Este miércoles, la Cámara de Diputados de Mendoza aprobó un proyecto impulsado por el oficialismo provincial que exige no considerar a los mapuches como pueblo originario argentino. Con 30 votos afirmativos, ocho negativos, seis abstenciones y cuatro ausencias, la medida fue aprobada y preocupa tanto al Gobierno Nacional como al titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Alejandro Marmoni.
El proyecto se debatió durante más de tres horas e insólitamente también contó con el apoyo de legisladores sanrafaelinos del Frente de Todos, como el presidente del bloque del PJ, Germán Gómez y Paola Calle.
Con la aprobación de la medida, los representantes mendocinos expresaron su preocupación por el reconocimiento de tierras del sur provincial para estas comunidades por parte del INAI. Cabe destacar que, según el gobernador Rodolfo Suárez, Nación no consultó a la provincia sobre esas tierras y decidió otorgárselas a diversas comunidades mapuches.
“Las decisiones del INAI afectan los derechos de Mendoza y son manifiestamente inconstitucionales. Es por ello que presentaré ante el INAI los recursos administrativos que corresponden por la Ley de Procedimientos Administrativos”, había adelantado el Gobernador en febrero, cuando se oficializó la entrega de tierras.
En tanto, el texto que se aprobó en la tarde de este miércoles tuvo tratamiento en un despacho en mayoría elaborado por la Comisión de Derechos y Garantías, tras escuchar a especialistas en la temática como historiadores, antropólogos y arqueólogos.
LOS PUNTOS MÁS IMPORTANTES DEL PROYECTO
- La resolución afirma “con base en los aportes científicos, históricos, antropológicos aportados al momento del tratamiento en comisión por especialistas en el tema indígena, que los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos en los términos del art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”.
- De la misma manera, asevera un fuerte “repudio por el Decreto N°850/21 del Poder Ejecutivo Nacional, que prorroga y modifica la Ley 26.160, ya que se encuentra viciado de nulidad y fue dictado en contra de la división de poderes”, así como también “preocupación por el procedimiento realizado por el INAI en las Resoluciones 36/2023; 42/2023 y 47/2023 de dicho organismo, omitiendo la debida participación de la Provincia de Mendoza, Municipios involucrados y terceros con intereses legítimos y de los actos posteriores que de estas se deriven”.
