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Tras la tensa cumbre de los líderes del PRO de la semana pasada, el expresidente Mauricio Macri reclamó “coraje” a los dirigentes que irán en busca de la presidencia de la Nación. “Se necesitan voces comprometidas, sinceras, auténticas, voces con coraje para decir lo que piensan, sin medias tintas, sin volver a caer en lo que se llama ‘políticamente correcto’, que está lleno de mentiras“, comentó este lunes.
Entre pasillos aseguran que el presidente de la Fundación FIFA se distanció del ala de Juntos por el Cambio comandado por Horacio Rodríguez Larreta, y fortaleció su lazo con su exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y Patricia Bullrich
“Se necesitan cambios muy profundos y valientes para que la Argentina encuentre un rumbo”, dijo en diálogo con el periodista Luis Majul. De acuerdos a fuentes internas del espacio, el exjefe de Estado lanzó estas palabras porque está “decepcionado” del Jefe de Gobierno de la Ciudad, dado que “ha comenzado a abrir su propio camino sobre quienes lo ayudaron a ser quién es”.
A pesar de que no lo mencionó, Macri se apartó públicamente del precandidato a presidente de JxC y desde el ala del PRO (Los Halcones) aguardan su “bendición” a Bullrich antes del mes próximo.
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Los legisladores bonaerenses de la Unión Cívica Radical (UCR) criticaron a Homero Giles, titular del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), luego de que se constatara la muerte de un afiliado a raíz de la demora en la respuesta para su internación. La denuncia se produjo luego de que una vecina del municipio de Mar Chiquita informara que su marido falleció en la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata, luego de que los médicos solicitaran de “urgencia” su ingreso, sin obtener respuesta oportuna del ente.
El titular del bloque UCR + Cambio Federal en la Cámara de Diputados bonaerense, Diego Garciarena, declaró: “Hablar de PASO, de re reelecciones y de comprar Aerolíneas Argentinas mientras mueren bonaerenses por falta de atención de IOMA es ciencia ficción. Menos chicanas, menos campaña electoral y más acción”. Asimismo, el senador Ariel Bordaisco repudió la situación y puntualizó: “Otras vez IOMA. En este caso, lamentamos la pérdida de una persona, ya que el trámite quedó frenado en el área de finanzas. No hay un plan de acción concreto; estamos a la deriva. Mientras tanto, lo funcionarios se dedican a chicanear en lugar de ponerse a trabajar”.
La denuncia se produjo en un contexto de reiteradas críticas al funcionamiento del IOMA. Según se informó, en 2024 los afiliados de más de 20 municipios quedaron desatendidos luego de que Homero Giles decidiera anular, de forma unilateral, el acuerdo con la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA). A raíz de esto, se llevaron a cabo protestas en diversas comunas, y en Mar del Plata la situación se mantuvo acuciante. Para abordar la crisis, desde el bloque UCR + Cambio Federal se presentó un proyecto que propone garantizar la autarquía financiera y administrativa de la obra social, mediante la modificación del artículo 12 de la Ley del IOMA, lo que permitiría disponer de los fondos antes de que ingresen a la Tesorería de la Provincia.
La denuncia familiar se vio reflejada en la entrevista de Adriana André, jubilada docente y afiliada del IOMA oriunda de General Pirán. André denunció que su esposo falleció el 25 de enero, luego de 23 días en los que esperó que la obra social respondiera a la solicitud de internación. “Cuando el trámite llegó al área de finanzas quedó ahí, sin firmar y mi marido no aguantó”, relató la vecina. Recordó que el enfermo presentó problemas en los pulmones y el páncreas desde 2010 y que, en septiembre de 2024, se interpuso el primer recurso de amparo para continuar su atención en la Clínica Pueyrredón, donde fue internado nuevamente tras una segunda presentación judicial que determinó que “este tipo de pacientes tengan las puertas abiertas de la clínica”. André explicó que, el 2 de enero, cuando su marido se descompensó, los médicos realizaron los trámites requeridos por la obra social, aunque el paciente falleció a pocos días.
En tanto, a finales de diciembre, afiliados del IOMA en Mar del Plata denunciaron amenazas por parte de funcionarios del gobierno de Axel Kicillof durante movilizaciones autoconvocadas. Los manifestantes se concentraron —en la esquina de Independencia y Raúl Sonigaray— y marcharon hasta las inmediaciones de la Escuela de Policía Juan Vucetich, donde se esperaba la participación del gobernador, quien finalmente no se presentó. “Cuando llegó un auto oscuro, pensamos que estaba él. La gente se acercó, pero cerraron los portones. Luego salió el ministro de Seguridad, Javier Alonso, en tono matón, a querer bajarnos y que nos fuéramos, pero no nos movimos”, declaró una de las participantes.
– Afiliados del IOMA acusaron a la delegada Celeste Lazo de intentar amedrentar durante la protesta
Asimismo, los afiliados denunciaron un acto “intimidatorio” de la directora regional del IOMA, Celeste Lazo, quien “quiso filmarnos para amedrentarnos, pero la terminamos escrachando”, según relató otra manifestante, quien agregó: “Ya la conocemos porque tuvimos varias instancias de diálogo con ella, hasta el Comisión de Salud, pero siempre nos miente”.
Las protestas se impulsaron en respuesta a la reducción de prestaciones, la baja cobertura de medicamentos, la falta de atención en las principales clínicas de Mar del Plata y la imposibilidad de elegir libremente los centros de atención. En Tandil, los autoconvocados del IOMA manifestaron su descontento por la falta de prestaciones en estudios de alta complejidad y por los recortes en la medicación, en particular para enfermedades crónicas. La afiliada Cristina Jaramillo denunció: “Hay mucha gente con enfermedades como esclerosis múltiple o problemas oncológicos que no reciben su medicación a tiempo. No hay manera de que les entreguen lo necesario”. Además, criticó a la organización “23 de diciembre”, creada para mediar entre los afiliados y la obra social, por haber sido diseñada para reducir la cantidad de prestaciones.
– El senador bonaerense, Ariel Bordaisco
Durante las movilizaciones, se denunciaron además prácticas de intimidación y condicionamientos, como el relato de una autoconvocada que afirmó recibir llamadas desde La Plata para que, en caso de realizar una convocatoria, se anulara una entrevista con Homero Giles. Por otro lado, en noviembre pasado, el gobernador Kicillof visitó Tandil y se reunió con algunos beneficiarios, aunque, según se informó, “nos recibieron a regañadientes, pero no hubo ningún compromiso real por parte del gobierno bonaerense. El gobernador nos escuchó, pero dijo desconocer la situación y no hizo nada”.
El intercambio de recriminaciones se extendió también a la Legislatura bonaerense. Tras la presentación de un proyecto por parte del senador Ariel Bordaisco para que el ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco, compareciera y explicara la crisis en el IOMA, Bianco respondió a Bordaisco a través de sus redes sociales, manifestando estar “sorprendido” de que los legisladores desempeñaran su labor en enero y asegurando su disponibilidad, dado que no se había tomado vacaciones en 2025. La senadora Eugenia Gil enfatizó: “Exigimos respuestas. Menos campaña y más acción. Establecer prioridades, hablar y resolver lo que se debe, no es Aerolíneas y reelecciones, es sanear IOMA por el bien de los bonaerenses”.
El presidente Javier Milei impulsó un proyecto de ley para modificar la Ley de Migraciones N.º 25.871, con el propósito de endurecer los requisitos de residencia para los extranjeros y establecer un sistema de arancelamiento en la salud y la educación universitarias para quienes no residieran en el país. El Gobierno planeó enviar la iniciativa al Congreso durante el período de sesiones ordinarias que comenzaría el 1 de marzo, en una línea política que el oficialismo consideró necesaria para “avanzar hacia un país ordenado que proteja a los ciudadanos argentinos”.
El equipo del director nacional de Migraciones, Sebastián Seoane, dependiente del vicejefe de gabinete de Interior, Lisandro Catalán, trabajó en los detalles del proyecto, que incluyó reforzar el control de documentación en el otorgamiento de residencias. Desde la Casa Rosada sostuvieron que “los extranjeros estudiaron solo dos meses y se quedaron a vivir en la Argentina” cuando no existió un control directo durante la gestión anterior, por lo que se estableció un régimen más estricto para la entrega de residencias a estudiantes.
– El director nacional de Migraciones, Sebastián Seoane
A inicios de diciembre, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros sin residencia y la implementación de aranceles en las universidades nacionales. “El Gobierno Nacional va a impulsar una serie de modificaciones en el régimen migratorio”, aseguró en conferencia de prensa, y añadió: “Actualmente, uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero”. Adorni informó que los organismos competentes determinarían las condiciones para que los hospitales públicos facturaran estos servicios a quienes no vivieran en el país. También destacó que, al aplicar esa medida en la provincia de Salta, la atención de salud a extranjeros se redujo 95%, con un ahorro de 60 millones de pesos, y sostuvo: “Nos despedimos de los famosos tours sanitarios, que por desgracia son tan conocidos en la Argentina”.
El proyecto contempló, además, ampliar la lista de delitos que impedirían el ingreso o justificarían la expulsión de un inmigrante. “La doctrina garantista ha hecho desastres en términos migratorios y lo cierto es que los malandras, los ocupas y los oportunistas deben quedarse del otro lado de la frontera y no venir a la Argentina a hacer daño a los ciudadanos que residen en el territorio nacional”, afirmó el Vocero Presidencial. “Si a un delincuente se lo detiene cometiendo un delito (en flagrancia) o por violentar el sistema democrático, será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país”, agregó, al tiempo que indicó que se rechazaría el ingreso a quienes presentaran documentación apócrifa o se sospechara que sus motivos de viaje eran diferentes a los declarados.
La Casa Rosada también admitió la participación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para reforzar los pasos fronterizos con mayores medidas aplicadas por las fuerzas federales. Desde el Ejecutivo explicaron que este endurecimiento respondió a la necesidad de “tomar más precauciones ante las amenazas de Irán”, según la postura oficial: “Nuestro alineamiento internacional a favor de Israel nos lleva a tomar más precauciones ante las amenazas de Irán”. Apuntaron a sumar la colaboración de las Fuerzas Armadas en las fronteras y en el territorio interno, y por ello el Gobierno dictó dos decretos para habilitarlas a operar contra organizaciones terroristas y carteles del narcotráfico extranjeros.
El proyecto hizo foco también en quienes buscaban regularizarse por medio de hijos argentinos. Hasta ese momento, dicho trámite requería cédula de identidad o pasaporte, la partida de nacimiento del país de origen, el certificado de antecedentes penales y el acta de nacimiento del hijo argentino. Con la reforma propuesta, se esperaba un control más estricto de la documentación. Cabe recordar que el programa Patria Grande, impulsado durante la presidencia de Néstor Kirchner, regularizó a 565.831 personas hasta el año 2007, permitiendo la residencia a ciudadanos de países miembros del Mercosur solo con su nacionalidad y la carencia de antecedentes penales. En la actualidad, para obtener la ciudadanía argentina, los extranjeros debían cumplir con requisitos como tener 18 años de edad, presentar partida de nacimiento legalizada, el DNI o pasaporte y un certificado de medios de vida, entre otros.
Según el Censo 2022, residían en Argentina 1.933.463 extranjeros, equivalentes al 4,2% de la población total, con una alta concentración (51,4%) en la provincia de Buenos Aires. Durante 2023, se registraron 29.821.467 movimientos de personas extranjeras en el territorio nacional, con un número de ingresos superior a los egresos. El Poder Ejecutivo consideró que la reforma migratoria resultaría clave para controlar esta afluencia y proteger el bienestar de los habitantes del país. Bajo la coordinación de Sebastián Seoane y con la supervisión de Lisandro Catalán, el Gobierno consolidó la propuesta antes de su debate en el Congreso.
El Gobierno nacional decidió dar de baja el Programa de Fortalecimiento Comunitario, una iniciativa que brindaba subsidios a comunidades indígenas para asesoramiento legal y técnico en conflictos de tierras. La decisión se formalizó con la Resolución 8/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por Claudio Avruj, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Según el documento oficial, la medida respondió a la falta de mecanismos de control adecuados y a la detección de desvíos en la ejecución de los fondos.
El Programa estaba destinado al “otorgamiento de subsidios destinados a afrontar las erogaciones económicas que acarrean las labores profesionales ejercidas en acciones y/o defensas judiciales, asesoramiento jurídico contable, capacitación legal y ejecución e inscripción de mensuras, todo ello tendiente a consolidar la posesión de las tierras que ocupan las Comunidades Indígenas existentes en el país y con el objetivo de alcanzar su definitiva propiedad comunitaria”. No obstante, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó “deficiencia y desvíos” en los informes de auditoría, entre ellas la inexistencia de herramientas de registro y sistematización de datos “que permita identificar y cuantificar el resultado o impacto de los subsidios no reintegrables de fortalecimiento Comunitario otorgado desde su creación”.
La resolución resaltó que el programa no cumplió con sus objetivos fundacionales y que no disponía de un sistema de monitoreo que permitiera evaluar su impacto real. El texto oficial señaló: “Se ha constatado que el Programa de Fortalecimiento Comunitario no cuenta con una herramienta de registro y sistematización de la información que permita identificar y cuantificar el resultado o impacto de los subsidios otorgados”. En el mismo sentido, la decisión gubernamental argumentó la necesidad de “dejar sin efecto determinados programas que se llevan adelante en la órbita de este Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que no responden a los criterios de eficiencia en el funcionamiento del sector público que este contexto requiere”.
Asimismo, el Gobierno enmarcó la iniciativa en la emergencia pública decretada en diciembre de 2023 mediante el decreto 70/2023, al sostener que “es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que atraviesa el país”. De acuerdo con funcionarios del INAI, la administración de Javier Milei buscó reorganizar el sistema de asistencia y reducir la cantidad de subsidios directos, con miras a instaurar nuevos criterios de transparencia y eficiencia.
Por medio de la Resolución 8/2025, el titular del INAI resolvió: “Derógase la Resolución INAI N° 235/2004 del 19 de octubre de 2004, mediante la cual se resolvió crear el Programa de Fortalecimiento Comunitario en la órbita del INAI”.
En paralelo, el Gobierno también adoptó otras medidas que afectaron a distintas comunidades. Hace poco menos de una semana, el INAI revocó el permiso de ocupación de tierras a la comunidad indígena del pueblo Qom, Asociación Civil Comunidad Indígena “Añi Alba de Colonia 54 Nagui Aiem”, ubicada en la localidad de Makallé, Chaco. La Resolución 5/2025 publicada en el Boletín Oficial anuló el reconocimiento previo de ocupación tradicional y pública del lote 175 de Makallé, el cual había sido otorgado mediante la Resolución INAI N° 144/2023 del 29 de noviembre de 2023.
La revocación surgió a partir de una denuncia de Mariel Luisa Crespo, quien se presentó como copropietaria de una fracción del inmueble en disputa y afirmó que el procedimiento administrativo vulneró su derecho al debido proceso y a la defensa. Tras analizar la documentación, el INAI determinó que el relevamiento inicial omitió antecedentes jurídicos y títulos de propiedad que acreditaban los derechos de Crespo. En consecuencia, el organismo dio lugar al recurso de revisión y resolvió invalidar el permiso de ocupación. La nueva resolución especificó: “El planteo de inexistencia de la comunidad indígena como sujeto de derecho, su denominación y localización, deberá ser tratado por ante el organismo con competencia indígena de la provincia del Chaco, en tanto no resulta del análisis de los obrados”.
Las autoridades provinciales evaluarán las próximas acciones con relación al reconocimiento de la comunidad en esa jurisdicción y la situación de la propiedad del inmueble, en concordancia con las disposiciones del INAI.
El Ministerio de Salud confirmó la renuncia de la directora del Instituto Nacional del Cáncer (INC), María Verónica Pesce, tras la baja de 56 contratos en ese organismo. La noticia surgió en medio del anuncio oficial de que no se renovarían 1400 contratos en la órbita de Salud y luego de que el periodista Eduardo Prestofelippo, más conocido como El Presto, publicara, el 7 de diciembre de 2024, un informe en su canal de YouTube que expuso el vencimiento de fármacos oncológicos.
Según detallaron fuentes del INC, Pesce presentó su dimisión ayer luego de que el ministerio solicitara 56 bajas en el plantel de ese instituto de funcionarios claves para la gestión de la directora. Los gremios se declararon en estado de alerta y, tras conocer el comunicado, exigieron una reunión con carácter de urgencia con las autoridades de Salud para solicitar que se revisaran uno por uno los casos.
EL INFORME DE EL PRESTO DENUNCIA: Dejaron “PUDRIR” toneladas de medicamentos oncológicos en el Instituto Nacional del Cáncer
En paralelo, la investigación difundida por el periodista Prestofelippo señaló que la funcionaria quedó asociada a la caducidad de un amplio cargamento de morfina y metadona: fármacos usados para tratar dolores intensos de pacientes con cáncer. “Hablaremos hoy de una de esas burócratas que complica aún más la endeble situación del sistema de salud: la kirchnerista María Verónica Pesce, actual directora del Instituto Nacional del Cáncer, quien fuese designada en ese cargo por la exministra de Salud de Alberto Fernández, Carla Vizzotti, el 17 de diciembre de 2021 a través del Decreto 858/2021 publicado en el Boletín Oficial”.
También el periodista agregó: “Quizás te suene su apellido… María Verónica es familiar directo de Miguel Ángel Pesce, el presidente del Banco Central de la República Argentina durante la gestión del Frente de Todos. En concreto, es hija de un primo del funcionario que más se enriqueció durante el infame período Fernández-Fernández”.
El informe incluyó críticas a la gestión: “¿Y cuál es el problema? Como siempre, la gestión… Se venció el 50% de un cuantioso cargamento de morfina y metadona (fármacos utilizados para tratar el dolor intenso causado por el cáncer, cuando otros analgésicos no son suficientes) solicitado el 18 de febrero de 2022. Más o menos la mitad de este cargamento de… MORFINA: Un millón trescientos sesenta y nueve mil quinientos comprimidos ranurados de liberación inmediata de 10 miligramos en blíster de diez comprimidos. METADONA: Seiscientos veinticinco mil trescientos ochenta comprimidos de 5 miligramos en blíster de 10 comprimidos. … yace ‘podrido’ en el Banco de Drogas Oncológicas de la calle Dr. Ramón Carrillo altura 489 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Prestofelippo se apoyó en documentos oficiales donde queda expuesto que se gastó —a plata de hoy— más de ciento ochenta y cinco millones de pesos en medicamentos que terminaron pudiéndose.
Pesce permaneció alrededor de cinco años al frente de la institución. “Nunca me atendió el teléfono y desconozco qué hizo en ese Instituto durante esos años porque solo mandaron un par de gacetillas con poca información”, señalaron fuentes. Al momento, no trascendió el nombre de su reemplazante. La exdirectora del INC dejó su cargo en un escenario marcado por el cuestionamiento a su administración y las tensiones gremiales surgidas por la no renovación de contratos.
Tras meses de desgastes y cuestionamientos, Eduardo Serenellini renunció este martes a su cargo de secretario de Prensa de Javier Milei. El funcionario, que resistió como pudo durante largos meses en su despacho de la planta baja de la Casa Rosada, era duramente cuestionado por la secretaria general Karina Milei desde que se enteró que había habilitado el pago de pauta a medios de comunicación en los que trabajó y se dedicaba a promover decisiones favorables con otras empresas, según las versiones que daban en la cúpula libertaria.
El ahora ex funcionario no tenía el respaldo ni de la hermana del presidente ni de Santiago Caputo, los dos integrantes del Triángulo de Hierro junto al líder libertario. Además arrastraba una interna feroz con Manuel Adorni, el portavoz de Milei.
Pero pese a eso se mantuvo en su cargo de manera insólita durante más de un año. Su estadía en la Rosada le generó enfrentamientos a Milei con el campo y tuvo su capítulo más polémico cuando quedó envuelto en una situación delicada por la aparición de una agencia de publicidad privada cursando pauta oficial, como reveló el sitio La Política Online
Por orden de la Justicia, el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, dispuso la baja de un grupo de militares retirados que tenían condenas en causas por delitos de lesa humanidad ligados a su actuación durante la última dictadura. El Gobierno difundió la resolución 2025, fechada el lunes 27 de enero de 2025, y también aludió a la resolución 72/2005, firmada por Petri a requerimiento de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Defensa aclaró que no se trató de “una decisión unilateral”, sino del cumplimiento de una “orden del Poder Judicial, notificada por el Ministerio Público Fiscal”.
La medida abarcó a 23 oficiales superiores retirados del Ejército, entre ellos combatientes de la guerra de Malvinas. Uno de los más conocidos fue el coronel retirado Horacio Losito, condenado a prisión perpetua y quien, una semana después de la llegada de Javier Milei a la Presidencia, obtuvo la libertad condicional. A diferencia de los militares que pasan a retiro (conservan grado y estado militar), los dados de baja pierden su condición de integrantes de las Fuerzas Armadas. Según se informó, las esposas de los oficiales retirados comenzarán a percibir la correspondiente pensión. En la lista figuraron:
Generales de División retirados: Eduardo Rodolfo Cabanillas.
Generales de Brigada retirados: Néstor Rubén Castelli, Teófilo Saa, Federico Antonio Minicucci
Coroneles retirados: Miguel Ángel Fernández Gez, Humberto José Román Lobaiza, Mario Alberto Gómez Arena, Pascual Oscar Guerrieri, Oscar Lorenzo Reinhold, Ramón Ángel Puebla, Carlos Alberto Ozarán, Carlos Gustavo Fontana, Horacio Hugo Maderna, Jorge Omar Lazarte, José Héctor Fidalgo, Jorge Daniel Rafael Carnero Sabol, Héctor Salvador Girbone, Carlos Enrique Pavón, Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes, Rafael Julio Manuel Barreiro, Carlos Alberto Arias y Luis Ángel Gaspar Zírpolo.
– Hubo cuestionamientos a la resolución firmada por el ministro de Defensa, Luis Petri
En el artículo 2 de la resolución 2025, el ministro Petri instruyó al Jefe del Estado Mayor del Ejército, Xavier Isaac, para que inicie los trámites de baja de Oficiales Jefes, Oficiales Subalternos y Suboficiales condenados por crímenes de lesa humanidad, en la medida en que sus causas alcancen sentencia firme.
Distintas organizaciones del ámbito castrense cuestionaron la disposición y aludieron a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas: “La Procuraduría de Investigaciones Administrativas dependiente de la Procuración General de la Nación, le ha requerido al Ministerio de Defensa que proceda a dar de baja a personal militar condenado por los hechos ocurridos en los años 70 del siglo pasado. Dicha Procuraduría no es un órgano judicial y no está habilitada para ordenar absolutamente nada, ni al Poder Ejecutivo, al Legislativo, ni al menor de los Jueces de la República”, expresaron en un pronunciamiento conjunto la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, el Foro de Generales Retirados y el Foro de Almirantes, entre otras entidades.
Estas organizaciones consideraron que “es necesario que la nueva política, que se ha manifestado hasta ahora tan valiente y lúcidamente contra el núcleo mismo del siniestro pacto que signó el rumbo de nuestra Argentina en los últimos veinte años, disponga el cese de estos juicios de venganza”, en alusión a las causas judiciales que se reabrieron en el período kirchnerista contra militares y civiles acusados de violaciones a los derechos humanos. Argumentaron que esos procesos “fueron materializados con el único fin de mantener vivo el odio, la discordia y los millonarios negociados llevados adelante, hasta el día de hoy, bajo su amparo”.
A su vez, las entidades señalaron que la baja “alcanza a muchos oficiales que tenían grados subalternos al momento de los hechos, algunos de los cuales fueron condecorados por el valor en combate en la Guerra de Malvinas”, en referencia al coronel Losito. También advirtieron que, al afectar la jubilación de retiro, “deja en la indigencia a adultos mayores viudos de un ingreso alimentario generado en base a aportes que no pueden ser confiscados”. Agregaron que los fundamentos de la resolución citan tratados internacionales que, según su postura, “nada disponen respecto de la baja de personal militar y la quita de haberes”, recordando que la baja militar está contemplada en la ley 19.101, vigente desde 1971 para el personal de las Fuerzas Armadas.
“Se trata de otra de las lamentables consecuencias de la ilegal reapertura de estos juicios contra el personal militar, de fuerzas de seguridad y de fuerzas policiales que combatieron el terrorismo en los años 70, así como civiles incluidos en esos procesos”, concluyeron las entidades.
Por su parte, el general José Luis Figueroa, presidente del Foro de Generales Retirados, lamentó la “decisión administrativa” y sostuvo: “Esta destitución no es solo un acto administrativo; es un mensaje claro a todos los que sirvieron y sirven a la Nación: el sacrificio por la Nación será ignorado si no se ajusta al relato del momento”. Expresó que la medida “afectó a quienes dieron todo por la Nación y profundizó las heridas ya abiertas” y añadió: “Un gobierno que asumió con todas las expectativas sectoriales favorables debe recuperar la credibilidad de esta parte de los argentinos, colocando esta problemática en agenda, definirse y darle una respuesta política acorde a sus manifiestas convicciones que compartimos”.
Figueroa recordó que “las consecuencias de toda guerra, más interna, requiere una solución política, como en su tiempo lo hicieron Raúl Alfonsín y Carlos Menem, colocándose por encima del enfoque parcial y especulativo que luego adoptaron los Kirchner, que hoy orienta los aspectos políticos y jurídicos del Estado en este aspecto”.
La Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA), a través de su referente Cecilia Pando, también emitió un duro comunicado titulado “Una resolución que desgarra el alma”. Sostuvo que la decisión “se basa en un pedido del Ministerio Público Fiscal efectuado en el mes de octubre del 2024 en base a tratados y convenciones internacionales de derechos humanos a los cuales estaría obligado nuestro país”.
Señaló que la disposición “sumó a la vergonzosa condena judicial por delitos inexistentes en el momento de los hechos, la actual baja de la institución a la cual consagraron sus vidas”. Pando consideró que la sanción “desgarra el alma por tratarse de un gobierno que ha hecho de la batalla cultural contra el progresismo marxista el fundamento espiritual de su gestión” y añadió: “No se comprende que autoridades del Poder Ejecutivo se arrodillen sin vergüenza y sin ninguna resistencia a los pedidos ilegítimos de la corporación judicial”.
AFyAPPA, junto con otras organizaciones como la Asociación de Abogados Defensores de los Derechos Humanos de Latinoamérica, la Unión de Promociones, la Unión de Personal Militar Asociación Civil, la Asociación de Veteranos de Guerra contra el Terrorismo y el Centro de Estudios Salta, exigió “el cierre definitivo de esta tragedia” y exhortó al presidente Milei y al ministro Petri a “no destruir nuestras esperanzas”.
Salirse de la agenda de reducción de impuestos, tasas y gasto público que lleva adelante @JMilei tiene sus consecuencias. En Bahia Blanca hay 3 Concejales que entraron por LLA y sistemáticamente votan aumentos de Tasas Municipales. No dejemos que sigan traicionando. VLLC! 💜🇦🇷 https://t.co/PQxLPhpOJjpic.twitter.com/YmDlJH0Gdz
