ni avances, y que el desgaste político solo perjudica a la institucionalidad.
En cambio, la oposición denuncia una maniobra para enterrar la investigación y exige que el conteo del plazo de funcionamiento se reinicie solo cuando la comisión cuente con presidente y autoridades electas. Para ellos, esta situación evidencia una estrategia para proteger a los involucrados y evitar que se llegue a esclarecer la verdad.
Con este escenario, la oposición propuso modificaciones reglamentarias para romper el empate y poner en marcha la comisión. La iniciativa plantea que el bloque con mayor representación en Diputados pueda designar al presidente en caso de empate, además de redefinir las condiciones para la constitución del quórum y facultar al presidente para dirimir empates en votaciones futuras.
Estas modificaciones serán debatidas en un plenario el 12 de agosto, en una sesión que promete ser decisiva. Si se rechazan los cambios, la oposición ya anunció que evaluará recurrir a mecanismos más fuertes, en los que se incluye la posibilidad de iniciar un juicio político para forzar la continuidad del caso.
– “Vamos a destrabar el bloqueo con el que el oficialismo y sus aliados frenaron toda la investigación durante tres meses”
La primera versión del proyecto fijaba una composición diseñada para garantizarle mayoría a la oposición. El texto establecía que cada bloque con al menos cinco diputados obtendría un representante. Los bloques con más de cinco podrían reclamar dos. Y además, se sumaría un miembro adicional por cada veinte bancas. Con esta lógica, Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica se aseguraban controlar la comisión investigadora.
Pero esa arquitectura política se desmoronó en tiempo récord. El PRO, junto con el MID de Oscar Zago y el monobloque Somos Fueguinos, se reconfiguró como interbloque con 41 integrantes y reclamó cuatro lugares, uno más de los previstos.La Libertad Avanza hizo lo mismo al sumar al monobloque CREO, de la tucumana Paula Omodeo. Poco después, los llamados “radicales con peluca” rompieron con el armado tradicional y conformaron la Liga del Interior.
El resultado fue un escenario de empate perfecto. Catorce diputados con voluntad de avanzar en la investigación a fondo, y otros catorce sin intenciones de tocar al oficialismo. Entre los primeros estaban seis de UxP, dos de Encuentro Federal, dos de Democracia para Siempre, dos de la Coalición Cívica y dos del Frente de Izquierda. Del otro lado, se alinearon cuatro de La Libertad Avanza, cuatro del bloque PRO/MID, dos radicales orgánicos, dos de la UCR libertaria y dos de Innovación Federal. Así, todo quedó congelado.
“El populismo peronista kirchnerista está atrincherado en la Provincia de Buenos Aires. Debemos hacerle frente y arrancarlos de raíz para que nunca más vuelvan a hacerle daño a la gente”, expresó Guillermo Montenegro tras la confirmación del acuerdo electoral.
El intendente destacó que la alianza surge desde un compromiso conjunto basado en “el respeto por el trabajo privado, la protección de los vecinos a través de las fuerzas de seguridad, y la defensa de la propiedad privada”.
El acuerdo electoral entre el PRO y LLA fue formalizado simbólicamente en el Día de la Independencia, con la presencia de importantes referentes políticos de ambos espacios, incluyendo a Cristian Ritondo, Sebastián Pareja, DiegoSantilli, Martín Menem y Karina Milei. Ritondo, presidente del bloque de diputados del PRO, señaló previamente que esta alianza representaba un paso necesario y valiente, motivado por la responsabilidad de consolidar la unidad para vencer al populismo.
El gobernador Axel Kicillof cesanteó a veinticuatro oficiales superiores de la Policía Bonaerense tras una auditoría de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) que “constató la veracidad de las denuncias anónimas” sobre una maniobra política dentro de la fuerza. Los operativos sorpresa se realizaron el miércoles pasado en dependencias de conducción ubicadas en el Bosque de La Plata y otras delegaciones.
Entre los desafectados quedó la cúpula completa de la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas, incluido el comisario mayor responsable del área. Fuentes oficiales indicaron que “están involucrados en esta maniobra, oficiales que tenían cargos directivos en la línea de manejo de la Policía”. También fueron puestos en disponibilidad preventiva efectivos de Tres de Febrero y Exaltación de la Cruz.
El ministro de Seguridad, Javier Alonso, explicó en Radio 10 que Asuntos Internos recibió “una denuncia anónima muy completa con mucho detalle que daban cuenta de la confabulación de unos 24 policías”. El grupo habría utilizado oficinas y recursos estatales para apoyar al ex comisario Maximiliano Bondarenko, candidato de La Libertad Avanza‑PRO a diputado provincial por la estratégica Tercera Sección del Conurbano.
Según Alonso, los implicados “diseñaron una serie de medidas urgentes que dispondrán cierto nivel de intervención de la Policía y parte de esas medidas sugerían a ellos como nuevos responsables de la institución en lo que sería un golpe al comando institucional”. Las auditorías hallaron conversaciones de WhatsApp, nombres, audios, hojas con membretes de LLA, computadoras con fondos de pantalla del “León” que identifica al presidente Javier Milei y borradores de proyectos de ley sobre seguridad destinados a la Legislatura. Además, se detectó la redacción de un proyecto de reforma de la Policía en el que los involucrados se autoincluían en niveles de conducción jerárquica.
Por infringir el Decreto‑Ley 9.550 (artículo 58, inciso 10), que prohíbe la participación político‑partidaria del personal en actividad, los efectivos fueron cesanteados y puestos en disponibilidad preventiva. La cartera de Seguridad bonaerense elevó las actuaciones a la Justicia Penal para establecer si cometieron delitos.
Las medidas también suscitaron críticas de la oposición. Patricia Bullrich escribió en X: “El inútil de Kicillof cesantea a 24 policías solo porque cree que apoyan a Maximiliano Bondarenko. ¿La causa? Ninguna. Pura persecución política. No echó a los que atacaron TN. No echó a los que agredieron a Espert. Pero sí a quienes ponen el cuerpo todos los días para cuidar a los ciudadanos que viven en la provincia de Buenos Aires. Una locura total. El Gobernador toma partido: siempre a favor de los delincuentes, mientras los bonaerenses están cada vez peor”. En la misma línea, Cristian Ritondo posteó: “Kicillof desplazó a 24 policías por supuesta ‘vinculación política’. Ahora, ¿sabes qué hace para que el conurbano deje de estar tomado por los ladrones y asesinos? ABSOLUTAMENTE NADA. Rápido para perseguir policías, lento para perseguir a los delincuentes. Inutilidad y cobardía”.
Bondarenko —concejal de Florencio Varela, coordinador de LLA en ese distrito y ex candidato de Facundo Manes— fue propuesto por Karina Milei y responde políticamente a Sebastián Pareja, presidente partidario en la provincia. El sábado, anunció en redes sociales: “Es un honor anunciar que seré candidato a la lista de diputados por la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires, representando a la Libertad Avanza”. Agregó: “Estoy decidido a dar la batalla que nadie se anima a dar. Porque ya no podemos seguir mirando para otro lado mientras la inseguridad, el narcotráfico y el abandono arrasan con nuestros barrios”.
– El ministro de Seguridad de PBA, Javier Alonso
La Tercera Sección, que abarca diecinueve distritos con casi cinco millones de votantes, constituye un bastión peronista donde Kicillof apuesta gran parte de su capital político. Bondarenko competirá contra Verónica Magario, vicegobernadora y candidata de Fuerza Patria, por un escaño en la Legislatura, tras una disputa interna entre Kicillof y Máximo Kirchner que frustró la postulación de Mayra Mendoza.
Alonso advirtió que la intervención evitó “un antecedente muy complicado para la Policía Bonaerense” y recordó que el presidente Milei planteó una intervención federal tras calificar de “baño de sangre” la situación en el Conurbano. Fuentes de Seguridad señalaron que los oficiales proyectaron purgas y retiros obligatorios para quedarse al frente de áreas clave de la institución.
Si Bondarenko asume su banca el 10 de diciembre, sus vínculos con los jefes desplazados podrían quedar bajo la lupa judicial.
La renuncia de cincuenta de los 193 docentes del Instituto Dámaso Centeno, dependencia educativa del Ejército, expuso la profundidad del conflicto que atravesó la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF). Los salarios resultaron insuficientes frente a los $780.000 que cobraron sus pares porteños.
Ante la pérdida de capital humano, el director del establecimiento, coronel Juan Sancho Vilarullo, advirtió que “si no les aumentan el sueldo a los docentes, el colegio no es viable”. El reclamo se extendió a padres, exalumnos y estudiantes, quienes realizaron un abrazo simbólico para visibilizar la demanda.
Fuentes militares afirmaron que “Petri le encargó a los jefes de las Fuerzas Armadas cerrar toda escuela que no sea imprescindible”. La instrucción paralizó concursos docentes en la Armada y sometió a revisión al menos veintiséis centros, entre ellos la Escuela de Artes y Oficios Navales y la Escuela de Pesca, además de varios liceos donde los cadetes ya abonaban matrícula. De forma paralela, los liceos militares registraron renuncias semanales de profesores, atraídos por mejores ingresos en los sistemas educativos nacional, provincial y porteño.
El Instituto Dámaso Centeno cobró cuotas mensuales de $178.000 en secundaria y $150.000 en primaria; esos montos fueron transferidos íntegramente al Tesoro. “El colegio genera caja y Defensa se agarra la guita y les paga a los docentes como empleados del Ejército, pero el colegio tiene caja como para pagarles los salarios de un colegio secundario de la Capital, que son el doble de lo que cobran”, describió una fuente cercana al conflicto.
La UNDEF se creó el 19 de noviembre de 2014, mediante la Ley 27.015, con la finalidad de integrar y modernizar la formación académica de más de cincuenta institutos de las Fuerzas Armadas —entre ellos la Escuela Superior de Guerra, la Escuela Naval y la Escuela de Aviación Militar—.
Sin embargo, la auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), plasmada en el Informe N.º 42/2018, exhibió carencias críticas: ausencia de Tesorería, Compras, Contrataciones y Administración de Personal; inexistencia de manuales de procedimiento; liquidaciones irregulares de vacaciones y contrataciones directas sin competencia. El informe también acreditó que la universidad destinó $18,5 millones —el 97 % de un refuerzo presupuestario gestionado en 2016— a la compra de LEBACs sin intervención de la Tesorería General.
A pesar de tales observaciones, los funcionarios señalados conservaron sus posiciones. Julio Spota pasó de decano a rector; Hernán Isasmendi continuó como secretario general con control de las finanzas; y David Zeigner ascendió de subsecretario de Coordinación Administrativa a secretario. El presupuesto asignado a la UNDEF para 2024 totalizó $3.703 millones, un incremento interanual del 106%, sin impacto favorable en las remuneraciones docentes.
La SIGEN también cuestionó la capacidad de la UNDEF para cumplir sus metas académicas. Entre 2015 y 2023, la conducción operó como “caja política”: durante la administración kirchnerista, el viceministro Sergio “Sapito” Rossi controló la estructura; luego, en las gestiones radicales de Julio Martínez, Oscar Aguad y Luis Petri, la influencia recayó sobre Isasmendi, vinculado al bloque radical en Diputados.
“La reciente remoción de la vicerrectora Dolores Letterier, designada por el ministro Petri, tras denunciar irregularidades internas, confirma que todo intento por sanear la institución encuentra una férrea resistencia de quienes controlan su conducción” puede leerse en un comunicado.
El contraste se profundizó cuando el presidente Javier Milei exigió auditorías estrictas a la Universidad de Buenos Aires. Mientras el Poder Ejecutivo reclamó transparencia en las universidades autónomas, la UNDEF, la única institución dependiente en forma directa del Ministerio de Defensa, se negó a nuevas revisiones con idénticos argumentos a los del resto del sistema universitario.
Las unidades académicas de las Fuerzas Armadas desempeñaron una doble función: impartieron formación militar y expidieron títulos universitarios bajo supervisión de la UNDEF. Cada escuela contó con un director militar y un decano —generalmente un oficial retirado con titulación de grado— que reportó al rector. No obstante, “en vez de que la plata que pagan los padres vaya al instituto, va al Ministerio de Defensa y ahí se pierde en una nebulosa, por lo cual pagan un montón de plata y los institutos están cada vez peor”, explicó otra fuente del sector.
Así, la institución que debía servir de modelo de gestión estatal permaneció bajo las mismas autoridades y replicó las prácticas administrativas cuestionadas en 2018. Sin auditorías frescas ni mejoras salariales, la fuga de docentes dejó a los liceos militares sin profesionales calificados y elevó la presión sobre un sistema educativo castrense ya tensionado.
Se trata de Lisandro Almirón, diputado nacional por Corrientes. La denuncia fue radicada ante la UFIC N.º 5. Un familiar del burócrata exige la nulidad de la venta, concretada “un día antes” del fallecimiento de la propietaria.
Sorprende que algunos no terminen de entender la herida generada por la cuarentena. Aquello mostró nítidamente a la política y los medios olvidando diferencias y dándose un abrazo corporativo protector mientras la gente sufría a sus suerte. A partir de entonces “consenso” fue… pic.twitter.com/Mt3eTxqD3V
