Mar del Plata | La concejal Romero cruzó a Raverta: “No le encontró la vuelta al ANSES”
La edil de la Unión Cívica Radical expuso el mal funcionamiento de la entidad pública, en manos de la camporista.
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La concejal de la Unión Cívica Radical, Marianela Romero, salió al cruce contra la directora de la Administración Nacional de Seguridad Social y precandidata a intendente de Encuentro Marplatense, Fernanda Raverta, quién quiso disminuir la labor social del jefe comunal Guillermo Montenegro.
“Vocación de trabajar solo para los suyos”, sentenció desde las redes sociales la edil radical de Juntos por el Cambio. Y siguió contra la funcionaria K: “Raverta hace 4 años que tiene ANSeS y no le encontró la vuelta, salvo la jubilación de privilegio de una sola persona”.
Vocación de trabajar solo para los suyos: Raverta hace 4 años que tiene la ANSES y no le encontró la vuelta, salvo a la jubilación de privilegio de una sola persona.@Juntosmardel https://t.co/udjbKVCuzU
Vale recalcar que Marianela Romero es concejal y va en búsqueda de retener su banca como precandidata a edil en el Concejo Deliberante de General Pueyrredón. Dentro de la lista unidad que lidera Montenegro en JxC.
Asimismo, Romero se destaca dentro de lo que son las propuestas sociales para dentro de lo social y, a su vez, destaca por sus tensos cruces con el kirchnerismo: “La jubilación de privilegio de una sola persona”, sentenció desde el tweet, en referencia a la actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.
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La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó una reforma de la Ley 6722, norma que reguló el uso de armas de fuego por parte de la Policía provincial, y envió el proyecto nuevamente a la Cámara de Diputados para su segunda revisión. La iniciativa, impulsada por los diputados Gustavo Cairo y Enrique Thomas, obtuvo 26 votos a favor y 6 en contra.
Desde la oposición, los bloques del Partido Justicialista y del Partido Verde rechazaron la propuesta y manifestaron su preocupación por el alcance de las nuevas facultades.
La modificación apuntó a actualizar el protocolo de actuación policial, ampliar supuestos vinculados al servicio de seguridad y adecuar la actuación de los efectivos provinciales a criterios vigentes para las fuerzas federales en todo el país, en particular los vinculados al “peligro inminente”. La reforma se presentó como una herramienta para otorgar “certeza jurídica” al personal policial.
Antes de llegar al recinto, la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado otorgó despacho favorable al proyecto, que propuso cambios en la ley para precisar criterios de actuación, identificación del personal y resguardo administrativo posterior a las intervenciones.
En ese marco, el Senado redefinió el protocolo de actuación y habilitó, en determinados supuestos, que el efectivo pudiera emplear su arma sin identificarse previamente cuando esa identificación pusiera en riesgo su vida o la de terceros.
La reforma amplió además el alcance del servicio de seguridad. Entre los nuevos supuestos, incluyó la actuación policial para asegurar personas y bienes ante situaciones de inseguridad y peligro inminente, así como en casos de incendio, inundación, explosión u otros siniestros. También sumó la defensa de funcionarios, agentes, empleados y bienes del Estado provincial; la posibilidad de esgrimir armas cuando resultara necesario conforme a la ley y a los principios generales; tareas de observación y vigilancia con fines específicos; y la preservación del orden en espacios públicos, la prevención de conflictos, la protección de transeúntes y el cese del delito.
En cuanto al uso de armas de fuego, amplió los casos en los que la Policía pudo recurrir a ellas y precisó con mayor detalle qué se consideró “peligro inminente”. Se contemplaron situaciones de estado de necesidad, defensa propia o de terceros, prevención de delitos particularmente graves que implicaran una seria amenaza para la vida o la integridad física, detención de personas peligrosas que opusieran resistencia y también la posibilidad de impedir su fuga. Durante el debate, además, se señaló que el nuevo esquema contempló supuestos para impedir la fuga de personas que representaran una amenaza letal y para resguardar establecimientos de detención.
Otro cambio central fue que se mantuvo la obligación de identificarse y advertir de forma clara la intención de emplear el arma de fuego, pero se habilitó la excepción cuando hacerlo generara riesgo de muerte para el agente o terceros, expusiera su ubicación, implicara desventaja numérica o táctica, incrementara la amenaza del agresor o resultara evidentemente inadecuado o inútil por las circunstancias.
También se reforzaron las obligaciones posteriores al uso del arma: cuando ocasionara lesiones o muerte, el efectivo debió prestar asistencia inmediata, solicitar servicios médicos urgentes, comunicar el hecho a la autoridad judicial competente e informar a los familiares de las personas afectadas.
MartínKerchner Tomba, presidente provisional del Senado, defendió la actualización de la norma y recordó el tiempo transcurrido desde la sanción original. “La reforma acompaña el incremento de la violencia y brinda claridad a quien actúa ante el riesgo”.
El Gobierno nacional decidió suspender el proceso de actualización del TAN (Tanque Argentino Mediano) —un proyecto con base en tecnología fabricada en el país— y en su lugar adquirirá vehículos blindados Stryker de origen estadounidense, usados y más costosos, informaron fuentes del ámbito de Defensa.
La paralización del plan de modernización del TAM se dio en medio de ajustes presupuestarios y de un alineamiento estratégico con Estados Unidos. Restricciones financieras impuestas en mayo de 2025 por el Banco Central limitaron la compra de insumos en el exterior para mantener operativos los vehículos blindados de fabricación local.
Carlos Alberto Presti, flamante ministro de Defensa
La empresa estatal TAMSE, encargada de la producción y mantenimiento del TAM y sus variantes, cerró sus puertas en este contexto, lo que desmanteló parte de la cadena productiva y logística regional que sostenía esta industria. El resultado fue que gran parte de la flota quedara fuera de servicio por falta de repuestos y soporte técnico accesible.
La elección de los Stryker, modelos que han sido utilizados por el ejército estadounidense en conflictos como Afganistán e Irak, responde, según voceros oficiales, a una prioridad en movilidad y capacidad de respuesta rápida. Sin embargo, desde el propio Ejército y sectores especializados se advirtió que había opciones más convenientes y con mayor interoperabilidad técnica, como los vehículos Guaraní de Brasil, que contaban con componentes producidos en la región y menores costos de mantenimiento.
El legendario Tanque Argentino Mediano
Un aspecto que también genera polémica es el costo de la operación: el paquete de Stryker, de unos 27 vehículos blindados, ronda los 100 millones de dólares, lo que implica un desembolso significativamente mayor por unidad que las propuestas alternativas, sobre todo si se considera que provenían de excedentes usados descartados por otros ejércitos.
Estados Unidos autoriza la venta de 27 vehículos Stryker M1126 a Argentina
Los críticos de la decisión sostienen que esta compra no solo compromete la industria nacional de defensa, sino que limita la transferencia de tecnología y la creación de empleo local, aspectos que estaban presentes en los proyectos de modernización del TAMy otros programas de equipamiento militar autóctonos.
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en el marco de la investigación por el suicidio de Rodrigo Gómez —un soldado extorsionado por una banda carcelaria—, reveló una grave crisis en las cárceles bonaerenses, donde al menos unas 48.693 líneas telefónicas legales permiten a presos continuar delitos desde los penales.
“Toda esta maniobra extorsiva va mutando y lo más preocupante es que todo esto no es novedoso porque tenemos infinidad de antecedentes de delitos graves cometidos desde el penal gracias al uso irrestricto de un celular”, destacó la funcionaria judicial, subrayando que “hoy un teléfono es un arma”.
La investigación pericial concluyó que estos dispositivos se convirtieron en “pymes del delito” y generaron un “espacio de vulnerabilidad institucional” en toda la provincia.
– Sandra Arroyo Salgado
Durante la pandemia de COVID-19, un habeas corpus colectivo autorizó celulares en cárceles bonaerenses para mantener el contacto familiar, medida que persiste pese al fin de la emergencia sanitaria del 2019. Esto benefició inicialmente la reducción de conflictividad interna, pero evolucionó hacia “call centers tumberos” para extorsiones, estafas, narcotráfico y robos coordinados extramuros.
El problema escaló, siendo que originalmente no se buscó fijar una fecha de caducidad de esa medida y la cosa quedó como derecho adquirido para quienes no lo tendrían que merecer.
Actualmente, los presos alojados en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) cuentan con teléfonos celulares registrados que pueden utilizar con relativa libertad.Sus conversaciones pueden ser monitoreadas si existe una orden judicial que lo exprese. A ese número se suman los aparatos que ingresan de contrabando —a través de familiares o, en algunos casos, de personal penitenciario—, una práctica que, según fuentes judiciales y de seguridad, persiste en todas las unidades del país.
Un ejemplo reciente de las consecuencias de esa trama de comunicación y contrabando ocurrió el miércoles pasado, cuando la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una banda que operaba desde el Complejo Penitenciario Almafuerte de Luján de Cuyo y realizaba extorsiones. A través de una red social los acusados contactaron a un hombre en Chubut y le montaron el mismo engaño que perjudicó a Rodrigo Gómez. La víctima, padre de familia, llegó a estar al borde del suicidio pero finalmente realizó la denuncia que permitió la investigación.
Los teléfonos que ingresan a las cárceles de contrabando suelen ser, por lógica, los más utilizados para cometer delitos. Sin embargo, existen excepciones. El caso del soldado es uno de ellos, donde uno de los números involucrados en el episodio estaba registrado oficialmente dentro del sistema del SPB.
El contrabando estimado
Según datos oficiales de noviembre de 2024, para ese entonces el 73% de los internos ya tenía un teléfono celular. Aunque se implementaron restricciones, el control efectivo sobre su uso fue prácticamente inexistente. En ese contexto, se registraron más de 42.800 dispositivos, una cifra que desde entonces creció un 13,77%.
“Vengo laburando hace una banda de tiempo… ya vengo hace dos años… una banda de presos está laburando así, en todos lados laburan así… en la 30 (Unidad de General Alvear) están laburando todos, en todos los pabellones están laburando”, afirma un preso en uno de los audios que recopiló la magistrada.
De acuerdo con estadísticas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, durante 2025 se secuestraron 1.525 teléfonos celulares ilegales dentro de las unidades penitenciarias. De ese total, 1.366 fueron hallados en requisas de rutina, mientras que otros 159 fueron incautados por orden judicial en el marco de distintas investigaciones.
La situación, que expone el alcance del uso de dispositivos móviles en las cárceles, fue definida en ámbitos judiciales como una “bomba de tiempo”.
Días atrás, la integrante principal del tribunal Arroyo Salgado solicitó medidas para abordar el problema en una nota enviada al ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena. Además, remitió una nota similar al procurador de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, jefe de los fiscales de la Provincia de Buenos Aires.
“El uso de teléfonos celulares en el ámbito carcelario bonaerense es una herramienta ‘imprescindible’ para que los detenidos continúen con su empresa criminal”, sostuvo la titular del juzgado.
El soldado Rodrigo Gómez
Rodrigo Andrés Gómez tenía 21 años y era soldado voluntario del Ejército Argentino, integrante del histórico Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín.
En diciembre de 2025 se encontraba cumpliendo tareas de guardia en la Quinta Presidencial de Olivos. Durante una guardia nocturna, el 16 de diciembre de 2025, fue encontrado muerto en su puesto tras dispararse en la cabeza con su arma reglamentaria.
Pero pronto quedó claro que el suicidio no era un hecho aislado. Antes de quitarse la vida, Rodrigo había sido víctima de una banda delictiva de embaucadores. Todo comenzó cuando el joven conoció en una aplicación de citas a una supuesta mujer que se presentaba como “Julieta Ayelén Cardozo”. El perfil era falso y detrás de esa identidad operaban los delincuentes.
La víctima inició una conversación que parecía inocente. Días después apareció un nuevo interlocutor que se presenta como la madre de la joven y acusa al hombre de haber mantenido contacto con una menor de edad.
A Rodrigo lo amenazaron con denunciarlo por corrupción de menores, hacer públicos los chats y avanzar con una supuesta detención. La única manera de evitar el escándalo —le dijeron— era pagar.
El soldado comenzó a transferir dinero a cuentas vinculadas a los malhechores. De acuerdo con la Justicia, realizó varias transferencias, pidió préstamos y llegó a enviar más de 1.4 millones de pesos. Pero en este tipo de maniobras el pago nunca cierra el conflicto, por el contrario, abre la puerta a nuevas exigencias. Cada transferencia daba lugar a un nuevo reclamo.
“Cuando necesitan algo te lloran y te piden un voto, pero después, cuando en realidad los necesitás, nadie aparece”, denunció Juan Carlos Gómez, padre de Rodrigo. Aseguró que, a la fecha de su perdida, no recibió ni una llamada ni una comunicación formal por parte del Ejecutivo Provincial, y reprochó específicamente la ausencia de gestos de condolencia tanto del gobernador Axel Kicillof, como del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.
Los mensajes recuperados por los investigadores muestran cómo el joven fue entrando en una espiral de desesperación. En los audios decía que ya no tenía dinero, que estaba “en quiebra”. La presión psicológica fue devastadora. Gómez temía perder su carrera militar, ser acusado públicamente de pedofilia y que su familia conociera la situación. Dejó una carta póstuma en la que pedía perdón y explicaba que no quería seguir causando problemas.
A pocos metros de la costa de Lago Escondido, en un valle encajonado entre cerros que superaron los dos mil metros, Joseph Lewis avanzó con una estructura subterránea de 4.000 metros cuadrados, de características militares, sin planos visibles ni autorizaciones que avalaran la obra. Según las descripciones incorporadas en pedidos de informes, la fortificación contó con tres subsuelos y dos plantas, y quedó enterrada en morenas glaciarias con hormigón y acero.
El financista británico regresó a su estancia patagónica en enero de 2026, luego de recibir el indulto de Donald Trump tras haber sido condenado por fraude en Estados Unidos. En ese marco, supervisó los trabajos de una construcción que incluyó salas de comunicaciones, spa y peluquería, además de un piso exclusivo para su estadía. Las imágenes satelitales apenas insinuaron la magnitud de las excavaciones y, de acuerdo con lo consignado, ningún funcionario inspeccionó la obra.
La legisladora Magdalena Odarda sostuvo durante siete años pedidos de explicaciones sin respuestas y volvió a exigir precisiones sobre quién autorizó la intervención. En su presentación, describió la fortificación como “totalmente apta para uso militar” y pidió determinar si funcionó como un refugio antiaéreo o si respondió a una decisión personal del magnate. También señaló que se abrió un camino de ocho kilómetros junto a la costa que no respetó la línea de sirga establecida por ley.
Mientras se desarrollaron las excavaciones, el Ministerio de Defensa de la Nación mantuvo desactivado el visor online de áreas de frontera del Instituto Geográfico Nacional, una herramienta que, según se indicó, resultó clave para establecer si las obras vulneraron zonas sensibles vinculadas a la soberanía.
El cuadro, de acuerdo con la misma información, incluyó otros emprendimientos en la Patagonia. El Emir de Qatar contó con una residencia excavada en la roca a 1.700 metros de altura en el cerro Baguales, en un contexto en el que también se mencionó a un magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiso construir represas privadas. A su vez, el fideicomiso Amaike, de la familia real de Abu Dhabi, desplegó infraestructura en la cordillera y en la costa atlántica.
Ese último grupo adquirió del holding Tavistock, propiedad de Lewis, un aeropuerto privado en la costa atlántica rionegrina, en Sierra Grande, ubicado a 700 kilómetros en línea recta de las Islas Malvinas. Allí, según se consignó, ningún control estatal supervisó el tráfico aéreo: Gendarmería no ingresó, Prefectura no ingresó y, cuando la propia policía rionegrina intentó hacerlo, se le negó el acceso sin que se registraran consecuencias.
En paralelo, siete congresistas estadounidenses recorrieron Tierra del Fuego y Neuquén en un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sin aviso ni invitación a los gobernadores. Gustavo Melella protestó tibiamente y Rolando Figueroa se enojó con la prensa que lo sorprendió sin respuestas. A 48 horas de esa visita, el embajador Jamieson Greer, secretario comercial de la representación comercial en Argentina, firmó un acuerdo de comercio recíproco con Pablo Quirno.
La provincia de Entre Ríos sumó dos camionetas a la flota de la Policía provincial tras su recuperación en procedimientos judiciales. Los vehículos, que habían sido secuestrados en operativos vinculados a delitos, fueron reasignados por decisión de la Justicia para tareas de prevención y seguridad, en una medida que apunta a reforzar el patrullaje con recursos ya recuperados por el Estado.
La entrega se realizó este lunes en la explanada de Casa de Gobierno, con la presencia del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y del jefe de la Policía de Entre Ríos, ClaudioGonzález.
Las unidades fueron recuperadas luego de operativos vinculados a la tenencia de explosivos y al abigeato agravado. Desde la cartera de Seguridad destacaron que estos resultados reflejan el trabajo realizado en controles viales y rurales.
Roncaglia remarcó el valor simbólico y operativo de la medida al señalar que los bienes utilizados en hechos delictivos pueden convertirse en herramientas para la prevención: “Es una satisfacción enorme ver cómo camionetas que antes se usaban para transportar explosivos o para el abigeato, hoy llevan la insignia de nuestra Policía y están al servicio de la gente. Este es el resultado de un trabajo en equipo con la Justicia Federal y Provincial, que entiende que los recursos deben estar donde más se necesitan: cuidando a los entrerrianos”.
El ministro también puso el foco en el criterio de uso de los recursos públicos y en la rápida puesta en funcionamiento de los vehículos recuperados. “A estos vehículos solo se les realizó un service general y limpieza técnica para ponerlos en marcha de inmediato. Es una señal clara de que, en nuestra gestión, el que las hace las paga, y sus recursos vuelven a la comunidad”.
La apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de San Carlos de Bariloche terminó en un escándalo condenuncias por agresiones físicas, amenazas y una mujer desmayada durante el acto encabezado por el intendente Walter Cortés.
Los hechos ocurrieron en medio de un conflicto político y social por el futuro del CerroCatedral, donde vecinos y algunos concejales de la oposición se manifestaron contra el proyecto de desarrollo impulsado por el Ejecutivo municipal y CAPSA(Catedral Alta Patagonia S.A., la empresa concesionaria de la explotación y operación del cerro, emblema de la localidad), en el marco del debate por los cambios y la definición de parámetros urbanísticos en esa zona.
El intendente Cortés inició su discurso con un extenso informe de gestión centrado en obras y en temas de la agenda local, entre ellos la definición de parámetros para el cerro Catedral, la situación del vertedero municipal y la reforma de la Carta Orgánica prevista para este año.
Una manifestante integrante de la Asamblea de Jubilados en lucha, relató que recibió un cabezazo en el tabique nasal que le provocó un desmayo. La mujer, que debió ser hospitalizada, luego radicó una denuncia penal y debió ser hospitalizada.
También un integrante de Residentes Unidos Bariloche llevó a la Justicia las agresiones que sufrió en el acto de apertura. Este vecino explicó que al ingresar al recinto varias personas lo rodearon y lo increparon. “Estábamos acá adentro, reclamando pacíficamente. Se ve que me tienen fichado, porque apenas entré me rodearon seis personas, a las que les pregunto si me estaban rodeando a mí, a lo que me contestan que sí, que me cuide, que después nos ibas a cruzar”.
Según indicó, tras ese episodio volvió a ingresar y allí se produjo la agresión que desencadenó los disturbios. De acuerdo con su versión, un hombre vinculado al entorno del intendente le propinó un golpe de puño en la cara, una situación que quedó registrada en un video.
La denuncia penal del vecino agredido quedó asentada en la Subcomisaría 55 de Playa Serena. Según la certificación de actuaciones judiciales labrada con fecha 2 de marzo de 2026, el denunciante declaró que “siendo las 11:10 aproximadamente me hice presente en el gimnasio municipal n° 5 acompañado con un grupo, desde que entré a la asamblea gente allegada al intendente Walter Cortés me rodearon y comenzaron a increparme invitándome a salir fuera y amenazándome con que ya nos íbamos a cruzar”.
De acuerdo con esa denuncia, el hombre identificado como autor del golpe inicial fue César Milton Catrigual Guerrero. Desde el 31 de marzo de 2025 ocupó el cargo de colaborador directo del intendente Walter Cortés, en virtud de la Resolución Municipal N° 00000686-I-2025, firmada el 16 de abril de 2025. Esa resolución, dictada en el marco de la Ordenanza N° 3439-CM-2023 que aprobó la estructura política de la gestión, estableció una remuneración equivalente a dos salarios básicos de la categoría 19 más zona fría, vigentes hasta que “el Sr. Intendente disponga lo contrario”.
Medios locales también recordaron que, antes de su incorporación al Ejecutivo municipal, Catrigual Guerrero fue desvinculado de la Cooperativa de Electricidad de Bariloche (CEB) tras acumular años de inasistencias injustificadas.
La concejal opositora Julieta Wallace afirmó que presenció una de las agresiones y apuntó contra el entorno de Cortés. “Fui testigo cómo el chofer de Cortés le pegó una piña a un vecino que se fue a manifestar en contra del proyecto del Cerro Catedral“.
La Defensoría del Pueblo de San Carlos de Bariloche emitió ayer lunes una resolución y se abocó de oficio a investigar los episodios de violencia registrados durante el acto oficial. El documento, firmado por la defensora Mariana Minuth, consignó empujones, gritos, una intervención policial deficiente y la caída al piso de una mujer y de su hija de 9 años, hechos que derivaron en el desmayo de la vecina y en la agresión física a otro asistente.
Fiorella Damiani evitó la cárcel efectiva pese a que la justicia de Bahía Blanca comprobó que mintió para encarcelar a dos hombres en 2017. El fiscal Mauricio Del Cero y la querella apelarán el fallo tras calificar la sentencia como una burla. El peligro de un sistema que ignora la presunción de inocencia y colecciona suicidios.
El expediente por la muerte del soldado en Olivos dejó al descubierto un sistema que permite a detenidos seguir operando desde las cárceles bonaerenses.
Imágenes difundidas por la prensa muestran a la acompañante del Jefe de Gabinete de Ministros durante la visita oficial. La resolución dirigida a Karina Milei, presenta un pedido para conocer “quién pagó ese viaje” en el avión presidencial.
Pax menemista. Silvia Mercado dice que Mario Montoto le contó que ya leyó el libro "y lo voy a leer nuevamente". La fuente clave que cuenta cómo fue el acuerdo de los ex montoneros con Menem por los indultos a unos y otros. https://t.co/Sye268RCR6
