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Desde las 7 de la mañana del martes, manifestantes bloquean el acceso al predio del EMSUR (Ente Municipal de Servicios Urbanos) en reclamos de que se les otorgue un galpón de acopio para separar los materiales que se reciclan de la basura.
El bloqueo es impulsado por alrededor de 30 personas, nucleadas en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), una organización que forma parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que está vinculada a Juan Grabois y al kirchnerismo marplatense.
Roberto “Tata” Gandolfi y Sol de la Torre son los legisladores locales con mayor ascendencia en el sector, en línea directa con su jefa política, Fernanda Raverta.
A partir de esto, en el Palacio Municipal se cree que podría tratarse de un corte político para debilitar al intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, y conseguir algún beneficio electoral, a menos de un mes de las PASO.
Justamente, días atrás, desde el Frente de Todos habían hecho un pedido de informe al EMSUR por la situación del predio de disposición final tras finalizar el vínculo entre el municipio y la Ceamse.
Asimismo, el año pasado Gandolfi y de la Torre habían impulsado un polémico proyecto que buscaba la instalación de puestos callejeros de frutas y verduras, que serían explotados por miembros de la CTEP. Dicho proyecto había recibido un fuerte rechazo de los comerciantes marplatenses.
En su momento, Hernán Alcolea había expresado, en diálogo con CNN Radio Mar del Plata, que era “un claro avance sobre la vía pública y la evasión impositiva” y que “los artesanos están también manejados por los supuestos movimientos sociales. Por lo bajo denuncian que les cobran estadía, generando una municipalidad paralela. Un Estado paralelo de la calle, que genera muchos recursos para sostener a los piqueteros”.
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En un caso que conmociona a las cúpulas castrenses y al Ministerio de Defensa, el segundo militar más importante en jerarquía, el general Fabián Berredo, denunció ante la Justicia penal a otro general y subjefe del Ejército, al que acusó de amenazarlo con despedir a su esposa que es coronel médica del Hospital Militar, si éste no pedía el retiro de la fuerza.
La denuncia, que recayó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, es un nuevo capítulo de la dura interna militar que llevó esta semana al retiro del pliego en el Senado del ascenso del general Berredo al cargo superior, y que estaba frenado desde hace meses por la vicepresidente Victoria Villarruel.
Berredo, comandante Operacional del Estado Mayor Conjunto (EMCO) y como tal número dos de las Fuerzas Armadas, denunció ante el juez Rafecas al subjefe del Ejército, general Carlos Carugno.
Según la denuncia, Carugno le hizo llegar el siguiente mensaje a través del coronel López Stanic: “Decile al General Berredo que si para antes del 10 de Julio no solicita el retiro, le saco el pase del Hospital Militar Central a su señora”.
“El Coronel López Stanic me transmitió ese mensaje tal como fue citado”, señala la denuncia patrocinada por los abogados Carlos Caride Fitte y Mariano Grondona.
La esposa de Berredo, Claudia Barros, es coronel médica y se desempeña desde hace 20 años en el Departamento de Medicina Interna del Hospital Central Militar. Administrativamente depende del Ejército.
Berredo le ha dicho a sus allegados estar convencido de que el general Carugno actuó bajo instrucciones del jefe del Ejército, general Carlos Presti, con quien está duramente enfrentado. Presti aparece alineado con la vice Villarruel, a quien se señala por haber frenado su pliego de ascenso en el Senado.
Berredo fue a la Justicia federal luego de que, tal como aseguró en su denuncia también ante Rafecas, hizo una denuncia administrativa en el ámbito militar, que entendía debía inmediato tratamiento.
Pero el sumario fue rápidamente archivado, dicen cerca del militar.
Berredo ofreció de testigos al coronel Jorge Mariano López Stanic, y al contralmirante Marcelo Dalla Nogare, subjefe del Estado Mayor Conjunto.
Los amigos de Berredo cuentan que estuvo dos semanas casi sin dormir, hasta que decidió realizar la denuncia. Además se le cruzaron muchas cuestiones personales, por estar involucrada su propia esposa. La denuncia se presentó el 18 octubre y quedó ratificada el 6 de noviembre.
“Quiso hacer una defensa de los valores y de los mecanismos institucionales, no solamente por él, por los que vienen después”, aseguran sus amigos.
PURGA MILEÍSTA E INTERNA FEROZ:
La situación de conflicto se remonta al cambio de gobierno en diciembre de 2023 y a la decisión de Javier Milei de entronizar como jefe del Ejército a Presti, lo que causaba el retiro de 22 generales. Una purga más extensiva que la de Néstor Kirchner, 20 años atrás.
Para atemperar los efectos, varios generales fueron destinados en actividad al Ministerio de Defensa o quedaron en funciones en el Estado Mayor Conjunto. Uno fue Berredo, que ya era Comandante Operacional del EMCO desde 2022.
En los papeles, el EMCO como organismo asesor del Ministro de Defensa, es el nexo con el poder político; se supone que mandar, en estos tiempos que corren, por sobre las fuerzas. Es una larga evolución desde el desastre de la guerra de Malvinas una de cuyas causas, denunciada en el celebre informe Rattenbach, fue la falta de “conjuntez”: cada fuerza hizo la guerra que le vino en gana.
Desde el EMCO se hace el planeamiento, se manejan las compras del Fondo para la Defensa (Fondef), se articulan las grandes operaciones, desde las misiones de paz y los operativos electorales, hasta lo que fue el megaopoerativo en la pandemia de Covid-19. El actual jefe es el brigadier general Xavier Isaac.
Pero el aviador no aparece en primera línea al menos, de este conflicto que atañe al Ejército.
Afirman que Presti, el jefe del Ejército, logró ir corriendo a los generales que estaban en Defensa y el EMCO: el jefe antártico Edgar Calandín, el general Juan Baretto de Planeamiento Estratégico, el general Martín Lluch que ni siquiera llegó a asumir en Logística. Desde ese lado aseguran que Presti “rompiendo todos los códigos” llegó a negarle el saludo a Berredoen una reciente formación en el Edificio Libertador.
Berredo, dueño de los “fierros” como Comandante Operacional, fue perdiendo apoyo político, del propio ministro Luis Petri. No tuvo apoyo cuando Villarruel retiró su pliego junto al de otros militares. “El lobby de Presti con Villarruel lo puenteó al propio ministro”, disparan los allegados a Berredo.
Como punto culminante, el viernes pasado con la firma de Milei y de Petri fueron directamente retirados los pliegos de ascenso de Berredo y también del coronel Gustavo Adrián Sívori. Berredo hace dos días presentó su pedido de pase a retiro, aunque sigue en funciones a la espera de su reemplazante.
Al respecto, en otras altas fuentes castrenses que se jactan de conocer al dedillo lo que piensa el ministro Petri, sostienen: “Berredo venía de la gestión anterior y cumplió un ciclo. El ministro decidió su relevo, y no tuvo que ver Villarruel. Si decidió una denuncia penal, está en su derecho”.
Aseguran también que el relevo de Berredo -y por eso finalmente el retiro del pliego del Senado– se decidió porque está a punto de salir la nueva reglamentación de la ley de Defensa, que cambia funciones del Comando Operacional, y Petri quiere allí un nuevo jefe en la etapa que viene.
Como sea, la denuncia penal por “amenazas coactivas” contra el subjefe del Ejército le pone un condimento inédito a la situación.
En la cartera que conduce Petri, esto se suma a otro conflicto de la semana pasada, el escandaloso despido del jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Mengo, acusado por el propio ministro Petride “uso indebido de aeronaves” de la fuerza y presuntos hechos de acoso o abuso. Lo reemplazó el brigadier Gustavo Valverde.
A un año de la llegada de Javier Milei al gobierno, la “motosierra” prometida para reducir el gasto público y reformar el Estado no logró desmontar las estructuras enquistadas en la Administración General de Puertos (AGP). Esta sociedad del Estado, que controla vías esenciales para el comercio exterior como el puerto de Buenos Aires y la Hidrovía Paraná-Paraguay, enfrenta un panorama crítico: pasó de un superávit de 28 millones de dólares en 2021 a un déficit acumulado de 60 millones entre 2022 y 2024.
– Diego y Leonardo Salom con el exinterventor y actual asesor de la AGP José Beni
El desmanejo financiero se atribuye a una gestión signada por la corrupción, la discrecionalidad y el clientelismo político, encabezada por funcionarios designados durante el gobierno de Alberto Fernández y ratificados en sus cargos tras la asunción de Milei. Entre ellos destaca José Carlos Beni, exinterventor de la AGP y referente del Instituto Patria, quien continúa como asesor de la entidad, cobrando un salario bruto de $6,5 millones mensuales. Su influencia, según fuentes internas, sigue siendo determinante debido a la inexperiencia de su reemplazo, Gastón Benvenuto.
– Verónica Piñero, gerenta general de la AGP, de fuertes vínculos con el kirchnerismo y el massismo
Además, la actual gerente general, Verónica Piñero, vinculada al massismo, cuenta con un historial polémico. Durante su gestión, se observaron procedimientos de contratación directa con criterios cuestionables que generaron desconfianza entre analistas del sector. Estas prácticas reforzaron una percepción de discrecionalidad en la gestión de recursos.
– El director de planificación de la AGP, Diego Salom, con Sergio Massa
Pese al cambio de gobierno, los proveedores cuestionados por sobreprecios, como Unlimited Solutions SRL y Smarty Group SRL, continúan ganando licitaciones mediante procedimientos de “compulsa abreviada”, un sistema diseñado para eludir controles y permitir contrataciones directas. Las críticas también alcanzan a empresas como Tecnología Vial Aplicada SA, cuyas contrataciones abarcan rubros que van desde neumáticos hasta organización de eventos, todo bajo el mismo cuestionado mecanismo.
– Gastos escandalosos de la actual gestión de la AGP: impresión de 1000 libros para obsequio por $34 millones
Otro punto controvertido es la influencia de los hermanos Diego y Leonardo Salom, sobrinos de un histórico líder sindical portuario y vinculados al massismo. Ambos ocupan cargos jerárquicos en la AGP mientras manejan gremios y empresas relacionadas al sector. Según fuentes del organismo, el nivel de vida de los Salom mejoró significativamente en los últimos años, con lujos que incluyen autos de alta gama y exclusivos viajes internacionales. La conexión de los Salom con figuras como Hugo Moyano y Sergio Massa también genera sospechas sobre posibles manejos irregulares.
– Fuentes de la AGP destacan que cambió el nivel de vida del sindicalista Diego Salom desde su llegada al organismo, con autos de alta gama y viajes internacionales
Los Salom también están vinculados a la Fundación Mundo Puerto, registrada como empresa, y cuyo domicilio coincide con el de otra firma que ganó licitaciones recientes. Este entramado refuerza la imagen de una “casta portuaria” que parece estar a ambos lados del mostrador, maximizando su influencia tanto en el ámbito sindical como en el corporativo.
– Leonardo Salom en un encuentro con el Papa Francisco
El símbolo más evidente del descontrol en la AGP es el proyecto del “Centro de Experiencia Portuaria”, un museo que debía levantarse en el edificio histórico de la entidad con un costo que actualmente asciende a $5.600 millones. Sin embargo, la obra tiene solo un 6,8% de avance. A pesar de esto, la empresa constructora Criba SA ha recibido pagos significativos, justificándolos con demoras atribuibles a trámites burocráticos y permisos pendientes por tratarse de un área de protección histórica.
– Adjudicación de la obra del museo portuario en 2022, que todavía no se construyó, pero por la que ya se pagaron $1500 millones
La construcción del museo implicó el traslado del personal de la AGP a oficinas alquiladas en Puerto Madero, con un costo mensual de 90.000 dólares. Este gasto adicional se suma a los costos de remodelación de las oficinas temporales, que también fueron cuestionados por su magnitud y poca transparencia en la asignación de contratistas. En paralelo, el Gobierno avanza con la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una vía estratégica para el comercio exterior que atraviesa siete provincias y mueve el 80% de las exportaciones. Si bien se anunció una concesión por 30 años, la reforma del sistema troncal sigue enfrentando demoras.
– Así luce el edificio de la AGP hoy, abandonado. Hasta el momento, solo se realizaron trabajos de “puesta en valor” del edificio
El contrato contempla profundizar canales secundarios y modernizar tecnologías, pero los avances han sido lentos. La inclusión de nuevos tramos para beneficiar a puertos menores, como los de Entre Ríos, fue destacada, aunque no logró contrarrestar las críticas por la falta de transparencia en los procesos. Empresas internacionales como Shanghai Dredging y Jan de Nul ya han mostrado interés, pero la licitación enfrenta obstáculos políticos y económicos que prolongan la espera de resultados concretos.
*Con información de Guadalupe Vázquez, Todo Noticias
Axel Kicillof volvió a protagonizar un controvertido anuncio, esta vez relacionado con Aerolíneas Argentinas. Durante una conferencia en la Casa de Gobierno bonaerense, el mandatario dejó en clara su postura: si el gobierno de Javier Milei avanza con la privatización de la aerolínea estatal, Buenos Aires está dispuesta a asumir su control.
“La provincia de Buenos Aires no va a permitir la venta de Aerolíneas. Es un instrumento central para el desarrollo y la conectividad. La Provincia sí la quiere”, expresó, acompañado por representantes sindicales y antiguos directivos de la compañía. El anuncio ocurre en un contexto de crecientes tensiones entre los sectores que abogan por el ajuste fiscal y quienes defienden el modelo estatal.
Kicillof detalló que la cabecera genera ingresos de más de 2.600 millones de dólares anuales y sostiene 81.000 empleos directos e indirectos, resaltando su impacto en el turismo y las economías regionales. Además, calificó la posible privatización como “un intento de vaciamiento” que la Provincia no permitirá.
“Si el gobierno nacional quiere liquidarla, que sepa que la Provincia la va a sostener. No podemos atravesar un vaciamiento ni una estafa. La patria no se vende”, sentenció, en un claro desafío a la administración de Milei.
El gobernador también anunció un plan para convocar a otros mandatarios provinciales y sectores estratégicos con el objetivo de construir una “estrategia colaborativa” que impida la privatización. Los gremios aeronáuticos, como la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes, respaldaron su postura, alertando sobre el impacto social y laboral que podría una eventual venta.
La propuesta de Kicillof, sin embargo, genera interrogantes. Los especialistas advierten que un traspaso de este tipo requeriría la aprobación del Congreso Nacional y exigiría enormes recursos para garantizar la operatividad de la aerolínea, la cual depende de subsidios multimillonarios.
Pese a esto, el gobernador no escatimó en elogios hacia Aerolíneas Argentinas, calificándola como “una pieza clave en el rompecabezas de la Argentina federal” y sugiriendo que la compañía es “de las mejores del mundo”. Según afirmó, la Provincia ya está “explorando todos los caminos posibles” para asumir el control si la Nación decide desprenderse de ella.
En los primeros días de la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), los interventores MarianoGallegos y MarinaAlegre revelaron serias irregularidades en la gestión del organismo.Los hallazgos preliminares indicaron una deuda acumulada de $43.000 millones, sueldos de hasta $16 millones para funcionarios, y un déficit operativo mensual de $3.000 millones.
La auditoría determinó que la deuda del IOSPER ascendió a más de $43.000 millones, cifra que duplica los $21.000 millones reportados anteriormente por el ex presidente Fernando Cañete. Este desbalance expuso inconsistencias en la gestión financiera y la falta de claridad en los informes previos. El 56% de esa suma correspondió a gastos en medicamentos, reflejando problemas en la negociación y adquisición de insumos. Este nivel de endeudamiento comprometió seriamente la capacidad de la obra social para mantener sus prestaciones.
Además, los interventores identificaron una práctica irregular en la que los miembros del directorio desdoblaron sus salarios para ocultar sus ingresos reales. El caso más grave involucró al ex presidente, quien percibió $16 millones mensuales a través de una doble liquidación no registrada oficialmente. Esta práctica se replicó en al menos 25 casos más, lo que subrayó la falta de transparencia y el abuso de los recursos de la institución.
Se detectaron incrementos arbitrarios en los aranceles prestacionales, como un aumento del 15% aprobado por la gestión saliente, que habría generado un déficit mensual adicional de $1.000 millones. Los interventores anularon esta medida debido a la falta de documentación que la justificara.
En cuanto al uso de recursos materiales, destacó el caso de un gerente que utilizó vehículos oficiales para trasladarse semanalmente entre Corrientes y Paraná, generando un gasto de $10 millones en transporte y hospedaje. También se reportaron sobreprecios en servicios menores, como el lavado de autos oficiales, cuyos costos superaban ampliamente los precios de mercado. En algunos casos, incluso se pagaron servicios de televisión por cable para oficinas que no contaban con televisores.
Otra irregularidad destacada fue la falta de aplicación de descuentos ofrecidos por proveedores de medicamentos, lo que generó un sobrecosto de $1.700 millones. Esto evidenció una negligencia administrativa que afectó directamente la capacidad para optimizar recursos.
El golpe a los afiliados
Los afiliados, organizados en la Asociación en Defensa de los Derechos de los Afiliados (ADDA), expresaron su apoyo a la intervención decretada por el gobernador Rogelio Frigerio el 10 de diciembre.Norma Radichi, representante de ADDA, destacó la urgencia de una investigación profunda que abarque varios años de gestión: “Estas irregularidades afectaron directamente nuestras prestaciones y generaron demoras intolerables”, señaló.
Entre los problemas mencionados por los afiliados se incluyeron retrasos significativos en tratamientos para enfermedades graves, como cáncer y enfermedades crónicas, que requieren una atención continua. La falta de entrega oportuna de medicamentos de alto costo llevó a muchos pacientes a interrumpir sus terapias, poniendo en riesgo su salud y calidad de vida. Algunos afiliados reportaron esperas de hasta seis meses para autorizaciones críticas.
Debido a estas demoras, un alto número de afiliados recurrió a la judicialización de sus casos mediante amparos, un mecanismo que, aunque efectivo para garantizar el acceso a los servicios, incrementó los costos operativos de la obra social. Según datos proporcionados por los interventores, estos amparos significaron un gasto financiero considerable y generaron una sobrecarga administrativa que dificultó la atención de otros casos.
Radichi enfatizó que estas fallas en la gestión no solo perjudicaron a los afiliados: “Muchos de nosotros hemos perdido la fe en la capacidad del IOSPER para garantizar nuestras necesidades de salud. Es imperativo que esta intervención no solo resuelva los problemas actuales, sino que siente las bases para una administración más eficiente y humana”, afirmó.
“La eficiencia administrativa es esencial“
Los interventores afirmaron que trabajan en un esquema de distribución de fondos más equitativo, que priorice el pago a prestadores y garantice la continuidad de los servicios médicos. “No hay prestadores privilegiados. Eso se terminó”, declaró Gallegos. La redistribución de recursos buscará asegurar que cada peso invertido beneficie directamente a los afiliados, dejando de lado las prácticas clientelistas detectadas en la gestión anterior.
Un aspecto clave en su estrategia será la mejora de los controles administrativos. Alegre explicó que planean implementar sistemas de monitoreo en tiempo real para las contrataciones y compras de insumos, con el objetivo de evitar sobreprecios y reducir los tiempos de aprobación. Esto incluye la creación de una unidad especializada en auditorías internas que supervisará cada transacción significativa. “La eficiencia administrativa es esencial para garantizar que los recursos se utilicen de manera óptima”, agregó Alegre.
Otro de los objetivos prioritarios será la reducción de los amparos judiciales, que actualmente representan una carga económica y administrativa significativa. Para abordar este problema, los interventores trabajan en la creación de un sistema de respuesta rápida para solicitudes de prestaciones críticas, evitando que las demoras lleven a la judicialización. Además, planean establecer un canal directo de comunicación con los afiliados para atender reclamos de manera más eficiente y transparente.
Gallegos ejemplificó esta problemática con el caso de una prestación que inicialmente costaba $200.000, pero que, debido a demoras administrativas, escaló a $7 millones tras judicializarse. “No solo es un gasto innecesario, sino que también refleja una falla estructural que debemos corregir con urgencia”, señaló. Alegre añadió que la eliminación de burocracias innecesarias será clave para restaurar la confianza de los afiliados en el sistema.
Por último, los interventores destacaron la importancia de renegociar los acuerdos con proveedores para obtener mejores condiciones en la compra de medicamentos e insumos médicos. Según estimaciones preliminares, estas medidas podrían ahorrar al IOSPER cientos de millones de pesos anuales, recursos que se reinvertirán en mejorar las prestaciones y reducir los tiempos de espera.
En paralelo a las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich lo secundó al expresar su deseo de que el PRO se fusione con La Libertad Avanza en una nueva gran formación liderada por el partido libertario de cara a las próximas elecciones legislativas, en lo que pareció traducir el “juntos o separados” esgrimido por el mandatario frente a la posibilidad de una alianza con la agrupación política de Mauricio Macri.
Las palabras de Bullrich, al igual que las de Milei, también estuvieron acompañadas de un tono de ultimátum: “Estamos convencidos de que esta elección va a ser entre el apoyo a profundizar la transformación o ‘soy del club del helicóptero’” afirmó.
“La lógica es que todos los que apoyamos el cambio vayamos juntos. Y que el partido de Gobierno tenga la prioridad, hay que adaptarse” dijo la ministra, quien ejemplifico el tipo de relación de fuerzas que propone para esta eventual “fusión” con la alianza Cambiemos que llevó a Macri a la presidencia en 2015, y cuyo gabinete se compuso por una mayoría de integrantes del PRO y una minoría del radicalismo.
Patricia Bullrich se refirió al partido del expresidente como una formación dividida en forma desigual entre quienes apoyan irrestrictamente al presidente y quienes mantienen sus reparos: “Hay miles de dirigentes, algunos vienen del PRO, otros del radicalismo. En nuestra campaña nuestras verdades eran muy similares a las que decía Milei. Yo recuerdo una frase de mi campaña que era ‘es todo o nada’. Todo ese PRO se siente oficialista y se siente parte del Gobierno“.
Acerca de los que mantienen sus reticencias respecto al Ejecutivo libertario y se limitan a un apoyo “crítico”, la ministra se refirió a ellos como un espacio aislado y en el que “cada vez son menos”. En ese sentido, sobre Mauricio Macri expresó que “habla de algunas virtudes, pero ya ponerte en la oposición es un lugar en el que el PRO no tiene que estar”.
La alta funcionaria del Gobierno de Milei aseveró que las bases del PRO están de acuerdo con lo que se hace desde el Ejecutivo y eso puede marcar una distancia con el bureau político de dicha formación, en el que aún ejerce una influencia considerable el expresidente.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, intervino el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) mediante el Decreto N° 3675, en respuesta a un déficit mensual cercano a los $2.000 millones y denuncias de graves irregularidades administrativas. La decisión pone fin a la gestión sindical que había administrado la obra social desde hace más de dos décadas.
Al frente del proceso se designó al abogado Mariano Gallegos, exvicepresidente de la obra social de la Ciudad de Buenos Aires, como interventor, y a la doctora Marina Alegre como subinterventora. La intervención tendrá una duración de seis meses e incluirá una auditoría integral en los aspectos financieros, administrativos y contables del organismo, en colaboración con la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Según fuentes oficiales, estas universidades fueron seleccionadas por su independencia y trayectoria académica.
El IOSPER, que presta servicios a funcionarios y empleados estatales, provinciales y municipales de Entre Ríos, cuenta con casi 300.000 afiliados y es financiado por un aporte del 3% de los haberes de los trabajadores. Sin embargo, la administración de Fernando Cañete, quien renunció un día antes del anuncio oficial, dejó un panorama crítico: un déficit acumulado de $20.000 millones, retrasos de hasta cuatro meses en pagos de prestaciones por discapacidad y una acumulación de gastos judiciales que, solo en septiembre, alcanzaron los $868 millones.
Los informes de la Comisión Fiscalizadora Permanente revelaron que el Directorio omitía rendir contrataciones directas y las incorporaciones de personal, además de presentar informes financieros fuera de término. El Tribunal de Cuentas provincial inició nueve juicios contra las autoridades por mala rendición de cuentas y pagos irregulares a prestadores. Entre las irregularidades detectadas se encuentran pagos duplicados a prestadores, falta de licitaciones públicas y omisión de controles sobre los gastos operativos, lo que generó un clima de desconfianza entre los afiliados y los proveedores de servicios.
Además, se detectaron casos de abuso en las contrataciones de servicios tercerizados, con montos muy por encima de los valores de mercado. Estas prácticas, sumadas a la falta de controles internos, profundizaron la crisis financiera y dañaron la credibilidad de la obra social ante sus afiliados.
En un discurso pronunciado tras la intervención, Frigerio destacó la necesidad de “poner luz donde había oscuridad”. Según el gobernador, la medida responde al impacto del déficit del IOSPER sobre toda la población, dado que el Tesoro provincial debía cubrir las pérdidas del organismo. También denunció “obstaculizaciones sistemáticas” al trabajo de los órganos de control.
“Venimos a poner orden donde había desorden y a garantizar servicios de calidad para los entrerrianos vinculados con el sector público”, afirmó Frigerio. El mandatario también enfatizó la necesidad de trabajar junto a los sindicatos para garantizar la transparencia y mejorar las prestaciones. En su mensaje, resaltó que la intervención no busca enfrentarse con las organizaciones gremiales, sino colaborar con ellas para construir un sistema más eficiente y justo.
La intervención también incluye un paquete de medidas urgentes, como la renegociación de contratos con prestadores médicos, la revisión de acuerdos salariales internos y la implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real para los ingresos y egresos del organismo. Estas acciones están diseñadas para frenar el aumento del déficit y evitar nuevos casos de irregularidades administrativas.
– De izquierda a derecha: Mariano Gallegos, Manuel Troncoso, Rogelio Frigerio y Mariana Alegre
La administración sindical del IOSPER se estableció a fines de los 90 bajo el gobierno de Jorge Busti, quien devolvió el control del organismo a los afiliados. Sin embargo, la situación financiera y organizativa ha llevado a sucesivas intervenciones, incluyendo una en 2005. Durante la gestión anterior,de Gustavo Bordet, se aumentaron los aportes patronales al 6%, pero esto no logró revertir los problemas estructurales.
El equipo de intervención ya comenzó a implementar auditorías y medidas correctivas. Gallegos destacó la importancia de ordenar las finanzas y garantizar la cobertura médica, particularmente en áreas sensibles como discapacidad y prótesis. “Vamos a transparentar el IOSPER para que vuelva a ser una herramienta al servicio de los trabajadores”, aseguró.
– Isaías Fernando Cañete, exdirector del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos
Con esta intervención, el Gobierno provincial busca revertir años de gestiones cuestionadas y sentar las bases para un manejo eficiente y transparente de la obra social más grande de Entre Ríos. Entre los objetivos planteados para los próximos meses, se incluye la implementación de un nuevo modelo de gestión basado en principios de austeridad y eficiencia. Además, se espera que los resultados de la auditoría integral permitan identificar responsables y aplicar sanciones, si corresponde.
Mientras tanto, los afiliados esperan que las mejoras prometidas se traduzcan en un acceso más ágil y eficiente a los servicios médicos, así como en la reducción de los tiempos de espera para tratamientos esenciales. El desafío para el gobierno de Frigerio será equilibrar las expectativas inmediatas con la necesidad de reformas profundas y sostenibles.
El cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por LLA, David Adrián Martínez, fue denunciado por abuso sexual, manipulación y extorsión con falsas promesas laborales.
Un llamado al 911 en el momento justo en que los delincuentes entraban a robar en un edificio del barrio de Recoleta puso en acción a la Policía de la Ciudad.
Inmediatamente los 6 delincuentes, 4 de ellos extranjeros, fueron detenidos.… pic.twitter.com/uaa5kYSIlN
