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La intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, se refirió al regreso de los alumnos a las clases presenciales y consideró que “hasta que no esté la vacuna” de coronavirus no se puede pensar en ese escenario.
“Hoy la vuelta a clases no es una preocupación”, sentenció la jefa comunal tras participar del encuentro que mantuvieron los jefes comunales de la provincia de Buenos Aires con la directora General de Cultura y Educación; Agustina Vila, el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak y la ministra de Gobierno, Teresa García.
Tras la reunión, en la que se conformó una mesa de trabajo para ir evaluando los distintos escenarios que permitan lentamente ir retomando las clases de manera presencial en las escuelas, Mendoza aseguró que no se puede “poner en riesgo a docentes, alumnos y sus familias” y reiteró que la posibilidad de volver a las aulas “no está contemplada en los inmediato”.
Además, remarcó que la Provincia continúa “en un momento complicado del virus” y consideró necesario “debatir, intercambiar ideas y ser conscientes de la responsabilidad que esto conlleva”. “No podemos tomar decisiones apresuradas que pongan en riesgo la salud del alumnado, docentes, ni el resto de la ciudadanía”, sumó.
“Al día de hoy los números de contagios siguen siendo altos. Tenemos que cuidar lo logrado, ir generando aperturas inteligentes sin comprometer a nuestro sistema de salud. Hoy la única solución que tenemos es la vacuna y esperemos que llegue lo antes posible”, concluyó Mayra Mendoza.
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Esta semana, la Cámara de Diputados de la Nación emitió dictamen favorable al proyecto de ley que propone reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años. La iniciativa, impulsada por el oficialismo y respaldada por bloques como el PRO, La Libertad Avanza, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Democracia para Siempre, obtuvo 77 firmas, más allá de las 73 necesarias para avanzar hacia el tratamiento en el recinto.
El proyecto establece una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves, como homicidio, abuso sexual o secuestro. Sin embargo, prioriza sanciones alternativas, tales como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a las víctimas y medidas de reparación del daño causado. Además, se contempla que las penas privativas de libertad no se apliquen en casos de condenas menores a 10 años, siempre que el menor no haya cometido delitos graves.
La propuesta incluye la creación de institutos especializados para menores infractores, en los que se garantizaría su derecho a la educación, atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Estos centros deberán contar con personal capacitado en infancia y adolescencia, y se prohíbe la convivencia con detenidos adultos.
Durante el debate, se destacó la necesidad de contar con infraestructura adecuada para la implementación del nuevo régimen. Diputados de la Coalición Cívica y Democracia para Siempre solicitaron que se incluya una cláusula que impida a los fiscales solicitar penas privativas de libertad si la provincia donde ocurrió el delito no cuenta con instalaciones apropiadas para alojar a menores en condiciones dignas.
La diputada Laura Rodríguez Machado, presidente de la Comisión de Legislación Penal, expresó que el dictamen es “un símbolo del trabajo legislativo de consenso que refleja el compromiso de todos los actores políticos y técnicos que estuvieron dispuestos a dialogar para encontrar las mejores soluciones para nuestra sociedad”.
Por otro lado, sectores de la oposición, como Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, manifestaron su rechazo al proyecto. La diputada kirchnerista, Vanina Marín,cuestionó la viabilidad de la propuesta: “¿Quién se puede creer que este gobierno va a invertir en construir establecimientos separados y equipos interdisciplinarios para abordar esta problemática? Yo no lo creo. Y no cree ninguno de los diputados que firmó el dictamen de mayoría”.
Especialistas también participaron en el debate. El neurólogo Conrado Estol afirmó que “un adolescente temprano no puede pensar a cinco años”, y destacó la importancia de intervenciones terapéuticas para modificar conductas. La socióloga Silvia Stulchik citó datos de Unicef que indican que solo el 1,7% de los adolescentes detenidos en 2023 eran menores de 16 años, como argumento estadístico en contra de la baja de la edad de imputabilidad. El psiquiatra Andy Blake enfatizó la necesidad de un régimen especial para adolescentes, mientras que la abogada Marcela Angulo advirtió que la propuesta podría violar el principio de no regresividad.
El proyecto original, presentado por los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, proponía bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Sin embargo, para alcanzar un consenso, se acordó establecerla en 14 años. El presidente Javier Milei ha manifestado su apoyo a la reforma, e instó al Congreso a una pronta aprobación.
Con el dictamen favorable, el proyecto queda listo para ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados. De aprobarse, Argentina pasaría de tener una de las edades de imputabilidad más altas de América Latina a alinearse con países como Brasil y México, donde la edad mínima es de 12 años.
La Cámara de Senadores rechazó anoche el proyecto de Ficha Limpia con 36 votos afirmativos y 35 negativos, uno menos de los 37 requeridos para convertirlo en ley. La iniciativa habría impedido que candidatos con condena firme en segunda instancia por corrupción pudieran competir en elecciones.
El Gobierno reaccionó de inmediato. En un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, calificó la decisión como una traición a la ciudadanía: “Han optado por priorizar la defensa de sus intereses personales y partidarios por encima de las demandas del pueblo”. El mismo texto apuntó a Unión por la Patria: “Ha quedado demostrado que el kirchnerismo hará cuanto sea necesario para defender la impunidad de sus jefes“.
Desde sus redes sociales, Javier Milei resumió su enojo: “Lamentable, fin”. Poco después, el Ejecutivo aseguró que el Presidente “no descansará hasta que Ficha Limpia sea ley”.
Mientras el oficialismo denunciaba la maniobra opositora, en el kirchnerismo se desató el festejo. Dentro del Instituto Patria, Cristina Kirchner atribuyó la iniciativa a un intento por excluirla de la contienda presidencial de 2027 y, en la intimidad, se lamentó: “Me tienen miedo”. Al confirmarse el resultado, sus colaboradores se abrazaron entre memes del actor Guillermo Francella y repitieron eufóricos: “La jefa sigue en cancha”.
Horas antes de la votación, la expresidenta recibió a sus principales referentes en el Senado —José Mayans, Anabel Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio— para delinear la estrategia. Ellos fueron los que defendieron su posición incluso cuando el conteo preliminar indicaba una derrota segura. Finalmente, la sorpresa llegó con el cambio de postura de dos misioneros que inclinó la balanza.
Con la Ficha Limpia archivada por ahora, Cristina Kirchner evaluó dos caminos: postularse a diputada nacional o presentarse como candidata bonaerense, opción que en el peronismo consideran “excelente” para el conurbano. Sus allegados también analizaron la ventaja de obtener fueros provinciales si la Corte Suprema confirma la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua dictada por el Tribunal Oral Federal 2.
El proyecto, que había obtenido media sanción en Diputados, deberá empezar de nuevo su trámite legislativo. El Gobierno adelantó que insistirá con la propuesta para “desterrar la corrupción” e impedir que condenados ocupen cargos públicos. Desde la oposición K, en cambio, celebraron la derrota parlamentaria y sostuvieron que “la jefa sigue en carrera” hacia 2027, convencidos de que la votación fortaleció su liderazgo dentro del espacio kirchnerista.
La abogada penalista y exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) María Eugenia Talerico lanzó el jueves 1 de mayo su nuevo espacio político bonaerense en la Asociación Ucrania de Cultura PROSVITA, adonde se trasladó a último momento luego de que el local original en San Martín se suspendiera “tres horas antes por presiones políticas”. Frente a más de 250 asistentes llegados de distintos puntos de la provincia, afirmó: “Nosotros no tenemos precio ni en septiembre ni en octubre”.
La exfuncionaria, que encabezó la UIF entre 2016 y 2020 bajo el gobierno de Mauricio Macri, reivindicó “los pilares de integridad, honestidad, empatía, diálogo y cercanía con el ciudadano” y se diferenció “de los que hacen acuerdos por debajo de la mesa”. Señaló que su objetivo radicó en “conformar una oferta electoral nítida, alejada de todos los actores que llevaron a Buenos Aires a su decadencia actual”.
En un discurso centrado en la producción y el trabajo, Talerico planteó: “Hoy somos potencia para defender a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas que fueron abandonadas, a los jóvenes que tuvieron que dejar de estudiar, a las familias de cada barrio que sienten que los candidatos les dieron la espalda, cuando ya cada uno encontró su caja”. Agregó que su espacio “defenderá a los que les mintieron, al campo que sostiene a nuestra provincia, a los chacareros que pelean contra el clima, la burocracia, el cambio permanente de reglas de juego. Como las retenciones que nunca desaparecen”.
Para respaldar esa agenda, presentó a sus responsables temáticos: en Campo, Andrea Passerini, dirigente de CARBAP y productora tambera; en Infraestructura, Miguel Donadío, expresidente del Puerto de Bahía Blanca durante la gestión Cambiemos; en Justicia, Guillermo Morlacchi, fiscal retirado de Lomas de Zamora; en Seguridad, Carlos Manuel Álvarez, expolicía bonaerense; en Educación, Luis Di Stefano, secretario de Educación de General Pueyrredón; en Salud, Fernando Cichero, jefe de cirugía cardiovascular del Hospital Fernández; y en Niñez, Giselle Continanzia, fundadora del hogar Mahatma de Mar del Plata.
Entre los colaboradores políticos que acompañaron el acto estuvieron el diputado nacional Ricardo López Murphy y el senador Francisco Paoltroni. También se sumaron los constitucionalistas Diego Armesto y Félix Lonigro, dirigentes agropecuarios, referentes sociales y cuadros técnicos de la excoalición Cambiemos.
Talerico cerró la jornada al reivindicar la ficha limpia como bandera: “Peleamos por la ficha limpia, porque corresponde y porque los argentinos merecemos candidatos de trigo limpio”. Desde la organización destacaron que “con fuertes definiciones y una gran convocatoria, este lanzamiento marcó el primer paso de una construcción política que promete dar pelea en todos los rincones de la provincia”.
Mauricio Macri analiza reeditar a Juntos por el Cambio en la provincia para freezar el acuerdo con Javier Mileiy llegar en una posición menos débil a una negociación antes del cierre de listas de agosto.
El PRO bonaerense se reunió este martes y, en medio de la falta de defunciones, hubo señales respecto de un regreso de Juntos al menos de manera parcial.
Si bien la mayoría de los presentes en la reunión que encabezó Cristian Ritondo en sede del partido en San Telmo se mostraron favorables a un acuerdo con los libertarios, no se pudo imponer una postura. Principalmente porque Soledad Martínez, la intendenta de Vicente López que reporta a Jorge Macri, se opuso a cerrar con La Libertad Avanza.
Del cónclave, en el que estuvieron los intendentes del PRO, surgió la idea de invitar al próximo encuentro a los intendentes radicales. Fue llamativa la coincidencia con las palabras del propio Macri desde Balcarce, donde pidió integrar a los radicales a un acuerdo para volver a gobernar la Argentina. No parecieron las definiciones de alguien que busca acordar ya con Milei.
En el PRO dijeron al medio La Política Online que el escenario bonaerense puede quedar abierto si recrean Juntos con los radicales que gobiernan buena parte de los distritos del interior, más la porción de peronistas de Juan Schiaretti y algunos aliados que formaron parte de la alianza que gobernó el país y la provincia entre 2015 y 2019.
Más aún considerando que los libertarios tienen serios problemas para encontrar candidatos competitivos tanto a nivel seccional como para la lista de diputados nacionales.
El acuerdo que quiere Karina Milei con los dirigentes del PRO por separado, sin cerrar con el propio Macri, tiene dos trabas fundamentales.Una es la del propio Macri, que quiere estirar la definición para luego de las elecciones porteñas. El líder del PRO dice que si logran dejar a Manuel Adorni en un tercer puesto, serán los libertarios los que deberán venir a golpear la puerta para un acuerdo.
En el gobierno también quieren evitar forzar el acuerdo subterráneo con los dirigentes del PRO para evitar que se rompa el bloque amarillo en Diputados, que necesitan como agua hasta diciembre para garantizarse el tercio del que Milei se valió para tener gobernabilidad.
A un año de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria del 23 de abril de 2024 -que reunió a estudiantes, docentes y autoridades en defensa de la universidad pública-, la Universidad de Buenos Aires (UBA) enfrenta una fuerte controversia: la institución utiliza sus redes sociales para hacer campaña a favor de Lucille “Lula” Levy, actual candidata a legisladora porteña por el espacio Evolución.
Levy, consejera superior de la UBA, expresidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y referente estudiantil en la facultad de Ciencias Económicas, es impulsada políticamente por Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y vicerrector de la UBA, respectivamente. En ese marco, diversos posteos recientes publicados desde las cuentas oficiales de la universidad (especialmente en X, Instagram y Facebook) despertaron sospechas respecto a un alineamiento institucional con su campaña electoral.
Los mensajes difundidos por la UBA en las últimas semanas -bajo la consigna “Cuidemos lo que nos sirve”- combinan un tono reivindicativo en defensa de la universidad pública con referencias explícitas a figuras como Levy, quien aparece destacada como emblema de la lucha presupuestaria y la defensa del sistema universitario. Si bien los contenidos no mencionan directamente su candidatura, la cercanía temporal con el proceso electoral y la insistencia con la que se visibiliza su figura generaron críticas por parte de sectores que reclaman una clara separación entre el rol institucional y el partidario.
Además de su visibilidad en redes, Levy percibe un salario mensual de aproximadamente 900 mil pesos de la UBA. La información alimenta aún más las críticas sobre el uso de recursos públicos para apuntalar una campaña electoral desde el interior mismo de la estructura universitaria.
Ramiro Marra —candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires— presentó lo que definió como “la reforma estructural más ambiciosa de la historia porteña”. El proyecto replica, puertas adentro de la Capital, la lógica de ajustes aplicada a nivel nacional: reducir de 60 a 30 el número de legisladores, suprimir las quince comunas y recortar drásticamente los presupuestos de organismos que, según el libertario, “el Gobierno porteño usa para mantener gastos superfluos”.
Marra aseguró que el Consejo Económico y Social (CESBA), el Consejo de Planeamiento Estratégico (COPE), el Ente de Turismo y la Defensoría del Pueblo encabezan un listado de dependencias que “pueden funcionar con la mitad —o menos— de los recursos actuales”. La reducción alcanzaría también al Banco de la Ciudad y a otros entes autárquicos cuyo financiamiento, sostiene, “se paga con impuestos que asfixian al vecino, como el ABL o las patentes”.
“La motosierra funcionó muy bien a nivel nacional. Es momento de traer una aplanadora para hacer la reforma estructural más ambiciosa de la historia de la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó, invocando el símbolo con el que el oficialismo libertario promocionó sus recortes en el plano federal. En la misma línea, calificó a las comunas —creadas en 2005 para descentralizar la administración— como “aguantadero para buscas de la política” y anunció su intención de disolverlas. “Basta de comunas; los comuneros no tienen funciones definidas, son buscas que cobran un excelente sueldo”, lanzó.
El esquema propuesto se fundamenta en una premisa: disminuir los cargos políticos y la burocracia para bajar impuestos. Marra insiste en que la mitad de los proyectos que se discuten hoy en la Legislatura “no generan un beneficio real” y que una cámara reducida evitaría “iniciativas irrelevantes” y agilizaría la labor parlamentaria.
Aunque la iniciativa todavía no ingresó formalmente como proyecto de ley, ya encendió el debate puertas adentro de la Legislatura. Voceros del oficialismo porteño señalan que la Ciudad cuenta con mecanismos de control y participación que “no deben desmantelarse sin antes garantizar instancias alternativas de representación”. El bloque libertario, por su parte, sostiene que la recaudación actual “puede alcanzar para mejorar servicios esenciales” si se limita el gasto político.
En un contexto de ajuste nacional y tensión fiscal, la propuesta de Marra invita a reabrir la discusión sobre el tamaño del Estado capitalino. El candidato confía en que su “aplanadora” sumará adhesiones entre los contribuyentes que sienten el peso de la carga impositiva. Quedará por ver si el resto del arco político acompaña un recorte que, de concretarse, modificaría de raíz la arquitectura institucional de Buenos Aires.
ADOCTRINABAN CON EL DINERO DE LOS ARGENTINOS: LOS DESALOJAMOS
Una redacción kirchnerista usurpó ilegalmente el Espacio de la Memoria Virrey Cevallos: lo convirtieron en un búnker partidario que le costaba $210 millones de pesos a los argentinos, solo en sueldos.
Los…
— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) April 30, 2025
